Informe 050-2014-SUNAT Consorcios acogidos a la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía

Alan Emilio en Tingo María

Alan Emilio en Tingo María, rumbo hacia Tocache

SUNAT acaba de publicar en su página web institucional el Informe 050-2014-SUNAT  mediante el cual concluye:

“A efectos de que un consorcio que lleva contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes goce de la exoneración del IGV prevista en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley de la Amazonía, no resulta exigible la inscripción de estos últimos en las Oficinas Registrales de la Amazonía.”

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/i050-2014.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

 

Consejo de Estado Colombiano ordena que el Congreso repare los perjuicios ocasionados por una ley declarada como inconstitucional

Alan Emilio en Tocache

Alan Emilio en Tocache

Mediante Sentencia, de fecha 26 de marzo del 2014, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resuelve la controversia seguida en expediente con radicación N° 25000-23-26-000-2003-00175-01 (28.741) por el demandante Goodyear de Colombia SA, y siendo la pretensión que se declare al Congreso de la República de Colombia patrimonialmente responsable por los daños derivados de la expedición de los artículos 56 y 57 de la ley colombiana 633 del año 2000, en virtud a la cual se creó y reguló la Tasa Especial por Servicios Aduaneros, y que posteriormente dichos artículos fueron declarados inconstitucionales mediante sentencia C-992 del 19 de septiembre del 2001.

Fundamenta el Consejo de Estado Colombiano que ya en septiembre del 2002 la Sección Tercera de dicho ente había estimado la responsabilidad que podía atribuírsele al legislador por la expedición de una norma declarada inexequible, haciendo alusión a los efectos de las sentencias de inexequibilidad y a la posibilidad de reparar los perjuicios ocasionados mientras la ley estuvo vigente.

En enero de 2014, la Subsección “A” del Consejo se pronunció en torno a que los daños que se causen mientras la ley declarada inexequible permaneció vigente, son antijurídicos.

Destaca el Consejo de Estado Colombiano: “llama la atención que cuando se está frente a leyes en sentido estricto, es decir aquellas expedidas por el Congreso, la jurisdicción contencioso administrativa ha sido mucho más temerosa al momento de dar por acreditada la existencia de una falla en el servicio, mientras que tratándose de leyes en sentido material, como es el caso de los actos administrativos declarados nulos, no han sido mayores los reparos u objeciones al respecto, diferenciación que carece de sentido, lógica y sindéresis, pues como se explicó en acápites precedentes, todos son actos expedidos por el Estado en ejercicio de su función reguladora y se caracterizan por ser generales, impersonales y abstractos“. Ojo mucho cuidado que actos administrativos son a menudo las Resoluciones de Intendencia de SUNAT o las Resoluciones RTF del Tribunal Fiscal.

Por tal sentido, el Consejo de Estado Colombiano concluye: “que no hay razón alguna para distinguir entre los daños producidos por una norma u otra, ya que en ninguno de los dos supuestos se estaría atentando contra la institución de la cosa juzgada, lo que ocurre es que en el caso de los daños derivados del reglamento o acto administrativo que ha sido declarado nulo, quien está llamado a reparar el daño es por regla general el mismo sujeto que lo expidió; mientras que en el caso de las leyes declaradas inexequibles, el llamado a responder patrimonialmente es el legislador, pese a no haber ejecutado la norma, justamente por ser el creador del precepto inconstitucional. De allí se sigue como conclusión que el factor de imputación no está constituido por la ejecución de la norma inconstitucional, sino por su creación y expedición. Sostener lo contrario sería permanecer en el sistema conceptual que exigía únicamente la existencia del nexo causal directo para atribuir el daño, que ya ha sido ampliamente superado.”

Revisad con sumo detalle estas consideraciones del Consejo de Estado Colombiano, puesto que este escenario si es aplicable en muchos casos en nuestro país:

“Lo anterior reviste especial relevancia, cuando se trata de leyes que versan sobre aspectos tributarios, por medio de las cuales se establecen impuestos o tasas y posteriormente son declaradas inexequibles, pues prima facie tiende a pensarse que el llamado a resarcir el daño, no es el autor de la ley, sino quien recaudó el tributo, conclusión que está alejada de la realidad, comoquiera que aquel que recauda el pago no es más que una agente del Estado que obra de buena fe y se encarga de hacer cumplir la ley. Esta conclusión tiene su fundamento en el hecho de que no fue el recaudador del impuesto o tasa, quien creó la ley contraria a la Constitución, hecho que constituye la falla en el servicio y por lo tanto, en modo alguno puede imputársele el daño derivado de esa falla, ya que de ser así se estaría confundiendo la reparación con la restitución, advirtiendo que la primera siempre estará a cargo de aquel a quien le sea imputable el daño.”

Queda claro que si trasladamos este escenario constitucional al Perú, SUNAT o la Administración Tributaria municipal no es el llamado a resarcir el daño causado por una ley declarada como inconstitucional.

Resalta el Consejo de Estado Colombiano: “nadie está obligado a soportar las consecuencias adversas de una norma que nació a la vida jurídica contrariando la Constitución, pues ello sería desdibujar el principio de la supremacía constitucional, que constituye la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico. No cabe duda que la expedición de una norma con esas características y que luego es declarada inexequible, constituye per se una falla en el servicio que puede generar un daño antijurídico y ello se dice, por cuanto los ciudadanos- y es apenas lógico-, esperan legítimamente, con fundamento en el principio de confianza legítima, que el legislador expida normas que se ajusten al texto constitucional.” Bajo dicho contexto “resulta recontra idiota” que una persona insista en aplicar una ley o norma sustitutoria que ha sido declarada como inconstitucional, bajo pretexto que ínterpretando el Código Civil o el Código Procesal Civil, se puede seguir aplicando la referida ley inconstitucional.

El Tribunal Colombiano destaca también: “Se reitera, entonces que la declaratoria de inexequibilidad equivale a la falla en el servicio, sin importar si la misma obedece a razones de forma o de fondo, pues que en ambos casos el legislador infringió una norma de orden superior.” Queda suficientemente claro que un reglamento no puede exceder el contenido de una ley, por más legitimado que esté su uso en los contribuyentes, sencillamente “no hay forma”.

Ningún contribuyente está obligado a soportar el daño que le genere una norma inconstitucional, pero esto no es un llamado a tomar otro tipo de medidas como toma de carreteras o plantones sino a discutir este tema en sede constitucional: “no es el fallo de la Corte Constitucional lo que determina la existencia o no del daño antijurídico, sino el conocimiento del mismo, aunado a la acreditación de una falla del servicio. De modo que, la antijuricidad en estos casos no pende de la decisión proferida por el respectivo tribunal constitucional, puesto que desde la misma expedición de la norma la persona no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño irrogado, con independencia de que tenga que cumplir con las exigencias del precepto ya que mientras sobre el mismo no recaiga un pronunciamiento judicial gozará de la presunción de constitucionalidad y, por lo tanto, será aplicable. ”

El Consejo de Estado Colombiano distingue entre daños indemnizables al contribuyente respecto a otros daños que le atribuye la connotación de “daños permitidos”: “El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, es imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. Así las cosas, se puede establecer que las hipótesis que no cumplan con esos parámetros, conformaran un daño opuesto, esto es, justo o jurídicamente permitido“.

Tal como detalla el Consejo “cabe reiterar que el llamado a responder es el Congreso y no la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo que viene a ser SUNAT Colombia), como quiera que aunque fue esta última entidad (DIAN) la encargada de recaudar y controlar el tributo (la tasa controvertida), sólo actuó como un agente del Estado en ese sentido (al igual que puede ocurrir con un Administrador Judicial de una empresa dedicada a las comunicaciones designado por un Juez) y fue el legislador como creador de la norma, el que dio origen a ese recaudo y por ende sólo a él le es imputable el daño antijurídico sufrido por la compañía actora (Goodyear Colombia SA en su calidad de demandante).

Bajo dicho contexto, el Consejo de Estado Colombiano condena al Congreso de la República de Colombia, a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos colombianos con veintidós centavos ($1’443.884.575, 22), lo que equivale a más de dos millones de nuevos soles.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

SUNAT convoca 227 inspectores tributarios para Lima S/.3,200

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir el servicio de DOSCIENTOS VEINTISIETE (227) INSPECTORES TRIBUTARIOS de acuerdo al perfil y requisitos señalados en la convocatoria, a través de Contrato Administrativo de Servicios (CAS)1.

[1]En caso de que la unidad organizacional incremente su necesidad de incorporación de personal con el mismo perfil y condiciones labores, se convocará a incorporarse a la institución a los postulantes APTOS, de acuerdo al orden de mérito.

RECOMENDACIÓN:

Verificar que cumple con todos los requisitos establecidos. Luego debe inscribirse en la página web de SUNAT y finalmente debe presentar los documentos sustentatorios con los Formatos 1,2 y 4, en el lugar y fecha que se indican. 

I.GENERALIDADES 

1.Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Divisiones de Control y Clausura de la Gerencia de Operaciones Especiales contra la Informalidad – I LIMA

2.Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Intendencia Nacional de Recursos Humanos.

3.Base Legal

a.Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

b.Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

c.Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II.PERFILES

(227) INSPECTORES TRIBUTARIOS – Proceso N° 201-2014

 

REQUISITOS

DETALLE

Bachiller o Egresado universitario de la especialidad de administración, contabilidad, economía, negocios internacionales, ingeniería administrativa, ingeniería comercial, ingeniería económica, ingeniería empresarial, ingeniería industrial.

Acreditado con copia simple del título o grado de bachiller universitario en la oportunidad que sea solicitado y detallado en el Formato N° 1.

 

De preferencia con experiencia laboral mínima de un (1) año en temas tributarios o afines (se considerará prácticas pre profesionales, prácticas profesionales y otras modalidades contractuales).

Acreditada con copia simple de certificados o constancias correspondientes en el momento que se requieran y detallado en el Formato N° 1.

Manejo de Office 2003 en adelante a nivel de usuario.

Acreditada mediante la presentación de declaración jurada y detallado en el Formato N° 1.

Disponibilidad inmediata para laborar en turnos rotativos, incluidos sábados, domingos y feriados.

Acreditada mediante la presentación de declaración jurada y detallado en el Formato N° 1.

Disponibilidad para laborar por comisión de servicios en ciudades ubicadas dentro o fuera de la jurisdicción de su sede laboral habitual.

Acreditada mediante la presentación de declaración jurada y detallado en el Formato N° 1.

Competencias:

        Integridad / Vocación de Servicio / Trabajo en Equipo / Compromiso.

Se evaluará en la etapa de entrevista personal.

Los requisitos generales se encuentran especificados en la pagina web Únete a la SUNAT/Trabaja en SUNAT/Nuestras Convocatorias

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

          Efectuar labores de verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias vinculadas al registro, emisión y registro de Comprobantes de Pago, control de las operaciones económicas y a la declaración y pago de tributos.

          Cumplir con las demás funciones que le asigne la unidad, dentro del ámbito de su competencia.

 III.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

 

REQUISITOS

DETALLE

Lugar de prestación de servicios

Divisiones de Control y Clausura de la Gerencia de Operaciones Especiales contra la Informalidad – I LIMA

Duración del contrato

Hasta el 31/12/2014, con posibilidad de renovación

Contraprestación mensual

S/. 3,200.00 (Tres mil doscientos y 00/100 nuevos soles). Incluye todos los impuestos de Ley.

Otras condiciones esenciales del contrato

48 horas efectivas de trabajo con turnos rotativos de lunes a domingo incluido feriados

IV.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

INSCRIPCION DE POSTULANTES

Los interesados deben inscribirse a través de nuestra página WEB, www.sunat.gob.peen Únete a la SUNAT / Trabaja en SUNAT / Nuestras Convocatorias PROCESO N° 201-2014 – INSPECTORES TRIBUTARIOS – I LIMA del 05 al 11 de mayo de 2014.

Para poder considerar una postulación se deberá inscribirse en la WEB.

Mayores detalles en: http://unete.sunat.gob.pe/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1164&category_id=1&Itemid=63

Informe 051-2014-SUNAT sobre pagos a cuenta del IR y gastos sujetos a límite

Alan Emilio en la Plaza Mayor de Lima 2014

Alan Emilio en la Plaza Mayor de Lima 2014

SUNAT acaba de publicar hace instantes el Informe 051-2014-SUNAT/4B0000, mediante el cual concluye:

1. Para efecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta a que se refiere el artículo 85° de la Ley, los ingresos originados en IFD celebrados por las empresas del Sistema Financiero con fines de intermediación financiera, deben considerarse dentro del concepto de “ingresos netos” a que alude dicha norma.

2. Para establecer la proporción a que se refiere el tercer párrafo del inciso a) del artículo 37° de la Ley, no debe considerarse de ntro del concepto de “ingreso financiero” a la ganancia por diferencia de cambio.

3. Para la determinación del porcentaje a que se refiere el segundo párrafo del inciso p) del artículo 21° del Reglamento, no debe considerarse dentro del concepto de “renta bruta” a la ganancia por diferencia de cambio.

4. Para establecer el límite a la deducción de los gastos de representación a que se refiere el inciso q) del artículo 37° de la Ley, no debe considerarse dentro del concepto de “ingresos brutos” a la ganancia por diferencia de cambio.

5. Para establecer el importe de la deducción de los gastos incurridos en vehículos automotores asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa, a que se refiere el numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del Reglamento, no debe considerar se dentro del concepto de “ingresos netos anuales devengados en el ejercicio gravable anterior” a la ganancia por diferencia de cambio.

SUNAT da cuenta que tratándose de IFD celebrados con fines de intermediación financiera por las empresas del Sistema Financiero, la propia norma tributaria alude al reconocimiento de “ingresos” derivados de tales contratos, y que estos son obtenidos por las referidas empresas con ocasión del desarrollo de sus actividades.

SUNAT indica que las diferencias de cambio tienen una naturaleza diferente a la de los ingresos, pues para fines del Impuesto a la Renta constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la renta neta, siendo que se determinan por la compensación de las sumas a favor o en contra que se generen por la devaluación o revaluación de la moneda nacional frente a una moneda extranjera.

En igual sentido, SUNAT sigue el criterio establecido en las Resoluciones RTF del Tribunal Fiscal N° 1003-4-2008, 2147-5-2010 y 974-5-2012, respecto a que las diferencias de cambio provienen solo de la expresión contable de activos y pasivos en moneda extranjera a un tipo de cambio distinto al de su registro inicial, no tratándose de una operación, sino simplemente de un ajuste contable.

En consecuencia, SUNAT afirma que al no calificar las ganancias por diferencia de cambio como un ingreso, tampoco pueden ser considerados dentro de los conceptos de “ingreso financiero”, “ingresos brutos” e “ingresos netos anuales devengados en el ejercicio gravable anterior”, para establecer la proporción a que se refiere el tercer párrafo del inciso a); el límite a la deducción de los gastos de representación a que se refieren el inciso q) del artículo 37° de la Ley; y el importe de la deducción de los gastos incurridos en vehículos automotores asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa, a que se refiere el numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del Reglamento, respectivamente.

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/i051-2014.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria Chilena 2013: No son gastos necesarios para producir la renta las remuneraciones pagadas a trabajadores, cuando en un período tributario determinado no se desarrolla el giro empresarial

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Mediante Sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia (República de Chile), de fecha 10 de mayo del 2013, ROL N° 2-2013, se resuelve una controversia en torno a la deducibilidad de los desembolsos corrientes incurridos por un ente empresarial, en virtud a lo cual el tribunal chileno estimó evaluar si dichos desembolsos tienen el carácter de inevitables o forzosos.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Valdivia que había rechazado el recurso del contribuyente en contra de una liquidación emitida por el Servicio de Impuestos Internos (lo que viene a ser SUNAT Chile).

El contribuyente en su escrito de apelación argumentó que los gastos eran necesarios para producir la renta y que se acompañaron documentos suficientes para acreditarlo y alegaron que la sentencia no respetó lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta chileno, porque interpretó y utilizó criterios que no correspondían por no estar establecidos en la ley chilena.

La Corte de Apelaciones consideró que en el presente caso ocurría que el contribuyente había fallecido y no obtuvo ingresos por su giro o actividad, por tal sentido los gastos en remuneraciones no resultaban necesarios para producir la renta, pues no tenían el carácter de inevitables o forzosos como exigía la norma, ya que los trabajadores fueron contratados para el desarrollo del giro transporte de carga terrestre, el que no tuvo lugar, de forma tal que dichos gastos no tenían su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Valdivia, diez de Mayo de dos mil trece.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, en sus considerando y citas legales.

Y TENIENDO ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, el abogado don Carlos Herrera Tardón, en representación de la reclamante, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos antecedentes por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos, de fecha 16 de enero de 2013, escrita de foja 564 a 591, que rechazó el reclamo deducido por su parte en contra de la liquidación de impuestos Nº 43, de 3 de Mayo de 2012. Reproduce en primer lugar, aquellos considerandos de la sentencia recurrida, que fundamentan la conclusión del sentenciador en orden a estimar que los gastos en que incurrió el contribuyente no fueron necesarios para producir la renta y que motivaron la decisión de no hacer lugar al reclamo deducido por su parte.

Sostiene que la causa y objeto de pedir contenidos en el reclamo entablado en contra de la liquidación Nº 43, dicen relación con los gastos en remuneraciones en los que incurrió el contribuyente durante el año 2010, los que estima fueron necesarios para producir la renta. Al respecto, refiere que la sentencia incurrió en errores de trascendencia jurídica al dar por establecido, por un lado, el hecho que los gastos incurridos en remuneraciones y otros, no fueron necesarios para producir la renta, en circunstancias, que sí lo fueron; y, por otra parte, que, el contribuyente no habría aportado prueba enderezada para acreditar tal exigencia legal, en circunstancias que el contribuyente sí aportó y produjo prueba documental, dada por la contabilidad de acuerdo al artículo 21 de la Ley de La Renta, y testimonial necesaria para dar por suficientemente probado el hecho. Continua, señalando que el contribuyente don XXXX (Q.E.P.D.), siempre mantuvo su hoja de vida tributaria sin mácula, en más de 20 años que ejerció la actividad de empresario. Agrega, en tal sentido, que no solo dio fiel cumplimiento a las normas legales que regulan la materia en debate, sino que además, y dentro del giro de su negocio, hizo esfuerzos sobrehumanos para poder mantener con actividad ocupacional a sus trabajadores, por todo el periodo que duró su enfermedad –cáncer- que terminó con su fallecimiento el 29 de Octubre de 2010.

Refiere que posteriormente, el día 3 de Mazo de 2012, su parte fue notificada de la liquidación Nº 43, que rechazó como gastos necesarios para producir la renta, las remuneraciones y otras prestaciones laborales de sus trabajadores, correspondientes al periodo comercial 2010 (Enero a Diciembre), liquidándose un total de $18.663.950, precisando que el Servicio de Impuestos Internos argumentó “Que, según el Balance General para el año tributario 2011 Folio 14004, se contabiliza un gasto por $67.011.564 y que de acuerdo a lo anteriormente detallado se desprende de la documentación aportada como respaldo de la cuenta “Remuneración”, código 4.01.01.001, que solo la remuneración del trabajador XXXXX RUT: xxxxxxxxx-xx, está justificada, al cumplir este labores de administración y que los gastos pagados al resto de los trabajadores no son necesarios para producir la renta, ya que las funciones que desempeñan los trabajadores se encuentran relacionadas con el giro de transportes de carga por carretera, el que no ha generado ningún ingreso durante el año comercial 2010 (año tributario 2011), por lo que las remuneraciones detalladas en el siguiente cuadro corresponde a un gasto rechazado del año comercial 2010”.

En cuanto a los fundamentos que permiten justificar la necesidad de dichos gastos, indica que don XXXX, durante el año 2010, fue contribuyente de Primera Categoría de la Ley de Renta y sus giros registrados en el Servicio de Impuestos Internos fueron de Transporte de Carga por Carretera y Agrícola. Manifiesta que en la medida que su tratamiento lo permitía, siguió ejerciendo la actividad empresarial y dirigiendo a sus trabajadores, todos antiguos, con un promedio laboral de 15 años, leales y capacitados, multifacéticos y eficientes, pudiendo pese a todo, sacar adelante su empresa durante el año 2009. A comienzos del año 2010, su salud se agravó, ante lo cual fue poco a poco alejándose de sus negocios, en atención a lo cual no se generaron ingresos. En razón de ello, instruyó a sus trabajadores para que, durante el año 2010, trabajasen en actividades propias del giro del negocio, que permitieran la mantención operativa de las máquinas, los camiones y remolques, así como labores de limpieza en el predio agrícola, control de malezas y preparación de la tierra, para poder explotarlo, y, como alternativa, para poder instalar allí, los talleres de los equipos de rodado. En el mismo sentido, libró órdenes para mantener flujos de caja que permitieren financiar los egresos del periodo 2010, por todo lo cual estima que todos los gastos en que el contribuyente incurrió en pago de remuneraciones, leyes sociales y otros, fueron inherentes y vinculados al ejercicio propio del negocio y, por lo tanto, los gastos fueron absolutamente necesarios para producir la renta, basándose, además, en los principios contables generalmente aceptados.

Añade que la sentencia sobrepasó el texto positivo contenido en el artículo 31 de la Ley de la Renta, forzando la situación a otros estadios, por cuanto interpretó y utilizó criterios que no correspondían, por no estar ellos prescritos en las normas de la Ley de la Renta. Así, señala que rechazó el gasto en remuneración lisa y llanamente porque el contribuyente en el periodo revisado no declaró rentas, además, por cuanto el cliente no tuvo una relación ingreso versus ventas y, por último, porque no desarrolló su giro, requisitos que no contempla la norma positiva. Por el contrario, argumenta que el contribuyente se ajustó estrictamente al artículo 31 de la Ley de la Renta.

Luego, hace una reseña en su presentación de la prueba documental acompañada en la instancia en apoyo de su reclamación, entre los cuales se encuentran los contratos de trabajo de todos los trabajadores, todos los cuales precisa provienen de años anteriores, haciendo presente que las remuneraciones nunca fueron rechazadas en los periodos anteriores.

En suma, concluye que el gasto en remuneraciones, siempre se encontró debidamente acreditado y justificado de acuerdo a los libros contables y todos los documentos que se acompañaron a su reclamo, tales como contratos, liquidaciones de sueldo, planillas de retenciones impositivas, registro oportunos en los libros de contabilidad, lo que fue corroborado con las declaraciones de los testigos que depusieron en juicio y, que no hacen más que confirmar que los gastos en que incurrió el contribuyente fueron necesarios para producir la renta.

Expresa, además, que en la especie se trata de un contribuyente de primera categoría, que debe tributar en base a renta efectiva y contabilidad completa, la que fue exhibida conforme al artículo 21 del Código Tributario, la que hace plena prueba de las partidas que allí se contienen.

Continúa, con un análisis de los fundamentos del fallo apelado, reproduciendo parcialmente varios de sus motivos, detallando latamente en cada punto, las razones por las cuales considera que los fundamentos esgrimidos por el Tribunal son errados, exponiendo en síntesis, que el criterio abordado en la sentencia es errado, por cuanto, se pregunta ¿De dónde obtuvo el sentenciador el fundamento para afirmar que “no desarrollo su giro”?, ya que todas las actividades que se desarrollaron, y que se coligen de las pruebas producidas, fueron actividades vinculadas estricta y derechamente con el giro del negocio de la empresa.

En relación a la prueba testimonial, indica que los considerandos septuagésimo cuarto y septuagésimo quinto, no admiten mayor análisis, al declarar la sentencia que la realización de las actividades de trabajo y labores ejecutadas por los trabajadores no fueron acreditadas en juicio, y que los dichos de dos trabajadores en la testimonial, Juan Briceño y Juan González, resultan generales, imprecisos y poco creíbles, ya que estos declararon solo sobre hechos que estaban y cayeron bajo la esfera de su conocimiento.

Solicita, se revoque la sentencia apelada y se deje sin efecto la liquidación Nº 43, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por las partes y del análisis atento de la sentencia en alzada, se desprende que el objeto de la presente discusión, se centra en determinar si los gastos en remuneraciones y otros relativos a los trabajadores del contribuyente XXXX, correspondientes al año comercial 2010, pueden ser calificados como necesarios para producir la renta, en los términos exigidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que, por una parte, el contribuyente argumenta que dichos gastos fueron efectiva y materialmente pagados a cada trabajador, lo que se acreditó con la contabilidad fidedigna aportada tanto en la instancia administrativa como judicial, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario, la que en su concepto hace plena prueba respecto de la efectividad de los mismos. Argumenta, además, que el Tribunal, se excedió en los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta exige para considerar un determinado gasto como necesario para producir la renta, ya que dichos gastos fueron finalmente rechazados atendido a que el contribuyente no realizó operaciones de su giro, requisito que la disposición legal en comento no requiere para que sean aceptados. Finalmente, cuestiona la valoración de la prueba realizada por el sentenciador del grado, en atención a que los testigos dieron cuenta de trabajaos efectivamente realizados durante el año 2010, y, que sus declaraciones no fueron vagas e imprecisas, ya que se ajustaron al mérito de lo que estrictamente conocían y sabían.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, argumenta que tales gastos no fueron necesarios para producir la renta, pues, por una parte, la empresa no realizó operaciones del giro durante el año 2010, y, además, atendido a que los trabajadores no realizaron trabajos relativos al transporte de carga terrestre para el cual fueron contratados, criterio que fue el que finalmente adoptó el Juez a quo para desestimar el reclamo, según se lee de los considerandos septuagésimo primero a octogésimo segundo del fallo apelado.

TERCERO: Que, conviene en primer término          tener en consideración las disposiciones legales aplicables a la controversia de autos.

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de la Renta establece en su parte pertinente lo siguiente:

“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten y justifiquen fehacientemente ante el Servicio”.

Por su parte, el artículo 21 del Código Tributario, dispone:

“Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero”.

CUARTO: Que, de la lectura atenta de las disposiciones legales transcritas, se desprende, en primer lugar, que el legislador requiere para aceptar un gasto los siguientes requisitos copulativos: 1) Que el gasto se relacione directamente con la actividad; 2) Que tenga la calidad de necesario para producir la renta; 3) Que no haya sido rebajado previamente; 4) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado en el ejercicio y 5) que se acredite o justifique fehacientemente ante el Servicio, requisitos que el propio contribuyente reconoce, atendido el mérito del fallo de esta Corte invocado en su recurso, pronunciado en los autos Rol Nº 591-2005. En segundo lugar, se colige, además, que la carga probatoria corresponde al contribuyente, de conformidad al citado artículo 21 del Código Tributario, en orden a acreditar la efectividad de los desembolsos que se pretenden impetrar como gasto en el ejercicio respectivo.

QUINTO: Que, en el caso en estudio, no se ha cuestionado la efectividad material de los gastos en remuneraciones realizada por parte del contribuyente en el año comercial 2010, vale decir, el hecho que fueron efectivamente irrogados por parte del actor, pues ello se acreditó con los documentos acompañados a la instancia, consistentes en contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo y los respectivos registros contables, de los cuales el Servicio por cierto no puede prescindir, pues no formuló en la liquidación reclamada un juicio de fidelidad de dichos asientos, sino que solo cuestionó la idoneidad de dichos desembolsos para ser considerados necesarios para producir la renta.

Del mismo modo, tampoco ha existido controversia respecto del hecho que el causante tenía la calidad de contribuyente de Primera Categoría y Global Complementario, ni de la circunstancia de que durante el año 2010 aquel no tuvo ingresos del giro, hecho que por lo demás quedó expresamente consignado en los motivos cuadragésimo sexto y cuadragésimo noveno de la sentencia en alzada.

SEXTO: Que, como lo ha resuelto nuestra Excma. Corte Suprema, en sentencia pronunciada en los autos Rol Nº6380-2009, en relación a la correcta inteligencia del artículo 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, “…si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo “necesarios”, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar”.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, no habiendo sido discutido por las partes el hecho que durante el año 2010, el contribuyente no obtuvo ingresos por transporte de carga terrestre, que era su giro o actividad, claramente los gastos en remuneraciones y otros relacionados que pretende impetrar, no resultaban en ningún caso inevitables o forzosos como exige la norma en análisis, desde que los trabajadores del reclamante fueron contratados precisamente para el desarrollo de dicho giro.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el juez del grado no impuso al reclamante una exigencia adicional para rechazar los gastos como aduce el actor en su recurso, sino que muy por el contrario, se ajustó estrictamente a los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta impone para considerar un gasto como necesario para producir la renta, lo que en el caso en estudio, no aconteció, dado que no tenían el carácter de inevitables o forzosos, atendida la falta de operación del reclamante en el año comercial respectivo.

NOVENO: Que, sobre este punto, es dable precisar que el artículo 2º Nº 1 de la Ley de Impuesto a la Renta define el concepto de “renta” como “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad…”, de lo que se colige claramente que la renta debe emanar de una actividad, es decir, de un conjunto de acciones positivas para generarla, lo que en la especie, se contrapone evidentemente a la inactividad y nula operación que el contribuyente mantuvo durante el año comercial 2010, por lo que mal puede considerarse que las remuneraciones pagadas a sus trabajadores eran necesarias para producir la renta, como bien lo establece el juez de la instancia en el motivo septuagésimo primero del fallo en alzada. Por lo demás, la erogación de dichos gastos conducen a la generación de una pérdida tributaria en el ejercicio respectivo, que no tiene su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

DÉCIMO: Que, en nada altera lo razonado en los motivos precedentes, la prueba documental y testimonial rendida por el reclamante, ya que como lo establece el juez en el considerando septuagésimo tercero de la sentencia en alzada, las funciones para las cuales estaban contratados los trabajadores no se ejecutaron durante el periodo, criterio que esta Corte comparte plenamente, atendido a que como ha razonado en los motivos precedentes, el contribuyente no desarrolló operaciones del giro para el cual fueron contratados.

DÉCIMO PRIMERO: Que, atento lo anterior, no habiendo podido desvirtuar el contribuyente los fundamentos de la liquidación Nº 43 formulada por el Servicio de Impuestos Internos, el recurso de apelación interpuesto será rechazado.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 21 y 161 del Código Tributario; y artículos 2 Nº 1 y 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, se CONFIRMA la sentencia definitiva apelada de fecha dieciséis de Enero de dos mil trece, escrita de fojas 564 a 591, sin costas del recurso por estimar que el contribuyente tuvo motivo plausible para alzarse.

Redacción del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese y devuélvase.”

Moraleja: La interpretación con criterio amplio del principio de causalidad debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Tribunal Constitucional indica que la carga de determinar y declarar correctamente las deudas tributarias así como cancelarlas oportunamente corresponde al contribuyente Sentencia Exp. 03184-2014-PA/TC

Alan Emilio en Tarapoto , San Martín

Alan Emilio en Tarapoto , San Martín

Mediante Sentencia de fecha 29 de enero del 2014 ,emitida para resolver el Expediente N° 03184-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional fundamenta que la carga de determinar y declarar correctamente las deudas tributarias, así como cancelarlas oportunamente, corresponde al contribuyente. Agrega el Tribunal que si  producto de la fiscalización posterior que efectúa la SUNAT se detectan inconsistencias, la Administración se encuentra en la ineludible obligación de enmendar tal situación, a través de los mecanismos legales establecidos, y liquidar la deuda tributaria correctamente, así como imponer las sanciones que correspondan a fin de desincentivar este tipo de conductas.

Del mismo modo, el Tribunal resalta que si el contribuyente declara una menor deuda respecto de la que le corresponde, tiene que necesariamente hacerse responsable de asumir no sólo la deuda no cancelada oportunamente , sino de las sanciones y los intereses que correspondan.  Inclusive el Tribunal da cuenta que lo declarado en su momento por el contribuyente se presume válido en la medida que se presume la buena fe del declarante.

Consecuentemente el Tribunal concluye que no resulta atendible y carece de asidero la solicitud del contribuyente respecto a que se deje sin efectos la resolución de ejecución coactiva y que se le inaplique la obligación de pagar los intereses moratorios, dado que estos se han vuelto  exorbitantemente elevados, por cuanto es evidente que las acotaciones realizadas por la Administración Tributaria fueron realizadas respecto de los ejercicios 1999 y 2000, esto es, hace más de catorce años ( la sentencia indica “hace más de 10 años”). Además el Tribunal indica que los intereses generados no afectan el contenido constitucionalmente protegido de ningún derecho fundamental pues tales intereses, conforme ha sido expuesto, son consecuencia de que la deuda tributaria no fue pagada en su debido momento.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03184-2012-AA.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

I Foro Virtual 2014 Fiscalización Tributaria 16 y 17 de mayo 2014

Cusco Perú 2014 Alan Emilio

Cusco Perú 2014 Alan Emilio

Nuestros amigos de Club de Contadores  organizan un megaevento con alcance a nivel nacional que permitirá abordar desde cualquier lugar del país desde la comodidad de vuestros hogares y centros de labores, e inclusive del extranjero por Internet, diversos campos relativos a la fiscalización tributaria que lleva a cabo la Administración, proponiendo soluciones, recomendaciones y mecanismos proactivos dentro del marco empresarial.

 

“Como Me Inscribo al Evento”

Paso 1 .- Descargar la ficha de inscripción

Paso 2 .- Llenar la ficha  y enviar al correo info@clubdecontadores.com

Paso 3 -. Enviar el voucher de pago al correo info@clubdecontadores.com

El depósito bancario se debe realizar a nombre de CONTADOR TRIBUTARIO S.A.C Banco de Crédito CUENTA CORRIENTE SOLES: 191-2013414014. Posteriormente Enviar vía email a info@clubdecontadores.com , el Voucher de depósito con su respectiva ficha de inscripción.

Paso 4.-  Confirmar mediante correo la recepción de la factura o boleta

Paso 5.- Asistir al evento.

Paso 6.- Estará listo para afrontar a un fiscalización tributaria.

Temario y Expositores: 

16 de mayo (09:00 am a 11:00 am). Auditoria Tributaria

(CPCC Ruben del Rosario Goytizolo), Objetivos, normas y procedimientos: El objetivo de este Teleseminario es  identificar la existencia de contingencias y valorar su importancia económica, a partir de una evaluación de cumplimiento de las diversas obligaciones tributarias.

16 de mayo (11:00 am a 01:00 pm) . Fiscalización  y Determinación sobre base presunta de las cuentas del activo disponible, exigible y fijo

(CPCC Javier Laguna Caballero)El objetivo de este Teleseminario es la Verificación de la correcta valoración y contabilización del disponible, de las transacciones que dan lugar a cobros y pagos, Toma de arqueos de caja. Verificar el correcto tratamiento de la cantidad que aparece en el balance de situación que sirve para justificar los registros contables y Determinar la autenticidad de los derechos adquiridos que se presentan en el Balance y que estos tengan su origen en operaciones declaradas a la administración tributaria.

16 de mayo (02:00 pm a 04:00 pm). Fiscalización del Impuesto a la Renta de las cuentas del pasivo y del patrimonio

(CPCC Carmela Macuri Mendoza)El Objetivo de esta sesión es la correcta Verificación de la razonabilidad de los importes que representen endeudamientos contraídos con terceros, Verificar que las deudas tributarias sean íntegramente declaradas y derivadas de operaciones comerciales de la empresa, verificar la razonabilidad de las deudas por Remuneraciones, Beneficios Sociales y Participaciones por pagar.  Verificar el adecuado tratamiento  con efecto tributario de la emisión y aumento de capital, Verificar el adecuado tratamiento con efecto tributario de la distribución de utilidades, de las reservas y capitalización de reservas, de las reducciones de capital y de la separación de socios y verificar el adecuado tratamiento con efecto tributario de la disolución de sociedades.

16 de mayo (04:00 pm a 06:00 pm). Fiscalización del Impuesto a la Renta –  Ingresos

(Dr. CPCC Juan Daniel Davila del Castillo): El objetivo de esta sesión es Verificar que los ingresos declarados correspondan a todos los ingresos realizados durante el ejercicio de acuerdo a las normas tributarias, Verificar si los ingresos declarados se encuentran valorizados de acuerdo a las normas tributarias.

17 de mayo (09:00 am a 11:00 am). Fiscalización del Impuesto a la Renta –

Gastos (CPCC Víctor Vargas Calderón): El objetivo de esta sesión es verificar si las compras y los gastos guardan relación directa con la generación de la Renta o con el mantenimiento de la fuente y si corresponden al periodo en revisión y su adecuado tratamiento tributario, Determinar que las remuneraciones por pagar existentes e incurridas en el periodo correspondan a obligaciones reales, así como verificar el adecuado cumplimiento de la retención de quinta categoría.

17 de mayo (11:00 am a 01:00 pm) Fiscalización del IGV – Régimen general

(CPCC Oswaldo Barrera Benavides): Determinar etapas en las cuales se desarrolla la generación del Valor Agregado y el Valor de Mercado, Ámbito de aplicación del IGV, nacimiento de la obligación tributaria, operaciones grabadas y no grabadas, operaciones no reales, la debida acreditación de las Operaciones en el IGV.

17 de mayo (02:00 pm a 04:00 pm). Fiscalización del IGV: Detracciones, retenciones y percepciones

(Dr. Alan Emilio Matos Barzola): Aplicación del SPOT a las operaciones de servicios, Análisis de los servicios Comprendidos o no en el SPOT, análisis de la naturaleza de los servicios y aplicación del SPOT: Criterios Vertidos de la SUNAT.

17 de mayo (04:00 pm a 06:00 pm). Determinación de la obligación tributaria

(Dr. Miltón Alvarez Eguiluz). Infracciones tributarias, multas e intereses moratorios.

http://fiscalizaciontributaria.com/detalles/

Telefono: 01-3768080

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¡ ESCÁNDALO ! Sentencia emitida en el Exp. 04617-2012-PA/TC Tribunal Constitucional dispone que Panamericana Televisión SA no pague deuda tributaria de S/.117´443,707 y culpa al Poder Judicial y a la SUNAT

Alan Emilio en Nuevo Chimbote 2014

Alan Emilio en Nuevo Chimbote 2014

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Muchas personas dicen que se puede perdonar el pecado “pero no el escándalo“. Mediante Sentencia de fecha 12 de marzo del 2014, pero publicada recién hace instantes en el portal web del Tribunal Constitucional, dicho ente ha resuelto el Exp. N° 04617-2012-PA/TC en el proceso de amparo interpuesto por Panamericana Televisión SA.

Según se puede apreciar en el texto de la referida sentencia, con fecha 25 de mayo del 2011, Panamericana Televisión SA interpuso demanda de amparo contra la SUNAT solicitando que se declare inexigible la deuda tributaria acumulada durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero del 2003 y el 08 de junio del 2009. Las alegaciones de dicho ente empresarial se basan en su derecho a fundar medios de comunicación, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, su derecho a la propiedad y a la empresa, entre otros cuestionamientos de defensa.

En primera instancia constitucional, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda estimando que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. (En este portal web de contenido académico saludamos lo que a su turno resolvió el Poder Judicial).

En segunda instancia constitucional, la Séptima Sala  Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada estimando que de lo expuesto no se aprecia la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales que comprometa seriamente su contenido constitucional protegido.  (En este portal web de contenido académico también saludamos lo que a su turno resolvió la Sala Civil).

Vía Recurso de Agravio Constitucional y con los Votos de los Magistrados Mesías Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda se da cuenta que la magistratura constitucional no sólo debe centrarse en ejercer únicamente un control de constitucionalidad, sino que se encuentran en la obligación de ejercer un control de convencionalidad, es decir, la potestad jurisdiccional que tienen los jueces locales y la jurisdicción supranacional para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens, y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se cita los casos resueltos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como los votos concurrentes del Juez Sergio García Ramírez los casos Myrna Mack Chang vs Guatemala, Tibi vs Ecuador, López Álvarez vs Honduras, Vargas Areco vs Paraguay, Penal Miguel Castro Castro vs Perú, la Sentencia emitida en el caso Almonacid Arellano vs Chile, la Sentencia emitida en el caso Trabajadores cesados del Congreso vs Perú, la Sentencia emitida en el caso Boyce y otros vs Barbados, Sentencia emitida en el caso Heliodoro Portugal vs Panamá.

Cuando arriba al análisis del caso concreto, en el fundamento 15 de la sentencia el Tribunal Constitucional indica que un embargo en forma de administración de bienes supone asumir la representación y gestión de una empresa por el Órgano de Auxilio, es decir, por el Administrador, quién es designado por el Juez y es a quién representa.

En el fundamento 16 de la sentencia el Tribunal indica que dentro de las obligaciones del administrador se encuentra la de pagar los tributos (numeral 4 del artículo 671 del Código Procesal Civil), agregado pero qué sucede cuando el administrador deja de cumplir con las obligaciones tributarias a las que está obligado durante el tiempo que dura su administración. Acaso una vez terminada  su administración, los propietarios de la empresa, a quienes se le despojó de la administración de la misma tienen que soportar los malos manejos de un mal administrador que fue designado por el juez”.

En el fundamento 20 de la sentencia el Tribunal Constitucional con los Votos de los Magistrados Mesías Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda indica:

“20. Siguiendo lo expresado por la Corte IDH (Interamericana de Derechos Humanos), en el presente caso, se advierte que la demandante (Panamericana Televisión SA) tiene una deuda de carácter tributario exorbitante. Al respecto, no puede soslayarse que si la deuda se ha incrementado exponencialmente ello obedece a que, dolosamente, la gestión anterior dejó de honrarlas. No debemos olvidar que la gestión anterior estaba en manos de Genaro Delgado Parker que fue el administrador judicial designado por el Estado peruano, a través de su Poder Judicial, es decir, Genaro Delgado Parker fue designado por un juezs de la república, a quién representaba, para administrar diligentemente Panamericana Televisión SA, lo que no ha ocurrido. Entonces, el propio Estado también es responsable de dicho incremento, no sólo porque ha sido la propia desidia de la Administración Tributaria la que ha permitido que la deuda se haya incrementado; pues, pese a tener las herramientas necesarias oara cobrar tales tributos, no las utilizó en su momento.

Si la actora se ha visto inmersa en tal nivel de endeudamiento con el fisco, es precisamente por la actuación del propio Estado. De ahí que, pretender cobrar la totalidad de la deuda de la actual gestión sin considerar tal situación resulta arbitrario.” 

El fundamento 22 de esta sentencia el Tribunal Constitucional arriba a una reflexión bien discutible desde cualquier punto de vista:

22. Por ello, sorprende la pasividad de la SUNAT en fiscalizar y ejecutar dicha deuda a Panamericana Televisión cuando estuvo adminsitrada por Genaro Delgado Parker. Por más discrecionales que sean sus facultades, éstas no pueden amparar el tratamiento exageradamente permisivo con que ha sido tratada la empresa mientras estuvo gestionada por la administración anterior”.

Seguidamente en el fundamento 23 el Tribunal Constitucional equipara la deuda tributaria a una sanción anómala (criterio que no compartimos en este espacio web de contenido académico):

23. Aunque los tributos no pueden ser entendidos como sanciones, en las actuales circunstancias, imputar íntegramente la deuda tributaria dejada de pagar al grupo económico perjudicado con dicha suerte de  expropiación judicial es, en nueba cuenta, una medida carente de racionalidad y, en la prática, una sanción anómala que termina por vulnerar el derecho de propiedad de la recurrente y que este colegiado se encuentra en la obligación de proteger“.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional con los Votos de los Magistrados Mesías Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda resolvió  declarar fundada la demanda y, en consecuencia declarar inexigible a la actora la deuda tributaria generada entre el 24 de febrero del 2003 y el 08 de junio del 2009.

Conviene indicar que en esta oportunidad el Magistrado Urviola Hani votó porque se declare IMPROCEDENTE esta demanda principalmente porque fue la persona jurídica Panamericana Televisión SA la que generó los hechos económicos (y no de las personas naturales que actualmente administran dicha empresa) que sirvieron de marco de referencia para la imposición de las obligaciones tributarias cuestionadas. Discrepa Urviola Hani con lo expuesto en la ponencia según la cual existe una equiparación entre los hechos del presente caso y lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ivcher Bronstein vs Perú, por cuanto hay diferencias sustanciales entre lo planteado en el presente caso y lo resuelto por la Corte Interamericana, tanto en lo que respecta a los sujetos involucrados como víctimas de un supuesto acto lesivo de derechos fundamentales como a la naturaleza mismade los hechos identificadoscomo actos lesivos de los derechos invocados.

A su turno, el Magistrado Vergara Gotelli votó porque se declare IMPROCEDENTE esta demanda puesto que en el procedimiento concursal preventivo seguido ante el Indecopi e iniciado por la ahora demandante, se reconoce la deuda tributaria, y posteriormente en el acuerdo global de refinanciación de Panamericana Televisión SA (mayo del 2011) también se reconoce tal deuda tributaria y mecanismos de pago, por lo que se está frente a un evidente caso de consentimiento por parte de la demandante de lo que ahora alega como una vulneración de sus derechos fundamentales. Coincice con el Voto del Magistrado Urviola Hani en cuanto a que la deuda tributaria le corresponde a la persona jurídica y no a los miembros de la administración de la empresa.

En este portal web de contenido académico no compartimos lo resuelto en esta oportunidad por el Tribunal Constitucional , toda vez que la deuda tributaria jamás puede ser equiparable a una especie de sanción anómala, es inclusive deja abierta una nueva forma de eludir obligaciones tributarias. No duden que muchas personas (si ya saben a quienes me refiero) están elucrubrando formas de como plantear sus alegaciones en diversas sedes, y debe ser tomado con bastante atención por parte de la SUNAT, a quién recomendamos reordenar muchas áreas, y no caer en el juego de algunos interesados que tienen miedo (y les tiembla la mano derecha) cuando se les demuestra que sus alegatos no tienen sustento ni fundamento.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04617-2012-AA.pdf

PD: Lo justo es que al abogado de Panamericana le caiga unos buenos “honorarios de éxito”, puesto que ya sería el colmo que no le quieran pagar también a él.

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Resolución RTF 18558-9-2013 Aplicación de la NIC 16 para dirimir si adquisiciones de bienes califican como activos o como gastos corrientes

Alan Emilio en Chimbote 2014

Alan Emilio en Chimbote 2014

Mediante Resolución RTF 18558-9-2013, de fecha 13 de diciembre del 2013, se resuelven diversas controversias en torno a la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2002.

En dicha ocasión, la Administración reparó, entre otros puntos, las adquisiciones de bienes (transformador, esquineros, etc., videograbadora profesional,máquina cortadora y tolva) que califican como activo y no como gastos por la suma de S/.16,264. Sobre el particular la Sala 9 toma en consideración que el inciso e) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta establecía que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente.

Seguidamente la sala 9 indica que de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, los inmuebles, maquinarias y equipo son activos tangibles que posee una empresa para ser utilizados en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser alquilados a terceros con ropósitos administrativos, y que se espera usarlos durante más de un periodo; añadiéndose que éstos deben ser materia de depreciación a efecto de reflejar su consumo y en función a la vida útil esperada, considerando que por dicho consumo se refleja el desglose físico y otros factores que afectan a los bienes, como la obsolescencia técnica y el deterioro.

En el Resultado del Requerimiento, la Administración dejó constancia que reparó las adquisiciones de bienes contenidas en las citadas facturas, dado que por su propia naturaleza y de acuerdo con la NIC 16 califican como activo y no como gasto de acuerdo con los siguientes criterios: Existe la probabilidad de que fluyan a la empresa futuros beneficios económicos asociados con el activo y su costo puede ser determinado confiablemente, sustentándose en el inciso e) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Concluye la Sala 9 que las adquisiciones califican como activos, por lo que no correspondía que fueran deducidas como gasto sino debieron formar parte del activo, por lo que el reparo se encuentra arreglado a ley, correspondiendo mantenerlo y confirmar la apelada en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Resolución de Observancia Obligatoria 04336-9-2014 sobre configuración de la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario

Alan Emilio en Chimbote 2014

Alan Emilio en Chimbote 2014

Mediante Resolución RTF 04336-9-2014, de fecha 03 de abril del 2014, la Sala 9 del Tribunal Fiscal propone un nuevo acuerdo de observancia obligatoria que dirime la configuración de la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario.

Conviene tener en cuenta que en dicho caso, mediante Acta Probatoria se dejó constancia que una fedataria de SUNAT intervino el estableciemiento de un contribuyente en La Molina y solicitó un servicio de lavado de un chal y un chaleco, por el cual efectuó un pago a cuenta de S/.20 sin que se le hiciera entrega del respectivo comprobante de pago que acreditara la operación efectuada, a pesar de haber esperado en el establecimiento para tal efecto, procediendo a retirarse para luego regresar, identificarse como fedatari9a fiscalizadora y comunicar la infracción cometida prevista porel numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario.

La Sala 9 del Tribunal Fiscal advierte que si bien la fedataria señaló que no se le otorgó el comprobante de pago que acreditara la operación realizada, y al mismo tiempo en el rubro observación del acta probatoria se indicó que “se adjunta documento entregado N° 001-006010 no autorizado por SUNAT para el sujeto intervenido (R.S.156-2013/SUNAT)” , es decir, que el contribuyente habría emitido un documento que si bien no reúne los requisitos y características para ser considerado como comprobante de pago, con la modificación prevista por la Resolución de Superintendencia N° 156-2013-SUNAT, al no tener la auotirzación de la SUNAT, se considera como inexistente, por lo que a criterio de la Sala 9 corresponde determinar si se incurre en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 174 o la prevista en el numeral 2 del citado artículo 174, al haberse entregado a la fedataria un documento que no estaba autorizado por la SUNAT.

Bajo dicho contexto, mediante Acuerdo de Sala Plena contenido en el Acta de Reunión N° 2014-03 del 28 de marzo del 2014 se acuerda el siguiente criterio de observancia obligatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código Tributario:

Se incurre en la infracción tipificada por el numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario si se entrega un documento que no se encuentra previsto por el artículo 2 del Reglamento de Comprobantes de Pago o si estando contemplado en dicho artículo no cumple con los requisitos y características establecidas en el referido reglamento o no cuenta con la autorización para la impresión o importación de la SUNAT, debiendo inaplicarse la Resolución de Superintendencia N° 156-2013-SUNAT cuando sustituye el artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de Pago, en cuanto se refiere a que existe comprobante si su impresión y/o importación ha sido autorizada por la SUNAT conforme al procedimiento señalado en el citado numeral y que la inobservancia de ello acarreará la configuración de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario“.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Ley 30179 Modifica el artículo 2001 del Código Civil sobre los plazos de prescripción extintiva de la acción

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Ley 30179, Ley que modifica el artículo 2001 del Código Civil

Artículo Único.– Modificación del inciso 4 y adición del inciso 5 al artículo 2001 del Código Civil, en los términos siguientes:

“Artículo 2001.- Plazos de prescripción

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

(…)

4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.”

Mediante Ley 30179 ,  publicada el domingo 06 de abril del 2014, en el Diario Oficial El Peruano, se modifica el artículo 2001 del Código Civil, específicamente modificando su inciso 4 y adicionando un nuevo inciso 5, principalmente aumentando a l0s quince años la prescripción de la acción que proviene de pensión alimenticia.

Conviene tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1989 del Código Civil que regula la prescripción extintiva, la prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo. Además el artículo 2000 establece que sólo la ley puede fijar los plazos de prescripción.

Con la vigencia de la Ley Nº 30179, el citado artículo 2001 quedaría redactado de la siguiente forma:

Plazos de prescripción

Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable

 

Seminario en Cusco 03 de mayo 2014 ¿Cómo afrontar una fiscalización tributaria de la SUNAT?. Recomendaciones y criterios para evitar contingencias

Alan Emilio en Cusco

Alan Emilio en Cusco

Seminario en Cusco ¿Cómo afrontar una fiscalización tributaria de la SUNAT?. Recomendaciones y criterios para evitar contingencias

SÁBADO 03 DE MAYO 2014

Gracias a todos ustedes amigos en Cusco el evento ha sido un éxito, y las preguntas también muy precisas, un gran abrazo a todos

Lugar del evento en Cusco: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU (Cusco) Urb. Larapa A-1, San Jerónimo – Cusco

Informes e inscripciones en Cusco: PROMDEC EIRL RPM:    #973872977 / #984006777
E-mailpromdec_cusco@outlook.com

Temario:

1. Sobre la nueva fiscalizaciòn tributaria que desarrollarà SUNAT a partir del 2014.

2. Formalidades observadas por la Administración Tributaria, y prevenciones empresariales. Jurisprudencia en torno a casos reales, y su gestión

3. Análisis y diagnóstico de las contingencias que pueden ser detectadas por la SUNAT, a partir del análisis de los distintos rubros contables que componen los Estados Financieros de la Empresa.

4. Análisis de los gastos y/o costos cuando califican como tal, en mérito al principio de Causalidad y los Criterios de Razonabilidad y Generalidad

5. Determinación sobre base cierta y base presunta. Causales y casos controversiales.

6. ¿La SUNAT podría presumir lavado de activos en caso existan inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos realizados a través del sistema financiero bancario?

7. Guìas de remisiòn. Casos controversiales

8. Dividendos presuntos

9. Fiscalización de operaciones entre partes vinculadas nacionales

10. Fiscalización de operaciones vinculadas a aspectos laborales, aportaciones, participación de los trabajadores, vacaciones, gratificaciones, entre otros.

Expositor: Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Experiencia en casos relacionados al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Tributación de actividades de minería, petróleo, energía, instrumentos financieros derivados, tributación bancaria, Amazonía, entre otros temas, habiendo gestionado diversos casos exitosos a nivel nacional.

Docente del Diplomado en Tributación del Colegio de Contadores Públicos de Piura, y del Diplomado en Tributación de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y, de diversos diplomados organizados por el Instituto Inedi en Ica.

Docente de la Maestría en Contabilidad en la Universidad Nacional de Piura, en el Programa de Especialización en Tributación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo en Huaraz.

Ha sido asesor tributario contable en Gaceta Jurídica-Contadores & Empresas, Caballero Bustamante y Revista Actualidad Empresarial; asimismo, asesor tributario del Estudio Navarro, Ferrero & Pazos Abogados. Expositor permanente en cursos, seminarios y congresos sobre temas de su especialidad a nivel nacional.

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