Sentencia de la Corte Suprema de Chile 2016: “Incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podrán ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, han de ejecutarse una serie de reglas de imputación”

SM

Casona Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, junio 2016

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile ha emitido una brillante Sentencia Casatoria, de fecha 25 de abril del 2016, ROL N° 7092-2015 en cuyo contenido establece que incumbe a los contribuyentes la obligación de probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta. No solamente la máxima instancia judicial chilena atiende al giro del negocio, puesto que resalta que sólo esos  gastos, pagos o erogaciones podrán ser deducibles si cumplen con acreditar tales condiciones.

A continuación la jurisprudencia chilena 2016 cuyo contenido debe ser asimilado como “doctrina jurídica imparcial” siendo su contenido muy similar al contenido del Impuesto a la Renta peruano y libre del sesgo de algún abogado patrocinante, y con interés ya comprometido con su cliente:

Incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones pueden ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y; en caso de las pérdidas, deben además ejecutarse una serie de reglas de imputación.

ARTÍCULO 31 DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGO PROVISIONAL DE UTILIDADES ABSORBIDAS – ACREDITACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

Extracto

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que confirmó el fallo de primer grado, que hizo lugar al reclamo deducido en contra de la resolución que denegó la solicitud de devolución de PPUA.

Por el recurso se denunció la vulneración del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, incisos 1° y 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en consonancia con los artículos 21 y 59 del Código Tributario; la transgresión de los incisos 2° y 14° del artículo 132 del Código Tributario y, la inobservancia de los artículos 51 y 52 de la Ley General de Cooperativas, en armonía con los artículos 17, N° 4° del Decreto Ley N° 824 y 22 del Código Civil.

La Corte señaló que fueron hechos no objetados en autos el que la reclamante era socia de una cooperativa y percibía anualmente ingresos por concepto de intereses, dividendos y excedentes, los últimos generados por las operaciones entre la cooperativa y sus miembros y/o terceros; que era contribuyente afecta al impuesto de primera categoría y tributaba en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad completa; que dedujo de la renta líquida imponible en su declaración de impuesto anual como rentas exentas, los excedentes percibidos y que correspondían a operaciones con los socios; que esa declaración arrojó una pérdida, que provenía en su mayoría de ejercicios pasados y de la cual se solicitó una devolución; que el Servicio notificó la resolución que denegó la petición, la cual se fundó en el tratamiento tributario atribuido a los excedentes, así como a la partida principal de las pérdidas reclamadas; y que la actora, contra dicha resolución, presentó reclamo tributario.

La Corte expresó también que la contribuyente, en su reclamo sostuvo que su resultado negativo lo obtuvo luego de la contabilización de las pérdidas de arrastre. Bajo ese prisma, de acuerdo a la Corte, surgió de manifiesto que la objeción del Servicio al requerimiento de devolución reposó en la falta de acreditación de las pérdidas. Por lo tanto, incumbía al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podían ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, debían ejecutarse una serie de reglas de imputación.

Los sentenciadores concluyeron que desde esa perspectiva, la resolución incurrió en el error de derecho desaprobado, desde que pretirió el análisis y aplicación de las exigencias del artículo 31 de la Ley del ramo y con ello erró al eximir a la reclamante de la obligación de demostrar la concurrencia de tales presupuestos, como también de hacerse cargo de la falta de aportación de antecedentes en sede administrativa, pese a que fueron requeridos por el Servicio. Se violaron también los artículos 21 y 59 del Código Tributario. Tales equivocaciones influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues desembocaron en el acogimiento del reclamo, sin cerciorarse previamente si la actora había cumplido con su carga procesal, al aludir a una problemática jurídica ajena al meollo de la discordia.

Sentencia

“Santiago, veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

Vistos:

En los autos N° 7.092-2015, rol de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria, a fojas 227, promueve sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, la abogada señora AAAA, en representación de la reclamada Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, contra la decisión de la Corte de Apelaciones de dicha comuna, que confirmó el veredicto apelado que acogió la reclamación interpuesta por XXXX, en contra de la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, que fue dejada sin efecto, y que había denegado la devolución de PPUA pedida en el año tributario 2013.

A fojas 251 se trajeron los autos en relación para conocer de esos arbitrios.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:        

               Primero: Que el recurso de casación formal se asila en el literal quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal sexto de su artículo 170, dado que no resolvió el asunto, toda vez que la resolución reclamada niega lugar a la solicitud de devolución de pago provisional por utilidades absorbidas, porque el contribuyente no entregó elementos que permitan constatar la veracidad y exactitud de la declaración, por lo que la pérdida no ha sido acreditada, como tampoco el origen, procedencia ni naturaleza de los créditos invocados. En tanto, el reclamo censura falta de fundamento del dictamen, al recoger interpretaciones erróneas de la ley general de cooperativas, del Decreto Ley N° 824 de 1974 y de los oficios que enuncia; mientras que la reclamada aduce que la situación se sujeta a la tributación general de la Ley de Impuesto a la Renta, y así las pérdidas de arrastre deben probarse, con arreglo al artículo 31, inciso 1°, de este texto, ante lo cual el contribuyente no aparejó antecedentes en respaldo a su pretensión.

Así concluye que la polémica radica en determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de PPUA se apega a la normativa de la ley de la renta, para lo cual es vital demostrar los componentes de la pérdida; sin embargo, lo resuelto circunscribió la disputa al tratamiento tributario de los excedentes, y por ello no hubo pronunciamiento sobre el fondo. Pide que se anule el fallo y se dicte otro de reemplazo que revoque el a quo y deseche el reclamo, dejando firme la resolución, con costas.

Segundo: Que la omisión de decidir la controversia la hace consistir en que las elucubraciones que centran aquella  se condicen con las pérdidas declaradas por la contribuyente, no así con la tributación de los excedentes y, por consiguiente, al discurrir los falladores acerca de este último aspecto, se concreta la abstención reprobada.

Tercero: Que aunque es dable apreciar en la resolución atacada que, tal como afirma el recurso, adolece de ausencia de disquisiciones orientadas en la dirección puntualizada por la reclamada, no es posible por ello entender que no contiene decisión, desde el momento que el pleito fue zanjado por los juzgadores, al hacer suyo, sin enmiendas, un veredicto que admitió el reclamo, dejó sin efecto la resolución administrativa sub lite. De contrario, y como puede vislumbrarse, el agravio que en realidad motiva el recurso del ente fiscalizador, de ser efectivo, radica en la omisión de hacerse cargo de las alegaciones formuladas en la litis, y la prescindencia de ellas al resolverla, reproche que se inserta en otro de los requisitos que el aludido artículo 170 del ordenamiento procesal previene para semejante resolución, como es el efectuar consideraciones sobre los hechos y el derecho debatido; no obstante, su carencia no puede sostener la pretensión de invalidación formal, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 768 de la compilación procedimental, y finalmente, deja desprovisto de asidero el recurso.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Cuarto: Que el libelo de casación sustantiva delata, por lo pronto,  vulneración del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, incisos 1° y 2°, de la Ley de Impuesto a la Renta, en consonancia con los artículos 21 y 59 del Código Tributario, por cuanto el citado artículo 31 contiene los requisitos de los gastos en general y de las pérdidas de arrastre, los que no fueron analizados por los magistrados ni tampoco abordan la temática de la falta de antecedentes proporcionados durante la etapa administrativa, a pesar que constituía la carga probatoria del contribuyente, conforme al artículo 21 del código del ramo. Añade que ante una petición de devolución, sustentada en la absorción de las utilidades por las pérdidas, el Servicio de Impuestos Internos puede ejercer sus facultades fiscalizadoras para verificar su procedencia, pidiendo los antecedentes que certifiquen la pérdida tributaria desde su origen.

Quinto: Que, en seguida, critica transgresión de los incisos 2° y 14° del artículo 132 del Código Tributario, puesto que en la valoración de los medios se desatendieron razones lógicas, técnicas y de experiencia, ya que la litis se dirimió con omisión del real conflicto, y deja sin efecto la resolución, sin analizar la prueba rendida, así atenta contra el principio de la razón suficiente.

Asimismo, se queja de inobservancia de los artículos 51 y 52 de la Ley General de Cooperativas, en armonía con los artículos 17, N° 4°, del Decreto Ley N° 824 y 22 del Código Civil, debido a que la forma en que se aplicó el artículo 51 violenta las restantes disposiciones recién citadas, en cuanto precisan que los excedentes distribuidos a los cooperados por operaciones dentro del giro habitual deben contabilizarse. Expone que los excedentes distribuidos a los cooperados por operaciones habituales se rigen por el artículo 49 de la ley general de cooperativas, que se remite al artículo 17, N° 4°, del decreto ley N° 824, que obliga contabilizarlos, formando parte de los ingresos brutos que tributan ajustados a la ley de la renta, mecánica que no desconoce el artículo 51 del cuerpo que regula las cooperativas y contempla las operaciones no habituales.

Sexto: Que explica como se conculca el contexto de la ley si se estima que los cooperados que tienen habitualidad y tributan con renta efectiva están exentos de gravamen, mientras que los que imponen mediante renta presunta deben pagarlo, pues con ello se instaura una exención a un caso no previsto.

Asegura que, de no haberse incurrido en los errores de derecho develados, no se habría confirmado el edicto en alzada, entonces impetra la invalidación de la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que la revoque y, como consecuencia, desestime el reclamo, y deje firme la resolución reclamada, con costas.

Séptimo: Que para determinar el destino de este arbitrio, conviene anotar previamente que su propósito estriba en velar por la correcta interpretación y adaptación de las disposiciones llamadas a dirimir la contienda, con el fin que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. Para el desarrollo de tal designio, el recurrente debe pormenorizar los errores jurídicos cometidos y que han  influido sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, al extremo que su constatación implique una real variación de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se decidió.

Es necesario también traer a cuento que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede una instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio, o el establecimiento de otros diversos a los fijados, y que determinan la adopción de reglas sustantivas dirigidas a dirimir la controversia, no es factible, salvo que se denuncie que al resolver el conflicto los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso.

Octavo: Que, formulada esta prevención, de la lectura del recurso se desprende que no explicita una eventual contravención a las normativa reguladora de la prueba, aun cuando indica que los incisos segundo y decimocuarto del artículo 132 del Código Tributario habrían sido atropellados, lo cierto es que en lo atinente a la recepción de la causa a prueba, no se desarrolla, en concreto el error en que habría incurrido el fallo, abstención que igualmente acontece cuando se trata de la infracción de las reglas sobre valoración de las pruebas, pues a pesar que se alude al principio de razón suficiente, no se hace en el contexto de la apreciación de los antecedentes del proceso, sino más bien se repiten los cuestionamientos que fueron el soporte de la casación formal, en orden a haberse preterido sus argumentos al dilucidar el conflicto. Por lo mismo, este acápite tampoco puede prosperar.

Noveno: Que el  dictamen en revisión, previa cita de los artículos 51, 52 y 53 de la ley general de cooperativas, 17 del decreto ley N° 824 y 139 del Código Tributario, confirma sin enmiendas aquél apelado, que, a su vez, consignó como hechos no objetados por los contendientes, en el basamento tercero, los siguientes: 1) la reclamante es socia de YYY y percibe anualmente ingresos por concepto de intereses, dividendos y excedentes, los últimos generados por las operaciones entre la cooperativa y sus miembros y/o terceros; 2) la reclamante es contribuyente afecta al impuesto de primera categoría, y tributa en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad completa; 3) la reclamante, como cooperada obligada a llevar contabilidad completa y que despliega operaciones con la cooperativa que componen su giro habitual, dedujo de la renta líquida imponible en su declaración del impuesto del año tributario 2013, como rentas exentas, los excedentes percibidos y que corresponden a operaciones con los socios por $ 579.295.504.- y los excedentes a capitalizar por $ 284.377.747.-; 4) esa declaración arrojó una pérdida por $ 998.014.372.-, de la cual $ 629.294.163.- provienen de ejercicios pasados, de la que resulta un requerimiento de devolución de $ 6.588.645.-; 5) el Servicio emitió la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, notificada el día 27 del mismo mes, que deniega la petición; 6) la negativa descansa en el tratamiento tributario atribuido a los excedentes, así como a la partida principal de las pérdidas reclamadas; y 7) la actora se alzó contra esta resolución a través  del reclamo tributario pertinente.

Luego de dejar constancia de no haber recibido la causa a prueba, estableció como objeto del pleito, en el motivo quinto, y en lo que interesa al recurso, la tributación de la distribución de excedentes por una cooperativa respecto de sus cooperados, conflicto del que colige que la preceptiva aplicable corresponde a los artículos 49, 51 y 53 de la ley general de cooperativas, 17, N°s. 1°, 2°, 3° y 4°, del decreto ley N° 824 y el Oficio N° 549, de 2008 (raciocinio sexto) y denota en su reflexión séptima que un análisis integrado de esta normativa lleva a dilucidar que el aumento de valor nominal de las cuotas y la devolución de excedentes por operaciones con socios estarán exentas de todo gravamen, puesto que los términos de la ley dejan en claro el carácter general de la exención en favor de los socios, sin distinción alguna. Tal tema, continúa, difiere cuando la devolución de excedentes proviene de operaciones con terceros, según prescribe el artículo 17, N° 2°, del D.L. N° 824, ya que en ese caso la porción del remanente que proviene de operaciones con personas que no son miembros están afectas a impuesto de primera categoría en la cooperativa, de suerte que a nivel de cooperados están sujetas a impuesto global complementario o adicional.

Décimo: Que asevera que en la determinación de la renta líquida imponible los artículos 29 a 33 de la ley de la renta incorporan ciertos ajustes, dentro de los cuales emerge la deducción de las rentas exentas, según estatuye el artículo 33, N° 2°, letra b), una de ellas consagrada en el artículo 51 de la ley general de cooperativas; por ende, la remisión del artículo 49 de esa ley al artículo 17 del decreto ley N° 824 no implica dejar sin efecto la exención, sino que obliga, con apego a su N°4°, a la contabilización de las cantidades que la cooperativa les reconoce a los socios, y hace presente que dicho precepto no entroniza la afectación de los ingresos a los impuestos a la renta. De esta manera, acoge el reclamo, declara que los ingresos a los que se refiere son rentas exentas, y anula la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, sin costas.

Undécimo: Que, por lo que toca al quebrantamiento del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 21 y 59 del Código Tributario, se esgrime un matiz ligado con el aspecto fáctico del dictamen, en cuanto a una probable relevación de la carga de la prueba a la reclamante, que va de la mano con la desatención de los supuestos de la norma de la ley de la renta al precisar el objeto de la litis.

Importa tener presente para decidir esta arista, que la discrepancia en un proceso de reclamo tributario  apunta a aquella actuación de la autoridad tributaria que incide en la determinación de un impuesto, sea que provoque el cobro de sumas de dinero mediante una liquidación, o bien deniegue una devolución pedida, como en este caso.

Duodécimo: Que en esa línea, la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, desechó la solicitud de devolución de pagos provisionales formulada en la declaración de impuestos del año tributario 2013, apoyada en la absorción de las utilidades por las pérdidas. Es esta determinación, entonces, la que impele la actividad del contribuyente, quien acude al órgano jurisdiccional a fin de revertirla, para lo cual debe impugnar sus fundamentos como  única forma de dejarla sin efecto. Por ello es esencial ocuparse de su contenido que, en la situación específica, imputa al contribuyente la inacción ante el requerimiento del ente fiscalizador de entregar la documentación contable y de respaldo respecto las pérdidas declaradas y los créditos propuestos. Por tales motivos el reclamo, además de poner de relieve en su demanda los excedentes percibidos por la cooperativa de la que es socio, sostiene que su resultado negativo se obtiene luego de la contabilización de las pérdidas de arrastre.

Décimo tercero: Que bajo este prisma, surge de manifiesto que la objeción del Servicio al requerimiento de devolución reposa en la falta de acreditación de las pérdidas sufridas, regulada en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que dispone: “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”. A continuación, al reglamentar  singularmente ciertos gastos que pueden deducirse, en la medida en que se relacionen con el giro del negocio, preceptúa: “3°.- Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad.

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional a que se refiere la letra d) del número 3 de la letra A) del artículo 14, se hayan afectado o no con el impuesto de primera categoría, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.”

Décimo cuarto: Que de lo transcrito se infiere que incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podrán ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, han de ejecutarse una serie de reglas de imputación.

En este estado queda claro que, sin perjuicio de las razones adicionales expuestas en el libelo pretensor, el propósito del juicio cuando lo reclamado es la objeción de las pérdidas declaradas por el contribuyente, lo constituye, justamente, el cumplimiento de las condiciones de dichas mermas para ser estimadas como un gasto susceptible de deducirse de la renta bruta.

Décimo quinto: Que el edicto rebatido, para disponer como lo hizo, ha fijado como núcleo de la contienda el tratamiento tributario de los excedentes percibidos por la reclamante en su calidad de socia de la cooperativa YYY, a resultas de lo cual razona en torno a los preceptos que gobiernan esa rama, sin atender al cumplimiento de los requisitos de los gastos, punto que debió  valorarse y dirimirse, como se destacó en el razonamiento precedente.

Desde esa perspectiva, la resolución ha incurrido en el error de derecho desaprobado, desde que ha preterido el análisis y aplicación de las exigencias del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, de la Ley de Impuesto a la Renta al zanjar la pretensión del reclamo de invalidar la Resolución Exenta N°106, y con ello yerra al eximir a la reclamante de la obligación de demostrar la concurrencia de tales presupuestos, como también de hacerse cargo de la falta de aportación de antecedentes en sede administrativa, pese a que fueron requeridos por el Servicio, de paso se violaron también los artículos 21 y 59 del Código Tributario. Tales equivocaciones influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues desembocaron en el acogimiento del reclamo, sin cerciorarse previamente si la actora había cumplido con su carga procesal, al aludir a una problemática jurídica ajena al meollo de la discordia.

Décimo sexto: Que las anteriores conclusiones vuelven irrelevante el análisis del tema de la repartición de excedentes conforme con la ley general de cooperativas, abordado en el último capítulo del recurso desde que se ha dicho que no es el núcleo determinante de la litis, sino que la efectividad de las pérdidas que justifican la pretensión de devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas.

Es así como en esta virtud, se impone el acogimiento del recurso de casación en el fondo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 145 del Código Tributario, 764, 767, 768, 774 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma y se acoge el recurso de casación en el fondo, ambos formalizados en la presentación de fojas 227 por la abogada señora AAAA, en representación de la reclamada Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, contra la sentencia de veintidós de abril de dos mil quince, escrita a fs. 225, la que es nula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese”.

EXCMA. CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – ROL N° 7092-2015 – 25.04.2016 – MINISTROS SRES. MILTON JUICA A., SERGIO MUÑOZ G., JUAN FUENTES B., SRA. ANDREA MUÑOZ S., Y ABOGADO INTEGRANTE SR. JAIME RODRÍGUEZ E. (REDACTOR)

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

Coordinando con Iquitos, Ayacucho, Huancayo, Lima y a nivel nacional

Jurisprudencia Española en materia tributaria: La contabilización de una determinada partida no es una cuestión puramente formal sino que tiene trascendencia en el campo fiscal y muy directamente en el ámbito de los gastos deducibles

Alan Emilio en Lima

Alan Emilio en Lima

Mediante Sentencia de fecha 21 de noviembre del 2013 la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha emitido una importante jurisprudencia en materia tributaria (fiscal, impositiva) cuya repercusión debe tener un efecto directo en muchos teóricos que aún no evolucionan y que insisten en que las normas internacionales de información financiera no tienen efecto fiscal. En este portal web de contenido académico hemos evidenciado que esos “teóricos” se han quedado en la época de las cavernas al pensar que conocer de tributación es aplicar el positivismo, cuando la globalización ya los pasó como aviones a una tortuga.

En esta extensa sentencia española la Sala considera que la contabilización de una determinada partida no es una cuestión puramente formal sino que tiene trascendencia en el campo fiscal y muy directamente en el ámbito de los gastos deducibles.

Resalta la jurisprudencia española que las normas contables (el principio de prudencia y el principio de imagen fiel), obligan a reconocer la existencia de ingresos y gastos a medida que estos se devenguen, con independencia del momento en que se efectúe el cobro, ya que la imputación temporal de los ingresos debe hacerse de acuerdo al principio del devengo y de correlación de ingresos y gastos contenido en el Plan General de Contabilidad, siendo las magnitudes recogidas en la contabilidad las que determinan la base imponible.

Personalmente me resisto a creer que los magistrados españoles (de formación jurídica en derecho) están hablando piedras, cascajos o asteroides. Conviene comentarles que estos dos párrafos anteriores son concordantes con la jurisprudencia británica (regida por el common law) en materia fiscal.

De otra parte la Sentencia Española, que obviamente supera lo abordado en 1978 por García Mullín (en la época de las cavernas), da cuenta en su fundamento jurídico octavo lo siguiente en materia de deducción de gastos:

“siguiendo el criterio sentado por el Tribunal Supremo, sobre la necesidad de que los gastos que las entidades pretenden deducirse fiscalmente, cumplan una serie de requisitos, por lo que debe reiterarse el criterio de la Sala al respecto, plasmado en numerosas sentencias.

<< Para que pueda hablarse de “gasto deducible”, a los efectos fiscales, además de la “necesariedad”, se requiere la concurrencia de otros requisitos:

1), La justificación documental de la anotación contable, de conformidad al art. 37.4, del Reglamento del Impuesto .

2), La contabilización del gasto (según se desprende del citado art. 37, en su conjunto).

3), Su imputación a la base imponible en el ejercicio de su procedencia, conforme al art. 88.1, del Reglamento del Impuesto , como se ha declarado.

El concepto de “gastos necesarios” no es cuestión pacífica.

Del precepto citado, se desprende que la “necesidad” del gasto es tendencial, en el sentido de que han de estar orientados o dirigidos a la “obtención” de ingresos. Esta característica del “gasto necesario” puede ser contemplada desde una doble perspectiva:

–         Primera, positiva, como concepción económica de obtención del beneficio; criterio que sigue el citado art. 13, de la Ley 61/78 , en el que gasto e ingreso están directamente relacionados, al entender el gasto como un costo de los rendimientos obtenidos.

–         Y, segunda, negativa, como contraria a “donativo” o “liberalidad ; criterio mantenido en el art. 14.1.e), de la Ley 43/95, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades , y doctrina jurisprudencial ( TS. SS. 17 de febrero de 1987 , 20 de septiembre de 1988 , 20 de enero de 1989 , 27 de febrero de 1989 , 14 de diciembre de 1989 , 25 de enero de 1995 , entre otras).

Ambos criterios no son incompatibles, sino complementarios, al contemplar la “necesariedad del gasto” desde esa doble perspectiva.

En este sentido, y siguiendo este criterio interpretativo, se puede concluir que en el concepto de “gasto necesario” subyace una fundamentación finalística del mismo, ligada al concepto de partida deducible, y, por tanto, al de coste en la obtención de ingresos.

Cabe resaltar también que la Sala de lo Contencioso Administrativo Española concluye también que el sujeto pasivo debe ajustarse al criterio de imputación temporal ligado al devengo, entendido éste como el de corriente real de bienes, pudiendo no obstante desviarse del criterio legal de imputación temporal, pero, en tal supuesto, debe cumplir los requisitos formales y contables que dicha normativa fiscal exige. En el Perú, esto se traduce en la aplicación de la NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias (mal llamado en algunos libros como Impuesto a la Renta), el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, entre otras normas jurídicas.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor Experto en materia tributaria contable 

Jurisprudencia Tributaria Chilena: Al extraviarse una factura, no basta con acompañar una copia del documento, sino que es necesario que el contribuyente desarrolle una actividad probatoria que permita a la administración cerciorarse de la fidelidad documental

Alan Emilio en Máncora abril 2013

Alan Emilio en Máncora abril 2013

Mediante sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile – 04.01.2013 – ROL 8281-2011, se puntualiza que el órgano fiscalizador de los tributos no descarta la fuerza de convicción de fotocopias simples de facturas originales supuestamente extraviadas o destruidas, sólo que demanda elementos de juicio complementarios, que avalen su fidelidad.

Cabe resaltar que la controversia no radicaba en la validez de simples fotocopias de facturas, como erróneamente predica el recurso del contribuyente, sino en la inactividad probatoria de dicho contribuyente que no propuso a la Administración Tributaria evidencias que le permitieran cerciorarse de la fidelidad documental.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en  Tributación  y en Normas Internacionales de Información Financiera

“Santiago, cuatro de enero de dos mil trece.

VISTOS:

En esta causa Rol N° 10.333-2.008 de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias por concepto de diferencias de Impuesto al Valor Agregado de sendos períodos que van desde el mes de agosto de 2.005 hasta el de octubre de 2.007,  Impuesto a la Renta de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario correspondientes a los años tributarios 2.007 y 2.008, el abogado Rafael Martínez Cohen, actuando en representación de la contribuyente y reclamante XXXXX, recurre de casación en el fondo contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó, sin más, la resolución que el treinta de marzo del mismo año emitiera la directora regional correspondiente, doña Erica Morales Lartiga, accediendo sólo parcialmente al reclamo.

El recurso representa la errónea interpretación, la contravención formal y la falsa aplicación de disposiciones de los Códigos Civil, de Procedimiento Civil y Tributario; de los Decretos Leyes N° 824 y 825 de 1.974; y del Decreto Supremo de Hacienda N° 55 de 1.977, yerros que agrupa de la siguiente manera:

1.- “Sobre el valor probatorio de las fotocopias de las facturas para acreditar el crédito fiscal y costo del contribuyente. Contravención formal al artículo 21 del Código Tributario; contravención formal al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y contravención formal al artículo 2 del Código Tributario.” (fs. 115)

2.- “Sobre la presunta obligación del contribuyente de sólo poder acreditar sus créditos fiscales y costos con los originales de las facturas respectivas. Interpretación errónea de los artículos 23 N° 1 y N° 5°, y 25 de la ley del IVA, en relación a los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1, 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA; Interpretación errónea del artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta:” Fs. 116)

3.- “Sobre la contravención formal al artículo 97 N° 16° del Código Tributario.” (fs. 118)

4.- “Falsa aplicación de los artículos 17, 88 inciso final, y 97 N° 19 del Código Tributario.” (fs. 119)

5.- “Contravención formal al artículo 19 del Código Civil”.

Traídos que fueron los antecedentes en relación, se procedió a su vista en la audiencia de veintiséis de noviembre último, con la asistencia de los abogados que por ambas partes comparecieron a estrados, habiéndose dejado el asunto en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE QUE:

1°.- Efectuada la reclamación reseñada en lo expositivo que antecede, el tribunal la desestimó, argumentando la falta de prueba para convencer acerca de la fidelidad de las copias de las facturas que el Servicio objetó, por no constituir los originales, criterio éste que fue compartido por la alzada y que es preciso motivo del presente intento correctivo, que aduce profusas infracciones normativas por el hecho de no haberse validado fotocopias simples de las facturas, a pesar que nada indica no sean fidedignas.

Como se adelantó en el introito, esas vulneraciones de ley vienen agrupadas de la siguiente forma:

1.- “Sobre el valor probatorio de las fotocopias de las facturas para acreditar el crédito fiscal y costo del contribuyente. Contravención formal al artículo 21 del Código Tributario; contravención formal al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y contravención formal al artículo 2 del Código Tributario.” (fs. 115)

2.- “Sobre la presunta obligación del contribuyente de sólo poder acreditar sus créditos fiscales y costos con los originales de las facturas respectivas. Interpretación errónea de los artículos 23 N° 1 y N° 5°, y 25 de la ley del IVA, en relación a los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1, 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA; Interpretación errónea del artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta:” Fs. 116)

3.- “Sobre la contravención formal al artículo 97 N° 16° del Código Tributario.” (fs. 118)

4.- “Falsa aplicación de los artículos 17, 88 inciso final, y 97 N° 19 del Código Tributario.” (fs. 119)

5.- “Contravención formal al artículo 19 del Código Civil”. (idem)

A continuación se las abordará en el mismo orden;

I.- Sobre el valor probatorio de las fotocopias de las facturas para acreditar el crédito fiscal y costo del contribuyente. Contravención formal al artículo 21 del Código Tributario; contravención formal al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y contravención formal al artículo 2 del Código Tributario.

2°.- La recurrente enfoca su análisis a partir del siguiente presupuesto: la sentencia desestimó el mérito de las copias de las facturas, por considerar que no son idóneas para acreditar el crédito fiscal del IVA y del costo, esto último en el caso del Impuesto a la Renta, es decir, el Servicio “… impugna las fotocopias… por el sólo hecho de ser tales, y no por ser no fidedignas, falsas o faltas de integridad,” sin que exista motivo alguno que le haga presumir “que las copias señaladas no digan la verdad de los hechos económicos que en ellos se consigna.” (fs. 116).

Ataca el contenido de ese discurso arguyendo a base de los artículos 21 del Código Tributario y 346 del Código de Procedimiento Civil, este último aplicable en la especie en razón de lo que prevé el 2 del primero de esos estatutos, sosteniendo que aquél despoja de valor probatorio  únicamente  los  documentos  “no  fidedignos” -expresión que la superioridad ha definido como “aquello que no es digno de fe, esto es, que contiene irregularidades materiales que hacen presumir con fundamento que no se ajustan a la verdad” (fs. 115)- y que el 426 priva de mérito al instrumento privado, exclusivamente  por falsedad o falta de integridad, nada de lo cual se ha establecido respecto de las fotocopias de facturas;

3°.- Es desde luego fundamental aclarar que en dicho planteamiento la contribuyente desplaza el núcleo decisorio del fallo para moldearlo a lo que compatibiliza con su interés procesal.

Al reproducir en su integridad los razonamientos vertidos por la sentenciadora de primer grado, la Corte de Apelaciones hizo suyo lo expresado en sus motivos 13° y 14°.

Tal basamento 13° explicita su aceptación del hecho del extravío o destrucción de los originales de las facturas y deja de manifiesto que esa sola circunstancia no excluye por sí mismo el crédito fiscal, sólo señala que para que en ese evento “… pueda mantener su derecho al uso del crédito fiscal deberá cumplir el requisito establecido en el Art. 21 del Código Tributario, en la parte que señala “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establece, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto” (fs. 85/6), pasando luego a concluir, en el razonamiento 14°, que esa prueba no se consumó: “… no habiendo el contribuyente acreditado sus compras o servicios utilizados, -y consiguiente derecho al crédito fiscal- con el original de la factura, ni allegado pruebas tales como la comunicación de la pérdida, inutilización o extravío dirigida al Servicio; publicaciones en la prensa en que conste el hecho invocado (incendio, inundación, robo, etc); certificado del Cuerpo de Bomberos, Carabineros u otra entidad; denuncia u otras situaciones efectuadas en relación a los hechos invocados por el Ministerio Público; duplicados del ejemplar en poder del proveedor, o copias autorizadas ante notario; cheques con que pagó las facturas a los proveedores y contabilización de los mismos; cartola de la Cuenta corriente Bancaria que cuenten con los asientos en los libros de contabilidad; antecedentes de los proveedores; copia del Formulario 29, etc., son pruebas que debería haber presentado en la instancia correspondiente ante este tribunal, sin que baste de manera alguna una fotocopia simple de la factura que no alcanza a ser ni siquiera un indicio de la veracidad de las operaciones que originarían el derecho al crédito que pretende hacer valer.” (fs. 86);

4°.- Como puede apreciarse, no es efectivo que los jueces hayan desacreditado las fotocopias por el sólo hecho de ser tales, y no por no ser fidedignas, falsas o faltas de integridad.

El quid del asunto no radica en la validez de simples fotocopias de facturas, como erróneamente predica el recurso, sino en la inactividad probatoria de una contribuyente que no propuso al Servicio evidencias que le permitieran cerciorarse de la fidelidad documental que se viene comentando.

En otras palabras, el órgano fiscalizador de los tributos no descarta la fuerza de convicción de fotocopias simples de facturas originales supuestamente extraviadas o destruidas, sólo que demanda elementos de juicio complementarios, que avalen su fidelidad.

Queda de manifiesto, pues, la inexactitud del presupuesto sobre el cual el objetante construye esta primera sección de su queja;

5°.- Por otra parte y como es sabido, en derecho lo especial prefiere a lo general, lo que viene al caso por tratarse de una legislación que, como la tributaria, se ha esmerado en regular con precisión los antecedentes en que han de constar los movimientos y operaciones de diversa índole que dan origen a las variadas cargas impositivas.

De ahí que la ley deposite en el aportante, que de antemano está en situación de saber cómo ha de llevar las partidas  contables para gozar de todas sus prerrogativas en cuanto tal, la obligación de presentarlas al Servicio cuando se le requiera determinada justificación. Es el predicamento del artículo 21 del código que trata estas materias.

Eso, en lo que hace a la documentación tributaria en general.

En lo específico, ninguna duda deja la ley en punto a que para beneficiarse del crédito fiscal ínsito en el mecanismo del Impuesto al Valor Agregado, menester se hace contar con la correspondiente factura, cuyo original es de disposición del adquirente o prestatario, en tanto la primera copia lo es del proveedor o servidor. Así lo disponen los artículos 23 y 25 del Decreto Ley N° 825 de 1.974, 39, 40 y 69 A N° 1 de su Reglamento.

A tal punto llega la exigencia, que el artículo 97 N° 19° del citado código castiga el incumplimiento del mandato de su artículo 88, en orden al deber que asiste a todo adquirente o prestatario de demandar y retirar -por lo tanto, detentar- la factura de que se viene hablando.

Por consiguiente, conciliando la preceptiva singularizada en la factura, con la genérica de la carga probatoria, aparece con evidencia que, a falta de tan primordial instrumento de prueba para los anotados efectos, entra a tallar la regla sobre el onus probandi del comentado artículo 21, que en cuanto general, también supletoria.

Es eso lo que los decidores obraron;

6°.- Por lo mismo, carece de relevancia la invocación del Código de Procedimiento Civil que realiza el libelo de nulidad, centrado en su artículo 346.

Dejando de lado el vacío consistente en no precisar cuál de las distintas hipótesis de esa disposición es la que se aduce conculcada  -aunque ello no debe pasar indiferente en un arbitrio de excepcionalidad como el de que se trata- a juzgar por ciertos pasajes del escrito de impugnación estos jueces entienden que la mira se dirige a su especie tercera, esto es, que los instrumentos privados se tendrán por reconocidos cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad, en las condiciones allí anotadas.

Ciertamente, en este tipo de contencioso, sujeto aún al régimen adjetivo clásico del Código Tributario, no es aplicable al Servicio de Impuestos Internos la condición de “parte contraria” del contribuyente que reclama.

De su incumbencia era, nada más, definir si, una vez oída la contribuyente, había hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que impelieran a abrir un término probatorio.

Así lo hizo a fs. 34;

7°.- Ninguna viabilidad presenta, entonces, el primer grupo de infracciones representadas por la impugnación.

II.- Sobre la presunta obligación del contribuyente de sólo poder acreditar sus créditos fiscales y costos con los originales de las facturas respectivas. Interpretación errónea de los artículos 23 N° 1 y N° 5 y 25 de la ley del IVA, en relación con los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1 y 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA; interpretación errónea del artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta.

8°.- Asume la quejosa que “La sentencia recurrida incurre en una falsa interpretación de aquellas normas, en virtud de que la ley no exige que sólo el original de la factura pueda dar derecho al crédito fiscal y costo respectivo.

“En efecto, los artículos 23 N° 1 y N° 5, y 25 de la ley del IVA; los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1, 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA;  y el artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta no exigen que sólo los originales de las facturas den derecho a crédito fiscal. Nada dicen al respecto, por lo tanto, debemos regirnos por las reglas generales ya reseñadas” (fs. 116) que no son otras que las del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta el reenvío que a ése ejecuta el artículo 2 del Código Tributario;

9°.- Es de advertir que ninguna explicación aporta el libelo de saneamiento de cara a la manera cómo se habrían consumado los atentados que hace valer, limitándose a transcribir pasajes de doctrina que le parecen ilustrativos.

No hace falta argumentar en este particular sobre el imperio del N° 1 del artículo 772 del estatuto procesal en punto a la necesidad que el escrito del recurso  exprese en qué consisten los errores que objeta;

10°.- Más allá de esa mera cuestión de forma, la presentación que viene de sintetizarse edifica la tesis de supletoriedad del sistema procedimental civil que antes se dejó descartada y sobre la que sería redundante volver.

Consiguientemente, esta acusación no conocerá luz.

III.- Sobre la contravención formal al artículo 97 N° 16° del Código Tributario.

11°.- Sobre la base de sendos oficios del Servicio de Impuestos Internos, la acusadora indica que “… en caso de pérdida o extravío de la documentación, el procedimiento correcto sería la aplicación de las multas contenidas en el artículo 97 N° 16 del Código Tributario, pues en caso contrario, se estaría incurriendo en la figura del ´non bis in idem´, esto es, al contribuyente que ha incurrido en dicha pérdida no sólo se le aplica una sanción administrativa, muy onerosa por lo demás, sino que además se le cobra un impuesto absolutamente improcedente, pues el Servicio nunca probó que el contribuyente había mentido en sus declaraciones de impuestos.” (fs. 119);

12°.- La formulación es doblemente errónea.

Primeramente, carece de todo sustento jurídico la premisa según la que el hecho de la falta de factura abre de manera excluyente la vía persecutoria del artículo 97 del cuerpo legal en actual referencia,  como quiera que en la estructura de éste están debida y claramente diferenciadas las consecuencias propiamente tributarias y las sancionadoras derivadas de incumplimientos a sus preceptos y a los de leyes afines. Para el legislador, una y otra corren por carriles independientes entre sí, al punto de conferirles un tratamiento distintivo y singular en diversas partes de su esquema recopilativo. Por supuesta se encuentra en el código la plausibilidad de la vía de reclamación contra liquidaciones cursadas por el órgano de tributación, por un lado, con la indagatoria de irregularidades e ilícitos de su clase por parte de ése, por el otro. Lo uno no obsta a lo otro, pudiendo el Servicio de Impuestos Internos activar la persecución, dentro de los plazos y con respeto a los procedimientos establecidos, sin embargo de la existencia del procedimiento de reclamación.

Segundamente, craso error el de pretender depositar en el Estado la carga de probar “que el contribuyente había mentido en sus declaraciones de impuestos”, materia sobre la que parece bastante lo más arriba analizado, en punto a la visión que el derecho tributario asume respecto del onus probandi;

13°.- Entonces, esta alegación tampoco será exitosa.

IV.- Falsa aplicación de los artículos 17, 88 inciso final y 97 N° 19 del Código Tributario.

14°.- Aquí se echa totalmente de menos el acatamiento al imperativo del consabido artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, pues a modo de explicación de las citadas disposiciones de ley se señala que “en la sentencia recurrida, en sus considerandos 6° y 9°, se están dando como fundamento de la decisión del tribunal las normas reseñadas en la sentencia, aplicándolas a un conflicto al cual son absolutamente ajenas, y no dicen relación alguna con la cuestión controvertida en estos autos, como se desprende de su sola lectura.” (fs. 119).

No hay más;

15°.- Obviamente, debió justificarse la aserción de tratarse de preceptos “absolutamente ajenos” al conflicto, cuanto más si, en criterio de los sentenciadores, ellos iluminan lo decidido, de la manera que explican.

Imposible hacer lugar a una alegación así de insuficiente.

V.- Contravención formal al artículo 19 del Código Civil.

16°.- Lo único que se expresa en esta última parte del intento invalidador es que “… tratándose las leyes infringidas de normas que son clarísimas en su tenor literal, se las ha tergiversado en cuanto a su sentido natural y obvio, interpretándolas erróneamente.” (fs. 119/20)

Es todo;

17°.- Atendida la sequía retórica de esta infracción, parece ser que ella tuviera como propósito englobar en un yerro hermenéutico la totalidad de las asunciones sobre la base de las que los jueces resolvieron la discordia.

Ello equivale a que en cada capítulo se hubiera incluido una mención al artículo 19, lo que se traduce en que los razonamientos que en este fallo se ha venido dando para hacerse cargo de cada objeción, son igualmente extensivos al presente achaque;

18°.- Tampoco prospera, entonces, la última expresión de la crítica.

Consideraciones en virtud de las cuales se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Rafael Martínez Cohen, actuando en representación de la contribuyente y reclamante XXXXX, contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó, sin más, la resolución que el treinta de marzo del mismo año emitiera la directora regional Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos, doña Erica Morales Lartiga, accediendo sólo parcialmente al reclamo.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados”.

Write the future & present  

Escreve o futuro eo presente

Schreibt die Zukunft und Gegenwart

Écrire le futur et le présent

Jurisprudencia Tributaria Colombiana aborda conceptos de causalidad, necesidad y proporcionalidad de los gastos

Alan Emilio en Kotosh, Huánuco 2013

Alan Emilio en Kotosh, Huánuco 2013

CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ 

Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01326-01(17666)

Actor: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

La Sala se ocupó de definir estos conceptos así”:

Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto.

La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello la expensa deba ser normalmente acostumbrada en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

De esta forma, debe estar probado que otras empresas que desarrollan la misma actividad incurren en tales gastos y, que, por lo tanto, es normal hacerla, pero, que además, es forzosa, todo ello con el fin de demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de la actividad productiva de la empresa.

Cuando el impuesto se puede imputar directamente al bien o servicio, tal circunstancia se debe probar; por el contrario, cuando el costo o gasto no sea directamente imputable al bien o servicio, se debe aplicar el artículo 490 del E.T., según el cual, cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente.

a)         Medicina prepagada.

La demandante explicó que según el artículo 5° del Decreto 3750 de 1986, los pagos por servicios de medicina prepagada constituyen pagos indirectos a los trabajadores, los cuales no están sometidos a retención en la fuente en cabeza de estos sin que por ello el IVA pagado en su adquisición deje de ser deducible o Efectivamente, esta Sala ha reiterado13, con base en la norma citada, que los pagos por medicina prepagada constituyen un gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción, según lo establece el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, en el expediente no obra prueba que demuestre que la demandante incurrió en pago por medicina prepagada en el periodo que se discute, pues solo aportó la factura RC 0002491 de marzo 15 de 2003 por $2.779.42114 de la empresa Salud Colmena, en la que se indica que ese pago corresponde al contrato N° 21101150 por el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2003, periodo que no hace parte del bimestre en discusión, por lo que no puede tenerse como prueba.

Asimismo, la demandante aportó la factura RC 0002371 del 20 de febrero de 2003 por $3.460.399, que corresponde al contrato No. 21101150 por el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de ese año. Como en el caso de la factura anterior el pago realizado corresponde a un periodo gravable distinto al que se discute, esto es al tercer bimestre de 2003.

A partir de lo anterior, es forzoso concluir que la demandante no probó los pagos que realizó por concepto de medicina prepagada cuyo IVA solicita como descontable en el tercer bimestre de 2003; es necesario reiterar que como arriba se explicó, en los casos en los que se ha demostrado que los contratos a que corresponden cubren a la generalidad de los trabajadores de la compañía, la Sala ha aceptado su descuento. Por lo tanto, el cargo formulado por la demandante y que se refiere a la glosa hecha por la Administración por este concepto, no prospera.

b)         Clubes, hoteles y restaurantes.

La demandante afirmó que las cuotas de sostenimiento de clubes y los gastos realizados en restaurantes y hoteles para la realización de convenciones y eventos sí son expensas necesarias, pues garantizan las condiciones necesarias para la apertura de mercados y, el mantenimiento de la clientela y los proveedores.

Afirmó que estos gastos cumplen con los requisitos de necesidad y causalidad, pues los acuerdos con clientes y proveedores exigen un mínimo de atenciones que implican consumos en clubes y restaurantes, por lo que estos gastos son usuales y redundan a favor de la actividad generadora de renta.

Luego de revisar el acervo probatorio, la Sala advierte que la demandante no aportó ninguna prueba que acreditara que incurrió en estos gastos, sin embargo es necesario aclarar que así hubiera aportado la prueba que se echa de menos en el expediente, este tipo de gastos no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 107 y 488 del E.T., en consecuencia, no prospera el cargo formulado por la demandante con respeto a este rubro.

c)      Seguros.

Afirma la demandante que el acto administrativo demandado carece de fundamentos para desconocer la procedencia de la deducción por amortización de la póliza de seguro de las oficinas de la sede administrativa de Bogotá.

Sin embargo, tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión, la Administración hizo una relación de los gastos respecto de los que la demandante solicitó los impuestos descontables y que no cumplían con los requisitos de los artículos 107 y 488 del E.T., por lo tanto, fue en esas normas en las que la DIAN fundamentó el rechazo de los impuestos descontables correspondientes a este rubro.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la amortización de los gastos por seguros, es necesario tener en cuenta lo establecido por el Artículo 433 del E.T., según el cual “[…] el impuesto se causa en su integridad en el momento en que la compañía conozca en su sede principal la emisión de la póliza, el anexo correspondiente que otorgue el amparo o su renovación”.

Ahora bien, obra en el expediente15 copia de la póliza No. 43003167 emitida por Delima Marsh S.A. el 3 de abril de 2003, es decir que este gasto corresponde al segundo bimestre del 2003, periodo que no se está discutiendo en este proceso.

Lo anterior, no es óbice para que contablemente se realice la amortización a que haya lugar en atención a los principios de contabilidad generalmente aceptados que rigen en nuestro país.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el cargo formulado con respecto a esta glosa no prospera.

d)   Asesoría legal y tributaria.

La demandante consideró que en este punto la Administración actuó de forma caprichosa y temeraria toda vez que, según la jurisprudencia, esta clase de gastos cumplen con los requisitos de necesidad y causalidad.

Al respecto, y luego de analizadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala advierte que la Factura N° 0040 de Garrido & Asociados Ltda., fue expedida el 3 de marzo de 2003 y la N° 4226 de Sanclemente, Fernández & Hernández Abogados S.A., el 17 del mismo mes y año; por lo tanto, como en los casos anteriores, dichas pruebas corresponden a gastos en los que se incurrió en un periodo gravable distinto al que se está discutiendo en este proceso no prospera el cargo.

De otra parte, en lo relativo a los servicios de auditoría sobre los contratos que desarrolla Petrobras, la Sala advierte que si bien los impuestos generados por este tipo de gastos son descontables siempre y cuando cumplan con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, varias veces mencionados, en el caso concreto la demandante no allegó prueba de que dichos requisitos se hubieran cumplido con respecto al valor glosado por la Administración.

Lo anterior, porque a pesar de que en el expediente obran como pruebas las facturas 262 y 265 expedidas el 7 de mayo de 2003 por T.F. Auditores y Asesores, éstas no coinciden con el valor glosado por la Administración, esto es, $2.994.181, pues dentro de las pruebas que aportó la demandante no se encuentra ninguna factura que demuestre el pago por concepto de auditoría y cuyo impuesto corresponda a este valor.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria Chilena: La contabilidad permite acreditar el origen de los fondos destinados a los desembolsos corrientes e inversiones de la entidad

Alan Emilio en Trujillo

Alan Emilio en Trujillo

Mediante sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile – 25.04.2012 – ROL 1648-2012, se puntualiza que tratándose de contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad completa, éstos deben acreditar el origen de los fondos con que han efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones mediante dicha contabilidad. En el caso materia de controversia, el contribuyente  afirmó que los depósitos en fondos mutuos que mantiene los hizo con excedentes de caja, sin embargo, dichos excedentes no se encuentran contabilizados y los saldos de la cuenta caja no guardan correspondencia con la inversión en fondos mutuos a abril de 2009, de manera que no pueden aceptarse otros medios de prueba si la propia contabilidad del contribuyente no refleja la existencia de los fondos con que dice haber realizado sus inversiones. Coincidimos con lo expresado por la Corte Suprema Chilena, siendo frecuentemente abordado en los seminarios expuestos a nivel nacional.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en  Tributación  y en Normas Internacionales de Información Financiera

Santiago, veinticinco de abril del año dos mil doce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el contribuyente Abdón Correa Canelo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la sentencia de primera instancia que acogió en parte el reclamo deducido.
I.-En cuanto al recurso de casación en la forma:
Segundo: Que el reclamante ha sostenido que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal de nulidad formal del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, esto es, en la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por cuanto no se realiza la ponderación de toda la prueba rendida en autos y en los casos en que se efectúa lo hace de manera errónea o derechamente omite pruebas o parte de aquellas, específicamente en lo que dice relación al informe emitido por la contadora auditora Elizabeth Gómez Espinoza, que entrega un análisis detallado y exhaustivo de la contabilidad completa de su parte y de todos los documentos que la fundan.
Tercero: Que la mencionada causal quinta, en cuanto se refiere al numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por expresa disposición legal no tiene cabida en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, como ocurre con el presente, el cual se encuentra previsto y reglado por las normas del artículo 123 y siguientes del Código Tributario, lo cual impide que el recurso en examen se pueda traer en relación al ser improcedente por esta causal.
Cuarto: Que, efectivamente, el artículo 768 inciso segundo del Código de Enjuiciamiento en lo Civil dispone que “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de este artículo y también en el número 5º cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”.
El artículo 766, por su parte, alude a “las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales”.
II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:
Quinto: Que el reclamante conjuntamente con el recurso de nulidad formal dedujo un recurso de casación en el fondo y denuncia como primer error de derecho la errada interpretación del inciso tercero del artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En efecto, aduce que el artículo 70 consagra una presunción simplemente legal que permite ser desvirtuada por los medios de prueba que la ley establece y que yerra la sentencia al establecer que dicha disposición legal limita la prueba en el caso del comerciante a la contabilidad completa, pues la contabilidad es mucho más que los cuatro libros indicados en el artículo 25 del Código de Comercio, incluyendo también los libros auxiliares y todos los documentos o antecedentes que sirven de fundamento para esos registros, de esta forma el tribunal debió reconocer que su parte tenía a su disposición los fondos suficientes para las inversiones en el Fondo Mutuo Alfa del Banco de Crédito e Inversiones.
Sexto: Que el primer capítulo de casación antes mencionado no puede ser atendido por cuanto, tal como lo ha sostenido con antelación esta Corte, la interpretación que debe darse al inciso tercero del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta es que tratándose de contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad completa –cuyo es el caso del reclamante- deben acreditar el origen de los fondos con que han efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones mediante dicha contabilidad. En el caso de autos el reclamante afirma que los depósitos en fondos mutuos que mantiene por $305.500.000 los hizo con excedentes de caja; sin embargo, tal como se asentó en el fallo dichos excedentes no se encuentran contabilizados y los saldos de la cuenta caja no guardan correspondencia con la inversión en fondos mutuos a abril de 2009 (considerando décimo quinto del fallo de primer grado, reproducido por el de alzada), de manera que no pueden aceptarse otros medios de prueba si la propia contabilidad del contribuyente no refleja la existencia de los fondos con que dice haber realizado sus inversiones.
Séptimo: Que como segundo capítulo de casación el reclamante denuncia la vulneración de lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, en lo que dice relación a la excepción de prescripción invocada en el escrito de apelación a la sentencia de primera instancia, norma aplicable por mandato del artículo 148 del Código Tributario, por lo que la Corte de Apelaciones no pudo rechazar la mencionada excepción por no haberse alegado en primera instancia, pues tal como la norma lo permite dicha excepción se invocó después del fallo de primer grado y antes de la vista de la causa. De este modo, sostiene que se debió haber acogido la prescripción parcial de los impuestos liquidados, especialmente los anteriores a noviembre de 2007.
Octavo: Que si bien es efectivo que conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil la excepción de prescripción pudo invocarse en el escrito de apelación, no es menos cierto que el error de haberla desestimado no tiene influencia en lo decidido. En efecto, el reclamante alegó en forma subsidiaria en su escrito de apelación la prescripción del artículo 200 del Código Tributario en relación al artículo 201 del mismo cuerpo legal por cuanto la notificación administrativa se produjo el 29 de noviembre de 2010; por tanto, contado tres años hacia atrás se encuentra prescrita la acción de cobro y la facultad de liquidar todo otro impuesto cuyo pago debió hacerse desde el 29 de noviembre de 2007 inclusive.
Noveno: Que, sin embargo, las liquidaciones practicadas al contribuyente, según puede leerse a fojas 1, comprenden el período abril del año 2009, por impuesto al valor agregado y año tributario 2010 por impuesto a la renta de primera categoría e impuesto global complementario, por lo que al haberse efectuado la notificación administrativa el 29 de noviembre de 2010, según él mismo reconoce a fojas 132, no ha transcurrido el plazo de prescripción que invoca.
Décimo: Que así, el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento y ha de ser rechazado.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de fojas 180 contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil once, escrita a fojas 177.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.

CORTE SUPREMA – TERCERA SALA – ROL 1648-2012 – 25.04.2012 – MINISTROS SR. HÉCTOR CARREÑO S. – PEDRO PIERRY A. – SONIA ARANEDA B. – MARÍA EUGENIA SANDOVAL G. – ABOGADO INTEGRANTE SR. ALFREDO PRIETO B.

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Jurisprudencia Tributaria Chilena: El dinero percibido como “anticipo” con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo constituye renta

Alan Emilio en Tarapoto

Mediante sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile – 04.05.2012 – ROL 7322-2009, se puntualiza que el dinero percibido como “anticipo” con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo constituye renta, de tal forma que debió ser incluido en la base imponible de primera categoría (de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena cuya categorización de rentas es diferente que el Impuesto a la Renta peruano) en el año tributario antes indicado. Resalta la Corte Suprema Chilena que la alegación hecha por el contribuyente respecto a que el dinero recibido constituiría un ingreso condicional, tal hipótesis fue desestimada a la luz de los antecedentes allegados al proceso.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en  Tributación  y en Normas Internacionales de Información Financiera

Santiago, cuatro de mayo de dos mil doce.

Vistos:

En estos autos ingreso Corte Nº7322-09, sobre reclamo tributario, caratulados XXX Ltda. con Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de primer grado de diez de agosto de dos mil siete, se rechazó el reclamo interpuesto en contra de la Liquidación Nº 280, de 2 de julio de 1997. Apelada que fuera esta sentencia, por fallo de quince de julio de dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de Concepción, la confirmó.

Contra esta última decisión la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo, para cuyo conocimiento se ha ordenado traer estos autos en relación.

Considerando:
I.-En cuanto al recurso de casación en el fondo:
Primero: Que, mediante este recurso, se denuncian como infringidos los artículos 1, 2 Nº1, 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30, y 31 del Decreto Ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta en relación con lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
Segundo: Que respecto a los errores denunciados, señala que no hay duda en que el impuesto a la renta pretende gravar la obtención de una renta coincidiendo en este caso el hecho gravado con el objeto impositivo, esto es, el objeto económicamente afectado con el tributo, ya que el artículo 1 de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que se establece un impuesto a la renta, y en el artículo 2 Nº1 de dicha ley, el legislador la define como: “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación”.
Así la noción de renta implica un incremento de patrimonio, de manera que no comparte ese carácter el ingreso que junto con aumentar el activo aumenta el pasivo, de forma tal que un préstamo bancario es un ingreso pero no renta porque no incrementa el patrimonio del perceptor.
De allí el error de derecho en que se incurre en la sentencia que se pretende anular, el que se verifica al mantener la liquidación del Impuesto a la Renta de Primera Categoría cursada en su contra, por cuanto se considera renta los veinticinco millones de pesos percibidos con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo, sin tomar en cuenta que dicha suma debía ser restituida a la arrendataria durante la vigencia del contrato celebrado, por lo que es un ingreso que no puede ser calificado como renta ya que aumenta el activo y el pasivo de la sociedad.
Tercero: Que denuncia como error de derecho, la errónea aplicación hecha de los artículos 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que tales preceptos ordenan afectar con el impuesto de primera categoría las rentas, de modo que la percepción de un ingreso correspondiente a la explotación del giro de bienes raíces no agrícolas cuyo es su caso, en el ejercicio de su devengo o percepción supone la existencia de una renta, o sea, un incremento de patrimonio según lo que contempla el Nº 1 del artículo 2 de la Ley mencionada, lo que no ocurre en este caso.
Señala que el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta en lo pertinente expresa que las normas del título II referido al impuesto cedular por categoría “se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas” por su parte el artículo 20 de la norma citada dispone en su Nº 1 que el impuesto de primera categoría afectará en primer lugar “la renta de bienes raíces en conformidad a las siguientes reglas” y en su letra d) a las rentas de bienes raíces no agrícolas. De forma que al disponer en el artículo 29 de la Ley que constituyen ingresos brutos del ejercicio todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, se refiere necesariamente a los ingresos que constituyen técnicamente renta, conforme a la definición legal porque de otro modo quedarían afectos ingresos que incrementando el activo del patrimonio del contribuyente aumentan al mismo tiempo el pasivo lo que distorsiona el sistema del impuesto a la renta. Lo mismo sucede en el caso del artículo 15 de Ley de Impuesto a la Renta que no fue respetado por los jueces del fondo, ya que ordena la imputación allí contemplada “para determinar los impuestos establecidos por esta ley”, impuestos que afectan la renta según se lee en los artículo 1 y 2 Nº 1 del Decreto Ley Nº 824 y no a la percepción de un ingreso que junto con aumentar el activo incrementa el pasivo.
Expresa que lo anterior se reafirma si se atienden las expresiones “renta bruta” y “renta liquida” contemplada en los artículo 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, los que no fueron respetados por los jueces al afectar con el impuesto de primera categoría a un simple ingreso que no se encuadra en el concepto legal de renta establecido en el Nº 1 del artículo 2.
Cuarto: Que en cuanto al último de los capítulos de casación, agrega que el impuesto a la renta de bienes raíces no agrícolas establecido en la letra d) del Nº 1 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, grava las rentas de los mismo bienes, esto es, a las rentas de arrendamiento, calidad que no reviste la suma de veinticinco millones de pesos y al no decirlo así, la sentencia incurrió en un grave error de derecho en la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
El artículo 1915 define el contrato de arrendamiento, por su parte el artículo 1917 señala que el precio que se paga periódicamente por dicho goce se denomina “renta” y el artículo 1919 dispone que la renta la paga el arrendatario y no el arrendador, además el artículo 1942 es más categórico al señalar que “el arrendatario es obligado al pago del precio o renta”, de allí que como lo expresa el voto de minoría “no hay razón que explique que el arrendador se obligue a restituir a la arrendataria durante la vigencia del contrato de arriendo una determinada suma percibida con ocasión de la suscripción del mismo como acontece en el presente caso”, porque dicha suma se percibe conforme a un mutuo que se define en el artículo 2196 del CC.
Así las rentas de arrendamiento las percibe el arrendador a cambio del goce de la cosa y no puede ser objeto de restitución sino que las percibe de modo definitivo ingresando a su patrimonio incrementándolo, en consecuencia queda afecto al impuesto a la renta. Pero esa no es la situación de la reclamante ya que ingresa la suma a su patrimonio y queda obligada a su restitución por lo que no es una renta de arrendamiento y por ello se incurre en infracción de ley al no decirlo así.
Quinto: Que, previo a analizar las infracciones denunciadas, útil resulta consignar los hechos que se han establecido por la sentencia, a saber:
– Durante el año comercial 1994, tributario 1995, la reclamante percibió rentas de arrendamiento por el monto indicado en las liquidaciones.
– Que las rentas se entregaron en virtud de contrato suscrito el 17 de noviembre de 1994, el que estipula una duración de 12 años a partir de1 1° de octubre de 1994.
– Que los cánones de arrendamiento no fueron contabilizadas por la reclamante como rentas devengadas durante los años tributarios 1995, 1996 y 1997, que habían sido percibidas, y que corresponde al desarrollo del contrato de arrendamiento en los años comerciales 1994, 1995 y 1996.
– En la cláusula quinta del contrato de arrendamiento suscrito por la reclamante se establece un anticipo de veinticinco millones de pesos, mismo que se restituiría mensualmente durante los doce años de vigencia del contrato de arriendo.
Sexto: Que según se ha dejado sentado en la sentencia recurrida lo discutido es determinar si la suma de veinticinco millones de pesos percibidos por XXX Limitada con motivo del contrato de arriendo suscrito con Tricot S.A., constituye un ingreso bruto para ésta y en consecuencia si queda o no gravada con impuesto a la renta de primera categoría.
Séptimo: Que conforme a lo reseñado precedentemente los sentenciadores del fondo arriban a la conclusión que el dinero recibido como anticipo corresponde en el caso de autos a “renta” de manera que debe incluirse en los ingresos brutos del año en que se percibió.
Octavo: Que para resolver como lo han hecho los sentenciadores han tenido presente que conforme lo establece el artículo 2º del Decreto Ley Nº 824 por renta entienden “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”. y en su N°3 define a la renta percibida como “aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago”.
Noveno: Que por su parte el artículo 29 del Decreto Ley Nº 824 en su artículo 29 señala:“Constituyen ingresos brutos todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, excepto los ingresos a que se refiere el artículo 17”. Por su parte el inciso segundo del mismo artículo expresa: “El monto a que asciende la suma de los ingresos mencionados, será incluido en los ingresos brutos del año en que sean devengados o, en su defecto del año en que sean percibidos por el contribuyente, con excepción de las rentas mencionadas en el Nº 2 del artículo 20, que se incluirá en el ingreso bruto del año que se perciban”.
Décimo: Que de este modo una interpretación armónica de las disposiciones precedentemente señaladas permite concluir, como lo han hecho los sentenciadores en esta causa que el dinero percibido en el año tributario 1995 como “anticipo” constituye renta, de tal forma que debió ser incluido en la base imponible de primera categoría en el año tributario antes indicado. Sobre la alegación hecha por el recurrente respecto a que el dinero recibido constituiría un ingreso condicional, tal hipótesis debe ser desestimada a la luz de los antecedentes allegados al proceso. En consecuencia, al decidir como han hecho, los jueces del mérito no han incurrido en error de derecho alguno, por el contrario, han dado correcta aplicación a las normas que se dice infringidas, lo que conduce al necesario rechazo del recurso de casación en el fondo.
II. Casación de oficio.
Undécimo: Que como ha quedado de manifiesto en los razonamientos precedentes, el recurso únicamente consideró que se habían infringido las normas de los artículos 1, 2 Nº 1, 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30, y 31 del Decreto Ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta, en relación con lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
Duodécimo: Que aún cuando no llega a desarrollar una infracción específica, la reclamación de autos inequívocamente comprende la inexigibilidad de los intereses que previene el artículo 53 del Código Tributario. En efecto, la obligación de pagar intereses o, mejor dicho, la existencia de la obligación de pagar intereses es consecuencia de la falta de pago del tributo, motivo por el cual cuando se reclama la inexigibilidad de éste, ciertamente también se insta por no pagar la sanción pecuniaria.
Décimo tercero: Que lo anterior tiene importancia para los efectos de hacer uso de la facultad de obrar de oficio, por cuanto ella está permitida sólo cuando el recurso ha sido desechado por defectos de formalización, según lo previene el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. En la especie sólo se reclamó la nulidad por ser inexigible al pago del tributo, no contenido por tanto, una alegación de nulidad particular relativa al pago de los intereses de la obligación tributaria. Así las cosas, advirtiéndose tal insuficiencia del recurso y, como se pasará a explicar, una indebida aplicación de intereses, esta Corte actuará de oficio para corregir la incorrecta aplicación de la ley.
Décimo cuarto: Que el artículo 53 inciso tercero del Código Tributario prescribe que: ”El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones”. El inciso quinto por su parte señala: “No procederá el reajuste ni se devengarán los intereses penales a que se refieren los incisos precedentes, cuando el atraso en el pago se haya debido a causa imputable a los Servicios de Impuestos Internos o Tesorería, lo cual deberá ser declarado por el respectivo Director Regional o Tesorero Provincial, en su caso”.
Décimo quinto: Que si bien el pago de los intereses moratorios encuentra justificación en el atraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, el mismo precepto prevé que dicho atraso pueda obedecer a una causa no imputable al contribuyente.
Décimo sexto: Que a la luz de dicha disposición cabe dilucidar si se ajusta a la legalidad que, por el lapso de tiempo procesalmente ineficaz que culminó con la declaración de nulidad por haber sido tramitado el proceso por un tribunal no establecido por la ley, se genere la obligación de pagar intereses moratorios.
Décimo séptimo: Que no cabe duda, de acuerdo al claro tenor literal del precepto citado, que constituye una exigencia legal para que se produzcan intereses moratorios respecto de impuestos adeudados que el tiempo transcurra por causa atribuible al contribuyente; y, como ha quedado expuesto, la extensión del proceso inválido se debió a una circunstancia no imputable a éste, sino que al propio estado al originar y proseguir con una organización de tribunales no establecidos por la ley para el conocimiento y juzgamiento de asuntos tributarios. De lo dicho es posible concluir que en el caso propuesto la generación de intereses durante el transcurso de tiempo descrito carece de base legal, por cuanto no se ha producido por la simple mora en el pago del impuesto. En otras palabras, los intereses han quedado despojados de su causa y circunscritos a la situación puramente objetiva del retraso que le sirve de fundamento. Por consiguiente, durante el tiempo que transcurrió entre las fechas en que se dictaron las resoluciones inválidas que tuvieron por deducidos los reclamos y las que los tuvieron definitivamente interpuestos, no se cumple con la exigencia requerida por la ley para que nazcan intereses moratorios, de suerte que dicho periodo de tiempo no puede ser tomado en consideración para aumentar la obligación tributaria.
Décimo octavo: Que según se hizo constar en los basamentos anteriores, la sentencia impugnada adolece de nulidad en cuanto mantuvo la obligación de pagar intereses moratorios, por cuanto su fundamento normativo inobservado exige que ellos se generen por causa imputable al contribuyente, esto es por el simple atraso o mora en el pago, presupuesto que no concurre en la especie.
Décimo noveno: Que sentada esta premisa, aparece de manifiesto que la sentencia recurrida no acató lo dispuesto en la precitada norma del Código Tributario. Tal error de derecho además ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, pues resulta de toda evidencia que si se hubiera cumplido la norma se habría resuelto declarar que no se han devengado intereses moratorios respecto de los impuestos liquidados durante el tiempo en que se extendió ineficazmente el proceso.
Vigésimo: Que en las circunstancias descritas corresponde que esta corte, en presencia de los presupuestos establecidos en el ya citado artículo 785 inciso segundo del código de procedimiento civil, proceda a casar de oficio la sentencia recurrida.
Vigésimo primero: Que es conveniente señalar que las consideraciones que anteceden no pueden extenderse a los reajustes que han de aplicarse al tiempo de duración del proceso aunque se encuentren previstos en la misma norma, porque su justificación es distinta y no puede ser desatendida. En efecto, con los reajustes se persigue mantener el valor de lo debido y para alcanzar tal finalidad han de ser dispuestos, ya que si así no se hiciera el contribuyente no llegaría a solucionar completamente el tributo debido. En cambio, los intereses constituyen sanción por la falta pago y, en el caso de autos, la dilación no es atribuible al particular sino, como se ha dicho, al Estado.
En conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 765, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara:
A.- Que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 198, contra la sentencia de 15 de julio de dos mil nueve, escrita a fojas 194.
B.- Que se invalida de oficio la misma sentencia, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
Regístrese.”

CORTE SUPREMA – TERCERA SALA – 04.05.2012 – ROL 7322-2009 – MINISTROS SRES. HÉCTOR CARREÑO S. – PEDRO PIERRY A. – SONIA ARANEDA B. – HAROLDO BRITO C. – MARÍA EUGENIA SANDOVAL G.

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Jurisprudencia Española : El carácter masivo, indiscriminado o genérico del requerimiento no lo hace incurrir en una prohibida falta de proporcionalidad

Un tema muy solicitado en este portal es el tema de fiscalización tributaria, sobre todo en el caso de los requerimientos muy de moda desde hace un tiempo y que tendrá mayor fuerza en las miras por alcanzar la meta trazada por el Presidente Humala, motivo por lo cual resulta oportuno transmitir esta reciente sentencia emitida el 26 de julio del 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de España, en la cual se resalta que el carácter masivo, indiscriminado o genérico de un requerimiento cursado por la Administración Tributaria no lo hace incurrir en una prohibida falta de proporcionalidad, en tanto que exista correspondencia entre los medios empleados o exigidos y el fin propuesto.

Cabe anotar que el contribuyente, tanto en Perú como en España, tiene la obligación general de facilitar información relevante para los efectos que estime el fiscalizador tributario (respecto a dicho contribuyente y a terceros), de tal forma que se permiten amparar todo requerimiento que venga referido a datos de contenido económico que, de forma directa o se interrelacionen con otros y que revelen signos de capacidad económica que puedan orientar, en el futuro, actuaciones de comprobación por parte de la Administración Tributaria.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Sentencia A.N. de 26 de julio de 2012
RESUMEN:

Inspección. Requerimiento de información: Solicitud genérica de los datos de clientes de una empresa en función del gasto anual realizado. Valoración de la trascendencia tributaria: Cambio de criterio de la Audiencia en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es admisible un requerimiento de datos cuando de forma directa o interrelacionada con otros, revelan la capacidad económica que puede desencadenar en el futuro actuaciones de comprobación.
Madrid, a veintiseis de julio de dos mil doce.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 357/2009, se tramita a instancia de FINANCIERA EL CORTE INGLES FC S.A., representado por el Procurador D. CESAR BERLANGA TORRES, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 10/09/2009, relativo a REQUERIMIENTO DE INFORMACION, ejercicios 2006 y 2007, en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, siendo la cuantía del recurso indeterminada.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—La parte indicada interpuso en fecha 28/10/2009 este recurso respecto de los actos antes aludidos. Admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos que estimó aplicables, concretando su petición en el Súplico de la misma, en el que literalmente dijo:
“Que, teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña y por devuelto el expediente administrativo, se sirva admitirlo y tener por formulada la presente demanda en el recurso contencioso-administrativo n.º 357/09 y, previos los trámites oportunos, estimar la misma, anulando la Resolución del TEAC de 10 de septiembre de impugnada, así como el Requerimiento de obtención de información TAC_707 del que trae causa, que ha sido identificado en el cuerpo de este escrito”.
Segundo.—De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó:
“Que dicte sentencia en cuya virtud desestime el recurso formulado de contrario, con expresa imposición de costas a la parte recurrente “.
Tercero.—No fue solicitado el recibimiento a prueba del recurso. Siendo el siguiente tramite el de conclusiones, a través del cual, las partes, por su orden, han concretado sus posiciones y reiterado sus respectivas pretensiones. Por providencia de fecha 02/07/2012 se hizo señalamiento para votación y fallo el día 19/07/2012, en que efectivamente se deliberó y votó.
Cuarto.—En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que Regula la Jurisdicción. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE, Magistrada de esta Sección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—En el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad FINANCIERA EL CORTE INGLÉS E.F.C. S.A. se impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 10 de septiembre de 2.009, por la que resolviendo, en única instancia, la reclamación económico-administrativa interpuesta contra requerimiento de información emitido por el Equipo Central de Información del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, núm. requerimiento TAC_707, de 18 de septiembre de 2008, acuerda: “Desestimarla, confirmando el requerimiento impugnado”.
Segundo.—La adecuada resolución del recurso exige partir de los datos fácticos que, a renglón seguido, se relacionan y que resultan del expediente remitido a la Sala.
Con fecha 18 de septiembre de 2008, notificado el siguiente día 22, el Equipo Central de Información del Departamento de Inspección de la A.E.A.T. dirigió requerimiento de información a la entidad hoy recurrente, al amparo de los artículos 93, 94, 29.2.f) y 141.c) de la Ley General Tributaria, según redacción dada por Ley 58/2003, para que en el plazo de un mes desde su recepción aportase determinada información con trascendencia tributaria, siendo los datos solicitados los siguientes: Leer más de esta entrada

En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena – Jurisprudencia argentina

Por su relevancia transmitimos la siguiente jurisprudencia argentina:

“En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente.”

Mayoría: Petracchi, Belluscio, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco.
Voto:
Disidencia:
Abstención: Fayt.

P. 17. XXXVIII.;
Petrolera Pérez Companc S.A. (TF 17.085-I) c/ D.G.I.

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Jurisprudencia Argentina