Ecuador: Corte Nacional de Justicia dicta Jurisprudencia Vinculante 2016 sobre Gastos Deducibles para el Impuesto a la Renta NO EXISTEN LAS FÁBULAS NI SE DEBE ASUMIR LOCAS ILUSIONES PARA DEDUCIR GASTOS

 

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Alan Emilio en Piura. Febrero 2017

RESOLUCIÓN No. 07-2016 Suplemento 1 del Registro Oficial 894, de 1 de diciembre del 2016 PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO GASTO DEDUCIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
Esta Sala Especializada en sus múltiples fallos que contienen el mismo criterio reiterado relacionado con la deducibilidad formal – material del gasto, ha dejado en claro que para concebir la secuencia material que justifica el gasto y por consiguiente la calidad de deducible, debe contarse con el círculo contable completo, esto es la verificación de la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvieron los comprobantes de venta, retención, complementarios, la forma de pago y la acreditación en cuenta en favor del beneficiario, la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya llevado a cabo la transferencia del bien o la realización del servicio; comprendiéndose que si llegase a faltar algún documento de los descritos anteriormente, no se podrá suplir con ningún otro, puesto que, tanto el manejo de la contabilidad como sus documentos fuente, requieren de cierta estrictez para que la misma pueda ser el fiel reflejo de la actividad económica y mucho más si se pretende el beneficio de la deducibilidad del gasto que reduce el pago del impuesto debido. Es más, ningún documento de los determinados dentro del ciclo contable constituyen una mera formalidad que puedan obviarse sino todo lo contrario, puesto que son una parte importante para la configuración de la veracidad del hecho económico y que sólo así se puede vincular en forma razonada con la generación de los ingresos gravados. También, es de vital importancia establecer la veracidad de la existencia económica de las transacciones realizadas como justificativos del gasto, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 10 Ley de Régimen Tributario Interno, que manifiesta que se deducirán los costos y gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren exentos, siempre que los mismos cuenten con los debidos respaldado de comprobantes de venta, retención y complementarios que cumplan con los requisitos legales establecidos para el efecto; sin embargo al señalar que son gastos para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana amerita establecer el alcance de esta disposición legal aplicada en los casos concretos. De ahí surge entonces la inquietud de determinar el alcance de la citada norma jurídica para establecer ¿Cuáles son las condiciones que deben ser observadas para que un gasto sea considerado como deducible además de los requisitos formales?. Entonces, es importante contestar a esta interrogante en el sentido de que en el proceso judicial se tendrá que analizar la verdadera esencia y naturaleza económica para comprobar la real existencia de las transacciones, no sólo por medio de los comprobantes de venta, retención y complementarios que en primera instancia transparentan el intercambio económico y por tanto coadyuvan a la confirmación de la realización del hecho económico, los cuales deben de manera imprescindible determinar y contemplar los requisitos legales que la norma jurídica ha señalado para el efecto, sino también se debe verificar la secuencialidad material del mismo y su vinculación con los ingresos gravados, dando cumplimiento a cabalidad con el círculo contable completo, descrito en líneas anteriores.

RESUELVE:

Artículo 1.- Atender la solicitud de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia y por tanto aprobar el informe técnico, remitido por la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia.

Art. 2.- Ratificar el criterio jurídico reiterado de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, expuesto en la doctrina jurisprudencial que se detalla a continuación: a) Proceso Nro. 520-2012, emitido el 29 de noviembre de 2013, a las 10h55, b) Proceso Nro. 144-2012, dictado el 16 de abril de 2014, a las 09h40, c) Proceso Nro. 382-2012, emitido el 28 de julio de 2014, a las 11h15, d) Proceso Nro. 181-2013, dictado el 31 de julio de 2014, a las 11h30, e) Proceso Nro. 248-2012, dictado el 31 de julio de 2014, a las 15h40, f) Proceso Nro. 409-2013, emitido el 28 de mayo de 2015, a las 10h07, g) Proceso Nro. 378-2014, dictado el 15 de enero de 2016, a las 11h23, h) Proceso Nro. 634-2014, dictado el 14 de junio de 2016, a las 10h06.

Art. 3.- DECLARAR COMO JURISPRUDENCIA VINCULANTE, el siguiente punto de derecho:

“Para que un gasto sea considerado como deducible a efecto del cálculo del Impuesto a la Renta, se debe tener en cuenta que, además del cumplimiento de los requisitos formales, debe tener una secuencialidad formal – material, demostrándose sustentadamente a través de la emisión de los comprobantes de venta, retención y complementarios, forma de pago, acreditación en cuenta en favor del beneficiario y la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o que se haya prestado el servicio”, reiterado en las sentencias que se detallan en el numeral anterior.; y en tal virtud declarar que CONSTITUYE PRECEDENTE OBLIGATORIO a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el Registro Oficial.

 

Art. 4.- Publíquese en el Registro Oficial.

Art. 5.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia, remita copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial y Gaceta Judicial para su inmediata publicación.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez,
Dra. María Rosa Merchán Larrea, Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo (V.C.), Dra. María
del Carmen Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar, Dr. Wilson
Andino Reinoso, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel (V.C.), Dra. Gladys Terán
Sierra, Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana
María Crespo Santos, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado,
Ab. Cynthia Guerrero Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y
JUEZAS NACIONALES; Dr. Marco Maldonado Castro, Dr. Juan Montero
Chávez (V.C.), CON JUEZ NACIONAL.

Dra. Isabel Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL

Descargar la jurisprudencia vinculante ecuatoriana 2016 en el siguiente enlace web: 16-07-triple-reiteracion-gasto-deducible-calculo-impuesto-a-la-renta

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Sentencia Casatoria 2016 Corte Suprema de Justicia establece con énfasis que los pagos de indemnizaciones no constituyen gastos deducibles al Impuesto a la Renta peruano CAS 8407-2013 -LIMA

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Corte Suprema de Justicia de la República, Lima, Perú

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido la Sentencia Casatoria N° 8407-2013-LIMA, de fecha 02 de julio del 2015 pero publicada recién el miércoles 31 de agosto del 2016 en la Sección Sentencias en Casación del Diario Oficial El Peruano, en la cual se decide declarar INFUNDADO el recurso de casación y en consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista Número Catorce (N° 14), disponiéndose la publicación en el Diario Oficial.

La Corte Suprema fija la siguiente sumilla ilustrativa:

PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO CONSTITUYE GASTO DEDUCIBLE AL IMPUESTO A LA RENTA, conforme a los términos fijados en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; en tanto, dicho gasto no cumple con el Principio de Causalidad con el hecho generador de la renta; hacer lo contrario, implicaría avalar la conducta de quién incumple con un contrato y pretende valerse de dicha trasgresión para obtener beneficios tributarios.

Los Magistrados integrantes de la máxima instancia judicial en el país analizan el contenido del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y específicamente en su Fundamento Tercero advierten que la Sala Superior si fundamentó debidamente su sentencia, estableciendo que la obligación de pago generada por el Laudo Arbitral (indemnización) no tiene por finalidad producir y/o mantener la fuente generadora de la renta, sino satisfacer una obligación de pago generada por un incumplimiento contractual, y como tal NO CONSTITUYE UN PAGO QUE DEBA SER DEDUCIDA DEL IMPUESTO A LA RENTA.

En el Fundamento Quinto de la Sentencia Casatoria se advierte que la indemnización pagada por el contribuyente IIIII NO CONSTITUYE UN GASTO DEDUCIBLE AL IMPUESTO A LA RENTA EN LOS TÉRMINOS FIJADOS EN EL ARTÍCULO 37 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, en tanto, dicho gasto no cumple con el Principio de Causalidad con el hecho generador de la renta. La Corte Suprema apunta que  no se puede avalar la conducta de quién incumple con un contrato y pretende valerse de dicha trasgresión para obtener beneficios tributarios.

Mis urracos de SUNAT y de la Corte Suprema hace instantes (hora del almuerzo obvio!!!) me contaron detalles y extendieron copias completas de las sentencias en cuyo contexto se advierte que la Tercera Sala Transitoria Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Sentencia, de marzo del 2013, e identificó que la controversia se suscitó en torno a la correcta aplicación del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, toda vez que a criterio de la demandante SUNAT no existía una relación de causalidad entre el hecho generador de la renta y la indemnización, dado que no existe nada que justifique considerar como gasto deducible del Impuesto a la Renta el importe determinado por Laudo Arbitral (emitido por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima), de octubre del 2000 (y ratificado por Sentencia de la Sala Civil para Procesos Abreviados y de Conocimiento de junio del 2001) por incumplimiento del contrato de arrendamiento.

El Laudo Arbitral ordenó que IIIII debía pagar por concepto de indemnización a la entidad BBBB la suma de US.$.483,824 por daño emergente y US.$.775,182 por lucro cesante, lo que hace un total de US.$.1´259,006.00.

La Corte Superior analizó con detalle el contenido del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, así como la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27356, publicada el 18 de octubre del 2000 que señala: “Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, a que se refiere el artículo 37 de la Ley, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación a los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refiere el inciso l) de dicho artículo; entre otros”. De lo expuesto la Corte Superior indicó que se colige que, constituyen gastos deducibles aquellos que:

  • Sean necesario para producir y/o mantener la fuente generadora de renta.
  • Y no se encuentre expresamente prohibido por la Ley; y

Requisitos concurrentes cuya ligazón subyace del principio de causalidad en virtud al cual el gasto que se pretende deducir se debe encontrar estrechamente vinculado con la producción y/o mantenimiento de la fuente generadora de la renta; es decir, con la actividad comercial que genera la renta. En ese sentido el aludido principio presupone la existencia de una relación causal entre el gasto y la generación de la renta gravada; es decir, entre el pago de la indemnización y la renta generada por la explotación de la maquinaria arrendada. Siendo así, es evidente que para ello deberá existir vinculación entre los ingresos y los gastos, por lo tanto, bajo dicha premisa deberá verificarse si la indemnización pagada por el contribuyente es necesaria para producir y/o mantener la fuente productora de renta.

Seguidamente, la Corte Superior evaluó el contenido del Laudo Arbitral que declaró fundado en parte la demanda interpuesta por BBBB contra el contribuyente IIIII por incumplimiento de contrato, fijándose una indemnización a favor de BBBB por incumplimiento de contrato imputable a la demandada IIIII, toda vez que IIIII no cumplió con entregar al arrendatario (BBBB) los comprobantes de pago correspondientes, ni con satisfacer las exigencias técnicas para la operatividad de las máquinas arrendadas, legitimando con ello la resolución del contrato y el resarcimiento por los daños y perjuicios generados a través del pago de una indemnización que fue concedida en el citado fallo arbitral. Esto quiere decir que la obligación de pago se origina en la conducta de la demandada (IIIII), quién no cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento.

La Corte Superior indicó: “Siendo así se advierte que, si bien la obligación de pago generada por el Laudo Arbitral se sustenta en el incumplimiento de un contrato cuya naturaleza jurídica (contrato de arrendamiento) tenía por objeto la adquisición de maquinaria destinada a la realización de actividad comercial generadora de renta, por lo que la indemnización fijada por un incumplimiento contractual no guarda relación en estricto con los términos contemplados en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, toda vez que dicho pago no tiene por finalidad producir y/o mantener la fuente generadora de la renta, sino satisfacer una obligación de pago generada por un incumplimiento contractual, que no constituye un pago que deba ser deducido del Impuesto a la Renta”.

En el Fundamento Quinto de la Sentencia de la Corte Superior se resaltó en forma brillante QUE NO SE PUEDE AVALAR LA CONDUCTA DE QUIÉN INCUMPLE CON UN CONTRATO Y PRETENDE VALERSE DE DICHA TRASGRESIÓN PARA OBTENER BENEFICIOS TRIBUTARIOS, COMO ES CONSIDERAR LA INDEMNIZACIÓN QUE LA DEMANDADA DEBIÓ PAGAR POR SU INCUMPLIMIENTO COMO UN GASTO DEDUCIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA.

En ese mismo sentido, en el Considerando Sexto de la Sentencia de la Corte Superior se detalla que si bien podría justificarse presumiblemente cuando el gasto incurrido por el contribuyente obedezca al incumplimiento contractual de un tercero, NO SE ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN LÓGICA NI JURÍDICA SI EL INCUMPLIMIENTO HA SIDO ATRIBUIBLE AL PROPIO CONTRIBUYENTE, QUIEN EN BUENA CUENTA SE ESTARÍA BENEFICIANDO DE SU PROPIA NEGLIGENCIA.

Finalmente en el Fundamento Séptimo de la Sentencia, la Corte Superior concluye que no se advierte la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho generador de la renta y la obligación de pago determinada en el Laudo Arbitral; y en consecuencia la indemnización pagada por el contribuyente IIIII NO CONSTITUYE UN GASTO DEDUCIBLE al Impuesto a la Renta en los términos fijados en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto que dicho gasto no cumple con el Principio de Causalidad con el hecho generador de la renta (explotación de máquinas).

COMENTARIO: No existe causalidad en el libertinaje o en lo desmedido, mucho menos cuando se perjudica a un tercero, como es el Estado peruano que nada tuvo que ver en el perjucio que genera la indemnización.

El texto completo de la Sentencia Casatoria puede ser descargada en el siguiente enlace web: Casacion 8407-2013-LIMA

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

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Sentencia 2016 Corte Suprema de Chile: “Ley sobre Impuesto a la Renta, sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de INEVITABLES y OBLIGATORIOS… esto es aquellos desembolsos EN QUE PRECISA, FORZOSA e INEVITABLEMENTE ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar.”

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Alan Emilio en Iquitos – Agosto 2016

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Mediante Sentencia Casatoria ROL 3263-2015, de fecha 18 de abril del 2016, emitida por la Segunda Sala de la Corte Suprema de la República de Chile, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y Jorge Dahm O, se confirma la tesis expuesta desde hace varios años en torno a la deducibilidad de los gastos corrientes generados por un ente empresarial, a efectos de desvirtuar las fantasías de “gasto automático, libertino e iluso”. Considero que este contenido es de alta calidad y magistral y debe ser apreciado en su contexto doctrinario, específicamente en el contenido de su Fundamento Décimo:

      Décimo: Que el artículo 31, inciso primero, de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone en lo pertinente que “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.

Si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que “éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo ‘necesarios’, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar” (SCS Rol N° 6380-2009 de 4 de noviembre de 2011).

Entendido así el concepto de “necesariedad” del gasto, en lo que dice relación a las indemnizaciones pagadas por años de servicio al trabajador, sólo pueden calificarse como tales aquellas que el empleador no puede dejar de pagar por corresponder a un imperativo legal, ello, con independencia si el obligado reconoce, asume o cumple voluntariamente dicha obligación. En ese orden, cuando un empleador asume o se compromete el pago de las indemnizaciones correspondientes a los períodos trabajados para los empleadores que le antecedieron, para discernir si se trata de un gasto necesario, lo que debe dilucidarse es si, aun en ausencia de dicha asunción o compromiso, igualmente se encuentra compelido a ello por mandato legal, sin perjuicio, huelga explicar, que pueda perseguirse igualmente, y de manera compulsiva, el pago del exceso ante la judicatura laboral, pues lo aquí razonado únicamente tiene vigencia en el ámbito tributario para determinar los límites de lo que se considerará como gasto para producir la renta.

La Sentencia Casatoria 2016 puede ser descargada libremente en el siguiente enlace web: Sentencia Casatoria Chilena 2016 Alan Emilio Matos Barzola

Bajo dicho escenario y atendiendo a que su estructura y marco legal es similar al Impuesto a la Renta peruano, ya se cuenta con una base “I M P A R C I A L” que facilitará la decisión de los jueces en diferentes casos. Ojo es una Sentencia que resuelve en sede casatoria una controversia tributaria y emitida por la máxima judicatura de un estado al cual se le atribuye un nivel de desarrollo económico admirable por muchos países, incluyendo al nuestro, y no solamente se trata de un simple “parecer u opinión” emitida por un abogado parcializado e interesado en sofismas y retóricas gaseosas.

Por eso y muchas cosas maaaasss, sino quieres quedarte en la década del 70 en materia tributaria, no asumas como verdad absoluta lo que te cuenta algún romántico justiciero de la tributación.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

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RTF 07791-8-2014 Condonación de intereses por cobrar no cumple el principio de causalidad siendo NO DEDUCIBLE para efectos de efectos del Impuesto a la Renta

Alan Emilio en San Martín

Alan Emilio en San Martín, Banda de Shilcayo

El Tribunal Fiscal ha emitido la Resolución RTF N° 07791-8-2014, de fecha 25 de junio del 2014, en torno a determinación del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2003.

Entre otros, se analizó el reparo al importe contabilizado en la cuenta 66890 – Otros gastos extraordinarios, operaciones correspondientes al quiebre de intereses por convenio de fraccionamiento, amnistía, transacción extrajudicial y actas de conciliación (convenios).

El contribuyente alegó que estas operaciones se sustentaban en reportes emitidos por el sistema comercial, sus políticas empresariales destinadas a reducir sus cartera morosa (además que la causalidad se debe interpretar con criterio amplio).

El Tribunal indica que del análisis de la documentación se aprecia que el contribuyente condonó intereses por deudas a clientes normales y clientes accionistas,  a través de diversas modalidades, las cuales se encontraban reguladas por procedimientos aprobados por dicha entidad, sin embargo tal documentación no acredita que el gasto registrado fuese necesario para producir la renta gravada o mantener la fuente, por lo que no cumple con el principio de causalidad.

Que si bien la recurrente alega que la finalidad de la referida condonación de intereses fue reducir la cartera morosa que tenía, lo que en principio podría significar un incremento en la renta imponible de la empresa al implicar la disminución de las cuentas por cobrar de la empresa convirtiéndolas en ingresos efectivos, lo que evidenciaría una relación de causalidad y no una mera disposición de una liberalidad, no se aprecia que aquella hubiese presentado documentación que permita acreditar tal afirmación, específicamente, que demostrara que producto de la “facilidad” de pago otorgada se hubieran obtenido pagos efectivos que disminuyeran las cuentas por cobrar y, por ende, la cartera morosa.

En el caso de autos, la condonación descrita constituye un acto de liberalidad, dado que el contribuyente renunció a su derecho a cobrarlos sin obtener ninguna contraprestación por parte de los clientes beneficiados por ello, en consecuencia el reparo efectuado se encuentra arreglado a ley, procediendo mantenerlo y confirmar la apelada en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

RTF 10403-2-2014 Contribuyente debe acreditar que en sus activos fijos se utilizará el combustible adquirido y acreditar que las cocheras fueron utilizadas por sus clientes

Alan Emilio en Tarapoto 2015

Alan Emilio en Tarapoto 2015

Mediante Resolución RTF 10403-2-2014, de fecha 28 de agosto del 2014, se aborda una controversia sobre la deducibilidad de gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

El Tribunal Fiscal en forma clara y evidente indica que los principios de anàlisis tributario no son limitados a tres, como muchas personas insisten. Precisamente en la pàgina 8 de esta magistral resolución RTF se cita el contenido de sus Resoluciones RTF 07827-1-2008 y RTF 06983-5-2006, entre otras, para que los gastos sean deducibles debe existir una relación de causalidad directa entre éstos y la obtención de renta o el mantenimiento de su fuente productora, sin embargo, para establecer la procedencia de su deducción debe analizarse cada caso en particular, considerándose los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente, el volumen de éstas, ENTRE OTROS, pues la adquisición de un mismo bien o servicio puede constituir gasto deducible para una empresa, mientras que para otra no, por lo que debe analizarse cada una de las adquisiciones de bienes y servicios reparados.

¿Qué alegaba el contribuyente en este caso concreto? El contribuyente señalò que adquirió gasolina para el funcionamiento de màquinas de su propiedad y que figuran en sus activos fijos, como plancha compactadora y electrobomba. Con relación al alquiler de cochera indica que efectuò tales gastos para el establecimiento de los vehìculos de los proveedores y clientes, lo que le es indispensable ya que su local se encuentra ubicado en una zona rígida. Respecto de los gastos de hospedaje refiere que corresponden al viaje del gerente a efectos que èste promocione su actividad, y pueda hacer contactos comerciales.

La actividad económica del contribuyente es la construcción de viviendas (casas y departamentos).

El Tribunal Fiscal advierte que de la documentaciòn que obra en el expediente, se advierte que el contribuyente no cumplió con probar, a pesar de haber sido requerido para ello, que los gastos incurridos hayan sido destinados a la producción o mantenimiento de la fuente productora de renta gravada, toda vez que no presentó documentación que acreditara que los bienes adquiridos y servicios recibidos hubieran sido utilizados en la generación de ingresos gravados, en tal sentido, procede mantener el reparo y CONFIRMAR la apelada.

Respecto al argumento referido a que la gasolina adquirida fue utilizada para los activos fijos y que las cocheras fueron utilizadas por sus potenciales clientes, el Tribunal Fiscal precisa que no se aprecia que el contribuyente hubiera presentado algún medio probatorio que acreditara que en sus activos fijos se utilizara el citado combustible, asimismo, el contribuyente no proporcionó documentación que acreditara que las cocheras fueron utilizadas por sus clientes, por lo que lo alegado al respecto CARECE DE SUSTENTO.

Respecto al gasto por servicio de hospedaje en la ciudad de Puno, el Tribunal Fiscal indica que si bien el contribuyente sostiene que tal gasto se incurrió a fin que el gerente pueda promocionar su actividad, y hacer contactos comerciales, la referida situación no está acreditada en el expediente, pues no consta la decisión o política de la empresa de incurrir en el referido gasto a efectos de conseguir sus fienes, por lo que tal argumento NO RESULTA ATENDIBLE.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria Colombiana 2014: Consejo de Estado Colombiano rechaza la deducción de gastos por penalidades e intereses moratorios al no constituir gastos forzosos

Alan Emilio en Piura

Alan Emilio en Piura

Mediante Sentencia, de fecha 06 de noviembre del 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo (sección Cuarta) del Consejo de Estado Colombiano se resuelve una controversia en torno a la deducción de erogaciones incurridas para efectos de la determinación del Impuesto a la renta del ejercicio 2005 por una entidad empresarial colombiana.

Resulta trascendente la siguiente conclusión del Consejo de Estado Colombiano:

“…la Sala haya dicho que el contribuyente debe probar que la expensa era forzosa y que repercutió o tuvo injerencia en la productividad de la empresa.”

Puntualiza el Consejo de Estado Colombiano que la prueba se debería encauzar a demostrar que hay empresas que realizan determinada actividad, y que incurren en expensas (erogaciones) de manera forzosa indicando lo siguiente:

“no basta la exposición de criterios acertados y razonables de lo que debe entenderse por relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. También es indispensable subsumir los hechos de cada caso concreto al entendimiento de lo que es necesario, proporcional y que guarda relación de causalidad con la actividad productora de renta. Los hechos, además, deben estar probados mediante pruebas pertinentes, conducentes y útiles.” 

En el análisis de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado colombiano se indica que es frecuente que la administración y el contribuyente se limiten al alegato teórico de si la expensa cumple los requisitos del Estatuto Tributario Colombiano sin que se valoren, siquiera, las pruebas aducidas al expediente, si es que se aportan, se reitera. Por tal sentido el Consejo de Estado Colombiano indica que no basta que la expensa esté probada, siendo que la prueba debe permitir inferir que la expensa (deducción, desembolso, erogación, pago, salida de recurso) sí se subsume en los criterios de necesidad, de proporcionalidad y de relación de causalidad con la actividad productora de renta.

En el presente caso, el contribuyente fue la entidad Mundinaves Ltda., que según su objeto social es un agente marítimo, aduanero, de naves marítimas y artefactos navales de cualquier nacionalidad. Dicha entidad efectuó el pago de intereses moratorios a favor de la entidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por $.16´179,872.

El Consejo de Estado Colombiano analizó que el contribuyente dedujo como gasto corriente estos pagos de intereses, concepto que fue reparo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (SUNAT en Colombia), en razón a que solamente son deducibles los intereses que se originen en actividades productoras de renta. La Sala considera que si bien Mundinaves Ltda., sirvió como intermediaria entre sus clientes y dicha sociedad portuaria para hacer el pago del servicio para la atención de buques, no es procedente la deducción pedida con fundamento en las siguientes precisiones:

  1. Mundinaves Ltda., en su demanda alegó que recibió de parte de un cliente un anticipo para la atención de un buque. Dijo que la “erogación no fue efectuada en forma inmediata, por razones de iliquidez de la sociedad contribuyente y que al no haberle pagado a tiempo a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, generó el cobro de intereses que no se podía cargar al cliente, y que eran costo financiero de la sociedad MUNDINAVES LTDA.”. Al respecto, la Sala aprecia que el obligado a hacer el pago era el cliente de Mundinaves y que esta empresa sirvió de intermediaria para efectuarlo, solo que, por razones de liquidez, no destinó el dinero que le dio el cliente para el propósito para el que fue entregado, hecho que la hizo incurrir en mora. En ese contexto, para la Sala la deducción es improcedente.
  1. En efecto, en relación con la deducción por pago de intereses, la Sala advierte que la norma que rige dicha deducción es el artículo 117 del Estatuto Tributario que dispone:

“ARTICULO 117. Deducción de intereses. Los intereses que se causen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Los intereses que se causen a otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, durante el respectivo periodo o año gravable, la cual será certificada anualmente por la Superintendencia Bancaria, por vía general.”

Lo primero que advierte la Sala es que, de acuerdo con la norma transcrita, son deducibles en su totalidad los intereses que se causen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Que también son deducibles los intereses que se causen a otras personas o entidades, en la parte que no exceda la tasa más alta que se hubiere autorizado a los establecimientos bancarios.

Sin embargo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, la deducción de esos intereses sólo es posible si guardan relación con la actividad productora de renta, son necesarios y proporcionados.

La relación de causalidad no existe pues es un hecho admitido por la actora que el dinero para el pago del servicio era de un tercero, no de la empresa. El hecho de que se haya auto prestado el dinero para solventar otros pagos y que, por esas circunstancias haya hecho incurrir a un tercero en mora, no justifica que haga propio ese costo financiero. Además, ese gasto no es necesario pues la empresa tiene el deber de destinar el dinero de sus clientes a los fines que estos dispusieron. En consecuencia, no es procedente la deducción.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Sentencia Colombiana 2014 Consejo de Estado GASTOS ALAN EMILIO MATOS BARZOLA

Claramente queda expuesto que resulta absurdo sostener que la deducibilidad tributaria de los desembolsos y erogaciones que incurra un ente empresarial se justifique por un manto automáticamente amplio, desmedido y elusivo

Costa Rica aclara la no deducibilidad como gasto del Impuesto sobre la Renta de los montos pagados por soborno

Alan Emilio en Ica abril 2015

Alan Emilio en Ica abril 2015

Nuevamente nuestro portal web, meses antes que el resto, les pone en conocimiento el criterio institucional procedente de la Repùblica de Costa Rica respecto a que la Administración Tributaria en ningún caso podrá reconocer como gastos deducibles del Impuesto sobre la Renta, los montos que paguen los sujetos pasivos de este impuesto, por concepto de “soborno”, o por cualquier otro acto o actividad que esté tipificado por la legislación costarricense como un “ilícito o delito”, aunque tales gastos colaboren de hecho en la obtención de ingresos lícitos.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

 Criterio Institucional

Sobre la no deducibilidad como gasto del Impuesto sobre la Renta de los montos pagados por soborno

Dirección General de Tributación

Ministerio de Hacienda

Resumen ejecutivo: Mediante el presente criterio institucional se efectúa un análisis del  ordenamiento jurídico costarricense, con el fin de fundamentar la exclusión de los montos pagados a título de soborno, como gasto deducible de la renta bruta (artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), de modo que aquellos gastos cuya contraprestación consiste en una conducta radicalmente prohibida por el ordenamiento jurídico, aunque los rendimientos tengan carácter lícito o tales gastos colaboren de hecho (aunque de forma ilícita) con la obtención de los ingresos, no se consideran gastos deducibles.

Normas de referencia: Los  artículos 11 y 129 de la Constitución Política; numerales 7, 15 y 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; artículos 1°, 2, 5, 7 y 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; artículos 3, 11, 13 y 18 de la Ley General de Administración Pública; artículos 324, 347, 348, 349 y 350 del Código Penal; estas últimas leyes de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 155 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Criterio Institucional No.  DGT-CI-001-2015 del 06 de febrero de 2015

1º—Que los artículos 99 y 103 inciso e) de la Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971,  denominada “Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, facultan a la Administración Tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, por todos los medios y procedimientos legales, permitiendo la interpretación administrativa de las disposiciones contenidas en las leyes tributarias.

2°— Que el artículo 101 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece que la Administración Tributaria debe publicar la jurisprudencia tributaria que ofrezca interés general, por medio, entre otros a elegir, de su portal web.

Antecedentes

1.- El sistema de imposición sobre la renta en Costa Rica se adscribe al criterio de territorialidad según el cual, se gravan las rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense. En este sentido, el artículo 1° de la Ley de Impuesto sobre la Renta  – en adelante LIR –  sujeta con el Impuesto sobre las Utilidades a las rentas continuas u ocasionales, provenientes de servicios prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el periodo fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

En consecuencia, el elemento subjetivo del hecho generador de este impuesto, en aplicación del numeral 2 de la LIR, queda supeditado a la realización de actividades o negocios de carácter lucrativo en el territorio nacional, sin considerar la nacionalidad de los contribuyentes.

En derivación del supuesto de imposición expuesto, el conjunto de ingresos o beneficios de fuente costarricense percibidos o devengados durante el periodo fiscal, constituye la renta bruta del contribuyente y, por disposición del artículo 7 de la LIR,  la renta neta es el resultado de deducir de la renta bruta los costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio, más las otras erogaciones expresamente autorizadas por esa Ley, debidamente respaldadas por comprobantes fehacientes y registradas en la contabilidad.

Para efectos de la deducibilidad de los costos y gastos que autoriza el numeral 8 de la LIR, la Administración Tributaria está facultada para calificarlos y aceptar su deducción total o parcial o bien, para rechazar aquellas partidas no justificadas o que no cuenten con comprobantes fehacientes, para lo cual debe respetar las disposiciones de la LIR y del ordenamiento jurídico costarricense en su totalidad, porque en el Estado de Derecho priva el principio de legalidad, que sujeta la actuación de la Administración Pública a lo que expresamente le autorice la legislación nacional.

En consecuencia, la Administración Tributaria tiene vedado admitir el beneficio de la deducibilidad de los gastos que sean producto de un acto o actividad contrarios a derecho, ya que, de otro modo, se quebrantarían los principios del orden público, pues tal deducción, además de favorecer este tipo de actos, consentiría tácitamente el delito.

Sobre el principio de legalidad, la jurisprudencia judicial estableció lo siguiente:

En este sentido, resulta importante tener presente que la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico. El principio de legalidad constituye uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho. Supone que la Administración está sometida, plenamente tanto a la ley, en sentido lato, como al Derecho. Implica que la acción administrativa debe, necesariamente adecuarse a la totalidad del sistema normativo escrito o no escrito, o sea, al denominado bloque de legalidad. La sujeción de la actuación administrativa al ordenamiento jurídico significa que la norma se erige en el fundamento previo y necesario de su actividad. Esto implica que en todo momento requiere de una habilitación normativa que a un propio tiempo justifique y autorice la conducta desplegada para que ésta pueda considerarse lícita, y más que lícita, no prohibida. Por consiguiente, cualquier actuación de la Administración discordante con el bloque de legalidad, constituye una infracción del ordenamiento jurídico. …”. (Sentencia N° 326-2001, emitida por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, a las 9:27 horas del 27 de abril de 2001).

Obsérvese que se hace énfasis en que los actos administrativos deben adecuarse, necesariamente, a todo el ordenamiento jurídico; lo que implica que la norma no debe ser analizada o aplicada en forma aislada, sino como una norma inserta o integrada en un ordenamiento jurídico determinado.

2.- En algunos sistemas internacionales de imposición sobre la renta, las legislaciones admiten como gastos deducibles, aquellos que se relacionan con actos o actividades delictivas o ilícitas que realizan los sujetos pasivos, como por ejemplo, los pagos realizados por concepto de soborno.[1][1] Lo anterior ha sido advertido por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual ha implementado una serie de medidas legales para evitar la corrupción en las transacciones económicas internacionales.[2][2] Según advierte la OCDE, las empresas beneficiarias de estas deducciones involucran la necesidad de realizar tales gastos para recibir un trato favorable en la atribución de contratos.[3][3]

3.- Atendiendo a la experiencia comparada, la mejor política legislativa radica en excluir expresamente aquellos gastos cuya contraprestación consiste en una conducta radicalmente prohibida por el ordenamiento, aunque los rendimientos tengan carácter lícito o tales gastos colaboren de hecho (aunque de forma ilícita) con la obtención de los ingresos.[4][4]

La exclusión expresa se hace más necesaria en un sistema como el nuestro, en el cual, de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública, rige el principio de la “autonomía de la voluntad”, mediante el cual los sujetos regulados por el derecho privado quedan facultados, en sus relaciones con la Administración, para hacer todo aquello que no les esté prohibido expresamente por la ley.[5][5]

Tomando en consideración los hechos expuestos y la normativa citada, se divulga el siguiente:

 Criterio Institucional

Sobre la no deducibilidad como gasto del Impuesto sobre la Renta de los montos pagados por soborno

PRIMERO.- Definición y regulación del soborno.

El término “soborno” se define como el “ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación”.[6][6] 

Conforme con  la definición transcrita, el soborno constituye un delito de “acción” o de “omisión”.

De acuerdo con el Código Penal de Costa Rica, se configura “el soborno” tanto con el ofrecimiento como con la promesa de dádiva o cualquier otra ventaja.[7][7]

Sobre el soborno de funcionarios públicos, dicho Código regula diferente tipos penales en la Sección II del Título XV, los cuales, se transcriben de seguido:

ARTÍCULO 347.- Cohecho impropio. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones. 

ARTÍCULO 348.- Cohecho propio. Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de sus funciones. 

ARTÍCULO 349.- Corrupción agraviada. Si los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilaciones, pensiones, o la celebración de contratos en los cuales esté interesada la administración a la que pertenece el funcionario, la pena de prisión será:

  • En el caso del artículo 338*, de uno a cinco años;[8][8]
  • En el caso del artículo 339*, de tres a diez años.[9][9]

ARTÍCULO 350.- Aceptación de dádivas por un acto cumplido. Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los artículos 338 y 339 disminuidas en un tercio, el funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario”. 

La inclusión de estos tipos delictivos en el Código Penal costarricense, así como la promulgación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 de 29 de octubre de 2004, forman parte de los compromisos adquiridos por Costa Rica con la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual fue ratificada por nuestro país en el año 1997.[10][10] Esta Convención, es el primer instrumento jurídico internacional en su tipo. Reconoce expresamente la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite la cooperación entre los países para combatirla. [11][11]

En relación con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública de cita, Costa Rica dio un avance importante en su lucha contra la corrupción, al tipificar el delito de “soborno transnacional” de la siguiente forma:

Artículo 55.- Soborno transnacional. Será sancionado con prisión de dos a ocho años, quien ofrezca u otorgue a un funcionario de otro Estado, cualquiera que sea el nivel de gobierno o entidad o empresa pública en que se desempeñe, o de un organismo o entidad internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva, retribución o ventaja indebida, ya sea para ese funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho funcionario, utilizando su cargo, realice, retarde u omita cualquier acto o, indebidamente, haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo. La pena será de tres a diez años, si el soborno se efectúa para que el funcionario ejecute un acto contrario a sus deberes.

La misma pena se aplicará a quien solicite, acepte o reciba la dádiva, retribución o ventaja mencionadas”.

Esta norma penaliza tanto la conducta del que soborna como la de quien acepta ser sobornado y, de conformidad con la misma, el delito de soborno puede incluso ser aplicado por los Tribunales de Justicia costarricenses, a funcionarios de organizaciones internacionales públicas.

SEGUNDO.- La no deducibilidad como gasto del impuesto sobre la renta de los montos pagados por soborno.

Del análisis efectuado se concluye que la Administración Tributaria en ningún caso podrá reconocer como gastos deducibles del Impuesto sobre la Renta, los montos que paguen los sujetos pasivos de este impuesto, por concepto de “soborno”, o por cualquier otro acto o actividad que esté tipificado por la legislación costarricense como un “ilícito o delito”, aunque tales gastos colaboren de hecho en la obtención de ingresos lícitos.

TERCERO. Derogatorias. El presente criterio deja sin efecto cualquier disposición o instrucción que se le oponga.

CUARTO. El presente criterio institucional deberá ser divulgado por medio del Digesto Tributario, apartado ”Unidad de Criterio”, sitio que se localiza en la página Web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr).

Carlos Vargas Duran

Director General de Tributación

Dirección  de  Técnica Tributaria

IMV / OBC

[1][1] Fuente: http://www.academia.edu/8089924/Fiscalidad_de_los_Actos_Il%C3%ADcitos_IEF_Madrid_2003

Herrera Molina Pedro M. Fiscalidad de los Actos Ilícitos. Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Madrid, España, 2003.

[2][2] Fuente: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292427004774?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DFolleto_sobre_el_Convenio.PDF

Convención de la OCDE para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, París, Francia, 1997.

[3][3] Fuente: http://www.academia.edu/8089924/Fiscalidad_de_los_Actos_Il%C3%ADcitos_IEF_Madrid_2003.

[4][4] Ídem.

[5][5] Ver también el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública.

[6][6] Fuente: Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. http://es.thefreedictionary.com/soborno

Ver otras definiciones en el diccionario de la Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=soborno

[7][7] Ver artículo 324 del Código Penal.

[8][8] *(NOTA DE SINALEVI:   debido a modificación efectuada por la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que corrió su numeración, el artículo 338 actualmente corresponde al 340.

[9][9] *(NOTA DE SINALEVI:  debido a modificación efectuada por la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que corrió su numeración, el artículo 339 actualmente corresponde al 341.

[10][10] Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-58.html

[11][11]Fuente: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/convenciones/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea.html

Jurisprudencia Tributaria Chilena 2013: No son gastos necesarios para producir la renta las remuneraciones pagadas a trabajadores, cuando en un período tributario determinado no se desarrolla el giro empresarial

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Mediante Sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia (República de Chile), de fecha 10 de mayo del 2013, ROL N° 2-2013, se resuelve una controversia en torno a la deducibilidad de los desembolsos corrientes incurridos por un ente empresarial, en virtud a lo cual el tribunal chileno estimó evaluar si dichos desembolsos tienen el carácter de inevitables o forzosos.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Valdivia que había rechazado el recurso del contribuyente en contra de una liquidación emitida por el Servicio de Impuestos Internos (lo que viene a ser SUNAT Chile).

El contribuyente en su escrito de apelación argumentó que los gastos eran necesarios para producir la renta y que se acompañaron documentos suficientes para acreditarlo y alegaron que la sentencia no respetó lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta chileno, porque interpretó y utilizó criterios que no correspondían por no estar establecidos en la ley chilena.

La Corte de Apelaciones consideró que en el presente caso ocurría que el contribuyente había fallecido y no obtuvo ingresos por su giro o actividad, por tal sentido los gastos en remuneraciones no resultaban necesarios para producir la renta, pues no tenían el carácter de inevitables o forzosos como exigía la norma, ya que los trabajadores fueron contratados para el desarrollo del giro transporte de carga terrestre, el que no tuvo lugar, de forma tal que dichos gastos no tenían su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Valdivia, diez de Mayo de dos mil trece.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, en sus considerando y citas legales.

Y TENIENDO ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, el abogado don Carlos Herrera Tardón, en representación de la reclamante, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos antecedentes por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos, de fecha 16 de enero de 2013, escrita de foja 564 a 591, que rechazó el reclamo deducido por su parte en contra de la liquidación de impuestos Nº 43, de 3 de Mayo de 2012. Reproduce en primer lugar, aquellos considerandos de la sentencia recurrida, que fundamentan la conclusión del sentenciador en orden a estimar que los gastos en que incurrió el contribuyente no fueron necesarios para producir la renta y que motivaron la decisión de no hacer lugar al reclamo deducido por su parte.

Sostiene que la causa y objeto de pedir contenidos en el reclamo entablado en contra de la liquidación Nº 43, dicen relación con los gastos en remuneraciones en los que incurrió el contribuyente durante el año 2010, los que estima fueron necesarios para producir la renta. Al respecto, refiere que la sentencia incurrió en errores de trascendencia jurídica al dar por establecido, por un lado, el hecho que los gastos incurridos en remuneraciones y otros, no fueron necesarios para producir la renta, en circunstancias, que sí lo fueron; y, por otra parte, que, el contribuyente no habría aportado prueba enderezada para acreditar tal exigencia legal, en circunstancias que el contribuyente sí aportó y produjo prueba documental, dada por la contabilidad de acuerdo al artículo 21 de la Ley de La Renta, y testimonial necesaria para dar por suficientemente probado el hecho. Continua, señalando que el contribuyente don XXXX (Q.E.P.D.), siempre mantuvo su hoja de vida tributaria sin mácula, en más de 20 años que ejerció la actividad de empresario. Agrega, en tal sentido, que no solo dio fiel cumplimiento a las normas legales que regulan la materia en debate, sino que además, y dentro del giro de su negocio, hizo esfuerzos sobrehumanos para poder mantener con actividad ocupacional a sus trabajadores, por todo el periodo que duró su enfermedad –cáncer- que terminó con su fallecimiento el 29 de Octubre de 2010.

Refiere que posteriormente, el día 3 de Mazo de 2012, su parte fue notificada de la liquidación Nº 43, que rechazó como gastos necesarios para producir la renta, las remuneraciones y otras prestaciones laborales de sus trabajadores, correspondientes al periodo comercial 2010 (Enero a Diciembre), liquidándose un total de $18.663.950, precisando que el Servicio de Impuestos Internos argumentó “Que, según el Balance General para el año tributario 2011 Folio 14004, se contabiliza un gasto por $67.011.564 y que de acuerdo a lo anteriormente detallado se desprende de la documentación aportada como respaldo de la cuenta “Remuneración”, código 4.01.01.001, que solo la remuneración del trabajador XXXXX RUT: xxxxxxxxx-xx, está justificada, al cumplir este labores de administración y que los gastos pagados al resto de los trabajadores no son necesarios para producir la renta, ya que las funciones que desempeñan los trabajadores se encuentran relacionadas con el giro de transportes de carga por carretera, el que no ha generado ningún ingreso durante el año comercial 2010 (año tributario 2011), por lo que las remuneraciones detalladas en el siguiente cuadro corresponde a un gasto rechazado del año comercial 2010”.

En cuanto a los fundamentos que permiten justificar la necesidad de dichos gastos, indica que don XXXX, durante el año 2010, fue contribuyente de Primera Categoría de la Ley de Renta y sus giros registrados en el Servicio de Impuestos Internos fueron de Transporte de Carga por Carretera y Agrícola. Manifiesta que en la medida que su tratamiento lo permitía, siguió ejerciendo la actividad empresarial y dirigiendo a sus trabajadores, todos antiguos, con un promedio laboral de 15 años, leales y capacitados, multifacéticos y eficientes, pudiendo pese a todo, sacar adelante su empresa durante el año 2009. A comienzos del año 2010, su salud se agravó, ante lo cual fue poco a poco alejándose de sus negocios, en atención a lo cual no se generaron ingresos. En razón de ello, instruyó a sus trabajadores para que, durante el año 2010, trabajasen en actividades propias del giro del negocio, que permitieran la mantención operativa de las máquinas, los camiones y remolques, así como labores de limpieza en el predio agrícola, control de malezas y preparación de la tierra, para poder explotarlo, y, como alternativa, para poder instalar allí, los talleres de los equipos de rodado. En el mismo sentido, libró órdenes para mantener flujos de caja que permitieren financiar los egresos del periodo 2010, por todo lo cual estima que todos los gastos en que el contribuyente incurrió en pago de remuneraciones, leyes sociales y otros, fueron inherentes y vinculados al ejercicio propio del negocio y, por lo tanto, los gastos fueron absolutamente necesarios para producir la renta, basándose, además, en los principios contables generalmente aceptados.

Añade que la sentencia sobrepasó el texto positivo contenido en el artículo 31 de la Ley de la Renta, forzando la situación a otros estadios, por cuanto interpretó y utilizó criterios que no correspondían, por no estar ellos prescritos en las normas de la Ley de la Renta. Así, señala que rechazó el gasto en remuneración lisa y llanamente porque el contribuyente en el periodo revisado no declaró rentas, además, por cuanto el cliente no tuvo una relación ingreso versus ventas y, por último, porque no desarrolló su giro, requisitos que no contempla la norma positiva. Por el contrario, argumenta que el contribuyente se ajustó estrictamente al artículo 31 de la Ley de la Renta.

Luego, hace una reseña en su presentación de la prueba documental acompañada en la instancia en apoyo de su reclamación, entre los cuales se encuentran los contratos de trabajo de todos los trabajadores, todos los cuales precisa provienen de años anteriores, haciendo presente que las remuneraciones nunca fueron rechazadas en los periodos anteriores.

En suma, concluye que el gasto en remuneraciones, siempre se encontró debidamente acreditado y justificado de acuerdo a los libros contables y todos los documentos que se acompañaron a su reclamo, tales como contratos, liquidaciones de sueldo, planillas de retenciones impositivas, registro oportunos en los libros de contabilidad, lo que fue corroborado con las declaraciones de los testigos que depusieron en juicio y, que no hacen más que confirmar que los gastos en que incurrió el contribuyente fueron necesarios para producir la renta.

Expresa, además, que en la especie se trata de un contribuyente de primera categoría, que debe tributar en base a renta efectiva y contabilidad completa, la que fue exhibida conforme al artículo 21 del Código Tributario, la que hace plena prueba de las partidas que allí se contienen.

Continúa, con un análisis de los fundamentos del fallo apelado, reproduciendo parcialmente varios de sus motivos, detallando latamente en cada punto, las razones por las cuales considera que los fundamentos esgrimidos por el Tribunal son errados, exponiendo en síntesis, que el criterio abordado en la sentencia es errado, por cuanto, se pregunta ¿De dónde obtuvo el sentenciador el fundamento para afirmar que “no desarrollo su giro”?, ya que todas las actividades que se desarrollaron, y que se coligen de las pruebas producidas, fueron actividades vinculadas estricta y derechamente con el giro del negocio de la empresa.

En relación a la prueba testimonial, indica que los considerandos septuagésimo cuarto y septuagésimo quinto, no admiten mayor análisis, al declarar la sentencia que la realización de las actividades de trabajo y labores ejecutadas por los trabajadores no fueron acreditadas en juicio, y que los dichos de dos trabajadores en la testimonial, Juan Briceño y Juan González, resultan generales, imprecisos y poco creíbles, ya que estos declararon solo sobre hechos que estaban y cayeron bajo la esfera de su conocimiento.

Solicita, se revoque la sentencia apelada y se deje sin efecto la liquidación Nº 43, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por las partes y del análisis atento de la sentencia en alzada, se desprende que el objeto de la presente discusión, se centra en determinar si los gastos en remuneraciones y otros relativos a los trabajadores del contribuyente XXXX, correspondientes al año comercial 2010, pueden ser calificados como necesarios para producir la renta, en los términos exigidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que, por una parte, el contribuyente argumenta que dichos gastos fueron efectiva y materialmente pagados a cada trabajador, lo que se acreditó con la contabilidad fidedigna aportada tanto en la instancia administrativa como judicial, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario, la que en su concepto hace plena prueba respecto de la efectividad de los mismos. Argumenta, además, que el Tribunal, se excedió en los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta exige para considerar un determinado gasto como necesario para producir la renta, ya que dichos gastos fueron finalmente rechazados atendido a que el contribuyente no realizó operaciones de su giro, requisito que la disposición legal en comento no requiere para que sean aceptados. Finalmente, cuestiona la valoración de la prueba realizada por el sentenciador del grado, en atención a que los testigos dieron cuenta de trabajaos efectivamente realizados durante el año 2010, y, que sus declaraciones no fueron vagas e imprecisas, ya que se ajustaron al mérito de lo que estrictamente conocían y sabían.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, argumenta que tales gastos no fueron necesarios para producir la renta, pues, por una parte, la empresa no realizó operaciones del giro durante el año 2010, y, además, atendido a que los trabajadores no realizaron trabajos relativos al transporte de carga terrestre para el cual fueron contratados, criterio que fue el que finalmente adoptó el Juez a quo para desestimar el reclamo, según se lee de los considerandos septuagésimo primero a octogésimo segundo del fallo apelado.

TERCERO: Que, conviene en primer término          tener en consideración las disposiciones legales aplicables a la controversia de autos.

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de la Renta establece en su parte pertinente lo siguiente:

“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten y justifiquen fehacientemente ante el Servicio”.

Por su parte, el artículo 21 del Código Tributario, dispone:

“Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero”.

CUARTO: Que, de la lectura atenta de las disposiciones legales transcritas, se desprende, en primer lugar, que el legislador requiere para aceptar un gasto los siguientes requisitos copulativos: 1) Que el gasto se relacione directamente con la actividad; 2) Que tenga la calidad de necesario para producir la renta; 3) Que no haya sido rebajado previamente; 4) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado en el ejercicio y 5) que se acredite o justifique fehacientemente ante el Servicio, requisitos que el propio contribuyente reconoce, atendido el mérito del fallo de esta Corte invocado en su recurso, pronunciado en los autos Rol Nº 591-2005. En segundo lugar, se colige, además, que la carga probatoria corresponde al contribuyente, de conformidad al citado artículo 21 del Código Tributario, en orden a acreditar la efectividad de los desembolsos que se pretenden impetrar como gasto en el ejercicio respectivo.

QUINTO: Que, en el caso en estudio, no se ha cuestionado la efectividad material de los gastos en remuneraciones realizada por parte del contribuyente en el año comercial 2010, vale decir, el hecho que fueron efectivamente irrogados por parte del actor, pues ello se acreditó con los documentos acompañados a la instancia, consistentes en contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo y los respectivos registros contables, de los cuales el Servicio por cierto no puede prescindir, pues no formuló en la liquidación reclamada un juicio de fidelidad de dichos asientos, sino que solo cuestionó la idoneidad de dichos desembolsos para ser considerados necesarios para producir la renta.

Del mismo modo, tampoco ha existido controversia respecto del hecho que el causante tenía la calidad de contribuyente de Primera Categoría y Global Complementario, ni de la circunstancia de que durante el año 2010 aquel no tuvo ingresos del giro, hecho que por lo demás quedó expresamente consignado en los motivos cuadragésimo sexto y cuadragésimo noveno de la sentencia en alzada.

SEXTO: Que, como lo ha resuelto nuestra Excma. Corte Suprema, en sentencia pronunciada en los autos Rol Nº6380-2009, en relación a la correcta inteligencia del artículo 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, “…si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo “necesarios”, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar”.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, no habiendo sido discutido por las partes el hecho que durante el año 2010, el contribuyente no obtuvo ingresos por transporte de carga terrestre, que era su giro o actividad, claramente los gastos en remuneraciones y otros relacionados que pretende impetrar, no resultaban en ningún caso inevitables o forzosos como exige la norma en análisis, desde que los trabajadores del reclamante fueron contratados precisamente para el desarrollo de dicho giro.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el juez del grado no impuso al reclamante una exigencia adicional para rechazar los gastos como aduce el actor en su recurso, sino que muy por el contrario, se ajustó estrictamente a los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta impone para considerar un gasto como necesario para producir la renta, lo que en el caso en estudio, no aconteció, dado que no tenían el carácter de inevitables o forzosos, atendida la falta de operación del reclamante en el año comercial respectivo.

NOVENO: Que, sobre este punto, es dable precisar que el artículo 2º Nº 1 de la Ley de Impuesto a la Renta define el concepto de “renta” como “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad…”, de lo que se colige claramente que la renta debe emanar de una actividad, es decir, de un conjunto de acciones positivas para generarla, lo que en la especie, se contrapone evidentemente a la inactividad y nula operación que el contribuyente mantuvo durante el año comercial 2010, por lo que mal puede considerarse que las remuneraciones pagadas a sus trabajadores eran necesarias para producir la renta, como bien lo establece el juez de la instancia en el motivo septuagésimo primero del fallo en alzada. Por lo demás, la erogación de dichos gastos conducen a la generación de una pérdida tributaria en el ejercicio respectivo, que no tiene su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

DÉCIMO: Que, en nada altera lo razonado en los motivos precedentes, la prueba documental y testimonial rendida por el reclamante, ya que como lo establece el juez en el considerando septuagésimo tercero de la sentencia en alzada, las funciones para las cuales estaban contratados los trabajadores no se ejecutaron durante el periodo, criterio que esta Corte comparte plenamente, atendido a que como ha razonado en los motivos precedentes, el contribuyente no desarrolló operaciones del giro para el cual fueron contratados.

DÉCIMO PRIMERO: Que, atento lo anterior, no habiendo podido desvirtuar el contribuyente los fundamentos de la liquidación Nº 43 formulada por el Servicio de Impuestos Internos, el recurso de apelación interpuesto será rechazado.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 21 y 161 del Código Tributario; y artículos 2 Nº 1 y 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, se CONFIRMA la sentencia definitiva apelada de fecha dieciséis de Enero de dos mil trece, escrita de fojas 564 a 591, sin costas del recurso por estimar que el contribuyente tuvo motivo plausible para alzarse.

Redacción del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese y devuélvase.”

Moraleja: La interpretación con criterio amplio del principio de causalidad debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

No son deducibles para una entidad empresarial los desembolsos para campañas políticas personales

Queda claro que la causalidad (cuestionable en algunos casos) involucra que para un entidad empresarial solamente sean deducibles los desembolsos relacionados con la generación de renta o el mantenimiento de la fuente generadora de renta, con algunas particularidades.

En el caso de las campañas políticas, los desembolsos incurridos como propaganda constituyen medios para persuadir a los votantes en elegir a determinado candidato, aspectos son de índole personal y no es viable argumentar que son publicidad (suena hasta jocoso).

La publicidad se orienta hacia un grupo indeterminado de personas las cuales pueden percibir las bondades de un producto o servicio de una entidad. Sin embargo, las propagandas o campañas políticas se orientan a fin personal que tiene como consecuencia la elección de una persona (como alcalde, congresista, presidente del vaso de leche), no para la elección de una entidad empresarial a dicho cargo.

Argumentar una seudo publicidad indirecta es muy cuestionable y es muy difícil que un funcionario de la Administración Tributación se lo pueda validar (mucho menos en el Tribunal Fiscal).

Por consiguiente, en estas épocas electoreras corresponde orientar en forma prudente a las entidades.

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SUNAT publica informe sobre gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta

SUNAT acaba de publicar el Informe Nº 068-2010-SUNAT/2B0000 relacionado con gastos deducibles:

Para efecto del cálculo de la prorrata del gasto a que se refiere el segundo párrafo del inciso p) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el ingreso por concepto de restitución de derechos arancelarios debe considerarse como parte de las “rentas brutas inafectas”.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2010/informe-oficios/i068-2010.pdf

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NUEVA UIT 2009

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La Norma XV del Titulo Preliminar del Código Tributario establece que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador.

También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales.  

Mediante Decreto Supremo Nº 169-2008-EF, de fecha 25 de diciembre del 2008, se aprobó el valor de la nueva UIT para el ejercicio 2009, cuyo importe será S/.3,550.00.

La relevancia de este nueva UIT es su aplicación en diversos indicadores tales como por ejemplo para el límite mensual de rentas de cuarta categoría:

·        Límite mensual 2008: S/.2,552.00  Resolución de Superintendencia Nº 007-2008/SUNAT

·        Límite anual 2008: S/.30,625.00    Resolución de Superintendencia Nº 007-2008/SUNAT

·        Límite mensual 2009: S/.2,589.00 Resolución de Superintendencia Nº 004-2009/SUNAT

·        Límite anual 2009: S/.31,063.00     Resolución de Superintendencia Nº 004-2009/SUNAT

La repercusión tributaria de la nueva UIT también influye en el IGV, por ejemplo:

En cuanto a la exoneración del IGV en la primera venta de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda, el límite que no se debe superar para el 2009 será S/.124,250.00 (S/.1,750.00 más que el 2008).

En cuanto a los gastos de representación, estos otorgarán derecho a crédito fiscal en la parte que en su conjunto no excedan del 0.5% de los ingresos brutos acumulados en el ano calendario hasta el mes en que corresponda aplicarlos, con el límite máximo de 40 UIT (Para el 2009 S/.142,000.00) acumulables durante un año calendario. 

Por otra parte, en cuanto al Impuesto de Alcabala, recuerden que las 10 primeras UIT (S/.35,500.00) se encuentran inafectas a este impuesto. 

Se recuerda que la aplicación de las infracciones ya no se aplica exclusivamente considerando como referencia la UIT, sino otros parámetros tales como los IN (definidos conforme al artículo 180 del Código Tributario).

Por ejemplo, la infracción establecida en el numeral 1 del articulo 176 del Código Tributario “por no presentar declaraciones (determinativas) dentro de los plazos establecidos” para los contribuyentes del Régimen General es sancionable con una multa de 1 UIT (S/.3,550.00) para el 2009.

VALORES DE LA UIT

2009 3,550.00 D.S. N° 169-2008-EF
2008 3,500.00 D.S. N° 209-2007-EF
2007 3,450.00 D.S. N° 213-2006-EF
2006 3,400.00 D.S. N° 176-2005-EF
2005 3,300.00 D.S. N° 177-2004-EF
2004 3,200.00 D.S. N° 192-2003-EF
2003 3,100.00 D.S. N° 191-2002-EF
2002 3,100.00 D.S. N° 241-2001-EF
2001 3,000.00 D.S. Nº 145-2000-EF
2000 2,900.00 D.S. Nº 191-99-EF
1999 2,800.00 D.S. N° 123-98-EF
1998 2,600.00 D.S. N° 177-97-EF
1997 2,400.00 D.S. N° 134-96-EF
1996 2,200.00 D.S. N° 012-96-EF Vigente a partir de febrero de 1996 
1996 2,000.00 D.S. N° 178-94-EF. Para la determinación del IR por el ejercicio 1996 se utiliza el promedio anual del valor de la UIT S/.2,183.00. 
1995 2,000.00 D.S. N° 178-94-EF 
1994 1,700.00 D.S. N° 168-93-EF
1993 julio -diciembre 1,700.00 R.M. N° 125-93-EF/15. Aplicable para retenciones y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 
1993 promedio 1,525.00 R.M. N° 125-93-EF/15. Aplicable para la determinación del Impuesto a la Renta de 1993.
1993 enero – junio 1,350.00 R.M. N° 370-92-EF/15 
1992 1,040.00 D.S. N° 307-91-EF. Durante 1992 estuvo vigente la Unidad de Referencia Tributaria (URT)

Alan Emilio Matos Barzola  www.tributacionperu.com

Abogado Tributarista y Bachiller en Contabilidad

Participación de los Trabajadores – LABORAL vs TRIBUTARIO

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario 999302747

alanemilio2003@hotmail.com   .   alanemilioperu@yahoo.com

 

Para efectos laborales, el artículo 2 de Decreto Legislativo Nº 892 establece que los trabajadores participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa, sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas por el Título III del Decreto Legislativo Nº 728. De igual manera se encontrarán obligados a la participación en las utilidades, las empresas que excedan de 20 trabajadores, es decir, a partir de 21 trabajadores. El artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 892 establece que la participación debe ser distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual. Si la participación no es distribuida hasta esa fecha, previo requerimiento de pago por escrito, se van generando intereses los cuales conforme al Decreto Ley Nº 25920 son calculados en base al interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.

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 Para efectos tributarios, el Tribunal Fiscal ha establecido en su RTF Nº 10167-2-2007 que las participaciones obligatorias en virtud del Decreto Legislativo Nº 892 no se encuentran comprendidos dentro de los criterios establecidos por los incisos l) ni v) del artìculo 37 de la Ley del IR: “Este Tribunal en la Resoluciòn Nº 274-2-2001 ha interpretado que lo dispuesto en el inciso l) del artìculo 37 de la Ley del IR y reiterado por el inciso v) del mismo artìculo, se refiere a las gratificaciones y retribuciones que se acuerden a favor del personal, esto es, debe entenderse que comprende las gratificaciones y gastos extraordinarios u otros incentivos que se pacten en forma adicional a la remuneraciòn convenida con el trabajador por sus servicios y a las retribuciones o beneficios establecidos legalmente, como es el caso de la participaciòn de utilidades, por lo que concluyò que en tanto el exceso de participaciòn en las utilidades constituye un incentivo adicional al establecido por las normas sobre la materia, le es aplicable lo dispuesto por el inciso l) del citado artìculo 37, respecto a su pago dentro del plazo para la presentaciòn de la declaraciòn del IR.

Atendiendo a dicho criterio y conforme se desprende de la Resoluciòn Nº 1038-5-2003, tratàndose  de una retribuciòn “obligatoria” a favor del trabajador, su deducciòn se efectuarìa de acuerdo con la regla general aplicable para la imputaciòn de gastos de tercera categorìa, esto es, conforme con el criterio de lo devengado recogido en el inciso e) del artìculo 57 de la Ley del IR, mientras que si la retribuciòn se realiza de manera voluntaria por el empleador, en virtud al vìnculo laboral, se debìa cumplir con lo establecido por el inciso l) del artìculo 37 de la Ley del IR, dado que sòlo en ese caso se estarìa en el supuesto de obligaciones que “se acuerdan” al personal.

El reparo materia de autos se refiere a las utilidades correspondientes al ejercicio 2001 que fueron otorgadas en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 982, esto es, por mandato legal, respecto de las cuales conforme con el criterio antes expuesto, no resultaba aplicable lo dispuesto en los incisos l) y v) del artìculo 37 de la Ley del IR, para efecto de su deducciòn de la renta neta imponible del IR, motivo por lo cual no resulta exigible el requisito de su cancelaciòn hasta el vencimiento de la declaraciòn jurada anual respectiva”.

Similar criterio podemos encontrarlo en la RTF Nº 02812-2-2006 y RTF Nº 00657-1-2007, entre otras.

 

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario

alanemilio2003@hotmail.com   .   alanemilioperu@yahoo.com