Resolución Ministerial Nº 231-2012-MEM/DM Norma sobre Contribuciones Reembolsables

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 231-2012-MEM/DM Aprueban Norma sobre Contribuciones Reembolsables

Lima, 17 de mayo de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 30º de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que la actividad de distribución de Servicio Público de Electricidad en una zona determinada, sólo puede ser desarrollada por un solo titular con carácter exclusivo; y, de manera congruente, el inciso a) del artículo 34º de la misma Ley determina la obligación del Concesionario de distribución de suministrar electricidad a quien lo solicite dentro de su zona de concesión, o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus propias líneas, en un plazo no mayor de un (1) año;

Que, el artículo 83º de la Ley de Concesiones Eléctricas otorga al Concesionario la facultad de exigir una contribución, con carácter reembolsable, para el financiamiento de la extensión de las instalaciones hasta el punto de entrega y/o para la ampliación de la capacidad de distribución necesaria, correspondiéndole al Usuario elegir una de las modalidades previstas en la misma norma legal;

Que, conforme con lo establecido en el artículo 84º de la Ley de Concesiones Eléctricas, el reembolso de la contribución debe garantizar su recuperación real, correspondiendo también al Usuario elegir la forma de devolución;

Que, el artículo 85º de la Ley de Concesiones Eléctricas prevé diferentes casos relacionados con la responsabilidad de ejecución de las obras correspondientes y la posibilidad de los Usuarios o Interesados de efectuar la contribución reembolsable;

Que, la contribución reembolsable es un financiamiento del Usuario o Interesado a favor del Concesionario, que tiene por objeto reducir el plazo para recibir la prestación del Servicio Público de Electricidad en zonas habitadas dentro de la zona de concesión, en la misma que el Concesionario tiene la obligación y el derecho exclusivo para prestar el servicio, por lo que, resulta necesario dar mayor claridad a las disposiciones aplicables a la contribución reembolsable a fin que se garantice su devolución oportuna por parte del Concesionario al Usuario o al Interesado, según sea el caso;

En ejercicio de las funciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 6º del Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; y en el inciso h) del artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM;

Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Norma sobre Contribuciones Reembolsables, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Deróguese la Resolución Ministerial Nº 346-96-EM/VME, mediante la cual se aprobó la Directiva Nº 001-96-EM/DGE sobre contribuciones reembolsables y devolución.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 Alan Emilio Matos Barzola

Informe 023-2012-SUNAT sobre Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas

Mediante Informe 023-2012-SUNAT la Administración puntualiza:

1. La definición de agroindustria contenida en el numeral 5.6 del artículo 5° del Reglamento de la Ley N.° 29482 sólo se encuentra re ferida a la transformación primaria de productos agropecuarios.

2. Las Empresas y Unidades Productivas cuyas ventas determinen ratios superiores a los consignados en el Anexo del Decreto Supremo N.° 139-2010-EF, pierden la exoneración del Impuesto a la Renta dispuesta en el artículo 3° de la Ley N.° 29482.

3. La referencia al “segundo año de aplicación de los beneficios” en el artículo 2° del Reglamento de la Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en Zonas Altoandinas, alude al ejercicio fiscal siguiente a aquel en que la Empresa o Unidad Productiva inició sus operaciones.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i023-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Informe 044-2012-SUNAT exoneración del ITAN en caso de Procedimiento Concursal Ordinario

Mediante Informe 044-2012-SUNAT, la Administración puntualiza que se mantiene exonerado del ITAN aquel contribuyente respecto del cual la Junta de Acreedores del Procedimiento Concursal Ordinario al que se encuentra sometido, opta inicialmente por su disolución y liquidación, y al año siguiente cambia su destino decidiendo la reestructuración patrimonial, en tanto se trata del mismo Procedimiento Concursal Ordinario.

SUNAT arriba a este alcance toda vez que los procesos de Disolución y Liquidación y de Reestructuración Patrimonial se llevan a cabo dentro del Procedimiento Concursal Ordinario, por lo que aquellas empresas comprendidas en alguno de dichos procesos se encontrarán exoneradas del ITAN, en virtud de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 3° de la Ley del citado Impuesto.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i044-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Informe 016-2012-SUNAT aplicación del Certificado de Inversión Pública Regional y Local CIPR Ley 29230

1. Para efecto que los CIPRL sean considerados como aplicados contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta y pagadas dichas obligaciones, se deben cumplir los siguientes requisitos:

– Se debe presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Tratándose de la rectificatoria de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, ésta debe haber surtido efectos y haberse presentado con una anticipación no menor a diez días hábiles a la utilización del CIPRL.

– Si un contribuyente ya aplicó los CIPRL hasta por el monto máximo permitido no puede aplicar en ese ejercicio otros Certificados.

– Los CIPRL sólo pueden ser usados cuando el importe a pagar sea igual o superior al monto total de dichos CIPRL.

– El contribuyente debe haber generado Impuesto a la Renta calculado en el ejercicio anterior para hacer uso de los CIPRL en el ejercicio corriente.

2. Si al momento de aplicar los CIPRL la empresa no cumple lo antes indicado, la SUNAT no puede aceptar dichos Certificados para el pago de las obligaciones tributarias señaladas en la primera conclusión.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i016-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Informe 043-2012-SUNAT intermediación laboral y el sistema de detracciones del IGV

En relación con la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT), la Administración puntualiza:

Los servicios que constituyen intermediación laboral no se limitan a los servicios temporales, complementarios y de alta especialización señalados en el 1° del Decreto Supremo N.° 003-2002-TR, pudiendo calificar como ta l aquellos servicios temporales, complementarios o de alta especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N.° 27626, el antes citado Decreto Supremo y la Directiva Nacional N.° 001-2010-MTPE/3/11.2, aun cuando el sujeto que presta el servicio:

a.1) Sea distinto a los señalados en los artículos 11° y 12° de la Ley N.° 27626;

a.2) No hubiera cumplido con los requisitos exigidos por dicha ley para realizar actividades de intermediación laboral; o,

a.3) Destaque al usuario trabajadores que a su vez le hayan sido destacados.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i043-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29884 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria y aduanera

Mediante Oficio N° 105-2012-PR, de fecha 05 de mayo del 2012, el Presidente Constitucional de la República remitió  al congreso el proyecto de ley, que dió lugar a la Ley 29884 a efectos de legislar en materia tributaria y aduanera, siendo publicada el sábado 09 de junio del 2012:

Ley 29884

Artículo 1. Objeto de la Ley. Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros por un plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; sin que ello comprenda la creaciòn de nuevos impuestos, el aumento de las tasas de los impuestos, asì como la eliminaciòn o disminución de las deducciones o modificaciones de las escalas de las rentas de cuarta o quinta categoría del Impuesto a la Renta.

Artículo 2. Delegación de facultades

En el marco de la delegación, el Poder Ejecutivo está facultado para:

1. Modificar el Código Tributario a fin de perfeccionar el marco normativo vigente que permita mejorar la competitividad del país y elevar los niveles de recaudación, en relación con las siguientes materias:

a. Reglas generales que deben cumplir las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, así como las inafectaciones tributarias, a fin de que estén debidamente sustentadas; así como incorporar un plazo supletorio para las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios concedidos sin señalar plazo de vigencia, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica.

 b. Modificaciones que permitan combatir un mayor número de conductas elusivas y complementar las reglas de responsabilidad tributaria con criterio de responsabilidad tributaria, con criterio de razonabilidad, preservando la seguridad jurídica.

c. Facultades referidas a los procedimientos de fiscalización y cobranza de la deuda tributaria; con la observancia de los derechos del contribuyente; asì como, el perfeccionamiento de las reglas de domicilio, prescripción, presentación de declaraciones y de la revocación , modificación o sustitución de los actos administrativos.

d. Agilizar la resolución de los procedimientos tributarios (contenciosos y no contenciosos y quejas), mediante diversas medidas de perfeccionamiento, tales como la incorporación de normas que regulen la Oficina de Atención de Quejas, oficina de Asesoría Contable y los Órganos Unipersonales del Tribunal Fiscal, introducir supuestos de jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Fiscal y perfeccionar las reglas de notificación.

e. Posibilitar a la Administración Tributaria a ampliar el alcance de la gradualidad de las sanciones; así como modificar el régimen de infracciones y sanciones relacionadas a la obligación de emisión de comprobantes de pago para incentivar un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias.

f. Modificar las reglas del Código Tributario referidas a materia penal.

2. Modificar la Ley del Impuesto a la Renta con el fin de perfeccionar su estructura y administración, respecto a:

a. Las reglas de fuente y de imputación de las rentas.

b. Establecer a què rentas de fuente peruana deben sumarse las rentas netas de fuente extranjera y mejorar la determinación de los ingresos afectos en el país obtenidos por los contribuyentes domiciliados y no domicliados.

c. La deducción del gasto, costo y demás  deducciones admitidas para la determinación de la renta bruta y renta neta de tercera categoría, acorde con el criterio de razonabilidad y con el principio de causalidad.

d. La regulación de valor de mercado, incluyendo los aspectos formales y sustanciales de las normas de precios de transferencia.

e. Los procedimientos para la fiscalización y renovación de las entidades perceptoras de donaciones y demás procedimientos relacionados con el impuesto.

f. Los mecanismos contra la evasión y elusión tributarias, a fin de combatir supuestos específicos de evasión y elusión.

g. La determinación de las retenciones, así como de los pagos a cuenta con la facultad del contribuyente de reducirlos e incluso suspenderlos.

h. El ámbito de aplicación del impuesto en transacciones a título gratuito.

i. Ajustes técnicos que permitan una mayor claridad de la norma, menores costos y simplicidad en su aplicación a favor del contribuyente.

3. Dictar normas para sancionar eficazmente los delitos tributarios a efectos de evitar la comisión de dichos ilícitos, y para incorporar nuevos tipos penales.

4. Modificar la Ley de Delitos Aduaneros respecto a la tipificación de los delitos aduaneros y la infracción administrativa, la incautación, la disposición de mercancías, las circunstancias agravantes y las sanciones.

5. Racionalizar los beneficios tributarios existentes, prorrogando o eliminando las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios vigentes sujetos a plazo, respetando los principios de razonabilidad, neutralidad, equidad, no retroactividad de las normas; sin incluir los de carácter geográfico o regional, previa evaluación de la necesidad de su permanencia.

6. Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de perfeccionar algunos supuestos de nacimiento de la obligación tributaria, la determinación de la base imponible y la aplicación del crédito fiscal, así como la regulación aplicable a las operaciones de exportación, cubrir vacíos legales y supuestos específicos de evasión y elusión tributaria, garantizando la neutralidad en las decisiones de los agentes econòmicos.

7. Perfeccionar los sistemas de pago del Impuesto General a las Ventas a fin de flexibilizar su aplicación y mejorar los mecanismos de control respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

8. Fortalecer la regulación de los medios de pago como mecanismos de formalización y control tributario.

9. Modificar la Ley General de Aduanas, respecto a las obligaciones de los operadores de comercio exterior, la agilización de los procesos para el ingreso y salida de mercancías; del régimen tributario aduanero de envíos postales; la optimización en la gestión de riesgos; la disposición de mercancías; y las infracciones y sanciones.

10. Simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a favor de los contribuyentes.

11. Fortalecer el Tribunal Fiscal con la finalidad de optimizar el ejercicio de sus funciones; así como autorizar la designación de cargos directivos del Tribunal Fiscal, previo concurso pùblico, exceptuándose para tal efecto de las restricciones presupuestales aplicables.

13. Modificar las leyes que regulan los procesos judiciales vinculados a materia tributaria y aduanera, y regular las medidas cautelares dictadas por los órganos jurisdiccionales que estén vinculadas a las materias antes señaladas, sin que ello incluya materia relativa a ley orgánica.

Artículo 3.  Informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Artículo 4. Vigencia de la Ley

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Alan Emilio Matos Barzola

Cronograma Declaración Anual Informativa de Precios de Transferencia inicia 11 de junio 2012

Tulio Rosemburj (Precios de Transferencia. Los Acuerdos de Costes. Instituto de Estudios Fiscales. Universidad de Barcelona 2008) sostiene que el Precio de Transferencia no es una patología, sino un medio normal de distribución de costes en el conjunto vinculado, por lo que, en su tráfico ordinario resulta susceptible de valoración y contraste con la réplica del mercado.

En este espacio virtual tributario consideramos que es necesario que los profesionales tienen el deber de conocer estas disposiciones que facilitarán una mejor estructura de las operaciones intergrupo o sector en la cual una entidad tenga influencia dominante o tenga vínculos contractuales y similares.

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 200-2010-SUNAT se estableció el cronograma para la presentación del PDT 3560 correspondiente al ejercicio 2012 y siguientes (así como el que se presentó en el 2011), tomará como referencia los vencimientos del mes de mayo:

Periodo Tributario

0

1

2

3

4

5

Mayo 2012

13 jun

14 jun

15 jun

18 jun

19 jun

20 jun

   
Periodo Tributario

6

7

8

9

 
Mayo 2012

21 jun

22 jun

11 jun

12 jun

 
   
 

Buenos contribuyentes y UESP

 
Periodo Tributario

0,1,2,3 y 4

5,6,7,8 y 9

 
Mayo 2012

26 jun

25 jun

 
                   

A nivel internacional, las entidades de diversa naturaleza desarrollan complejas operaciones que ameritan en muchos casos la observancia de las regulaciones sobre precios de transferencia, cuya esencia radica en determinar si las transacciones que estas entidades desarrollan son iguales o al menos similares  respecto a aquellas que se producirían entre empresas o partes no relacionadas. No se trata de un capricho de los legisladores o una excusa de los gobiernos para organizar reuniones internacionales, sino de medidas cuyo propósito principal es reducir la evasión fiscal y controlar las diversas formas de elusión fiscal y de otra índole. 

Un aspecto implícito en el análisis de esta normatividad es la observancia de operaciones con países de baja o nula imposición tributaria. Cuando se comenta sobre este tipo de países conocidos en el argot fiscal internacional como “tax havens” o “paraísos fiscales” es necesario precisar que son aquellos territorios o países (en su mayoría dependientes de otros países que cuentan con sistemas de tributación común)  que han introducido en sus legislaciones facilidades fiscales a personas naturales y jurídicas, con el propósito de  atraer divisas extranjeras y favorecer la estructura financiera de otros organismos relacionados.

Alan Emilio Matos Barzola

Uno de los principales cuestionamientos en materia tributaria respecto a los denominados “paraísos fiscales” es la triangulación de operaciones. Veamos el siguiente ejemplo:

– PE (Entidad residente en país PE) – Impuesto sobre las Ganancias 30%. Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 19%

– CH (Entidad residente en país CH) – Impuesto  sobre las Ganancias 35%. Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 19%.

– YY (Entidad residente en país YY) – Impuesto  sobre las Ganancias 1% sin IVA. Los directivos principales son residentes en la entidad YY (0.1% de las acciones) y el 99.9% pertenece a los accionistas de la entidad “CH”. La entidad YY fue constituida mediante un préstamo efectuado por la entidad “CH” por US.$.1´500,000.00 pactándose que en la primera operación de venta que realice “YY” a la entidad “CH” se amortice US.$.290,000.00. Se sabe además que en el país “YY” se cobra un derecho de US.$.120,000.00 por la constitución y registro de sociedades.

– Se sabe que PE y CH desean ingresar al mercado del país EC.

“CH” realiza una adquisición de bienes a la entidad “PE” (100,000 unidades a un precio unitario de US.$.10 más IVA) desembolsando US.$.1´000,000.00 más el IVA. Asumiendo que el costo de la entidad “PE” fuese US.$.400,000.00 la renta generada ascendería a US.$.600,000.00 y el fisco de la entidad “PE” recaudaría el 30% (US.$.180,000.00), además del IVA (débito menos crédito fiscal).

No obstante, la figura cambia si la entidad “YY” le compra el producto a la entidad “PE”, y a su vez dicha entidad “YY” se lo transfiere a la entidad “CH”:

 “YY” desembolsaría el US.$.1´000,000.00 más el IVA a favor de la entidad “PE”. Posteriormente “YY” vendería estos bienes a la entidad “CH” a un importe más bajo (US.$.900,000.00 sin IVA) por lo cual estos bienes ingresan al mercado de “CH” a un precio más bajo, no obstante al ingresar estos bienes a “CH” paguen el IVA por la importación de bienes (19%) en dicho país.

El precio unitario de los bienes en “PE” asciende a US.$.10 más IGV, sin embargo la exportación de bienes es una operación inafecta (tasa 0% según algunos teóricos) por lo cual la exportación de los bienes será a un valor de US.$.10. No obstante en “CH” el costo de adquisición de las 100,000 unidades asciende a US.$.9 más el margen de ganancia de US.$.0.5 el precio unitario ascendería a US.$.9.5.

Como se puede apreciar, los países PE y CH al ingresar al mercado del país EC tendrán diferentes precios lo cual podría influenciar en la decisión de los inversionistas del país EC en adquirir sus precios, no obstante el productor de tales bienes sea el país PE.

¿Qué sucedió en el país YY? Como se sabe “YY” cuenta con un disponible de aproximadamente US.$1´500,000.00 con lo cual canceló la obligación con la entidad “PE” más el IVA (venta dentro del país PE) por US.$.1´,190,000.00 con lo cual le queda un disponible de US.$.310,000.00, y tranquilamente se pudo amortizar la cuota de US.$.120,000.00 que dicho país impone a las entidades que se constituyan en dicho territorio.

Tal como se indicó la entidad “YY” vendería los bienes adquiridos a la entidad “PE” por solamente US.$.900,000.00 (Importe sin IVA ya que en dicho país no se aplica este impuesto) detallando en la factura “venta de bienes por US.$.1´190,000.00 menos US.$.290,000 por concepto de amortización de préstamo efectuado por la entidad “CH” para la constitución, lo cual da un valor neto de US.$.900,000.00.

Como se puede apreciar el país YY captaría flujos de ingresos por el solo servicio de constitución de entidades en dicho territorio de baja imposición fiscal y a su vez facilitaría que la entidad residente en el país “CH” se abastezca de los bienes producidos por el país PE a un precio menor de los que hubiese desembolsado dicha entidad de haberlos adquirido directamente. Además el país CH genera una ganancia de US.$.0.5 en su país de residencia y ofrece dichos bienes en el país EC a un precio mucho menor que el ofrecido por el productor de los bienes país PE. 

Dentro de los denominados “paraísos fiscales” encontramos un tipo de entidades conocidas como sociedades offshore. Los usuarios de los servicios de dichas entidades a menudo manifiestan que obtienen las siguientes ventajas:

-. Permanecer en el anonimato ante procesos judiciales, tributarios (fiscales), o de otra índole (demandas por disolución de vínculo matrimonial), entre otros.

-. Reducir o eliminar el pago de tributos sobre las actividades offshore (renta de fuente extranjera no detectada).

-. Eliminar el pago de impuestos aplicables a la transferencia de bienes que se encuentren registrados o forme parte del patrimonio de la sociedad off shore.

Surge la interrogante ¿cualquier tipo de entidad puede integrar estos beneficios con una off shore? La respuesta es no, sino principalmente las entidades que desarrollen servicios, no siendo viable en entidades comerciales.

Principalmente este tipo de servicios que permiten deslocalizarse (aparentar encontrarse en un lugar cuando en realidad se encuentran en otro) corresponden, entre otros a servicios de atención al cliente, desarrollo y mantenimientos de servicios informáticos, investigación y desarrollo de proyectos, ventas de dominós WEB, desarrollo y mantenimientos de Web sites, traducciones, agencias de viajes en línea, digitalización de documentos, catálogos o publicaciones

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en temas de Valor de Mercado y Precios de Transferencia

Informe 040-2012-SUNAT Declaración del Establecimiento Anexo en la Consignación y como Operador Logistico

1. No corresponde que el consignador o consignante declare en el RUC como establecimiento anexo el local donde el consignatario desarrolla sus actividades empresariales.

2. El contribuyente y/o responsable se encuentra en la obligación de declarar como establecimiento anexo en el RUC un local de un operador logístico en el que se encuentre su mercadería, en la medida en que desarrollen efectivamente sus actividades empresariales en dicho local.

3. De manera general, a efecto de establecer si un contribuyente y/o responsable desarrolla sus actividades empresariales en un determinado local, debe analizarse cada caso concreto..

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i040-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Informe 039-2012-SUNAT venta de hormigón se encuentra afecto al sistema de detracciones del IGV

La venta de la mezcla preparada de piedra y arena (que también puede contener un conglomerante como el cemento), denominada hormigón, empleada como material de construcción en obras de ingeniería civil, no se encuentra sujeta al SPOT.

De ota parte, venta de la mezcla natural de piedra y arena que se extrae directamente de los ríos, denominada hormigón de río, empleada como material de construcción en obras de ingeniería civil, se encuentra sujeta al SPOT y, en consecuencia, corresponde efectuar el depósito de la detracción respectiva.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i039-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29862 Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú

LEY Nº 29862 LEY PARA LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Y DE APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FUTBOLÍSTICA EN EL PERÚ

Artículo 1. Objeto

La presente norma tiene por objeto dictar medidas urgentes, excepcionales y transitorias a fin de establecer reglas expeditivas, destinadas a asegurar la reestructuración y apoyo a la actividad deportiva futbolística que permita la adopción oportuna de las medidas para su saneamiento y organización.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ley se aplica a todas las personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, que realicen actividades deportivas futbolísticas.

Durante la vigencia de la presente Ley, las personas jurídicas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, solo podrán acogerse al procedimiento concursal establecido en la presente norma.

Artículo 3. Medidas urgentes, temporales y excepcionales del procedimiento concursal

Constituyen medidas urgentes, temporales y excepcionales del procedimiento concursal para la reestructuración económico-financiera y apoyo a la actividad deportiva futbolística nacional, las siguientes:

3.1 Ingresada la solicitud de inicio del procedimiento concursal que cumpla los requisitos de los artículos 24 y 25 de la Ley 27809, por parte del deudor, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, declarará mediante resolución el inicio del procedimiento, su difusión y en el mismo acto, dispondrá la designación de un Administrador Temporal entre las personas registradas de conformidad con el artículo 120 de la citada Ley, el que podrá ser ratificado o sustituido por la Junta de Acreedores.

3.2 En caso sea un acreedor quien solicite el inicio del procedimiento concursal, la autoridad competente una vez verificada la existencia de los créditos invocados y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley 27809, requerirá al deudor para que dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, se apersone al procedimiento optando por alguna de las alternativas previstas en el numeral 28.1 del artículo 28 del referido dispositivo legal, siendo de aplicación lo establecido en los numerales 28.2,

28.3, 28.5 y 28.6 de dicho artículo. Consentida o firme la resolución que dispone el inicio del procedimiento concursal, el Indecopi dispondrá su difusión y en el mismo acto la designación de un Administrador Temporal entre las personas registradas de conformidad con el artículo 120 de la citada Ley, el que podrá ser ratificado o sustituido por la Junta de Acreedores.

3.3 En caso de renuncia del Administrador Temporal o impedimento de este para ejercer el cargo, Indecopi procederá a designar su reemplazo. El Indecopi establecerá los criterios, para la designación del Administrador Temporal tal y como se regula en la presente norma.

3.4 La publicación referida en los numerales anteriores, seguirá lo dispuesto en el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley 27809. En la publicación se indicará el nombre del Administrador Temporal y se requerirá a los acreedores que soliciten el reconocimiento de sus créditos dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de realizada dicha publicación, más el término de la distancia.

3.5 En estos casos el procedimiento concursal no contempla la posibilidad de que los acreedores opten por la liquidación de la persona jurídica.

3.6 Para los procedimientos iniciados por mandato de la presente Ley, no son aplicables lo dispuesto en los numerales 26.2 y 26.3 del artículo 26 de la Ley 27809.

3.7 El Indecopi, con cargo al deudor, determinará el honorario del Administrador Temporal, hasta que la Junta de Acreedores adopte la decisión contemplada en el numeral 3.13 de la presente Ley referida a la designación de la administración.

3.8 Difundida la situación de concurso, el Administrador Temporal sustituirá de pleno derecho en sus facultades legales y estatutarias a los directores, gerentes, representantes legales y apoderados del deudor. Dicho administrador tendrá las funciones establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 671 del Código Procesal Civil.

3.9 Los administradores, gerentes y/o representantes legales del deudor están obligados a entregar al Administrador Temporal los libros, documentos y bienes del deudor, bajo la responsabilidad civil y penal que pudiera caber. Si el Administrador Temporal se ve impedido de ingresar a las instalaciones del deudor, podrá solicitar al Juez de Paz Letrado que ordene el descerraje y solicite el apoyo de la fuerza pública, conforme a las reglas establecidas en la Ley 27809 y demás normas aplicables.

3.10 La difusión del procedimiento concursal iniciado al amparo de la presente Ley, genera la suspensión de la exigibilidad de obligaciones y el marco de protección patrimonial previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 27809, salvo en lo previsto en el numeral 18.3 del artículo 18 de la citada norma en lo referido al levantamiento de las medidas cautelares y devolución de bienes, cuyo efecto operará al momento que el Administrador Temporal designado conforme a los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de la presente norma, declare a la autoridad competente que ha tomado posesión del patrimonio del deudor sometido al procedimiento.

3.11 Tienen derecho a participar con voz y voto en la Junta de Acreedores las personas que hubieran solicitado el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo previsto en el numeral 3.4 del artículo 3 de la presente norma y obtengan dicho reconocimiento por parte de la autoridad competente. No procede el reconocimiento de créditos solicitados fuera de dicho plazo.

3.12 Culminada la etapa de verificación de créditos en primera instancia y constatada la existencia de más de un acreedor reconocido, la autoridad competente dispondrá la convocatoria a Junta de Acreedores poniendo a disposición del solicitante o solicitantes del inicio del procedimiento concursal un aviso que se publicará por una sola vez en el diario oficial El Peruano. Entre la publicación del aviso y la fecha de la primera convocatoria a Junta, deberán mediar no menos de tres (3) días hábiles y entre esta y la segunda convocatoria, deberán mediar dos (2) días hábiles.

3.13 La Junta de Acreedores tendrá por objeto exclusivo adoptar las decisiones referidas a la elección de sus autoridades; la ratificación del Administrador Temporal o la designación de otro administrador; y la aprobación del Plan de Reestructuración.

3.14 La Junta acordará el régimen de administración en el que no deberá participar el deudor, sus acreedores u otra persona vinculada, directa o indirectamente, a ellos, en los términos establecidos por el artículo 12 de la Ley 27809.

3.15 Una vez instalada, la Junta podrá prorrogar el plazo para la designación del administrador del deudor hasta por treinta (30) días hábiles y para la aprobación del Plan de Reestructuración hasta por sesenta (60) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo antes señalado.

3.16 La aprobación o desaprobación del Plan de Reestructuración en estos procedimientos determina la conclusión del procedimiento concursal. El mismo efecto se producirá en caso la Junta de Acreedores no se instale en las fechas previstas en la convocatoria o instalada no se pronuncie sobre la elección de sus autoridades, la designación de la administración del deudor o la aprobación del Plan de Reestructuración en el plazo establecido en la presente norma.

3.17 El Plan de Reestructuración deberá incorporar el procedimiento que se seguirá para reemplazar al administrador designado por la Junta de Acreedores en caso de su renuncia, así como los supuestos de conclusión de sus funciones. Para efectos de la designación del reemplazo del Administrador renunciante, se seguirán las reglas establecidas en el numeral 3.14 del artículo 3 de la presente norma.

3.18 La Junta de Acreedores deberá establecer en el Plan de Reestructuración el fuero jurisdiccional, sea el judicial o arbitral, para la solución de cualquier controversia que pudiera surgir sobre su ejecución o interpretación. En defecto de indicación, se entenderá que es el fuero judicial.

Artículo 4. De la aplicación inmediata de la norma

Lo dispuesto en la presente Ley es de aplicación inmediata, incluso respecto de las etapas subsiguientes de los procedimientos concursales cuyo inicio se haya solicitado con anterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo 5. Vigencia de la norma

5.1 La presente Ley estará vigente durante sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

5.2 Los procedimientos cuyas solicitudes de inicio se presentaron dentro del plazo señalado en el numeral anterior se regirán por el procedimiento establecido por la presente Ley hasta su culminación.

Artículo 6. Autoridad administrativa

6.1 Los procedimientos a los que se refiere la presente Ley serán tramitados en primera instancia, por la Comisión de Procedimientos Concursales de la sede central del Indecopi, no siendo de aplicación lo dispuesto por el numeral 6.5 del artículo 6 de la Ley 27809 ni el numeral 5.4.1 de la Directiva 005-2010/DIR-COD-INDECOPI.

6.2 En segunda instancia los procedimientos se tramitarán ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi que conozca de los procedimientos en materia concursal.

Artículo 7. Aplicación preferente y supletoriedad

7.1 La presente Ley será de aplicación preferente respecto de cualquier otra norma en materia concursal, dejándose en suspenso y será inaplicable toda norma o disposición legal o administrativa que se oponga, contradiga o limite lo dispuesto en la presente Ley.

7.2 En todo lo no previsto por la presente Ley será de aplicación supletoria la Ley 27809.

Artículo 8. Normas complementarias

Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, podrán aprobarse medidas complementarias para una adecuada aplicación de lo dispuesto por la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA. Cualquier referencia a la Ley 27809, se entiende efectuada a la Ley General del Sistema Concursal y sus modificatorias.

SEGUNDA. Se reconocen todos los actos realizados al amparo del Decreto de Urgencia 010-2012.

TERCERA. Derógase el Decreto de Urgencia 010- 2012.

Alan Emilio Matos Barzola

Informe 038-2012-SUNAT sobre compañías de seguros

Mediante Informe 038-2012-SUNAT , la Administración Tributaria concluye que las compañías de seguros no deben emitir comprobante de pago por el deducible que es asumido por el asegurado al ocurrir un siniestro por robo de dinero en efectivo.

Esta conclusión se basa en que el deducible por robo de dinero en efectivo no constituye una retribución por la prestación de un servicio, sino que constituye el importe de dinero que debe asumir al asegurado en caso de ocurrir un siniestro; no corresponde que las compañías de seguros emitan un comprobante de pago por dicho concepto.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i038-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Informe 030-2012-SUNAT alcances del numeral 5 del artículo 33° de la Ley del IGV respecto a exportación de servicios

1. Para que la operación a que se refiere el numeral 5 del artículo 33° vigente califique como exportación, debe observarse que el destino de los bienes detallados en la norma sea su uso o consumo en el exterior.

Adicionalmente, para que la operación señalada en el párrafo anterior califique como exportación, los bienes deben ser embarcados por el vendedor durante la permanencia de las naves o aeronaves en la zona primaria aduanera y debe seguirse el procedimiento que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT.

2. Modifíquese el criterio vertido en el Informe N.° 062-2011-SUNAT/2B0000, en los términos expresados en la conclusión anterior.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2012/informe-oficios/i030-2012.pdf

Alan Emilio Matos Barzola