Resulta IMPROCEDENTE cuestionar en la vía constitucional la “supuesta deficiencia en la notificación de órdenes de pago”, siendo lo apropiado interponer el reclamo en la vía ordinaria

Alan Emilio en Lima, Perú

El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia de fecha 08 de noviembre del 2016 emitida en el Expediente N° 05075-2014-PA/TC,  resuelve la demanda interpuesta por la (entidad) EEGW EIRL a través de su titular don AWNC.

La entidad (EIRL) solicitó que se declaren nulos y sin efecto legal los siguientes actos administrativos:

− Las órdenes de pago 023-001-3772260, 023-001-4556497 y 023-001-4556498, 023- 001-4556499, 023-001-4556500, 023-001-4556501 y 023-001-4556502 emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat);

− La Resolución de Ejecución Coactiva 023-006-1991407, de fecha 12 de agosto de 2013, que requiere el pago de la deuda derivada de dichas órdenes de pago;

− La Resolución del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013, de fecha 10 de octubre de 2013, que declara infundada su queja; y,

− La Resolución del Tribunal Fiscal 02008-Q-2013, de fecha 8 de noviembre de 2013 (fojas 40) que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013.

Manifiestó la entidad demandante que las órdenes de pago en cuestión le fueron notificadas en contravención del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario por lo que no pudo impugnarlas. Señala que, como consecuencia de ello, se inició un procedimiento coactivo sin dársele oportunidad de cuestionar su deuda en sede administrativa por lo que se vulnera su derecho al debido proceso.

El Tribunal Constitucional indica que con relación a las resoluciones del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013 y 02008-Q-2013, se advierte que el proceso especial previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso mediante Decreto Supremo 013-2008-JUS, cuenta con una estructura idónea para dar tutela a la pretensión del recurrente; esto es, evaluar si las resoluciones administrativas impugnadas han sido emitidas en un procedimiento regular.

El Tribunal Constitucional también da cuenta que desde una perspectiva subjetiva, no se advierte riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite por la vía ordinaria máxime cuando, en el proceso contencioso-administrativo, son especialmente procedentes las medidas cautelares de innovar y no innovar (cfr. artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley 27584). Por tanto, tampoco corresponde pronunciarse sobre ese extremo de la controversia.

Finalmente el Tribunal Constitucional falla declarando IMPROCEDENTE el recurso pero habilita el plazo para que, si lo estima pertinente, el demandante pueda reclamar en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados en la vía ordinaria conforme a los fundamentos 18 a 20 de la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Expongo el 21 de enero del 2017

Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

Tribunal Constitucional precisó que el nombramiento de las Fiscales Supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval tiene plena validez

Alan Emilio en Pisac, Cusco 2014

El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución suscrita por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, precisó que el nombramiento de las fiscales supremas titulares del Ministerio Público, Zoraida Ávalos  Rivera y Nora Miraval Gambini, es plenamente legítimo; y por consiguiente, el título que las acredita como tal,  así como el acto de su juramentación mantienen plena validez, no afectándoles la declaración de nulidad efectuada por este Tribunal.

Fue al declarar fundado en parte el pedido de nulidad, entendido como de aclaración, planteado por el CNM (Expediente Nº 00791-2014-PA/TC) contra la presente sentencia, en el extremo en que se declaró nulos los nombramientos de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval.

Asimismo, dejó sin efecto el nombramiento como fiscal supremo de Mateo Castañeda Segovia. Sin embargo, declaró fundado el recurso de apelación por salto planteado por Castañeda Segovia, y por lo tanto ordenó, en caso exista plaza vacante, que el CNM lo nombre como Fiscal Supremo del Ministerio Público, respetando estrictamente el orden de méritos alcanzado en el concurso.

El TC señaló que en caso de no existir plazas vacantes, deberá dejarse en reserva una plaza a fin de que sea ocupada por el demandante, una vez que se produzca la correspondiente vacancia en la Fiscalía Suprema.

Además, el TC ordenó que el CNM, como medida reparadora, no realice ningún concurso público para Fiscales Supremos, mientras no se nombre al demandante como Fiscal Supremo.

Cabe recalcar que similar pronunciamiento se emitió en el caso seguido por César Hinostroza Pariachi. (Exp. 00776-2014-PA/TC), mediante resolución que fue suscrita por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda.

Fuente: Web del Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional ordena que Plaza Vea permita a las personas con discapacidad visual ingresar en sus instalaciones acompañados de sus perros guía

Alan Emilio en Tocache

El Tribunal Constitucional mediante sentencia de fecha 16 de abril del 2014 emitida para resolver el Expediente N° 02437-2013-PA/TC declara fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Cósar Camacho, Marcos Antonio Segura Lozano y Juan Pérez Salas contra Supermercados Peruanos SA – Plaza Vea. Ésta sentencia ordena que Plaza Vea permita que los demandantes con discapacidad visual ingresen en sus instalaciones acompañados de sus perros guía, garantizando su permanencia en tales locales de manera ilimitada, constante y sin trabas.

Conviene resaltar el fundamento 11 de esta sentencia en cuanto indica que en relación con las personas con discapacidad el derecho a gozar de un ambiente adecuado al desarrollo de su vida, reconocido en el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución, garantiza que los espacios públicos o privados, de uso o abiertos al público (tales como cualquier centro de servicios al contribuyente de SUNAT o los ambientes de Miraflowers y San Isidro del Tribunal Fiscal), tengan la infraestructura adecuada que les permita el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de cualquier otra clase.

Respecto al evidente cuestionamiento de muchas personas en torno al ingreso de los canes, el fundamento 37 de la sentencia indica que “no cualquier perro cumple la condición de perro guía. Para serlo es preciso que el animal posea un conjunto de cualidades especiales, por ejemplo ha de ser equilibrado, tranquilo, obediente y sociable; asimismo debe ser de tamaño mediano” (Obvio que no hay forma que sea un pitbull, fila brasilero, o dogo argentino). Resalta el Tribunal en el fundamento 38 de la sentencia que al perro guía se lo entrena para obedecer, asumir responsabilidades y adquirir habilidades que le permitan resolver situaciones tensas. Resalta el Tribunal que los perros guía son animales sometidos a rigurosas pruebas psicológicas, médicas, sociológicas y de movilidad del usuario, estando la acreditación a cargo de la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía, y cuentan con las certificación otorgada por el Leader Dog for the blind Inc., en cuanto a las exigencias higiénico- sanitarias.

Ojo, si ustedes quieren mucho a sus macotas y quieren llevarlas a pasear a Plaza Vea u otro establecimiento, se equivocan, la sentencia no puede ser malinterpretada para satisfacer el capricho de algún taradito o taradita, sino que en la presente controversia “se evalúa el test de proporcionalidad”  siendo relevante considerar el fundamento 59 de la sentencia en cuanto indica que “los perros guía no son macotas. Son animales sometidos a duras y prolongadas pruebas, entre las cuales se encuentran las relacionadas al comportamiento que deben observar en los diferentes entornos sociales en los que tienen que interactuar con seres humanos, como cines, mercados, supermercados o vehículos de transporte“… ” Por ello, estos a animales se portan de manera respetuosa y no agresiva con los seres humanos o los animales con los que interactúan en diversos entornos, comportamiento que también observan con los diferentes bienes (de consumo o no) que puedan encontrar a su paso“.

A su turno resulta importante dar cuenta que en el fundamento 60 de la sentencia se detalla que “los perros guía no son adiestrados para guiar con su olfato o el sentido del gusto a las personas con discapacidad visual en la elección de un bien de consumo. Tampoco son para controlar la voluntad de sus dueños, por ejemplo, induciéndolos a elegir un producto que previamente hayan olfateado.”

Sin embargo, personalmente creo que el fundamento 61 de la sentencia derribaría cualquier cuestionamiento de algún “freak” que piense negativamente contra las personas con discapacidad visual:

“61. Tampoco se sostiene el argumento esgrimido de que con la prohibición de acceso a los perros guía al centro de abastos se evitará completamente el contacto indirecto con los bienes de consumo humano que allí se comercializan. Por otro lado, aún cuando sea inevitable que un pelo o bacteria puedan llegar a algún producto que allí se expende, en opinión del Tribunal, la prohibición analizada no garantiza, de manera radical, que un bien de consumo humano comercializado por el Supermercado esté a salvo de pelos o de bacterias de origen animal (canino o de cualquier clase). Para alcanzar un estado de cosas semejante, los supermercados tendrían que prohibir que sus usuarios y consumidores críen mascotas o exigir que quienes pretendan ingresar a sus instalaciones con ellas utilicen una vestimenta que no haya estado en contacto con estos animales. Ello pone en evidencia no que el medio no tenga una relación causal con el fin, sino que su utilización solo puede asegurar un nivel mínimo de eficacia y probabilidad en la consecución del fin.”

Resulta importante recomendar que “proactivamente” otros establecimientos tales como Tottus, Metro, Plaza El Sol, Real Plaza, entre otros, incorporen en sus manuales de control el contenido de esta sentencia para no caer en el absurdo de esperar que también se les demande vía amparo constitucional, y de darse el caso el Juez de Primera Instancia Constitucional debe observar este contenido y emitir sentencia a la mayor brevedad.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/02437-2013-AA.pdf

Tribunal Constitucional indica que al calor del debate judicial pueden esperarse afirmaciones altisonantes pero nada excusa a una de las partes a emplear insultos

El Tribunal Constitucional mediante sentencia emitida en el expediente 04147-2012-PA/TC aplica una multa de 10 URP a un abogado de Arequipa por su actuación descomedida y agraviante en el proceso constitucional. El referido abogado utilizó frases racistas que no tiene base científica ni constitucional alguna.

El Tribunal Constitucional resalta que la Carta Magna establece que nadie debe ser discriminado por lo que resulta deplorable el desapego del abogado demandante al respeto del principio de igualdad y de dignidad de las personas.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/04147-2012-AA.pdf

Write the future & present  

Escreve o futuro eo presente

Schreibt die Zukunft und Gegenwart

Écrire le futur et le présent

Tribunal Constitucional declara que la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa no afecta la libertad religiosa por la programación de examenes de admisión en fechas de descanso religioso

El Tribunal Constitucional acaba de publicar hoy en su portal web una sentencia histórica recaida en el Exp. 02430-2012-PA/TC , de fecha 22 de mayo del 2013, en materia de amparo contra la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, a efectos que dicha casa de estudios superiores designe un día distinto al sábado para el rendimiento de los examenes de admisión en los programas de su centro preuniversitario o del examen de admisión ordinario. Asimismo la demandante solicita que se le devuelva los S/.520 que pagó por los examenes que no pudo rendir por haber sido programados los días sábados.

El Tribunal Constitucional concluye que los conflictos suscitados por examenes programados en días que, según la religión de una persona, son de descanso semanal con abstención de cualquier actividad laboral o asimilada a ella, no serían en estricto casos de objeción de conciencia, pues carecerían del requisito del deber jurídico a objetar, ya que la persona no estaría obligada legalmente a rendir el examen en cuestión.

Puntualiza el Tribunal que un examen realizado a algún postulante en fecha distinta a la de los demás postulantes, acarrearía el riesgo de romper injustificadamente esa igualdad de la capacidad y méritos de todos los concursantes, sea que el contenido del examen fuera el mismo o diferente en ambas fechas. Por estas razones, la entidad educativa no está obligada en este caso a señalar una fecha alternativa de examen para el concursante que, por razones de conciencia, solicite rendir el examen en fecha distinta a la convocada.

Finaliza el Tribunal Constitucional invocando que conforme al artículo 7 del Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, las entidades educativas estatales deben procurar convocar a sus examenes de admisión en fachas que no entren en colisión con el día de descanso religioso de los concursantes.

Se resuelve:

1. Declarar infundada la demanda en lo que respecta a la amenaza de afectación de los derechos a la libertad rfeligiosa y a la educación, de acuerdo con el artículo 2 del Código Procesal Constitucional.

2.  Declarar improcedente la demanda en lo que respecta a la solicitud de devolución de los S/.520 pagados por la demandante a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, conforme al artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

3. Exhortar a la Universidad Nacional de San Agustín a fin de que, en lo sucesivo atienda las solicitudes de las personas que manifiesten que, por razón de sus creencias religiosas, el día fijado para rendir un examen entra en colisión con lo establecido por su confesión religiosa como descanso semanal con abstención de cualquier actividad laboral o asimilada a ella.

 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/02430-2012-AA.pdf

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Écrire le futur et le présent

Tribunal Constitucional declara improcedente e infundados recursos de reposición en relación con la ejecución de sentencia sobre la Reforma Agraria

Mediante Resolución del Tribunal Constitucional, de fecha 08 de agosto del 2013 y publicado hoy en el portal web de dicho ente, recaida en el expediente 00022-1196-PI/TC, el Tribunal resuelve el recurso de reposición presentado por la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, el recurso de reposición presentado por el apoderado del Congreso de la República, el pedido de aclaración presentado por Sociedad Agrícula Pucalá Limitada SA, el pedido de aclaración presentado por la Asociación de Agricultores Expropiados por Reforma Agraria -ADAEPRA, y el pedido de aclaración presentado por Viña Tacama SA, todos contra la resolución de ejecución de fecha 16 de julio de 2013.

El Tribunal declara IMPROCEDENTE el recurso de reposición presentado por la Procuradora del Ministerio de Economía y Finanzas.

También declara INFUNDADO el recurso de reposición presentado por el apoderado del Congreso de la República.

Del mismo modo declara IMPROCEDENTES los pedidos de aclaración presentados por Sociedad Agrícola Pucalá Limitada SA; Asociación de Agricultores Expropiados por Reforma Agraria ADAEPRA y Viña Tacama SA.

Finalmente el Tribunal aclara de oficio que:

a). Las reglas que fijan el factor de actualización en dólares americanos y la tasa de interés según la tasa de bonos del tesoro americano recogidas en la resolución ejecutoria de fecha 16 de julio de 2013 no rigen en los casos en que exista un pronunciamiento judicial explícito con callidad de cosa juzgada en el asunto de la metodología de actualización y los intereses.

b). En el caso de que en el seno de un proceso judicial exista la posibilidad de discutir, a través de los cauces procesales correspondientes, el asunto del índice de actualización, los jueces se encuentran vinculados a las reglas de la dolarización y el interés establecidas por este Tribunal en su resolución de fecha 16 de julio de 2013.

c). En el caso en que la sentencia con calidad de cosa juzgada no hubiere establecido explícitamente un índice o método para la valorización ni la tasa de interés aplicable, dejando dicha determinación al perito contable, y en caso el peritaje aún no se hubiese realizado, o habiéndose realizado no se hubiere aprobado o estuviere pendiente de resolución algún recurso impugnatorio contra la resolución judicial que aprueba dicho peritaje, la regla de la dolarización y de la tasa de interés de los bonos del tesoro americano debe también aplicarse.

d). El procedimiento establecido en el punto resulutivo 3 y en los fundamentos 26 a 29 de la resolución ejecutoria de fecha 16 de julio de 2013, es uno de tipo obligatorio. Es decir, en adelante la pretensión de cobro de dicha deuda solo púede efectuarse ante el referido procedimiento y no ante uno judicial, lo que no obsta a que los acreedores de la deuda recurran a un proceso judicial en caso de producirse una arbitrariedad en el curso de dicho procedimiento ante el Poder Ejecutivo.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00022-1996-AI%20Reposicion.pdf

No se trata de defender por defender, sino de defender porque se tiene la razón y porque la jurisprudencia y precedentes respaldan la posición

En una sentencia histórica el Tribunal Constitucional precisa un tema importante y que seguro a muchos les significará un tremendo remezón, mientras que a otros será de gran utilidad.

En la sentencia recaida en el Exp. Nº 05561-2007-PA/TC, de fecha 28 de mayo del 2010 y publicada el día de hoy en el portal web de dicha entidad, el Tribunal le impone (a un ente del sector público) que asuma un mayor control en la contratación de estudios de abogados de calidad, pues de lo que se trata no es de defender por defender, es decir, defender en contra de la jurisprudencia y precedentes del Tribunal, sino de defender porque se tiene la razón y porque la jurisprudencia y precedentes del Tribunal respaldan la posición.

Cabe destacar que los jueces del Poder Judicial, también se encuentran vinculados por la jurisprudencia que sienta el Tribunal Constitucional.

Vista a la letra: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05561-2007-AA%20Aclaracion.html

TRIBUTACION PERÚ www.tributacionperu.com

COBRANZA COACTIVA – Resolución del Tribunal Constitucional

EXP. Nº 02416-2007-PA/TC (29-11-07)

 

Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender

o concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite.

 

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario

alanemilio2003@hotmail.com      alanemilioperu@yahoo.com

 

En la presente sentencia, el Tribunal Constitucional considera que el Procedimiento de Cobranza Coactiva debe proteger la acreencia tributaria, pero sin lesionar los derechos de los acreedores laborales y las obligaciones impuestas al administrador judicial. Por lo tanto el Tribunal declara INFUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado contra la Sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (de fecha 18 de enero de 2007) ya que no existe violación al derecho constitucional a que “el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tenga prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador” toda vez que dicha Sala Civil ordenó que se inaplique la Resolución Coactiva N.º 0230070131312 y se disponga que el ejecutor coactivo expida nueva resolución en el procedimiento de cobranza coactiva a fin de proteger la acreencia tributaria.

 

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario

999302747 – 993214017

 

RECURSO DE AMPARO – Resolución del Tribunal Constitucional

EXP. Nº 01060-2007-PA/TC (17-12-07)

 

NO ES VIABLE INTERPONER DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIONES COACTIVAS DE SUNAT SI EXISTE UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-TRIBUTARIO EN TRÁMITE.

 

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario

alanemilio2003@hotmail.com      alanemilioperu@yahoo.com

 

El contribuyente argumenta que las medidas cautelares previas dictadas a través de las Resoluciones Coactivas carecen de motivación legal que fundamente la decisión de embargar sus fondos y demás propiedades, pues la deuda tributaria determinada como consecuencia de la fiscalización supera el 25% de su Patrimonio Neto y la cobranza podría devenir en infructuosa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional hace referencia a que no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas, y el contribuyente ha presentado recurso de reclamación contra las citadas Resoluciones, por lo que es evidente que existe un procedimiento contencioso tributario en trámite y que se requiere que el contribuyente culmine con esta vía previa a fin de que la demanda de amparo cumpla con los requisitos de procedencia y pueda ser atendida.

 

Así mismo, el Tribunal sostiene que la existencia de medidas cautelares previas no implica que se vaya a ejecutar el embargo, el que resulta inexigible mientras se transita por la vía administrativa.

 

Además, se debe tener en consideración que el contribuyente cuenta con la posibilidad de solicitar el levantamiento de la medida si otorga carta fianza bancaria o financiera o alguna otra garantía que, a criterio de la SUNAT, sea suficiente para garantizar el monto por el cual se trabó la medida, conforme lo establece el artículo 57 del TUO del Código Tributario.

 

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario

999302747 – 993214017

 

 

 

 

 

RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA TRIBUTARIA

RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA TRIBUTARIA

 

Publicado el martes 11-09-2007 en el Suplemento de Análisis Legal “JURIDICA” del Diario Oficial El Peruano, página 2

 

Autor: Dr. Alan Emilio Matos Barzola

La Constitución domina no sólo el campo relativamente estricto de la justicia constitucional, sino también la totalidad de la vida empresarial de la sociedad. En este contexto, es indispensable reconocer la primacía de los derechos y garantías constitucionales sobre las potestades administrativas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha puntualizado que “el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas partes, sea en u proceso o procedimiento, o en caso de un tercero con interés”[1].

El derecho de defensa implica asegurar a las partes la posibilidad de formular alegatos, probarlos y contradecir aquellos que se les opongan.

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Para el TC, el derecho al debido proceso[2] es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales[3]. En el caso de un proceso de cobranza de la deuda tributaria existirá vulneración al debido proceso, cuando al contribuyente se le priva de alguno de los siguientes derechos integrantes del contenido esencial del debido proceso: El derecho al juez natural, el derecho a la defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a los medios de prueba y el derecho a un proceso sin dilaciones.

En este orden de ideas, es pertinente destacar que los contribuyentes tienen derecho a:

1). Exponer sus argumentos, o a exponer los fundamentos de su pretensión y defensa; lo cual incluye interponer recursos y a ser patrocinado por abogado colegiado, que está consagrado en el segundo párrafo del artículo 131 del Código Tributario. En consecuencia, los contribuyentes deberían tener acceso al expediente que se les sigue en los procedimientos de verificación o fiscalización, ya que es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, ya que es la única forma de poder desvirtuar las actuaciones (abusivas en muchos casos) de los funcionarios de la administración tributaria.

2). Ofrecer y producir pruebas. Es decir derecho a presentar material probatorio, a exigir a la administración tributaria que actúe (valore) los medios probatorios ofrecidos por el contribuyente en un periodo hábil y prudencial, así como el derecho a contradecir y a contestar oportunamente.

Particularmente analizaremos “el derecho a ofrecer y producir pruebas” basado en el artículo 125 del Texto Único Ordenado del Código Tributario: “Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargo de resolver, los cuales serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria”.

Claramente, se aprecia que el presente artículo restringe la capacidad de poder ofrecer medios probatorios a únicamente “los documentos”, “la pericia” y “la inspección del órgano encargado de resolver”. Esto es, sin duda, una muestra de cómo algunas disposiciones tributarias, exceden los parámetros fijados por el derecho fundamental al debido proceso, sin perjuicio de que los plazos indicados en dicho artículo pudieran ser prudenciales.

3). Obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Esto quiere decir que las decisiones de la administración tributaria deben estar sustentadas en argumentos de hecho y de derecho. La administración debe pronunciarse sobre los argumentos planteados por el contribuyente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir sentencia en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, respectó al “debido proceso”, estableció en su fundamento 117 lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas de orden penal, civil, laboral, FISCAL o de cualquier otro carácter, se deben observar las debidas garantías que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso[4]. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional.

[1] Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente N° 8605-2005-AA/TC.
[2] Numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política vigente.
[3] Fundamento 35 de la sentencia emitida en los expedientes N° 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC.

[4] Cfr. Caso YATAMA, supra nota 86, párrs.148-164; y caso Baena Ricardo y otros, supra nota 94, párrs. 127-134. El resaltado es una adaptación para la presente obra.

alanemilio2003@hotmail.com       alanemilioperu@yahoo.com