Jurisprudencia Española 2016 sobre deducción de gastos: Tribunal Supremo relaciona directamente “la necesidad del gasto” con la acreditación de los destinatarios de los desembolsos o entregas.

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

¿Y ahora, acaso alguién va a pregonar que el Tribunal Supremo Español no sabe de Tributación?.

Antes de cualquier comentario, reiteramos que tanto Perú, Chile, México, Colombia, España…… (y muchos más) coinciden en que el correcto análisis tributario no va en torno a definiciones conceptuales ilusionistas dado que no existe la concepción de “causalidad amplia o restringida” sino que el elemento objetivo relaciona la propuesta unilateral de necesidad con su debida acreditación, a efectos de otorgar a las erogaciones, desembolsos, pagos, provisiones o gastos la validez tributaria que requiere en su integración a la base imponible del tributo sobre el cual el Estado fija los lineamientos funcionales escenciales (tales como el devengamiento o su aplicación directa vía Flat Tax), dado que si bien un ente empresarial (para efectos del Impuesto a la Renta en el Perú o para efectos del Impuesto sobre Sociedades aplicable en España, cuyo sistema es equivalente) manifiesta “unilateralmente” (declaración jurada) y propone la integración del gasto, éste SI o SI debe cumplir con los filtros y deberes que impone el Estado, desvirtuándose la prosa romántica o “elucubraciones artificales ajenas a su normal desenvolvimiento”.

La Sala de lo Contencioso (Sección Segunda) del Tribunal Supremo (España) ha emitido Sentencia, de fecha 04 de abril del 2016, en el procedimiento contencioso en mérito al Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 1092/2014 interpuesto por un contribuyente (ente empresarial sociedad anónima) contra la Sentencia dictada el 08 de noviembre del 2013 por la Sala de lo Contencioso Admnistrativa (Sección 2°) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el Recurso 353/2012, en torno al Impuesto sobre Sociedades (equivalente al Impuesto a la Renta Empresarial peruano). En este portal ya conocíamos el contenido de esta Sentencia desde el 2013 (¿Qué, tu docente de pre o post grado no lo conocía, ummmm eso ya es otra cosa?) a través de nuestros urracas y urracos europeos.

Recomiendo su lectura completa pero si no tienes mucho tiempo de leerlo te invitamos a revisar por lo menos estos párrafos:

En cuanto a la deducción de los gastos por atenciones a los clientes, la sentencia recurrida, interpretando y aplicando el artículo 14.e) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de diciembre), y los preceptos relativos a la distribución de la carga de la prueba en el ámbito tributario, constata que la Administración rechazó la deducibilidad de dichos gastos por no constar acreditado quiénes eran los destinatarios de los productos documentados en las facturas de cuya deducción se trata, no quedando, por ello, probada la relación del gasto con la actividad empresarial, carga de la prueba que, según la sentencia, la sociedad recurrente no ha satisfecho.

Por su parte, la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2010 (casación 3545/2004 ; ES:TS:2010:423), que se aporta como término de comparación se limita a afirmar (FJ 4º) que la sentencia allí impugnada, recurrida por la Administración del Estado, aplicó correctamente la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 14 de la Ley 43/1995 , que exige, a fin de que pueda ser deducido un gasto, su necesidad para la obtención de las rentas gravables. Por su parte, la dictada, también por esta Sala, el 3 de julio de 2012 (casación 340/2009; ES:TS:2012:5525), se refiere a unos gastos de entradas a fiestas taurinas, para invitar a periodistas y medios de comunicación, en que incurrió un profesional de la tauromaquia, concluyéndose que había quedado acreditada aquella necesidad (FJ 4º).

Sin embargo, como se ha apuntado, la sentencia impugnada resuelve que no se ha probado por la empresa recurrente que los gastos que pretende deducir fueran necesarios, y lo hace así porque no consta quiénes fueran los destinatarios de los reglados y presentes. Tampoco hay, por tanto, contradicción doctrinal, sino aplicación del mismo criterio a realidades diferentes: en unos casos se ha probado la relación entre los gastos y la obtención de ingresos gravables (las sentencias de contraste) y en el otro no (la sentencia impugnada).

En atención a las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo procede declarar que no ha lugar a este recurso de casación:

FALLAMOS

1º) Declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina 1092/2014, interpuesto por ESTRUCTURAS MARCOS, S.A., contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª), con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso 353/2012 .

2º) Imponer las costas a la recurrente, con el límite señalado en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

Oleee, Oleee, Oleeee !!!!!

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Informe 188-2016-SUNAT Sobre la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos

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Alan Emilio en Trujillo, La Libertad 2016

Informe 188-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA: Se consulta si, en la etapa de apelación, para efectos de la renovación de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria a que se refiere dicha carta fianza sea actualizada hasta por el período por el cual se realizaría su renovación.

BASE LEGAL: – Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario).

ANÁLISIS: De acuerdo con lo establecido en el artículo 141° del TUO del Código Tributario, no se admitirá como medio probatorio bajo responsabilidad, el que habiendo sido requerido por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación o fiscalización no hubiera sido presentado y/o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la fecha de pago, o presente carta fianza bancaria o financiera por dicho monto, actualizada hasta por nueve (9) meses o doce (12) meses tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, posteriores de la fecha de la interposición de la reclamación.

Agrega que, en caso de que la Administración Tributaria declare infundada o fundada en parte la reclamación y el deudor tributario apele dicha resolución, este deberá mantener la vigencia de la carta fianza durante la etapa de la apelación por el mismo monto, plazos y períodos señalados en el artículo 137° del mencionado código, siendo que, si el deudor tributario no renueva la carta fianza conforme a las condiciones indicadas por la Administración Tributaria procederá su ejecución (1).

1 También será ejecutada la carta fianza cuando el Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolución apelada. Si existiera algún saldo a favor del deudor tributario, como consecuencia de la ejecución de la carta fianza, será devuelto de oficio.

Al respecto, el primer párrafo del numeral 3) del artículo 137° del TUO del Código Tributario establece que cuando las resoluciones de determinación y de multa se reclamen vencido el plazo de veinte (20) días hábiles, el deudor tributario deberá acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por (9) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación, con una vigencia de nueve (9) meses, debiendo renovarse por períodos similares dentro del plazo que señale la Administración.

Por su parte, el segundo párrafo del citado numeral del referido artículo indica que en caso la Administración declare dicha reclamación infundada o fundada en parte y el deudor tributario apele, este deberá mantener la vigencia de la carta fianza durante la etapa de la apelación por el monto de la deuda actualizada, y por los plazos y períodos señalados precedentemente ( 2 ).

2 Los que variarán a doce (12) meses tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia.

Con relación a esto último, es del caso mencionar que antes de la modificación efectuada a dicho artículo por el Decreto Legislativo N.° 953 (3), este hacía referencia a que la vigencia de la carta fianza debía ser mantenida “por el mismo monto, plazos y periodos señalados precedentemente”, siendo que de acuerdo con la exposición de motivos del citado decreto legislativo, se modificó dicha redacción al considerar que era correcto referirse al monto actualizado de la deuda, el mismo que incluye los intereses correspondientes, en lugar de indicar que la carta fianza deberá renovarse por el mismo monto que la carta vencida o por vencer.

Como se puede apreciar de lo antes expuesto, si habiéndose presentado una carta fianza en la etapa de reclamación a efectos de que se admita en esta medios probatorios extemporáneos, la reclamación presentada es declarada infundada o fundada en parte y el deudor tributario apela dicha resolución, este deberá mantener la citada carta fianza durante la etapa de apelación, por el monto de la deuda actualizada, y por los plazos y períodos señalados en el primer párrafo del numeral 3) del artículo 137° del TUO del Código Tributario.

En ese sentido, siendo que el citado numeral hace referencia a que la carta fianza bancaria o financiera debe ser presentada por el monto de la deuda actualizada por nueve (9) o doce (12) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación, según corresponda, con una vigencia de nueve (9) o doce (12) meses, se colige de ello que trasponiendo lo dispuesto en dicha norma al supuesto materia de análisis, la vigencia de la carta fianza que hubiere sido presentada en la etapa de reclamación a fin de que se admitan medios probatorios extemporáneos, debe ser mantenida durante la etapa de apelación y de ser renovada en dicha etapa, tal renovación debe ser por nueve (9) o doce (12) meses y la deuda contenida en esta deberá actualizarse por el mismo periodo.

CONCLUSIÓN: Para efectos de la renovación, en la etapa de apelación, de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria a que se refiere dicha carta fianza sea actualizada hasta por el período por el cual se realizaría su renovación.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i188-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
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Corte Suprema Mexicana 2015: Resulta inadecuado que para considerar un gasto como estrictamente indispensable, bastaba con que estuviera vinculado al objeto social de la empresa (No hay causalidad automática)

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Alan Emilio en Piura. Noviembre 2016

Si esos gastos no resultaban estrictamente indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse no se obstaculizaría el normal desarrollo o funcionamiento de la empresa quejosa, por tanto no eran susceptibles de ser deducibles para efectos del Impuesto a la Renta

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones♪ ♫ ♩ ♬ ♭. No solo es Perú, o Chile, sino Colombia y México. Pero algunos siguen pensando que la tierra es cuadrada.

Un favor lean por lo menos los siguientes extractos antes de opinar, nosotros ya lo conocemos de memoria desde apenas salió en México en el 2015. Y aún hay más (me reservo la jurisprudencia estadounidense, inglesa, alemana y francesa).

Reitero “no es soberbia demostrarles a tus profesores de pre y post grado que la tierra no es cuadrada“.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2973/2015

QUEJOSA Y RECURRENTE: **********.

PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: aDRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

                México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil quince

En el caso del impuesto sobre la renta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el mismo se genera operación tras operación, en la medida en la que se genera el ingreso. Ratificando lo anterior, debe considerarse, adicionalmente, que la determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, mismo que sólo puede evidenciarse en términos reales si se considera, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso.

En este contexto, si bien el objeto del impuesto lo constituyen los ingresos percibidos, dicho gravamen se determina considerando como base la renta gravable que se aprecia en la utilidad fiscal, lo cual implica que el ingreso bruto debe ser atemperado con conceptos relacionados con el costo de la producción del ingreso, es decir, con las deducciones, de tal manera que la base del impuesto sea la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que modifiquen el patrimonio del contribuyente, mediante un impacto positivo en éste.

Por otro lado, la legislación aplicable considera como deducciones vinculadas a la utilidad aquéllas que se autorizan como costo de producir el ingreso, es decir, las deducciones cuya aplicación es demandada por la lógica del impuesto.

La propia lógica del gravamen determina que, tradicionalmente, las erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, no deben ser consideradas como deducibles. Una primera y básica distinción para determinar los conceptos que no deben ser considerados deducibles, es aquella que permite excluir de dicho carácter a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, con excepción de aquellos casos, donde el legislador así lo permite por consideración a la propia situación de los causantes -como acontece con las deducciones personales de las personas físicas-, o por las circunstancias relacionadas con ciertos fines específicos que podría perseguir la erogación -como acontece con la deducción de donativos autorizada por la legislación aplicable-.

Generalmente, un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso, o bien, si es común en la industria o si parece lógicamente diseñando para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos. Así, es posible apreciar diversas clases de erogaciones que tradicionalmente serán consideradas deducibles en los términos de la normatividad aplicable, como son las efectuadas para la producción o recolección del ingreso, o bien, las erogaciones efectuadas para la administración, conservación o mantenimiento de las propiedades adquiridas para la producción de ingreso.

En el contexto descrito, resulta por demás trascendente tomar en cuenta una distinción básica para la resolución de la problemática planteada, vinculada con el tipo de erogaciones que puede efectuar una empresa: por una parte, las necesarias o indispensables para la generación del ingreso, realizadas precisamente con dicha finalidad como propósito -mismas que, en principio, deben ser reconocidas por el legislador como deducibles-; y, por la otra, las que se efectúan sin dicha vinculación causal con los fines de la empresa -las cuales, en todo caso, pueden eventualmente dar lugar a una deducción, en caso de que la misma sea otorgada por el propio creador de la norma-.

Ciertamente, para la obtención del ingreso, el contribuyente requiere de la realización de determinados gastos que le son absolutamente necesarios para la consecución de su objeto social y del ingreso, como lo es la adquisición de materia prima, el pago de salarios a sus trabajadores, los gastos de administración del negocio, etcétera. Este tipo de gastos que deben realizarse sin que exista posibilidad de su omisión son los que se consideran necesarios. Respecto de tales gastos, el legislador debe valorar la erogación de los mismos y -en principio- reconocer su deducibilidad como concepto, ya que son gastos inevitables e indispensables sin los cuales la obtención de ingresos se pondría en riesgo.

Por otra parte -en clara referencia al mencionado segundo grupo de erogaciones-, existen otro tipo de gastos que el contribuyente puede realizar o no, es decir, son contingentes, ya que no son necesarios para la obtención de ingresos sino que su realización es alternativa y no está estrechamente vinculada a la obtención de recursos económicos. Este tipo de gastos, al no ser indispensables, el legislador puede o no considerar factible la deducción de los mismos, o de una parte de ellos, ya que su erogación no condiciona la obtención del ingreso en forma alguna.

Como ha sido apuntado en los párrafos precedentes, la indispensabilidad en las deducciones constituyen el principio rector de éstas -y, de hecho, es el criterio que permite distinguir entre las erogaciones que el legislador debe reconocer en la determinación de la capacidad contributiva que justifica la concurrencia del causante para el sostenimiento de los gastos públicos-, ante la evidente necesidad de realizar determinadas erogaciones como medio, tanto para la consecución de los fines de la empresa, como para la generación de los ingresos -que, a su vez, justifican la contribución al levantamiento de los gastos públicos-.

La concepción genérica de este requisito es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de “estrictamente indispensables”; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar el concepto de estrictamente indispensable, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.

De esta manera, por “gastos” se entiende las erogaciones o salidas de dinero o bienes del patrimonio de una empresa, sin recuperación. Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española, señala como significado de los conceptos “estrictamente”, “estricto”, “indispensable” y “necesario”, lo siguiente:

“Estrictamente: precisamente, en todo rigor de derecho”.

“Estricto: estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación”.

“Necesario: que precisa, forzosa e inevitablemente ha de ser o de suceder, dícese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo y que es menester indispensablemente o hacer falta para un fin”.

“Indispensable: adj. Que no se puede dispensar. Que es necesario o muy aconsejable que suceda”.

En relación con los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta para determinar cuándo puede considerarse un gasto como estrictamente indispensable para una empresa, a saber:

1) Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad de la empresa;

2) Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;

3) Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;

4) Que deben representar un beneficio o ventaja para la empresa en cuanto a sus metas operativas;

5) Que deben estar en proporción con las operaciones del contribuyente.

En tales condiciones, el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.

 En relación con este tipo de erogaciones, dada su estrecha vinculación con la realización del hecho imponible del gravamen en comento, el legislador no puede más que reconocerlos -al menos conceptualmente- si bien desde luego se encuentra en posibilidad de establecer modalidades o requisitos para autorizar la realización de la deducción.

Así, si bien se reconoce ampliamente que las deducciones en el impuesto sobre la renta deben interpretarse de manera restrictiva -en el sentido de que únicamente pueden realizarse las deducciones autorizadas por el legislador, y de conformidad con los requisitos o modalidades que éste determine-, lo anterior de ninguna manera implica que no pueda realizarse un juicio sobre la decisión del legislador, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe reconocerse, ya no por un principio de política fiscal, sino en atención a la garantía constitucional de proporcionalidad.

En este caso, como se anticipaba, el reconocimiento conceptual de la deducción desde luego puede ir acompañado del establecimiento de modalidades, requisitos, o bien, inclusive, de restricciones, supuestos éstos que pueden obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales. Sin embargo, las referidas medidas legislativas deben ser justificadas razonablemente, en atención a que su configuración normativa tiene una trascendencia en la determinación del gravamen que corresponde a la capacidad de los causantes para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

Por el contrario, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se aprecie la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos.

En resumen, de lo expuesto en último término puede desprenderse una distinción entre dos tipos de erogaciones, relevantes para el impuesto sobre la renta, mismas que se identifican a continuación:

 Las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda equiparase con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria, en su implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, se identifique con la renta neta de los causantes.

Ello no implica que no se puedan establecer requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, siempre y cuando éstas obedezcan a fines sociales, económicos o extrafiscales, debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados.

Por otra parte, se aprecia la existencia de erogaciones que no son necesarias e indispensables para generar el ingreso del causante -como pueden ser los donativos deducibles, las deducciones personales de las personas físicas, o bien, ciertos gastos de consumo, como acontece con los efectuados en restaurantes-. La deducibilidad de dichas erogaciones es otorgada -no reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales económicas o extrafiscales.

De lo anterior destaca que el carácter de indispensabilidad de un gasto a que se refiere el artículo 31, fracción I (primer párrafo), de la Ley del Impuesto sobre la Renta [1] (vigente desde el primero de enero de dos mil tres, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece) se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

Por tanto, los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios (ordinarios, obligatorios, determinantes) para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.

Así el reconocimiento conceptual de la deducción desde luego puede ir acompañado del establecimiento de modalidades, requisitos, o bien, inclusive, de restricciones, supuestos éstos que pueden obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales.

Por el contrario, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se aprecie la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos.

Por ello, es inadecuado lo señalado por la quejosa disconforme, en el sentido de que para considerar un gasto como estrictamente indispensable, bastaba con que estuviera vinculado al objeto social de la empresa.

No escapa a la consideración de esta Segunda Sala, que el Tribunal Colegiado de Circuito al analizar el aspecto de legalidad, al referirse a si los gastos (por concepto de viáticos y gastos de viaje, artículos promocionales para representantes, apoyos a médicos y gastos de fin de año) efectuados por la quejosa podían considerarse como estrictamente indispensables, dijo que si bien podían influir en la venta de los medicamentos que comercializa; también debía considerarse que no se demostraba que garantizaran la enajenación del producto farmacéutico.

Ello porque sostuvo que aquellas erogaciones podían realizarse de otro modo, como es la elaboración de folletos publicitarios, carteles, muestras médicas, que pueden ser colocados en los consultorios médicos y/o entregados a los médicos, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta. De manera que esos gastos no resultaban estrictamente indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse no se obstaculizaría el normal desarrollo o funcionamiento de la empresa quejosa, por tanto no eran susceptibles de ser deducibles en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esto es, como lo refirió el Tribunal Colegiado de Circuito, al analizar meramente aspectos de legalidad, para establecer si los gastos efectuados por la quejosa encuadraban en la hipótesis normativa correspondiente para considerarlos como deducciones, consideró que no estaba demostrado que tales gastos fueran necesarios para alcanzar los fines de su actividad, o que sin ellos se afectara el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de realizarse, pues se insiste, sostuvo que pudo obtener los mismos efectos a través de otros medios de promoción y publicidad de sus productos.

De ahí, que contrario a lo señalado por la quejosa, el Tribunal Colegiado de Circuito no desconoció lo relativo a las particularidades que la normatividad en materia de salud prevé para la publicidad de los productos farmacéuticos que comercializa; sin embargo, al involucrar en sí, cuestiones fácticas o particularizaciones de hecho en cuanto a si los gastos efectuados por la quejosa podían considerarse estrictamente indispensables, dichos aspectos no pueden ser materia de examen en este amparo directo en revisión, al referirse cuestiones de mera legalidad que no tienen que ver con la interpretación o alcance de la norma ni se pueden vincular con su constitucionalidad, pues únicamente consisten en establecer si los gastos específicos en que incurrió la quejosa, atendiendo a sus características encuadran en la hipótesis normativa de ser estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad.

[1] Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: (…).”

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: ¿Osea la Corte Suprema del Perú, de Chile, de México, de Colombia (Consejo de Estado) …. todos están equivocados?

¿Los máximos entes jurisdicionales de todos estos países no saben de Tributación?  

Ya imagino si la tesis de causalidad “instantánea y sin mayor discusión o revisión (automática)” hubiese ganado en Perú, ya imagino las frases “grandes maestros de la tributación”, “excelsos tributaristas de prestigio”, “honoris causa y laureles deportivos YA, YA”, “mi héroe”. Pero como perdió esa tesis ….. 

Corte Suprema Mexicana 2014 se pronuncia en torno a la relación DIRECTA para la deducción de los gastos para efectos del Impuesto a la Renta

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones♪ ♫ ♩ ♬ ♭. No solo es Perú, o Chile, sino Colombia y México. Pero algunos siguen pensando que la tierra es cuadrada.

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo directo en revisión 6161/2014.

PONENTE: Ministro ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

“el hecho de celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona moral y asumir la obligación de pagar los viáticos y gastos de viaje para los trabajadores de la empresa contratada, si bien para el derecho común encuentra asidero en el principio de libertad contractual, en el ámbito fiscal, específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta implica que no se cumplieron las condiciones y requisitos a que se encuentra sujeta la deducción de tales erogaciones, sin que tal situación justifique realizar el control de constitucionalidad sobre la norma que se reclama, ya que la violación aducida no es consecuencia de su aplicación ni de su interpretación, sino de la situación concreta y particular en que se ubicó la quejosa, aspecto que representa un impedimento técnico para contrastarla con el texto constitucional.”

Cabe resaltar que la Corte Suprema Mexicana resalta que la sala responsable estableció que las erogaciones cuya deducción admitió el legislador federal, únicamente corresponderá a aquellas que se realicen en relación con personas que directamente tengan una relación laboral con el contribuyente o le presten servicios personales independientes.

El motivo por el cual fue rechazada la deducción a la actora en el juicio de nulidad, fue porque no acreditó que las personas en favor de quienes se realizaron tales gastos por concepto de viáticos tuvieran con ella una relación de trabajo personal subordinado o que le estuvieran prestando servicios profesionales, y que si bien existe un contrato entre la actora y **********, no hay ninguno que la vincule con las personas que generaron los gastos referidos, así que debía rechazarse dicha deducción.

Por lo que estimó que las personas en cuyo beneficio realizó la actora, los gastos declarados como viáticos y gastos de viaje, no reúnen las características necesarias para considerar que le estaban prestando un servicio profesional, que es en el supuesto en el que según ella se ubican, pues el artículo 32, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se refiere únicamente a personas físicas cuando hace mención de que los beneficiarios de viáticos y gastos de viaje deben tener con la contribuyente una “… relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales”, además de que por su propia naturaleza sólo las personas en lo individual y no las personas morales son susceptibles de incurrir en gastos de hospedaje, alimentación y transporte, ambas figuras están reguladas por el Título IV de dicho ordenamiento, relativo precisamente a las personas físicas.

Se determina que, la actora no puede, con base en el contrato mencionado, justificar la deducibilidad de erogaciones que hizo al margen o en contra de lo expresamente pactado en él, pues ahí se estipuló que sería **********, quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle servicios a la actora (para que al final le fueran cargados al costo total del servicio), y no ésta de manera directa, como de hecho dice que lo hizo, lo cual haría presumir que más bien fueron causados por personas que ni siquiera con tal empresa tenía alguna relación jurídica, pues en el contexto contractual citado, la conducta adoptada por la actora resulta inexplicable.

Así, el tribunal colegiado señala que en virtud de que la regla general prevista en el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es que no son deducibles los gastos de viaje y viáticos, los términos específicos y excepcionales conforme a los cuales pueden llegar a deducirse deben ser interpretados en forma literal y estricta, de manera que únicamente lo serán aquéllos que se hubieran pagado a personas que tengan con el contribuyente una relación de trabajo personal subordinado (hipótesis que la propia actora descartó), o bien que le presten un servicio profesional independiente (como aquélla pretende), lo cual de ninguna manera se colma en este caso, pues el tipo de servicio que recibía o recibe la actora no es directo ni independiente, sino que se lleva a cabo por medio de personas empleadas de **********, que no tienen con la actora ninguna relación jurídica (laboral o de cualquier otra clase), sino meramente material, además de que en el contrato respectivo, expresamente se estableció que sería esa empresa quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle los servicios que requiere la actora para incluirlos en el costo total del servicio.

Por tanto, se sostiene que si los gastos facturados están a nombre de personas distinta a ella, sin que se advierta dato alguno que indique que tales personas le presten un trabajo personal subordinado, pues ella misma dijo que no contaba con empleados, o que le prestaran un servicio profesional independiente, ya que como dijo la demandada no hay ningún contrato o cualquier otro documento que las vincule con la actora de esa forma, y por el contrario existe un contrato de prestación de servicios celebrado con una persona moral, según el cual sería ella como prestadora de servicios de recursos humanos, y no la actora, quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle servicios a esta última, los cuales serían posteriormente cargados, sumados o trasladados al costo total del servicio pactado por ambas, y que no puede ser, entre personas morales, un servicio profesional, de ahí la imposibilidad de que la actora dedujera tales gastos.

Finalmente el tribunal colegiado, concluye que, aun cuando pueda considerarse, que la propia autoridad fiscal reconoció que los gastos citados estaban destinados al personal de********** para la prestación de servicios en beneficio de la actora, se debía reiterar que eso no es suficiente para considerar que los gastos son deducibles, pues ese esquema de operaciones no se traduce en considerar a los empleados de dicha empresa como personas que prestan a la actora un servicio profesional independiente, pues tal vínculo en todo caso, sólo podría existir con la prestadora del servicio, pero nunca con la actora, quien sólo es la beneficiaria o destinataria material de ciertos recursos humanos, pero con los cuales no tiene ningún vínculo de carácter jurídico, tal como incluso se llegó a consignar en la tercera de las cláusulas pactadas en el contrato; de ahí lo fundado de los argumentos hechos valer al respecto.

Que aún y cuando pudiera considerarse que la propia autoridad reconociera que los gastos citados estaban destinados al personal de **********, para la prestación de servicios en beneficio de la actora, ello no es suficiente para considerar que los gastos son deducibles, pues ese esquema de operación no se traduce en considerar a los empleados de dicha empresa como personas que prestan a la actora un servicio profesional independiente, porque tal vínculo sólo podría existir con la prestadora del servicio, pero nunca con la actora, la cual sólo es beneficiaria o destinataria material de ciertos recursos humanos.

Que por tanto, la actora no acreditó la deducibilidad de los gastos efectuados en cantidad de **********, por concepto de viáticos y gastos de viaje.

Descargad la sentencia en el siguiente enlace web:

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: ¿Osea la Corte Suprema del Perú, de Chile, de México, de Colombia (Consejo de Estado) …. todos están equivocados? ¿Los máximos entes jurisdicionales de todos estos países no saben de Tributación?  Ya imagino si la tesis de causalidad “instantánea y sin mayor discusión o revisión (automática) hubiese ganado, ya imagino las frases “grandes maestros de la tributación”, “excelsos tributaristas de prestigio”, “honoris causa y laureles deportivos YA, YA”, “mi héroe”. Pero como perdió esa tesis ….. 

Hace años AÑOSSSS en Colombia ya saben que la “causalidad no es automática”

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Alan Emilio en Arequipa 2016

Por eso y muchas cosas mááááááássssss, no creas en falsos dioses, falsas escuelas o falsas doctrinas que te ilusionan con fábulas:

4.9.6 Como se expuso con anterioridad, no basta con que el contribuyente en su denuncio rentístico incluya una erogación para que ésta sea deducible, es imprescindible que el gasto[45] se haya realizado dentro de la vigencia fiscal, y que adicionalmente se cumplan los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad previstos en la norma tributaria (art. 107 E.T.).

4.9.7 Respecto de la necesidad y de la proporcionalidad, en el artículo 107 del Estatuto Tributario el legislador previó que el contribuyente debe determinar estos requisitos con criterio comercial, es decir, desde el entorno en el que desarrolla su actividad económica, lo que ciertamente implica que la decisión que adopte respecto de la deducción por expensas necesarias indiscutiblemente deba estar soportada en una costumbre generalizada y de ocurrencia común en la actividad de otras empresas del mismo sector.

4.9.8 De manera que, cuando el contribuyente solicita el reconocimiento de una deducción, debe aportar el material probatorio suficiente y válido que justifique el derecho que pretende se le reconozca, máxime si alega esta circunstancia.

4.9.9 Debe aclarar la Sala que no solamente se debe tener como sujeto a deducción lo que surja del criterio comercial, porque puede ocurrir que eventualmente existan casos en los que no sea posible hacer esta comparación; por lo tanto, es preciso que en todas las ocasiones en las que se pretenda el derecho a la deducción prevista en el artículo 107 del Estatuto Tributario, el contribuyente demuestre el cumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad.

4.9.10 En relación con este tema, la Sala puntualizó que:

“(…) tanto la necesidad como la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y, para el efecto, el artículo 107 del E.T. dispone dos parámetros de análisis. El primero, que la expensa se mida teniendo en cuenta que sea una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad. La segunda, que la ley no limite la expensa como deducible.

Respecto de la primera, habida cuenta de que el parámetro de comparación depende de la actividad que desarrolle la empresa y de las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad, este es un asunto de hecho que amerita ser probado y, por lo tanto, la dificultad en este punto concierne a la prueba que deberá acreditar el contribuyente para demostrar el derecho a la deducción. La prueba se debe encauzar a que es una “costumbre normal” hacer la erogación, pero, además, forzosa, pues la costumbre no anula la calidad de necesaria de la expensa. Las expensas que se hacen por obligación de la ley no pueden confundirse con la costumbre, como “Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto”[46]. En consecuencia, lo forzoso puede devenir del cumplimiento de obligaciones legales, del cumplimiento de obligaciones empresariales[47] o de la costumbre mercantil[48]. Por tanto, la expensa será deducible si cumple el criterio de necesidad atendiendo a cualquiera de las circunstancias descritas”[49] (Se subraya).

4.9.11 Hecha la anterior precisión, se advierte que en el sub-exámine la parte demandante asegura que el manejo de estas expensas obedeció a un criterio comercial, por lo tanto, es indudable que le correspondía asumir la carga probatoria a fin de comprobar su afirmación. Como quiera que no lo hizo y la Sala no evidencia que los conceptos relacionados cumplan con los requisitos de necesidad y causalidad previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributaria, este cargo de ilegalidad tampoco está llamado a prosperar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014)

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: CITIBANK COLOMBIA S.A.

DEMANDADA: U.A.E. DIAN

RADICADO: 250002327000-2009-00220-01 (19288)

DECISIÓN: CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2004

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: Antes de la creación viene la destrucción

MORALEJA Nº 1: La causalidad no es automática. Aunque muchos insistan “equivocadamente lo contrario”

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

Iniciamos nuestro ciclo de moralejas tributarias

MORALEJA Nº 1: La causalidad no es automàtica. Aunque muchos insistan “equivocadamente lo contrario”

Xoana: Meli holii

Melissa: Amia!!!! Oye no sabes que ha pasado, la Mile está que se queda hasta tarde en su nueva chamba, y a mi me late que anda en un feeling bravo con el contador, el pata ese que la tiene entre “cargo y abono”

Xoana: Si me late que a la Mile le mueve el piso el contador y justo me estaba preguntando cuàl es el tratamiento de la entrega de panetones, los vinocos y el “pavilo” para los chambeadores de su “work”

Melissa: ¿Pavilo?

Xoana: El pavo navideño loca, ch que tu estàs bien quedada con la jeringa, y a mi me late que tambièn andas media turule….

Melissa: CALLATE OYE XOA!!!! que viene el profe Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès

Xoana: Uuuuu ya te pesquè loca

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Señoritas muy buenas tardes, pasen al salòn por favor

Melissa: Profe HOOLLLAAA de todas maneras, por eso siempre llego temprano a su clase

Xoana: Muchas gracias teacher usted siempre un caballero.

…….A LOS DIEZ SEGUNDOS y en voz baja…..

Xoana: Oye Melissa tù siempre bien mandada, mejor dile que es la ùnica clase que llegas temprano y tambièn la ùnica que intervienes, preguntas y refutas.

Melissa: Shuuuu tù sabessss

Xoana: Ohhhhh

…….A LOS DOS MINUTOS…….

Mileth: Profe buenas tardes

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Adelante señorita Mileth, justo ya iba a cerrar la puerta. !!! Bueno jòvenes muy buenas tardes, iniciamos la clase de hoy…..

…..TERMINADA LA CLASE……

Mileth: Profe, profe una consultita porfis

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Claro Mileth, decidme en què puedo ayudarte

Mileth: Graciaasss profe usted siempre tan lindo

Xoana: Ohhhhh oye Meli, ya te saliò una rival. Y peor jugando a dos cachetes!!!! Vamos no seas quedada hay que acercarnos, a mi no me vienen con esas cosas y peor entre amiguis

Melissa: Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh esto no se queda asì, vamos

……APROXIMANDOSE AL PROFE CORRIENDO….

Xoana: Profe para todos porfis

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Claro, claro, contadnos Mileth para aprovechar la pizarra

Mileth: Profe si le comento, en mi trabajo estabamos analizando que ya estamos en diciembre y queremos entregar a todos nuestros trabajadores en planilla y prestadores de servicios de cuarta categorìa (locadores) canastas con panetones, vinos, vales de pavos o lechones

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Me parece muy bien Mileth, y ya les he comentado en clase que en mi posiciòn si bien estas entregas son gastos contables que se reconocen segùn lo devengado, el problema es que solo serìan admisibles tributariamente las entregas a favor del personal en planilla, llàmese quinta categorìa. Y precisamente porque el prestador de servicios de cuarta categorìa cumple un contrato, cualquier entrega a su favor requiere el comprobante de pago electrònico, llàmese recibo por honorarios y que se afecte a rentenciòn de cuarta categorìa (8%).

Mileth: Si profe, la cosa es que justo hoy han emitido la Resoluciòn de Determinaciòn respecto del ejercicio gravable 2015 (que declaramos en marzo 2016) y nos estàn reparando el 100% de las entregas de pavos, panetones, canastas y regalos navideños porque segùn la Administraciòn Tributaria no està acreditada la entrega a favor de los trabajadores.

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Eyy Eyy Eyy un momento Mileth, contadnos ¿le hicieron firmar a los trabajadores algùn documento dònde ellos recepcionaban estas entregas? ¿Emitieron la boleta de venta por el retiro de bienes? ¿Hay detalle en la guìa de remisiòn? ¿hay movimiento en los inventarios verificable? ¿han ……

Mileth: Justo hemos estado revisando eso profe toda la semana, inclusive acà las chicas son testigos que no pude ir a la playita a Asia (Cañete) en el rumbòn por la llegada de la prima de Xoana desde Repùblica Checa, por estar junto con el contador revisando factura por factura, cortes bancarios, guìas de remisiòn, entre otros, y respecto del ejercicio 2015 al final tuvimos que preguntar al mismo gerente y nos dijo que solo mandaron a comprar y entregaron estos bienes sin mayor control, ni acreditaciòn.

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Mileth, bajo el escenario que describes me parece y sin adelantar mayor conclusiòn, que el reparo de la Administraciòn Tributaria si estarìa correcto.

Mileth: Ojo profe, el contador y yo recièn hemos ingresado casi al mismo tiempo hace dos meses a esta empresa y estamos poniendo todo al dìa.

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Uyyyy ya imagino que deben estar a full

Mileth: Para que le digo que no si està en lo correcto, mucho desorden, y lo peor es que el gerente nos dijo respecto del ejercicio gravable 2015: “PERO HE CONSULTADO A GRANDES MAESTROS TRIBUTARISTAS (muchos reconocidos a nivel latinoamericano y en la Galaxia Andròmeda y hasta propuestos para encabezar el Fondo Monetario Internacional) Y ME DICEN QUE ES UN GASTO QUE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y QUE ES UN ABUSO SI ME LO QUIEREN REPARAR, PUESTO QUE LOS RECURSOS HUMANOS SON PARTE TRASCENDENTAL EN LA EMPRESA y POR HUMANIDAD SE LE DEBE ENTREGAR CANASTAS A LOS TRABAJADORES PORQUE GENERA SINERGIA Y QUE DIOS BENDIGA AL PERÙ Y A AMÈRICA, POOORRR UNNN PERRRUUUU MMMEJJJOOORRR Y CON JUSTICIA SOCIAL”.

Xoana: Profe, disculpe que me meta pero “el principio de causalidad no es automático

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: EXACTO XOA, por eso vos eres una de las mejores alumnas de la clase. Si bien en “apariencia” y solo conceptualmente este tipo de entregas cumplen con una relaciòn directa, EL FILTRO OBJETIVO dirime la controversia. Sostener lo contrario es una falacia de argumentaciòn

Mileth: Si profe, pero el gerente insiste en que ese caso se puede pelear por causalidad y mañana està presentando su recurso de reclamaciòn con el texto que indica que SI CUMPLE LA CAUSALIDAD POR CRITERIO AMPLIO, Y QUE DEBE SER VALIDADA LA DEDUCCIÒN DEL GASTO AUTOMÀTICAMENTE.

Xoana: Pero en materia tributaria no se deben abordar debates conceptuales respecto a si la tierre es o no cuadrada, sino que si para el caso especìfico se cumple con elementos objetivos (medios probatorios) que permitan validar la deducciòn unilateral que propone el ente empresarial.

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: “Verdad material antes que la apariencia legal elusiva”

Mileth: Muchas gracias profe

Juan Carlos Rubio De la Mancha y Aragonès: Señoritas muy buenas tardes.

Xoana: Hasta luego profe, muchas gracias
Melissa: Profe igual le escribo por el face porfa

……A LOS 10 SEGUNDOS DESPUÈS QUE EL PROFE SALE DEL AULA….

Xoana: Ya vez Meli tu siempre mal pensada con mi “amiguita linda, bella, pechocha, mi Mileee”

Melissa: Ohhhhhh oye locaria tù eres la que metìa candela

Mileth: Oy què paran alucinando ustedes

Xoana: jajajajajajaj nada amiga, oye entonces en tu caso estàn fregadazos, “ya sonaron”, oye que conceptualmente propongas que tiene relaciòn directa, pero si no lo acreditas “ya perdiste por goleada”

Mileth: Uyyyy amiga y ese solamente es uno de los reparos, ya les contaré los demàs. Pero el Gerente insiste en la “falacia” de causalidad amplia y que eso tiene que ser suficiente, y luego se pone a recitar “romanticismos sin sentido”

Melissa: Fuera de acà seguro estàs encamotada con el contador y vienes a barajarla
Mileth: Es bien lindo conmigo, pero aparte los temas contables tributarias son mi elemento, y peor en esta empresa pasan cosass uyyy ya les contarè en detalle

Xoana: Manya en el blog de Alan Emilio Matos Barzola acaban de colgar nuevamente las ùltimas

Melissa: Si bravazo!!!

Mileth: Por eso de cajòn vamos a ir con el contador al evento que estàn organizando del 12 al 16 de diciembre: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/…/semana-del-…/

Xoana: Oye pero es presencial y tambièn se puede acceder VIRTUAL , y seguro que tù y tu “contadddooorrr” lo van a ver VIRTUAL

Mileth: Tù sabesssss

Melissa: uuuuuuu

Xoana: Ya delataste

Mileth: jajajajjaja

To be continued…….

PD: Las moralejas se redactaràn en “prosa castellana coloquial” para mejor entendimiento de la gran mayorìa de MYPES y estudiantes (para mi no es ningùn problema redactarlo en castellano “rebuscado” o “literario”) pero ustedes saben que es por el rating. Los personajes si existen pero sus nombres y sexo han sido cambiados para evitar diferencias de opiniòn.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA Deviene NULA cualquier sentencia judicial que no motive su contenido en el análisis de lo INDISPENSABLE y NECESARIO de un gasto para efectos del Impuesto a la Renta, considerando que la causalidad es DIRECTA

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Alan Emilio en Lima 2016

Mediante Sentencia Casatoria N° 6292-2014-LIMA, de fecha 26 de abril del 2016 pero publicada en el Diario Oficial El Peruano -Sección Sentencias en Casación el 30 de noviembre del 2016, la ILUSTRE Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, consolida la tesis expuesta por este portal y que venimos pregonando desde el año 2006 (si hace diez años) respecto al correcto análisis de la concepción de causalidad en la deducción de desembolsos, erogaciones y pagos para efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta.

Recordad las Sentencias Casatorias emitidas por la Corte Suprema en los casos ThyssenKrupp (Sentencia Casatoria 2579-2010-LIMA), BCP (Sentencia Casatoria 9209-2013-LIMA) y la reciente Sentencia Casatoria 8407-2013-LIMA, para poder advertir mejor el sentido de la presente Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA.

¿SUNAT que había reparado al contribuyente, Alan Emilio?

La deducción como gasto (corriente) para efectos del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2000 por concepto de traslado de las tarifas GSM pagadas por “CA”, “CI” y “HC”, en su calidad de empresas estadounidenses exportadoras, a favor de la Commodity Credit Corporation (CCC) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USA /EEUU/ “gringolandia” / el país de Donald Trump) por su participación en el Programa de garantía de Crédito a la Exportación de Productos Agrícolas de los Estados Unidos de América, al considerar la SUNAT que el pago de estas tarifas NO CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD RESPECTO DE LA GENERACIÓN DE LA RENTA DEL CONTRIBUYENTE.

¿Pero por qué Alan Emilio, si los gringos te dicen que pagues, hay que pagar pues?

Ojo, si los “gringos” te dicen que les regales plata, esto no convierte a la salida de dinero de la entidad en gasto causal . Por ello resultaba transcendente el análisis de “lo indispensable”, y la relación “DIRECTA”, para evitar los ilusionismos y elusiones disfrazadas. Un detalle que se advirtió es que el beneficiario NO ERA EL IMPORTADOR QUE ES EN EL CASO LA EMPRESA DOMICILIADA EN EL PERÚ, SINO QUE LOS BENEFICIARIOS ERAN LOS EXPORTADORES ESTADOUNIDENSES “QUE NO TRIBUTAN EN EL PERÚ” SINO EN LOS ESTADOS UNIDOS, ES DECIR, SE PRETENDÍA PASAR COMO GASTO DEDUCIBLE UN GASTO (y obvio pagar menos Impuesto a la Renta aquí) UN PAGO QUE SOLO BENEFICIA Y FAVORECE A EMPRESAS ESTADOUNIDENSES.

¿Volviendo al caso, cuál fue el sustento en la fiscalización?

La “cuota” o “tarifa” GSM-102 se encontraba sustentada en las facturas estadounidenses emitidas al contribuyente por parte de las empresas estadounidenses “CA”, “CI” y “HC” por un total de S/.914,699.18 siendo este pago cancelado a favor del gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de PROMOVER LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AMERICANOS Y EN BENEFICIO DE TALES EMPRESAS ESTADOUNIDENSES.

El Tribunal Fiscal emitió, a su turno, la magistral Resolución RTF N° 013829-3-2009 (ver páginas 4 a 7) en la cual analiza en todo su contexto la naturaleza de estos pagos y expone que si bien el beneficio para el importador (que tributa en el Perú) deriva de la operación de la exportación propiamente dicha, en tanto ésta resultara viable o favorecida por la aplicación de aquél sistema, el pago de la cuota de garantía tiene vinculación directa con las rentas que obtiene el exportador localizado en los Estados Unidos (vendedor, y que obvio tributa en Estados Unidos, no en el Perú), al poder ofertar y colocar sus productos agrícolas (estadounidenses) en el exterior (en el Perú) en mejores condiciones y eliminando o disminuyendo el riesgo de sus transacciones.

Dicha circunstancia, además es corroborada por el mismo hecho que bajo los términos del aludido programa es el exportador  (estadounidense que exporta hacia el Perú) quién se encuentra en la obligación del pago de la cuota de garantía, y quién posee el derecho a exigir el cumplimiento de la garantía, para lo cual se encuentra en la obligación de sustentar la realización de la transacción (ante el IRS de los USA).

Tal como expone con suficiente claridad Y DEBIDAMENTE MOTIVADO, el Tribunal Fiscal indicó que el contribuyente (domiciliado en el Perú) efectuó importanciones de productos agrícolas procedentes de los Estados Unidos de América, sieno que las Tarifas GSM-102, calculadas sobre la base de un porcentaje del valor total de las garantías otorgadas, a cargo de las empresas exportadoras estadounidenses, le fueron trasladadas en su condición de empresa importadora (YA VEN QUE NO HAY CAUSALIDAD, SINO UN ACUERDO EMPRESARIAL, LO CUAL BAJO LA CASACIÓN 2579-2010-LIMA NO CONVIERTE ESTE PAGO EN CAUSAL), y que fueron deducidas como gasto para efecto de la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000.

.Puntualiza con BRILLANTEZ el Tribunal Fiscal, aún cuando el contribuyente pudiera tener algún interés y obtuviera algún beneficio producto del pago de las citadas tarifas, éste se encuentra mediatizado por el beneficio directo e inmedidato que obtienen las empresas exportadoras (estadounidenses), YA QUE DICHOS PROGRAMAS ESTÁN DESTINADOS A FOMENTAR LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y GENERAR RENTAS A EMPRESAS DE DICHO PAIS; además el contribuyente no ha acreditado que exista algún mandato imperativo derivado de un contrato que la obligue a asumir dicho gasto de cargo de un tercero O QUE ELLO RESULTARA “ I N D I S P E N S A B L E ” para la producción y mantenimiento de su fuente productora. 

Concluye el Tribunal Fiscal que NO SE ENCUENTRA ACREDITADO QUE EL REFERIDO GASTO CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, POR LO QUE EL REPARO SE ENCUENTRA ARREGLADO A LEY.

 ¿El contribuyente demandó ante el Poder Judicial?

Obvio, y en primera instacia se declaró fundada la demanda en este extremo, lo cual fue confirmado en segunda instancia por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en materia Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima.

¿Pero si ya hubo doble instancia, ahí debió quedar todo Alan Emilio?

Ayayayyyy, ya pues, tanto la SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas y el contribuyente (respecto de otros extremos obvio) interpusieron recursos de casación) que fueron declarados procedentes por la Corte Suprema, quién analizó el contenido de la Sentencia emitida por la Corte Superior, y emitió finalmente la Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA que finalmente se publicó ayer 30 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano (Sección Sentencias en Casación).

¿Alan Emilio, pero es medio rara su redacción resume qué dice porfis?

Ayayayyyyy, ya ok, la ILUSTRE Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (la máxima instancia judicial en el Perú) advierte que el debido proceso es un derecho fundamental que tiene entre sus elementos escenciales LA MOTIVACIÓN de las resoluciones judiciales.

Advierte la Corte Suprema que el derecho a la MOTIVACIÓN se encuentra amparado en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y ha obtenido interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución Política).

La Corte Suprema indica que para determinar si la Sentencia emitida por la Corte Superior ha transgredido el derecho al debido proceso, el análisis a efectuarse debe partir necesariamente de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma.

Aprecia la Corte Suprema que la Sentencia de la Corte Superior NO CONTIENE ANÁLISIS NI FUNDAMENTOS SOBRE EL CARÁCTER DE INNECESARIO Y NO INDISPENSABLE DEL PAGO PARA LA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LA FUENTE PRODUCTORA, MAXIME SI SU PREMISA NORMATIVA EN RELACIÓN A LOS ELEMENTOS DE NECESARIO E “ I N D I S P E N S A B L E “, ESTABAN REFERIDOS A LA EXIGENCIA DE EXISTENCIA DE NECESIDAD “ D I R E C T A ” QUE “IMPLICA QUE SIN LA REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSO NO HABRÍA RENTA O LA FUENTE NO PODRÍA SUBSISTIR”, ASPÉCTO DE CAUSALIDAD SOBRE EL CUAL NO HAY ANÁLISIS, ESTO ES, SI AL NO REALIZARSE DICHO PAGO NO HABRÍA RENTA O LA FUENTE NO PODRÍA SUBSISTIR, EN RELACIÓN A LA DEMANDANTE.

Resalta la Corte Suprema que únicamente la Sentencia de la Corte Superior repite citas extensas obtenidas de Internet que ocupan más de cuatro páginas, SIN SEÑALAR CONCLUSIONES O ESTIMACIONES, y en otros extremos resultan genéricas y en abstracto sin referirse la vinculación al caso concreto (y que el Tribunal Fiscal si motivó y analizó concluyendo que NO RESULTAN DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA), además de los otros extremos que no estamos comentando en esta ocasión.

Siendo la motivación, como parte del debido proceso, un aspecto inexorable y exigible, la Corte Suprema advierte que en la Sentencia emitida por la Corte Superior no existe por lo menos una secuencia lógica y motivación suficiente, afectando a este deber fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales y en consecuencia de ello resulta FUNDADO el recurso de casación.

DECISIÓN: Por estas consideraciones la Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación y NULA la Sentencia emitida por la Corte Superior , disponiendo que la Séptima Sala expida un nuevo fallo debidamente motivado conforme a lo señalado en la presente sentencia casatoria.

 Conclusiones:

  1. Para efectos de la deducción de los gastos (corrientes) en la determinación del Impuesto a la Renta, la “causalidad” no es sinónimo de “automática”, “libertina”, “ilusionista o desmedida”.
  2. La Corte Suprema expone que la debida motivación debe atender a los criterios (internacionales que ya aplican las máximas instancias judiciales en Chile, Colombia y México) DE LO ” I N D I S P E N S A B L E “, “lo inevitable”, “lo imprescindible”, “lo forzoso”, y no limitarse a criterios simplistas que datan de 1978 y que no resultan aplicables para estas épocas, donde todos conocen “la viveza y las criolladas para PERJUDICAR AL FISCO”.
  3. Las Sentencias Casatorias N° 2579-2010-LIMA, N° 9209-2013-LIMA, N° 8407-2013-LIMA, y la presente N°  6292-2014-LIMA, ya revelan cuál es el correcto análisis del principio de causalidad para efectos del Impuesto a la Renta.

El texto de la sentencia lo pueden descargar libremente, cortesía de nuestros urracas, urracos, amix y “pinky friend” de la Corte Suprema:

Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA Alan Emilio Matos Barzola

Alan Emilio Matos Barzola

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Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Decreto Legislativo 1251 sobre Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos

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Alan Emilio en Trujillo, La Libertad. 2016

DECRETO LEGISLATIVO 1251 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1224, LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A por el plazo de noventa (90) días calendario;

Que, el literal f) del numeral 1 del artículo 2 del citado dispositivo legal establece la facultad de legislar para reestructurar la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) con el fin de afianzar su rol y mejorar su eficiencia así como la calidad y agilidad de los proyectos de Asociaciones Público Privadas a su cargo; incluyendo modificar la regulación sobre la responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos que intervienen en los procesos de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas; facultar a Proinversión a contratar servicios especializados en aseguramiento de calidad de gestión para los procesos de promoción de la inversión privadaa su cargo y seguros para la entidad y sus servidores; así como establecer medidas para mejorar la calidad y agilidad de los proyectos de Asociaciones Público Privadas y los proyectos ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos en los tres niveles de gobierno, favoreciendo la descentralización;

Que, el Decreto Legislativo N° 1224, que aprobó la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, dictó medidas con el objeto de establecer procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para
el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de proyectos en activos;

Que, resulta necesario modificar el marco normativo para establecer nuevas funciones de Proinversión en las fases de planeamiento y programación, formulación y ejecución contractual de los proyectos de Asociaciones Público Privadas, a fin de asegurar la calidad de los proyectos, ampliar el alcance regional y local de Proinversión a través de oficinas desconcentradas que se encargarán de la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales así como fortalecer las capacidades e institucionalidad de Proinversión para la toma de decisiones técnicas a través de la modificación de su gobernanza;

De conformidad con lo establecido en el literal f) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1224,
LEY MARCO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

Artículo 1. Modificación del artículo 5, literal c) del numeral 7.1 del artículo 7, artículo 9, primer párrafo del artículo 13, literales a) y b) del numeral 14.1 del artículo 14, numeral 15.2 del artículo 15, artículo 16, numeral 22.2 del artículo 22, numeral 35.2 del artículo 35, artículo 37, artículo 38 y numeral 39.2 del artículo 39 del Decreto Legislativo Nº 1224, Ley marco de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos

Modifícanse el artículo 5, literal c) del numeral 7.1 del artículo 7, artículo 9, primer párrafo del artículo 13, literales a) y b) del numeral 14.1 del artículo 14, numeral 15.2 del artículo 15, artículo 16, numeral 22.2 del artículo 22, numeral 35.2 del artículo 35, artículo 37, artículo 38 y numeral 39.2 del artículo 39 del Decreto Legislativo Nº 1224, Ley marco de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, en los siguientes términos:

Artículo 5.- Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada
5.1 El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un sistema funcional para el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos,
integrado por principios, normas, procedimientos, lineamientos y directivas técnico normativas, con el fin de promover, fomentar y agilizar la inversión privada para contribuir a la dinamización de la economía nacional, la generación de empleo productivo y la competitividad del país. Está conformado por las entidades a las que se refiere el artículo 2.

5.2 El Ministerio de Economía y Finanzas establece la política de promoción de la inversión privada. La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, encargada de establecer los lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente sobre la interpretación y aplicación del Decreto Legislativo y sus disposiciones, en relación a los temas de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

5.3 Proinversión, de acuerdo con este Decreto Legislativo, su reglamento y en el marco de las políticas y lineamientos establecidos en el numeral precedente, emite directivas técnico normativas respecto del proceso de evaluación de las Asociaciones Público Privadas en la fase de formulación, y respecto de las fases de estructuración y transacción; así como para los Proyectos en Activos.
5.4. Las políticas y lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos regulados en el numeral
5.2 así como las directivas técnico normativas que apruebe Proinversión, serán de cumplimiento obligatorio para las entidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada que intervengan en alguna de las fases de una Asociación Público Privada o Proyectos en Activos.
5.5 Los actos y decisiones desarrollados durante las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de una Asociación Público Privada, incluyendo las modificaciones contractuales reguladas en el presente Decreto Legislativo, por su propia naturaleza, son procesos inherentes para la toma de decisiones referentes a la inversión a ejecutar; por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos.

Artículo 7.- Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local
7.1 El Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local, titular del proyecto a desarrollarse mediante las modalidades reguladas en el presente Decreto Legislativo, ejerce las siguientes funciones:
(…)
c. Elaborar el Informe de Evaluación. Tratándose de proyectos a cargo de Proinversión, el Informe de Evaluación será elaborado por éste y contará con la aprobación previa del titular del proyecto.

Artículo 9.- Seguimiento y facilitación de la Inversión
El acompañamiento, seguimiento, facilitación y simplificación en la fase de ejecución contractual de los proyectos de inversión que se desarrollen bajo
los mecanismos regulados en el presente Decreto Legislativo es competencia de Proinversión, asumiendo, en lo que corresponda, las funciones y atribuciones del
Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión
a que se refiere el artículo 38 de la Ley N° 30327, Ley
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo Sostenible, el artículo 25 de
la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país, entre
otros, y normas complementarias.
Artículo 13.- Clasificación
El Informe de Evaluación a cargo de Proinversión,
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local indica la
clasificación del proyecto de Asociación Público Privada,
según:
(…)
Artículo 14.- Fases
14.1 Las Asociaciones Público Privadas,
independientemente de su clasificación y origen, se
sujetan a las siguientes fases:
a. Planeamiento y programación: comprende la
planificación de los proyectos y compromisos de las
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
articulada con la Programación Multianual de Inversiones
conforme lo dispuesto en el artículo 14-A. La presentación
de iniciativas privadas no se limita al contenido de la
referida programación.
b. Formulación: comprende el diseño del proyecto y/o
evaluación del mismo, a cargo del Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local, o Proinversión en el marco de
sus competencias.
En caso de Asociaciones Público Privadas
cofinanciadas, la formulación de la Asociación Público
Privada comprende dos componentes; el Proyecto
de Inversión Pública, que se regula por la normativa
del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones en concordancia con lo dispuesto en la Sexta
Disposición Complementaria Transitoria del presente
Decreto Legislativo, y el Informe de Evaluación, regulado
por la normativa del Sistema Nacional de Promoción de
la Inversión Privada.
En caso de Asociaciones Público Privadas
autofinanciadas, la formulación es regulada por la
normativa del Sistema Nacional de Promoción de la
Inversión Privada.
Todos los estudios requeridos para la formulación
de los proyectos pueden ser elaborados por una
entidad privada conforme a la normatividad vigente o el
proponente de una iniciativa privada, de corresponder.
(…)
Artículo 15.- Criterios para la incorporación de los proyectos al proceso de promoción
(…)
15.2 El Consejo Directivo aprueba la incorporación de
proyectos al proceso de promoción, el cual puede estar,
supeditada a la reformulación del mismo.
El Reglamento establece los casos en los cuales la
incorporación de proyectos a cargo de Proinversión es
ratificada mediante Resolución Suprema refrendada por
el Ministerio respectivo y el Ministerio de Economía y
Finanzas, salvo para los supuestos previstos en el artículo
30 y el Título V.
En los proyectos de alcance regional o local, la
incorporación es realizada mediante Acuerdo del Consejo
Regional o Acuerdo de Concejo Municipal.
Artículo 16.- Opiniones previas
16.1 De manera previa al inicio del proceso de
promoción del proyecto de Asociación Público Privada,
el Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin
excepción y bajo responsabilidad, debe contar con la
opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas
sobre el Informe de Evaluación.
16.2. De manera previa al inicio de la fase de
transacción, el Organismo Promotor de la Inversión
Privada, elabora la versión del contrato y solicita las
opiniones establecidas en el numeral 16.4.
El Reglamento determina los requisitos e información
que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversión
Privada para la elaboración de dicha versión del contrato,
entre los cuales se encuentran, por lo menos, estudios
técnicos, estudios económico financieros, informe que
sustente la adecuada asignación de riesgos y valuación
de contingencias, modelo económico financiero que
sustente el esquema de financiamiento y pagos del
proyecto e informe sobre el estado de terrenos necesarios
para ejecución del proyecto.
Tratándose de proyectos autofinanciados que no
requieran garantías financieras o no financieras y cuyo
Costo Total de Inversión no supere el monto establecido
en el Reglamento, no resulta exigible los requisitos
establecidos en el presente numeral ni requieren las
opiniones previas establecidas en el numeral 16.4 en esta
fase.
16.3 De manera previa a la adjudicaciòn, el Organismo
Promotor de la Inversión Privada, elabora la Versión Final
del contrato y sin excepción y bajo responsabilidad, debe
contar con las opiniones establecidas en el numeral 16.4.
16.4 Conforme lo señalado en el numeral 16.2 y
16.3, el Organismo Promotor de la Inversión Privada,
sin excepción y bajo responsabilidad, debe contar con
las siguientes opiniones sobre la respectiva versión del
contrato de Asociación Público Privada:
a) Opinión previa favorable del Ministerio,
Gobierno Regional y/o Gobierno Local, conforme a sus
competencias.
b) Opinión previa no vinculante del organismo
regulador exclusivamente sobre los temas materia de sus
competencias legales.
c) Opinión previa favorable del Ministerio de Economía
y Finanzas a la respectiva versión del contrato de
Asociación Público Privada conforme a sus competencias.
La opinión previa favorable del Ministerio de Economía
y Finanzas, a la versión del contrato solicitada antes del
inicio de la fase de transacción, puede emitirse incluyendo
observaciones a ser subsanadas por el Organismo
Promotor de la Inversión Privada durante la fase de
transacción. La opinión previa favorable del Ministerio
de Economía y Finanzas a la versión final del contrato
de Asociación Público Privada sólo puede referirse a
aquellos aspectos sobre los cuales se emitió observación
y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la
versión del contrato solicitada antes del inicio de la fase
de transacción.
De no contar con la opinión previa favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas a la versión final del
contrato de Asociación Público Privada, el contrato y
su adjudicación no surten efectos y son nulos de pleno
derecho, salvo el supuesto señalado en el numeral 16.7
del presente artículo.
16.5 El Informe Previo de la Contraloría General de
la República respecto de la versión final del contrato de
Asociación Público Privada únicamente puede referirse
a aquellos aspectos que comprometan el crédito o la
capacidad financiera del Estado de conformidad con el
inciso l) del Artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República. Dicho Informe Previo no es
vinculante, sin perjuicio de control posterior.
16.6 Las entidades que emiten las opiniones e
informes regulados en el presente artículo se encuentran
obligadas a realizar una revisión integral de las versiones
de contratos respectivos respecto a las materias de su
competencia y a formular, en una sola oportunidad,
todas las observaciones que correspondan. Los plazos
y procedimientos para la emisión de los informes y
opiniones son establecidos en el Reglamento.
16.7 Habiéndose solicitado los informes y opiniones
previas y de no emitirse éstos dentro de los plazos
previstos, son considerados favorables. Sin perjuicio de lo
anterior, tratándose de proyectos a cargo de Proinversión,
el Consejo Directivo puede decidir la exclusión del proyecto
al proceso de promoción ante la falta de pronunciamiento
del titular del proyecto en los plazos previstos.

16.8 El Ministerio de Economía y Finanzas publica
los informes que emita a las respectivas versiones del
contrato.
Artículo 22.- Modificaciones contractuales
(…)
22.2 En un plazo máximo de diez (10) días hábiles
de recibida la solicitud de adenda, el Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local convoca a las entidades
públicas que deben emitir opinión a la adenda propuesta,
quienes asisten al proceso de evaluación conjunta, a la
cual también puede ser convocado el inversionista. En
esta etapa se puede solicitar información sobre el diseño
del proyecto y contrato al Organismo Promotor de la
Inversión Privada, que estuvo a cargo del proceso de
promoción en que se originó el contrato, o del órgano que
haga sus veces.
En los contratos de Asociaciones Público Privadas a
cargo de Proinversión las propuestas de modificación a
dichos contratos se presentan ante dicha entidad dentro
del periodo establecido en el Reglamento, quien convoca
y conduce el proceso de evaluación conjunta, y emite
opinión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
En los supuestos previstos en el presente numeral, el
inversionista puede solicitar su participación en el proceso
de evaluación conjunta.
(…)
Artículo 35.- Procedimiento
(…)
35.2 Si transcurrido el plazo de noventa (90) días
calendario desde la publicación de la Declaratoria de
Interés y sin que ningún tercero manifieste su interés en
la ejecución del proyecto, se procede a la adjudicación
directa a favor del proponente de la iniciativa privada.
Artículo 37.- Proinversión
37.1 Proinversión es el organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas con personería jurídica, autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera,
encargado de diseñar, conducir y concluir el proceso de
promoción de la inversión privada mediante la modalidad
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
bajo el ámbito de su competencia, unificando la toma de
decisiones dentro del proceso conforme a lo dispuesto en
el presente Decreto Legislativo. Asimismo, le corresponde
aprobar directivas técnico normativas en los términos
establecidos en el numeral 5.3 del artículo 5. Interviene en
la etapa de Ejecución Contractual de acuerdo a lo previsto
en este Decreto Legislativo y su Reglamento.
37.2 Proinversión es la entidad encargada de brindar
asistencia técnica y apoyo a los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, y otras entidades, en las distintas
fases de los proyectos de Asociaciones Público Privadas
y Proyectos en Activos. Para ello, establece Oficinas
Desconcentradas conforme a la normatividad vigente.
37.3 Proinversión está integrado por el Consejo
Directivo, la Dirección Ejecutiva y los Comités Especiales
de Inversiones. La organización de Proinversión se rige
por su Reglamento de Organización y Funciones.
37.4 El Consejo Directivo es la más alta autoridad de
Proinversión y está integrado por seis miembros. Uno
de ellos es el Ministro de Economía y Finanzas, quien
preside el Consejo Directivo. Es integrado además por dos
Ministros de Estado del sector cuya cartera de proyectos
incorporados al proceso de promoción sean de mayor
valor monetario, conforme a los criterios que determine
el Reglamento. Los otros miembros son designados
por Resolución Suprema con el refrendo del Presidente
del Consejo de Ministros y del Ministro de Economía y
Finanzas.
Las personas designadas deben contar con capacidad
y experiencia en el desarrollo y financiamiento de
infraestructura, banca de inversión, gobierno corporativo,
gestión pública o materias afines.
Ninguna de las personas elegidas como miembros
del Consejo Directivo, con excepción de los Ministros
de Estado, puede encontrase ejerciendo, a la fecha de
su designación, un cargo que califique como funcionario
público, ni ejercer durante su designación, algún otro
cargo público. La restricción a la que se refiere el presente
párrafo no aplica cuando éstos perciban dietas del Estado.
Los miembros del Consejo Directivo son designados
por un período de cinco años prorrogables por un periodo
adicional. El cargo de miembro del Consejo Directivo
cesa por renuncia o por destitución debido a falta grave
debidamente tipificada en el reglamento del presente
Decreto Legislativo.
Los miembros del Consejo Directivo son retribuidos
con dietas por el ejercicio de sus funciones, conforme a
la legislación vigente. El número máximo de dietas y el
monto que pueden percibir cada uno de los miembros se
define por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio
de Economía y Finanzas.
37.5 El Consejo Directivo tiene como funciones
generales aprobar y dirigir la estrategia de Proinversión;
establecer objetivos, metas y planes de acción; controlar
y supervisar la gestión y el adecuado desarrollo de los
procesos de promoción de la inversión privada así como
encargarse del gobierno y de la organización de la
institución.
El Consejo Directivo cuenta con las siguientes
funciones específicas:
a) Designar al Director Ejecutivo y crear los Comités
Especiales de Inversiones y designar a sus miembros,
aprobando sus funciones, poderes y niveles de decisión,
en el marco de lo establecido en el presente Decreto
Legislativo y su Reglamento.
b) Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas el
Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión.
c) Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la
escala remunerativa para su aprobación, en el marco de la
Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 28411, aprobado por el Decreto Supremo N°
304-2012-EF.
d) Decidir la incorporación y exclusión de un proyecto
al proceso de promoción.
e) Sin perjuicio de lo establecido en los numerales
38.2 y 38.3 del artículo 38, el Consejo Directivo puede
constituirse como un nivel adicional de decisión del
proceso de Asociación Público Privada o Proyectos en
Activos. Tratándose de proyectos cuyos Costo Total de
Inversión supere 300,000 UIT, corresponde al Consejo
Directivo la aprobación de los principales hitos del proceso
de Asociación Público Privada o Proyectos en Activos.
Dicho límite puede ser modificado mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
f) Aprobar directivas técnico normativas aplicables a
las Asociaciones Públicos Privadas y Proyectos en Activos
conforme lo dispuesto en el numeral 5.3 del artículo 5, en
el marco de sus competencias.
g) Aprobar el presupuesto a propuesta del Director
Ejecutivo.
h) Las demás funciones que establezca el Reglamento.
Las entidades del Estado deben adoptar los acuerdos
o realizar las gestiones o los actos necesarios para
ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y de los
Comités Especiales de Inversiones, sin excepción. En
el caso de las decisiones de los Comités Especiales de
Inversiones, éstas deben contar con la conformidad del
Director Ejecutivo. Se presume que todas estas decisiones
tienen relación, directa o indirecta, con la promoción de la
inversión privada para el desarrollo de las Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos.
En estos casos, la responsabilidad que emane de los
acuerdos que adopten o de las gestiones y actos que
ejecuten tales entidades, corresponde exclusivamente
al Consejo Directivo de Proinversión, a los Comités
Especiales de Inversiones y al Director Ejecutivo, según
sea el caso.
37.6 Trimestralmente el Consejo Directivo de
Proinversión sustenta ante el Presidente de la República
y el Presidente del Consejo de Ministros, su reporte de
avances en la promoción y desarrollo de los proyectos de
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
Este reporte debe incluir los avances, metas alcanzadas,

problemas encontrados y riesgos que pudieran afectar
el desarrollo de las Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos.
37.7 La gestión de Proinversión está orientada a
resultados, con eficiencia, eficacia, transparencia y
calidad.
El Consejo Directivo de Proinversión, previa
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
establece los objetivos estratégicos institucionales que
prioriza y las metas que se planteen para tal efecto.
Los objetivos estratégicos institucionales, las metas y
los indicadores que se establezcan deben vincularse
necesariamente a la promoción y desarrollo de las
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, la
transparencia en la gestión y la rendición de cuentas.
Asimismo, el Consejo Directivo de Proinversión
publica en su portal institucional un informe trimestral de
avance en función a las metas establecidas en el párrafo
anterior.
37.8 Al momento de su designación, los miembros del
Consejo Directivo y miembros de los Comités Especiales
de Inversiones no deben tener conflictos de interés que,
por su frecuencia o magnitud, los inhabiliten para el pleno
ejercicio de sus funciones. En los casos en los que un
conflicto de interés de tal naturaleza se presente de
manera sobreviniente, el miembro del Consejo Directivo o
miembro de los Comités Especiales de Inversiones debe
ser cesado y se designa a otro en su reemplazo.
En los casos en los que se presenta un conflicto
de interés en un determinado proceso, el miembro del
Consejo Directivo o miembro de los Comités Especiales
de Inversiones debe declararlo y abstenerse de participar
y votar en dichas cuestiones. El Consejo Directivo
establece los lineamientos para la gestión de conflictos
de interés y ética conforme el marco normativo vigente y
buenas prácticas internacionales.
En caso de falta de quórum debido a abstenciones, el
Consejo Directivo puede integrar a uno o más presidentes
de Comité Especial de Inversiones
37.9 Los acuerdos del Consejo Directivo son
adoptados por mayoría simple. Solo en caso de empate,
el Presidente del Consejo Directivo tiene voto dirimente.
37.10 El Reglamento establece las condiciones bajo
las cuales Proinversión evalúa los encargos de procesos
de promoción de la inversión privada por parte de los
titulares del proyecto.
Artículo 38.- Del Director Ejecutivo, los Comités Especiales de Inversiones y los Directores de Proyecto
38.1 El Director Ejecutivo es la máxima autoridad
ejecutiva y representante legal de Proinversión. Es
responsable de ejecutar los acuerdos del Consejo
Directivo, así como presentarle y sustentar las propuestas
de acuerdos y decisiones que se requieran para
desarrollar y ejecutar los proyectos de inversión; y de
dirigir y supervisar la marcha institucional de Proinversión.
El Director Ejecutivo supervisa y decide sobre los procesos
de promoción de la inversión privada en Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en Activos. Ejerce las
funciones y poderes que se precisen en el Reglamento de
Organización y Funciones y todas aquellas que le atribuya
el Consejo Directivo.
38.2 Los Directores de Proyecto son designados por
el Director Ejecutivo. Son los encargados de conducir el
proceso de evaluación dentro de la fase de formulación
y el proceso de promoción de la inversión privada, bajo
la supervisión del Director Ejecutivo. Las Direcciones de
Proyecto pueden agruparse en Direcciones Especiales
con la finalidad de conglomerar determinados tipos de
proyectos o activos, o según otros criterios que determine
la Dirección Ejecutiva.
38.3 El Consejo Directivo nombra Comités Especiales
de Inversiones con la finalidad de realizar una revisión
independiente de los proyectos de Asociaciones Público
Privadas y Proyectos en Activos. Los Comités Especiales
de Inversiones revisan y dan conformidad sobre el
Informe de Evaluación, Plan de Promoción, Bases,
Versión del Contrato al inicio de la transacción, Versión
Final del Contrato y sus respectivas modificaciones
sustanciales, así como aquellos actos dispuestos por el
Consejo Directivo; elevándolos al Director Ejecutivo para
su aprobación.
38.4 En caso de discrepancia entre los Comités
Especiales de Inversiones y el Director Ejecutivo respecto
de los actos a los que se refiere el numeral 38.3, este
último debe elevarlos al Consejo Directivo para que este
dirima.
Artículo 39.- Publicidad de acuerdos
(…).
39.2 Los actos referidos a la aprobación de la
modalidad de promoción de la inversión privada y sus
modificatorias, y del Plan de Promoción de la Inversión
Privada y sus modificatorias, de los Proyectos en Activos
a cargo de Proinversión, requieren únicamente de la
aprobación de su Consejo Directivo, mediante acuerdo
publicado en el Diario Oficial El Peruano.
(…)

Artículo 2. Incorporación del numeral 14.3 del artículo 14, el artículo 14-A, el numeral 25.4 del artículo 25, el numeral 34.3 del artículo 34, el artículo 38-A y el artículo 39-A, Décimo Sexta, Décimo Séptima y Décimo Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1224, Ley marco de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos

Incorpórese el numeral 14.3 del artículo 14, el artículo 14-A, el numeral 25.4 del artículo 25, el numeral 34.3 del artículo 34, el artículo 38-A y el artículo 39-A, Décimo Sexta, Décimo Séptima y Décimo Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1224, Ley marco de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, en los siguientes términos:

Artículo 14.- Fases

(…)

14.3 Es responsabilidad del Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local iniciar de manera temprana el proceso de adquisición, expropiación y saneamiento de los predios y áreas necesarias y de respaldo para la ejecución de los proyectos. El Organismo Promotor de la Inversión Privada establecerá en el Informe de Evaluación la meta respecto a la liberación de predios y áreas que requiere el proyecto para ser adjudicado.

El Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local puede destinar una partida presupuestal específica para estos fines, incluso antes que se declare la viabilidad de los proyectos.

Artículo 14-A: Fase de Planeamiento y Programación

El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas incluye los proyectos a ejecutarse mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, que se elabora sobre la base de las normas que regulan el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

De manera previa a la aprobación del referido Informe, el Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local solicita opinión de Proinversión sobre la modalidad de Asociación Público Privada o Proyecto en Activos propuesta. La opinión de Proinversión se basa en un análisis preliminar de los beneficios de desarrollar el proyecto bajo la modalidad de Asociación Público Privada en comparación con la modalidad de obra pública, en función a los criterios establecidos en el Reglamento.

Tratándose del informe a cargo de los Ministerios, la opinión que emita Proinversión es vinculante para la inclusión de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas o Proyectos en Activos. Asimismo, Proinversión puede emitir opinión no vinculante sobre los proyectos que el Ministerio no haya considerado para su ejecución mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas o Proyectos en Activos.

Tratándose del informe a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la opinión que emita Proinversión sobre los proyectos para los que se proponga la modalidad de Asociaciones Público Privadas o Proyectos en Activos tiene carácter de no vinculante.

El presente artículo es de aplicación únicamente a aquellos Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que incorporen en su programación multianual de inversiones proyectos a ser ejecutados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas o Proyectos en Activos.

Artículo 25.- Autorización para el otorgamiento de garantías
(…)
25.4 Cuando el Contrato de Asociación Público
Privada a cargo de Proinversión establece la revisión
de los documentos que sustenten el Endeudamiento
Garantizado Permitido o Cierre Financiero o análogos,
corresponde a Proinversión la revisión de éstos. Sin
perjuicio de lo establecido en el presente numeral, el
Reglamento puede establecer los supuestos en los que se
requiere opinión previa del Ministerio, Gobierno Regional
o Gobierno Local y/o del organismo regulador.
Artículo 34.- Presentación de iniciativas privadas
cofinanciadas
(…)
34.3 La formulación y declaratoria de viabilidad de los
proyectos de inversión pública comprendidos dentro de
la Iniciativa Privada Cofinanciada es responsabilidad del
Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local respectivo,
el cual puede encargar la contratación de la asesoría a
Proinversión. La elaboración del Informe de Evaluación,
la estructuración y transacción está a cargo únicamente de
Proinversión.
Los contratos y modificaciones derivados de proyectos
de competencia del Gobierno Regional y Gobierno Local
son suscritos con el adjudicatario con la intervención de
los sectores intervinientes. La administración del referido
contrato puede ser delegada al sector interviniente.
Artículo 38-A.- Seguros por responsabilidad de
funcionarios
Proinversión contratará seguros de responsabilidad
administrativa, civil y penal para los funcionarios de la
entidad responsables de adoptar decisiones en el marco
de los proyectos de inversión regulados por el presente
Decreto Legislativo.
Artículo 39-A.- Transparencia
El Consejo Directivo determina los proyectos y/o
etapas que, por su impacto y envergadura, son sometidos,
a una consultoría para asegurar la calidad de gestión del
proceso de la inversión privada a cargo de una empresa
especializada de reconocido prestigio, contratada por
Proinversión. Corresponde al Ministerio de Economía
y Finanzas dictar los términos de referencia, ámbito
de evaluación y la selección de dicha empresa. Para
dichos efectos será aplicable lo dispuesto en la Décima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30225.
Décimo Sexta: Constituyen reglas para la aplicación
del principio de Enfoque de Resultados en la toma de
decisiones de las entidades públicas, las siguientes:
a. Entre dos o más alternativas legalmente viables,
se debe optar por aquella que permita la ejecución
oportuna del proyecto, promueva la inversión, garantice la
disponibilidad del servicio y/o permita alcanzar o mantener
los niveles de servicio del proyecto.
b. En todas las fases del proyecto, las entidades públicas
deben dar celeridad a sus actuaciones, evitando acciones
que generen retrasos basados en meros formalismos.
c. En caso de controversias durante la ejecución del
proyecto, cuando se cuenten con pruebas, evaluaciones o
elementos de juicio que permitan determinar que es más
conveniente en términos de costo beneficio, optar por
el trato directo en lugar de acudir al arbitraje, la entidad
pública debe optar por resolver dichas controversias
mediante trato directo.
Décimo Séptima: Proinversión, con aprobación
de su Consejo Directivo, puede realizar el mapeo de
interferencias y evaluar el estado legal de los predios y
áreas en aquellas zonas que considere prioritarias para el
desarrollo de proyectos de Asociación Público Privadas,
así como evaluar el estado de otros procedimientos
administrativos indispensables para el desarrollo de un
proyecto. Para ello, facúltese a Proinversión a requerir
información a distintas entidades públicas y empresas en
el marco de lo dispuesto en los numerales 43.1 y 43.2 del
artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 1192.
Décima Octava: El Ministerio de Economía
y Finanzas sobre la base de las programaciones
multianuales de inversiones de los Ministerios, propone,
periódicamente, un Plan Nacional de Infraestructura para
la aprobación del Consejo de Ministros. Progresivamente
se puede incorporar las programaciones multianuales
de inversiones de los Gobiernos Regionales y Locales.
El Reglamento establece los procedimientos para la
aprobación del Plan Nacional de Infraestructura”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Saneamiento Físico Legal, Adquisición y Liberación de Predios

Proinversión, con el objeto de simplificar el proceso de Saneamiento Físico Legal, Adquisición y Liberación de Predios, contará con la participación obligatoria de los funcionarios públicos responsables de la evaluación y trámite para el saneamiento físico legal, así como la adquisición y liberación de predios, quienes ejercen sus funciones en el ámbito de las competencias de las entidades a las cuales representan.

Segunda.- Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios de los Proyectos de Inversión regulados por el Decreto Legislativo N° 1224

En el marco del desarrollo de los proyectos de inversión regulados por el Decreto Legislativo No. 1224, los funcionarios responsables de tomar decisiones que implican el ejercicio de discrecionalidad no pueden ser objeto de sanciones ni determinaciones de responsabilidad, a menos que existan indicios razonables de que actuaron con dolo o negligencia.

Tercera.- Nomenclaturas en el Decreto Legislativo N° 1224

En el Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento, todas las referencias a los Comités Especiales debe entenderse realizada a los Comités Especiales de Inversiones, toda referencia a Comité de Inversiones debe entenderse al Comité de Promoción de la Inversión Privada.

Cuarta.- Financiamiento y reglas aplicables a las dietas y la escala remunerativa contempladas en el Decreto Legislativo Nº 1224

Autorícese la aprobación de dietas para el Consejo Directivo y Comités Especiales de Inversiones de Proinversión y la aprobación de la escala remunerativa a la que se refiere el presente Decreto Legislativo la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación del régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la misma que debe culminar como máximo hasta el mes de junio de 2019, lo cual se sujeta a lo establecido en el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Lo dispuesto en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de Proinversión, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y rige a partir del 2 de enero de 2017.

Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérese a Proinversión de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 038-2006.

Quinta.- Autorización para el desarrollo de instrumentos financieros.

Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, a desarrollar instrumentos financieros destinados a asegurar los riesgos derivados de los proyectos de Asociaciones Público Privadas, que promuevan el desarrollo del mercado financiero local y aumenten la participación del mercado internacional. Mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas, implementará lo dispuesto en el párrafo precedente.

Sexta.- Reestructuración de Proinversión

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, por un plazo de doscientos cuarenta (240) días, puede realizar las reformas, cambios o reorganizaciones que fueran necesarias para optimizar sus recursos y funciones.

Sétima.- Reglamento de Organización y Funciones

Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar las modificaciones a su Reglamento de Organización y Funciones, conforme a la legislación vigente.

Octava.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado mediante Decreto Supremo N° 410-2015-EF.

Novena.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas aprueba las modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Iniciativas Privadas

Las iniciativas privadas cofinanciadas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo se encuentren en la etapa de formulación del proyecto de inversión pública, pueden adecuarse a lo dispuesto en el artículo 34.3 dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. Para ello se requiere previo acuerdo entre el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local correspondientes y el proponente. En caso que Proinversión haya contratado los servicios de consultoría o asesoría, éstos continuarán su vigencia a cargo de Proinversión y a servicio de la entidad que ejerza las funciones de formulación y evaluación del Proyecto de Inversión Pública.

Las iniciativas privadas cofinanciadas que no se adecuen a lo previsto en el párrafo precedente, seguirán sujetas a las normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, en lo que respecta a su formulación. El Reglamento establecerá las condiciones para la aplicación de esta disposición.

Las iniciativas privadas sobre proyectos de Asociaciones Público Privadas que a los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo aún no hayan sido declaradas de interés por el Organismo Promotor de la Inversión Privada respectivo deben contener, en su declaratoria, la versión del contrato. Tratándose de proyectos autofinanciados, esta regla resulta aplicable a aquellos proyectos cuyo Costo Total de Inversión supere el limite que determine el Reglamento.

Segunda.- Modificaciones Contractuales y Endeudamiento Garantizado Permitido

Las reglas establecidas para las modificaciones contractuales previstas en el numeral 22.2 del artículo 22 y para las revisiones del Endeudamiento Garantizado Permitido o Cierre Financiero o análogos a las que se refiere el numeral 25.4 del artículo 25, se aplican a los contratos que se suscriban con posterioridad a la vigencia del presente Decreto Legislativo, salvo que los mismos cuenten con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas a la Versión Final del Contrato.

Tercera.- Miembros del Consejo Directivo de Proinversión

Los primeros miembros del Consejo Directivo son designados por períodos de tres, cuatro y cinco años, con la finalidad de asegurar la renovación alternada. Esta regla no aplica a los Ministros de Estado que integran el Consejo Directivo.

Cuarta.- Seguimiento de Inversión

Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1224 modificado por la presente norma, el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión transfiere las funciones, el acervo documentario, personal, logística y otros que pudieran corresponder a los proyectos de Asociación Pública Privada y Proyectos en Activos a Proinversión en el plazo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo. El acompañamiento, seguimiento, facilitación y simplificación de los proyectos no comprendidos en el presente Decreto Legislativo siguen a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión.

Quinta.- Regla especial para la opinión de relevancia en iniciativas privadas

Tratándose de iniciativas privadas que involucren competencia de Gobiernos Locales, en caso las municipalidades provinciales no emitan opinión favorable de relevancia a proyectos de competencia distrital, sustentan su respectiva opinión.

Sexta.- Formulación de Asociaciones Público Privadas

Cofinanciadas De acuerdo con lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1224, el Ministerio de Economía y Finanzas emite en el plazo de noventa (90) días, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, los lineamientos y metodologías para formular proyectos de inversión pública de Asociaciones Público Privadas Cofinanciadas.

Sétima.- TUO del Decreto Legislativo N° 1224

Dispóngase que en el plazo de treinta días (30) calendarios el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba mediante Decreto Supremo el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación

Deróguese la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Primer Vicepresidente de la República Encargado del Despacho de la Presidencia de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros y Encargado del Despacho del Ministerio de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Decreto Legislativo 1250 Facilitan regulación de Obras por Impuestos

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Alan Emilio en Pucallpa, Ucayali. Octubre 2016

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1250

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A por el plazo de noventa (90) días calendario;

Que, el literal f) del numeral 1 del artículo 2 del citado dispositivo legal establece la facultad de legislar para, entre otros, establecer medidas para mejorar la calidad y agilidad de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos en los tres niveles de gobierno, favoreciendo la descentralización; Que, la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, tiene como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales;

Que, mediante la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en distintas materias, mediante los procedimientos establecidos en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable al mecanismo de obras por impuestos en los tres niveles de gobierno, con el fin de mejorar la calidad y agilidad de los proyectos de inversión pública a ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos en los tres niveles de gobierno;

De conformidad con lo establecido en el literal f) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, Y LA LEY Nº 30264, LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Artículo 1. Modificación de los artículos 4, 5, 9, 11 y 14, el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria y Final, así como la Quinta, Décimo Sexta y Décimo Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

Modifíquese los artículos 4, 5, 9, 11 y 14, el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria y Final, así como la Quinta, Décimo Sexta y Décimo Séptima
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, en los siguientes términos:

Artículo 4.- Convenios de inversión pública regional y local
Autorízase a los gobiernos regionales y/o locales
a firmar convenios de inversión pública regional y local
con las empresas seleccionadas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley, para
financiar y/o ejecutar uno o más proyectos de inversión en
el marco de lo establecido en el artículo 2 de la presente
Ley.
Dicha autorización incluye a las mancomunidades
municipales y mancomunidades regionales, para
proyectos de inversión pública de alcance intermunicipal
e interdepartamental, respectivamente.
La empresa privada se compromete, en virtud al
convenio, a transferir al gobierno regional, gobierno local,
mancomunidad regional o mancomunidad local respectivo
el proyecto ejecutado.

Artículo 5.- Selección de la empresa privada
La empresa privada que suscriba un convenio de
inversión pública regional y/o local deberá cumplir con
los requisitos que se establezcan en el reglamento de la
presente Ley.
Los gobiernos regionales y/o locales realizan
el proceso de selección de la empresa privada, de
considerarlo necesario, con la asistencia técnica de
Proinversión.
Dicho proceso podrá ser encargado, en su integridad,
a Proinversión.
Los procesos de selección a que se refiere el presente
artículo se regirán por lo establecido en el reglamento
de la presente norma. Son de aplicación los principios
de libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia,
competencia, eficacia y eficiencia, enfoque de gestión
por resultados y responsabilidad presupuestal. De no
existir dos o más interesados en el financiamiento de
los proyectos o dos o más postores en el proceso de
selección, se procederá a la adjudicación directa. En caso
de existir dos o más interesados o postores en el proceso
de selección, se efectuará el proceso de selección
conforme a los procedimientos que se establecerán en el
reglamento de la presente Ley.

Artículo 9.- Supervisión del proyecto
La entidad pública es responsable por la correcta
supervisión del proyecto de inversión, para ello deberá
en todos los casos contratar a una entidad privada
supervisora la cual podrá ser financiada por la empresa
privada y en cuyo caso, el costo será reconocido en el
CIPRL, de acuerdo al artículo 6.
La contratación es efectuada conforme a lo establecido
en el reglamento para la selección de la empresa privada,
en lo que le fuera aplicable. Asimismo, la ejecución
del contrato de supervisión se realiza siguiendo los
procedimientos que disponga el reglamento.
La contratación de la entidad privada supervisora
debe realizarse antes del inicio previsto para el desarrollo
del proyecto de inversión pública conforme con los plazos
previstos en el Reglamento, y podrá ser encargada a
Proinversión.
En caso se resuelva el contrato de supervisión, la
entidad pública debe contratar una nueva entidad privada
supervisora. En ese caso, la entidad pública podrá convocar
un nuevo proceso de selección o efectuar una adjudicación
directa. A fin de asegurar la continuidad de la ejecución del
proyecto de inversión pública, la entidad pública con cargo
a su presupuesto institucional, puede realizar las acciones
de supervisión a través de su personal interno hasta por
un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados
desde el día siguiente de la resolución del contrato de
supervisión, para lo cual asume la responsabilidad de las
labores de supervisión y de dar la conformidad de calidad
de la obra correspondiente a dicho periodo. Dicho plazo
debe ser empleado por la Entidad Pública para realizar la
contratación de la entidad privada supervisora. Transcurrido
el plazo mencionado, y a pesar de no haberse realizado la
selección de la Entidad Privada Supervisora, el personal
interno designado no podrá continuar con las acciones de
supervisión, bajo responsabilidad.
El reglamento establecerá el procedimiento y las
condiciones para la adjudicación directa.

Artículo 11.- Condiciones para la emisión de los CIPRL
La emisión de los CIPRL se efectuará una vez
cumplido lo siguiente:
a) Que el gobierno regional o local haya otorgado la
conformidad de recepción de las obras ejecutadas por la
empresa privada, de acuerdo a los términos del convenio;
y,
b) que la entidad privada supervisora haya dado la
conformidad de la calidad de la obra.
Ambas conformidades pueden ser presentadas en un
solo documento.

Artículo 14.- Responsabilidad por incumplimiento
El titular de la entidad pública es responsable del
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su
reglamento, normas complementarias y las disposiciones
establecidas en los convenios de inversión.
Incurren en falta, de acuerdo al régimen al que
pertenezcan, los funcionarios y/o servidores de la entidad pública que no cumplan con alguna de las obligaciones
impuestas en la presente Ley, su reglamento, normas
complementarias y las disposiciones establecidas en
los convenios de inversión, iniciándose el procedimiento
sancionador correspondiente contra el funcionario
responsable, de acuerdo a las normas vigentes que
regulan el mismo.
La Entidad Pública, en el marco de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil, en un plazo de treinta (30) días
calendario contados desde la toma de conocimiento de
la ocurrencia de los hechos descritos en los párrafos
anteriores, debe iniciar los procedimientos administrativos
para determinar las responsabilidades funcionales
considerando los plazos de prescripción establecidos en
el artículo 94 de la referida Ley.
Las entidades públicas no podrán suscribir nuevos
convenios de inversión hasta su subsanación, respecto
a los siguientes incumplimientos: no realizar los registros
presupuestarios y financieros necesarios para la emisión
del CIPRL; no pronunciarse sobre la conformidad de
recepción del proyecto en el plazo previsto; así como
no cumplir con la entrega del CIPRL de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el reglamento y los
términos del convenio.

PRIMERA.- Informe previo de la Contraloría General de la República
Para efecto de los proyectos de inversión
pública regulados en la presente Ley que involucren
operaciones oficiales de crédito, la Contraloría
General de la República emitirá un Informe Previo, el
cual sólo podrá versar sobre aquellos aspectos que
comprometan la capacidad financiera del Estado, de
conformidad con el inciso l) del Artículo 22 de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, y deberá
ser publicado en el portal web de dicho organismo.
Dicho Informe Previo no es vinculante, sin perjuicio del
control posterior.
(…)
QUINTA.- Formato de convenio de inversión
El formato de convenio de inversión será aprobado
por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Resolución Ministerial. Dicho formato debe incluir
disposiciones referidas a la solución de conflictos, el
incumplimiento de plazos, y otras que se considere
pertinentes.
El convenio de inversión, y sus modificatorias, es
suscrito por el Titular de la entidad pública respectiva. En
el caso de proyectos de inversión pública a ser ejecutados
al amparo de lo establecido en el artículo 17 de la Ley
N° 30264, Ley que establece medidas para promover
el crecimiento económico, la facultad de suscripción del
convenio de inversión y sus modificatorias, pueden ser
objeto de delegación, mediante resolución del Titular de
la entidad pública.

DÉCIMO SEXTA.- Modificaciones a los convenios de inversión por variaciones originadas durante la fase de inversión
En aquellos casos en los que el monto máximo para la
emisión de los CIPRL, según lo establecido en la Segunda
Disposición Complementaria y Final de la presente Ley,
resultase insuficiente para cubrir las modificaciones de los
convenios por variaciones originadas durante la fase de
inversión, el exceso respecto al citado monto máximo se
financiará con cargo al presupuesto institucional respectivo
de la entidad pública, sin demandar recursos adicionales
al Tesoro Público. Para tal efecto, la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas emite uno o más CIPRL por dicho
monto, conforme a lo programado en un plazo máximo
de dos (2) años, siempre que el financiamiento se realice
con fondos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro
Público, conforme a las condiciones que se establezcan
en el reglamento.
Las entidades públicas deben efectuar la programación
presupuestaria correspondiente en los años fiscales
respectivos, para la atención de las obligaciones referidas
en el párrafo precedente, bajo responsabilidad del titular
de la entidad y del Jefe de la Oficina de Presupuesto o el
que haga sus veces en la entidad.
No podrán utilizarse para los fines señalados en el
párrafo precedente, bajo responsabilidad del Titular del
Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda,
los recursos provenientes del Fondo de Promoción del
Riego en la Sierra – MI RIEGO, Fondo Especial para la
Seguridad Ciudadana, Fondo para la Inclusión Económica
en Zonas Rurales (FONIE), Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) y del Plan
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización
Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes
de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones
Oficiales de Crédito.

DÉCIMO SÉPTIMA.- Ejecución de proyectos de inversión
Las entidades del gobierno nacional bajo los alcances
del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece
medidas para promover el crecimiento económico,
conjuntamente con gobiernos regionales o locales,
podrán suscribir convenios de inversión para ejecutar
proyectos en el marco de la presente Ley, en el marco de
sus competencias y de la normatividad vigente.
Los gobiernos regionales y locales, de forma conjunta,
también están facultados a celebrar el mismo tipo de
convenios de inversión.”

Artículo 2. Incorporación del artículo 15 y 16, así como la Décimo Octava Disposición Complementaria y Final a la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado

Incorpórese el artículo 15 y 16, así como la Décimo Octava Disposición Complementaria y Final a la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, en los siguientes términos:

Artículo 15.- Aplicación del marco normativo de Obras por Impuestos
El desarrollo del proceso de selección de la empresa privada así como la ejecución del proyecto, se regula por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones complementarias. No resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, canaliza las consultas o interpretaciones referidas al mecanismo de Obras por Impuestos establecido en la presente Ley, Reglamento y sus disposiciones complementarias.

Artículo 16.- Solución de controversias
Las controversias que surjan entre las partes en el marco de la ejecución de un convenio de inversión, se resuelven mediante conciliación o arbitraje. En los casos de conciliación, la entidad pública puede suscribir un acta en la que se determinen los derechos y las obligaciones exigibles a las partes y con el fin de viabilizar la correcta ejecución del proyecto de inversión pública.

Asimismo, la entidad pública y la empresa privada pueden convenir en someter sus controversias al trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes. El acuerdo al que se llegue tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de la transacción.

DÉCIMO OCTAVA.- CIPRL y CIPGN electrónico
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, debe implementar una plataforma de emisión de CIPRL y CIPGN electrónico, de acuerdo con las características relacionadas al registro, control y negociabilidad de dichos
certificados establecidos en la presente Ley, el artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, y su Reglamento, vinculado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, al cual tendrá acceso la empresa privada. La implementación de la plataforma se realiza en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de publicación de la presente norma.”

Artículo 3.- Modificación del artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico

Modifíquese el primer y cuarto párrafo del numeral 17.1 y el numeral 17.3 e incorpórese el numeral 17.4 al artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, en los siguientes términos:

“17.1 Autorízase a las entidades del Gobierno
Nacional, en el marco de sus competencias, a efectuar la
ejecución de proyectos de inversión pública en el marco
del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, en materia de salud, educación, turismo,
agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura,
saneamiento, electrificación rural, pesca, deporte,
ambiente, habilitación urbana, protección social,
desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia,
incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus
competencias, mediante los procedimientos establecidos
en la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado, de
acuerdo a lo establecido en el presente artículo y a lo
que se disponga en el Reglamento de la presente norma.
La ejecución de los proyectos de inversión pública en
materia de saneamiento bajo el mecanismo regulado en
la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado,
podrá incluir la operación de dichos proyectos por un
periodo máximo de 1 año. Para dicho efecto, autorícese
a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público (DGETP) a emitir los “Certificados de Inversión
Pública Gobierno Nacional – Tesoro Público” (CIPGN),
que tendrán por finalidad la cancelación del monto que
invierta la empresa privada que suscriba el convenio
para financiar y/o ejecutar los proyectos de inversión a
que se refiere el presente artículo. Esta modalidad de
ejecución no constituye una operación oficial de crédito.
Los CIPGN se regirán por lo previsto en la Ley Nº 29230,
Ley que impulsa la inversión pública regional y local
con participación del sector privado, en lo que resulte
aplicable a los “Certificados Inversión Pública Regional y
Local – Tesoro Público” (CIPRL).
(…)
Como requisito para iniciar la convocatoria al proceso
de selección de la empresa privada que suscriba el
convenio para financiar y/o ejecutar proyectos de inversión
pública mediante el mecanismo establecido en la Ley
N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado, la entidad
pública debe otorgar la certificación presupuestaria. Para
proyectos que se ejecuten parcial o totalmente en años
fiscales siguientes, la entidad pública debe presentar a la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas, un documento suscrito por su
titular en el que conste el compromiso de la entidad de
priorizar, bajo responsabilidad, en la fase de programación
presupuestaria los recursos necesarios para financiar
el pago de los CIPGN en cada año fiscal y por todo el
periodo de ejecución del proyecto de inversión, así como
de su mantenimiento de ser el caso; para ello debe
tener en cuenta el límite de los créditos presupuestarios
financiados con recursos del Tesoro Público que
corresponde a dicha entidad para cada año fiscal, a los
que se refiere el numeral 15.2 del artículo 15 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo 304-2012-EF.”
(…)
17.3 Asimismo, los Certificados de Inversión Pública
Gobierno Nacional – Tesoro Público (CIPGN) pueden
ser financiados con cargo a la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados, para proyectos de
inversión pública en las materias de ambiente, cultura,
electrificación rural y turismo, siempre que dichos
recursos se encuentren depositados en la Cuenta Única
del Tesoro Público, conforme a las condiciones que se
establezcan en el reglamento. Así como también podrán
ser financiados con cargo a la fuente de financiamiento
Recursos Determinados en el caso de proyectos de
inversión pública en la materia de electrificación rural.
17.4 El titular de la entidad pública del Gobierno
Nacional puede delegar a sus programas, proyectos o
unidades ejecutoras adscritos a éste, las facultades que
la presente ley y su reglamento le otorgan a fin de que,
en el marco de sus competencias, desarrollen proyectos
de inversión pública mediante el mecanismo establecido
en la presente Ley y la Ley N° 29230, Ley que impulsa
la inversión pública regional y local con participación del
sector privado.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Sostenibilidad de las finanzas públicas
Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se establecen los topes máximos respecto a la capacidad anual de las entidades que ejecuten proyectos de inversión pública en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo.

Segunda.- Modificaciones al reglamento
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se modificará el reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado; y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo.

Tercera: Nomenclatura
La regulación del Certificado “Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público” (CIPRL) establecida en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, es aplicable a los “Certificados de Inversión Pública
Gobierno Nacional – Tesoro Público” (CIPGN) establecido en el artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, salvo lo referido al primer párrafo del artículo 8, los artículos 12 y 13 así como la Segunda y Décimo Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29230.

Cuarta.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Segunda Disposición Complementaria Final.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la Presidencia de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Nuevo procedimiento para obtener copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal

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Alan Emilio en Pucallpa. Ucayali. Octubre 2016

Resolución Ministerial N° 389-2016-EF/41

Modifican TUPA del Ministerio, en lo concerniente al Servicio N° 2 “Expedición de copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal”

Lima, 25 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 305-2012-EF, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mismo que ha sido modificado por el Decreto Supremo N° 190-2016-EF y las Resoluciones Ministeriales N° 256- 2013-EF/41, N° 194-2014-EF/43, N° 254-2014-EF/41 y N° 324-2014-EF/41;

Que, el artículo 160 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los administrados, sus representantes legales o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, recabar copias de las piezas que contiene previo pago del costo de las mismas;

Que, de acuerdo con el literal g) del artículo 48 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MEF, aprobado con Decreto Supremo N° 117-2014-EF, la Oficina General de Planificación y Presupuesto tiene entre sus funciones formular, proponer, evaluar y actualizar los documentos normativos de gestión institucional de este Ministerio, tales como el TUPA, entre otros, motivo por el cual, la mencionada oficina en coordinación con el Tribunal Fiscal, plantea la modificación del TUPA del MEF en lo concerniente al Servicio N° 2, denominado “Expedición de copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal”, proponiendo que el cobro por la copia de folios de expedientes se efectúe a partir de seis (6) copias, por lo que todo requerimiento menor a seis (6) copias, será gratuito; asimismo, propone que el plazo para resolver la solicitud será hasta cinco (5) días hábiles;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establecen que toda modificación del TUPA, que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derecho de tramitación o requisitos, debe realizarse por Resolución Ministerial del Sector;

Que, en ese sentido, se estima pertinente precisar sobre la gratuidad y el cobro por las copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal, y el plazo para resolver el requerimiento en beneficio del administrado, comprendidos en el Servicio N° 2 “Expedición de copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal”, del TUPA del MEF, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones precitadas;

Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar la modificación del TUPA del MEF, aprobado con Decreto Supremo N° 305-2012-EF y sus modificatorias, en lo concerniente al Servicio N° 2, denominado “Expedición de copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal”;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Decreto Supremo N° 117-2014-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.– Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con Decreto Supremo N° 305-2012-EF y sus modificatorias, en lo concerniente al Servicio N° 2 “Expedición de copias de folios de expedientes del Tribunal Fiscal”, el mismo que queda redactado conforme al anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicar la presente resolución ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”, debiendo publicar su anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www. servicioalciudadano.gob.pe).

copias

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alfredo Thorne Vetter

Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Resolución de Superintendencia 311-2016/SUNAT Postergan hasta el 30 de junio del 2017 la obligatoriedad de emitir los comprobantes electrónicos

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Alan Emilio en Lima 2016

Resolución de Superintendencia N° 311-2016/SUNAT Modifican las Resoluciones de Superintendencia N°s. 185-2015/SUNAT, 203-2015/SUNAT y 255-2015/SUNAT

Lima, 29 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:
Que la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT y normas modificatorias, creó el Sistema de Emisión Electrónica (SEE), conformado inicialmente por el SEE – Del contribuyente y el SEE – SOL, para emitir en forma electrónica facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito;

Que la Resolución de Superintendencia N° 203-2015/SUNAT incorporó a un grupo de contribuyentes en el SEE, parte de los cuales deben emitir sus comprobantes de pago
en forma electrónica a partir del 1 de diciembre de 2016, empleando algunos de los sistemas que conforman el SEE;

Que la Resolución de Superintendencia N° 185-2015/SUNAT y normas modificatorias, sustituyó el anexo N° 5 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y normas modificatorias, con el propósito de establecer una nueva estructura del “Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónicas y Notas Electrónicas”, disposición que entrará en vigencia el 1 de enero de 2017;

Que el numeral 3 de la primera disposición complementaria final de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT y normas modificatorias, que regula el traslado de bienes utilizando el SEE, establece que las disposiciones sobre factura electrónica transportista (FE – transportista) y factura electrónica remitente (FE – remitente) que se emitan en el SEE, rigen a partir del 1 de enero de 2017;

Que a fin de otorgar mayores facilidades a los emisores electrónicos que les permita culminar de manera adecuada con la implementación del SEE, se estima conveniente ampliar los plazos señalados en las resoluciones de superintendencia citadas precedentemente;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del “Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general”, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta innecesario, en la medida que esta solo tiene por objeto otorgar mayores plazos para que los contribuyentes cumplan sus obligaciones relacionadas con la emisión electrónica de comprobantes de pago y documentos vinculados a estos, el “Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónicas y Notas Electrónicas”, la FE – transportista y la FE – remitente;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y normas modificatorias, y de conformidad con el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias, el artículo 5° de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria, y el inciso o) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1. Modificación de la Resolución de Superintendencia N° 203-2015/SUNAT
Incorpórese como única disposición complementaria transitoria de la Resolución de Superintendencia N° 203-2015/SUNAT, el siguiente texto:

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO Y DOCUMENTOS VINCULADOS A ESTOS EN FORMATOS IMPRESOS

Excepcionalmente, los sujetos designados por el numeral 2 del artículo único de esta norma como emisores electrónicos de comprobantes de pago y documentos vinculados a estos, pueden desde el 1 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017, emitir los comprobantes de pago y documentos vinculados a estos en formatos impresos o de manera electrónica, debiendo enviar a partir del 1 de enero de 2017 el resumen diario a que se refiere el numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/ SUNAT y normas modificatorias, en el plazo señalado en ese numeral.”

Artículo 2. Modificación de la Resolución de Superintendencia N° 185-2015/SUNAT

2.1 Modifícase el encabezado del inciso e) de la única disposición complementaria final de la Resolución de Superintendencia N° 185-2015/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA

(…)

e) A partir del 1.1.2017, tratándose de las siguientes disposiciones, salvo lo dispuesto en el sétimo guión que entrará en vigencia a partir del 1.7.2017:”

2.2 Modifícase el anexo E de la Resolución de Superintendencia N° 185-2015/SUNAT y normas modificatorias, en la parte que sustituye el encabezado del anexo 5 de la Resolución de Superintendencia N° 097- 2012/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:

“ANEXO E

ANEXO 5

RESUMEN DIARIO DE BOLETAS DE VENTA ELECTRÓNICAS Y NOTAS ELECTRÓNICAS

Vigente a partir de 1.7.2017

(…).”

Artículo 3. Modificación de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT Modifícase el numeral 3 de la primera disposición complementaria final de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.

– VIGENCIA

(…)

3. 1.7.2017, tratándose de las disposiciones sobre FE – transportista y FE – remitente, que se emitan en el SEE.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA

Superintendente Nacional

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Último minuto: SUNAT propone facilitar el transporte de bienes desde los terminales portuarios del Callao exceptuando la obligación de sustentar con guía de remisión el referido traslado

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Callao 2016

El proyecto de resolución de superintendencia modifica el numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT, con la finalidad defacilitar el traslado de bienes desde los terminales portuarios del Callao, ampliando para ello el ámbito territorial del uso de tickets de salida.

Asimismo, el proyecto contempla incorporar y modificar algunos requisitos que debe contener los tickets de salida para asegurar el control y trazabilidad de las operaciones registradas en dichos documentos.

 

Los comentarios al proyecto de resolución de superintendencia pueden dirigirse hasta el día 06 del mes de diciembre de 2016 vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: lsoto@sunat.gob.pe.

N.° -2016/SUNAT

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO PARA FACILITAR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LOS TERMINALES PORTUARIOS DEL CALLAO
Lima,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 del Decreto Ley N.° 25632 y normas modificatorias, establece que la SUNAT regulará la emisión de documentos que estén relacionados directa o indirectamente con los comprobantes de pago, tales como guías de remisión, a los que también les será de aplicación lo dispuesto en el referido artículo;
Que, asimismo, el artículo en mención prevé que la SUNAT señalará, entre otros, las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligación de emitir y entregar comprobantes de pago, facultad que, en virtud a lo mencionado en el considerando anterior, es aplicable respecto de la guía de remisión, pudiendo la SUNAT establecer las operaciones o modalidades exceptuadas de ser sustentadas con la misma;
Que con la finalidad de facilitar el transporte de bienes desde los terminales portuarios del Callao resulta conveniente modificar el Reglamento de Comprobantes de Pago para ampliar los supuestos de traslado exceptuados de ser sustentados con guía de remisión;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto Ley N.° 25632 y normas modificatorias; y de conformidad con el artículo 11 del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias; el artículo 5 de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria; y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Excepción a la obligación de sustentar con guía de remisión el traslado de bienes desde terminales portuarios del Callao

Sustitúyase el numeral 3.2.9 del inciso 3 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:

“Artículo 21.- TRASLADOS EXCEPTUADOS DE SER SUSTENTADOS CON GUÍA DE REMISIÓN
(…)
3. Independientemente de la modalidad de transporte bajo la cual se realice el traslado de los bienes:
(…)
3.2 No se exige guía de remisión del remitente, ni guía de remisión del transportista, en los siguientes casos:
(…)
3.2.9 En el traslado de bienes que ingresen al país desde los terminales portuarios del Callao hasta los almacenes aduaneros y, para el caso de mercancías nacionalizadas, a cualquier punto de país (zona secundaria), siempre que el traslado sea sustentado con el “Ticket de Salida” emitido por el administrador portuario y que dicho documento contenga como mínimo la siguiente información que debe constar de manera impresa:
a. Denominación del documento: “TICKET DE SALIDA”.
b. Número del ticket de salida.
c. Número de RUC del sujeto que realiza el transporte. En el caso de transporte bajo la modalidad de transporte público, de existir subcontratación, el número de RUC a consignar será el del sujeto subcontratado.
d. Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor:
i) Número de placa del vehículo.
ii) Nombre del conductor.
iii) Tipo y número del documento de identidad del conductor.
e. Número de contenedor, cuando corresponda.
f. Número de precinto.
g. Número de bultos, cuando corresponda.
h. Datos del bien transportado: contenedor con carga, contenedor vacío, carga a granel o carga rodante.
i. Número de manifiesto.
j. Número del conocimiento de embarque (Bill of Lading).
k. Peso neto del bien(es) transportado(s).
l. Fecha y hora de salida del terminal portuario.
m. La leyenda: “TRASLADO A ALMACÉN ADUANERO” o “TRASLADO A ZONA SECUNDARIA”.
ñ. Número de RUC del remitente.
n. Número de RUC del importador.
o. Número de RUC o tipo y número del documento identidad del destinatario de los bienes cuando se transfiera la propiedad a un tercero.
p. Número de la Declaración Aduanera de Mercancías donde se declara el bien transportado.
q. Ubigeo y dirección del punto de llegada.

El ticket de salida no deberá tener borrones ni enmendaduras a efecto de sustentar el traslado a que se refiere el párrafo anterior.

La excepción a que se refiere el primer párrafo del presente numeral no se aplica para el supuesto regulado en el numeral 1.2 del artículo 20 o cuando se emplee más de una unidad de transporte, o más de un contenedor, o los bienes sean trasladados a más de un destinatario, o a diferentes puntos de llegada.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Alan Emilio Matos Barzola

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