Sentencia Casatoria CAS 10787-2016-LIMA: Si la Corte Superior al resolver no desvirtúa ninguno de los argumentos expuestos en la apelación infringe el principio de congruencia procesal

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Alan Emilio en Lima. Diciembre 2018

Sentencia Casatoria CAS 10787-2016-LIMA: Si la Corte Superior, al resolver la causa en apelación, no desvirtúa ninguno de los argumentos expuestos en la apelación infringe el principio de congruencia procesal

CAS. N° 10787-2016 LIMA (publicada el 02-01-2019)
SUMILLA: La sentencia de vista ha vulnerado el principio del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, pues el texto de aquélla revela omisiones en el pronunciamiento de los agravios de las pretensiones impugnatorias.

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

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I. VISTA; la causa
diez mil setecientos ochenta y siete – dos mil dieciséis, con el acompañado; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos Rueda Fernández – Presidenta, Wong Abad, Sánchez Melgarejo, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, el doce de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos veintidós, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiocho, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos noventa y siete, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia apelada contenida en la resolución número dieciocho, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos veintiséis, que declaro infundada la demanda, y, reformándola la declaró improcedente; en los seguidos por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre acción contencioso administrativa.

1.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:

Mediante resolución suprema de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas setenta y cuatro del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, por las siguientes causales: a) Infracción normativa por vulneración al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales; señala que, el Ad quem, no ha desarrollado sus agravios, basando la sentencia únicamente en la causal de improcedencia prevista en el numeral 5 del artículo 426 del Código Procesal Civil; al sostener que “(…) configurándose así la causal de improcedencia de la acción prevista en el artículo 427 inciso 5) del Código Procesal Civil, en tal virtud, no cabe emitir pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión postulada por la empresa accionante tal como lo ha hecho la A Quo, por lo que corresponde revocar la sentencia apelada y, reformándola, declarar improcedencia de la demanda”.
Es por ello que considera que al no haberse emitido opinión alguna sobre los nuevos medios probatorios presentados, pese a que mediante decreto emitido por Resolución N° 27 de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, la Sala indicó que se debiera tener presente el mismo, al tiempo de dictarse sentencia, vulnerándose el derecho a la debida motivación de la resolución, dejando en indefensión a la recurrente. b) Infracción normativa por incorrecta interpretación de las pruebas actuadas; precisa que en el proceso que se ha seguido, el Ad quem, no ha efectuado una correcta valoración de los medios probatorios presentados, en particular, de su propia demanda, al considerar, que la misma no guarda relación lógica entre los hechos descritos y el petitorio, siendo que si bien este último busca la nulidad de la resolución administrativa impugnada, hay que tener en cuenta que uno puede cuestionar un determinado acto administrativo en sede judicial, si es que en la primera no se ha respetado derechos fundamentales inherentes a todo procedimiento. Alegando que en el caso que les avoca, la Sala, refiere que por no haber desvirtuado en ningún considerando de la demanda el tema concreto de los pagos a realizar bajo el régimen de la Ley N° 27360, el demandante no habría cuestionado el fondo del asunto y por ende la conexión lógica de la demanda incoada no existe, lo cual es errado para la recurrente, pues afirma que una persona puede cuestionar un determinado acto administrativo, en tanto, aquel afecte derechos fundamentales y constitucionalizado, y que para el presente caso se relaciona con el hecho de que la Administración no ha emitido pronunciamiento alguno sobre su petitorio solicitando que sea declarada la prescripción de la facultad de la SUNAT para poder determinar una deuda, o en este caso, incluso determinar la supuesta pérdida del derecho otorgado por Ley N° 27360, dado que por el plazo prescriptorio, tal facultad había cesado. c) Infracción normativa por inaplicación del numeral 2 del artículo 109 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, señala que el Ad quem, sin haber efectuado un mayor análisis de todo el procedimiento (de fiscalización) por el que se deja sin efecto los beneficios del sector agrícola a favor de su representada, no analiza los efectos de la Circular N° 28-2001 “Emisión y cierre de requerimientos formulados por el área de fiscalización” de fecha veinticuatro de agosto del dos mil uno, documento que fuera obtenido en el dos mil quince por parte de la recurrente y en la que claramente se establece que la Administración Tributaria, debe cumplir con los parámetros establecidos en dicha circular para los procedimientos de fiscalización el Agente Fiscalizador no ha suscrito diversos documento, ello conlleva a que se declare la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa, pues, de conformidad con el numeral 2 del artículo 19 del Texto Único Ordenado del Código Tributario son nulos los actos de la Administración Tributaria cuando los mismos sean dictados prescindiendo totalmente el procedimiento legal establecido, o que sean contrarios a la ley o norma de rango inferior, situación que se da en este caso, vulnerando no solo el dispositivo antes descrito, sino adicionalmente el Decreto Supremo N° 085-2007-EF, Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, acreditándose fehacientemente que en diversos actos administrativos que obran en el expediente de fiscalización existe ausencia de nombre, apellido y firma del auditor fiscalizador (trabajador de la SUNAT competente). d) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 427 numeral 5 del Código Procesal Civil, sostiene que el hecho de que la Administración haya soslayado su pronunciamiento indicando que en otro procedimiento se encuentra revisándose los alcances de la prescripción, no podía enervar su obligación de fundamentar el por qué la Administración podía emitir en el dos mil diez un acto (pérdida de beneficio) respecto de un hecho acaecido en el dos mil uno, siendo este el hecho que fuera cuestionado y que si guarda relación con la petición propuesta, por lo que consideran que se aplica inadecuadamente el artículo 427 numeral 5 el Código Procesal Civil, limitando el derecho de acción y de probanza del que goza todo administrado.

1.3. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal Supremo N° 1706-2017-MP-FN-FSCA, de fojas ochenta y siete del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, opina porque se declare fundado el recurso de casación, y en consecuencia, se declare nula la sentencia de vista, debiendo ordenarse que la Sala Superior expida nueva resolución conforme a ley.

II. CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Antecedentes del caso: A efectos de determinar si en el caso concreto se ha incurrido o no en las infracciones normativas denunciadas por la casante, es pertinente iniciar el examen que corresponde a este Supremo Tribunal con el sucinto recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial, así
tenemos que:

1.1. Demanda: Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil doce, obrante a fojas veintiséis, subsanada a fojas cuarenta y seis, Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, interpuso demanda contenciosa administrativa, con el siguiente petitorio: Pretensión Principal: se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08377-4-2012 del veintinueve de mayo de dos mil doce, que confi rmó la Resolución de Intendencia Nº 0110240001909/SUNAT de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, que declaró la pérdida del acogimiento al benefi cio establecido en la Ley que aprueba las normas de Promoción al Sector Agrario, por haber incumplido la Compañía Peruana del Azúcar Sociedad Anónima Cerrada (absorbida por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta) con el pago de sus obligaciones tributarias correspondientes a los meses de mayo, setiembre y octubre de dos mil uno dentro de los treinta días calendario siguientes a su vencimiento. La parte demandante sustenta su pretensión en lo siguiente: a) que el Tribunal Fiscal al expedir la resolución apelada, omite pronunciarse sobre la solicitud de prescripción de la facultad de la Administración respecto de la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno derivada de la declaración de la pérdida de los benefi cios previsto en la Ley N° 27360 invocada en
su escrito de apelación, en el cual señaló que el objeto de la
impugnación consistía en que al haber prescrito la acción de la
Administración para determinar nuevas deudas por concepto de
Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, no procedía que en
el año dos mil diez se declare la pérdida de los benefi cios previstos
en la aludida ley, debido a que dicha declaración se trataba de un
acto dirigido a modifi car la determinación de la deuda tributaria
correspondiente a un tributo y periodo prescrito, esto es, del
Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, el cual se trataba de
un ejercicio prescrito al veintitrés de noviembre de dos mil diez; b)
mediante Carta de Presentación N° 100011307410-01 y
requerimiento Nº 012200000004 del ocho de enero de dos mil
diez, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – Sunat dio inicio a un nuevo procedimiento de
fi scalización respecto al Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil
uno (anteriormente fi scalizado y declarado nulo sin que se
establezca la pérdida de los benefi cios citados), procediendo a
solicitar el veintitrés de agosto de dos mil diez, que se declare la
prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria de
dicho ejercicio, conforme a los artículos 43 y 44 inciso 1 del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, dado que a la fecha de
inicio de la fi scalización el plazo para determinar la obligación
tributaria se había cumplido en exceso; sin embargo, durante la
tramitación del procedimiento, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat alegó que no
había operado tal prescripción, por cuando el indicado plazo fue
suspendido desde la interposición del recurso de reclamación
contra la Resolución de Determinación Nº 012-03-0002570 y la
Resolución de la Multa Nº 012-02-0008231 (presentado el dos de
junio de dos mil tres), hasta la expedición de la Resolución de
Intendencia Nº 0150140008438, que declaró la nulidad de dichos
valores (notifi cada el veintitrés de julio de dos mil nueve), sin tener
en cuenta que dicha reclamación tan solo suspendió el cómputo
del plazo de prescripción respecto de las facultades de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en dichos valores, y no así las facultades de determinación de la deuda tributaria declarada por la empresa, plazo que no fue suspendido, por tanto, correspondía que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la prescripción invocada, lo que no ocurrió incurriendo en causal de nulidad.

1.2. Contestación de Demanda:
1.2.1. El Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, obrante a fojas ciento veinticinco, solicita que la
demanda sea declarada improcedente, porque los argumentos de
la demandante únicamente se circunscriben a desarrollar la
supuesta prescripción de la facultad de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat para
determinar la deuda tributaria, aspecto que no es materia de
discusión, sino respecto del incumplimiento de los requisitos por
parte de la demandante para gozar de los beneficios otorgados
por la Ley de Promoción del Sector Agrario, y siendo que la
empresa demandante ha incumplido con la obligación prevista en
el artículo 6 de la Ley N° 27360 que consiste en estar al día en el
pago de las obligaciones tributarias, la declaratoria de pérdida de
los benefi cios otorgados se encuentra arreglada a ley, y resulta
conforme a derecho que el Tribunal Fiscal emita la Resolución de
Intendencia N°0110240001909/SUNAT.

1.2.2. El Procurador Público adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, mediante escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y nueve, también solicita que la demanda sea declarada infundada, porque las resoluciones materia de la presente demanda han sido dictadas sin afectar norma constitucional, legal, ni reglamentaria alguna, reuniendo todos los requisitos formales para la validez de los referidos actos administrativos, por lo que al no existir contravención a la Constitución ni al marco normativo tributario sobre la materia controvertida, al momento de la expedición de la Resolución cuya nulidad se solicita, se concluye que esta se encuentra arreglada a derecho.

1.3. Sentencia de primera instancia: emitida por el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos veintiséis, que declaró infundada la demanda. El Juzgado de instancia fundamentó su decisión precisando que, al determinarse que la parte demandante no cumplió con el pago del Impuesto General a las Ventas de mayo, setiembre y octubre del mismo ejercicio dos mil uno, se confi guró la pérdida del acogimiento a los beneficios otorgados por la Ley Nº 27360, por lo que la Resolución de Intendencia Nº 00110240001909/SUNAT se encuentra emitida con arreglo a ley. En consecuencia, la resolución del Tribunal Fiscal no se encuentra incursa en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 27444.

1.4. Sentencia de vista: emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos noventa y siete, que revocó la sentencia apelada que declaró infundada y reformándola la declara improcedente. Expresa la Sala Superior entre sus principales razonamientos que: la demanda incurre en la causal de improcedencia prevista en el inciso 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil, al incurrir en una manifiesta falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, pues la alegada prescripción de la acción de la Administración para determinar nuevas deudas por concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno (contenido en la fundamentación fáctica de la demanda), no fue objeto de controversia ni dilucidación en el procedimiento administrativo que culminó con la expedición de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08377-4-2012, cuya nulidad se postula como pretensión en el proceso.

SEGUNDO.- Consideraciones previas sobre el recurso de casación.

2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del Derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos.
No bastando la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido.

2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional”1 , revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los jueces de casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos.

2.3. Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la Ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que
debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo
decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta
de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma
aluden a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si
bien todas las causales suponen una violación de la ley, también
lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. 2.5. De
otro lado, atendiendo que en el caso particular se ha declarado
procedente el recurso de casación por causales de infracción
normativa procesal y material, corresponde en primer lugar
proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter
procesal –de orden constitucional y legal–, desde que si por ello
se declarase fundado el recurso, su efecto nulifi cante implicaría la
anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con
disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el
respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto carecerá de
objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa
material invocada por la parte recurrente en el escrito de su
propósito y, si por el contrario, se declarase infundada la referida
infracción procesal, correspondería emitir pronunciamiento
respecto de la infracción material.

TERCERO.- Anotaciones sobre el debido proceso y motivación escrita de las resoluciones
judiciales. Hechas las precisiones que anteceden es pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios constitucionales y legales involucrados, así tenemos que:

3.1. En cuanto al derecho
al debido proceso, diremos que este no tiene una concepción
unívoca, sino que comprende un haz de garantías; siendo dos los
principales aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que
protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos
fundamentales; y, el debido proceso adjetivo o formal, que implica
las garantías procesales que aseguran los derechos
fundamentales. Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refi ere a
la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas,
esto es, que sean razonables; mientras que en el ámbito adjetivo
alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y
de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la
sentencia. Derecho que se manifi esta, entre otros, en el de
defensa, a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al
juez natural, al proceso preestablecido por Ley, a la cosa juzgada,
al juez imparcial, a la pluralidad de instancia, de acceso a los
recursos, al plazo razonable y a la motivación. 3.2. Sobre la
motivación de las resoluciones judiciales, Roger Zavaleta
Rodríguez en su libro La motivación de las resoluciones judiciales
como argumentación jurídica3
, precisa que: “Para fundamentar la
decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo
responda a una inferencia formalmente correcta (justifi cación
interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la
conclusión de las premisas predispuestas, pues también
comprende una metodología racional en la fi jación de aquellas
(justifi cación externa). En lo posible las premisas deben ser
materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fi n de
garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no
podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está
motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es
racional si, y solo si, está justifi cada interna y externamente.
Mientras la justifi cación interna expresa una condición de
racionalidad formal, la justifi cación externa garantiza racionalidad
sustancial de las decisiones judiciales. (…)”.

3.3. El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC, ha puntualizado que: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (…) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos
expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás
piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión
solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas,
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.
Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le
incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la
resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y
aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en
la valoración de los hechos”. 3.4. Así, se entiende que el deber de
motivación de las resoluciones judiciales, que es regulado por el
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado,
garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que
pertenezcan, deben expresar el análisis que los ha llevado a
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la
Ley; en tal sentido, habrá motivación adecuada de las resoluciones
judiciales, siempre que la resolución contenga los fundamentos
jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, que la motivación
responda estrictamente a la ley y a lo que fl uye de los actuados,
pero además deberá existir una correspondencia lógica
(congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la
resolución por sí misma exprese una sufi ciente justifi cación de lo
que se decide u ordena; así, se entiende que la motivación escrita
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los
magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 inciso 6, 122
inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber
implica que los juzgadores precisen en forma expresa la ley que
aplican con el razonamiento jurídico a las que esta les ha llevado,
así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión,
respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia;
además, aquello debe concordarse con lo establecido en el
artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial4
, que regula acerca del carácter vinculante de la
doctrina jurisprudencial. 3.5. Finalmente, ahondando en el
principio de congruencia, complementaremos precisando que a
través de él se revela la identidad que debe mediar entre la
materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el
juzgador, en virtud a lo cual los Jueces no pueden otorgar más de
lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus
decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con
obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones
expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como,
de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que
cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en
el proceso, y menos fi jada como punto controvertido, o a la
inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce
una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede
las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene
que la observancia del principio de congruencia implica que en
toda resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado
por las partes y lo fi nalmente resuelto, sin omitir, alterar o
excederse de dichas peticiones (congruencia externa); y, 2)
armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia
interna), de tal manera que la decisión sea el refl ejo y externación
lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador,
conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza
la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los
particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias,
conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el
fundamento jurídico número once de la Sentencia N° 1230-2003-
PCH/TC. Es en el contexto de todo lo detallado que este Supremo
Colegiado verifi cará si se han respetado o no en el asunto
particular las reglas de la motivación. CUARTO.- Pronunciamiento
respecto de la infracción normativa de carácter procesal. En
atención al marco referencial enunciado en los anteriores
considerandos, tenemos que para determinar si una resolución
judicial ha transgredido el derecho al debido proceso en su
elemento esencial de motivación e implícitamente el de
congruencia procesal (motivación contradictoria por existir
incongruencia entre la motivación y el fallo o porque la motivación
misma es contradictoria); el análisis a efectuarse debe partir de los
propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la
misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o
justifi caciones expuestos en la resolución materia de casación;
precisando que los hechos y los medios probatorios del proceso
sub materia solo pueden ser evaluados para contrarrestar las
razones expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser
objeto de una nueva evaluación o análisis.

4.1. Ingresando al análisis de la infracción normativa por vulneración al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, es conveniente recordar los fundamentos que la respaldan, los que en síntesis denuncian que la sentencia de vista no ha desarrollado los agravios deducidos por el representante de la empresa
demandante, desde que la Sala Superior se basó únicamente en
la causal de improcedencia prevista en el numeral 5 del artículo
427 del Código Procesal Civil y que, es por ello, que considera que
al no haberse emitido opinión alguna sobre los nuevos medios probatorios presentados, pese a que se indicó que debieran
tenerse presentes, se vulnera el derecho a la debida motivación
de la resolución, dejando en indefensión a la parte recurrente.
Siendo estos los términos argumentativos que respaldan la
infracción procesal, corresponde que este Supremo Tribunal
verifi que si la sentencia de vista contiene una indebida motivación
y si cumple con las normas que regulan el debido proceso,
teniendo en cuenta las consideraciones antes precisadas. 4.2.
Ahora bien, sobre los argumentos expuestos en el escrito de
apelación (obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, y
descritos en el considerando segundo de la sentencia de vista), se
procederá a examinar dicho recurso a fin de no afectar su derecho
a la doble instancia, reconocido en el artículo 139 inciso 6 de la
Constitución Política5 ; siendo pertinente identificar y precisar que
sus cuestionamientos versan esencialmente sobre los siguientes
puntos: (i) El Juzgador no ha evaluado su invocación de caducidad
formulada en la instancia administrativa, siendo importante tener
presente que incluso puede ser declarada de ofi cio acorde con lo
dispuesto en el artículo 2006 del Código Civil, pues en efecto, al
realizarse la fusión por absorción de la Compañía Peruana del
Azúcar Sociedad Anónima Cerrada, Agroindustrias San Jacinto
Sociedad Anónima Abierta asumió la responsabilidad solidaria de
sus obligaciones en calidad de adquirente, la misma que estaba
sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 17 numeral 3
del Texto Único Ordenado del Código Tributario; (ii) La
responsabilidad solidaria caduca al vencimiento del plazo de
prescripción previsto en el artículo 43 del Código Tributario, y dado
que la fusión surtió efecto el uno de mayo de dos mil tres, a la
fecha de emisión de la Resolución de Intendencia N°
011240001909/SUNAT en noviembre del dos mil diez, había
transcurrido en exceso dicho plazo; y, (iii) Existe un agravio de
naturaleza patrimonial, pues al confirmarse lo resuelto por la
Administración, que declaro la pérdida de los beneficios del sector
agrario en el año dos mil diez, que se atribuye a Agroindustrias
San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, cuando ya había
transcurrido el plazo de caducidad de su responsabilidad solidaria
respecto de la empresa Compañía Peruana del Azúcar Sociedad
Anónima Cerrada, significa un grave daño económico, pues en
mérito a dicha declaración, la Administración Tributaria pretende
cobrarle un monto adicional por Impuesto a la Renta del año dos
mil uno, al considerar que la demandante no contaba con los
benefi cios del sector agrario por dicho año. 4.3. En esa medida, se
aprecia que los agravios del recurso de apelación y, en
consecuencia, la controversia sobre el cual se desarrollaría la
labor de la Sala Superior de revisión fue circunscrito por la propia
recurrente; por lo que, en armonía con lo dispuesto por el artículo
366 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a esta
causa, según el cual “[quien] interpone apelación debe
fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido
en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y
sustentando su pretensión impugnatoria”; la controversia debe ser
adecuadamente abordada y absuelta por la Sala Superior, en
forma congruente con los agravios que sustentaban la
impugnación.

4.4. En relación a los agravios antes descritos, -sobre todo el primer y segundo agravio señalados en la apelaciónse observa de los antecedentes que la empresa demandante
solicitó como pretensión principal que se declare la nulidad de la
Resolución del Tribunal Fiscal N° 08377-A-2012 que confi rma la
Resolución de Intendencia que declaró la pérdida del acogimiento
al benefi cio previsto en la Ley de Promoción del Sector Agrario,
Ley N° 27360, el cual conforme a sus fundamentos de hecho y a
lo señalado en el sexto considerando de la resolución recurrida,
está destinada a cuestionar la prescripción de la acción de la
Administración para determinar nuevas deudas por concepto de
Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, por lo que no
correspondía que en el año dos mil diez se declare la pérdida de
los benefi cios en la Ley N° 27360.

4.5. No obstante, al resolver la causa en apelación, la Sala Superior no ha analizado el argumento esgrimido por la demandante, referente a la prescripción de la acción de la Administración para determinar nuevas deudas por concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, [subrayado nuestro], puesto que ha fundamentado su decisión haciendo referencia a la improcedencia de la demanda por una manifiesta falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio de la demanda, no desvirtuando ninguno de los argumentos expuestos en la apelación.

4.6. En consecuencia, estando a lo expuesto, este Supremo Colegiado advierte que en la sentencia de vista no se han analizado los agravios expuestos por la parte demandante, limitándose a emitir una sentencia inhibitoria, revocando la recurrida que declaró infundada la demanda y reformándola la declara improcedente; siendo ello así, se concluye que se ha infringido el principio de congruencia procesal, en la medida que el Colegiado Superior no ha circunscrito su análisis a los agravios expresados por la parte recurrente en su escrito de apelación, incurriendo con ello en vulneración del derecho al
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrados en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, y afectando, por esta causa, la validez de lo decidido; razones por las cuales debe ser declarada fundada la invocada causal procesal; correspondiendo por tanto, declarar nula la sentencia de vista, a fi n de que se emita nuevo pronunciamiento, atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente resolución. Careciendo de objeto emitirse pronunciamiento respecto a las causales materiales invocadas por la recurrente, al haberse declarado la nulidad de la sentencia de vista recurrida.

QUINTO.- De otro lado, cabe precisar que si bien conforme a la Resolución Suprema que declaró procedente el recurso de casación de la parte recurrente se indicó como pedido casatorio el revocatorio, empero, –tal y como se ha señalado en el considerando anterior– la sentencia recurrida con pronunciamiento inhibitorio ha incurrido en vicios de nulidad insubsanables que ameritan su nulidad, por lo que, estando a que nuestra Constitución Política impone un doble grado de jurisdicción como mínimo para consagrar la pluralidad de la instancia, lo cual significa que un fallo, debe ser objeto de revisión integral por otra instancia, tanto más si el recurso de casación no constituye una
tercera instancia, puesto que se trata de una impugnación extraordinaria limitada al control de la concepción jurídica, que se agota en el examen del análisis jurídico realizado por el juzgador precedente con la fi nalidad de observar si efectivamente se ajusta a derecho, sin que el Supremo Tribunal pueda ingresar a valorar autónomamente las pruebas ni a sustituir el fallo de instancia, no corresponde la revocatoria de la sentencia recurrida.

III.- DECISIÓN: Por tales fundamentos; de conformidad con lo regulado por el artículo 396 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos veintidós; en consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiocho, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos noventa y siete, emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima;
ORDENARON que la Sala Superior expida nuevo pronunciamiento de acuerdo a los considerandos anotados en la presente resolución; en los seguidos por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron.

Interviene como Juez Supremo Ponente el señor Bustamante Zegarra. S.S. RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

ALAN EMILIO MATOS BARZOLA

ABOGADO TRIBUTARISTA EXPOSITOR EXPERTO EN MATERIA TRIBUTARIO CONTABLE A NIVEL NACIONAL

EXPERTO EN MATERIAL PROCESAL ANTE SUNAT, TRIBUNAL FISCAL, PODER JUDICIAL Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ALANEMILIOMATOSBARZOLA@GMAIL.COM

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