Jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador 2014: “Para que el gasto sea considerado como deducible, la primera obligación del contribuyente es probar que el gasto incurrido en el exterior tiene conexión directa con sus ingresos gravados; es menester entonces para el contribuyente demostrar la realidad económica y pertinencia de su gasto con respecto a sus ingresos gravados.”

Alan Emilio en Lambayeque

Alan Emilio en Lambayeque

Mediante Sentencia de fecha 16 de abril del 2014 en el Recurso de Casación N° 144-2012 1 la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador resuelve una controversia precisando:

“Como se puede corroborar de las normas citadas, en forma reiterativa se dispone que para que el gasto sea considerado como deducible, el mismo debe ser necesario para generar, mantener o mejorar ingresos gravados en el Ecuador; por lo que la primera obligación del contribuyente al respecto, es probar que el gasto incurrido en el exterior tiene conexión directa con sus ingresos gravados; es menester entonces para el contribuyente demostrar la realidad económica y pertinencia de su gasto con respecto a sus ingresos gravados.

Al tenor del contenido de estas disposiciones, es evidente que las facturas con las que pretende el contribuyente justificar la deducibilidad de sus gastos deben estar a su nombre y no a nombre de terceros, en razón de que la normativa citada prevé que para que los costos de venta por conceptos de importaciones sean considerados como gastos deducibles para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta, los documentos y comprobantes de venta que sustentaron la importación debían estar a su nombre.”

Precisa la Corte Ecuatoriana que bajo dicho contexto jurisprudencial se deja sentado el criterio que mantiene esta Sala respecto a la deducibilidad del gasto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor Experto en materia tributario contable

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Organiza Centro Empresarial Americano. 

Diplomado en Actualidad Tributaria 2015. Organiza INEDI – Ica.

RTF 10811-8-2014 sobre sanción de cierre de establecimiento a personas naturales que perciben rentas de cuarta categoría

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Mediante Resolución RTF Nº 10811-8-2014, de fecha 05 de septiembre del 2014, el Tribunal Fiscal confirma la Resolución de Intendencia que declaró infundada la reclamación contra la resolución que dispuso el cierre temporal de establecimiento por la comisión de la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario por no emitir y/o no otorgar comprobantes de pago.

En el presente caso se trató de una persona natural que percibía rentas de cuarta categoría, siendo aplicable la tabla II del Código Tributario que fija una sanción de cierre de establecimiento u oficina de profesionales independientes.

El hecho ocurrió el 12 de marzo del 2014, motivo por lo cual resulta aplicable el contenido de la Resolución de Superintendencia Nº 195-2012/SUNAT, siendo que al ser la segunda oportunidad en la que dicha persona natural incurre en esta infracción le corresponde como sanción un cierre por seis (06) días calendario.

Según detalla el Tribunal el fedatario dejó constancia de que intervino el establecimiento del contribuyente y solicitó el servicio de elaboración de un contrato de arrendamiento por el importe de S/.20 que fue cancelado con S/.100 recibiendo a cambio el vuelto de S/.80 mas no se le entregó el comprobante de pago que acreditara la operación realizada, pese a haber esperado para tal efecto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor Experto en materia tributario contable

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Organiza Centro Empresarial Americano. 

Diplomado en Actualidad Tributaria 2015. Organiza INEDI – Ica.

RTF 09839-2-2014 Tribunal Fiscal confirma reparos a compras de refrigeradora, medicamentos, ropa deportiva, cemento y materiales de construcción y otros cuya vinculación con la generación de renta no fue acreditada

Alan Emilio en Pucallpa

Alan Emilio en Pucallpa

Mediante Resolución RTF Nª 09839-2-2014, de fecha 20 de agosto del 2014, el Tribunal Fiscal evalúa una controversia vinculada al Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2004 precisando que para que los gastos sean deducibles para efecto del referido tributo debe existir una relación de causalidad entre éste y la renta gravada, en tanto así queda acreditado el destino del gasto, es decir, la utilización de prestaciones, además de su proporcionalidad y razonabilidad.

En el presente caso se repararon las adquisiciones de una refrigeradora, lavadora, ropa deportiva, pasajes aéreos, cemento, materiales de construcción, balones de gas, montura y cristales de lente, traje de buceo y medicamentos.

¿Qué respondió el contribuyente? Indicó la empresa que la refrigeradora permitía mantener el agua y gaseosas para el personal y clientes que frecuentan la oficina de ventas, debiéndose tener en consideración el clima cálido de la zona,

Respecto de la ropa deportiva, la empresa aludía que constituyen donaciones entregadas a distintos organismos de la localidad, lo que le permite mantener una imagen positiva y la aceptación de su servicio (venta de agregados), lo que serìa un acto publicitario.

Para la empresa la compra de los pasajes aéreos fue en apoyo a personas que no cuentan con medio económicos.

El contribuyente manifestó que el cemento y clavos comprados fueron utilizados para el campamento rudimentario no recuperable por encontrarse a orillas del rio.

La compra de balones de gas, según la empresa habría permitido la preparación de alimentos del personal que labora en la extracción de canto rodado.

Por su parte, los medicamentos segùn el contribuyente habrían servido para el tratamiento del dolor de huesos de los trabajadores a consecuencia de la permanencia dentro de las aguas del rio, del personal encargado de la extracción por succión de material canto rodado, y el traje de bucéo es realizado para la extracción de canto rodado por succión en el cual su personal encargado tiene que sumergirse de acuerdo al avance por succión de 1 metro a 20 metros de profundidad aproximadamente.

¿Què resolvió el Tribunal Fiscal?

De la revisión del expediente el Tribunal advierte que el contribuyente no presentó documentación que acreditara dicha vinculación correspondiendo mantener el reparo. En el caso particular de la ropa deportiva no demostró que las donaciones se encuentren comprendidas dentro de los paràmetros del inciso x) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (pese a la exclamación de “responsabilidad social”).

En la compra de del cemento y materiales de construcción, el Tribunal resaltó que no es suficiente “el dicho del contribuyente”.

En el caso del traje de buceo y medicamentos, el Tribunal advierte también que la empresa no cuenta con personal a su cargo que pudiera utilizar los medicamentos, y que sus actividades lo realiza en épocas de estiaje (nivel más bajo o caudal mínimo que en épocas del año  tienen las aguas de un rio.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor Experto en materia tributario contable

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Organiza Centro Empresarial Americano. 

Diplomado en Actualidad Tributaria 2015. Organiza INEDI – Ica. 

RTF 09902-8-2014 Si una entidad dedicada a actividades jurídicas no acredita sus “gastos de imprenta” no podrá utilizar el crédito fiscal de estas adquisiciones

Alan Emilio en Ica

Alan Emilio en Ica

Mediante Resolución RTF Nª 09902-8-2014, de fecha 20 de agosto del 2014, el Tribunal Fiscal tuvo la ocasión de evaluar el reparo al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de adquisiciones que no se había sustentado con documentación fehaciente el uso y/o utilización en la generación de ingresos de las operaciones observadas, Estos desembolsos correspondían a “gastos de imprenta” por la compra de millares de hojas bond membretadas de 80 gramos con sello de agua, vouchers de caja, sobres en papel manila, cartapacios de cuero grabados en alto relieve, cuadernos espirales tapa dura, encartes, entre otros, por un importe total (dos proveedores) de S/.153,238.

El contribuyente expuso que las adquisiciones correspondían a materiales que dicho ente requería para el desarrollo de sus actividades y para promocionar sus servicios y hacerse conocidos a nivel nacional, pues tenía como objetivo abrir oficinas en los puertos más importantes del país, habiendo adjuntado copia de las facturas emitidas por tales operaciones.

El Tribunal Fiscal indica que el reparo a estas adquisiciones se sustenta en la falta de fehaciencia de las operaciones que sustentarían el crédito fiscal, no cuestionándose que conceptualmente el gasto cumpliría con el principio de causalidad.

Resalta el Tribunal que el giro del negocio es la realización de actividades jurídicas, y que el contribuyente no cumplió con acreditar pese al requerimiento efectuado expresamente, con la documentación sustentatoria respectiva que tales adquisiciones efectivamente se efectuarían en los volúmenes y características señalados en las facturas, no habiéndose acreditado su entrega de parte de los proveedores así como su almacenaje para futuro uso, siendo que incluso no proporcionó o exhibió los bienes adquiridos, los que, según los términos contratados, no eran fungibles sino bienes con características personalizadas, de lo que se concluye que el reparo de la Administración, en los términos antes citados, se encuentra arreglado a ley, por lo que corresponde que se confirme la apelada en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor Experto en materia tributario contable

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Organiza Centro Empresarial Americano. 

Diplomado en Actualidad Tributaria 2015. Organiza INEDI – Ica. 

Sentencia Telefónica del Perú contra Estado peruano: La aplicación de intereses moratorios en nuestro ordenamiento tributario no constituye una sanción por alguna infracción sino que es una consecuencia jurídica por el no pago oportuno del tributo

Alan Emilio en Huancayo 2015

Alan Emilio en Huancayo 2015

Tal como ya adelantó el día de ayer el Diario Gestión que colgó la sentencia que aquí reproducimos, corresponde tener en cuenta lo siguiente:

Resalta el Poder Judicial:

“…teniendo en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional, para determinar la razonabilidad del plazo del procedimiento, se hace necesario analizar los elementos valorativos de éste principio. Es decir, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, y la conducta de la autoridad administrativa.”

Contundentemente el Poder Judicial expone:

“…está objetivamente demostrado que, tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal, excedieron los plazos legales previstos para resolver los recursos de reclamación y apelación interpuestos por TdP, totalizando un período de demora de 6 años, 2 meses y 25 días. Por otro lado, el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Intendencia N° 01501500001202 con fecha 19 de abril del 2013, que se encontraba pendiente de resolver al momento de interponerse la demanda de amparo, ha sido resuelto por el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 02569-11-2015 de fecha 11 de marzo del 2015, conforme es de verse de la copia adjunta al escrito de la demandada de fecha 5 de junio del 2015.”

También aporta al proceso lo siguiente:

En torno a la complejidad del asunto alegada por la demandada SUNAT, no podemos dejar de reconocer que la solución al reclamo de TdP a nivel administrativo al estar vinculada a lo que se resolvería con relación a ejercicios gravables anteriores, revestía dificultad. Ello en razón a que el punto pendiente de dilucidar se circunscribía a determinar el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a diciembre del año 2000, para lo cual debía estarse a lo que se resuelva respecto a otras apelaciones interpuestas por TdP por los ejercicios gravables de los años 1998 y 1999, conforme así se corrobora de lo expresado en la Resolución N° 17133-8-2010 y Resolución N° 06671-11-2012 expedidas por el Tribunal Fiscal. Tampoco puede dejarse de considerar que el Impuesto a la Renta de Tercera categoría, grava los rendimientos financieros que se generan a partir de las inversiones de capital, es decir, las ganancias o utilidades percibidas provenientes de la actividad empresarial; que dado el elevado número de operaciones comerciales que la demandante realiza en el país, es de basto alcance; así también, lo atinente a la problemática vinculada a la excesiva carga procesal que soportan las entidades demandadas.”

Concluye el Poder Judicial para poder resolver la controversia:

“…lo relevante para definir la razonabilidad del retraso en éste caso, es determinar si las alegaciones de la demandada (complejidad de la controversia y la excesiva carga procesal) guardan proporción con la demora prolongada que ha afectado el proceso administrativo citado.”

Aquì el Poder Judicial hace referencia que el Tribunal Fiscal debió adoptar medidas procesales más efectivas:

“…dependiendo la solución de la controversia de lo que se iba a decidir en otro procedimiento administrativo, no se ha tenido en cuenta que éste último dependía, también, del propio Tribunal Fiscal, por lo que dicha entidad bien pudo adoptar medidas procesales para impedir su paralización. Además, no se advierte de las actuaciones referidas que el Tribunal Fiscal haya señalado un plazo distinto para emitir la resolución correspondiente conforme lo exige el numeral 156° del Código Tributario. A ello se agrega, el no haberse demostrado que la carga procesal sea de tal magnitud que justifique la dilación incurrida. De manera que las alegaciones de la demandada no son razones suficientes para justificar la excesiva demora que afectó el procedimiento administrativo.”

En el fondo del asunto respecto de los intereses moratorios el Poder Judicial aclara:

…nuestro ordenamiento tributario ha adoptado el modelo de la mora automática, pues, los intereses moratorios se originan como consecuencia inmediata de la falta de pago oportuno de un tributo; devengándose automáticamente desde que la obligación tributaria se hace exigible. Esto es, la deuda tributaria no pagada, con independencia de las causas motivadoras del no pago, devenga intereses. De manera que los intereses moratorios surgen como una consecuencia del incumplimiento al deber de contribuir.

Brillántemente el Poder Judicial indica (agarra esa flor):

“…la aplicación de intereses moratorios en nuestro ordenamiento tributario no constituye una sanción por alguna infracción sino que es una consecuencia jurídica por el no pago oportuno del tributo; por lo que, el no pago de la deuda tributaria da lugar inmediatamente a la aplicación de intereses moratorios, independientemente de las acciones que esté realizando el contribuyente. Esto encuentra justificación en la medida que la autoridad recaudadora del Estado deja de percibir en el momento debido el ingreso correspondiente al pago de un tributo que por ley, el contribuyente, está obligado a cumplir. Los intereses moratorios, cumplen así una finalidad resarcitoria a favor del Estado, por el hecho de que al no haberse satisfecho la obligación tributaria, el valor que se debe por aquel concepto se mantiene aún dentro del patrimonio del deudor, debido a ello tienen también por función resarcir el desvalor del dinero.”

Me permito resaltar tambièn lo siguiente (agarra esa otra flor):

“Dichos intereses cumplen, además, una función disuasiva orientada a desalentar la evasión tributaria. Desde el punto de vista de la política fiscal, la figura de los intereses moratorios no tiene una fundamentación jurídica, sino una connotación económica, en la cual se busca salvaguardar el interés fiscal.”

Recomiendo a todos los tribunales nacionales considerar este pàrrafo:

“En el marco jurídico antes descrito, el derecho al plazo razonable no encuentra vinculación alguna con el cobro de intereses moratorios. Así, el primero, es una manifestación implícita del derecho al debido proceso, reconocido a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el que presupone que toda persona tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable o que el proceso no sufra dilaciones indebidas, cuya consecuencia es que se disponga el cumplimiento inmediato del acto demorado u omitido, más no supone una intromisión de lo que constituye el fondo de una controversia o la declaración de nulidad de actos procesales”.

Por lo expuesto, consideramos que la inaplicación de los intereses moratorios que solicita la demandante por haberse afectado su derecho al plazo razonable no resulta procedente, en la medida que ello implicaría afectar no sólo el ordenamiento de la materia sino otros derechos y principios constitucionales implicados en la decisión.

El texto de la sentencia que fue colgada en el Diario Gestiòn tambièn la reproducimos en el siguiente enlace:

Alan Emilio Matos TDP

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Organiza Centro Empresarial Americano. Inicia 24 de octubre 2015

Diplomado en Piura 2015

Diplomado en Piura 2015

Ambiente de Clases: Colegio de Contadores Pùblicos de Piura (Sàbados de 03 pm a 07 pm)
Temario:
1. NIC – SIC – NIIF – CINIIF – USGAAP y su incidencia tributaria.
2. Còdigo Tributario y Procedimientos Tributarios
3. Tributación Laboral.
4. Impuesto General a las Ventas – Retenciones, Percepciones y Detracciones.
5. Impuesto a la Renta (Empresarial).
6. Impuesto a la Renta Personas Naturales, Delitos Tributarios, Aduaneros y Lavado de Activos
7. Informàtica aplicada a la tributación -Comprobantes de Pagos y LIbros Electrònicos
DOCENTES:
Julio Muñoz Vara
Experto en Derecho Tributario por la Universidad de Lima. Docente en Tributación en el Colegio de Abogados de Lima y en el Colegio de Contadores Públicos de Piura
Frady Curay Méndez 
Experta en materia Laboral por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asesora Laboral en GYM SA, ha sido abogada de la Corpración Educativa Pamer y de Gaceta Jurìdica SA
Sergio Edilberto Gonzales Romero  
Contador Pùblico Colegiado. Docente experto en contabilidad informática y consultor independiente con Maestría en Costos y Presupuestos por la Universidad Nacional Federico Villarreal
Alan Emilio Matos Barzola 
Expositor Experto en materia Tributario-Contable. Docente de diversos diplomados de especialización en Tributación a nivel nacional y del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el CEA -Piura en el 2014.
Informes e Inscripciones en Piura (Centro Empresarial Americano):
Nueva Galería del Puento Viejo.
Calle Huancavelica s/n Int.11 – Piura
Teléfonos: 073-333189   /     #995137096
Email: crr.cea@gmail.com      /    martin.yg.cea@gmail.com

RTF 10720-8-2011 No resultaron deducibles para efectos del Impuesto a la Renta los gastos asumidos por el BCP en provecho personal de la imagen de Dionisio Romero

Alan Emilio en Ingenio, Huancayo

Alan Emilio en Ingenio, Huancayo

En el 2011 en Tribunal Fiscal ya había indicado que no resultaban deducibles los desembolsos asumidos por el Banco de Crédito del Perù BCP en provecho del señor Dionisio Romero.

Estos desembolsos correspondían a comprobantes de pago emitidos por estudios de abogados por concepto de asesoría y defensa legal, y por servicios de imagen y publicidad consistentes en recolectar, clasificar y procesar la informaciòn propalada en los medios de comunicaciòn, así como coordinar, producir, elaborar y emitir segmentos publicitarios a favor del señor Dionisio Romero.

Tomando como base directa el contenido de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 16 de junio del 2006 en el Expediente 8065-2009, el Tribunal Fiscal advierte sin dubitación alguna que el origen de los servicios es consecuencia del proceso penal contra directivos y accionistas del grupo Hayduk sobre todo la denuncia penal ampliatoria formulada contra el referido funcionario de dicha entidad bancaria, sobre la base de la transcripciòn de videos grabados durante las reuniones sostenidas con Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor del Servicio de Inteligencia, siendo que una de las partes se ofrecìa a brindar declaraciones favorables para la reelecciòn presidencial del entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori, y la otra parte informaba sobre el avance de las gestiones para obtener el embargo de las empresas del grupo Hayduk y la designaciòn de administradores judiciales de dicha entidad pesquera.

Segùn indicò el Tribunal Fiscal, la fiscalizaciòn se centrò en que el señor Dionisio Romero no habrìa actuado en su calidad de miembro del directorio del Banco de Crèdito del Perù, y que en ese sentido los gastos incurridos por la denuncia penal en su contra por el delito de tráfico de influencias no correspondía ser asumido por la entidad bancaria.

Finalmente el Tribunal en forma correcta desvirtùa que se traten de gastos causales, ya que no se acredita el nexo a favor del Banco de Crèdito, calificando estos desembolsos como erogaciones que debiò asumir Dionisio Romero a tìtulo personal, es decir, con plata de su bolsillo.

El Texto de la RTF puede descargarse en el siguiente enlace:

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2011/8/2011_8_10720.pdf

Actualmente este caso se encuentra en la Corte Suprema en un proceso de Casación, que entendemos deberà ser propicio para revelar el contenido de la Doctrina Jurisprudencial vinculante emitida por dicha instancia màxima en torno a la Doctrina del profesor Ronald Dworkin en torno al caso estadounidense Riggs versus Palmer, donde la Corte Suprema del Estado de Nueva York expidió la sentencia por la cual decidió no conceder la herencia a una persona que asesinó a su abuelo para que éste no cambiara su testamento, basándose esta decisión en el principio legal según el cual “uno no puede beneficiarse de su propio delito”, principio que según Ronald Dworkin forma parte del ordenamiento jurídico aunque nunca haya sido promulgado[1].

Ojo el delito de tràfico de influencias no es contra el BCP, por consiguiente dicha entidad bancaria (contribuyente generador de renta de tercera categorìa) no puede asumir gastos que no le corresponden (ya que estos debieron ser asumidos por parte de la persona natural denunciada). Confìo en que la Corte Suprema en la etapa casatoria no pueda convalidar esta extraña deducciòn ya que ocasionarìa una puerta abierta enorma para ña defraudaciòn tributaria a nivel nacional.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

Decreto Supremo 253-2015-EF Regula consultas de contribuyentes a la SUNAT según lo establecido en el artículo 95-A del Código Tributario

Alan Emilio en Ingenio, Huancayo

Alan Emilio en Ingenio, Huancayo

DECRETO SUPREMO Nº 253-2015-EF Dictan las normas para la presentación de la consulta particular y regulan los criterios para su implementación progresiva por la SUNAT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación de la economía, modificó el literal i) del artículo 92° del Código Tributario estableciendo como un derecho de los administrados el formular consultas particulares a la SUNAT e incorporó en dicho código el artículo 95°-A, que regula la consulta particular;

Que el citado artículo 95°-A prevé que el deudor tributario con interés legítimo y directo puede consultar a la SUNAT sobre el régimen jurídico aplicable a hechos o situaciones concretas, referidas al mismo deudor tributario, vinculadas con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de la consulta o, tratándose de procedimientos aduaneros, respecto de aquellos que no se haya iniciado el trámite del manifiesto de carga o la numeración de la declaración aduanera de mercancías;

Que, asimismo, el citado artículo 95°-A dispone que mediante decreto supremo se establece la forma, plazo y condiciones para la presentación de la consulta particular, los demás supuestos de exclusión que ocasionan la devolución de la consulta particular, la abstención de la SUNAT de responder a las consultas particulares, el plazo para dar respuesta al consultante y la forma en que se publicarán las absoluciones de las consultas particulares en el portal de la SUNAT;

Que por otra parte, la única disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30296, dispone que el régimen de consultas particulares se implementará de forma progresiva de acuerdo con los criterios que se establezca mediante decreto supremo, tales como el tamaño y envergadura del contribuyente, el tributo a que se refiere o afecta la consulta, antecedentes y/o al comportamiento tributario del deudor tributario o de sus representantes o administradores de hecho, o la conducta de sus asesores tributarios o legales, entre otros;

Que en ese sentido resulta necesario emitir el decreto supremo señalado en los considerandos precedentes;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, el artículo 95°-A del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, y la única disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30296;

DECRETA:

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- DEFINICIONES

Para efecto del presente decreto supremo, se entiende por:

a) Código Tributario: Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.

b) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

c) RUC: Al Registro Único de Contribuyentes.

d) Consultante: Son los sujetos a que se refiere el artículo 8° del presente decreto supremo, que tengan interés legítimo y directo para consultar sobre el régimen jurídico aplicable a los hechos o situaciones concretas referidas a dichos sujetos.

e) Otro deudor: A los sujetos considerados partes vinculadas con el consultante en aplicación de los supuestos previstos en los numerales 1 al 9 del artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, identificados como tales en base a la información proporcionada por el propio consultante o terceros a la SUNAT en cumplimiento de sus obligaciones formales o de convenios y que conste en los sistemas de la SUNAT, a la fecha de presentación de la consulta.

f) Código Procesal Constitucional: A la Ley N° 28237 y normas modifi catorias.

g) PROINVERSIÓN: A la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

h) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria.

Cuando se aluda a un artículo sin indicar la norma a la que pertenece se entiende referido al presente decreto supremo y cuando se mencione un numeral e inciso sin señalar el artículo al que pertenece, se entiende referido al artículo en que se menciona.

Artículo 2°.- OBJETO

El presente decreto supremo tiene por objeto:

a) Regular la forma, plazo y condiciones para la presentación de la consulta particular, los supuestos adicionales a los del artículo 95°-A del Código Tributario que ocasionan su devolución, supuestos de exclusión, y la abstención de la SUNAT de responder a las consultas particulares, el plazo para que la citada entidad responda al consultante y demás aspectos necesarios para la tramitación de la consulta particular, así como la forma de publicación de las contestaciones a las consultas en el portal web de la SUNAT.

b) Establecer los criterios para la implementación gradual de la consulta particular.

TÍTULO I

DE LA CONSULTA PARTICULAR

Artículo 3°.- PLAZO, FORMA Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LA CONSULTA PARTICULAR

3.1 La consulta particular se presenta a la SUNAT en forma escrita, sobre el régimen jurídico tributario aplicable a hechos o situaciones concretas, referidas al mismo deudor tributario, vinculados con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de la consulta o, tratándose de procedimientos aduaneros, respecto de aquellos en los que no se haya iniciado el trámite de manifiesto de carga o la numeración de la declaración aduanera de mercancías.

3.2 El escrito por medio del cual se realiza la consulta particular debe contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Datos del consultante:

− Nombre y apellidos o denominación o razón social.

− Número de RUC. El consultante no obligado a inscribirse en el RUC consigna el número de registro o identificación ante la administración tributaria de su país o, en su caso, carné de extranjería o pasaporte u otro documento que lo identifique en el país.

− Domicilio para la notificación de la respuesta, tratándose del consultante no obligado a inscribirse en el RUC.

− Nombres y apellidos del representante legal así como número de RUC o del documento de identidad, según corresponda. En el caso que se designe como representante legal a una persona jurídica, adicionalmente a la denominación o razón social de aquella y su número de RUC de corresponder, deberá comunicar los datos de la persona que ejercerá dicha representación.

b) Descripción del hecho o situación concreta que origina la consulta planteada.

Lo señalado en el párrafo anterior incluye los antecedentes, formas o estructuras jurídicas de los que dependa o a los que esté asociado el tratamiento del caso planteado y demás circunstancias necesarias para el análisis de la consulta.

c) Firma del consultante o de su representante legal.

3.3 Al escrito por medio del cual se realiza la consulta particular se debe adjuntar:

a) La documentación que acredite cualquiera de las condiciones a que se refi ere el artículo 8°, distinta de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta o declaraciones mensuales presentadas a la SUNAT.

b) Copia legalizada ante notario público o ante el fedatario de la SUNAT del poder notarial inscrito en los Registros Públicos, cuando el representante legal que figura en el escrito es distinto del acreditado en el RUC, o si el consultante no se encuentra obligado a inscribirse en dicho registro.

3.4 En el escrito se debe indicar si a la fecha de presentación de la consulta, el hecho o situación concreta que origina la consulta, está siendo objeto de revisión por la SUNAT en un procedimiento de fiscalización, en un procedimiento contencioso tributario o en un proceso ante el Poder Judicial seguido al consultante o a otro deudor

3.5 La SUNAT podrá regular, mediante resolución de superintendencia, la utilización de sistemas electrónicos, informáticos y/o telemáticos para la presentación de la consulta particular y transmisión de la documentación a que se refiere el numeral 3.3 e incluso los supuestos en que se exceptuará al consultante de la presentación de aquella documentación a que se refieren los literales a), b), y c) del artículo 8°.

3.6 Tratándose de contratos de colaboración empresarial, se debe considerar lo siguiente:

a) La consulta particular es presentada por el operador, si el contrato de colaboración empresarial lleva contabilidad independiente.

b) La consulta particular es presentada por cada parte contratante, en el caso de contratos de colaboración empresarial sin contabilidad independiente.

3.7 Adicionalmente a lo señalado en el numeral 3.3, se puede adjuntar a la consulta particular copia simple de la documentación que contribuya al análisis que se solicita efectuar a la SUNAT.

3.8 Si la documentación que se adjunta a la consulta particular estuviera en un idioma distinto del castellano, se debe acompañar a esta, el original o la copia autenticada por el fedatario de la SUNAT, de la traducción simple al castellano efectuada por traductor público juramentado. De no contar con traductor público juramentado para el idioma de la documentación, la SUNAT debe aceptar la traducción especial a que se refiere el artículo 52° del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados aprobado por el Decreto Supremo N° 126-2003-RE.

Artículo 4°.- SUPUESTOS QUE OCASIONAN LA DEVOLUCION

4.1 La consulta particular será devuelta al consultante en los siguientes casos:

a) Cuando no se presente en la forma, plazo y condiciones previstos en el artículo 3°.

b) Cuando no cumpla con lo previsto en el artículo 95°-A del Código Tributario.

c) Cuando se presenten los supuestos de exclusión del numeral 4.2.

d) Cuando la consulta particular se rechace liminarmente, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95°-A del Código Tributario.

e) Cuando se presenten los supuestos previstos en los literales b) y d) del artículo 6°.

4.2 Son supuestos de exclusión que conllevan la devolución de la consulta particular, cuando a la fecha de su presentación, se determine que el consultante:

a) Ha adquirido la condición de no hallado o tiene la condición no habido de acuerdo con la publicación realizada por la SUNAT;

b) Se encuentra omiso a la presentación de la declaración jurada anual o mensual por tributos internos administrados por la SUNAT, que hubieren vencido durante los doce (12) últimos meses contados hasta el mes anterior al de la presentación de la consulta, o;

c) Tiene deuda exigible en cobranza coactiva, a que se refiere el artículo 115° del Código Tributario, según la información registrada en los sistemas informáticos de la SUNAT.

d) También se devuelve la consulta particular cuando el consultante o, en su caso, su representante legal tenga, a la fecha de presentación de la consulta particular, sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por delito tributario o aduanero.

Artículo 5°.- PLAZOS APLICABLES A LA CONSULTA PARTICULAR Y EFECTOS DE SU TRANSCURSO

a) La SUNAT debe notificar el documento con el que contesta la consulta particular al consultante en un plazo de cuatro (4) meses, contados desde el día siguiente a la fecha de presentación de la consulta.

b) El rechazo liminar a que se refiere el segundo párrafo del artículo 95°-A del Código Tributario debe ser notificado al consultante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la consulta.

c) La devolución de la consulta particular, salvo en los casos previstos en los literales a), b) y d) del artículo 6°, debe notificarse al consultante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la consulta.

Los plazos que se otorguen en aplicación de los literales a) o d) del artículo 6°, no se computan dentro del plazo establecido en el literal a).

La falta de contestación de la consulta particular en los plazos señalados no significa la aceptación de los criterios expresados en la consulta particular.

No se puede interponer recurso alguno contra el documento mediante el cual se comunique al consultante algunas de las situaciones mencionadas en el numeral 4.1. del artículo 4° ni tampoco contra la respuesta que emita la SUNAT a la consulta formulada por el consultante.

Artículo 6°.- TRAMITACIÓN DE LA CONSULTA PARTICULAR

En la tramitación de la consulta particular:

a) Cuando la consulta no cumpla con las condiciones establecidas en los numerales 3.2, 3.3 y en su caso, en el numeral 3.8 del artículo 3°, la SUNAT solicitará al consultante que realice la subsanación respectiva otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación del documento mediante el cual se solicita la subsanación.

De no subsanarse la omisión de las condiciones indicadas en el plazo respectivo, la SUNAT procede a devolver la consulta.

El plazo otorgado al consultante para la subsanación no se computa dentro del plazo del literal a) del artículo 5°.

b) La SUNAT se abstendrá de absolver la consulta particular, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 95°-A del Código Tributario, si determina, a la fecha de presentación de esta:

b.1) Respecto del mismo consultante, o de otro deudor, que el hecho o la situación concreta informada en la consulta particular está comprendida en un procedimiento de fiscalización realizado por la SUNAT en trámite, o en una reclamación o apelación cuya resolución se encuentra pendiente de notificación por la SUNAT o el Tribunal Fiscal, según corresponda, o en una demanda contencioso administrativa, o en un proceso de amparo sobre el cual el Poder Judicial no ha notificado la sentencia a la SUNAT.

b.2) Que aún no ha transcurrido el plazo establecido en el inciso 2 del artículo 137°, en el primer párrafo del artículo 146° o en el artículo 157° del Código Tributario o el plazo de sesenta (60) o treinta (30) días, según sea el caso, previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, para la interposición de la reclamación, apelación, demanda contencioso administrativa o proceso de amparo, según corresponda, contra la resolución notificada al consultante u otro deudor que comprenda el hecho o situación concreta informada en la consulta particular.

c) Notificar los documentos relacionados con la consulta particular, mediante las formas de notificación previstas en los literales a) o b) del artículo 104° del Código Tributario. Tratándose de consultantes no obligados a inscribirse en el RUC, los documentos son notificados al domicilio señalado en la consulta, mediante la forma prevista en el literal a) del citado artículo 104°.

d) La SUNAT podrá solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que proporcionen la información y documentación necesaria para esclarecer la materia de consulta, otorgando un plazo no menor a cinco (5) días hábiles más el término de la distancia, de ser el caso. En este caso, la SUNAT entregará al consultante o al tercero, un ejemplar del acta correspondiente con los aspectos relevantes tratados, de la documentación entregada y de ser el caso, la documentación que el consultante o tercero se compromete a entregar en un plazo que acuerden con la SUNAT.

Asimismo, podrá solicitar motivadamente la información y documentación que estando vinculada a la consulta, sea necesaria para la absolución de ésta, sin necesidad de la comparecencia del deudor tributario o tercero.

El plazo otorgado al consultante o al tercero para la entrega de la información y documentación, suspende el plazo a que se refiere el literal a) del artículo 5°.

Si el consultante no asiste a la comparecencia y/o SUNAT considera que no cuenta con los elementos suficientes para emitir la opinión solicitada, esta procede a devolver la consulta señalando las razones por las cuales no puede emitir su opinión.

e) La SUNAT podrá solicitar la opinión de otras entidades de la administración pública, cuando esta sea indispensable para la absolución de la consulta particular, debiendo comunicar tal hecho al consultante.

El plazo a que se refiere el literal a) del artículo 5° se suspende desde el día en que se solicita la opinión de la entidad hasta el día en que esta remite lo solicitado.

Artículo 7°.- PUBLICACIÓN DE LAS CONSULTAS PARTICULARES EN EL PORTAL DE LA SUNAT

La SUNAT publica un resumen de la respuesta a las consultas particulares en el portal web de la SUNAT, sin los datos que identifiquen al consultante y aquella información que deba ser reservada, de acuerdo con la legislación de la materia.

TÍTULO II

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LAS CONSULTAS PARTICULARES

Artículo 8°.- CRITERIOS A SER APLICADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA POR LA SUNAT

8.1 La SUNAT iniciará la implementación de las consultas particulares, absolviendo las consultas que versen sobre la aplicación de las normas que regulan el impuesto a la renta por rentas de tercera categoría e impuesto general a las ventas de los siguientes consultantes:

a) Aquellos sujetos que hubieran solicitado a PROINVERSIÓN la suscripción de un contrato de inversión y dicha entidad les hubiera comunicado la aprobación del proyecto de contrato de inversión, por dicho contrato o por sus adendas.

b) Aquellos sujetos que hubieran solicitado a PROINVERSIÓN la suscripción de un convenio de estabilidad jurídica y dicha entidad les hubiera comunicado la aprobación de dicha solicitud, por dicho convenio o por sus adendas.

c) Aquellos sujetos que hubieran solicitado a PROINVERSIÓN participar en una asociación público privada respecto de proyectos asignados a PROINVERSIÓN y siempre que hubieran obtenido la adjudicación del proyecto, por dicho proyecto.

d) Los deudores tributarios que proyecten realizar inversiones mayores a los diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 10 000 000), según el estudio de pre factibilidad que presenten a la SUNAT, por dichas inversiones, siempre que:

d.1) En la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio gravable anterior al que se presenta la consulta, o al precedente al anterior, en caso que a la fecha de presentación de la consulta no hubiera vencido el plazo para presentar la referida declaración, hubieran declarado como ventas netas o ingresos por servicios un monto mayor a 15 000 UIT.

Para determinar el monto señalado en el párrafo anterior se considera el importe consignado en la casilla 463 (ventas netas), o la que haga sus veces, del formulario mediante el cual se presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio correspondiente.

d.2) Inicien actividades en el ejercicio en el que realicen la consulta, y la sumatoria de los montos declarados mensualmente a la SUNAT como ingresos netos en la casilla 301, o la que haga sus veces, del formulario mediante el cual se presenta la declaración mensual de los pagos a cuenta del impuesto a la renta supere las 15 000 UIT, a la fecha de presentación de la consulta.

La inversiones a que se refiere el presente literal deben ser distintas de las previstas en los literales a), b), c) y e).

e) Los deudores tributarios que:

e.1) En la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio gravable anterior al que se presenta la consulta, o al precedente al anterior, en caso que a la fecha de presentación de la consulta no hubiera vencido el plazo para presentar la referida declaración, hubieran declarado como inversiones mobiliarias en la casilla 379, o la que haga sus veces, del formulario mediante el cual se presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta correspondiente, un monto mayor a 3 000 UIT, por las operaciones relacionadas con las referidas inversiones.

e.2) Inicien actividades en el ejercicio en el que realicen la consulta, siempre que a la fecha de presentación de la consulta, tengan inversiones en valores mobiliarios que superen las 3 000 UIT, lo cual deberá ser acreditado a la SUNAT, por las operaciones relacionadas con dichas inversiones.

f) Los sujetos no domiciliados, conforme a las normas que regulan el impuesto a la renta, que a la fecha de presentación de la consulta tengan inversiones en valores mobiliarios por un monto mayor a 3 000 UIT, lo cual debe ser acreditado a la SUNAT, por las operaciones relacionadas con dichas inversiones.

8.2 La UIT que debe considerarse para efectos de los literales d), e) y f) es la vigente a la fecha en que se presenta la consulta.

Artículo 9°.- REFRENDO

El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de setiembre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI

Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

Ley 30341 Ley que fomenta la Liquidez e Integraciòn del Mercado de Valores

Alan Emilio en Ingenio, Huancayo

Alan Emilio en Ingenio, Huancayo

Ley 30341 Ley que fomenta la liquidez e integraciòn del mercado de valores

Artículo 1. Norma general

Para los efectos de la presente Ley se entiende por Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo 179- 2004-EF, y sus normas modificatorias.

Artículo 2. Exoneración del Impuesto a la Renta

Están exonerados del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de 2018 las rentas provenientes de la enajenación de acciones y demás valores representativos de acciones según lo que se determine en el Reglamento de la presente Ley (Reglamento), realizadas a través de un mecanismo centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

(i) En un periodo de doce (12) meses, el contribuyente y sus partes vinculadas no transfi eran la propiedad del diez por ciento (10%) o más del total de las acciones emitidas por la empresa o valores representativos de estas mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas. Para los efectos de determinar el citado porcentaje, se considerarán las transferencias que señale el Reglamento. De incumplirse este requisito, la base imponible se determinará considerando todas las transferencias que hubieran estado exoneradas durante los doce (12) meses anteriores a la enajenación. La vinculación se califi cará de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 32-A de la Ley.

(ii) Se trate de acciones con presencia bursátil.

Para determinar si una acción tiene presencia bursátil, se tendrá en cuenta lo siguiente:

– Dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles anteriores a la enajenación, se determinará el número de días en los que el monto negociado diario haya superado el límite que se establezca en el Reglamento. Dicho límite no podrá ser menor a cuatro (4) unidades impositivas tributarias y será establecido considerando el volumen de transacciones que se realicen en los mecanismos centralizados de negociación.

– El número de días determinado de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior se dividirá entre ciento ochenta (180) y se multiplicará por cien (100).

– El resultado no podrá ser menor al límite establecido por el Reglamento. Dicho límite no podrá exceder de treinta y cinco por ciento (35%).

Las empresas que inscriban por primera vez sus acciones en el Registro de Valores de una Bolsa tendrán un plazo de 360 días calendario a partir de dicha fecha para que sus acciones cumplan con el requisito de presencia bursátil. Durante el referido plazo, las rentas provenientes de la enajenación de acciones de las citadas empresas podrán acceder a la exoneración siempre que cumplan con lo señalado en el acápite (i) del presente artículo y las acciones cuenten con un formador de mercado.

Los responsables de la conducción de los mecanismos centralizados de negociación deberán difundir a los contribuyentes, incluso en sus páginas web, la lista de las acciones que cumplan con tener presencia bursátil.

Artículo 3. Retención del impuesto a la renta

La Institución de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares constituida en el país efectuará la retención del impuesto a la renta en el momento de la compensación y liquidación de efectivo, salvo que el contribuyente o un tercero autorizado le comunique que se trata de una enajenación exonerada de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la presente Ley. La responsabilidad solidaria de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares alcanza hasta el importe que estuvieron obligadas a retener de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Pagos a cuenta de formadores de mercado

Los pagos a cuenta a realizarse por parte de los formadores de mercado y que actúen en cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido por las disposiciones de la SMV, por la parte correspondiente a operaciones de enajenación de acciones en su función de formador de mercado, tomará como base de cálculo, la diferencia entre el valor de transacción y su costo computable.

SEGUNDA. Vigencia

La presente Ley entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de setiembre de dos mil quince.

LUIS IBERICO NÚÑEZ

Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de setiembre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO

Presidente del Consejo de Ministros

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

RTF 07791-8-2014 Condonación de intereses por cobrar no cumple el principio de causalidad siendo NO DEDUCIBLE para efectos de efectos del Impuesto a la Renta

Alan Emilio en San Martín

Alan Emilio en San Martín, Banda de Shilcayo

El Tribunal Fiscal ha emitido la Resolución RTF N° 07791-8-2014, de fecha 25 de junio del 2014, en torno a determinación del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2003.

Entre otros, se analizó el reparo al importe contabilizado en la cuenta 66890 – Otros gastos extraordinarios, operaciones correspondientes al quiebre de intereses por convenio de fraccionamiento, amnistía, transacción extrajudicial y actas de conciliación (convenios).

El contribuyente alegó que estas operaciones se sustentaban en reportes emitidos por el sistema comercial, sus políticas empresariales destinadas a reducir sus cartera morosa (además que la causalidad se debe interpretar con criterio amplio).

El Tribunal indica que del análisis de la documentación se aprecia que el contribuyente condonó intereses por deudas a clientes normales y clientes accionistas,  a través de diversas modalidades, las cuales se encontraban reguladas por procedimientos aprobados por dicha entidad, sin embargo tal documentación no acredita que el gasto registrado fuese necesario para producir la renta gravada o mantener la fuente, por lo que no cumple con el principio de causalidad.

Que si bien la recurrente alega que la finalidad de la referida condonación de intereses fue reducir la cartera morosa que tenía, lo que en principio podría significar un incremento en la renta imponible de la empresa al implicar la disminución de las cuentas por cobrar de la empresa convirtiéndolas en ingresos efectivos, lo que evidenciaría una relación de causalidad y no una mera disposición de una liberalidad, no se aprecia que aquella hubiese presentado documentación que permita acreditar tal afirmación, específicamente, que demostrara que producto de la “facilidad” de pago otorgada se hubieran obtenido pagos efectivos que disminuyeran las cuentas por cobrar y, por ende, la cartera morosa.

En el caso de autos, la condonación descrita constituye un acto de liberalidad, dado que el contribuyente renunció a su derecho a cobrarlos sin obtener ninguna contraprestación por parte de los clientes beneficiados por ello, en consecuencia el reparo efectuado se encuentra arreglado a ley, procediendo mantenerlo y confirmar la apelada en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

RTF de Observancia Obligatoria 08246-8-2015 indica que solamente están obligados a llevar Registros de Costos las entidades cuya actividad implica la existencia de un proceso productivo que origine un bien material o fìsico que deba ser valuado y que califique como inventario

Alan Emilio Matos Barzola

El día de ayer se publicò en el Diario Oficial El Peruano la Resoluciòn que constituye precedente de observancia obligatoria RTF 08246-8-2015, de fecha 20 de agosto del 2015, que establece:

Los contribuyentes, empresas o sociedades que estàn dentro del àmbito de aplicaciòn del inciso a) del artìculo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta estàn obligados a registrar informaciòn en un Registro de Costos, que forma parte del Sistema de Contabilidad de Costos, si su actividad implica la existencia de un proceso productivo que origine un bien material o físico que deba ser vauado y que califique como inventario.

Este criterio se sustenta en el contenido del Acta de Reunión de Sala Plena Nº 2015-14 respecto a que el condicionamiento de la actividad que implique la existencia de un proceso productivo del que se obtenga unidades físicas producidas cuyo costo deba ser controlado.

Asì el Tribunal Fiscal indica que, sin perjuicio del anàlisis que amerite cada actividda en concreto, con el fin de ilustrar los casos de empresas que se encuentren dentro del àmbito del artìculo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, por contar con inventarios de tipo material y haber obtenido en el ejercicio precedente ingresos brutos superiores a mil quinientas (1,500) UIT el Tribunal Fiscal presenta el siguiente cuadro a manera de ejemplo:

Cuadro ilustrativo propuesto por el TF Alan Emilio

Según se advierte del texto de la RTF de Observancia obligatoria, el Tribunal pondera que en el caso de empresas comercializadoras y las prestadoras de servicios, no es factible, lo que además a su criterio generarìa mayores costos de cumplimiento a aquellos contribuyentes a quienes no les resulta aplicable el Registro de Costos.

Ojo también, el Tribunal afirma que si bien las empresas prestadoras de servicios incurren en costos en la actividad que realizan debe considerarse, a criterio del Òrgano Colegiado, que el artìculo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta no ha recogido el concepto de costos de servicios y que el concepto de “costos de producciòn” ha sido reservado a la producciòn de bienes materiales que deben ser reconocidos como activos dentro de las existencias de un negocio, lo que al igual que en las empresas comercializadoras, no ocurriendo a criterio del Tribunal Fiscal en el caso de las prestadoras de servicios, siendo que el Registro de Costos es una obligaciòn prevista ùnicamente para los casos que exista un costo de producciòn de bienes a entidades que cuenten con un proceso productivo del que se deriven “unidades producidas”. Personalmente discrepo de este extremo de la Resoluciòn de Observacia Obligatoria, y lo comentarè en los eventos programados a nivel nacional en las siguientes semanas.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

RTF 9526-8-2014 Tribunal Fiscal indica que para la aplicación del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas debe contemplarse lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1116

Alan Emilio en Chimbote

Alan Emilio en Chimbote

Mediante Resoluciòn RTF 09526-8-2014, de fecha 12 de agosto del 2014, se analizó la determinaciòn del Impuesto General a las Ventas correspondiente a los periodos octubre a diciembre del 2012.

Conviene tener en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 1116 entrò en vigencia el 01 de agosto del 2012, motivo por lo cual desde dicha fecha si corresponde su observancia.

¿Què alegò el contribuyente? La entidad manifestaba que la modificaciòn introducida mediante Decreto Legislativo 1116 ha reducido el plazo de doce (12) meses que antes se otorgaba a efecto de anotar en su Registro de Compras los comprobantes de pago que dan derecho a crèdito fiscal, hasta el momento en que se es notificado con un requerimiento por parte de la SUNAT, de modo que pràcticamente debe anotarlo a su emisiòn o pago del impuesto.

A su turno, la Administraciòn indica que durante el procedimiento de fiscalizaciòn determinò reparos al crèdito fiscal al verificar que esta no anotò los comprobantes antes del requerimiento que le fuera cursado para la exhibiciòn y/o presentaciòn del Registro de Compras. Aclara que si bien al cierre del requerimiento el contribuyente habìa puesto al dìa su Registro de Compras, ello no enerva el reparo efectuado toda vez que la anotaciòn de los comprobantes de pago de compras en el citado registro por los periodos fiscalizados se realizò con posterioridad a la notificaciòn del Requerimiento en el cual se le solicitò por primera vez la exhibición del aludido registro, por lo que no correspondìa que la entidad empresarial utilice el crèdito fiscal que acaso pudo haberle correspondido, de acuerdo con lo dispuesto por el artìculo 2 de la Ley 29215. Resaltò la Administraciòn que es de entera responsabilidad del contribuyente acreditar con su Registro de Compras y sus comprobantes de pago de compras la exactitud del crèdito fiscal consignado en sus declaraciones juradas del Impuesto General a las Ventas.  

El Tribunal Fiscal expone que para tener derecho al crèdito fiscal, se debe anotar los comprobantes de pago que respalden las adquisiciones realizadas en el Registro de Compras en el mes de su emisiòn o del pago del impuesto, o dentro de los doce (12) meses siguientes, debiendo ejercerse en el periodo en que ha sido anotado en el mencionado registro.

Que asimismo, se concluye que para tener derecho al crèdito fiscal y con relaciòn a los periodos fiscalizados debe acreditarse, entre otros aspectos, que los comprobantes de pago de compras, hayan sido anotados en el Registro de Compras antes que la Adminsitraciòn requiera la exhibiciòn y/o presentaciòn del indicado registro.

En el presente caso, al cierre del requerimiento se detectò que la entidad empresarial no anotò los comprobantes de pago de compras en los periodos octubre a diciembre del 2012 del registro de Compras, por lo que correspondìa que atendiendo a tal constataciòn la Adminsitraciòn reparara el crèdito fiscal de los citados periodos, de confrmidad con lo dispuesto por el artìculo 2 de la Ley 29215, modificado por el Decreto Legislativo 1116.

En cuanto a lo argumentado por la entidad empresarial con relaciòn a que la Administraciòn no tomò en consideraciòn que exhibiò el Registro de Compras dentro del plazo otorgado por esta, el Tribunal Fiscal indica que la Administraciòn verificò al cierre del requerimiento que el mencionado registro de compras en las hojas correspondientes a los periodos octubre a diciembre del 2012, no tenìa anotados a los comprobantes de pago de compras materia de reparo, siendo que la exhibiciòn del referido registro no enerva el reparo al crèdito fiscal el cual se basa en la falta de anotaciòn de los citados comprobantes de pago, careciendo de sustento lo alegado por el contribuyente al respecto.

Resalta el Tribunal Fiscal que la modificaciòn introducida por el Decreto Legislativo 1116 no implica una reducciòn de los doce (12) meses con que se cuenta para anotar los comprobantes de pago que sustentan el crèdito fiscal como argumenta el contribuyente, toda vez que la actuaciòn de la Administraciòn se ha dirigido a establecer que al no haberse anotado los comprobantes de pago de compras en el Registro de Compras de los periodos octubre a diciembre del 2012, no puede utilizarse el crèdito fiscal por los citados periodos, sin que ello implique que la empresa estè impedida  de utilizarlo en periodos distintos al fiscalizado, siempre y cuando la anotaciòn en el indicado registro estè dentro del periodo de doce (12) meses a que se refiere el artìculo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, por lo que las argumentaciones sobre el particular del contribuyente carecen de sustento.

Manifiesta el Tribunal Fiscal a tìtulo ilustrativo y toda vez que la ley establece un periodo de doce (12) meses, para efectos de utilizar el crèdito fiscal, en el presente caso no existirìa limitaciòn legal a que el contribuyente cumpla con presentar las dclaraciones juradas rectificatorias, de considerarlo conveniente, y cumpla con los demàs presupuestos que exige la ley, entre otros, la anotaciòn dentro de dicho tèrmino de tiempo en el registro de compras (en periodos distintos al fiscalizado), a efecto de ejercer su derecho al crèdito fiscal.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

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