RTF 02216-1-2015 sobre Incremento Patrimonial No Justificado. Tribunal Fiscal no ampara los argumentos “románticos” referidos a la determinación sobre base presunta

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Alan Emilio en Pucallpa , Ucayali

Dada la coyuntura, resulta de obligatoria lectura el contenido de la Resolución RTF N° 02216-1-2015, de fecha 04 de marzo del 2015, que resuelve una controversia vinculada a la determinación del Impuesto a la Renta de Personas Naturales del ejercicio gravable 2008.

“Que acerca del argumento del contribuyente referido a que la determinación sobre base presunta no guarda racionalidad, proporcionalidad ni coherencia con sus operaciones y su realidad económica, por lo que resulta confiscatoria, cabe señalar que el contribuyente NO HA ACREDITADO DE QUÉ FORMA SE HABRÍA PRODUCIDO DICHA ACTUACIÓN DESPROPORCIONADA, IRRACIONAL E INCOHERENTE CON SU REALIDAD ECONÓMICA y de manera confiscatoria, MÁXIME SI NO PRESENTÓ ELEMENTOS, COMO REGISTROS, LIBROS CONTABLES Y DECLARACIONES, con los que demuestre que se actuó sin tener en cuenta su capacidad contributiva, por lo que al haber utilizado la Administración los procedimientos que le otorga la ley para determinar la obligación tributaria en dichos casos, ha actuado conforme a ley.

Que sobre el particular es necesario precisar que, contrariamente a lo expresado por el contribuyente, la Administración solicitó toda la información bancaria pertinente en el marco del levantamiento del secreto bancario de su cónyuge (en el caso de una sociedad conyugal bajo el régimen de sociedad de gananciales), correspondiendo al recurrente la carga de la prueba a fin de acreditar los hechos que alega, por lo que éste debía presentar elementos de prueba que permitan acreditar la existencia del supuesto contrato para operar como agente, lo que no hizo.

De otra parte, de la revisión de los depósitos no sustentados ascendentes a S/.5´445,285.79 se verifica que están compuestos por entregas en efectivo y/o transferencias efectuadas en las cuentas observadas, NO HABIENDO EL CONTRIBUYENTE SEÑALADO NI ACREDITADO EL ORIGEN O LA PROCEDENCIA DEL DINERO PARA EFECTUAR TALES DEPÓSITOS O EL SUSTENTO DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO. Dado que el contribuyente no proporcionó documentación y/o información que permitiera demostrar el origen de los ingresos que le permitieron efectuar los depósitos en el sistema financiero, la inclusión de este concepto en la determinación del Incremento Patrimonial del ejercicio 2008 se encuentra arreglada a ley.

Alan Emilio Matos Barzola

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RTF de Observancia Obligatoria 12988-1-2009 No solo se cumple el deber con el fisco cuando se presenta las declaraciones en el plazo legal establecido, sino cuando se presenta consignando información correcta y conforme a la realidad

Huaraz 2015

Alan Emilio en Huaraz 2015

Conviene recordar el contenido del precedente de observancia obligatorio contenido en la RTF N° 12988-1-2009, de fecha 01 de diciembre del 2009, que establece:

“La presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se determine una obligación tributaria mayor a la que originalmente fue declarada por el deudor tributario acredita la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953.”

La RTF de Observancia Obligatoria fue adoptada mediante Acta de Reunión de Sala Plena N° 2009-17 y se fundamenta en lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento tributario, además de la obligación tributaria sustancial –que nace como consecuencia del acaecimiento del hecho imponible previsto por la norma- se han establecido deberes de colaboración que son cargo de los administrados. Estos deberes forman parte del denominado derecho tributario formal y pretenden facilitar el control por parte del ente fiscal respecto del nacimiento de la obligación tributaria, de una exacta determinación del tributo y de su efectivo cumplimiento. Dos de los deberes formales establecidos por nuestro ordenamiento son los de declarar y determinar la obligación tributaria.

De acuerdo con la norma en mención, constituye infracción omitir declarara información o declarar información falsa que incida en la determinación de la obligación tributaria como es la relativa a la realización del hecho imponible y su base imponible.

Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que el deudor tributario consigne en su declaración afectará la determinación de la obligación tributaria, el Código Tributario prevé en su artículo 88 que aquél debe consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada, los datos solicitados por la Administración, la cual se presume jurada sin admitir prueba en contrario. En tal sentido, se entiende que el sujeto obligado por ley a presentar la declaración jurada relacionada con la determinación de la obligación tributaria, no solo cumple su deber cuando la presenta en el plazo legal establecido, sino cuando la presenta consignando información correcta y conforme a la realidad.

En efecto, no basta la sola presentación del documento que contenga la declaración tributaria. Por el contrario, toda vez que la determinación de la obligación tributaria puede iniciarse mediante la declaración del deudor, anunciándose mediante ella el acaecimiento del hecho imponible, la base de cálculo del tributo y su cuantía, es imperativo que ésta deba hacerse en forma correcta y sustentada.

Se aprecia entonces que cuando se presenta una declaración jurada relacionada con la determinación del tributo, no se hace un mero aporte mecánico datos sino que previamente debe realizarse una valorización de los hechos y de las normas aplicables, siendo que lo declarado y determinado debe tener un respaldo en la realidad, a través de documentos, libros contables y otros medios probatorios pertinentes admitidos legalmente.

Esta labor del deudor tributario, que coadyuva para la determinación final de la obligación tributaria a su cargo, es de tal importancia que el Código Tributario presume que dicha declaración es jurada, lo cual es consecuente con la valoración previa que debe realizarse antes de presentar la declaración determinativa y genera una doble responsabilidad: La primera, en relación con los montos a ingresar al fisco (que deben ser los determinados), y la segunda en relación con la infracción cometida por no realizar una declaración y determinación acorde con la realidad.

….

En este caso, se tiene que el obligado al presentar la primera declaración jurada incumplió el deber de declarar en forma correcta y sustentada, situación que queda evidenciada  con la presentación de la declaración rectificatoria que corrige omisiones o inexactitudes en los datos que contenía la primera, acreditándose de esta forma la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, toda vez que con esta última declaración queda comprobado que no se incluyó en la declaración tributaria ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o se aplicó tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que correspondía en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o se declaró cifras o datos falsos u omitió circunstancias en las declaraciones, que influyeron en la determinación de la obligación tributaria, y/o que generaron aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores similares.

Así, la presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se determine una obligación tributaria mayor a la que originalmente fue declarada por el deudor tributario, acredita la comisión de la infracción antes mencionada, la que se determina en forma objetiva de acuerdo con el artículo 185 del Código Tributario.

….

En tal sentido, de la lectura conjunta de las normas que regulan los deberes de declarar y determinar la obligación tributaria así como la infracción y sanción prevista por su incumplimiento, debe concluir que la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario se acredita con la presentación de una declaración jurada rectificatoria mediante la que se determine una mayor obligación tributaria. Ello, sin perjuicio de la facultad de la Administración de modificar posteriormente dicha determinación a través del respectivo, procedimiento de fiscalización o verificación. En tal caso, según los resultados de dicho procedimiento, la Administración podrá revocar, modificar, sustituir o complementar la resolución de multa emitida por la infracción que se comprobó con la referida declaración rectificatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 108 del mismo Código.

Cabe agregar que entender que la comisión de la infracción aludida solo se acredita con el resultado de la fiscalización llevada a cabo por la Administración, además de ser una conclusión a la que no se arriba del análisis efectuado, implicaría vaciar de contenido y propósito a los deberes antes mencionados, pues como se ha indicado, su cumplimiento no consiste en una mera transmisión mecánica de datos sino que supone hacer una valorización previa de hechos y normas cuya exactitud y veracidad coadyuve al control del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la Administración, buscándose desincentivar la declaración y determinación de obligaciones que no tienen sustento en la realidad.

Alan Emilio Matos Barzola

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Sobre el Principio de Especialidad y los Intereses Generales de los Consumidores

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Alan Emilio en Chucuito, Callao 2015

El Principio de Especialidad no puede ser aplicado respecto de dispositivos de distinta jerarquía. Sólo cuando estamos ante normas de igual rango se puede propugnar la “especialidad”; de lo contrario, el Principio de Jerarquía Normativa debe primar.

Fundamento Décimo del Voto Singular del Juez Superior Cueva Chauca que acompaña a la Sentencia, de fecha 23 de marzo del 2016 y publicado el 28 de abril del 2016, dictada mediante Resolución Número Diecisiete emitida en el Proceso de Acción Popular para resolver el Expediente N° 10664-2015 por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

También conviene resaltar que el Fundamento Cuarto de la citada Sentencia de la Quinta Sala Especializada indica que no puede afirmarse que en todo conflicto entre un consumidor y un proveedor se encuentren en juego intereses de terceros o intereses generales. Esta situación (le parece a la Sala Especializada) eventual y dependiente, por consiguiente, de las especiales circunstancias de cada caso en concreto.

Seguidamente la Sala Especializada indica: “si recibimos un bien correctamente fabricado pero ligeramente deteriorado por un manipuleo equivocado y, ante nuestra denuncia, el proveedor nos da las satisfacciones correspondientes y llegamos a una conciliación o una transacción, ¿qué interés puede tener un tercero en el procedimiento que fenece como consecuencia del acuerdo adoptado?¿Cuál sería el interés general que debería ser protegido?. Otra situación se presentaría, por supuesto, si la autoridad verificara que la conciliación o la transacción buscan impedir que algún tercero con un interés legítimo y actual pueda formar parte del procedimiento o que, en otro caso, la solución egoísta del consumidor lo único que busca en la satisfacción de su interés sin tomar en cuenta que la actividad del proveedor puede poner en peligro la salud o seguridad de las personas. Es justamente para casos como estos, que por supuesto no pueden ser presumidos, en virtud del principio de licitud, que quedan abiertas las posibilidades que prevé el numeral 189.7” de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) referidas a que la autoridad podrá continuar DE OFICIO el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento.

Alan Emilio Matos Barzola

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Sentencia STC 02097-2012-PA/TC Tribunal Constitucional aborda el contenido de la Potestad Tributaria

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Alan Emilio en Lambayeque. Museo Arqueológico Nacional Bruning

Mediante Sentencia, de fecha 08 de julio del 2015 pero publicada en el portal web del Tribunal Constitucional el 21 de abril del 2016, emitida para resolver el expediente Nº 02097-2012-PA/TC, específicamente en el párrafo  28 el Tribunal indica que la potestad tributaria no solo se manifiesta en el Poder del Estado para imponer tributos, sino también para otorgar beneficios tributarios, conforme lo establece el artículo 74 de la Constitución. Al respecto, la regla es que todas las personas contribuyen al gasto público (deber de contribuir) y la excepción es el establecimiento de beneficios tributarios.

Alan Emilio Matos Barzola

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Sentencia STC 00017-2014-AI/TC Declara inconstitucionales diversos artículos de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil

20160228-0064

Alan Emilio en el Cusco 2016

Mediante Sentencia STC 00017-2014-AI/TC, de fecha 26 de abril del 2016, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de la Ley 30057 del Servicio Civil.

Se declara inconstitucional el primer párrafo de la primera disposición complementaria final de la Ley 30057 que excluía de este marco normativo a los servidores civiles del BCR, el Congreso, la SUNAT, la SBS, la Contraloría General de la República y a los obreros de los gobiernos regionales y locales. Conviene tener en cuenta que en el párrafo 70 de la sentencia el TC indica que la función de estos servidores públicos no son especiales como lo sería la prestación de servicios de los docentes de la carrera magisterial, los docentes universitarios, etc., ni tienen alguna particularidad, como la tendrían la prestación de servicios profesionales de la salud, el personal de la policía nacional, etc., no evidenciándose justificación válida o base objetiva alguna que sustente la exclusión de los alcances de la Ley del Servicio Civil, por lo que dicha exclusión resulta arbitraria e irrazonable, y deviene en inconstitucional. ¿Entonces cuál es la situación en el caso de los CAS, 728, 276 por ejemplo de SUNAT?. Caballero pónganse TODOS a estudiar porque van a tener que rendir exámenes vía concurso público. Seguramente INEDI, PERUCONTABLE y la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores organizarán eventos de preparación, que les estaremos informando por este medio.

¿Es en serio o me estás bromeando Alan Emilio? Lean ustedes mismos los párrafos 102 y 103 de la Sentencia.

También se declara inconstitucional el artículo 31.2 de la Ley 30057, en el extremo que antes no permitía la negociación colectiva de las remuneraciones en el sector público. Así en el párrafo 158 indica el Tribunal Constitucional que la negociación colectiva es el mecanismo adecuado y privilegiado para discutir las condiciones de trabajo o de empleo en el contexto de una relación laboral. Debe ponerse atención también al contenido de su pàrrafo 188 que indica que el hecho de que la negociación colectiva en materia de remuneraciones en el ámbito de la administración pública pueda limitarse por causas objetivas o justificadas no significa que este derecho fundamental deba limitarse en todas sus expresiones o dimensiones.

OJO. Si o si den lectura a los párrafos 211 al 222 de la sentencia, referidos al análisis del principio de legalidad (tipicidad) con especial enfoque en el párrafo 215 que indica respecto del requisito de “lex certa” que NO PUEDE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE “EXIGIR AL LEGISLADOR UNA CLARIDAD Y PRECISIÒN ABSOLUTA EN LA FORMULACIÒN DE LOS CONCEPTOS LEGALES”, PUES LA NATURALEZA PROPIA DEL LENGUAJE, CON SUS CARÀCTERÌSTICAS DE AMBIGUEDAD Y VAGUEDAD, ADMITEN CIERTO GRADO DE INDETERMINACIÒN, MAYOR O MENOR, SEGÚN SEA EL CASO, citando su propia jurisprudencia contenida en el fundamento 46 de la Sentencia STC 0010-2002-AI/TC.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00025-2013-AI%2000003-2014-AI%2000008-2014-AI%2000017-2014-AI.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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Informe 072-2016-SUNAT Plazo de prescripción aplicable respecto del Impuesto a la Renta de quinta categoría

20160228-0061

Alan Emilio en el Cusco 2016

CONCLUSIONES:

1. El plazo de prescripción aplicable respecto del Impuesto a la Renta de quinta categoría de aquellos contribuyentes que perciben exclusivamente este tipo de renta y a quienes no se les hubiere efectuado las retenciones correspondientes, estando por ello obligados a pagar directamente el Impuesto a la Renta no retenido, es de cuatro (4) años.

2. Dicho plazo, se computa a partir del 1 de enero del año subsiguiente al ejercicio a que corresponde dicho Impuesto.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i072-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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Informe 065-2016-SUNAT sobre Facturación Electrónica

20160215-0001

Alan Emilio en el Centro de Lima 2016

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Ley N.° 25632, se considera comprobante de pago a todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como tal por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.

Por su parte, el artículo 3° de la citada norma establece que la SUNAT señalará, entre otros, las características y los requisitos mínimos de los comprobantes de pago, la oportunidad de su entrega, las obligaciones relacionadas con estos a que están sujetos los obligados a emitirlos, los comprobantes de pago que permiten sustentar gasto o costo con efecto tributario, ejercer el derecho al crédito fiscal y cualquier otro sustento de naturaleza similar, así como los mecanismos de control para la emisión o utilización de tales documentos, incluyendo la determinación de los sujetos que deberán o podrán utilizar la emisión electrónica.

En ese contexto, el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 097- 2012/SUNAT aprobó el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente por el emisor electrónico y la SUNAT, que es parte del Sistema de Emisión Electrónica, como el medio de emisión electrónica de, entre otros, los comprobantes de pago electrónicos y los documentos relacionados a aquellos.

En la medida en que el documento electrónico que soporte una factura electrónica hubiere pasado las validaciones del Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente por el emisor electrónico y la SUNAT, establecidas en el mismo en base a las condiciones impuestas por el artículo 10° de la Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT, la SUNAT emitirá la CDR – Factura con el estado de “aceptada”, validando con ello la correcta emisión de la mencionada factura electrónica.

CONCLUSIÓN: Si en el marco del sistema de emisión electrónica regulado por la Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT, se hubiere emitido una factura electrónica con un número de serie alfa y número correlativo, y esta hubiera sido validada por dicho sistema y en base a ello la SUNAT hubiera emitido una CDR – Factura con el estado de “aceptada”, dicha factura constituirá un comprobante de pago válido.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i065-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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Informe 062-2016-SUNAT sobre Registros de Ventas e Ingresos y los Registros de Compras electrónicos

20151121-0011

Alan Emilio en Ica 2015

Aquellos sujetos que al 31.1.2016 cumplan con las condiciones mencionadas en el numeral 2.3 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 379-2013/SUNAT, estarán obligados a llevar, entre otros libros y/o registros, el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras de manera electrónica por las actividades u operaciones realizadas a partir del 1.1.2016 en adelante, debiendo generar estos de manera conjunta a partir del 9.2.2016.

Así pues, dado que antes del 9.2.2016 no existía la obligación de generar de manera conjunta el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico y el Registro de Compras Electrónico a través del SLE-PLE, de haberse generado estos de manera separada antes de dicha fecha, y la SUNAT hubiere emitido la constancia de recepción respectiva, se considerará válida la generación de tales registros.

CONCLUSIÓN: De haberse generado de manera separada los Registros de Ventas e Ingresos y los Registros de Compras electrónicos antes del 9.2.2016, y la SUNAT hubiere emitido la constancia de recepción respectiva, se considerará válida la generación de tales registros.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i062-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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Informe 061-2016-SUNAT sobre obligación de emitir comprobantes de pago

20160116-0030

Alan Emilio en Piura 2016

El artículo 1° de la Ley Marco de Comprobantes d e Pago establece que están obligados a emitir tales documentos todas las personas que transfieran bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza.

En similar sentido, el artículo 1° del RCP señala q ue el comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo 6° del ci tado reglamento dispone que, entre otros, están obligados a emitir comprobantes de pago las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos que presten servicios; entendiéndose por servicio, toda acción o prestación a favor de un tercero, a título gratuito u oneroso.

Como se aprecia de las normas antes citadas, están obligados a emitir comprobantes de pago los sujetos que realicen transferencia de bienes, su entrega en uso o prestación de servicios, a cualquier título; entendiéndose por servicio, toda acción o prestación a favor de un tercero, a título gratuito u oneroso.

En virtud del segundo párrafo de la Sexagésima Sexta DCF de la Ley N.° 30372, efectúe e l MTC a favor del OSITRAN, consistente en el porcentaje adicional de hasta 1% de los ingresos percibidos por la entidad supervisada prestadora del servicio público(3 ), no es retribución alguna por venta de bienes, su entrega en uso o prestación de servicios al MTC; sino tan solo el cumplimiento de un mandato legal, que tiene por finalidad garantizar la sostenibilidad de la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – Línea 1, supervisión que es competencia de OSITRAN.

En consecuencia, siendo que solo se está obligado a emitir comprobantes de pago cuando se realice transferencia de bienes, su entrega en uso o prestación de servicios, a cualquier título, tratándose del pago que, en virtud del segundo párrafo de la Sexagésima Sexta DCF de la Ley N.° 30372, efectúe el MTC a favor del OSITRAN, consistente en el porcentaje adicional de hasta 1% de los ingresos percibidos por la entidad supervisada prestadora del servicio público, dicho organismo regulador no está obligado a emitir al referido ministerio un comprobante de pago.

CONCLUSIÓN: Tratándose del pago que, en virtud del segundo párrafo de la Sexagésima Sexta DCF de la Ley N.° 30372, efectúe el MTC a fav or del OSITRAN, consistente en el porcentaje adicional de hasta 1% de los ingresos percibidos por la entidad supervisada prestadora del servicio público, dicho organismo regulador no está obligado a emitir al referido ministerio un comprobante de pago.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i061-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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Informe 058-2016-SUNAT sobre infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 174 del Código Tributario

20160228-0063

Alan Emilio en el Cusco 2016

No se incurre en la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 174° del TUO del Código Tributario cuando las guías de remisión transportista emitidas por las empresas de transporte terrestre para sustentar el traslado de hidrocarburos, GLP, GNC, GNL y OPDH, no contienen el número de registro a que alude el inciso d) del acápite 2.1 del numeral 19.2 del artículo 19° del RCP, en razón a que este ya no es otorgado por el MTC a tales empresas.

Resalta SUNAT que la competencia del MTC respecto de la autorización y registro se encuentra suspendida tratándose de las operaciones de transporte terrestre de hidrocarburos, GLP, GNC, GNL y OPDH; por ende, dicho ministerio no está otorgando actualmente número de registro alguno respecto del RNTMRPC y RNTMRPVF.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i058-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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Acuerdo de Reunión de Sala Plena del Tribunal Fiscal 05-2016 sobre Tasa por Explotación Comercial de Servicio de Radiodifusiòn

Museo

Alan Emilio en Lambayeque diciembre 2015. Museo Arqueológico Nacional Bruning 

 

Acuerdo de Reunión de Sala Plena del Tribunal Fiscal 2016-05 sobre Tasa por Explotación Comercial de Servicio de Radiodifusión:

“La tasa denominada TASA POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION tiene naturaleza tributaria, y por consiguiente el Tribunal Fiscal es competente para emitir pronunciamiento sobre los casos relacionados con dicho concepto.

El tributo denominado TASA POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION califica como un impuesto.”

Para llegar a este acuerdo la mayoría de los Vocales del Tribunal Fiscal consideró que el hecho gravado es la explotación comercial del servicio, esto es el tributo es pagado por el solo hecho de explotar el servicio de radiodifusión sin que exista alguna actuación estatal que produzca algún beneficio a los titulares que realizan dicha explotación ni una relación de contraprestatividad entre el cobro y servicio estatal alguno.

Alan Emilio Matos Barzola

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Informe 057-2016-SUNAT sobre el uso del SEE – Del contribuyente o el SEE – SOL para emitir facturas electrónicas y boletas de venta electrónicas

20151108-0006

Alan Emilio Matos Barzola

Los emisores electrónicos designados mediante la Resolución de Superintendencia N.° 203-2015/SUNAT podrán utilizar -indistintamente y a su elección- el SEE – Del contribuyente o el SEE – SOL para emitir facturas electrónicas y boletas de venta electrónicas; debiendo, además, emitir notas de crédito y/o notas de débito a través del SEE, cuando corresponda.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i057-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

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