¿El PLE es un sistema de contabilidad? ¿Es un software? ¿Debemos los profesionales de empresa informatizarnos?

Alan Emilio en Lima

Alan Emilio en Lima

SLE – PLE no es un sistema de contabilidad, es un aplicativo que permite presentar la información financiera (contable preparada en función a las NIIF y supletoriamente las USGAAP) a la “gentita linda de SUNAT”.

That´s to say: El contribuyente que se encuentre a la fecha llevando su  información financiera-contable a través del sistema manual o computarizado, puede hacer uso del PLE. Son compatibles, es decir, el Excel servirá varias décadas más.

El PLE no es un software contable, es decir, la información que en el aplicativo se valide es entera responsabilidad del gerente general y del contador o contadora que elabore la declaración fiscal.

PLE solamente valida que la información contenida en el archivo .txt cumpla con los parámetros señalados por SUNAT.

La consistencia entre la base imponible y el IGV o la dinámica de cuentas para el Libro Diario y el Libro Mayor es información que debe ser confirmada por el contribuyente (declarante).

That´s to say: PLE no informa sobre dichos errores, y en tanto el archivo cumpla con los parámetros el envío y la generación del Libro o Registro “va”, y obviamente en dicho escenario la “gentita de auditoría de SUNAT le caería al contribuyente con toda su bateria seria”.

Como moraleja, los auditores y revisores fiscales deben conocer su manejo y control para no caer en la falacia de afirmar que es un tema informático.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable

Corte Interamericana de Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento, de expresión, y sobre todo el derecho a la difusión. Sentencia Caso Palamara Iribarne versus Chile

TRIBUTACION PERU

TRIBUTACION PERU

Corte Interamericana de Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y de expresión, y sobre todo su difusión. Sentencia Caso Palamara Iribarne versus Chile

Alan Emilio Matos Barzola

Tal como desarrolla el párrafo considerativo 71 de la Sentencia de fecha 22 de noviembre del 2005 sobre fondo, reparaciones y costas, Caso Palamara Iribarne versus Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, […] ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además, dicha norma establece los supuestos en los que se pueden realizar restricciones a esos derechos, así como regula lo relativo a la censura previa. En varias oportunidades el Tribunal se ha pronunciado sobre los medios a través de los cuales pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión, y sobre lo dispuesto en el artículo 13 en materia de censura previa.

Resalta que el párrafo considerativo 72 de la Sentencia del Tribunal Interamericano que tal como ha sido establecido en los casos Ricardo Canese, supra nota 172, párr. 78; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 109; y La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 172, párr. 36., “la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles”, por lo que para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones.

En el caso materia de controversia entre el señor Palamara Iribarne versus la República de Chile, la Corte Interamericana consideró que para que dicho estado garantizara efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del señor Palamara Iribarne no bastaba con que permitiera que escribiera sus ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía el deber de no restringir su difusión, de forma tal que pudiera distribuir el libro utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al mayor número de destinatarios, y que éstos pudieran recibir tal información, talo como también fue considerado en los casos Ricardo Canese, supra nota 172, párr. 78; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 108; y Caso Ivcher Bronstein, supra nota 173, párr. 146.

Bajo dicho contexto, cualquier entidad gubernamental del Perú no podría vulnerar los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, y sobre todo el derecho a la difusión, siempre que ello no atente contra la propia institución o se involucre información de carácter secreto y de cuyo contenido de atente contra otras personas. Ojo el Estado peruano es “recontra mal visto tanto en la Comisión Interamericana (con sede en Washington) como en la Corte Interamericana (con sede en Costa Rica)”, y en ello deriva la necesidad de capacitar a los funcionarios de todo estamento gubernamental para que no perjudiquen al Estado peruano en caso a algún despistado o despistada se le ocurra vulnerar los derechos reconocidos de cualquier persona.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Ex miembro de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos del Perú ante el Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos (CIDH-Corte Interamericana-Naciones Unidas) 2004-2006

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Ley 30111 Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos

Alan Emilio en Tumbes

Alan Emilio en Tumbes

Ley 30111 Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo Único. Modificación de diversos artículos del Código Penal

Modifícanse los artículos 382, 384, 387, 388, 389, 393. 393-A, 394, 396, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, con los siguientes textos:

“Artículo 382. Concusión

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Artículo 384. Colusión simple y agravada

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 387. Peculado doloso y culposo

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.

Artículo 388. Peculado de uso

El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.

No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo.

Artículo 389. Malversación

El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco días-multa.

Artículo 393. Cohecho pasivo propio

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 393-A. Soborno internacional pasivo

El funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, en violación de sus obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida, en la realización de actividades económicas internacionales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 394. Cohecho pasivo impropio

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 396. Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales

Si en el caso del artículo 395, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Artículo 397. Cohecho activo genérico

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 397-A. Cohecho activo transnacional

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 398. Cohecho activo específico

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de abogados, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 1, 2, 3 y 8 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Artículo 400. Tráfico de influencias

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.

Artículo 401. Enriquecimiento ilícito

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil trece.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA

Presidente del Congreso de la República

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

Presidente del Consejo de Ministros

Decreto Supremo 287-2013-EF reglamentan deducciones establecidas en la Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad

Alan Emilio en el Cusco 2013

Alan Emilio en el Cusco 2013

DECRETO SUPREMO 287-2013-EF Dictan normas reglamentarias de las disposiciones sobre Impuesto a la Renta contenidas en la Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, se estableció el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.

Que, los artículos 47º y 50º de la citada Ley, establecen deducciones adicionales, en el pago del Impuesto a la Renta a los generadores de renta de tercera categoría sobre las remuneraciones que paguen a personas con discapacidad y por los gastos por ajustes razonables en el lugar de trabajo para dichas personas, respectivamente, en porcentajes que serán fijados por Decreto Supremo;

Que, el artículo 2º de la Ley en mención, introduce una definición de persona con discapacidad distinta a la contenida en el numeral 1 del inciso x) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF, y normas modificatorias;

Que en consecuencia, es necesario dictar las normas reglamentarias correspondientes para una adecuada aplicación de las disposiciones vinculadas al Impuesto a la Renta, contenidas en la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, así como adecuar el numeral 1 del inciso x) del artículo 21º del referido Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- OBJETO

El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar los artículos 47 y 50 de la Ley

Artículo 2°.- DEFINICIÓN

Para efecto del presente Decreto Supremo, se entenderá por Ley, a la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Artículo 3°.- CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

3.1 Las deducciones adicionales previstas en el numeral 47.2 del artículo 47º y en el numeral 50.2 del artículo 50º de la Ley, constituyen créditos contra el Impuesto a la Renta.

Dichos créditos no generan saldo a favor del contribuyente, no pueden ser arrastrados a los ejercicios siguientes, no otorgan derecho a devolución y no pueden ser transferidos a terceros.

3.2 Para la aplicación del crédito tributario a que se refiere el numeral 47.2 del artículo 47º de la Ley, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. El importe del crédito equivale al 3% (tres por ciento) de la remuneración anual de los trabajadores con discapacidad, que devengue y se pague en el mismo ejercicio. Para tales efectos, se entiende por remuneración a cualquier retribución por servicios que constituya renta de quinta categoría para la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias. El monto de dicho crédito no deberá exceder al importe que resulte de multiplicar el factor 1,44 por la Remuneración Mínima Vital (RMV) y por el número de trabajadores con discapacidad sobre el cual se estima la remuneración anual.

b. La condición de discapacidad del trabajador, debe ser acreditada con el certificado de discapacidad otorgado por los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (Essalud), de acuerdo a lo establecido en el artículo 76º de la Ley.

c. El empleador debe conservar durante el plazo de prescripción, una copia legalizada por notario del certificado.

d. Dicho crédito será aplicado en el ejercicio en el que devenguen y se paguen las remuneraciones.

3.3 Para la aplicación del crédito tributario a que se refiere el numeral 50.2 del artículo 50º de la Ley, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a. El importe del crédito equivale al 50% (cincuenta por ciento) de los gastos por ajustes razonables en el lugar de trabajo, a que se refiere el numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley, devengados en cada ejercicio y sustentados con los respectivos comprobantes de pago. El monto de dicho crédito no deberá exceder al importe que resulte de multiplicar el factor 0,73 por la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y por el número de trabajadores con discapacidad que requirieron ajustes razonables en el lugar de trabajo.

b. Dicho crédito será aplicado en el ejercicio en que devenguen los gastos por ajustes razonables.

Artículo 4°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia

El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Persona con discapacidad

Modifíquense el numeral 1 del inciso x) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias por el siguiente texto:

“Artículo 21º.- RENTA NETA DE TERCERA CATEGORÍA:

(…)

x) Para efecto de aplicar el porcentaje adicional a que se refiere el inciso z) del artículo 37º de la Ley, se tomará en cuenta lo siguiente:

1. Se considera persona con discapacidad a aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO

Ministro de Economía y Finanzas

No correspondería al demandante la carga de la prueba del hecho sino que el demandado tendría la carga de probar el hecho positivo

Alan Emilio en Ayacucho 2013

Alan Emilio en Ayacucho 2013

Resulta relevante tener en cuenta el contenido del fundamento 50 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano en relación al expediente 01776-2004-AA, para efectos de estimar la teoría de la carga dinámica de la prueba.

La jurisprudencia constitucional citada refiere que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según lo presenta el artículo 196º del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva.

Según este criterio jurisprudencial, un medio probatorio produce certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos con el fin de fundamentar sus decisiones. Bajo dicho contexto, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas interviene para responder a una concepción de un derecho dúctil y una concepción más dinámica del devenir del proceso, tal como amerita el supuesto planteado. Así, no correspondería al demandante la carga de la prueba del hecho (de índole negativo) sino que el demandado tendría la carga de probar el hecho positivo. Cabe recordar que la prueba dinámica no es ajena a nuestro ordenamiento. Por ejemplo, se han utilizado en los siguientes supuestos: violación de derechos humanos (párrafo 70 de la sentencia del caso Paniagua Morales y otros, párrafo 65 de la sentencia del caso Durand y Ugarte y párrafo 63 de la sentencia del Caso Castillo Petruzzi, todas ellas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), cumplimiento de condiciones de los trabajadores (artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N.º 26636) e impugnación de pago de tasa en tributación municipal (sentencias recaídas en el Expediente N.° 0041-2004-AI/TC y en el Expediente 0053-2004-AI/TC). Asimismo, en el ámbito de protección del usuario, y basándose en la asimetría de información, se ha permitido la variación de la carga de la prueba, buscándose proteger al consumidor de la imposibilidad de probar que fue engañado o que recibió información insuficiente (punto 2 la Resolución Nº 102-97-TDC-INDECOPI).

En el caso concreto del retorno de las AFP al Sistema Nacional de Pensiones, serán el Estado y la AFP los que deberán probar que informaron correctamente a cada grupo de afiliados que se adscribieron al SPP. En el procedimiento será la AFP la que establecerá, en primer lugar, si informó bien o mal, aunque es muy difícil que ella misma acepte tal responsabilidad. Por su parte, la SBS, con mayor grado de independencia, por no participar del sistema pensionario directamente, sino únicamente a través de la supervisión, sí estará en capacidad de determinar la falta de quien corresponda. Pero por la naturaleza de sus funciones no estará en capacidad de fijar el grado de información existente en el ámbito pensionario, toda vez que la existencia de una información asimétrica requiere ser probada y analizada por un organismo especializado sobre la materia.

Por tal razón, es necesario que Indecopi intervenga en el procedimiento, a través de un informe que emita sobre este grado de información, y que deberá ser explicado por el Estado y la AFP. Partiendo del artículo 39° (todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación) y del artículo 139°, inciso 18) de la Constitución (obligación estatal de prestar colaboración en todo proceso en que sea requerido), esta capacidad de oficiosidad requerida será aceptada como medio probatorio esencial por parte de la SBS. Además, el artículo 76.1 de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo referente a la colaboración entre entidades, permite que Indecopi y SBS tengan un grado tal de cooperación institucional que permita al primero brindar al segundo el informe que requiere a fin de permitir o no el retorno de un afiliado al SNP. Cabe anotar que según el artículo 2°, inciso a) del Decreto Ley N.° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, este organismo debe ser el veedor de la prestación de servicios y analizar las prácticas de los agentes del mercado que afecten a los usuarios. Ahora bien que sea obligatoria su participación no significa que sea vinculante. El informe realizado por Indecopi se considera prácticamente como un peritaje, y su valor será el que la entidad decisoria le otorgue. Por ende, sólo de esta manera, consideramos que se podrá realizar un estudio concienzudo sobre el grado de información vertida sobre la práctica de afiliación masiva que existió en el país, y que tiene por fin proteger a las personas convenientemente.

Alan Emilio Matos Barzola

Resolución RTF 05704-3-2013 Las normas tributarias no han previsto la atribución de las retenciones del IGV en el caso de consorcios sin contabilidad independiente

Alan Emilio en el Cusco 2013

Alan Emilio en el Cusco 2013

Mediante Resolución RTF 05704-3-2013 nuevamente el Tribunal Fiscal en forma contundente aclara que las normas tributarias no han previsto la atribución de las retenciones del IGV en el caso de consorcios sin contabilidad independiente.

Indica el Tribunal Fiscal que el artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 022-98-SUNAT, disponen que a efectos de trasladar el derecho al crédito fiscal en caso de consorcios, el operador atribuirá a cada parte contratante, según la participación en los gastos establecida en el contrato, el impuesto que hubiere gravado la importación, la adquisición de los bienes, servicios o contratos de construcción. Seguidamente el Tribunal indica que para efectos de la atribución del crédito fiscal y/o del gasto o costo para efecto tributario se emitirá el Documento de Atribución respectivo.

No obstante, la Sala 3 precisa en forma magistral que tratándose de retenciones del Impuesto General a las Ventas, las normas tributarias no han previsto la atribución en el caso de consorcios sin contabilidad independiente a las partes que los integran, por tanto, las retenciones consideradas por el contribuyente y sustentadas mediante documentos de atribución no se encontraban arregladas a ley.

Por tal sentido, las retenciones contenidas indebidamente en estos documentos de atribución no constituye saldo susceptible de devolución para el contribuyente -que es una entidad que forma parte de un consorcio con una participación del 14.29%-, por que la resolución apelada fue confirmada.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor en materia tributaria contable a nivel nacional

Resolución RTF 03246-3-2013 sobre robo de libros de contabilidad y registros contables, y reparos a las bases imponibles de diferentes tributos

Alan Emilio en Yarinacocha, Pucallpa 2013

Alan Emilio en Yarinacocha, Pucallpa 2013

Mediante Resolución RTF 03246-3-2013 el Tribunal Fiscal aclara el panorama en torno a este tipo de casos muy frecuentes a nivel nacional.

PRIMER REPARO:

Para efectos de desvirtuar uno de los reparos, referido a costos y/o gastos no sustentados fehacientemente, el contribuyente sostuvo que durante el procedimiento de fiscalización, el contador de la empresa sufrió el robo de los libros de contabilidad y registros contables de los periodos 2000 a 2004, así como de los documentos vinculados con la determinación del Impuesto a la Renta, tales como los cálculos de CTS, análisis y depreciación de activo fijo, análisis de remuneraciones y otros beneficios sociales de los trabajadores, documentos que sustentan el diario auxiliar, diversos comprobantes de pago por diferentes pagos administrativos, recibos de alquiler de los locales de la empresa en provincias, entre otros, siendo que parte de dicha documentación no pudo ser recuperada, resultando imposible rehacerla en su totalidad pese a los plazos que le fueron concedidos, y por tal motivo, la fiscalización se efectuó sin que la Administración tuviese a la vista los libros principales de contabilidad y la documentación contable y sustentatoria.

Los representantes legales del contribuyente también argumentaron que dado que la Adminsitración no contaba con los elementos que le permitiesen conocer con certeza el hecho y los valores imponibles, la determinación debió efectuarse sobre base presunta. Del mismo modo sostuvieron que constituye un abuso del derecho pretender que el contribuyente tribute el Impuesto a la Renta sobre la totalidad de sus ingresos, sin el mínimo reconocimiento de sus costos y gastos, y que dadas las especiales circunstancias que se han presentado en el presente caso, la determinación sobre base cierta se torna injusta.

No obstante, el Tribunal advierte que la denuncia presentada ante la autoridad policial competente por el hurto de libros contables fue realizada con posterioridad a la notificación del requerimiento inicial de fiscalización. Del mismo modo el Tribunal observa que él contribuyente tuvo el tiempo necesario para rehacer su documentación contable, y presentar la documentación sustentatoria para efectos de sustentar las diferencias determinadas por la Administración, sin embargo, al no presentar dicho documentos, a pesar de haber sido requerida expresamente para ello, resulta procedente que la Admnistración efectuara este reparo, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada en este extremo.

SEGUNDO REPARO:

De otra parte en relación a otro reparo a la base imponible del Impuesto a la Renta por ingresos gravados no declarados, el Tribunal Fiscal en forma magistral y brillante  indica que los Registros de Ventas y Compras tienen como finalidad controlar las operaciones que se encuentran directamente vinculadas con la determinación de la obligación tributaria del Impuesto General a las Ventas, resultando determinante la oportunidad en que se emite el comprobante de pago, siendo que tal momento no necesariamente resulta relevante para efectos de la contabilización de la operación como ingreso, gasto y/o costo.

El Tribunal precisa que los ingresos y gastos contabilizados en el Libro Diario, que son trasladados al Libro Mayor, los cuales son elaborados siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, esto es, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 18, que regula los aspectos relacionados con el reconocimiento de los ingresos y/o gastos, criterio que a su vez se encuentra relacionado con el Impuesto a la Renta.

Para ilustrar estas diferencias, el Tribunal indica que mientras que para el Impuesto General a las Ventas los anticipos recibidos de clientes dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y por lo tanto a la obligación de registrar la operación, para efectos contables los cobros que se realizan antes que exista la obligación de entregar el bien o prestar el servicio se registran en el Libro Diario y en el Libro Mayor como una obligación de terceros, es decir, en uan cuenta del pasivo, y sólo una vez producida la entrega del bien o la prestación del servicio contratado se revierte dicha anotación abonándose contra una cuenta de ingresos.

En relación a este segundo reparo, el Tribunal Fiscal indica que no resulta válido que la Administración determine directamente, sin actuaciones adicionales, el reparo a los ingresos sustentándose en las diferencias existentes entre las ventas anotadas en su Registro de Ventas y los ingresos declarados en el Impuesto a la Renta Anual del ejercicio, así como el reparo por regularización pendiente de costos y/o gastos como consecuencia de las declaraciones rectificatorias del Impuesto General a las Ventas respecto a las compras gravadas que dan derecho al crédito fiscal. Por tal sentido, la Administración no acredito fechacientemente este segundo reparo.

Alan Emilio Matos Barzola

Resolución RTF 10109-3-2013 El hecho que una persona declare y pague el Impuesto Predial o Arbitrios Municipales por un determinado predio no acredita la propiedad de este

Alan Emilio en Pucallpa 2013

Alan Emilio en Pucallpa 2013

Mediante Resolución RTF N° 10109-3-2013, de fecha 18 de junio del 2013, el Tribunal Fiscal en forma clara y correcta indica que los documentos presentados por los contribuyentes tales como las declaraciones y pagos del Impuesto Predial o arbitrios municipales por un determinado predio, o los documentos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tales como el certificado catastral y los reportes que detallan el estado de cuenta, no constituyen documentos que demuestren la propiedad del inmueble embargado.

Alan Emilio Matos Barzola

Informe Técnico de SERVIR 584-2013-SERVIR/GPGSC No existe prohibición para la contratación de dos hermanos bajo régimen CAS en una misma entidad

Alan Emilio en Yarinacocha, Pucallpa 2013

Alan Emilio en Yarinacocha, Pucallpa 2013

SERVIR acaba de publicar el Informe Técnico 584-2013-SERVIR/GPGSC mediante el cual concluye que no existe prohibición para la contratación de dos hermanos en el régimen de Contratación Administratgiva de Servicios (CAS) en la misma entidad. Resalta dicho informe que solamente existe contingencia cuando se presente injerencia directa, es decir, solo en los casos que los funcionarios de dirección y/o personal de confianza influyera para que se contrate a su pariente hasta el cuarto grado de familiaridad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio.

 http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Informes%20Legales/InformeLegal_584-2013-SERVIR-GPGSC.pdf

07 de diciembre 2013 en la Universidad Nacional de Piura

Alan Emilio en Piura 2013

Alan Emilio en Piura 2013

El 07 de diciembre estaré en Piura para culminar las clases de la Maestría en Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura , ya les estoy enviando a cada uno un email sobre el trabajo que tienen que presentar y exponer.

Programa de Libros Electrónicos en Chincha el 30 noviembre. Implicancias tributarias y aspectos controversiales

Alan Emilio en Chincha 2013

PROGRAMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS Implicancias tributarias y aspectos controversiales

Gracias a todos ustedes amigos, que con su gran participación y presencia se pudieron abordar estos temas, un gran abrazo en especial para mis amigos en Pisco que llegaron masivamente y también para mis amigos de Cañete e Icacon quienes nos reencontramos en Chincha. Saludos muy cordiales a todos, Alan Emilio

Sábado 30 de noviembre de 2013

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

HOTEL CRISTOFORUS COLUMBUS

Calle Lima Nº 443, Chincha Alta.

Teléfonos: (056) 267714
Celular    : 964774935
RPM       : *342922
RPC        : 9664 27707
Email      : nbysmdistribuciones@hotmail.com
Dirección : Jr. Pisco Nº 284 � Chincha.

Con el propósito de facilitar la implementación y medidas de control necesarias para la mejor gestión de los libros electrónicos, el presente seminario abordará las implicancias tributarias que trae la actual legislación vigente y las modificatorias relacionadas en cuanto a la obligatoriedad para los principales contribuyentes y medianos contribuyentes y, se abordarán diversos casos controversiales reportados por diferentes contribuyentes a nivel nacional, tanto para la adopción de nuevos mecanismos informáticos como respecto a la integración de las cuentas contables correspondientes.

1. Programa de libros electrónicos – (PLE). Conceptos asociados
 
2. Inclusión y afiliación al sistema
 
3. Libros de uso obligatorio y voluntario
 
4. Conservación e infracciones que deben prevenirse
 
5. Pérdida, destrucción y procedimiento para rehacer los libros
 
6. Consideraciones para el uso de:
 
   – Registro de ventas e ingresos
   – Registro de compras
   – Libro diario
   – Libro diario de formato simplificado
   – Libro caja y banco
   – Libro de inventarios y balances
   – Legistro de inventario permanente valorizado
 
7. Casos controversiales
 
PONENTE: ALAN MATOS BARZOLA
• Especialista en Tributación Empresarial y en Normas Internacionales de Información Financiera.
• Expositor experto en materia tributaria-contable a nivel nacional.
• Docente del Diplomado en Tributación del Colegio de Contadores Pùblicos de Piura y en la Maestría en Tributación de la Universidad Nacional de Piura, con el Instituto INEDI de Ica en diversos diplomados, y en el Diplomado de Tributación en Pucallpa auspiciado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali.

Decreto Supremo 275-2013-EF modifica el Reglamento del Impuesto a la Renta

Alan Emilio en Lima 2013

Alan Emilio en Lima 2013

El dìa de hoy miércoles 06 de noviembre se acaba de publicar el Decreto Supremo 275-2013-EF que modifica el Reglamento del Impuesto a la Renta.

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias

DECRETO SUPREMO Nº 275-2013-EF

Alan Emilio Matos Barzola

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29663 incorporó los incisos e) y f) al artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, a fin de considerar como renta de fuente peruana la obtenida por la enajenación indirecta de acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país, así como los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades distribuidos por una empresa no domiciliada en el país, generados por la reducción de capital a que se refiere el inciso d) del artículo 24º-A de la referida Ley, perfeccionada por la Ley Nº 29757;

Que, mediante la Ley Nº 30050 se modificó el artículo 73º-C y el inciso b) del artículo 76º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, para establecer que tratándose de enajenaciones indirectas de acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país realizadas por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país o por sujetos no domiciliados, la retención se efectuará en el momento de la compensación y liquidación de efectivo, siempre que dichos contribuyentes o un tercero autorizado comuniquen a las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares la realización de una enajenación indirecta de acciones o participaciones, así como el importe que deba retener, adjuntando la documentación que lo sustenta;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1120 se modificó el inciso b) del numeral 21.2 del artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, para establecer que tratándose de la enajenación, redención o rescate cuando corresponda, el costo computable de acciones y participaciones adquiridas a título gratuito por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, será igual a cero; y que alternativamente, se podrá considerar como costo computable el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que éste se acredite de manera fehaciente;

Que, resulta necesario adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, a las modificaciones introducidas por las normas antes mencionadas, así como modificar los artículos vinculados a costo computable, retenciones que tienen que efectuar las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares constituidas en el país y atribución de las rentas netas pasivas generadas por una entidad controlada no domiciliada;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA

Artículo 1º.- DEFINICIONES

Para efecto del presente Decreto Supremo se entenderá por:

1. Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias.

2. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias. Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que correspondan se entenderán referidos al Reglamento y cuando se haga referencia a un numeral, inciso o acápite sin mencionar la norma correspondiente, se entenderán referidos al artículo, numeral o inciso en que se encuentren, respectivamente.

Artículo 2º.- RENTAS DE FUENTE PERUANA

Modifíquese el último párrafo del artículo 4º-A del Reglamento, por el texto siguiente:

“Artículo 4º-A.- Rentas de fuente peruana

(…)

Para efecto de lo establecido en el artículo 10º de la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

a) El plazo efectivo de los Instrumentos Financieros Derivados contratados con sujetos domiciliados, cuyo activo subyacente esté referido al tipo de cambio de la moneda nacional con alguna moneda extranjera, a que se refi ere el tercer párrafo del inciso d) de dicho artículo, es de sesenta (60) días calendario.

b) Tratándose de los incisos e) y f) del artículo 10º de la Ley se deberá tener en cuenta lo siguiente:

b.1) El valor de mercado de las acciones o participaciones representativas del capital de las personas jurídicas domiciliadas en el país de las que la persona jurídica no domiciliada sea propietaria, y de las acciones o participaciones representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada, será:

1. El mayor valor de cotización de apertura o cierre diario, tratándose de acciones o participaciones cotizadas en alguna Bolsa o mecanismo centralizado de negociación en los doce (12) meses anteriores a la fecha de enajenación, emisión de acciones o participaciones o aumento de capital.

De no existir valor de cotización en alguna fecha, se tomará el valor de cotización de la fecha inmediata anterior.

En caso dichas acciones o participaciones coticen en más de una Bolsa o mecanismo centralizado de negociación, ubicados o no en el país, el valor de mercado será el mayor valor de cotización de apertura o cierre registrado en aquellas.

2. El valor de participación patrimonial, el cual se deberá calcular sobre la base del último balance anual auditado de la empresa emisora cerrado con anterioridad a la fecha de enajenación, emisión de acciones o participaciones o aumento de capital, tratándose de acciones o participaciones no cotizadas en alguna Bolsa o mecanismo centralizado de negociación, o cotizando en éstos no exista valor de cotización en los doce (12) meses anteriores a las fechas antes mencionadas.

El balance anual deberá estar auditado por una sociedad de auditoría o entidad facultada a desempeñar tales funciones conforme a las disposiciones del país donde se encuentren establecidas para la prestación de esos servicios.

De no contar con dicho balance, el valor de participación patrimonial será el valor de tasación al cierre del ejercicio anterior al que se realiza la enajenación, emisión de acciones o participaciones o aumento de capital.

El cálculo del valor de participación patrimonial a que se refiere el primer párrafo de este numeral se efectuará dividiendo el valor de todo el patrimonio de la empresa emisora entre el número de acciones o participaciones emitidas. Si la empresa emisora está obligada a realizar ajustes por infl ación para efectos tributarios, el valor del patrimonio deberá ser tomado del balance ajustado.

Las cotizaciones y el valor de participación patrimonial expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos a moneda nacional con el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones vigente a la fecha de cada cotización o a la fecha de cierre del último balance anual auditado, o al cierre del ejercicio anterior, o en su defecto, el último publicado, según corresponda. En caso la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones no publique un tipo de cambio para dicha moneda extranjera, ésta deberá convertirse a dólares de los Estados Unidos de América, y luego ser expresada en moneda nacional.

Para la conversión de la moneda extranjera a dólares se utilizará el tipo de cambio compra, del país en donde se ubica la Bolsa o mecanismo centralizado de negociación donde se haya obtenido el valor de cotización, o del país donde se encuentre constituida la persona jurídica a que se refi ere el inciso e) y f) del artículo 10º de la Ley mientras que para la conversión de dólares a moneda nacional se deberá utilizar el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Ambos tipos de cambio serán los vigentes a las fechas mencionadas en el párrafo anterior, o, en su defecto, los últimos publicados.

El valor de mercado a considerar para efecto de lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 1 y tercer párrafo del inciso e) del artículo 10º de la Ley, y segundo párrafo del inciso f) del referido artículo, será el que establezca la equivalencia a que se hace mención en dichos párrafos, que corresponda a una  misma fecha, tratándose de acciones o participaciones cotizadas en alguna Bolsa o mecanismo centralizado de negociación.

En caso no existiera valor de cotización de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas y/o, en su caso, de la persona jurídica no domiciliada, el valor de mercado será el que establezca la equivalencia a que se hace mención en los párrafos antes mencionados, resultante de relacionar el valor de participación patrimonial de ambas personas jurídicas.

b.2) El porcentaje de participación que una persona jurídica no domiciliada, cuyas acciones o participaciones se enajenan, tiene en el capital de una persona jurídica domiciliada por intermedio de otra u otras personas jurídicas, a que se refiere el acápite i) del numeral 1 del primer párrafo del inciso e) del artículo 10º de la Ley, se determinará de la siguiente manera:

1. Se calculará el porcentaje de participación directa que cada persona jurídica tiene en la otra persona jurídica.

2. El porcentaje de participación directa que la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan tiene en la persona jurídica intermediaria se multiplicará por el porcentaje de participación directa que esta última tiene en el capital de la persona jurídica domiciliada cuyas acciones y participaciones son materia de enajenación indirecta.

De existir dos o más personas jurídicas intermediarias, se multiplicará, sucesivamente, los distintos porcentajes de participación, hasta llegar a determinar el porcentaje de participación que la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan tiene en la persona jurídica domiciliada cuyas acciones y participaciones son materia de enajenación indirecta.

3. Si la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan tiene participación por intermedio de otra u otras personas jurídicas en dos o más personas jurídicas domiciliadas, el procedimiento descrito en los párrafos anteriores se seguirá de manera independiente por cada una de estas últimas.

4. Si la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan tiene participación directa en dos o más personas jurídicas no domiciliadas, que a su vez tienen participación en una misma persona jurídica domiciliada, el procedimiento descrito en los párrafos anteriores se seguirá de manera independiente para cada persona jurídica en la que la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan tenga participación, y luego se sumarán los porcentajes obtenidos.

b.3) Verificadas las condiciones establecidas en el primer párrafo del inciso e) del artículo 10º de la Ley, la base imponible correspondiente a la enajenación indirecta de acciones o participaciones, a que se refi ere el segundo párrafo del mencionado inciso, se determinará de la siguiente manera:

1. Se considerarán todas las enajenaciones de acciones o participaciones representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada efectuadas en los doce (12) meses anteriores a la fecha de enajenación, a que se refiere el primer párrafo del numeral 1 del inciso e).

2. Se considerará como valor de mercado el establecido en los artículos 32º y 32º-A de la Ley y el artículo 19º, según corresponda, a la fecha de realización de cada enajenación.”

Artículo 3º.- COSTO COMPUTABLE EN LA REDUCCIÓN DE CAPITAL

Incorpórese como último párrafo del inciso e) del artículo 11º del Reglamento, el siguiente texto:

Artículo 11º- COSTO COMPUTABLE

(…)

e) (…)

En los casos de reducción de capital que no implican la amortización de acciones o participaciones emitidas sino la disminución del valor nominal de las acciones o participaciones existentes de conformidad con el artículo 216º de la Ley General de Sociedades, a efecto de poder aplicar la fórmula del costo promedio ponderado unitario, se utilizará sólo en función a la variable Pi que se determinará de la siguiente manera:

CPP = Pi – (VN – NV)

Donde:

CPP = Costo promedio ponderado individual de la acción o participación.

Pi = Costo computable de la acción adquirida o recibida en el momento “i” o último costo por capitalización o modifi cación patrimonial anterior.

NV = Nuevo valor nominal otorgado al momento de la reducción de capital con disminución de valor.

VN = Valor nominal original de la acción o participación existente al momento de la reducción de capital o valor nominal de la capitalización anterior o reducción anterior.”

Artículo 4º.- COSTO COMPUTABLE ETF

Modifíquese el inciso f) del artículo 11º del Reglamento, por el texto siguiente:

“Artículo 11º- COSTO COMPUTABLE

(…)

f) El costo computable de los valores recibidos como consecuencia de la cancelación de unidades de Exchange Traded Fund (ETF), será el costo computable de los valores entregados para la constitución de aquel.

Para tales efectos el costo computable de los primeros se determinará de la siguiente manera:

i) Se sumará el valor total de cotización de todos los valores a la fecha de cancelación del ETF. El referido valor de cotización será el de apertura a dicha fecha.

ii) Se sumará el valor total de cotización de cada tipo de valor, a la fecha de cancelación del ETF. El referido valor de cotización será el señalado en el acápite i).

iii) Se establecerá el porcentaje que representa el valor total de cotización de cada tipo de valor, según lo señalado en el acápite anterior, respecto de la suma total a que se refi ere el acápite i).

iv) Cada porcentaje obtenido se aplicará sobre el costo computable de los valores entregados para la constitución del ETF, siendo dicho resultado el costo computable por cada tipo de valor recibido, el cual, a su vez, se dividirá entre la cantidad de valores del mismo tipo para obtener el costo computable unitario de cada valor.

El costo computable de los valores recibidos como consecuencia de la cancelación de unidades de ETF, será el costo computable del ETF adquirido o recibido. A tal efecto se considerará lo siguiente:

i) Si los valores recibidos fuesen del mismo tipo, el costo computable del ETF adquirido o recibido se prorrateará entre el número de valores recibidos.

ii) Si los valores recibidos fuesen distintos entre sí, el costo computable de estos será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo de este inciso”.

Artículo 5º.- COSTO COMPUTABLE

Sustitúyase el inciso h) e incorpórense los incisos i) y j) del artículo 11º del Reglamento, por los textos siguientes:

“Artículo 11º- COSTO COMPUTABLE

(…)

h) El costo computable unitario de las acciones subyacentes recibidas como consecuencia de la cancelación de los ADR’s (American Depositary Receipts) o de los GDR’s (Global Depositary Receipts), será el que resulte de dividir:

i. El costo de suscripción del ADR o del GDR entre el número de acciones recibidas, cuando dichos instrumentos no hubieren sido objeto de transferencia luego de su emisión.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará costo de suscripción al costo de adquisición de las acciones subyacentes incrementado en los desembolsos incurridos por el tenedor para la emisión del ADR o del GDR.

ii. El costo de adquisición del ADR o del GDR entre el número de acciones recibidas, cuando los mencionados instrumentos hubieren sido objeto de transferencia luego de su emisión.

i) El costo computable de las acciones o participaciones representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada que se enajenen conforme al inciso e) del artículo 10º de la Ley, se determinará aplicando al costo computable de aquellas, el porcentaje determinado en el segundo párrafo del numeral 1 del referido inciso.

j) Normas supletorias

Para la determinación del costo computable de los bienes o servicios, se tendrán en cuenta supletoriamente las normas que regulan el ajuste por inflación con incidencia tributaria, las Normas Internacionales de Contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento.”

Artículo 6º.- VALOR DE MERCADO EN LA RENTA PRESUNTA

Incorpórese como artículo 28º-C del Reglamento, el siguiente texto:

“Artículo 28º-C.- VALOR DE MERCADO EN LA RENTA PRESUNTA POR ENAJENACIÓN INDIRECTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

Para efectos de la determinación de la renta neta presunta por la enajenación de las acciones o participaciones representativas de capital que se emiten a que se refi ere el tercer párrafo del inciso e) del artículo 10º y el artículo 48º-A de la Ley, se tomará en cuenta lo siguiente:

1. Si dichas acciones o participaciones cotizan en un mecanismo centralizado de negociación, el valor de mercado será el valor de la última cotización anterior a la fecha de colocación de acciones o participaciones representativas del capital.

2. Si las referidas acciones o participaciones no cotizan en un mecanismo centralizado de negociación, el valor de mercado será el valor de participación patrimonial determinado según el último balance general auditado antes de la emisión de acciones o participaciones representativas del capital, o en su defecto el valor de tasación del cierre del ejercicio anterior al que se realiza la emisión de acciones o participaciones.”

Artículo 7º.- INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

Sustitúyanse los acápites iv) y xiii) del inciso e), del artículo 39º-E del Reglamento, por los textos siguientes:

Artículo 39º-E.- INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

(…)

e) Para el cálculo de la retención, considerarán como costo, el registrado en sus soportes informáticos o equivalentes, teniendo en cuenta lo siguiente:

(…)

iv) En caso de adquisiciones onerosas no efectuadas en mecanismos centralizados de negociación que no sean liquidadas en efectivo por las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, el obligado a informar el costo es la sociedad agente de bolsa o el participante de dichas instituciones, al momento de solicitar el registro de la adquisición en dicha institución.

(…)

xiii) En los casos de cambios de titularidad efectuados a título gratuito, las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, deberán asignar cero (0) como costo del nuevo titular o, de ser el caso, el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que éste se acredite mediante documento público o documento privado de fecha cierta.

(…)”

Artículo 8º.- RECTIFICACIÓN O COMUNICACIÓN DEL COSTO

Incorpórese como último párrafo del inciso e) del artículo 39º-E del Reglamento, el texto siguiente:

Artículo 39º-E.- INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

(…)

e)

(…)

Sin perjuicio de lo señalado en este inciso, la información relativa al costo computable de los bienes a que se refi ere el inciso a) del artículo 2º de la Ley, podrá ser rectificada o comunicada –este último supuesto en caso de no haberla comunicado dentro de los plazos previstos en el presente inciso o el caso señalado en la Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 136-2011-EF- una vez cerrado un ejercicio gravable.

Dicha rectifi cación o comunicación la efectuará el obligado a informar el costo conforme a lo señalado en este inciso o el contribuyente, por única vez en cada ejercicio antes que se realice la primera enajenación de cualquiera de los bienes antes señalados, en el mecanismo centralizado de negociación. A partir de dicho momento se considerará el nuevo costo computable para efecto de las retenciones que se efectúen.

(…)”

Artículo 9º.- RETENCIÓN POR ENAJENACIONES INDIRECTAS

Incorpórese como inciso l) del artículo 39º-E del Reglamento, el texto siguiente:

Artículo 39º-E.- INSTITUCIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

(…)

l) Cuando se comunique a las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores o a quien ejerza funciones similares la realización de operaciones de enajenación indirecta de acciones o participaciones a que se refiere el inciso e) del artículo 10º de la Ley, también se deberá informar el porcentaje que corresponda a la persona jurídica no domiciliada en el país determinado conforme al segundo párrafo del numeral 1) del citado inciso, así como el costo computable y valor de mercado de las acciones y participaciones, objeto de la operación, aplicando para tal efecto lo señalado en los artículos 11º y 19º, respectivamente.

Para efectos del cuarto párrafo del artículo 73º-C e inciso b) del primer párrafo del artículo 76º de la Ley, se entenderá por terceros autorizados, a las Sociedades Agentes de Bolsa y demás participantes de las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores”.

Artículo 10º.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Incorpórese como artículo 39º-F del Reglamento, el siguiente texto:

Artículo 39º-F.- Responsabilidad solidaria

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 68º de la Ley, existirá vinculación entre el sujeto no domiciliado enajenante y la persona jurídica domiciliada, cuando en cualquiera de los doce (12) meses anteriores a la fecha de enajenación se den alguno de los siguientes supuestos:

1. El sujeto no domiciliado posea más del diez por ciento (10%) del capital de la persona jurídica domiciliada, directamente o por intermedio de un tercero.

2. El capital de la persona jurídica domiciliada y del sujeto no domiciliado pertenezca, en más del diez por ciento (10%), a socios comunes a éstas.

3. La persona jurídica domiciliada y el sujeto no domiciliado cuenten con uno o más directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes, que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten.

4. El sujeto no domiciliado y la persona jurídica domiciliada consoliden Estados Financieros.

5. El sujeto no domiciliado ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la persona jurídica domiciliada o viceversa.

Se entiende que se ejerce influencia dominante cuando, en la adopción del acuerdo, se ejerce o controla la mayoría absoluta de votos para la toma de decisiones en los órganos de administración de la persona jurídica domiciliada o sujeto no domiciliado.

La vinculación quedará configurada y regirá de acuerdo a las siguientes reglas:

a) En el caso de los numerales 1 al 4 cuando se verifique la causal. Configurada la vinculación, ésta regirá desde ese momento y mientras subsista dicha causal.

b) En el caso del numeral 5, desde la fecha de adopción del acuerdo hasta el cierre del ejercicio gravable siguiente”.

Artículo 11º.- ATRIBUCIÓN DE RENTAS

Incorpórese como inciso c) del numeral 2 del artículo 64º del Reglamento, el siguiente texto:

“Artículo 64º.- ATRIBUCIÓN DE RENTAS

Para efecto de lo dispuesto por el artículo 113º de la Ley, se tendrá en cuenta lo siguiente:

(…)

2. La renta neta pasiva atribuible generada por una entidad controlada no domiciliada será atribuida de la siguiente manera:

(…)

c. Tratándose de renta neta atribuible a personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, que incluya renta proveniente de la enajenación de bienes de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 51º de la Ley, la atribución se realizará de la siguiente manera:

i. Se dividirá el importe del ingreso por rentas pasivas provenientes de la enajenación de bienes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 51º de la Ley, entre el total de ingresos correspondientes a las rentas pasivas. El resultado se multiplicará por cien.

ii. La renta neta pasiva atribuible se multiplicará por el porcentaje determinado conforme al acápite anterior.

El resultado constituirá la renta neta pasiva atribuible que deberá sumarse con la renta neta de la segunda categoría producida por la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de la Ley.

iii. La diferencia entre la renta neta pasiva atribuible y el resultado antes señalado, se sumará a la renta neta del trabajo”.

Artículo 12º.- REFRENDO

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- VIGENCIA

El presente decreto supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en los artículos 8º y 9º del presente Decreto Supremo, que entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2014.

Segunda.- EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA SUNAT

Se exceptúa de la obligación de informar a la SUNAT sobre las enajenaciones indirectas de acciones o participaciones representativas del capital a que se refiere el tercer párrafo de la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley del Impuesto a la Renta, en los casos en que, conforme a lo establecido en el artículo 39º-F del Reglamento, no exista vinculación entre el sujeto no domiciliado enajenante y la empresa domiciliada.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO

Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola