Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Lima 2015

LUGAR: Jr. Manuel Segura 271 – Santa Beatriz (AUDITORIO CEFAS), LINCE – LIMA (Altura de cuadra 14 de la Avenida Arequipa, Lima

FECHAS: 12 y 13 de Agosto.

HORARIO: 6:30 a 10:00 P.M.

DIRIGIDO A:
Profesionales con responsabilidad en las áreas de contabilidad, impuestos, finanzas y otros afines, así como estudiantes de contabilidad, administración, economistas, funcionarios y profesionales en general interesados en la parte tributaria con un método de aprendizaje sencillo y práctico.

OBJETIVOS:
El objetivo del presente seminario, es dar a conocer y analizar los principales reparos y gastos deducibles y no deducibles a fin de poder determinar correctamente el impuesto y evitar contingencias tributarias frente a una fiscalización tributaria por parte de la Administración Tributaria – SUNAT. Asimismo, desarrollaremos de manera práctica los sistemas de arrastre de pérdidas y los últimos criterios jurisprudenciales (RTF y sentencia de la corte suprema).

METODOLOGÍA:
El desarrollo del seminario tendrá la siguiente metodología:

1. Operaciones comúnmente observadas por la Administración Tributaria.
2. Referencias del marco normativo aplicable.
3. Análisis de casos prácticos sobre la base contenida de RTF.
4. Conclusiones y/o recomendaciones pertinentes.

TEMARIO:
1. Principio de Causalidad a la luz de la jurisprudencia nacional e internacional (RTF y Corte Suprema).
2. Devengo; reconocimiento de ingresos y gastos; Tratamiento contable e incidencia tributaria
3. Tratamiento de las depreciaciones y amortizaciones. Casuística.
4. Los comprobantes de pago como requisito formal tributario y documentación sustentaría.
5. Estimaciones contables y pérdidas valorativas
5.1. Exigencias tributarias.
5.2. Desvalorización de Existencias – merma y desmedro.
6. Gastos relacionados con Vehículos destinadas a la actividad económica; destinados a dirección, administración y representación
7. Gastos de personal y la NIC 19
8. Vacaciones. ¿Cuáles son las condiciones para su deducción tributaria?
9. Análisis de las resoluciones del tribunal fiscal sobre gastos ordinarios de la empresa como limpieza, seguridad, alimentación de los trabajadores, entre otros.
10. Controversias relacionados con el crédito fiscal del IGV.
11. Correcta determinación del saldo a favor del exportador.
12. Correcta determinación del saldo a favor materia del beneficio.
13. Determinación sobre base cierta y base presunta.
14. Declarar cifras o datos falsos.
15. No retener y no pagar las retenciones.
16. No llevar libros contables o llevarlos sin observar las normas legales.

Cada ítems será desarrollado con casos prácticos aplicando el plan contable empresarial y citando jurisprudencia actualizada.

EXPOSITOR: Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Tributación Empresarial – Derecho y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).

Ex asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, Actualidad Empresarial, Estudio Caballero Bustamante – Thomson Reuters

Expositor en XX Convención Nacional de Tributación – TRIBUTA 2014, organizado por la Junta de Decanos por el Colegio de Contadores Públicos del Perú.

Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martin)

Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 8 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cusco, Arequipa, Ilo, Madre de dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco.)

INVERSIÓN:
Antes del 12 de Agosto — S/. 320.00
Después del 12 de Agosto — S/. 380.00
Corporativo (A partir de 3 participantes) — S/. 350.00
Ex alumnos — 5% de descuento

INSCRIPCIONES: Depositando en una de nuestras cuentas:

Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 371-063307
Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.

Cta en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 04-784-407298
Titular: Miguel Patricio Espinoza

Cta en soles del Banco Scotiabank N° de Cuenta: 751-7368002
Titular: Miguel Patricio Espinoza

Cta en soles del Banco de Crédito del Perú N° de Cuenta: 375-32259455-0-64
Titular: Miguel Patricio Espinoza
Comisión bancaria: Si + S/. 4.50

Cta en soles del Banco Interbank N° de Cuenta: 622-302017516-6
Titular: Miguel Patricio Espinoza
Comisión bancaria: Si + S/. 3.50

Luego enviar un correo a cursos@perucontable.com escaneando el voucher o indicando el número de operación y sus datos personales: Nombres, apellidos y número de contacto.

INFORMES:
Coordinadora Académica.
CPC. Ana Nuñez Cabanillas.
RPM: #988390127 | cursos@perucontable.com

Director académico:
CPC: Miguel Patricio espinoza
RPM: *660696 | RPC: 943775659 | cursos@perucontable.com

Decreto Supremo 220-2015-EF Modifican Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de la deducción de los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica

Chavín 2015

Chavín 2015

Con el propòsito de adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta a lo dispuesto por la Ley 30309 Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, que a su turnó modificó el inciso a.3 del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se establece la regulación aplicable a la deducción de estos gastos, valga la redundancia, en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Ojo la vigencia de estas disposiciones son a partir del 01 de enero del 2016.

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

DECRETO SUPREMO N° 220-2015-EF Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias se aprobó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta; Que, mediante la Única Disposición Complementaria Modifi catoria de la Ley N° 30309 Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica se modificó el inciso a.3 del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta que regula la deducción de los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica;

Que, en consecuencia resulta necesario adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modifi catorias a las modifi caciones introducidas por la mencionada ley;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Definiciones

Para efecto del presente Decreto Supremo se entiende por:

1. Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante Decreto Supremo N° 179- 2004-EF y normas modifi catorias.

2. Reglamento: Al Reglamento de la Ley aprobado mediante Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias.

Artículo 2- Modificación del inciso y) del artículo 21 del Reglamento.

Modifíquese el inciso y) del artículo 21 del Reglamento conforme al siguiente texto:

Artículo 21.- RENTA NETA DE TERCERA CATEGORÍA

(…)

y) Tratándose del inciso a.3) del artículo 37 de la Ley se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Constituyen gastos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, aquellos que se encuentren directamente asociados al desarrollo del proyecto, incluyendo la depreciación o amortización de los bienes afectados a dichas actividades.

2. Se llevará en la contabilidad cuentas de control denominadas “gastos en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, inciso a.3 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta”, en las cuales el contribuyente anotará dichos gastos para su respectivo control. De existir más de un proyecto de investigación científi ca, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, estas cuentas de control deben permitir distinguir los gastos por cada proyecto.

3. Con relación a lo establecido en los acápites i. y iii. del inciso a.3) del artículo 37º de la Ley se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. En la investigación científica:

i. Se entiende por investigación básica a la generación o ampliación de los conocimientos generales científicos y técnicos no necesariamente vinculados con productos o procesos industriales o comerciales.

ii. Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de conocimientos con vistas a utilizarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos o para suscitar mejoras importantes de productos o procesos existentes.

b. En la innovación tecnológica:

i. Se entiende por innovación de producto a la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o signifi cativamente mejorado, en cuanto a sus características funcionales o en cuanto al uso al que se destina.

Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes.

ii. Se entiende por innovación de proceso a la introducción de un nuevo, o signifi cativamente mejorado, proceso de producción o distribución que impliquen atributos funcionales nuevos o sustancialmente diferentes. Ello implica cambios signifi cativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos.

4. No constituye investigación científica:

4.1. La enseñanza y formación de personal que se imparten en universidades e instituciones especializadas de enseñanza superior o equivalente, con excepción de la investigación efectuada por los estudiantes de doctorado en las universidades.

4.2. Las siguientes actividades:

i. Servicios de formación científica y técnica

ii. Recolección, tratamiento e interpretación de datos de interés general

iii. Ensayos y Normalización

iv. Estudios de viabilidad

v. Asistencia médica especializada

vi. Trabajos administrativos y jurídicos relativos a patentes y licencias

vii. Actividades rutinarias de uso y mantenimiento de software

viii. Estudios relacionados con la política

ix. Estudios de prefactibilidad, factibilidad o consultorías ajenas a la materia de investigación

x. Gestión y actividades de apoyo indirectas que no constituyen investigación y desarrollo en sí mismas

xi. La simple sustitución, compra, ampliación o actualización de infraestructura, máquinas, equipos o programas informáticos

4.3. La promoción de aquello que sea resultado de la investigación científi ca, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.

4.4. La realización o contratación de estudios de mercado y de comercialización.

4.5. Las actividades informáticas que sean de naturaleza rutinaria y que no impliquen avances científi cos o técnicos o no resuelvan incertidumbres tecnológicas.

4.6. Los proyectos de naturaleza rutinaria en los que los científi cos de las ciencias sociales utilicen metodologías establecidas, principios y modelos, aunque sean propios de las ciencias sociales, para resolver un determinado problema.

4.7. La adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta consista en el objeto principal de las labores de investigación científica.

5. No constituye desarrollo tecnológico:

5.1. Las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modifi caciones puedan representar mejoras de los mismos.

5.2. Pruebas y evaluaciones, una vez que un prototipo se transforma en un material, producto o proceso comercializable, que tenga como fin inmediato su inserción en el mercado.

5.3. Los esfuerzos rutinarios para mejorar productos o procesos. Se define esfuerzos rutinarios como las actividades que se realizan en forma cotidiana por la empresa.

5.4. Los cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o procesos.

5.5. Cambios de diseño que no modifi quen la funcionalidad del producto.

5.6. Las modifi caciones estéticas o menores de aplicaciones ya existentes para diferenciarlos de otras.

5.7. Comercialización de productos y servicios de otras empresas, incluidas casas matrices.

5.8. La promoción de aquello que sea resultado de la investigación científi ca, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.

5.9. Las actividades informáticas que sean de naturaleza rutinaria y que no impliquen avances científi cos o técnicos o no resuelvan incertidumbres tecnológicas.

5.10. La realización o contratación de estudios de mercado y de comercialización.

5.11. Las siguientes actividades:

i. La realización de estudios de prefactibilidad, factibilidad o consultorías ajenas al proyecto de desarrollo tecnológico, o

ii. La simple sustitución, compra, ampliación o actualización de infraestructura, máquinas, equipos o programas informáticos.

5.12. La adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta consista en el objeto principal de las labores de desarrollo tecnológico.

6. No constituye innovación tecnológica:

6.1. Los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos. Los esfuerzos rutinarios se defi nen como las actividades que se realizan en forma cotidiana por la empresa.

6.2. La formación del personal si ésta no se orienta hacia una innovación específi ca de producto o proceso en la empresa. La formación vinculada a la instauración por primera vez de nuevos métodos de mercadotecnia u organización.

6.3. El cese de la utilización de un proceso o de la comercialización de un producto.

6.4. La simple sustitución o ampliación de equipos.

6.5. La Producción Personalizada que consiste en la adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específi cos impuestos por un cliente, a no ser que impliquen atributos funcionales significativamente diferentes.

6.6. Los cambios periódicos o de temporada.

6.7. Cambios de diseño que no modifi quen la funcionalidad del producto.

6.8. Las modificaciones estéticas de productos ya existentes para diferenciarlos de otros similares.

6.9. La comercialización de productos y servicios de otras empresas, incluidas casas matrices.

6.10. Los ajustes rutinarios realizados por la empresa debido a su operación normal.

6.11. Los incrementos de producción o capacidad de servicio, debidos al aumento de la capacidad de producción o el uso de sistemas logísticos similares a los usados corrientemente por la empresa.

6.12. Los cambios en las prácticas de negocios, organización del trabajo o relaciones externas que estén basadas en metodologías organizacionales ya utilizadas por la empresa.

6.13. La adquisición y parametrización simple de software para gestión empresarial.

6.14. La promoción de aquello que sea resultado de la investigación científi ca, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.

6.15. La realización o contratación de estudios de mercado y de comercialización.

6.16. Las siguientes actividades:

i. La realización de estudios de prefactibilidad, factibilidad o consultorías ajenas al proyecto de innovación tecnológica, o,

ii. La simple sustitución, compra, ampliación o actualización de infraestructura, máquinas, equipos o programas informáticos.

6.17. La adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta consista en el objeto principal de las labores de innovación tecnológica.”

Artículo 3.- Refrendo

El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- De los lineamientos sobre investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) establecerá los lineamientos que permitirán determinar las características o actividades que se atribuyen a la investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.

Segunda.- Vigencia

El presente decreto supremo entrará en vigencia a partir del día 01 de enero de 2016.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintaiún días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI

Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Lima 26 y 27 de agosto 2015 Casuística de NICs-NIIFs y sus Implicancias Tributarias

RTF 00380-5-2013 Requisitos constitutivos para que los servicios, importaciones o ventas que efectúen las Instituciones Deportivas se encuentren inafectas del Impuesto General a las Ventas

Alan Emilio en Huaraz julio 2015

Alan Emilio en Huaraz julio 2015

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Mediante Resolución RTF Nº 00380-5-2013, de fecha 08 de enero del 2013, se resuelve una controversia en torno a los requisitos que un contribuyente debe cumplir para que sus servicios, importaciones o ventas, en su calidad de instituciòn deportiva, se encuentren inafectas del Impuesto General a las Ventas.

Citando el contenido de su RTF 02258-3-2005 el Tribunal Fiscal indica que para que se configure el supuesto de inafectaciòn establecido en el segundo pàrrafo del inciso g) del artículo 2 de la Ley del Impuesto General a las ventas, los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

a). Que se trate de una instituciòn cultural o deportiva que se encuentre dentro de los supuestos establecidos en el inciso c) del artìculo 18  o el inciso b) del artìculo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta.

b). Que cuente con la resoluciòn suprema que autorice la inafetaciòn de la transferencia o importaciòn de bienes y la prestaciòn de servicios a ser realizados por dichos sujetos.

c). La calificaciòn del IPD en el caso de tratarse de instituciones deportivas o la calificaciòn del Instituto Nacional de Cultura en el caso de las instituciones culturales.

Precisa el Tribunal que no resulta suficiente acreditar que durante los periodos en los que èstas operaciones se realizaban tenìan la calidad de asociaciòn deportiva sin fines de lucro sino que debìa demostrarse que en estos periodos se contaba con la resoluciòn suprema respectiva y la calificación otorgada por el IPD, los que son requisitos de caràcter constitutivo y no declarativo.

Toda vez que en el caso materia de examen el contribuyente no contaba con la resoluciòn suprema que autorizaba la inafectaciòn, ni tampoco contaba con la calificaciòn del IPD, los reparos al débido fiscal efectuados por concepto de venta de entradas para asistir a los partidos de fútbol jugados se encuentran arreglados a ley, correspondiendo mantenerlos.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Lima 26 y 27 de agosto 2015 Casuística de NICs-NIIFs y sus Implicancias Tributarias

RTF 01100-8-2014 rechaza falacia de causalidad automática y libertina en reparos al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas

Alan Emilio en el Cusco

Alan Emilio en el Cusco

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Mediante Resolución RTF 01100-8-2014, de fecha 22 de enero del 2014, resuelve principalmente el reparo al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas  de diversos periodos por adquisiciones de pantalones, sacos, camisas, blusas, alimentos preparados, panetones, abarrotes, asistencia a seminarios, y otros por no corresponder al giro del negocio, sustentàndose el reparo en el requerimiento Nª xxx y su resultado.

El contribuyente señalaba que los sacos, pantalones, casacas, blusas y camisas constituìan condiciòn de trabajo, sin embargo el Tribunal Fiscal indica que si bien conceptualmente el uso de uniformes es aceptado como condiciòn de trabajo, ello no es óbice para que en cada caso concreto se deba acreditar que el tipo de uniforme adquirido guarda relación o sea  adecuado con el puesto del trabajador, lo que no ha sucedido en el presente caso, ni tampoco se ha probado que se hubiera entregado efectivamente las prendas adquiridas a los trabajadores. En tal sentido, no se ha acreditado que existiera relaciòn de causalidad.

Respecto de los obsequios y agasajos efectuados a sus clientes a fin de mantener las relaciones comerciales, el Tribunal Fiscal aclara que si bien el motivo esgrimido por el contribuyente puede ser calificado como vàlido y sustentar la existencia de relaciòn de causalidad, dicho contribuyente no adjuntò documentaciòn sustentatoria alguna, tales como la relaciòn de los clientes favorecidos como los obsequios y agasajos y las constancias de que efectivamente fueron los destinatarios de èstos, por lo que no se encuentra acreditado que en efecto se hubieran destinados a mantener o gratificar una relaciòn comercial (ni que en efecto las erogaciones hayan sido destinadas a clientes). En tal medida tampoco se ha acreditado la existencia de relaciòn de causalidad.

En cuanto a los bienes y consumo en restaurante que el contribuyente refiere que fueron destinados a agasajar a sus trabajadores, cabe indicar que no ha presentado documentaciòn que sustente que tales erogaciones fueron destinadas a tal fin, de modo que en este caso, tampoco se ha acreditado la relaciòn de causalidad.

Al no haberse demostrado con la documentaciòn correspondiente la existencia de relaciòn de causalidad, tampoco se ha acreditado el cumplimiento de uno de los requisitos sustanciales para ejercer el crédito fiscal, por lo que corresponde mantener el reparo.

Finaliza el Tribunal Fiscal en forma brillante indicado lo siguiente:

Que en cuanto a lo argumentado por la recurrente (contribuyente) respecto a que los requerimientos de la Administración son excesivos y tienen como finalidad poner trabas insalvables, es del caso indicar que segùn se ha glosado anteriormente, la Administración solicitó la documentaciòn sustentatoria de las adquisiciones efectuadas a fin de verificar, entre otros, la existencia de relación de causalidad entre ellas y el quehacer, directa o indirectamente, de la empresa, siendo que ello resulta razonable y no implica vulneración alguna de los derechos de la recurrente, puesto  que no basta para probar la causalidad la sola revisión del comprobante de pago y/o su registro o anotación, por lo que carece de sustento su alegación”. 

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Lima 26 y 27 de agosto 2015 Casuística de NICs-NIIFs y sus Implicancias Tributarias

Acuerdo Plenario Nº 02-2009/CJ-116 de la Corte Suprema establece Doctrina Legal sobre improcedencia de la acción penal cuando se regulace la situación tributaria

Alan Emilio en el Cusco

Alan Emilio en el Cusco

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

La Corte Suprema de Justicia de la República en el marco del V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria establecieron el Acuerdo Plenario Nº 02-2009/CJ-116 sobre el fundamento del artículo 189° del Código Tributario. ASUNTO: REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA

ACORDARON:

15°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6° al 13°.

16°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.

17°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase saber.

A continuación se reproducen los fundamentos jurídicos considerados como doctrina legal:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Bases normativas.

6°. El artículo 189° CT, modificado por la Ley número 27038, incorpora una causa material de exclusión de pena concebida procesalmente como un impedimento procesal, cuyo efecto es, de un lado, excluir la punibilidad del hecho típico, antijurídico y culpable, y, de otro lado, impedir la iniciación del proceso penal. Prescribe la citada norma, en sus párrafos segundo, tercero y cuarto, lo siguiente:

A. “No procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la formulación de denuncia penal por delito tributario por parte del Órgano Administrador del Tributo cuando se regularice la situación tributaria, en relación con las deudas originadas por la realización de algunas de las conductas constitutivas del delito tributario contenidas en la Ley Penal Tributaria, antes de que se inicie la correspondiente investigación fiscal o a falta de ésta, el Órgano Administrador del Tributo notifique cualquier requerimiento en relación al tributo y período en que se realizaron las conductas señaladas”.

B. “La improcedencia de la acción penal contemplada en el párrafo anterior, alcanzará igualmente a las posibles irregularidades contables y otras falsedades instrumentales que se hubieran cometido exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización”.

C. “Se entiende por regularización el pago de la totalidad de la deuda tributaria o en su caso la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido indebidamente. En ambos casos la deuda tributaria incluye el tributo, los intereses y las multas”.

7°. La indicada norma material debe ser interpretada en concordancia con los artículos 7° y 8° de la Ley Penal Tributaria –en adelante, LPT-.

A. El artículo 7° LPT, modificado por el Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-, establece: “1. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano Administrador del Tributo.- 2. Las Diligencias preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la instrucción o Investigación Preparatoria, deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo”.

B. El artículo 8° LPT, modificado por el NCPP, preceptúa que: 1. El Órgano Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que existen indicios de la comisión de un delito tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el procedimiento que corresponda.- 2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador del Tributo, dispondrá lo conveniente. En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al Órgano Administrador del Tributo le remita las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por si mismo o por la Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”.

§ 2. La regularización tributaria.

8°. Los delitos tributarios protegen la Hacienda Pública desde la perspectiva del interés del Estado y de la propia Hacienda Pública de que la carga tributaria se realice con los modos fijados en la Ley. Se protege, en consecuencia, el proceso de recaudación de ingresos y de distribución de los mismos en el gasto público [LORENZO MORILLAS CUEVAS: Derecho Penal Español – Parte Especial, tomo I, (MANUEL COBO DEL ROSAL: Coordinador), Editorial Dykinson, Madrid, 2004, página 613].

Los delitos tributarios comprendidos en la LPT tienen las siguientes notas características esenciales:

A. Se configuran como un delito especial propio y de infracción del deber de contribuir mediante el pago de tributos al sostenimiento de los gastos Publio

B. Tienen una naturaleza patrimonial, pero es de tener en cuenta su carácter público en atención a la función que los tributos cumplen en un Estado social y democrático de derecho.

C. Son delitos de resultado. Se exige la producción de un perjuicio que se consuma desde el momento en que se deja de pagar, total o parcialmente, los tributos o que se obtenga o disfruta indebidamente de un beneficio tributario.

D. El núcleo típico es la elusión del pago de tributos debidos o la obtención indebida de beneficios tributarios, cuya perpetración puede producirse tanto por acción, como por omisión.

E. Es un delito doloso –directo o eventual-, centrada en el conocimiento de la afectación del interés recaudatorio del Fisco. Además, se requiere de un elemento subjetivo especial o de tendencia: el ánimo de lucro en provecho propio como de un tercero [LUIS ALBERTO BRAMONT ARIAS TORRES/MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CANTIZANO: Manual de Derecho Penal – Parte Especial, Tercera edición, Editorial San Marcos, Lima, 1977, página 478], aunque no hace falta que se alcance efectivamente.

9°. La finalidad de política tributaria de la regularización se encuentra en el objetivo estatal de conseguir que los tributos dejados de pagar efectivamente se recauden, y su fundamento dogmático reside en la reparación del daño [PERCY GARCÍA CAVERO: Derecho Penal Económico – Parte Especial, Tomo II, Editorial Grijley, Lima, 2007, páginas 693 y 698] y, como tal, con entidad para confluir con los fines de la pena –tanto en la retribución como en la prevención [FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Pena l- Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2006, página 80]. En tanto se trata de una causa material de exclusión de punibilidad ex post factum sus efectos liberatorios de la sanción penal necesariamente alcanzan o benefician a todos los intervinientes en el delito –autores y partícipes-. Destaca la perspectiva objetiva de la regularización tributaria, esto es, el ámbito de aplicación, los requisitos y los efectos de la regularización, como resulta evidente, se refieren al hecho o injusto culpable, no al autor. Tal consideración es, por cierto, compatible con el propio tenor literal del artículo 189° CT, que a final de cuenta impide toda posibilidad de someter a proceso penal por los hechos punibles objeto de regularización.

10°. La regularización tributaria, en aras de alentar la regularización tributaria y su propia eficacia, y acudiendo a un argumento “a fortiori” [FERMÍN MORALES PRATS: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Segunda Edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999, páginas 791/792], abarca tanto el conjunto de delitos comprendidos en la LPT (artículos 1°/5°), en tanto en cuanto perjudiquen la Hacienda Pública: omisión del pago de tributos debidos u obtención efectiva de beneficios tributarios –entendidos ampliamente, en cuya se virtud se comprende a todos los mecanismos que por el resultado disminuyen o eliminan la carga tributaria [CARMEN DEL PILAR ROBLES MORENO y otros: Código Tributario, Doctrina y Comentarios, Pacífico Editores, Lima, 2005, página 671]-, como, por imperio del tercer párrafo del artículo 189° CT, “…las posibles irregularidades contables y otras falsedades instrumentales que se hubieran cometido exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización”. La extensión de la impunidad, en estos casos, sólo puede admitirse en la medida en que éstas carezcan de autonomía punitiva frente a los delitos tributarios; es decir, aquellas irregularidades contables y falsedades realizadas con finalidad y efectos exclusivos de tipo tributario [J. BOIX REIG y otros: Derecho Penal – Parte Especial, Tercera edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, página 592].

11°. La regularización tributaria está sujeta a dos requisitos esenciales: actuación voluntaria a través de una autodenuncia y pago total de la deuda tributaria o devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido indebidamente.

A. Regularización voluntaria. Se expresa en la frase: “…se regularice la situación tributaria (…) antes de que se inicie la correspondiente investigación fiscal o a falta de éste, el Órgano Administrador del Tributo notifique cualquier requerimiento en relación al tributo y período en que se realizaron las conductas señaladas” (artículo 189°, segundo párrafo, CT). Esta exigencia o condicionante temporal plantea que la regularización se realice en forma voluntaria o espontánea, la que debe concretarse antes de la intervención de la autoridad tributaria o penal. En este último supuesto no hace falta una disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria (artículo 7°.1 LPT en concordancia con el artículo 336° NCPP), cuyo equivalencia en el ACPP será la denuncia formalizada del Ministerio Público y el respectivo auto de apertura de instrucción; sólo se requiere del inicio de actuaciones de investigación, que muy bien pueden tratarse de diligencias preliminares en tanto en cuanto exista suficiente precisión de los cargos, de su presunta relevancia delictiva. De otro lado, la regularización no necesariamente debe ser obra del obligado; además, los motivos internos que determinan la regularización no son relevantes, sólo lo es el momento en que tiene lugar.

B. Pago total de la deuda tributaria o devolución íntegra del beneficio tributario. Se precisa en el cuarto párrafo del artículo 189° CT, que dice: “Se entiende por regularización el pago de la totalidad de la deuda tributaria o en su caso la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido indebidamente. En ambos casos la deuda tributaria incluye el tributo, los intereses y las multas”. No sólo se trata de que se formule una autodenuncia a través de una declaración rectificatoria, sino de que pague efectivamente la deuda tributaria o efectúe la devolución correspondiente. Frente a montos dudosos o de necesaria determinación administrativa –que traen causa en la comisión de delitos tributarios-, es posible que la autoridad cuestione la rectificación y exija un monto mayor, oportunidad en que debe establecerlo –con inclusión a los tributos, de los intereses y las multas- y el obligado a pagar inmediata e íntegramente el diferencial respectivo.

12°. El delito tributario, desde la reforma de la LPT por el NCPP –en especial del artículo 8°-, es un delito de persecución pública a cargo del Ministerio Público, aunque con la necesaria intervención de la autoridad administrativa tributaria. A partir de esas modificaciones tiene sentido que la regularización pueda realizarse: (i) antes que la Fiscalía inicie diligencias preliminares de averiguación sobre la posible comisión de un delito tributario –no necesariamente, como era antes de la reforma, una denuncia por delito tributario debe ser de previo conocimiento de la autoridad tributaria, aunque su ulterior intervención es preceptiva-; y, en su defecto –ante la inexistencia de la intervención de la Fiscalía, del inicio de actuaciones de averiguación-, (ii) el Órgano Administrador del Tributo notifique un requerimiento en relación al tributo y período en que se realizaron las conductas presuntamente delictivas señaladas. El requerimiento de la administración tributaria debe ser específico, vinculado a un delito tributario concreto, enmarcado temporalmente. El bloqueo a la regularización necesita de un requerimiento expreso en cuanto al delito presuntamente cometido o la referencia a las conductas delictivas que le dan por su naturaleza relevancia penal [JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA: Regularización Tributaria, Actualidad Jurídica número 115, Lima, Junio 2003, Lima, página 20].

§ 3. Fraccionamiento tributario, leyes especiales y exención de pena.

13°. Con carácter general, el artículo 36° CT estatuye que: “Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria con carácter general, excepto en los casos de tributos retenidos o percibidos, de la manera que establezca el Poder Ejecutivo.- En casos particulares, la Administración Tributaria está facultada a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria al deudor tributario que lo solicite, (…), siempre que dicho deudor cumpla con los requerimientos o garantías que aquélla establezca mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar y con los siguientes requisitos: (…).- El incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó el aplazamiento y/o fraccionamiento, conforme a lo establecido en las normas reglamentarias, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas de cobranza coactiva por la totalidad de la amortización e intereses correspondientes que estuvieran pendientes de pago”. Como se advierte de su texto, el citado artículo 36° CT reconoce la posibilidad de que el deudor tributario se acoja al aplazamiento y/o fraccionamiento de su deuda tributaria, siempre sujeto a una serie de condiciones y garantías que la Administración Tributaria ha de valorar para su aceptación o rechazo. Sin embargo, el hecho de reconocer la deuda tributaria y su imposibilidad de pago oportuno, al igual que la emisión de la correspondiente autorización administrativa que acepta el aplazamiento y/o el fraccionamiento de su pago, en modo alguno tiene relevancia jurídico penal cuando el incumplimiento de la obligación tributaria trae su causa en la comisión de delitos tributarios, a menos que el legislador por medio de una norma con rango de ley así lo decida, clara e inequívocamente. Razones de prevención general explican esta conclusión, en tanto que ya se produjo la conducta delictiva y la consiguiente afectación a la Hacienda Pública.

Por lo demás, la única causa material de exclusión de punibilidad es aquella, ya analizada, referida a la regularización tributaria y ésta importa no el aplazamiento o el fraccionamiento del pago sino su total cancelación. Esta exigencia es compatible con la finalidad de política fiscal de toda regularización tributaria, que persigue que se paguen los tributos, no sólo que espontánea o voluntariamente se indique el faltante, única posibilidad que haría cesar la necesidad de pena.

En tal virtud, el acogerse a un sistema especial de fraccionamiento o de sinceramiento tributario, como lo fue en su día los adoptados por las leyes número 27344 –Ley del régimen especial de fraccionamiento tributario- y 27681 –Ley de reactivación a través del sinceramiento de las deudas tributarias (RESIT)-, carece de relevancia como presupuesto para excluir la pena.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Lima 26 y 27 de agosto 2015 Casuística de NICs-NIIFs y sus Implicancias Tributarias

Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs Ecuador : Si una persona ejerce el uso y goce de bienes (registrables o no) debe respetarse la posesiòn (presunciòn de propiedad) al no constar que otra persona reclame la propiedad de dichos bienes

Alan Emilio en el Cusco

Alan Emilio en el Cusco

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Mediante Sentencia de fecha 07 de septiembre del 2004 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en San Josè, Costa Rica) resolvió el Caso Tibi Vs. Ecuador siendo relevante considerar su contenido

El 25 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Washington, Estados Unidos de América) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Ecuador, la cual se originó en la denuncia Nª 12.124, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de julio de 1998.

Según expone la Corte Interamericana en su pàrrafo considerativo 209, el artículo 21 de la Convención Americana establece:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

En el presente caso, la Corte Interamericana expone que el señor Tibi se hallaba en una posesión no controvertida de los bienes al momento de su detención. Dicha posesión fue documentada por un agente estatal cuando levantó la correspondiente acta.

Indica la Corte Interamericana que es generalizada la admisión de que la posesión establece por si sola una presunción de propiedad a favor del poseedor y, tratándose de bienes muebles, vale por título. Esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otras cosas, la posesión de los bienes.

Seguidamente en su considerando 219 la Sentencia de la Corte detalla: “Por lo que toca al automóvil que conducía el señor Tibi cuando fue detenido, si bien se trata de un bien mueble registrable, este registro es necesario para el solo efecto de la oponibilidad ante el reclamo de un tercero que pretende tener algún derecho sobre el bien. En el presente caso no consta que persona alguna haya reclamado la propiedad del automóvil que se encontraba en poder del señor Tibi, por lo cual no debería presumirse que no le pertenecía dicho bien. En consecuencia, era procedente respetar la posesión que ejercía”.

La Corte Interamericana especifica: “En suma, los bienes incautados al señor Tibi, al momento de la detención, se encontraban bajo su uso y goce. Al no serle devueltos, se le privó de su derecho a la propiedad. El señor Tibi no estaba obligado a demostrar la preexistencia ni la propiedad de los bienes incautados para que estos le fueran devueltos”.

Es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que el Estado violó el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Daniel Tibi.

Se DECLARA por unanimidad, que el Estado (ecuatoriano) violó el Derecho a la Propiedad Privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Daniel Tibi, en los términos de los párrafos 209 a 221 de la presente Sentencia.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf 

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

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Informe 099-2015-SUNAT/5D0000 Intereses legales moratorios abonados a los trabajadores independientes no se encuentran afectos al Impuesto a la Renta

Yungay 2015

Yungay 2015

Mediante Informe 099-2015-SUNAT/5D0000 la Administración Tributaria aclara que los intereses legales moratorios abonados a los trabajadores independientes (perceptores de rentas de cuarta categoría), con ocasión del pago tardío de sus retribuciones económicas, no se encuentran afectos al Impuesto a la Renta.

Según se expone, dado el carácter indemnizatorio del interés legal moratorio aplicable, por mandato judicial o no, a las retribuciones devengadas y canceladas tardíamente a los trabajadores por su trabajo personal, aquel no se encuentra afecto al Impuesto a la Renta.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2015/informe-oficios/i099-2015.pdf 

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
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Comunicado de SUNAT colgado el 24 de julio 2015

COMUNICADO

Comunicado SUNAT                 Señor Contribuyente

La SUNAT les comunica que debido a la actualización de su plataforma informática, los servicios de trámites RUC (inscripción, actualización y /o modificación de datos) y de autorización de comprobantes de pago, se suspenderán a partir de la 1:00 p.m. del sábado 25, hasta la medianoche (12:00 m.n.) del miércoles 29 de julio.

Los Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional, atenderán los servicios que no involucren los trámites indicados.

Agradecemos su gentil comprensión

Lima, 24 de julio de 2015

http://www.sunat.gob.pe/mensajes/julio/2015/aviso-ti-240715.html

RTF 21510-4-2012 Para dirimir si un activo intangible califica com de vida limitada o no corresponde tener en cuenta la NIC 38

Alan Emilio en Huaraz julio 2015

Alan Emilio en Huaraz julio 2015

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Mediante Resolución RTF Nº 21510-4-2012, de fecha 18 de diciembre del 2012, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia en torno a la deducción como gasto corriente del 100% del importe registrado en la cuenta contable de intangibles de una entidad respecto de los pagos efectuados por concepto de “Bases de Datos”.

La posiciòn del contribuyente era que estos pagos calificaban como activo intangible de duración limitada por lo que según su lectura al inciso g) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta tendrìa derecho a deducirlos directamente de la base imponible para efectos de la determinaciòn de su Impuesto a la Renta.

El Tribunal Fiscal indica que en el caso de bienes intangibles en principio no se permite su deducción; no obstante se establecen excepciones para determinados intangibles que pueden ser deducidos a opción del contribuyente como gasto o amortizarlos siempre que sean de duración limitada por ley o por su naturaleza, y que sean comprados de terceros, “no aportados”.

Seguidamente el Tribunal cita el contenido de los pàrrafos 8, 10 y 21 de la NIC 38 Intangibles, en su versión aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante Resolución 034-2005-EF/93.01,  a efectos de identificar:

– Intangibles son activos identificables, control, de caràcter no monetario, existencia de beneficios económicos y sin apariencia física.

– Deben reconocerse los intangibles si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros que se ahn atribuido al mismo fluyan a la entidad, y que el costo de pueda valorar en forma fiable.

Bajo dicho contexto se analiza el contrato de prestación de servicios para la Administración de la Base de Datos Técnicos para Hidrocarburos de PERUPETRO SA suscrito entre el referido contribuyente y el prestador del servicio, advirtièndose que esta información técnica sobre hidrocarburos comprende datos sobre zonas y lugares, volumen de hidrocarburos probable o probada, gràficos, plazos, información sísmica, datos de pocos, entre otros, constituyendo un activo intangible. Refiere el Tribunal Fiscal que según la teoría contable (NIC 38) la amortización de los bienes de vida útil limitada es reconocida debido a que es previsible que por su naturaleza se agoten en el tiempo, por lo que para reconocer su derecho a amortizar el intangible se debe determinar si el mismo sufre desgaste o agotamiento, y que los desembolsos efectuados para la adquisición del activo intangible puedan ser recuperados a través de dicha amortización.

En el caso materia de evaluación se advierte que la información puede ser transeferida a otra base de datos o su manipulación por otros programas, resaltàndose que en la fecha de adquisición de la base de datos no existía un indicio que toda esta información almacenada adecuadamente (información técnica de hidrocarburos) tuviese establecido un plazo determinado de existencia (vida limitada), por lo que el periodo de beneficios futuros esperado es indeterminado en el momento de su adquisición, y por ende, dicho activo intangible no puede calificarse como de duración limitada, no siendo deducible su amortización (por S/.3`480,070), por lo que corresponde confirmar la apelada en este extremo.

Resalta el Tribunal que esta información puede ser empleada por largo tiempo, más aún cuando el contribuyente afirma que se trata de una verificación de contenido de manera aleatoria.

Tal como se advierte en la página 6 del Dictamen a los Estados Financieros de PERUPETRO SA (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) reconoce el resultado de lo dispuesto en la comentada RTF 21510-4-2012 como una partida de ejercicios anteriores, provisiòn de pasivo contingente y su posterior transferencia al Tesoro Pùblico:

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/a81d34e1-6fe9-4020-bd79-3ac83041b101/ESTADOS%2BFINANCIEROS%2B2012.pdf?MOD=AJPERES 

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

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Decreto Legislativo 1178 Disposiciones para impulsar el desarrollo del FACTORING

Alan Emilio 2015

Alan Emilio 2015

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

DECRETO LEGISLATIVO 1178 DISPOSICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL FACTORING

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30335, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en ese sentido los literales b) y e) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establecen la facultad de legislar para facilitar el comercio doméstico e impulsar el desarrollo del mercado de factoring;

Que, resulta necesario modificar diversos artículos de la Ley Nº 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la Factura Comercial, a fin de permitir que la Factura Negociable que tiene su origen en los comprobantes de pago denominados Factura Comercial y Recibo por Honorarios tenga la calidad y los efectos de un Título Valor y que la misma cuente con determinadas características que permitan su transferencia -a través del endoso o de la anotación en cuenta-, cobro, protesto y ejecución, en caso de incumplimiento;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con los literales b) y e) del artículo 2 de la Ley N° 30335;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL FACTORING

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto modificar la Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial con la finalidad de facilitar la negociación de documentos por cobrar de los contribuyentes y mejorar con ello sus condiciones de financiamiento.

Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 3, 6, 7, y 8 de la Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la Factura Comercial

Modifíquense el artículo 2, el epígrafe y los literales e) y g) del primer párrafo del artículo 3, y los artículos 6, 7, y 8 de la Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la Factura Comercial y sus normas modificatorias, conforme a los siguientes textos:

“Artículo 2.- De la emisión de la Factura Negociable

Es obligatoria la incorporación en los comprobantes de pago impresos y/o importados denominados factura comercial y recibos por honorarios, de una tercera copia denominada Factura Negociable para su transferencia a terceros, cobro, protesto y ejecución en caso de incumplimiento

Las imprentas autorizadas por la SUNAT tendrán la obligación de incorporar la referida tercera copia en todas las facturas comerciales que impriman o importen.

De no cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, se aplicará lo establecido en el artículo 11-A.

Los contribuyentes que emitan los comprobantes de pago denominados factura comercial y recibo por honorarios de manera electrónica, desde el Portal de la SUNAT, desde los Sistemas del Contribuyente o desde otros sistemas que administre dicha entidad, podrán emitir la Factura Negociable y realizar las operaciones necesarias para su transferencia a terceros, cobro, protesto y ejecución en caso de incumplimiento.

La SUNAT, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y las demás entidades competentes establecerán los mecanismos y procedimientos que deberán seguirse para realizar las operaciones descritas en el presente artículo.

La Factura Negociable es un título valor a la orden transferible por endoso o un valor representado y transferible mediante anotación en cuenta en una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), de acuerdo a la ley de la materia.

Dicha transferencia mediante anotación en cuenta producirá los mismos efectos que el endoso a que se refiere el Título Cuarto de la Sección Segunda de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. Para efectos de su anotación en cuenta, la Factura Negociable que se origine en un comprobante de pago impreso y/o importado, debe contar con la constancia de entrega de la Factura Negociable, a que se refiere el literal g) del artículo 3.

La Factura Negociable se origina en la compraventa u otras modalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la prestación de servicios  incorpora el derecho de crédito respecto del saldo del precio o contraprestación pactada por las partes. La Factura Negociable adquiere mérito ejecutivo verificado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley.

Todo acuerdo, convenio o estipulación que restrinja, limite o prohíba la transferencia de la Factura Negociable es nulo de pleno derecho

“Artículo 3.- Contenido de la Factura Negociable originada en un comprobante de pago impreso o importado

La Factura Negociable que se origine en un comprobante de pago impreso y/o importado, además de la información requerida por la SUNAT para la factura comercial o el recibo por honorarios, debe contener cuando menos, lo siguiente:

(…)

  1. e) El monto neto pendiente de pago de cargo del adquirente del bien o usuario del servicio.

(…)

  1. g) La fecha y constancia de entrega de la Factura Negociable.

(…)

“Artículo 6.- Requisitos para el mérito ejecutivo de la Factura Negociable

En concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores, son requisitos para el mérito ejecutivo de la Factura Negociable los siguientes:

  1. a) Que el adquirente del bien o usuario de los servicios no haya consignado su disconformidad dentro del plazo y bajo las formas señaladas en el artículo 7. En caso se trate de una Factura Negociable representada mediante anotación en cuenta, el cumplimiento de este requisito se verifica con el registro de la conformidad del adquirente manifestada de manera expresa o presunta ante la ICLV donde la Factura Negociable consta inscrita, conforme a lo señalado en el artículo 7.
  2. b) Que se haya dejado constancia de la entrega de la Factura Negociable originada en un comprobante de pago impreso o importado en la propia Factura Negociable, de conformidad con lo señalado en el artículo 7. Esta constancia de entrega no implica la conformidad sobre la información consignada en el comprobante de pago o en la Factura Negociable, o de los bienes adquiridos o servicios prestados, para lo cual se aplica lo dispuesto en el artículo 7.

En el caso de la Factura Negociable originada en comprobante de pago electrónico, el requisito de la entrega de la Factura Negociable se verifica con la constancia de la comunicación entregada al adquirente informándole respecto al registro de la Factura Negociable ante una ICLV, según lo señalado en el artículo 7.

  1. c) El protesto o formalidad sustitutoria del protesto, salvo en el caso previsto por el artículo 52 de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores.

Para efectos del protesto de la Factura Negociable representadas mediante anotación en cuenta, la ICLV deberá emitir la constancia de inscripción y titularidad de dicho título valor, a solicitud del legítimo tenedor y de conformidad con las normas aplicables.”

“Artículo 7.- Presunción de conformidad

El adquirente de los bienes o usuario de los servicios que den origen a una Factura Negociable proveniente de un comprobante de pago impreso y/o importado tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contado a partir de la entrega de la misma, para dar su conformidad o disconformidad respecto de cualquier información consignada en el comprobante de pago o en la Factura Negociable, según sea el caso, o para efectuar cualquier reclamo respecto de los bienes adquiridos o servicios prestados, sin perjuicio de lo señalado en el último párrafo del presente artículo.

En el caso de la Factura Negociable que se origine en un comprobante de pago electrónico, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se computa desde la fecha en la que se comunica al adquirente sobre el registro de la Factura Negociable ante una ICLV, bajo cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la fecha de entrega de dicha comunicación.

El adquirente debe comunicar a su proveedor la conformidad o disconformidad del comprobante de pago impreso o importado, de la Factura Negociable, o de los bienes adquiridos o servicios prestados, bajo cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la fecha de entrega de dicha comunicación. En caso al adquirente se le haya comunicado previamente sobre la transferencia de la Factura Negociable conforme a lo dispuesto en el artículo 8, la comunicación sobre la conformidad o disconformidad antes mencionada debe ser dirigida al legítimo tenedor de la Factura Negociable.

Asimismo, en caso al adquirente se le haya comunicado previamente sobre el registro de la Factura Negociable ante una ICLV, la comunicación sobre la conformidad o disconformidad a que se refiere el párrafo anterior debe ser dirigida a dicha institución. Si previamente a haber sido notificado acerca del referido registro, el adquirente de los bienes o servicios ha comunicado al proveedor la referida conformidad o disconformidad, el proveedor está obligado a informar oportunamente a la ICLV acerca de dicha conformidad o disconformidad, bajo apercibimiento de aplicar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 9.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo sin que el adquirente curse la referida comunicación dirigida a quien corresponda según lo señalado en los párrafos anteriores, se presume, sin admitir prueba en contrario, la conformidad irrevocable de la Factura Negociable en todos sus términos y sin ninguna excepción. En tal caso, el proveedor, o el legítimo tenedor de la Factura

Negociable originada en un comprobante de pago impreso o importado si es que esta fue transferida antes de que opere la presunción, debe dejar constancia de tal hecho en la misma. En el caso de la Factura Negociable representada mediante anotación en cuenta, tal constancia debe ser registrada en el registro contable de la ICLV donde la Factura Negociable consta inscrita.

En caso de existir algún reclamo posterior por vicios ocultos o defecto del bien o servicio, el adquirente de los bienes o usuario de los servicios puede oponer las excepciones personales que le correspondan solo contra el proveedor de los bienes o servicios que den origen a la Factura Negociable o contra su endosatario en procuración, sin tener derecho a retener, respecto al legítimo tenedor de la misma, el monto pendiente de pago, ni demorar dicho pago, el mismo que deberá ser efectuado según la fecha o fechas señaladas en la Factura Negociable.”

“Artículo 8.- Transferencia y deber de información

La Factura Negociable que se origine en un comprobante de pago impreso o importado puede transferirse desde el momento en el que se obtenga la constancia de entrega señalada en el literal g) del artículo 3.

En el caso de la Factura Negociable que se originen en comprobante de pago electrónico, ésta puede ser transferida desde el momento en que el adquirente es notificado sobre el registro de la misma ante una ICLV.

En ambos casos, una vez efectuada la transferencia de la Factura Negociable, ya sea por endoso o mediante anotación en cuenta ante una ICLV, el proveedor o el legítimo tenedor de la Factura Negociable o un tercero debidamente autorizado por alguno de ellos deberá comunicar oportunamente al adquirente de los bienes o usuario de los servicios, bajo cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la fecha de su entrega, acerca de la transferencia de la Factura Negociable, señalando la identidad del nuevo legítimo tenedor e indicando la información necesaria para el pago del crédito representado en la misma.

El adquirente de los bienes o usuario de los servicios debe realizar el pago de la Factura Negociable al legítimo tenedor de la misma, según haya sido notificado de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, salvo que dicho legítimo tenedor le instruya algo diferente mediante comunicación entregada con anterioridad a la fecha o fechas en que deba realizarse el pago de la Factura Negociable, y bajo cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la entrega de la misma.”

Artículo 3.- Incorporación del artículo 3-A a la Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial

Incorpórese el artículo 3-A a la Ley N° 29623, conforme al siguiente texto:

“Artículo 3-A.- Contenido de la Factura Negociable originada en un comprobante de pago electrónico

La Factura Negociable que se origine en una factura comercial electrónica o en un recibo por honorarios electrónico, además de la información requerida por la SUNAT para dicho comprobante de pago, debe contener, cuando menos, la información señalada en los literales b), c), d), e) y f) del artículo 3.

En este caso y para efectos de lo señalado en el literal b) del artículo 3, la firma del proveedor puede ser:

  1. a) Aquella que obre en la factura comercial y/o en el recibo por honorarios electrónico, a partir de los cuales se origine la Factura Negociable; o
  2. b) La CLAVE SOL, cuando en su función de firma electrónica vincula al proveedor con la factura comercial o el recibo por honorarios emitidos de manera electrónica a través de SUNAT Virtual, a partir de los cuales se origine la Factura Negociable; o,
  3. c) La firma electrónica u otra forma de manifestación de voluntad válida que permita que se autentique y vincule al proveedor con la Factura Negociable, de acuerdo a lo que señalen las disposiciones pertinentes de la SMV.

La CLAVE SOL a la que se refiere el presente artículo es la regulada por la SUNAT. Asimismo, SUNAT Virtual es el portal de la SUNAT, cuya dirección electrónica es http://www.sunat.gob.pe.

En el caso de la Factura Negociable representada mediante anotación en cuenta que se originen en comprobante de pago impreso y/o importado, el cumplimiento del requisito de la firma del proveedor al que se refiere el literal b) del artículo 3, debe ser verificado por la ICLV antes de su respectivo registro y se entenderá cumplido desde el momento de su anotación en cuenta.

La SUNAT, en el marco de sus competencias, emitirá las disposiciones que establezcan los mecanismos y procedimientos que permitan a los contribuyentes que emitan facturas comerciales y recibos por honorarios de manera electrónica, la incorporación de los datos señalados como contenido mínimo en el presente artículo, en lo que resulte aplicable, para viabilizar la emisión de la Factura Negociable, así como la posibilidad para el contribuyente de poder contar con un ejemplar del comprobante de pago que pueda ser remitido a una ICLV.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- De la implementación

La SUNAT, la SMV y demás entidades competentes dentro del plazo de noventa (90) días calendarios contados desde la vigencia del presente Decreto Legislativo aprueban los mecanismos y procedimientos que deberán seguirse para la realización de las operaciones a que se refiere los artículos 2 y 3-A de la Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, modificado e incorporado, respectivamente, por el presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al

Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI

Ministro de Economía y Finanzas

PIERO GHEZZI SOLÍS

Ministro de la Producción

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

Convocatoria Prácticas SUNAT 2015 Inscripciones hasta el 31 de agosto 2015

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, invita a estudiantes de los últimos ciclos, egresados y bachilleres, a integrarse a su prestigioso programa de Prácticas Profesionales y Pre-Profesionales.

En esta oportunidad, las vacantes ofrecidas son para la ciudad de Lima teniendo en cuenta las siguientes especialidades:

ESPECIALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CONTABILIDAD

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ING. INDUSTRIAL

ING. INFORMÁTICA

ING. SISTEMAS

INSCRIPCIONES:

Se podrán inscribir en esta página web del 23 de Julio hasta el 31 de Agosto de 2015, ingresando a la opción INSCRÍBETE AQUÍ y seleccionando el proceso denominado: JUL-AGO 15 – PROGRAMA DE PRÁCTICAS LIMA – JUL-AGO 2015.

Tener presente que los inscritos en este programa formarán parte de nuestra base de recursos potenciales y podrán ser convocados para alguna entrevista, dependiendo del perfil y número de vacantes que requiera SUNAT.

REQUISITOS INDISPENSABLES:

  • Ser estudiante de los últimos ciclos de las especialidades detalladas en el cuadro precedente.
  • Ser egresado o bachiller de las especialidades detalladas en el cuadro precedente.
  • No contar con título profesional.
  • No haber realizado el periodo máximo de prácticas exigido por su centro de estudios.
  • No haber trabajado anteriormente en SUNAT bajo ninguna modalidad.
  • Disponibilidad para realizar prácticas durante 30 horas semanales como máximo (estudiantes) y 40 horas semanales como máximo (egresados o bachilleres).

Inscripciones en el portal web de SUNAT o directamente en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itfichaseleccion/bienvenida.jsp 

RTF 19645-10-2012 La Administración puede revisar periodos prescritos a fin de derivar consecuencias tributarias para periodos no prescritos susceptibles de ser fiscalizados

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

RTF 19645-10-2012, de fecha 26 de noviembre del 2012, el Tribunal Fiscal en forma clara y contundente ya había indicado que la Administración Tributaria puede revisar periodos prescritos no con la finalidad de determinar la deduda de dichos periodos, sino a fin de derivar consecuencias tributarias para periodos no prescritos susceptibles de ser fiscalizados, siendo que SUNAT estaba facultada a solicitar la documentaciòn que acreditara la existencia, tenencia y propiedad de bienes del activo fijo.

Bajo dicho contexto jurisprudencial resulta evidente que si se trata del sustento de la depreciaciòn de bienes debe conservarse la documentaciòn involucrada en un periodo de 10 años:

 Febrero 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Julio 2015
Compra 100,000 01-01-2007 01-01-2011 Se fiscaliza ejercicio 2012 IR
Inicio de cómputo de prescripción periodo 2005
Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000 Gasto 10,000
1 2 3 4

Si bien la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2005 habría prescrito el 01 de enero del 2011, en la fiscalización que se desarrolla en julio 2015 respecto a la determinación del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio gravable 2012  si se podrá exigir que el contribuyente presente los comprobantes de pago involucrados en la adquisición del activo fijo, es decir, los comprobantes que acrediten la compra del activo fijo por 100,000 en febrero 2005, no siendo válido argumentar que el ejercicio 2005 se encuentre prescrito y que se le “ocurrió desechar dichos comprobantes”.

Cómo se aprecia en el ejercicio 2012 existe un gasto por depreciación lineal de S/.10,000 que requiere su acreditación no solamente en cuanto a su aspecto conceptual o cálculo aritmético sino que resulta necesario que se acredite que el activo fijo realmente se adquirió en el 2005 (y obvio que se cuente con los comprobantes de así lo respalden). En caso contrario el gasto (cuenta contable 68) por la depreciación se podrá reparar y generarse como una adición diferencia permanente con la respectiva rectificatoria a la declaración jurada anual del ejercicio 2012.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Seminario en Lima 12 y 13 de agosto: Reparos e Inconsistencias Tributarias Contables

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