Jurisprudencia Tributaria 2016 de la Corte Suprema Chilena: Contribuyentes deben acompañar “SI” o “SI” elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa

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Alan Emilio en Tacna. 2017

Fallo : 21.372-2015.-
Siete de julio de dos mil dieciséis.
Segunda Sala

MATERIAS:

– RECLAMACIÓN TRIBUTARIA CONTRA LIQUIDACIONES POR CONCEPTO DE IVA Y REINTEGRO, RECHAZADA.-
– HECHO QUE GIRO DE RECLAMANTE DECLARADO ANTE EL SERVICIO SEA ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER, CONSTITUYE HECHO NO ASENTADO POR JUECES DE FONDO.-
– MERA CONSIGNACIÓN DEL GIRO ANTE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS NO SATISFACE EXTREMO QUE ARTÍCULO 23 N° 4 DEL DL 825 DEMANDA PARA TENER DERECHO A CRÉDITO FISCAL EN ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES, STATION WAGON Y SIMILARES, RELATIVO A QUE ACTIVIDAD HABITUAL DE CONTRIBUYENTE SEA LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE DICHOS BIENES.-
– NORMA QUE DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL EN ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES REQUIERE QUE SE EJERZA REALMENTE GIRO DECLARADO, CIRCUNSTANCIA QUE SENTENCIA IMPUGNADA NO HA TENIDO POR CIERTA Y QUE CORRESPONDÍA A CONTRIBUYENTE DEMOSTRAR.-
– RECURRENTE OMITE DENUNCIAR INFRACCIÓN A NORMAS REGULADORAS DE PRUEBA QUE PERMITAN ALTERAR CONCLUSIÓN ARRIBADA POR JUECES DE FONDO.-
– FALTA DE ACREDITACIÓN DE VERDADERO GIRO ALEGADO POR RECURRENTE IMPIDE CONSIDERAR QUE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS PASEN A FORMAR PARTE DEL ACTIVO FIJO DE CONTRIBUYENTE PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD.-
– RECLAMANTE INCUMPLE CON REQUISITO DE DEMOSTRAR QUE SU GIRO HABITUAL ES ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES, STATION WAGONS Y SIMILARES PARA PODER DEDUCIR DE RENTA BRUTA GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN A DICHOS VEHÍCULOS, DESCARTÁNDOSE INFRACCIÓN AL RECHAZARSE DEDUCCIÓN COMO GASTO DE CUOTA DE DEPRECIACIÓN ANUAL POR ESOS BIENES.-

RECURSOS:

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO TRIBUTARIO (RECHAZADO).-

TEXTOS LEGALES:

CÓDIGO TRIBUTARIO, ARTÍCULO 21.-
DECRETO LEY Nº 825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS, ARTÍCULOS 8 LETRA M) Y 23 N°S 1 Y 4.-
DECRETO LEY Nº 824, FIJA TEXTO QUE INDICA DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, ARTÍCULO 31 INCISO 1° Y N° 5.-

JURISPRUDENCIA:

“Que como se ha expuesto, el arbitrio en estudio se sustenta básicamente en el hecho de que uno de los giros de la reclamante es el de arriendo de autos y camionetas sin chofer, de lo que se derivaría que los vehículos adquiridos y cuestionados por el Servicio, pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante y, por ende, de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, ésta tiene derecho al crédito fiscal recargado en las facturas de compra, no obstante la falta de habitualidad en esa actividad de arriendo que sólo aparentemente demandaría el N° 4 del mismo artículo 23.

Pues bien, una atenta lectura del fallo atacado demuestra que éste no asienta que el giro de la reclamante, o uno de ellos, sea el de alquiler de autos y camionetas sin chofer, ni siquiera que sea el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, huelga señalar, la mera consignación de un giro ante ese organismo no satisface el extremo que el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 demanda para tener derecho a crédito fiscal en la adquisición de “automóviles, station wagons y similares”, esto es, que el giro o actividad habitual del contribuyente “sea” la venta o el arrendamiento de dichos bienes. Es decir, la norma, con claridad meridiana, demanda ejercer realmente el giro declarado, circunstancia que la sentencia no ha tenido por cierta y que correspondía a la contribuyente demostrar conforme al artículo 21 del Código Tributario, sin que, en ese orden, en el recurso se arguya que a tal conclusión se arribó por los jueces de la instancia con infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterarla en esta sede de casación.

Así entonces, al no tenerse por cierto un ejercicio verdadero del giro alegado en el recurso, no ha podido considerarse que los vehículos pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante con el objeto de desarrollar esa actividad y, por consiguiente, no ha errado el fallo en estudio en la aplicación del artículo 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825 al confirmar las liquidaciones reclamadas que rechazan el crédito fiscal por la adquisición de esos móviles.

El aserto anterior, hace innecesario ahondar en las otras infracciones alegadas a las demás normas del D.L. N° 825 y su reglamento, relativas a la “habitualidad” del alquiler de los vehículos cuya destinación al giro de la reclamante se objetó, sin perjuicio de compartir esta Corte lo razonado por la sentencia en examen en su motivo 8° sobre este asunto. Por lo dicho resulta igualmente innecesario el estudio de lo concerniente al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, al basarse este precepto en el mismo supuesto que aquí no se ha dado por concurrente, a saber, que los bienes corporales muebles vendidos formen parte del activo fijo de la empresa.

Finalmente, necesario corolario de lo que se ha venido discurriendo, al no demostrarse que el “giro habitual” de la reclamante es la “adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares”, requisito que el artículo 31, inciso 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta impone para poder deducir de la renta bruta los gastos incurridos en relación a ese tipo de vehículos, no cabe sino descartar la infracción por la sentencia del artículo 31 N° 5 del mismo texto por confirmar las liquidaciones en cuanto éstas rechazan la deducción como gasto de la cuota de depreciación anual por esos bienes.” (Corte Suprema, considerando 3º).

“Que, atendido lo que se ha venido razonando y por no haberse demostrado los errores de derecho denunciados con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.” (Corte Suprema, considerando 4º).

MINISTROS:

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Juan Eduardo Fuentes B., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Jaime Rodríguez E.

TEXTOS COMPLETOS: 

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:

      Concepción, uno de septiembre de dos mil quince.

      VISTO:

      Se reproduce la sentencia en alzada, excepto los considerandos Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Noveno, que se eliminan.

      Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

      A fojas 144 y siguientes el Juez Titular del Tribunal Tributario y Aduanero ha dictado sentencia definitiva en la presente causa sobre procedimiento General de reclamación, MAQUINARIAS LILLO LTDA. CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, RUC 14-9-000092-4, en la que no se acoge la reclamación, en cuanto a la trasgresión de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, según lo considerado en los motivos séptimo y siguientes. Así también en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario, según lo expresado en la reflexión novena. Del mismo modo, el supuesto incumplimiento de las normas de la Ley N° 18.320, según lo señalado en el motivo Décimo. Igualmente no se acoge en cuanto a lo relacionado con el incumplimiento al artículo 24 del Código Tributario, conforme lo consignado en los motivos primero y segundo de la presente sentencia. Tampoco se acoge la reclamación en lo relativo a que, el rechazo del crédito fiscal IVA carecía de fundamentación legal de acuerdo a lo que se dijo en el considerando Décimo Segundo.

      En el acápite II de lo resolutivo se decide que se acoge la reclamación interpuesta en contra de las liquidaciones signadas con los números del 61 al 68 de fecha 4 de febrero de 2014, efectuada por el Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional, en el sentido de “eliminar la deducción del rechazo del Crédito Fiscal IVA de los vehículos adquiridos y de su rechazo de la cuota de depreciación”, lo que se señala en los motivos décimo tercero y siguientes.

      Se decide que en consecuencia se dejan sin efecto las liquidaciones de los N°s 61 al 68.

      Finalmente y respecto a las costas, no se da lugar a ellas por cuanto tuvo razones o motivos plausibles para litigar.

      A fojas 159, la parte del Servicio de Impuestos Internos deduce recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva del Titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, escrita a fojas 144, con el objeto que la Corte de Apelaciones de Concepción conozca del recurso, lo declare admisible, revoque la sentencia recurrida, todo ello con expresa condenación en costas, resolviendo que no se hace lugar a ella y se deseche el reclamo interpuesto en esta causa.

      Explica que el SII practicó las liquidaciones N°s. 61 a 68, todas de fecha 04.02.2014, por los siguientes conceptos:

      Diferencia de impuesto al valor agregado debido a la utilización de crédito fiscal, respaldado con facturas que dan cuenta de la adquisición de vehículos, que, por expresa disposición de la ley, no daría derecho a crédito fiscal y que no está destinada a su giro habitual y,

      Diferencia de impuesto a la renta por deducción como gasto de la cuota anual de depreciación de dichos bienes, en circunstancias que no cumplen los requisitos para ello.

      Se tratará de seis móviles adquiridos con las facturas 35616 de 22 de enero de 2011; 2290145, de fecha 14 de agosto de 2011; 6417, de 31 de octubre de 2011; 6852 de enero de 212; 5853 de 31 de noviembre de 2012; 3585 de junio de 2012. La primera corresponde a la compra de una cuadrimoto marca polaris; la segunda a un Station Wagon 2012 Modelo New H1; la tercera y cuarta factura corresponden a compras de una cuadrimoto y un cuadriciclo. Al igual que la quinta que da cuenta de la adquisición de un cuadriciclo Comander año 2012¸ y finalmente la última da cuenta de la compra de un vehículo marca Jeep Land Rover Evoque de 2012.

      Agrega, la apelante que en el juicio sostuvo que las liquidaciones cumplían todas las exigencias legales y que el artículo 41 de la Ley N° 19.880 no es aplicable al presente caso; que también expresó que no se han vulnerado los artículos 21 y 24 del Código Tributario y que, por expresa disposición de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, artículo 23 N° 4, no procedía en este caso el crédito fiscal por la adquisición de cuadrimotos y Station Wagon, pues estas especies no fueron destinadas al giro habitual del contribuyente y la ley los prohíbe expresamente. Señala que tampoco constituyen un gasto necesario para producir la renta en los términos que exige el artículo 31, inciso 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, dice que el reclamo se ha acogido por dos razones que el Sr. Juez ha tenido en cuenta, primero: El contribuyente estaba habilitado para incorporar los vehículos a su activo fijo ya que había declarado el giro “Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer” y en la venta de dichos vehículos recargó el impuesto al valor agregado, emitiendo la correspondiente factura afecta. Segunda razón abordada por el Sr. Juez fallador: Los gastos por depreciación cumplen con los requisitos para ser deducidos como gasto necesario para producir renta, por ser bienes del activo fijo o inmovilizado, según su propia naturaleza.

      Más adelante la recurrente intenta desvirtuar los fundamentos de la sentencia respecto de los dos puntos señalados expresando que el artículo 24 N° 4 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios establece expresamente que no darán derecho a crédito fiscal las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagon o similares y de los accesorios, repuestos y lubricantes de éstos que gocen de cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso 1° del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta.

      Expresa también que el sentenciador ha privilegiado el ánimo que tuvo el adquirente para comprar determinados bienes según lo expresa en la reflexión décimo sexta, no obstante que el legislador ha exigido como requisito la habitualidad, que es calificada por el propio servicio conforme a los elementos de naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas, elementos que le sirven para calificar el “ánimo” que guió al contribuyente a adquirir los bienes muebles, sea para el uso o consumo o para la reventa, lo que se consigna en el artículo 4 del DS 55. Afirma, que para los efectos de la procedencia del crédito fiscal IVA, este ánimo se orienta a un fin distinto, el que será, que los bienes que se adquieren estén destinados a formar parte de su activo fijo o realizable, exigiendo, además, el legislador que se trate del “giro habitual” del contribuyente sea venta o arrendamiento de los bienes señalados, esto es, los móviles. El apelante invoca los artículos 41 del Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en cuanto se entendería que se trata de bienes que siendo incorporados a la empresa no son parte del giro de ésta. Asimismo, expresa que la Circular del Servicio N° 130, que establece que los contribuyentes afectos a IVA no tendrán derecho a crédito fiscal por la adquisición de vehículos aún cuando formen parte de activo fijo, por estimar que la naturaleza de dichas operaciones no guardan relación directa con el giro o actividad habitual por tener fines diferentes o ajenos a la actividad o industria respectiva. Por otra parte, de acuerdo a lo prevenido en DL. 825, el pago hecho por el contribuyente por arriendo de vehículos, no origina crédito fiscal desde que el N° 4 de la aludido norma rechazaría esta posibilidad al disponer que sólo genera crédito fiscal cuando se halla comprendido dentro del giro o actividad del contribuyente. Por lo que concluye que el solo ánimo no es suficiente para que dicho crédito opere.

      También sostiene la parte del Servicio que la sentencia adolece de errada valoración de la prueba, fundándose en que el Tribunal no fijó como hecho a probar si procedía o no gravar la venta de vehículos en el periodo posterior al que fue época de fiscalización, ello por encontrarse prohibido por la ley conforme ya se expresó y, porque además, no forman parte del giro habitual, Dice que el giro de venta de automóviles tiene código 501020, la venta de motocicletas código 504010; arrendamiento sin chofer tiene código 11102.

      Agrega que el contribuyente no tiene declarada actividad de venta de estas especies por lo que no sería posible estimar que queden comprendidos en la actividad o giro que el contribuyente ha declarado.

      Tampoco tiene giro habitual de venta o arriendo de vehículos, asunto que al sentenciador le mereció importante acreditar, lo que emana de la circunstancia de haber dictado una medida para mejor resolver en esa dirección. Sin embargo, como aparece del expediente, el reclamante no cumplió pues, no acompañó su libro de compras y ventas, lo que demuestra que no acreditó haber realizado la actividad que señala, esto es, arrendamiento de vehículos sin chofer. Todo lo anterior lo lleva a concluir que no es creíble que cinco vehículos distintos hubieran estado destinado a supervisar las faenas que desarrollaba la empresa, y para que se produzca el crédito fiscal, es necesario que los vehículos hayan sido parte del activo fijo de la empresa.

      A fojas 166, deduce recurso de apelación el contribuyente quien también tiene la calidad de parte reclamante ganadora en este litigio, y lo hace para que la Corte de Apelaciones modifique la sentencia definitiva de autos en la parte que no ha dado lugar a las costas, señalando que el Servicio de Impuestos Internos ha procedido a desconocer su derecho al crédito fiscal por la depreciación habiéndose cumplido con los requisitos del artículo 31 N° 5 del D.L. 824, por lo que no procedería eximirlo de las costas, especialmente porque la entidad fiscalizadora estaba en posesión de todos los antecedentes, de tal modo que no aparece que hubo motivo plausible para litigar.

      Y CONSIDERANDO:

      PRIMERO: Que, en el exordio la reclamante endereza su acción en contra de las liquidaciones de impuesto signadas con los números del 61 al 68, de fecha dos de febrero de dos mil catorce, efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, a fin que el Tribunal Tributario y Aduanero anule dichas liquidaciones y confirme las declaraciones presentadas por la reclamante y contribuyente Maquinarias Lillo Ltda., respecto de los Impuestos de Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta. La sentencia definitiva del Tribunal Aduanero y Tributario, acogió la reclamación en contra de las liquidaciones aludidas en el sentido de eliminar la deducción del reclamo del crédito del rechazo del Crédito Fiscal IVA de los vehículos adquiridos y de su rechazo de la cuota de depreciación.

      SEGUNDO: Que, los fundamentos del Tribunal Tributario y Aduanero dicen relación con el cuestionamiento que el Servicio de Impuestos Internos hace en contra las liquidaciones que rechazan el crédito fiscal IVA, respecto de las especies adquiridas, consistentes en vehículos diversos y cuyas facturas de compra rolan a fs. 58, 59, 60, 61 y 65, faltando la correspondiente a un Jeep Land Rover, que corresponde a la factura 3585 de doce de junio de dos mil doce. En total se trata de seis móviles adquiridos con las facturas 35616 de 22 de enero de 2011; 2290145, de fecha 14 de agosto de 2011; 6417, de 31 de octubre de 2011; 6852 de enero de 212; 5853 de 31 de noviembre de 2012; y 3585 de junio de 2012.

      La primera corresponde a la compra de una cuadrimoto marca Polaris; la segunda a un Station Wagon 2012 Modelo New H1; la tercera y cuarta factura corresponden a compras de una cuadrimoto y un cuadriciclo. Al igual que la quinta que da cuenta de la adquisición de un cuadriciclo Comander año 2012¸y finalmente la última da cuenta de la compra de un vehículo marca Jeep Land Rover Evoque de 2012.

      TERCERO: Que, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado durante el procedimiento de reclamo que mediante notificación efectuada el catorce de febrero de dos mil trece, que aportara la documentación de los periodos tributarios mensuales correspondientes de febrero de dos mil diez a enero de dos mil trece y de los años tributarios 2011 y 2012, a fin de proceder a realizar una correcta determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta, sin que el contribuyente diera cumplimiento a este requerimiento, debido a lo que pierde los beneficios de la Ley N° 18.320. Sostiene la parte del Servicio de Impuestos Internos que hubo un segundo requerimiento con fecha cinco de abril de dos mil trece, con igual suerte, aportando en definitiva el contribuyente, sólo una parte de la documentación requerida. En efecto, solo habría contestado la citación N° 83, afirma la entidad fiscalizadora confirmando lo que ya había declarado e impugnando dicha citación, expresando al mismo tiempo que los vehículos en cuestión fueron adquiridos para ser usados en el giro empresarial.

      CUARTO: Que, el Servicio ha rechazado el crédito fiscal y el gasto por la cuota de depreciación sosteniendo en general, que por las características y modelos de lo vehículos, no puede deducirse que estos hayan sido utilizados en el giro de la empresa de movimiento de tierras, desde, que se trata de vehículos destinados a la recreación como lo son las cuadrimotos y los cuadriciclos, y en el caso del jeep, se trataría de un vehículo de lujo. En consecuencia, no son idóneos para sostener que ellos constituyen un gasto para la empresa y en consecuencia no producen crédito fiscal, lo que sólo ocurriría en caso que el giro del contribuyente fuere venta o arrendamiento de automóviles”, hipótesis que no concurriría en la especie.

      QUINTO: Que, el Servicio de Impuestos Internos ha enfatizado que el contribuyente no tiene declarado giro de ventas de automóviles; ventas de motocicletas ni alquiler de otros equipos de transporte que operen por vías terrestre, ni que el giro habitual de la empresa sea venta o arriendo de vehículos. Por otra parte, sostiene también que el contribuyente nunca desarrolló el giro “Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer”, por lo que no es posible, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, considerar estas adquisiciones como gastos necesarios para producir la renta y otorgar Crédito Fiscal IVA por los vehículos adquiridos y por la cuota de depreciación.

      SEXTO: Que, para dilucidar este intríngulis jurídico los sentenciadores deben tener presente que el Código Tributario dispone normas de derecho estricto en el procedimiento relativo a la liquidación de los impuestos, desde que estas materias se encuentran bajo el prisma absoluto de la legalidad. En este sentido, la norma tributaria dispone en su artículo 21, que: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto”. En el caso de autos, se ha requerido por la entidad fiscalizadora al contribuyente a fin que presente los medios probatorios, especialmente documentales a fin de justificar que la adquisición de vehículos de recreación y de lujo eran indispensables para producir gastos en relación al giro de la empresa, que debemos recordar se refería al movimiento de tierra. La disposición obligaba al contribuyente a establecer la certeza que los vehículos efectivamente eran necesarios para realizar las actividades que el contribuyente señala, desde que, tratándose de vehículos de recreación y uno de lujo, no resultaba del todo creíble la forma y modo que eran utilizados por la empresa del contribuyente. No obstante dichos requerimientos, el reclamante y contribuyente omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 21 del Código Tributario, lo que lleva a concluir desde ya, que erró el a quo al resolver como lo hizo, pues, ni en la parte administrativa y tampoco en la judicial, el reclamante acompañó elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa en los actos de fiscalización, control y vigilancia de las faenas que la empresa realizaba.

      SÉPTIMO: Que, a su vez, la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, expresa en lo relativo al Crédito Fiscal, en su artículo 23: “Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes: 1°.- Dicho crédito será equivalente al impuesto de este Título recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo período. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente dará derecho a crédito el impuesto de este Título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o promesa de venta de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°.” Es decir, para que el contribuyente acceda al Crédito Fiscal es necesario que las operaciones, en el caso de autos sobre los vehículos singularizados, formen parte del Activo Realizable o Activo Fijo, por lo que no se entiende y el contribuyente no lo acreditó, que una empresa cuyo giro es de movimiento de tierras, pudiera tener como Activo Realizable o Activo Fijo, un jeep modelo Evoque, de lujo y una variedad de vehículos menores propios de las actividades recreativas, razones que también conducen a los sentenciadores a estimar que en la apreciación de los hechos el Tribunal Tributario y Aduanero, ha incurrido en un error, al darle a dichos móviles destinos que no corresponden a la naturaleza del giro de la empresa que los adquiere, destino que tampoco fue acreditado en lo administrativo ni en el presente estadio procesal.

      OCTAVO: Que, en este mismo orden de ideas los sentenciadores deben tener presente que la ley sobre Impuesto al Valor Agregado en su artículo 4°, expresa: “No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o el arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”. Claramente, se observa la regla general sobre la materia y la excepción a ella, que se precisa en la situación que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. Ahora bien, para acreditar la habitualidad el legislador tributario lo describe en el Decreto Supremo 55, reglamentario de la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado IVA, en su artículo 4, cuando expresa que para calificar la habitualidad, el Servicio considerará la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas de los bienes corporales muebles de que se trate, y con estos antecedentes determinará si el ánimo que guió al contribuyente fue adquirirlos para su uso, consumo o para la reventa. Debiendo concluir, esta Corte, que el contribuyente no estableció ninguno de los elementos de la habitualidad. En el caso de auto se observa una franciscana orfandad de probanzas al respecto.

      NOVENO: Que, esta Corte, conforme a lo expresado disiente de la afirmación del a quo en el sentido que el ánimo del contribuyente fue arrendar los vehículos y no revenderlos, circunstancia que le permite utilizar el crédito fiscal IVA, producido por las adquisiciones de Activo Fijo, conforme lo dispone el artículo 40 del D.S. N° 55, reglamentario de la Ley de Impuesto Agregado, IVA, pues, dicha hipótesis se opone a lo señalado en el artículo 23 de la ley de Impuesto al Valor Agregado sobre Bienes y Servicios, que señala textualmente en su numeral 4): “No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisición de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

      Por otra parte, como también se expresó precedentemente, el contribuyente, no acreditó la circunstancia de excepción señalada en esta misma disposición, es decir, “salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes”.

      DÉCIMO: Que, así las cosas, este Tribunal de Alzada no ha adquirido el convencimiento conforme a lo obrado en el presente juicio y a lo oído en estrados, que el contribuyente Maquinaria Lillo Ltda., se encuentre en la situación a que se refiere el artículo 23 del Decreto Ley 825, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, por lo que deberá decidir en armonía a lo así concluido.

      Por estas consideraciones y visto además, lo prevenido en el Decreto Ley 825, el Decreto Supremo Reglamentario del anterior N° 55, artículos 21, 123 y 139 del Código Tributario y artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

      I.- SE REVOCA la sentencia de autos, en cuanto acogió la reclamación en contra de las liquidaciones N°s 61 a 68 de 04 de febrero de 2014 que rola a fojas 10 y en su lugar se decide que ella queda rechazada, en consecuencia, se rechaza la Reclamación contra la liquidación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos N°s 61 a 68, de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, que rola a fojas 10 de la presente causa.

      II.- No se hace lugar a condenar a la perdedora en costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

      Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Manuel Muñoz Astudillo, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada, en virtud de los siguientes motivos:

      1.- Que, es un asunto pacífico de la causa la circunstancia que las facturas liquidadas por el Servicio de Impuestos internos dan cuenta de la utilización del Impuesto al valor de Bienes y Servicios, conforme a lo preceptuado en los artículos 23 y siguientes del Decreto Ley 825.

      2.- Que, es un hecho de la causa que el contribuyente tiene declarado giro relacionado con la Compra y Venta, arriendo de Maquinarias Industriales y Movimiento de Tierra, y además, Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer.

      3.- Que, la circunstancia anteriormente anotada permite, en su amplitud, considerar que el contribuyente reclamante ha incurrido en gastos propios para producir la renta en relación a sus actividades declaradas conforme a los numerales 4 y 5 del artículo 31, del Decreto Ley 824, ello en relación a lo prevenido por el artículo 23 de la ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, IVA.

      4.- Que, a juicio de este disidente, resulta establecida la adquisición de los vehículos señalados en las facturas materia de la liquidación y el propósito de ingresarlos al patrimonio corporativo, no para venderlos sino para los efectos de los giros declarados actividades que fueron puestas oportunamente en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos como requisitos de las actividades iniciadas.

      Regístrese y Devuélvase.

      Redacción del voto de mayoría y de la disidencia del ministro Sr. Manuel Muñoz Astudillo.

      Rol N° 52-2015.-

      PRONUNCIADA POR LA SEXTA SALA integrada por los Ministros Sr. Camilo Álvarez Órdenes, Sr. Manuel Muñoz Astudillo y fiscal judicial Sr. Hernán Rodríguez Cuevas.

     SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Santiago, siete de julio de dos mil dieciséis.

      Vistos:

      En estos autos Rol N° 21.372-15 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío, por resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince acogió el reclamo interpuesto por MAQUINARIAS LILLO LTDA., contra las Liquidaciones N°s. 61 a 68 de 4 de febrero de 2014, por concepto de IVA de distintos períodos de los años 2011 y 2012 y Reintegro del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año tributario 2013.

      Apelada esta sentencia, fue revocada por una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción por fallo de uno de septiembre de dos mil quince y, en su lugar, se decide que se rechaza la reclamación contra las Liquidaciones N°s. 61 a 68.

      Contra este último pronunciamiento, la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación a fs. 216.

      Y considerando:

      Primero: Que en el recurso de casación se denuncia la infracción de los artículos 2 N° 2, 8 letra m), y 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825, 4, 39 y 40 del D.S. N° 55, y 31 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

      Expresa, en primer término, que, dado que el giro de la reclamante es el arriendo de vehículos, los que aquélla adquirió están destinados a formar parte de su activo fijo y, por tanto, dan derecho a crédito fiscal.

      Además, “en el peor de los escenarios posibles”, la reclamante vendió esos vehículos, los que son bienes de su activo fijo que habían dado derecho a crédito fiscal, sin que la venta efectuada y gravada de conformidad al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, fuera cuestionada por el Servicio de Impuestos Internos, lo que es contradictorio con las observaciones a su compra.

      Refiere también que la “habitualidad” no forma parte del hecho gravado “servicio” que presta la reclamante, sino sólo del de “venta”.

      Por otra parte, señala que, si bien el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 exceptúa del derecho a crédito fiscal la adquisición de vehículos como los de estos autos, tiene como contra excepción que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. De ese modo, interpretando aquella norma en relación a los artículos 4 y 40 del D.S. N° 55, se colige que la ley no exige habitualidad para tener derecho a crédito fiscal, sino sólo se buscó reafirmar la regla general en materia de crédito fiscal.

      Finalmente, sostiene la infracción del artículo 31 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, porque al destinarse los vehículos al activo fijo de la reclamante, ésta puede rebajar como gasto necesario una cuota de depreciación anual.

      Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se invalide éste y que en el de reemplazo se confirme el fallo de primer grado.

      Segundo: Que la sentencia de segundo grado impugnada, establece en su motivo 6° que el reclamante y contribuyente omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 21 del Código Tributario, pues, ni en la etapa administrativa ni en la judicial, acompañó elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa en los actos de fiscalización, control y vigilancia de las faenas que la empresa realizaba.

      En el motivo 7° añade que conforme al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, para que el contribuyente acceda al crédito fiscal es necesario que las operaciones, en el caso de autos sobre los vehículos singularizados, formen parte del activo realizable o activo fijo, por lo que no se entiende y el contribuyente no lo acreditó, que una empresa cuyo giro es de movimiento de tierras, pudiera tener como activo realizable o fijo, un jeep modelo Evoque, de lujo y una variedad de vehículos menores propios de las actividades recreativas. Precisa el fallo que por esas razones el tribunal de primer grado ha incurrido en un error en la apreciación de los hechos, al darle a dichos móviles destinos que no corresponden a la naturaleza del giro de la empresa que los adquiere, destino que tampoco fue acreditado ni en lo administrativo ni ante el órgano jurisdiccional.

      En relación a la habitualidad que demanda el D.L. N° 825 para admitir el crédito fiscal de la compra de los vehículos en cuestión, expresa la sentencia en su basamento 8° que el contribuyente no estableció ninguno de los elementos de la habitualidad que el artículo 4 del D.S. N° 55 expresa para calificar la habitualidad, concluyendo que “En el caso de auto se observa una franciscana orfandad de probanzas al respecto”.

      Por otra parte, el motivo 9° del fallo refiere que se disiente de la afirmación del a quo en el sentido que el ánimo del contribuyente fue arrendar los vehículos y no revenderlos, circunstancia que le permite utilizar el crédito fiscal IVA producido por las adquisiciones de activo fijo, conforme lo dispone el artículo 40 del D.S. N° 55, pues dicha hipótesis se opone a lo señalado en el artículo 23 N° 4 D.L. N° 825. Además, el contribuyente no acreditó la circunstancia de excepción señalada en esta misma disposición, es decir, “salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes”.

      De esa manera, se concluye en el considerando 10° que no se ha adquirido el convencimiento que la contribuyente se encuentre en la situación a que se refiere el artículo 23 del D.L. N° 825.

      Tercero: Que como se ha expuesto, el arbitrio en estudio se sustenta básicamente en el hecho de que uno de los giros de la reclamante es el de arriendo de autos y camionetas sin chofer, de lo que se derivaría que los vehículos adquiridos y cuestionados por el Servicio, pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante y, por ende, de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, ésta tiene derecho al crédito fiscal recargado en las facturas de compra, no obstante la falta de habitualidad en esa actividad de arriendo que sólo aparentemente demandaría el N° 4 del mismo artículo 23.

      Pues bien, una atenta lectura del fallo atacado demuestra que éste no asienta que el giro de la reclamante, o uno de ellos, sea el de alquiler de autos y camionetas sin chofer, ni siquiera que sea el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, huelga señalar, la mera consignación de un giro ante ese organismo no satisface el extremo que el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 demanda para tener derecho a crédito fiscal en la adquisición de “automóviles, station wagons y similares”, esto es, que el giro o actividad habitual del contribuyente “sea” la venta o el arrendamiento de dichos bienes. Es decir, la norma, con claridad meridiana, demanda ejercer realmente el giro declarado, circunstancia que la sentencia no ha tenido por cierta y que correspondía a la contribuyente demostrar conforme al artículo 21 del Código Tributario, sin que, en ese orden, en el recurso se arguya que a tal conclusión se arribó por los jueces de la instancia con infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterarla en esta sede de casación.

      Así entonces, al no tenerse por cierto un ejercicio verdadero del giro alegado en el recurso, no ha podido considerarse que los vehículos pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante con el objeto de desarrollar esa actividad y, por consiguiente, no ha errado el fallo en estudio en la aplicación del artículo 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825 al confirmar las liquidaciones reclamadas que rechazan el crédito fiscal por la adquisición de esos móviles.

      El aserto anterior, hace innecesario ahondar en las otras infracciones alegadas a las demás normas del D.L. N° 825 y su reglamento, relativas a la “habitualidad” del alquiler de los vehículos cuya destinación al giro de la reclamante se objetó, sin perjuicio de compartir esta Corte lo razonado por la sentencia en examen en su motivo 8° sobre este asunto. Por lo dicho resulta igualmente innecesario el estudio de lo concerniente al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, al basarse este precepto en el mismo supuesto que aquí no se ha dado por concurrente, a saber, que los bienes corporales muebles vendidos formen parte del activo fijo de la empresa.

      Finalmente, necesario corolario de lo que se ha venido discurriendo, al no demostrarse que el “giro habitual” de la reclamante es la “adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares”, requisito que el artículo 31, inciso 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta impone para poder deducir de la renta bruta los gastos incurridos en relación a ese tipo de vehículos, no cabe sino descartar la infracción por la sentencia del artículo 31 N° 5 del mismo texto por confirmar las liquidaciones en cuanto éstas rechazan la deducción como gasto de la cuota de depreciación anual por esos bienes.

      Cuarto: Que, atendido lo que se ha venido razonando y por no haberse demostrado los errores de derecho denunciados con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.

      En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 145 del Código Tributario, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 192, en representación de la contribuyente MAQUINARIAS LILLO LTDA., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el uno de septiembre de dos mil quince, escrita a fojas 156 y ss.

      Acordada contra el voto del abogado integrante señor Rodríguez, únicamente en cuanto se condena en costas a la recurrente, toda vez que, a pesar de no compartir los argumentos del recurso, en todo caso, no advierte ningún exceso en el ejercicio de su derecho de petición que le garantiza el artículo 19, N° 14°, de la Constitución Política de la República, que amerite imponerle esta carga.

      Regístrese y devuélvase con sus agregados en su caso.

      Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas y de la disidencia, su autor.

      Rol N° 21.372-2015.-

      Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Juan Eduardo Fuentes B., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Jaime Rodríguez E


Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable

Sentencia de la Corte Suprema de Chile 2016: “Incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podrán ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, han de ejecutarse una serie de reglas de imputación”

SM

Casona Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, junio 2016

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile ha emitido una brillante Sentencia Casatoria, de fecha 25 de abril del 2016, ROL N° 7092-2015 en cuyo contenido establece que incumbe a los contribuyentes la obligación de probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta. No solamente la máxima instancia judicial chilena atiende al giro del negocio, puesto que resalta que sólo esos  gastos, pagos o erogaciones podrán ser deducibles si cumplen con acreditar tales condiciones.

A continuación la jurisprudencia chilena 2016 cuyo contenido debe ser asimilado como “doctrina jurídica imparcial” siendo su contenido muy similar al contenido del Impuesto a la Renta peruano y libre del sesgo de algún abogado patrocinante, y con interés ya comprometido con su cliente:

Incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones pueden ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y; en caso de las pérdidas, deben además ejecutarse una serie de reglas de imputación.

ARTÍCULO 31 DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGO PROVISIONAL DE UTILIDADES ABSORBIDAS – ACREDITACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

Extracto

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que confirmó el fallo de primer grado, que hizo lugar al reclamo deducido en contra de la resolución que denegó la solicitud de devolución de PPUA.

Por el recurso se denunció la vulneración del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, incisos 1° y 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en consonancia con los artículos 21 y 59 del Código Tributario; la transgresión de los incisos 2° y 14° del artículo 132 del Código Tributario y, la inobservancia de los artículos 51 y 52 de la Ley General de Cooperativas, en armonía con los artículos 17, N° 4° del Decreto Ley N° 824 y 22 del Código Civil.

La Corte señaló que fueron hechos no objetados en autos el que la reclamante era socia de una cooperativa y percibía anualmente ingresos por concepto de intereses, dividendos y excedentes, los últimos generados por las operaciones entre la cooperativa y sus miembros y/o terceros; que era contribuyente afecta al impuesto de primera categoría y tributaba en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad completa; que dedujo de la renta líquida imponible en su declaración de impuesto anual como rentas exentas, los excedentes percibidos y que correspondían a operaciones con los socios; que esa declaración arrojó una pérdida, que provenía en su mayoría de ejercicios pasados y de la cual se solicitó una devolución; que el Servicio notificó la resolución que denegó la petición, la cual se fundó en el tratamiento tributario atribuido a los excedentes, así como a la partida principal de las pérdidas reclamadas; y que la actora, contra dicha resolución, presentó reclamo tributario.

La Corte expresó también que la contribuyente, en su reclamo sostuvo que su resultado negativo lo obtuvo luego de la contabilización de las pérdidas de arrastre. Bajo ese prisma, de acuerdo a la Corte, surgió de manifiesto que la objeción del Servicio al requerimiento de devolución reposó en la falta de acreditación de las pérdidas. Por lo tanto, incumbía al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podían ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, debían ejecutarse una serie de reglas de imputación.

Los sentenciadores concluyeron que desde esa perspectiva, la resolución incurrió en el error de derecho desaprobado, desde que pretirió el análisis y aplicación de las exigencias del artículo 31 de la Ley del ramo y con ello erró al eximir a la reclamante de la obligación de demostrar la concurrencia de tales presupuestos, como también de hacerse cargo de la falta de aportación de antecedentes en sede administrativa, pese a que fueron requeridos por el Servicio. Se violaron también los artículos 21 y 59 del Código Tributario. Tales equivocaciones influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues desembocaron en el acogimiento del reclamo, sin cerciorarse previamente si la actora había cumplido con su carga procesal, al aludir a una problemática jurídica ajena al meollo de la discordia.

Sentencia

“Santiago, veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

Vistos:

En los autos N° 7.092-2015, rol de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria, a fojas 227, promueve sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, la abogada señora AAAA, en representación de la reclamada Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, contra la decisión de la Corte de Apelaciones de dicha comuna, que confirmó el veredicto apelado que acogió la reclamación interpuesta por XXXX, en contra de la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, que fue dejada sin efecto, y que había denegado la devolución de PPUA pedida en el año tributario 2013.

A fojas 251 se trajeron los autos en relación para conocer de esos arbitrios.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:        

               Primero: Que el recurso de casación formal se asila en el literal quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal sexto de su artículo 170, dado que no resolvió el asunto, toda vez que la resolución reclamada niega lugar a la solicitud de devolución de pago provisional por utilidades absorbidas, porque el contribuyente no entregó elementos que permitan constatar la veracidad y exactitud de la declaración, por lo que la pérdida no ha sido acreditada, como tampoco el origen, procedencia ni naturaleza de los créditos invocados. En tanto, el reclamo censura falta de fundamento del dictamen, al recoger interpretaciones erróneas de la ley general de cooperativas, del Decreto Ley N° 824 de 1974 y de los oficios que enuncia; mientras que la reclamada aduce que la situación se sujeta a la tributación general de la Ley de Impuesto a la Renta, y así las pérdidas de arrastre deben probarse, con arreglo al artículo 31, inciso 1°, de este texto, ante lo cual el contribuyente no aparejó antecedentes en respaldo a su pretensión.

Así concluye que la polémica radica en determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de PPUA se apega a la normativa de la ley de la renta, para lo cual es vital demostrar los componentes de la pérdida; sin embargo, lo resuelto circunscribió la disputa al tratamiento tributario de los excedentes, y por ello no hubo pronunciamiento sobre el fondo. Pide que se anule el fallo y se dicte otro de reemplazo que revoque el a quo y deseche el reclamo, dejando firme la resolución, con costas.

Segundo: Que la omisión de decidir la controversia la hace consistir en que las elucubraciones que centran aquella  se condicen con las pérdidas declaradas por la contribuyente, no así con la tributación de los excedentes y, por consiguiente, al discurrir los falladores acerca de este último aspecto, se concreta la abstención reprobada.

Tercero: Que aunque es dable apreciar en la resolución atacada que, tal como afirma el recurso, adolece de ausencia de disquisiciones orientadas en la dirección puntualizada por la reclamada, no es posible por ello entender que no contiene decisión, desde el momento que el pleito fue zanjado por los juzgadores, al hacer suyo, sin enmiendas, un veredicto que admitió el reclamo, dejó sin efecto la resolución administrativa sub lite. De contrario, y como puede vislumbrarse, el agravio que en realidad motiva el recurso del ente fiscalizador, de ser efectivo, radica en la omisión de hacerse cargo de las alegaciones formuladas en la litis, y la prescindencia de ellas al resolverla, reproche que se inserta en otro de los requisitos que el aludido artículo 170 del ordenamiento procesal previene para semejante resolución, como es el efectuar consideraciones sobre los hechos y el derecho debatido; no obstante, su carencia no puede sostener la pretensión de invalidación formal, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 768 de la compilación procedimental, y finalmente, deja desprovisto de asidero el recurso.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Cuarto: Que el libelo de casación sustantiva delata, por lo pronto,  vulneración del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, incisos 1° y 2°, de la Ley de Impuesto a la Renta, en consonancia con los artículos 21 y 59 del Código Tributario, por cuanto el citado artículo 31 contiene los requisitos de los gastos en general y de las pérdidas de arrastre, los que no fueron analizados por los magistrados ni tampoco abordan la temática de la falta de antecedentes proporcionados durante la etapa administrativa, a pesar que constituía la carga probatoria del contribuyente, conforme al artículo 21 del código del ramo. Añade que ante una petición de devolución, sustentada en la absorción de las utilidades por las pérdidas, el Servicio de Impuestos Internos puede ejercer sus facultades fiscalizadoras para verificar su procedencia, pidiendo los antecedentes que certifiquen la pérdida tributaria desde su origen.

Quinto: Que, en seguida, critica transgresión de los incisos 2° y 14° del artículo 132 del Código Tributario, puesto que en la valoración de los medios se desatendieron razones lógicas, técnicas y de experiencia, ya que la litis se dirimió con omisión del real conflicto, y deja sin efecto la resolución, sin analizar la prueba rendida, así atenta contra el principio de la razón suficiente.

Asimismo, se queja de inobservancia de los artículos 51 y 52 de la Ley General de Cooperativas, en armonía con los artículos 17, N° 4°, del Decreto Ley N° 824 y 22 del Código Civil, debido a que la forma en que se aplicó el artículo 51 violenta las restantes disposiciones recién citadas, en cuanto precisan que los excedentes distribuidos a los cooperados por operaciones dentro del giro habitual deben contabilizarse. Expone que los excedentes distribuidos a los cooperados por operaciones habituales se rigen por el artículo 49 de la ley general de cooperativas, que se remite al artículo 17, N° 4°, del decreto ley N° 824, que obliga contabilizarlos, formando parte de los ingresos brutos que tributan ajustados a la ley de la renta, mecánica que no desconoce el artículo 51 del cuerpo que regula las cooperativas y contempla las operaciones no habituales.

Sexto: Que explica como se conculca el contexto de la ley si se estima que los cooperados que tienen habitualidad y tributan con renta efectiva están exentos de gravamen, mientras que los que imponen mediante renta presunta deben pagarlo, pues con ello se instaura una exención a un caso no previsto.

Asegura que, de no haberse incurrido en los errores de derecho develados, no se habría confirmado el edicto en alzada, entonces impetra la invalidación de la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que la revoque y, como consecuencia, desestime el reclamo, y deje firme la resolución reclamada, con costas.

Séptimo: Que para determinar el destino de este arbitrio, conviene anotar previamente que su propósito estriba en velar por la correcta interpretación y adaptación de las disposiciones llamadas a dirimir la contienda, con el fin que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. Para el desarrollo de tal designio, el recurrente debe pormenorizar los errores jurídicos cometidos y que han  influido sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, al extremo que su constatación implique una real variación de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se decidió.

Es necesario también traer a cuento que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede una instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio, o el establecimiento de otros diversos a los fijados, y que determinan la adopción de reglas sustantivas dirigidas a dirimir la controversia, no es factible, salvo que se denuncie que al resolver el conflicto los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso.

Octavo: Que, formulada esta prevención, de la lectura del recurso se desprende que no explicita una eventual contravención a las normativa reguladora de la prueba, aun cuando indica que los incisos segundo y decimocuarto del artículo 132 del Código Tributario habrían sido atropellados, lo cierto es que en lo atinente a la recepción de la causa a prueba, no se desarrolla, en concreto el error en que habría incurrido el fallo, abstención que igualmente acontece cuando se trata de la infracción de las reglas sobre valoración de las pruebas, pues a pesar que se alude al principio de razón suficiente, no se hace en el contexto de la apreciación de los antecedentes del proceso, sino más bien se repiten los cuestionamientos que fueron el soporte de la casación formal, en orden a haberse preterido sus argumentos al dilucidar el conflicto. Por lo mismo, este acápite tampoco puede prosperar.

Noveno: Que el  dictamen en revisión, previa cita de los artículos 51, 52 y 53 de la ley general de cooperativas, 17 del decreto ley N° 824 y 139 del Código Tributario, confirma sin enmiendas aquél apelado, que, a su vez, consignó como hechos no objetados por los contendientes, en el basamento tercero, los siguientes: 1) la reclamante es socia de YYY y percibe anualmente ingresos por concepto de intereses, dividendos y excedentes, los últimos generados por las operaciones entre la cooperativa y sus miembros y/o terceros; 2) la reclamante es contribuyente afecta al impuesto de primera categoría, y tributa en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad completa; 3) la reclamante, como cooperada obligada a llevar contabilidad completa y que despliega operaciones con la cooperativa que componen su giro habitual, dedujo de la renta líquida imponible en su declaración del impuesto del año tributario 2013, como rentas exentas, los excedentes percibidos y que corresponden a operaciones con los socios por $ 579.295.504.- y los excedentes a capitalizar por $ 284.377.747.-; 4) esa declaración arrojó una pérdida por $ 998.014.372.-, de la cual $ 629.294.163.- provienen de ejercicios pasados, de la que resulta un requerimiento de devolución de $ 6.588.645.-; 5) el Servicio emitió la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, notificada el día 27 del mismo mes, que deniega la petición; 6) la negativa descansa en el tratamiento tributario atribuido a los excedentes, así como a la partida principal de las pérdidas reclamadas; y 7) la actora se alzó contra esta resolución a través  del reclamo tributario pertinente.

Luego de dejar constancia de no haber recibido la causa a prueba, estableció como objeto del pleito, en el motivo quinto, y en lo que interesa al recurso, la tributación de la distribución de excedentes por una cooperativa respecto de sus cooperados, conflicto del que colige que la preceptiva aplicable corresponde a los artículos 49, 51 y 53 de la ley general de cooperativas, 17, N°s. 1°, 2°, 3° y 4°, del decreto ley N° 824 y el Oficio N° 549, de 2008 (raciocinio sexto) y denota en su reflexión séptima que un análisis integrado de esta normativa lleva a dilucidar que el aumento de valor nominal de las cuotas y la devolución de excedentes por operaciones con socios estarán exentas de todo gravamen, puesto que los términos de la ley dejan en claro el carácter general de la exención en favor de los socios, sin distinción alguna. Tal tema, continúa, difiere cuando la devolución de excedentes proviene de operaciones con terceros, según prescribe el artículo 17, N° 2°, del D.L. N° 824, ya que en ese caso la porción del remanente que proviene de operaciones con personas que no son miembros están afectas a impuesto de primera categoría en la cooperativa, de suerte que a nivel de cooperados están sujetas a impuesto global complementario o adicional.

Décimo: Que asevera que en la determinación de la renta líquida imponible los artículos 29 a 33 de la ley de la renta incorporan ciertos ajustes, dentro de los cuales emerge la deducción de las rentas exentas, según estatuye el artículo 33, N° 2°, letra b), una de ellas consagrada en el artículo 51 de la ley general de cooperativas; por ende, la remisión del artículo 49 de esa ley al artículo 17 del decreto ley N° 824 no implica dejar sin efecto la exención, sino que obliga, con apego a su N°4°, a la contabilización de las cantidades que la cooperativa les reconoce a los socios, y hace presente que dicho precepto no entroniza la afectación de los ingresos a los impuestos a la renta. De esta manera, acoge el reclamo, declara que los ingresos a los que se refiere son rentas exentas, y anula la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, sin costas.

Undécimo: Que, por lo que toca al quebrantamiento del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 21 y 59 del Código Tributario, se esgrime un matiz ligado con el aspecto fáctico del dictamen, en cuanto a una probable relevación de la carga de la prueba a la reclamante, que va de la mano con la desatención de los supuestos de la norma de la ley de la renta al precisar el objeto de la litis.

Importa tener presente para decidir esta arista, que la discrepancia en un proceso de reclamo tributario  apunta a aquella actuación de la autoridad tributaria que incide en la determinación de un impuesto, sea que provoque el cobro de sumas de dinero mediante una liquidación, o bien deniegue una devolución pedida, como en este caso.

Duodécimo: Que en esa línea, la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, desechó la solicitud de devolución de pagos provisionales formulada en la declaración de impuestos del año tributario 2013, apoyada en la absorción de las utilidades por las pérdidas. Es esta determinación, entonces, la que impele la actividad del contribuyente, quien acude al órgano jurisdiccional a fin de revertirla, para lo cual debe impugnar sus fundamentos como  única forma de dejarla sin efecto. Por ello es esencial ocuparse de su contenido que, en la situación específica, imputa al contribuyente la inacción ante el requerimiento del ente fiscalizador de entregar la documentación contable y de respaldo respecto las pérdidas declaradas y los créditos propuestos. Por tales motivos el reclamo, además de poner de relieve en su demanda los excedentes percibidos por la cooperativa de la que es socio, sostiene que su resultado negativo se obtiene luego de la contabilización de las pérdidas de arrastre.

Décimo tercero: Que bajo este prisma, surge de manifiesto que la objeción del Servicio al requerimiento de devolución reposa en la falta de acreditación de las pérdidas sufridas, regulada en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que dispone: “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”. A continuación, al reglamentar  singularmente ciertos gastos que pueden deducirse, en la medida en que se relacionen con el giro del negocio, preceptúa: “3°.- Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad.

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional a que se refiere la letra d) del número 3 de la letra A) del artículo 14, se hayan afectado o no con el impuesto de primera categoría, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.”

Décimo cuarto: Que de lo transcrito se infiere que incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podrán ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, han de ejecutarse una serie de reglas de imputación.

En este estado queda claro que, sin perjuicio de las razones adicionales expuestas en el libelo pretensor, el propósito del juicio cuando lo reclamado es la objeción de las pérdidas declaradas por el contribuyente, lo constituye, justamente, el cumplimiento de las condiciones de dichas mermas para ser estimadas como un gasto susceptible de deducirse de la renta bruta.

Décimo quinto: Que el edicto rebatido, para disponer como lo hizo, ha fijado como núcleo de la contienda el tratamiento tributario de los excedentes percibidos por la reclamante en su calidad de socia de la cooperativa YYY, a resultas de lo cual razona en torno a los preceptos que gobiernan esa rama, sin atender al cumplimiento de los requisitos de los gastos, punto que debió  valorarse y dirimirse, como se destacó en el razonamiento precedente.

Desde esa perspectiva, la resolución ha incurrido en el error de derecho desaprobado, desde que ha preterido el análisis y aplicación de las exigencias del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, de la Ley de Impuesto a la Renta al zanjar la pretensión del reclamo de invalidar la Resolución Exenta N°106, y con ello yerra al eximir a la reclamante de la obligación de demostrar la concurrencia de tales presupuestos, como también de hacerse cargo de la falta de aportación de antecedentes en sede administrativa, pese a que fueron requeridos por el Servicio, de paso se violaron también los artículos 21 y 59 del Código Tributario. Tales equivocaciones influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues desembocaron en el acogimiento del reclamo, sin cerciorarse previamente si la actora había cumplido con su carga procesal, al aludir a una problemática jurídica ajena al meollo de la discordia.

Décimo sexto: Que las anteriores conclusiones vuelven irrelevante el análisis del tema de la repartición de excedentes conforme con la ley general de cooperativas, abordado en el último capítulo del recurso desde que se ha dicho que no es el núcleo determinante de la litis, sino que la efectividad de las pérdidas que justifican la pretensión de devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas.

Es así como en esta virtud, se impone el acogimiento del recurso de casación en el fondo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 145 del Código Tributario, 764, 767, 768, 774 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma y se acoge el recurso de casación en el fondo, ambos formalizados en la presentación de fojas 227 por la abogada señora AAAA, en representación de la reclamada Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, contra la sentencia de veintidós de abril de dos mil quince, escrita a fs. 225, la que es nula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese”.

EXCMA. CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – ROL N° 7092-2015 – 25.04.2016 – MINISTROS SRES. MILTON JUICA A., SERGIO MUÑOZ G., JUAN FUENTES B., SRA. ANDREA MUÑOZ S., Y ABOGADO INTEGRANTE SR. JAIME RODRÍGUEZ E. (REDACTOR)

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

Coordinando con Iquitos, Ayacucho, Huancayo, Lima y a nivel nacional

Doctrina Tributaria 2015 de la Corte Suprema Chilena sobre la anómala elusión tributaria en relación a la deducción de los gastos corrientes para efectos del Impuesto a la Renta

 

20160228-0046

Alan Emilio en el Cusco 2016

La Corte Suprema de la República de Chile nuevamente da cátedra en torno a los conceptos de Derecho Tributario, que a muchos abogados peruanos los va a remecer dado que en muchas universidades siguen soñando con el romanticismo y la utopía del derecho romano.

Mediante Sentencia en Casación, de fecha 14 de septiembre del 2015 emitida en el Rol N° 31.983-2014, se expone que el propósito del Derecho Tributario, que ha sido definido como el conjunto de normas que disciplinan la actividad del Estado y de los entes públicos dirigida a adquirir, en virtud del poder de supremacía reconocido a los mismos, los medios financieros necesarios para alcanzar las finalidades públicas. A pesar de tal finalidad, la imposición tributaria es vista con desconfianza y desprecio por algunos contribuyentes, cuestión que lleva a la elusión a ser una de las cuestiones fundamentales del derecho tributario actual, y un problema permanente derivado de la presión que sobre la legalidad tributaria ejerce el deseo de aquellos contribuyentes de sustraerse en lo posible a la imposición.

En esa línea de razonamiento, es posible distinguir la elusión tributaria de la planificación; esta última ha sido definida como “la facultad de elegir entre varias alternativas lícitas de organización de los negocios o actividades económicas del contribuyente, o incluso de renunciar a la realización de negocios o actividades, todo con el fin de obtener un ahorro tributario”. La elusión, de contrario, no consiste en la elección lícita dentro de determinadas opciones que el propio legislador tributario entrega, sino que en el comportamiento del obligado tributario consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria, o en disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo, infringiendo de manera indirecta las disposiciones legales aplicables, bajo una apariencia de juridicidad.

La Corte Suprema de Chile concluye brillantemente que resulta que la elusión tributaria, evita el impuesto que, por la vía usual del desarrollo de la actividad, le habría correspondido, objetivo para el que utiliza formas jurídicas inusuales o anómalas.

En el caso concreto, y detallado en la sentencia de reemplazo se trató de un pago cuantioso realizado con la finalidad de aumentar los fondos de una trabajadora destinados a solventar su futura pensión de vejez, conforme con las notas características dadas por el artículo 20 del Decreto Ley N° 3.500, circunstancia que, por sí sola, aleja dicho egreso de tal modo de los fines más inmediatos de la contribuyente y de la obligatoriedad del gasto en cuanto búsqueda de la obtención de la renta, que requiere la aportación de probanzas que permitan ligar la solución de este estipendio con la generación de mayores ingresos por parte de la sociedad reclamante, y que lleven a considerar que se trata de un gasto necesario. Sin embargo, los hechos del proceso, en la forma que han quedado establecidos, sólo logran contextualizar este gasto en cuanto emana del vínculo laboral de la contribuyente con uno de sus trabajadores, y por ende de su obligatoriedad al emanar de un acuerdo pactado por escrito, mas resulta claramente insuficiente para llevar esa obligatoriedad al plano tributario, pues ello requería demostrar su relación con la generación de las rentas de la sociedad. En esas condiciones, y conforme con los hechos del proceso, no resulta posible calificar los pagos por depósito convenido como un gasto necesario para producir la renta.

Bajo esta doctrina, para la normativa peruana NO CUMPLIRÌA EL PRINCIPIO DE NORMALIDAD y por ejemplo en una controversia sobre la deducibilidad de gastos corrientes NO SERÌA DEDUCIBLE DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA. Esto ya lo habíamos expuesto desde el año dos mil seis (2006) y recibimos ataques de todo tipo.

Escucho que muchos abogados peruanos siguen pensando que la doctrina es lo que ellos mismos dicen, o lo que dicen sus profesores románticos y soñadores, pero mayor validez estimo debe darse COMO DOCTRINA IMPARCIAL a la jurisprudencia internacional, sobre todo a la emanada de las máximas instancias judiciales de países con sistemas tributarios similares al peruano. ¡Despierten, estamos en mayo del 2016 pero muchos abogados peruanos siguen fantaseando con las ideas tributarias y autores de 1970!

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

CONANIIF 2016 Madre de Dios IV Convención Nacional organizada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores del Perú

El texto completo de la Sentencia Casatoria de Chile la puedes descargar en el siguiente enlace web: CS-fallo-14-septiembre-2015-Rol-31863-2015-

 

 

Jurisprudencia Tributaria Chilena 2016: Los pagos por multas o castigos contractuales no son un gasto necesario para producir la Renta

20160116-0014

Alan Emilio Matos Barzola – Piura 2016

Los pagos por multas o castigos contractuales no son un gasto necesario para producir la renta.

ARTÍCULO 31 INCISO PRIMERO DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

NECESARIEDAD DEL GASTO – MULTAS CONTRACTUALES SON GASTOS RECHAZADOS

La I. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación deducido por la contribuyente y confirmó la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, que acogió parcialmente un reclamo interpuesto en contra de liquidaciones mediante las cuales se determinaron diferencias del impuesto de primera categoría por concepto de multas contractuales, cobradas por el Ministerio de Obras Públicas, que el Servicio de Impuestos Internos catalogó como gasto rechazado.

La Corte de Apelaciones manifestó que del artículo 31 inciso 1 de la Ley de Impuesto a la Renta se desprendían los siguientes requisitos respecto de los gastos cuya deducción se pretendía: a) desembolsos pagados o adeudados; b) respaldados o justificados fehacientemente con la documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, efectividad y monto; c) del  período en que se determinó la renta; d) pertenecientes al giro de la empresa, negocio o actividad; e) que no se tratara de gastos que la ley hubiera declarado como “no deducibles” y f) que no se encontraran rebajados como costo directo. El Tribunal de alzada añadió que por tanto, el vocablo “necesario” se entendía como aquellos desembolsos en los que inevitablemente debió incurrir la contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretendía determinar, relacionados directamente con su ejercicio o giro y que tenían el carácter de inevitables y obligatorios para el fin social.

La Corte concluyó que en el caso analizado el gasto, considerado rechazado por el Servicio consistía en una multa o sanción estipulada voluntariamente en el contrato como consecuencia de un eventual incumplimiento, circunstancia que, por sí sola, excluyó dicho egreso de los fines más inmediatos de la recurrente y de la obligatoriedad del gasto en cuanto búsqueda de la obtención de la renta. El Tribunal de alzada añadió que no se aportaron las pruebas que permitieran ligar esas sumas (monto de las multas) con la generación de mayores ingresos para la contribuyente, y que por ende, llevaren a considerar que se trataba de un gasto necesario. La Corte manifestó que, por el contrario, los hechos del proceso, sólo lograron contextualizar ese gasto en cuanto emanaba del vínculo contractual de la apelante con el Ministerio de Obras Públicas, y por tanto su obligatoriedad dependía de un incumplimiento de su parte; consecuencia claramente insuficiente para llevar en carácter de necesaria o imprescindible al plano tributario, pues ello requería demostrar su relación con la generación de las rentas de la sociedad. En esas condiciones, y conforme con los hechos del proceso, no resultó posible calificar los pagos por multas o castigos contractuales como un gasto necesario para producir la renta.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Santiago, once de enero de dos mil dieciséis.

Vistos:                                                                                                        

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, además, presente:

1°.- Que, este Tribunal coincide con el raciocinio expresado en la sentencia en alzada en orden a sostener que no es posible calificar de gasto necesario la partida correspondiente a multas cobradas por el Ministerio de Obras Públicas, girada en atención a incumplimientos contractuales referidos a las órdenes del Inspector Fiscal, incumplimientos técnicos y atrasos, en virtud de lo dispuesto en el decreto N° 75 de esa misma repartición pública de 1°de diciembre de 2004, que aprobó el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en particular sus artículos 111, 123, 135, 144, 157, 163 y 165.

2°.- Que, los antecedentes de autos dan cuenta de un ingreso o renta devengado para la reclamante por la totalidad del valor neto facturado, sin mencionar ajuste, descuento o rebaja al primer precio, siendo que el pago final corresponde a un ingreso percibido por el mismo monto neto facturado, con la única salvedad de que se produce un ingreso a caja inferior, operando como descuento hasta por el monto de la multa aplicada por el incumplimiento.  En consecuencia, el deudor extingue la obligación de la factura de manera total e íntegra a través de su pago y  compensación parcial.

3°.- Que, aclarado lo anterior, resulta importante acudir al tenor del artículo 31 inciso 1 de la ley del ramo, que prescribe “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.” Dicho precepto desarrolla luego una serie de casos excepcionales, en que los gastos no son aceptados por la ley, o bien se admiten cumpliendo con ciertas condiciones adicionales a las que contempla la regla general. De la disposición que precede, es posible colegir los siguientes requisitos para la determinación de la renta líquida en casos como el que se analiza, en lo referido a los gastos cuya deducción se pretende: a) que correspondan a desembolsos pagados o adeudados; b) que se encuentren respaldados o justificados fehacientemente con la documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, efectividad y monto; c) que correspondan al período en que se está determinando la renta; d) que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad; e) que no se trate de gastos que la ley declare como “no deducibles” y f) que no se encuentren rebajados como costo directo de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta.

4°.- Que, el vocablo “necesario” se corresponde, entonces, con la significación que le ha atribuido, conforme su tenor gramatical, cual es la de aquellos desembolsos en los que inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar, relacionados directamente con su ejercicio o giro y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios para el fin social. (SCS N° 11.359-2014, de 30 de diciembre de 2014).                                                                                                         

5°.- Que, en esas condiciones, resulta posible apreciar que se trató de una multa o sanción estipulada voluntariamente en el contrato como consecuencia de un eventual incumplimiento, circunstancia que, por sí sola, aleja dicho egreso de los fines más inmediatos de la contribuyente y de la obligatoriedad del gasto en cuanto búsqueda de la obtención de la renta, que requiere la aportación de probanzas que permitan ligar esas sumas con la generación de mayores ingresos por parte de la sociedad reclamante, y que lleven a considerar que se trata de un gasto necesario. Sin embargo, los hechos del proceso, sólo logran contextualizar este gasto en cuanto emana del vínculo contractual del contribuyente, y por ende de su obligatoriedad depende de un incumplimiento de su parte, mas resulta claramente insuficiente llevar esa consecuencia en carácter de necesaria o imprescindible al plano tributario, pues ello requería demostrar su relación con la generación de las rentas de la sociedad. En esas condiciones, y conforme con los hechos del proceso, no resulta posible calificar los pagos por multas o castigos contractuales como un gasto necesario para producir la renta.

6°.- Que, a mayor abundamiento, el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta prescribe “Los empresarios individuales y las sociedades que determinen la renta imponible sobre la base de la renta efectiva demostrada por medio de contabilidad, deberán considerar como retiradas de la empresa, al término del ejercicio, independiente del resultado tributario del mismo, todas aquellas partidas señaladas en el N° 1 del artículo 33°, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo”. 

7°.- Que, finalmente, sobre la base de estos presupuestos, respecto de los desembolsos cuestionados no se demostró que correspondieran a gastos necesarios e imprescindibles para producir renta, toda vez que corresponden a pagos de multas impuestas en el cumplimiento de contratos administrativos de obras públicas en los que constan los incumplimientos cometidos, por lo que no puede vinculárseles a la producción de renta; concepto por el cual tampoco es procedente su rebaja al no haberse demostrado.

8°.- Que, el resto de la prueba acompañada no tiene el mérito de alterar lo que se viene decidiendo.

Por las consideraciones expuestas y lo que señalan los artículos 139 y 143 del Código Tributario, se resuelve:                        

Que, dado que las argumentaciones contenidas en el recurso de apelación deducido por la ejecutante no logran desvirtuar lo razonado por el Tribunal a quo, SE CONFIRMA, en todas sus partes, la sentencia apelada de veintiocho de octubre de dos mil quince, escrita a fojas 192 y siguientes, que acogió parcialmente el reclamo deducido a fs. 1 por YYY, solo en cuanto dejó sin efecto la multa aplicada, rechazándolo en todo lo demás.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.”

ILTMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO – UNDÉCIMA SALA – 11.01.2016 – ROL N° 282-2015 – MINISTROS SR. HERNÁN CRISOSTO GREISSE, SR. ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ (R) Y ABOGADO INTEGRANTE SR. MARCO MEDINA RAMÍREZ.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

SEMINARIO EN LIMA 17 MARZO 2016: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016″ Será implacable ¡PREPÁRATE!

Teleconferencia 19 de marzo 2016: “PDT 702 RENTA ANUAL 2015. DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES”

Sentencia 2015 de la Corte Suprema Chilena rechaza la elusión encubierta por una aparente “obligatoriedad” dado que esto no convierte a la operación en gasto necesario (necesariedad del gasto)

Tarapoto diciembre 2015

Alan Emilio en el Castillo de Lamas, a veinte minutos de Tarapoto, Diciembre 2015

¡ Qué empiecen a correr los defensores del fraude tributario y la defraudación que orquestan con el membrete de “elusiòn” ! La Corte Suprema Chilena emitió una magistral y excelsa sentencia en torno a una operación de elusión tributaria que un contribuyente trataba de aparentar sobre la existencia de una obligatoriedad, aspecto que inclusive a nivel judicial fue amparado en una instancia por el Poder Judicial chileno, pero que al llegar a la Corte Suprema se pudo desentrañar el concepto de “gasto necesario” (necesariedad del gasto) que exige que inevitablemente el contribuyente haya debido incurrir en dicho desembolso (pago u erogación) para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar. Resalta la Corte Suprema chilena que el examen a la obligatoriedad del pago, es una cuestión que es distinta de la necesariedad tributaria de ese egreso.

El portal web del SII de Chile (lo que viene a ser SUNAT en el Perú) reporta lo siguiente:

La Segunda Sala de la Corte Suprema, especializada en materias tributarias, acogió 13 recursos de casación en el fondo presentados por el Servicio de Impuestos Internos y rechazó los reclamos en contra de las liquidaciones y resoluciones emitidas por la entidad fiscalizadora al grupo empresarial Key Market, considerando que las conductas de planificación desplegadas por la cadena de supermercados con sede en Concepción fueron elusivas.

Las liquidaciones reclamadas se generaron a mediados del año 2012, como consecuencia de un proceso de fiscalización tras la venta de numerosos activos de las sociedades pertenecientes al mismo núcleo familiar. Para la distribución de parte de las utilidades obtenidas por tales ventas, diseñaron una estrategia de planificación tributaria que consistió en que un socio de cada una de las sociedades reclamantes enajenaba sus derechos sociales a los demás, con lo que dejaba de ser integrante de ella, para luego ser contratado como trabajador dependiente de la misma sociedad, en cargos de gerente general, gerente comercial y otros similares. De este modo, se pactaba entre las sociedades y los supuestos “trabajadores”, el pago de “depósitos convenidos” por sumas millonarias, con el objetivo de liberarlos de la tributación correspondiente del Impuesto a la Renta.

Las reclamaciones de los contribuyentes fueron acogidas por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío y por la Corte de Apelaciones de Concepción, sentencias que fueron dejadas sin efecto ahora por la sala especializada de la Corte Suprema al acoger los recursos de casación tramitados por la Oficina de Litigación Tributaria, dependiente de la Subdirección Jurídica del SII.

En su fallo del 14 de septiembre, el máximo tribunal del país señaló que la elusión tributaria no consiste en la elección lícita dentro de determinadas opciones que el propio legislador tributario entrega, sino que en el comportamiento del obligado tributario consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria, o en disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo, infringiendo de manera indirecta las disposiciones legales aplicables, bajo una apariencia de juridicidad.

Agregó que, en principio, no resulta cuestionable, que la contribuyente pacte depósitos convenidos con sus trabajadores, generando de esta forma gastos aceptados. Sin embargo, tales actuaciones sí resultan cuestionables a la luz del inusual contexto que rodea tal otorgamiento, si bien pactado por escrito, efectuado únicamente a una trabajadora vinculada por lazos familiares con los propietarios de su empleadora y por un elevado monto, que de haberse pagado de una forma corriente habría significado probablemente el devengamiento de Impuesto Global Complementario o de Segunda Categoría para el receptor, además de un posible Impuesto de Primera Categoría para la empleadora por la naturaleza de la prestación, lo que ha significado el ahorro de una importante cantidad de dinero en tributos.

De esta manera, dijo la Corte, las actividades, en principio lícitas, tuvieron un fin ilícito, cual es el dotar a los pagos efectuados de un contexto que impidiese su normal tributación, generando una merma en las arcas fiscales que, en este caso, dadas las apariencias que se usaron para encubrir la operación, no resulta admisible.

Estos nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema reafirman lo resuelto por el mismo tribunal en casos anteriores y refuerzan las actuaciones del Servicio en la fiscalización de conductas elusivas desarrolladas por algunos contribuyentes.

En este caso concreto, el monto neto actualizado de los impuestos comprendidos en las liquidaciones y resoluciones confirmadas por sentencia ejecutoriada asciende a $ 401.340.304, lo que más sus reajustes, intereses y multas, implicarán giros por más de $1.100 millones.

A lo anterior, se sumarán los cobros por otros $1.900 millones correspondientes a los socios de las respectivas compañías del grupo empresarial por concepto de impuestos personales derivados de los gastos rechazados, conforme al artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta.

http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2015/300915noti03jv.htm 

A continuación se reproduce el texto completo de la Sentencia 2015 de la Corte Suprema chilena, que deja sin piso a los defensores del fraude tributario (que insisten en apodar “elusión”):

Los egresos de depósitos convenidos no están excluidos de la posibilidad de ser analizados por el Servicio de Impuestos Internos en una fiscalización en la que se califica su procedencia como gastos aceptados tributariamente, aun cuando estén pactados en un convenio de trabajo. Porque no existe norma de rango legal que contemple una excepción como la de la especie, y porque el Oficio N° 3.007 de 1996, establece que, estando pactado el depósito convenido en un contrato o convenio por escrito, se acepta como gasto siempre que cumpla con las restantes condiciones impuestas por el artículo 31 inciso 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En caso de no verificarse aquéllas, corresponde aplicar lo establecido por el artículo 33 N°1 letra g) de la ley citada, que previene que se agregan a la renta líquida, siempre que disminuya la renta líquida declarada, entre otras partidas, las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajan en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.

ARTÍCULO 31 INCISO 1° DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

NECESARIEDAD DEL GASTO – DEPÓSITOS CONVENIDOS – ELUSIÓN

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío, que acogió la reclamación deducida, dejando sin efecto la liquidación por Impuesto de Primera Categoría, al haberse agregado a la base imponible un gasto rechazado consistente en el pago de un depósito convenido.

Se denunció, en primer término, la infracción del artículo 31 inciso 1°, 33 N°1 letra g) y 29 a 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500, los artículos 21 del Código Tributario y 19 del Código Civil. Luego, transgresión del artículo 33 inciso 1° letra f) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 19 del Código Civil, vulneración del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 42 N°1 y 21 inciso primero del mismo cuerpo normativo y el quebrantamiento del artículo 7 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario.

En cuanto a la infracción de los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario, la Corte Suprema señaló que el reclamo formulado en el recurso aludía no a una transgresión, sino que a una pretendida falta de fundamentación al prescindir de las pruebas rendidas por la reclamada, o bien al desechar las observaciones efectuadas respecto de las evidencias aportadas por su contraparte. Denuncia que no era efectiva, puesto que, la sentencia dejaba de manifiesto que todas aquellas pruebas que se referían a la falta de una relación laboral real entre las partes del convenio que originó los depósitos convenidos eran descartadas por no haberse fundamentado la liquidación en tal sentido. Así, quedaba asentada la relación laboral, por lo que el marco normativo dentro del cual debía examinarse el egreso era el del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo inaplicable la disposición del ordinal sexto del mismo precepto, puesto que los depósitos convenidos no constituían remuneración para ningún efecto legal.

Además, indicó que estando pactado el depósito convenido en un contrato o convenio por escrito, se aceptaba como gasto siempre que cumpliera con las restantes condiciones impuestas en el citado artículo y en caso de no verificarse aquéllas, correspondía aplicar el artículo 33 N°1 letra g) de la ley citada.

Por lo que, la controversia entre las partes se radicó exclusivamente en la necesariedad del gasto, cuestión distinta a la obligatoriedad, errando los jueces en la calificación del gasto como necesario sin examinar la totalidad de las exigencias previstas en el citado artículo 31.

Lo anterior fue suficiente para acoger el recurso en su totalidad, de acuerdo a los sentenciadores, no siendo necesario analizar los restantes arbitrios.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Santiago, catorce de septiembre de dos mil quince.

Vistos:

En los autos de esta Corte Suprema Rol N° 32.120-2014 sobre  reclamo tributario, la reclamada, Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos, interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la de primer grado, que a su vez acogió la reclamación deducida por xxxxxxxxxxx, dejando sin efecto la Liquidación N° 99 de 31 de mayo de 2012, por impuesto de primera categoría del año tributario 2009, al haber agregado en la base imponible un gasto rechazado consistente en el pago de un depósito convenido.

A fojas 523 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la infracción del artículo 31 inciso 1°, 33 N°1 letra g) y 29 a 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500, los artículos 21 del Código Tributario y 19 del Código Civil. Señala que para el análisis del gasto debe estarse a las prescripciones del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece los requisitos generales para que sea calificado como necesario, para lo cual es insuficiente el hecho que el convenio de trabajo en que se pactó el depósito convenido sea obligatorio al estar firmado por ambas partes, ya que deben observarse las restantes exigencias señaladas en la disposición citada, que en este caso no se presentan. Con ello se infringe, en consecuencia, el artículo 33 N° 1 letra g) del mismo ordenamiento, que dispone agregar a la renta líquida los desembolsos que no cumplen esas exigencias. Añade que el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500 no ha establecido una exención a favor del empleador sino que se refiere a la tributación del trabajador, y en ese sentido el Oficio N° 3007 tampoco releva al ente fiscalizador de revisar el cumplimiento de los requisitos del artículo 31 ya citado. Consecuentemente, indica, se vulneraron los artículos 19 del Código Civil y 21 del Código Tributario en relación con el artículo 31 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta, que imponen al contribuyente probar los hechos que permiten calificar el gasto como necesario. Alega que la sentencia limita los cuestionamientos del Servicio a los vínculos familiares de la beneficiaria, desconociendo que se impugnó la necesariedad del gasto, contexto en el cual se objetó el contrato de trabajo en cuanto incumple los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, basado en las relaciones familiares de los contratantes y la falta de universalidad en la prestación, aseverando que es un error exigir que se objeten cada uno de los requisitos del gasto, más aún cuando se reconoce implícitamente que obedece a una planificación tributaria.

En segundo lugar, se reclama la transgresión del artículo 33 inciso 1° letra f) de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 19 del Código Civil, por cuanto se otorgó un valor distinto al tenor literal del artículo 33 que ordena la incorporación a la renta líquida no sólo de los gastos rechazados, sino también de las sumas pagadas a las personas con interés en la sociedad o empresa. La naturaleza del interés, añade, se reguló en la Circular N° 37 de 1995, en cuanto se trata de la relación directa o indirecta que una persona pueda tener con una sociedad o empresa, que denote interés o vinculación patrimonial, económica, comercial o de otra índole, como es el caso.

En el tercer capítulo del arbitrio se denuncia la vulneración del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 42 N°1 y 21 inciso primero del mismo cuerpo normativo, en cuanto regulan la tributación de los contribuyentes de los impuestos de primera y segunda categoría, como de las partidas del artículo 33 N° 1, que corresponden a desembolsos de dinero que deben gravarse con impuesto global complementario. Afirma que tales preceptos establecen un sistema que no se caracteriza por un impuesto único que grave el incremento de patrimonio, sino de múltiples tributos que gravan a distintos contribuyentes, que se integran entre sí bajo determinados supuestos legales. Se refiere al argumento de la doble tributación, explicando que si bien se verifica, es procedente, porque se trata de contribuyentes diferentes y hechos gravados distintos, sin que en este caso se trate del gravamen a los socios con impuesto global complementario, como surgiría de la decisión censurada.

Finalmente alega el quebrantamiento del artículo 7 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario, fundándose en que la sentencia no ha explicitado los motivos por los que se desestimó la prueba rendida por la reclamada, haciendo presente que sobre la relación laboral el tribunal efectuó sólo un análisis formal, a pesar que acompañó abundantes probanzas para sostener sus cuestionamientos a la calidad de trabajadora de la beneficiaria del depósito convenido, dentro de las que menciona el contrato de trabajo y la declaración jurada de remuneraciones, y destaca la falta de información de los testigos de la reclamante. Adicionalmente, en cuanto al interés de la trabajadora, allegó los certificados de nacimiento y matrimonio y las certificaciones de participación societaria.

Sostiene que, de no haberse aplicado erróneamente las normas citadas se habría concluido que, o no se cumplían los requisitos para aceptar como gasto el depósito convenido, o bien correspondía incorporarlo a la renta líquida porque es un pago efectuado a una persona con interés, con lo que se habría rechazado el reclamo y confirmado la liquidación. Por ello pide que se invalide la sentencia recurrida, se dicte otra de reemplazo que revoque la decisión y confirme la liquidación reclamada, con costas.

Segundo: Que la sentencia recurrida confirmó la de primer grado, señalando en su basamento segundo que la liquidación sólo cuestionó los vínculos familiares de la trabajadora con la empleadora, objetándose la existencia de la relación laboral sólo en el proceso judicial, argumentación que no puede ser considerada porque cambia el fundamento de la actuación reclamada.

Hecha esa delimitación previa, indica en su considerando tercero que el depósito convenido fue pactado en una modificación al contrato individual de trabajo acordada en los términos del artículo 10 N°7 del Código del Trabajo en una época en que no estaba vigente la exigencia que dicho pago se haya consensuado en un contrato colectivo para su reconocimiento como gasto necesario. Sostiene, en su fundamento cuarto, que una vez suscrito el acuerdo es ley para las partes, de modo que el pago del estipendio era obligatorio, precisando que el pacto se ajustó a las prescripciones legales y las instrucciones del Servicio. En ese sentido, luego de mencionar la jurisprudencia administrativa contenida en el Oficio N° 3007 de 1996, concluye que el contribuyente actuó de acuerdo con la normativa vigente (motivo quinto).

Finalmente, esa sentencia se refiere a la planificación tributaria en su razonamiento sexto, señalando que la ilicitud concierne únicamente a las acciones evasivas, en las que ha intervenido simulación, lo que en el caso no fue acreditado, y no podría haberlo sido porque ese argumento no formó parte de los fundamentos del acto administrativo reclamado judicialmente.

A su turno, el fallo de primer grado que acoge el reclamo deja constancia en su basamento séptimo de los hechos establecidos en la causa, que son los siguientes: a) que la reclamante tiene el giro de estacionamiento de vehículos y parquímetros; b) que desembolsó $250.000.000.- para un depósito convenido; c) que se practicó a la contribuyente la Citación N° 1522 de 17 de octubre de 2011; y d) que se emitió la Liquidación el día 31 de mayo de 2012. Precisa además, en su considerando octavo, que en la fiscalización se cuestionó la necesidad del gasto en el sentido de ser inevitable u obligatorio por su naturaleza y monto, exigiendo que conste en un instrumento colectivo de trabajo, cuyo no es el caso, a lo que agregó que la trabajadora tiene una relación familiar con los representantes de la pagadora y es parte del grupo empresarial, y puesto que el beneficio sólo se pactó con ella, es un pago voluntario que no cumple con el requisito de universalidad, sino que inserto en el marco de una planificación tributaria con fines elusivos.

Señala luego esa decisión, en lo que interesa al recurso, que la sola existencia de un contrato de trabajo permite considerar a la Sra. yyyyyyyyy como una trabajadora dependiente, y añade que las vinculaciones familiares, en este caso concreto, no son limitantes para rechazar los desembolsos, y en cuanto al concepto de interés, que la Circular 37 de 1995 no considera a quienes son trabajadores dependientes (fundamentos vigésimo tercero y vigésimo quinto).

En relación con la calificación del pago, y basándose en el Oficio N° 3.007 de 1996, indica en su motivo vigésimo octavo que debe distinguirse si el depósito convenido es obligatorio o voluntario, puesto que en el primer caso son gastos necesarios cumpliendo con las exigencias del artículo 31 inciso 1°, y en el segundo, si llevan aparejado el concepto de universalidad y su monto sea regulado bajo parámetros objetivos. En este caso, sostiene en su razonamiento trigésimo primero que la obligatoriedad de los desembolsos de dinero proviene de la esencia del convenio de trabajo, ya que lo instituido en él es ley para los intervinientes conforme lo prescriben los artículos 1545 y 1438 del Código Civil, y el artículo 7 del Código del Trabajo, precisando que el Oficio citado no exige que se pacte en un convenio colectivo. Esa obligatoriedad, continúa en su basamento trigésimo sexto, debe interpretarse subsumida en los términos de inevitable y necesario, sin que sea pertinente agregarle más requisitos que los previstos en la ley. A modo de corolario, afirma en su considerando cuadragésimo que el convenio de trabajo es de carácter obligatorio, al estar firmado por ambas partes, haciendo presente que la calidad de trabajadora no fue reprochada por el Servicio de Impuestos Internos, lo que permite dar por cumplidos los requisitos exigidos por el legislador para otorgar pleno reconocimiento al depósito convenido como un gasto necesario para producir la renta.

Se hace necesario dejar consignado, además, que refiriéndose a la planificación tributaria, sostiene en su fundamento vigésimo séptimo que es lícita siempre que se haga con estricto apego legal y sin fraude de ley, de manera que no siempre conlleva a lo ilegal o ilícito, precisando que la elusión no significa que sea una actuación ilegítima. Finalmente, contempla un argumento a mayor abundamiento en su motivo cuadragésimo segundo, ya que en la eventualidad de considerarse el desembolso como un gasto rechazado, tributarían dos veces tales fondos, en impuesto de primera categoría como gasto rechazado y luego con el impuesto de segunda categoría.

Tercero: Que, habiéndose atacado en uno de los capítulos del recurso la determinación de los presupuestos fácticos de la decisión, es que se comenzará con la denunciada infracción de los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario. En ese sentido, importa dejar en claro que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio o el establecimiento de unos otros diversos de los fijados, y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o en que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso. Para el desarrollo de tal propósito, el recurrente debe señalar pormenorizadamente los yerros jurídicos que se han cometido en la decisión, los que deben tener influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, de suerte que su verificación implique una real variación respecto de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se resolvió en la resolución impugnada.

También es importante advertir que actualmente en materia tributaria el sistema de valoración imperante es el de la sana crítica contenida en el inciso 14° del artículo 132 del Código Tributario, ponderación de las probanzas que bajo este paradigma significa que, como ya se ha afirmado consistentemente por esta Corte, no está permitido a los jueces de instancia que en el análisis de los medios de prueba aportados puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, pues de hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica (SCS N° 3026-2010, de 25 de agosto 2011). Por otro lado, y desde que se reconoce a los mismos jueces la facultad e imperio para determinar el sustento fáctico de la decisión del caso concreto, no es bastante para dar por establecida una trasgresión de las reglas de valoración de la prueba la sola discrepancia con las conclusiones alcanzadas por aquéllos, sino que se requiere apreciar una motivación alejada ostensiblemente de los antecedentes probatorios del caso, o una estimación de los mismos a tal punto irracional, ilógica o contraria a la experiencia, que llegue a ser insensata (SCS N° 2751-2013, de 31 de diciembre de 2013).

Cuarto: Que, situados en este contexto, es posible advertir que el reclamo formulado en el recurso alude, más que a la transgresión de las reglas de la sana crítica, a una pretendida falta de fundamentación al prescindir de las pruebas rendidas por la reclamada, o bien al desechar las observaciones efectuadas respecto de las evidencias aportadas por su contraparte. En ese contexto, y aún siendo discutible que la denuncia de esa carencia pueda ser motivo del recurso de estos antecedentes, lo cierto es que no es efectiva, puesto que, al contrario de lo señalado por el recurrente, la sentencia deja de manifiesto que todas aquellas pruebas que se refieren a la falta de un relación laboral real entre las partes del convenio que originó los depósitos convenidos serán descartadas por no haberse fundamentado la liquidación en tal sentido, superando, en concepto de los jurisdiscentes, el objeto del reclamo. Asimismo, aquellas objeciones basadas en el interés de la trabajadora, fueron desechadas al acudirse a la jurisprudencia administrativa que excluía a quienes tuvieran esa relación con la sociedad como personas con interés en ella. De este modo, este capítulo del recurso de casación no podrá prosperar.

Quinto: Que, en consecuencia, ha quedado asentado que los comparecientes del convenio de trabajo escrito en que se acordó el depósito convenido objetado por el Servicio tienen la calidad de empleador y trabajador, cuestión que implica que el marco normativo dentro del cual debe examinarse este egreso es el general establecido en el inciso primero del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, siendo inaplicable la disposición del ordinal sexto del mismo precepto, puesto que si bien se refiere a gastos emanados de la relación laboral, se aplica únicamente a sueldos, salarios y otras remuneraciones, participaciones y gratificaciones, categorías en las que no se encuadran los depósitos convenidos por sus propias características, y porque conforme con lo previsto en el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500, no constituyen remuneración para ningún efecto legal.

En ese contexto, es importante dejar en claro que dichos egresos no están excluidos de la posibilidad de ser analizados por el Servicio de Impuestos Internos en una fiscalización en la que se califique su procedencia como gastos aceptados tributariamente, aun cuando estén pactados en un convenio de trabajo. Ello ocurre, en primer término, porque no existe norma de rango legal que contemple una excepción como la de la especie, y en segundo lugar, porque la jurisprudencia administrativa invocada por los litigantes y a que alude la sentencia recurrida, esto es, el  Oficio N° 3.007 de 1996, establece que, estando pactado el depósito convenido en un contrato o convenio por escrito, se acepta como gasto siempre que cumpla con las restantes condiciones impuestas por el artículo 31 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta. En caso de no verificarse aquéllas, corresponde aplicar lo establecido por el artículo 33 N°1 letra g) de la ley citada, que previene que se agregarán a la renta líquida, siempre que haya disminuido la renta líquida declarada, entre otras partidas, las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.

Aclarado el estatuto aplicable a los pagos efectuados, resulta importante acudir al tenor del artículo 31 inciso 1 de la ley del ramo, que prescribe “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.” Dicho precepto desarrolla luego una serie de casos excepcionales, en que los gastos no son aceptados por la ley, o bien se admiten cumpliendo con ciertas condiciones adicionales a las que contempla la regla general. De la disposición que precede, entonces, y como ha sostenido previamente esta Corte, es posible colegir los siguientes requisitos para la determinación de la renta líquida en casos como el que se analiza, en lo referido a los gastos cuya deducción se pretende: a) que correspondan a desembolsos pagados o adeudados; b) que se encuentren  respaldados o justificados fehacientemente con la documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, efectividad y monto; c) que correspondan al período en que se está determinando la renta; d) que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad; e) que no se trate de gastos que la ley declare como “no deducibles” y f) que no se encuentren rebajados como costo directo de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta. (SCS Nº 14.771-14, de 19 de mayo de 2015).

Siguiendo en esta línea, el entendimiento del vocablo “necesario” se corresponde, entonces, con la significación que le ha atribuido esta Corte, conforme su tenor gramatical, cual es la de aquellos desembolsos en los que inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar, relacionados directamente con su ejercicio o giro y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios para el fin social. (SCS N° 11.359-2014, de 30 de diciembre de 2014).

Sexto: Que, en esas condiciones, resulta posible apreciar que, siendo indiscutido que el gasto ha sido justificado fehacientemente, que corresponde al período en que se está determinando la renta, pertenece al giro de la empresa y no ha sido rebajado como costo directo, la controversia entre las partes se radicó exclusivamente en la necesariedad del gasto. Sobre dicho requerimiento, es posible advertir que la sentencia recurrida reduce el examen a la obligatoriedad del pago, cuestión que es distinta de la necesariedad tributaria de ese egreso, que, como se ha dicho, exige que inevitablemente el contribuyente haya debido incurrir en él para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar.

Este aspecto es aquél que se echa de menos en el pago del depósito convenido. En efecto, se trata de un pago cuantioso realizado con la finalidad de aumentar los fondos de una trabajadora destinados a solventar su futura pensión de vejez, conforme con las notas características dadas por el artículo 20 del Decreto Ley N° 3.500, circunstancia que, por sí sola, aleja dicho egreso de tal modo de los fines más inmediatos de la contribuyente y de la obligatoriedad del gasto en cuanto búsqueda de la obtención de la renta, que requiere la aportación de probanzas que permitan ligar la solución de este estipendio con la generación de mayores ingresos por parte de la sociedad reclamante, y que lleven a considerar que se trata de un gasto necesario. Sin embargo, los hechos del proceso, en la forma que han quedado establecidos, sólo logran contextualizar este gasto en cuanto emana del vínculo laboral de la contribuyente con uno de sus trabajadores, y por ende de su obligatoriedad al emanar de un acuerdo pactado por escrito, mas resulta claramente insuficiente para llevar esa obligatoriedad al plano tributario, pues ello requería demostrar su relación con la generación de las rentas de la sociedad. En esas condiciones, y conforme con los hechos del proceso, no resulta posible calificar los pagos por depósito convenido como un gasto necesario para producir la renta.

Séptimo: Que, en esas circunstancias, aparece claro que los jueces del grado han incurrido en un error de derecho al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento, puesto que al efectuar la calificación del gasto incorporado a la renta líquida imponible a través de la actuación reclamada, no han examinado la totalidad de las exigencias previstas en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, principalmente su necesariedad, lo que ha llevado a determinar que se trata de un gasto necesario, en circunstancias que no tiene dicha calidad. El yerro detectado tuvo influencia sustancial en lo resolutivo del fallo, desde que llevó a que se acogiese una reclamación tributaria que debió ser desechada.

En tales condiciones, no resulta necesario analizar los reclamos del arbitrio relativos a la transgresión del artículo 33 inciso 1° letra f), ni la del artículo 20 en relación con los artículos 21 y 42 N°1, todos de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con la deducción de los pagos efectuados a personas con interés en la empresa y la doble tributación de los depósitos convenidos, desde que lo señalado en el párrafo anterior es suficiente para acoger el recurso de casación en el fondo, tal como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 145 del Código Tributario y los artículos 767, 774, y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 493 por el abogado don zzzzzzzz, en representación de la VIII Dirección Regional de Concepción del Servicio de Impuestos Internos, en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil catorce, escrita de fojas 491 a 492 vuelta, la que se anula y se la reemplaza por la que se dictará a continuación, pero sin previa vista.

Se previene que el Ministro Sr. Juica tiene además presente para desestimar la infracción al artículo 132 inciso 14° del Código Tributario, que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Künsemüller, quien estuvo por rechazar el libelo interpuesto, teniendo únicamente en consideración que la necesariedad del gasto, requisito cuya ausencia determina en este caso que se anule el fallo impugnado, no representa un hecho sobre el cual hubiera debido recaer el debate jurídico producido en la especie. En efecto, aparece del auto de prueba dictado por el juez tributario que se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Carácter aparente, o no, de la obligación de pago de depósitos convenidos. Hechos que configurarían la apariencia.

2.- Supuestos de hecho que configurarían o no, la obligatoriedad del convenio de trabajo cuya copia rola a fojas 10.

3.- Efectividad de ser el receptor de depósitos convenidos, persona titular de interés en la empresa que los pagó. Hechos que configurarían dicho interés.

4.- Efectividad que el contribuyente se acogió de buena fe a la interpretación administrativa emanada del Servicio de Impuestos Internos, en los términos indicados en el escrito de reclamación.

En consecuencia, está claro que la necesariedad del gasto no fue un hecho a probar en la litis, de modo que la infracción de determinadas normas jurídicas que denuncia la recurrente, carece de relevancia en lo dispositivo de la decisión, toda vez que el supuesto fáctico que sirve de apoyo a la impugnación del Servicio de Impuestos Internos no pudo ser apreciado en su concurrencia o inconcurrencia por el tribunal ad quem, desde que no fueron llamadas las partes a rendir prueba –y, por tanto, a debatir- sobre ese tópico, lo que conduce, ineludiblemente, a eximir de censura a la sentencia recurrida.

Regístrese.”

EXCMA. CORTE SUPREMA-14.09.2015-ROL N° 32.120-2014-MINISTROS SRES. MILTON JUICA A., HUGO DOLMESTCH U., CARLOS KÜNSEMÜLLER L., EL FISCAL JUDICIAL SR. JUAN ESCOBAR Z. Y EL ABOGADO INTEGRANTE SR. JEAN PIERRE MATUS A.

 Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Casatoria de la Corte Suprema de Chile: Los gastos deben tener la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios y deben relacionarse directamente con el giro del contribuyente

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Mediante sentencia emitida el 18 de noviembre del 2013 por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile para resolver el recurso de Casación en relación al ROL 2359-2013 aborda una controversia en torno al Impuesto al Valor Agregado chileno (lo que en el Perú viene a ser el Impuesto General a las Ventas) cuestionándose el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.

Resulta indispensable tener en cuenta que la Corte Suprema chilena da cuenta en su considerando octavo lo siguiente:

no se estableció como hecho de la causa que  los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado  de inevitables u obligatorios.”

Este criterio reiterado por la Corte Suprema Chilena refuerza nuestra posición en cuanto a que la interpretación con criterio amplio del principio de causalidad en el Perú debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada. 

Resulta relevante también destacar el considerando quinto de la sentencia chilena en cuanto indica:

Que corresponde consignar que la sentencia (refieriéndose a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011) fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.”

Bajo dicho contexto se rechazó sobre el fondo el recurso de casación interpuesto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

“Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil trece.

Vistos:

            En estos autos rol Nº 2359-2013, la reclamante XXXXXXXXXXXXXXXXXXX interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011.

A fojas 218, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

            Primero: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia en primer término la infracción del artículo 31 N° 5 y 10 del Decreto Ley N° 824, en relación con el artículo 23 N°1 del Decreto Ley N° 825 y artículo 19 del Código Civil. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el contribuyente está autorizado para deducir del ingreso bruto todos los gastos necesarios para obtenerlo, entre los cuales se encuentran los que han sido objetados en estos autos, haciendo presente que tratándose de camionetas no está prohibida su adquisición y mantención.

Agrega que por su parte el N° 1 del artículo 23 del Decreto Ley N° 825 del año 1974 establece que procede el crédito de las facturas relacionadas con gastos de tipo general que digan relación con el giro o actividad del contribuyente, y en este caso los gastos objetados como no relacionados con el giro del contribuyente corresponden a estipendios normales y ordinarios que debe pagar mensualmente una empresa que presta servicios de seguridad.

Expone que el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en su número 5 regula los gastos por depreciación de los bienes del activo inmovilizado, los que en su caso han sido rechazados sin señalar el motivo, esto es, por ejemplo, si existió un exceso respecto de los años de vida útil asignados, por lo que el rechazo de las depreciaciones ha sido totalmente injustificado. En cuanto a los gastos de promoción en los centros invernales, que tiene por objeto hacer propaganda a los servicios prestados por la empresa, se rechazan igualmente no obstante que la ley en el N° 10 del artículo 31 los contempla especialmente, dando la posibilidad de considerarlos como activos transitorios o  gastos del  ejercicio.

En lo que respecta al artículo 19 del Código Civil, se sostienen que el error radica en la errada interpretación de los artículos 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en particular sus números 5 y 10 en relación con el artículo 23 N° 1 del Decreto Ley N° 825. Se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, pero no obstante lo explícito del texto de la Ley, se incurrió en ese error jurídico.

Como segundo error de derecho, denuncia una errada interpretación del artículo 21 del Código Tributario, en relación al artículo 19 del Código Civil, expresa que el inciso segundo del citado artículo establece que el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de los antecedentes presentados por los contribuyentes, a menos que estos documentos, libros y antecedentes no sean fidedignos, situación que no se verifica en el caso de autos, puesto que las facturas presentadas no han sido calificadas como no fidedignas, circunstancia que impide prescindir de los documentos presentados en el proceso por el contribuyente, por lo que se ha vulnerado las leyes reguladoras de la prueba pues se invierte el peso de la prueba.

Además, expresa que se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, lo que ocurrió en este caso, no obstante lo explícito del texto de la Ley.

En un tercer aparatado se acusa la errada interpretación que se ha efectuado del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, en relación con el artículo 19 del Código Civil, señala que las facturas se han cuestionado principalmente por situaciones de hecho no contempladas en esa norma, como el calificarlas de ideológicamente falsas o que no guardan relación con el giro del contribuyente, precepto que no se refiere a circunstancias fácticas para imputar irregularidad, pues tal calificación debe ser de carácter objetivo, esto es, basarse en deméritos o anomalías del documento mismo, y no en eventuales hechos u omisiones de sus emisores y menos por ser de empresas relacionadas.

En cuanto al error respecto del artículo 19 del Código Civil, radica en la errada interpretación del artículo 23 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en particular su números 5.

Finalmente como último error de derecho se imputa que los jueces de la instancia omiten aplicar el inciso cuarto del N° 5 del artículo 23 del D.L. Nº 825, tal contravención se produce porque la norma en comento señala que : “No obstante los dispuesto en los  incisos  segundo y tercero  no se  perderá el derecho al crédito fiscal, si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales   por el vendedor”. En su caso, todas las facturas de las denominadas empresas relacionadas  pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se acredita con las mismas y los antecedentes de estas empresas, situación no valorada por la sentencia recurrida.

Segundo: Que al explicar la forma cómo los errores de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo de la sentencia, el recurso señala que de aplicarse correctamente los preceptos precitados la decisión habría sido la contraria a la que se asentó, esto es, se habría acogido el reclamo tributario contra las liquidaciones impugnadas.

Tercero: Que es necesario consignar que las liquidaciones reclamadas son las números 169 a 202, de 26 de diciembre de 2011, por concepto de  Impuesto al Valor Agregado de los períodos de agosto de 2008 a diciembre de 2010, Impuesto de Primera Categoría de los años tributarios 2009, 2010 y 2011, y Reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2010.

Por otra parte, en el reclamo del contribuyente se asevera que las operaciones contenidas en las facturas fueron efectivamente realizadas, y se relacionan con el giro, por lo que no es procedente el rechazo del crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

Cuarto: Que el Servicio de Impuestos Internos en las liquidaciones reclamadas cuestiona al contribuyente el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.

Quinto: Que corresponde consignar que la sentencia fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.

De forma que los gastos por compras realizadas en supermercado destinados a la alimentación de sus trabajadores son gastos con fines ajenos a los de su industria o actividad. Así como los gastos en la compra de implementos para esquiar, televisión por cable, colegiaturas y útiles escolares, todos los cuales no se encuentran entre aquellos contenidos en el giro de la reclamante, de forma que no caben dentro de la hipótesis  establecida en el artículo 31 inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta. Respeto a los muebles para dormitorio, su adquisición tampoco puede ser calificada como necesaria para producir la renta.

Sexto: Que el fallo recurrido, en lo pertinente, luego de referirse a los artículos 23 Nº 4, 5 y 6 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, señala que atendido que las operaciones que contienen las facturas  emitidas por doña Beatriz Hernández González y que fueron cuestionadas por no ser fidedignas o irregulares, éstas carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar la efectividad de los costos y monto de los mismos.

En cuanto al uso de una camioneta por parte del dueño de la empresa para actividades publicitarias y de promoción, se aduce que no puede ser considerado como una gasto necesario para producir la renta, porque quedó demostrado que no desarrolla esas actividades dentro de su giro.

Séptimo: Que en cuanto al primer error de derecho que se denuncia por el recurso, éste se relaciona fundamentalmente con el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al rechazar la sentencia los gastos consignados en las facturas y que son el fundamento de las liquidaciones reclamadas por la sociedad.

El artículo 31 citado, en lo pertinente, dispone que la renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Octavo: Que en este entendimiento, para que la transgresión denunciada pueda prosperar, deben estar establecidas en el fallo aquellas circunstancias de hecho que doten a los desembolsos incurridos de la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios para generar los ingresos y que se relacionen directamente con el giro de la contribuyente, y por lo tanto, puedan considerarse dentro de las deducciones que contempla el artículo 31 de la ley para determinar la base imponible del impuesto, nada de lo cual acontece, como se indicó en el motivo tercero  precedente.

Consecuentemente, no puede imputársele al fallo recurrido haber transgredido el citado artículo 31, ni los demás preceptos que menciona el recurrente, pues no se estableció como hecho de la causa que  los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado  de inevitables u obligatorios.

Noveno: Que, en relación al quebrantamiento del artículo 21 del Código Tributario, el error de derecho se fundamenta, en síntesis, en que la sentencia no consideró la documentación presentada por el contribuyente y que en su opinión, acredita gastos necesarios para producir renta, sin embargo, esta alegación del recurrente olvida que dentro de los antecedentes que el Servicio de Impuesto Internos se encuentra obligado a considerar al liquidar o reliquidar un impuesto, de acuerdo al inciso 2° de esta norma, también se encuentra la contabilidad del contribuyente y sus propias declaraciones. En este contexto, no se divisa infracción de la disposición invocada, desde que la administración ha procedido a liquidar los impuestos reclamados, precisamente en base al mérito de la propia declaración del contribuyente y de su contabilidad, la que, como se dijo, hace plena fe en su contra y no puede ser corregida en la forma planteada por el recurrente.

Décimo: Que tanto el tercer como el cuarto capítulo del recurso de nulidad dicen relación con la errada interpretación que los sentenciadores habrían dado al artículo 23 N°5 inciso cuarto de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, ya que a su entender no se acreditó la falsedad de las facturas, sino que se señala que las operaciones consignadas en ellas eran ajenas al giro y porque todas las facturas de empresas relacionadas pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se habría acreditado en autos.

Al respecto, conviene señalar que el artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que los contribuyentes afectos al pago de este tributo tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario. En su numeral cinco, la citada norma dispone que no darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. En esta situación se encontraba la sociedad reclamante, puesto que las facturas cuyo crédito fiscal se utilizó por ella se estimaron material e ideológicamente falsas por los motivos indicados en las liquidaciones reclamadas. Frente a este escenario, para no perder el derecho a crédito fiscal, el pago de las referidas facturas debe hacerse dando cumplimiento a los requisitos mencionados en el artículo 23 Nº 5 del Decreto Ley Nº 825, esto es, haber pagado con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio y haber anotado por el librador al extender el cheque el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta, o acreditar que se enteró el impuesto en arcas fiscales, requisitos no satisfechos en este caso.

Por todo lo anterior, lo postulado por el recurso no se ajusta al mérito del proceso ni a los hechos que quedaron establecidos en él.

Undécimo: Que al no haberse producido las vulneraciones de ley denunciadas, tampoco se infringen las reglas de interpretación contenidas en el artículo 19 del Código Civil, sin perjuicio de que el recurrente no explica -como es dable exigir en un recurso de derecho estricto como la casación-, de qué manera precisa y concreta se habría producido la infracción de esta norma, limitándose a señalar que se ha desatendido el tenor literal de dicho precepto, lo que desde luego no revela yerro jurídico alguno, falencia que, sumada a los razonamientos contenidos en los motivos precedentes permite determinar el rechazo del presente medio de impugnación.

Como consecuencia de lo razonado, el recurso en estudio no puede prosperar y debe ser desestimado.

Y  de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 767, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 194 por XXXXXXXXXXXXXXXX en contra de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil trece, escrita a fojas 180 y siguientes.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados”.

CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – 18.11.2013 – ROL 2359-2013 – MINISTRO SR. MILTON JUICA A., HUGO DOLMESTCH U.- MINISTRO SR. CARLOS KÜNSEMÜLLER L.- MINISTRO SR. HAROLDO BRITO C.- MINISTRO SR. LAMBERTO CISTERNAS R.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria Chilena 2013: No son gastos necesarios para producir la renta las remuneraciones pagadas a trabajadores, cuando en un período tributario determinado no se desarrolla el giro empresarial

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Mediante Sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia (República de Chile), de fecha 10 de mayo del 2013, ROL N° 2-2013, se resuelve una controversia en torno a la deducibilidad de los desembolsos corrientes incurridos por un ente empresarial, en virtud a lo cual el tribunal chileno estimó evaluar si dichos desembolsos tienen el carácter de inevitables o forzosos.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Valdivia que había rechazado el recurso del contribuyente en contra de una liquidación emitida por el Servicio de Impuestos Internos (lo que viene a ser SUNAT Chile).

El contribuyente en su escrito de apelación argumentó que los gastos eran necesarios para producir la renta y que se acompañaron documentos suficientes para acreditarlo y alegaron que la sentencia no respetó lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta chileno, porque interpretó y utilizó criterios que no correspondían por no estar establecidos en la ley chilena.

La Corte de Apelaciones consideró que en el presente caso ocurría que el contribuyente había fallecido y no obtuvo ingresos por su giro o actividad, por tal sentido los gastos en remuneraciones no resultaban necesarios para producir la renta, pues no tenían el carácter de inevitables o forzosos como exigía la norma, ya que los trabajadores fueron contratados para el desarrollo del giro transporte de carga terrestre, el que no tuvo lugar, de forma tal que dichos gastos no tenían su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Valdivia, diez de Mayo de dos mil trece.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, en sus considerando y citas legales.

Y TENIENDO ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, el abogado don Carlos Herrera Tardón, en representación de la reclamante, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos antecedentes por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos, de fecha 16 de enero de 2013, escrita de foja 564 a 591, que rechazó el reclamo deducido por su parte en contra de la liquidación de impuestos Nº 43, de 3 de Mayo de 2012. Reproduce en primer lugar, aquellos considerandos de la sentencia recurrida, que fundamentan la conclusión del sentenciador en orden a estimar que los gastos en que incurrió el contribuyente no fueron necesarios para producir la renta y que motivaron la decisión de no hacer lugar al reclamo deducido por su parte.

Sostiene que la causa y objeto de pedir contenidos en el reclamo entablado en contra de la liquidación Nº 43, dicen relación con los gastos en remuneraciones en los que incurrió el contribuyente durante el año 2010, los que estima fueron necesarios para producir la renta. Al respecto, refiere que la sentencia incurrió en errores de trascendencia jurídica al dar por establecido, por un lado, el hecho que los gastos incurridos en remuneraciones y otros, no fueron necesarios para producir la renta, en circunstancias, que sí lo fueron; y, por otra parte, que, el contribuyente no habría aportado prueba enderezada para acreditar tal exigencia legal, en circunstancias que el contribuyente sí aportó y produjo prueba documental, dada por la contabilidad de acuerdo al artículo 21 de la Ley de La Renta, y testimonial necesaria para dar por suficientemente probado el hecho. Continua, señalando que el contribuyente don XXXX (Q.E.P.D.), siempre mantuvo su hoja de vida tributaria sin mácula, en más de 20 años que ejerció la actividad de empresario. Agrega, en tal sentido, que no solo dio fiel cumplimiento a las normas legales que regulan la materia en debate, sino que además, y dentro del giro de su negocio, hizo esfuerzos sobrehumanos para poder mantener con actividad ocupacional a sus trabajadores, por todo el periodo que duró su enfermedad –cáncer- que terminó con su fallecimiento el 29 de Octubre de 2010.

Refiere que posteriormente, el día 3 de Mazo de 2012, su parte fue notificada de la liquidación Nº 43, que rechazó como gastos necesarios para producir la renta, las remuneraciones y otras prestaciones laborales de sus trabajadores, correspondientes al periodo comercial 2010 (Enero a Diciembre), liquidándose un total de $18.663.950, precisando que el Servicio de Impuestos Internos argumentó “Que, según el Balance General para el año tributario 2011 Folio 14004, se contabiliza un gasto por $67.011.564 y que de acuerdo a lo anteriormente detallado se desprende de la documentación aportada como respaldo de la cuenta “Remuneración”, código 4.01.01.001, que solo la remuneración del trabajador XXXXX RUT: xxxxxxxxx-xx, está justificada, al cumplir este labores de administración y que los gastos pagados al resto de los trabajadores no son necesarios para producir la renta, ya que las funciones que desempeñan los trabajadores se encuentran relacionadas con el giro de transportes de carga por carretera, el que no ha generado ningún ingreso durante el año comercial 2010 (año tributario 2011), por lo que las remuneraciones detalladas en el siguiente cuadro corresponde a un gasto rechazado del año comercial 2010”.

En cuanto a los fundamentos que permiten justificar la necesidad de dichos gastos, indica que don XXXX, durante el año 2010, fue contribuyente de Primera Categoría de la Ley de Renta y sus giros registrados en el Servicio de Impuestos Internos fueron de Transporte de Carga por Carretera y Agrícola. Manifiesta que en la medida que su tratamiento lo permitía, siguió ejerciendo la actividad empresarial y dirigiendo a sus trabajadores, todos antiguos, con un promedio laboral de 15 años, leales y capacitados, multifacéticos y eficientes, pudiendo pese a todo, sacar adelante su empresa durante el año 2009. A comienzos del año 2010, su salud se agravó, ante lo cual fue poco a poco alejándose de sus negocios, en atención a lo cual no se generaron ingresos. En razón de ello, instruyó a sus trabajadores para que, durante el año 2010, trabajasen en actividades propias del giro del negocio, que permitieran la mantención operativa de las máquinas, los camiones y remolques, así como labores de limpieza en el predio agrícola, control de malezas y preparación de la tierra, para poder explotarlo, y, como alternativa, para poder instalar allí, los talleres de los equipos de rodado. En el mismo sentido, libró órdenes para mantener flujos de caja que permitieren financiar los egresos del periodo 2010, por todo lo cual estima que todos los gastos en que el contribuyente incurrió en pago de remuneraciones, leyes sociales y otros, fueron inherentes y vinculados al ejercicio propio del negocio y, por lo tanto, los gastos fueron absolutamente necesarios para producir la renta, basándose, además, en los principios contables generalmente aceptados.

Añade que la sentencia sobrepasó el texto positivo contenido en el artículo 31 de la Ley de la Renta, forzando la situación a otros estadios, por cuanto interpretó y utilizó criterios que no correspondían, por no estar ellos prescritos en las normas de la Ley de la Renta. Así, señala que rechazó el gasto en remuneración lisa y llanamente porque el contribuyente en el periodo revisado no declaró rentas, además, por cuanto el cliente no tuvo una relación ingreso versus ventas y, por último, porque no desarrolló su giro, requisitos que no contempla la norma positiva. Por el contrario, argumenta que el contribuyente se ajustó estrictamente al artículo 31 de la Ley de la Renta.

Luego, hace una reseña en su presentación de la prueba documental acompañada en la instancia en apoyo de su reclamación, entre los cuales se encuentran los contratos de trabajo de todos los trabajadores, todos los cuales precisa provienen de años anteriores, haciendo presente que las remuneraciones nunca fueron rechazadas en los periodos anteriores.

En suma, concluye que el gasto en remuneraciones, siempre se encontró debidamente acreditado y justificado de acuerdo a los libros contables y todos los documentos que se acompañaron a su reclamo, tales como contratos, liquidaciones de sueldo, planillas de retenciones impositivas, registro oportunos en los libros de contabilidad, lo que fue corroborado con las declaraciones de los testigos que depusieron en juicio y, que no hacen más que confirmar que los gastos en que incurrió el contribuyente fueron necesarios para producir la renta.

Expresa, además, que en la especie se trata de un contribuyente de primera categoría, que debe tributar en base a renta efectiva y contabilidad completa, la que fue exhibida conforme al artículo 21 del Código Tributario, la que hace plena prueba de las partidas que allí se contienen.

Continúa, con un análisis de los fundamentos del fallo apelado, reproduciendo parcialmente varios de sus motivos, detallando latamente en cada punto, las razones por las cuales considera que los fundamentos esgrimidos por el Tribunal son errados, exponiendo en síntesis, que el criterio abordado en la sentencia es errado, por cuanto, se pregunta ¿De dónde obtuvo el sentenciador el fundamento para afirmar que “no desarrollo su giro”?, ya que todas las actividades que se desarrollaron, y que se coligen de las pruebas producidas, fueron actividades vinculadas estricta y derechamente con el giro del negocio de la empresa.

En relación a la prueba testimonial, indica que los considerandos septuagésimo cuarto y septuagésimo quinto, no admiten mayor análisis, al declarar la sentencia que la realización de las actividades de trabajo y labores ejecutadas por los trabajadores no fueron acreditadas en juicio, y que los dichos de dos trabajadores en la testimonial, Juan Briceño y Juan González, resultan generales, imprecisos y poco creíbles, ya que estos declararon solo sobre hechos que estaban y cayeron bajo la esfera de su conocimiento.

Solicita, se revoque la sentencia apelada y se deje sin efecto la liquidación Nº 43, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por las partes y del análisis atento de la sentencia en alzada, se desprende que el objeto de la presente discusión, se centra en determinar si los gastos en remuneraciones y otros relativos a los trabajadores del contribuyente XXXX, correspondientes al año comercial 2010, pueden ser calificados como necesarios para producir la renta, en los términos exigidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que, por una parte, el contribuyente argumenta que dichos gastos fueron efectiva y materialmente pagados a cada trabajador, lo que se acreditó con la contabilidad fidedigna aportada tanto en la instancia administrativa como judicial, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario, la que en su concepto hace plena prueba respecto de la efectividad de los mismos. Argumenta, además, que el Tribunal, se excedió en los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta exige para considerar un determinado gasto como necesario para producir la renta, ya que dichos gastos fueron finalmente rechazados atendido a que el contribuyente no realizó operaciones de su giro, requisito que la disposición legal en comento no requiere para que sean aceptados. Finalmente, cuestiona la valoración de la prueba realizada por el sentenciador del grado, en atención a que los testigos dieron cuenta de trabajaos efectivamente realizados durante el año 2010, y, que sus declaraciones no fueron vagas e imprecisas, ya que se ajustaron al mérito de lo que estrictamente conocían y sabían.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, argumenta que tales gastos no fueron necesarios para producir la renta, pues, por una parte, la empresa no realizó operaciones del giro durante el año 2010, y, además, atendido a que los trabajadores no realizaron trabajos relativos al transporte de carga terrestre para el cual fueron contratados, criterio que fue el que finalmente adoptó el Juez a quo para desestimar el reclamo, según se lee de los considerandos septuagésimo primero a octogésimo segundo del fallo apelado.

TERCERO: Que, conviene en primer término          tener en consideración las disposiciones legales aplicables a la controversia de autos.

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de la Renta establece en su parte pertinente lo siguiente:

“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten y justifiquen fehacientemente ante el Servicio”.

Por su parte, el artículo 21 del Código Tributario, dispone:

“Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero”.

CUARTO: Que, de la lectura atenta de las disposiciones legales transcritas, se desprende, en primer lugar, que el legislador requiere para aceptar un gasto los siguientes requisitos copulativos: 1) Que el gasto se relacione directamente con la actividad; 2) Que tenga la calidad de necesario para producir la renta; 3) Que no haya sido rebajado previamente; 4) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado en el ejercicio y 5) que se acredite o justifique fehacientemente ante el Servicio, requisitos que el propio contribuyente reconoce, atendido el mérito del fallo de esta Corte invocado en su recurso, pronunciado en los autos Rol Nº 591-2005. En segundo lugar, se colige, además, que la carga probatoria corresponde al contribuyente, de conformidad al citado artículo 21 del Código Tributario, en orden a acreditar la efectividad de los desembolsos que se pretenden impetrar como gasto en el ejercicio respectivo.

QUINTO: Que, en el caso en estudio, no se ha cuestionado la efectividad material de los gastos en remuneraciones realizada por parte del contribuyente en el año comercial 2010, vale decir, el hecho que fueron efectivamente irrogados por parte del actor, pues ello se acreditó con los documentos acompañados a la instancia, consistentes en contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo y los respectivos registros contables, de los cuales el Servicio por cierto no puede prescindir, pues no formuló en la liquidación reclamada un juicio de fidelidad de dichos asientos, sino que solo cuestionó la idoneidad de dichos desembolsos para ser considerados necesarios para producir la renta.

Del mismo modo, tampoco ha existido controversia respecto del hecho que el causante tenía la calidad de contribuyente de Primera Categoría y Global Complementario, ni de la circunstancia de que durante el año 2010 aquel no tuvo ingresos del giro, hecho que por lo demás quedó expresamente consignado en los motivos cuadragésimo sexto y cuadragésimo noveno de la sentencia en alzada.

SEXTO: Que, como lo ha resuelto nuestra Excma. Corte Suprema, en sentencia pronunciada en los autos Rol Nº6380-2009, en relación a la correcta inteligencia del artículo 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, “…si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo “necesarios”, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar”.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, no habiendo sido discutido por las partes el hecho que durante el año 2010, el contribuyente no obtuvo ingresos por transporte de carga terrestre, que era su giro o actividad, claramente los gastos en remuneraciones y otros relacionados que pretende impetrar, no resultaban en ningún caso inevitables o forzosos como exige la norma en análisis, desde que los trabajadores del reclamante fueron contratados precisamente para el desarrollo de dicho giro.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el juez del grado no impuso al reclamante una exigencia adicional para rechazar los gastos como aduce el actor en su recurso, sino que muy por el contrario, se ajustó estrictamente a los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta impone para considerar un gasto como necesario para producir la renta, lo que en el caso en estudio, no aconteció, dado que no tenían el carácter de inevitables o forzosos, atendida la falta de operación del reclamante en el año comercial respectivo.

NOVENO: Que, sobre este punto, es dable precisar que el artículo 2º Nº 1 de la Ley de Impuesto a la Renta define el concepto de “renta” como “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad…”, de lo que se colige claramente que la renta debe emanar de una actividad, es decir, de un conjunto de acciones positivas para generarla, lo que en la especie, se contrapone evidentemente a la inactividad y nula operación que el contribuyente mantuvo durante el año comercial 2010, por lo que mal puede considerarse que las remuneraciones pagadas a sus trabajadores eran necesarias para producir la renta, como bien lo establece el juez de la instancia en el motivo septuagésimo primero del fallo en alzada. Por lo demás, la erogación de dichos gastos conducen a la generación de una pérdida tributaria en el ejercicio respectivo, que no tiene su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

DÉCIMO: Que, en nada altera lo razonado en los motivos precedentes, la prueba documental y testimonial rendida por el reclamante, ya que como lo establece el juez en el considerando septuagésimo tercero de la sentencia en alzada, las funciones para las cuales estaban contratados los trabajadores no se ejecutaron durante el periodo, criterio que esta Corte comparte plenamente, atendido a que como ha razonado en los motivos precedentes, el contribuyente no desarrolló operaciones del giro para el cual fueron contratados.

DÉCIMO PRIMERO: Que, atento lo anterior, no habiendo podido desvirtuar el contribuyente los fundamentos de la liquidación Nº 43 formulada por el Servicio de Impuestos Internos, el recurso de apelación interpuesto será rechazado.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 21 y 161 del Código Tributario; y artículos 2 Nº 1 y 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, se CONFIRMA la sentencia definitiva apelada de fecha dieciséis de Enero de dos mil trece, escrita de fojas 564 a 591, sin costas del recurso por estimar que el contribuyente tuvo motivo plausible para alzarse.

Redacción del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese y devuélvase.”

Moraleja: La interpretación con criterio amplio del principio de causalidad debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Corte Suprema Chilena da cuenta que los desembolsos necesarios deben de tener el carácter de inevitables y obligatorios

Alan Emilio en Huamanga Ayacucho 2014

Alan Emilio en Huamanga Ayacucho 2014

Mediante sentencia emitida el 12 de abril del 2013 por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile en relación al ROL 9606-2011, aborda la controversia entre el Servicio de Impuestos Internos de Chile SII (lo que viene a ser SUNAT en Chile) y una entidad empresarial cuyo giro es la crianza y venta de caballos finos, en relación a la deducción como gasto corriente en los periodos 2005, 2006 y 2007 de erogaciones vinculadas a la participación de dicho ente en rodeos y pagos de bonos y premios a los jinetes, para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta chileno.

El contribuyente chileno justificó que la actividad del rodeo guarda relación a su negocio puesto que sus caballos son criados y adquiridos para ser utilizados en esa actividad, aportando una gran cantidad de documentos y antecedentes contables que según el contribuyente evidencian el incremento de las ventas de caballos y demás productos, así como el valor promedio de los animales. También proporcionó numerosos artículos de prensa escrita donde se destaca la participación en rodeos de sus caballos, a lo cual atribuyó el carácter de una forma fundamental de publicidad. Respecto de los pagos de bonos y premios a los jinetes el contribuyente manifiesta que esto se encuentra estipulado en sus respectivos contratos de trabajo y anexos, así como también el listado de campeones de Chile donde aparecen con figuración nacional los jinetes de la entidad, atribuyendo que forma parte de sus remuneraciones. Por tal sentido el contribuyente considera que debe aceptarse la deducción como gasto corriente de estas erogaciones.

La Corte Suprema Chilena en su considerando décimo evalúa el contenido de la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 30 de agosto del 2011 (segunda instancia), la cual a su turno confirmó la resolución de primera instancia, y estableció:

si bien se acompañó una hoja de detalle de las ventas, no se acompañaron las facturas correspondientes ni se conocen las razones de las ventas, ni si se efectuaron después de un rodeo o que los compradores fueran influidos por algún medio de publicidad. Añade el fallo que los compradores no concurrieron a estrados a exponer que el factor que los motivó a efectuar la adquisición de caballos fue la destacada participación de ellos en algún rodeo, además de sus cualidades propias o por el prestigio con que cuenta en el mercado el criadero de propiedad de la reclamante. No se acreditó que el rodeo por sí solo sea un medio de publicidad determinante en la decisión de un comprador, por cuanto sólo se trata de un deporte al cual acude público de distinta naturaleza a presenciarlo y, por tanto, no tiene relación con el giro agrícola de la contribuyente“.

La Corte Suprema chilena en el segundo párrafo de su considerando duodécimo (decimo segundo) estableció que: “es dable concluir que éste sin duda (respecto al concepto de gasto necesario) se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Se trata de desembolsos en que forzosamente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar..” Añade la Corte Suprema chilena que la sentencia de segunda instancia no consigna que los gastos en que incurrió el contribuyente reúnan estas condiciones pues no existen antecedentes acerca de su necesidad ni la incidencia que la participación en la actividad del rodeo tuvo en la venta de caballos.

Finalmente en su decimo cuarto considerando, la Corte Suprema chilena indica que respecto de los pagos a los trabajadores, las remuneraciones se aceptan como gastos siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 31 de la Ley de la Renta chilena, condiciones que la sentencia de segunda instancia no estableció como hecho probado.

Bajo este contexto desarrollado por la jurisprudencia tributaria internacional resulta totalmente absurdo sostener que como el criterio de causalidad se debe interpretar con sentido amplio, cabría la deducción como gasto corriente de un pago por concepto de daño emergente por la suma de S/.10´000,000 a favor de una empresa cuando el perjuicio lo haya ocasionado la entidad que se obliga a efectuar este pago (por ejemplo al haber perjudicado a la entidad receptora de la indemnización por haberle proporcionado certificaciones falsificadas), puesto que tal como establece la jurisprudencia y doctrina estadounidense “una persona no se puede beneficiar del daño causado por uno mismo, y que ello sea avalado por un Tribunal de Justicia” que recientemente ha sido considerada por la Corte Suprema de Justicia del Perú al emitir la sentencia que resuelve la acción de amparo interpuesta por los familiares de las víctimas del incendio en la discoteca Utopía, de fecha 12 de julio del 2013, en el P.A. 1237-2013 Lima.

El carácter de “inevitable y obligatorio respecto a los desembolsos corrientes u erogaciones”, es un lineamiento también seguido por el Consejo de Estado Colombiano y por la Audiencia Nacional de España, motivo por lo cual saludamos el contenido jurisprudencial establecido en Chile, siendo relevante de ser tomado en cuenta por las diferentes entidades empresariales en nuestro país, puesto que tenemos conocimiento que muchas personas vienen pregonando a muchos incautos que cualquier cosa pasa como gasto corriente bajo una falsa y elusora percepción de que el principio de causalidad implica que la deducciòn es “automàtica”, “desmedida” y “sin control”.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable

Jurisprudencia Tributaria Chilena: Al extraviarse una factura, no basta con acompañar una copia del documento, sino que es necesario que el contribuyente desarrolle una actividad probatoria que permita a la administración cerciorarse de la fidelidad documental

Alan Emilio en Máncora abril 2013

Alan Emilio en Máncora abril 2013

Mediante sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile – 04.01.2013 – ROL 8281-2011, se puntualiza que el órgano fiscalizador de los tributos no descarta la fuerza de convicción de fotocopias simples de facturas originales supuestamente extraviadas o destruidas, sólo que demanda elementos de juicio complementarios, que avalen su fidelidad.

Cabe resaltar que la controversia no radicaba en la validez de simples fotocopias de facturas, como erróneamente predica el recurso del contribuyente, sino en la inactividad probatoria de dicho contribuyente que no propuso a la Administración Tributaria evidencias que le permitieran cerciorarse de la fidelidad documental.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en  Tributación  y en Normas Internacionales de Información Financiera

“Santiago, cuatro de enero de dos mil trece.

VISTOS:

En esta causa Rol N° 10.333-2.008 de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias por concepto de diferencias de Impuesto al Valor Agregado de sendos períodos que van desde el mes de agosto de 2.005 hasta el de octubre de 2.007,  Impuesto a la Renta de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario correspondientes a los años tributarios 2.007 y 2.008, el abogado Rafael Martínez Cohen, actuando en representación de la contribuyente y reclamante XXXXX, recurre de casación en el fondo contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó, sin más, la resolución que el treinta de marzo del mismo año emitiera la directora regional correspondiente, doña Erica Morales Lartiga, accediendo sólo parcialmente al reclamo.

El recurso representa la errónea interpretación, la contravención formal y la falsa aplicación de disposiciones de los Códigos Civil, de Procedimiento Civil y Tributario; de los Decretos Leyes N° 824 y 825 de 1.974; y del Decreto Supremo de Hacienda N° 55 de 1.977, yerros que agrupa de la siguiente manera:

1.- “Sobre el valor probatorio de las fotocopias de las facturas para acreditar el crédito fiscal y costo del contribuyente. Contravención formal al artículo 21 del Código Tributario; contravención formal al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y contravención formal al artículo 2 del Código Tributario.” (fs. 115)

2.- “Sobre la presunta obligación del contribuyente de sólo poder acreditar sus créditos fiscales y costos con los originales de las facturas respectivas. Interpretación errónea de los artículos 23 N° 1 y N° 5°, y 25 de la ley del IVA, en relación a los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1, 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA; Interpretación errónea del artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta:” Fs. 116)

3.- “Sobre la contravención formal al artículo 97 N° 16° del Código Tributario.” (fs. 118)

4.- “Falsa aplicación de los artículos 17, 88 inciso final, y 97 N° 19 del Código Tributario.” (fs. 119)

5.- “Contravención formal al artículo 19 del Código Civil”.

Traídos que fueron los antecedentes en relación, se procedió a su vista en la audiencia de veintiséis de noviembre último, con la asistencia de los abogados que por ambas partes comparecieron a estrados, habiéndose dejado el asunto en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE QUE:

1°.- Efectuada la reclamación reseñada en lo expositivo que antecede, el tribunal la desestimó, argumentando la falta de prueba para convencer acerca de la fidelidad de las copias de las facturas que el Servicio objetó, por no constituir los originales, criterio éste que fue compartido por la alzada y que es preciso motivo del presente intento correctivo, que aduce profusas infracciones normativas por el hecho de no haberse validado fotocopias simples de las facturas, a pesar que nada indica no sean fidedignas.

Como se adelantó en el introito, esas vulneraciones de ley vienen agrupadas de la siguiente forma:

1.- “Sobre el valor probatorio de las fotocopias de las facturas para acreditar el crédito fiscal y costo del contribuyente. Contravención formal al artículo 21 del Código Tributario; contravención formal al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y contravención formal al artículo 2 del Código Tributario.” (fs. 115)

2.- “Sobre la presunta obligación del contribuyente de sólo poder acreditar sus créditos fiscales y costos con los originales de las facturas respectivas. Interpretación errónea de los artículos 23 N° 1 y N° 5°, y 25 de la ley del IVA, en relación a los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1, 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA; Interpretación errónea del artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta:” Fs. 116)

3.- “Sobre la contravención formal al artículo 97 N° 16° del Código Tributario.” (fs. 118)

4.- “Falsa aplicación de los artículos 17, 88 inciso final, y 97 N° 19 del Código Tributario.” (fs. 119)

5.- “Contravención formal al artículo 19 del Código Civil”. (idem)

A continuación se las abordará en el mismo orden;

I.- Sobre el valor probatorio de las fotocopias de las facturas para acreditar el crédito fiscal y costo del contribuyente. Contravención formal al artículo 21 del Código Tributario; contravención formal al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y contravención formal al artículo 2 del Código Tributario.

2°.- La recurrente enfoca su análisis a partir del siguiente presupuesto: la sentencia desestimó el mérito de las copias de las facturas, por considerar que no son idóneas para acreditar el crédito fiscal del IVA y del costo, esto último en el caso del Impuesto a la Renta, es decir, el Servicio “… impugna las fotocopias… por el sólo hecho de ser tales, y no por ser no fidedignas, falsas o faltas de integridad,” sin que exista motivo alguno que le haga presumir “que las copias señaladas no digan la verdad de los hechos económicos que en ellos se consigna.” (fs. 116).

Ataca el contenido de ese discurso arguyendo a base de los artículos 21 del Código Tributario y 346 del Código de Procedimiento Civil, este último aplicable en la especie en razón de lo que prevé el 2 del primero de esos estatutos, sosteniendo que aquél despoja de valor probatorio  únicamente  los  documentos  “no  fidedignos” -expresión que la superioridad ha definido como “aquello que no es digno de fe, esto es, que contiene irregularidades materiales que hacen presumir con fundamento que no se ajustan a la verdad” (fs. 115)- y que el 426 priva de mérito al instrumento privado, exclusivamente  por falsedad o falta de integridad, nada de lo cual se ha establecido respecto de las fotocopias de facturas;

3°.- Es desde luego fundamental aclarar que en dicho planteamiento la contribuyente desplaza el núcleo decisorio del fallo para moldearlo a lo que compatibiliza con su interés procesal.

Al reproducir en su integridad los razonamientos vertidos por la sentenciadora de primer grado, la Corte de Apelaciones hizo suyo lo expresado en sus motivos 13° y 14°.

Tal basamento 13° explicita su aceptación del hecho del extravío o destrucción de los originales de las facturas y deja de manifiesto que esa sola circunstancia no excluye por sí mismo el crédito fiscal, sólo señala que para que en ese evento “… pueda mantener su derecho al uso del crédito fiscal deberá cumplir el requisito establecido en el Art. 21 del Código Tributario, en la parte que señala “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establece, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto” (fs. 85/6), pasando luego a concluir, en el razonamiento 14°, que esa prueba no se consumó: “… no habiendo el contribuyente acreditado sus compras o servicios utilizados, -y consiguiente derecho al crédito fiscal- con el original de la factura, ni allegado pruebas tales como la comunicación de la pérdida, inutilización o extravío dirigida al Servicio; publicaciones en la prensa en que conste el hecho invocado (incendio, inundación, robo, etc); certificado del Cuerpo de Bomberos, Carabineros u otra entidad; denuncia u otras situaciones efectuadas en relación a los hechos invocados por el Ministerio Público; duplicados del ejemplar en poder del proveedor, o copias autorizadas ante notario; cheques con que pagó las facturas a los proveedores y contabilización de los mismos; cartola de la Cuenta corriente Bancaria que cuenten con los asientos en los libros de contabilidad; antecedentes de los proveedores; copia del Formulario 29, etc., son pruebas que debería haber presentado en la instancia correspondiente ante este tribunal, sin que baste de manera alguna una fotocopia simple de la factura que no alcanza a ser ni siquiera un indicio de la veracidad de las operaciones que originarían el derecho al crédito que pretende hacer valer.” (fs. 86);

4°.- Como puede apreciarse, no es efectivo que los jueces hayan desacreditado las fotocopias por el sólo hecho de ser tales, y no por no ser fidedignas, falsas o faltas de integridad.

El quid del asunto no radica en la validez de simples fotocopias de facturas, como erróneamente predica el recurso, sino en la inactividad probatoria de una contribuyente que no propuso al Servicio evidencias que le permitieran cerciorarse de la fidelidad documental que se viene comentando.

En otras palabras, el órgano fiscalizador de los tributos no descarta la fuerza de convicción de fotocopias simples de facturas originales supuestamente extraviadas o destruidas, sólo que demanda elementos de juicio complementarios, que avalen su fidelidad.

Queda de manifiesto, pues, la inexactitud del presupuesto sobre el cual el objetante construye esta primera sección de su queja;

5°.- Por otra parte y como es sabido, en derecho lo especial prefiere a lo general, lo que viene al caso por tratarse de una legislación que, como la tributaria, se ha esmerado en regular con precisión los antecedentes en que han de constar los movimientos y operaciones de diversa índole que dan origen a las variadas cargas impositivas.

De ahí que la ley deposite en el aportante, que de antemano está en situación de saber cómo ha de llevar las partidas  contables para gozar de todas sus prerrogativas en cuanto tal, la obligación de presentarlas al Servicio cuando se le requiera determinada justificación. Es el predicamento del artículo 21 del código que trata estas materias.

Eso, en lo que hace a la documentación tributaria en general.

En lo específico, ninguna duda deja la ley en punto a que para beneficiarse del crédito fiscal ínsito en el mecanismo del Impuesto al Valor Agregado, menester se hace contar con la correspondiente factura, cuyo original es de disposición del adquirente o prestatario, en tanto la primera copia lo es del proveedor o servidor. Así lo disponen los artículos 23 y 25 del Decreto Ley N° 825 de 1.974, 39, 40 y 69 A N° 1 de su Reglamento.

A tal punto llega la exigencia, que el artículo 97 N° 19° del citado código castiga el incumplimiento del mandato de su artículo 88, en orden al deber que asiste a todo adquirente o prestatario de demandar y retirar -por lo tanto, detentar- la factura de que se viene hablando.

Por consiguiente, conciliando la preceptiva singularizada en la factura, con la genérica de la carga probatoria, aparece con evidencia que, a falta de tan primordial instrumento de prueba para los anotados efectos, entra a tallar la regla sobre el onus probandi del comentado artículo 21, que en cuanto general, también supletoria.

Es eso lo que los decidores obraron;

6°.- Por lo mismo, carece de relevancia la invocación del Código de Procedimiento Civil que realiza el libelo de nulidad, centrado en su artículo 346.

Dejando de lado el vacío consistente en no precisar cuál de las distintas hipótesis de esa disposición es la que se aduce conculcada  -aunque ello no debe pasar indiferente en un arbitrio de excepcionalidad como el de que se trata- a juzgar por ciertos pasajes del escrito de impugnación estos jueces entienden que la mira se dirige a su especie tercera, esto es, que los instrumentos privados se tendrán por reconocidos cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad, en las condiciones allí anotadas.

Ciertamente, en este tipo de contencioso, sujeto aún al régimen adjetivo clásico del Código Tributario, no es aplicable al Servicio de Impuestos Internos la condición de “parte contraria” del contribuyente que reclama.

De su incumbencia era, nada más, definir si, una vez oída la contribuyente, había hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que impelieran a abrir un término probatorio.

Así lo hizo a fs. 34;

7°.- Ninguna viabilidad presenta, entonces, el primer grupo de infracciones representadas por la impugnación.

II.- Sobre la presunta obligación del contribuyente de sólo poder acreditar sus créditos fiscales y costos con los originales de las facturas respectivas. Interpretación errónea de los artículos 23 N° 1 y N° 5 y 25 de la ley del IVA, en relación con los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1 y 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA; interpretación errónea del artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta.

8°.- Asume la quejosa que “La sentencia recurrida incurre en una falsa interpretación de aquellas normas, en virtud de que la ley no exige que sólo el original de la factura pueda dar derecho al crédito fiscal y costo respectivo.

“En efecto, los artículos 23 N° 1 y N° 5, y 25 de la ley del IVA; los artículos 39, 40, 69 letra A N° 1, 71 bis inciso 2 del reglamento del IVA;  y el artículo 30 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta no exigen que sólo los originales de las facturas den derecho a crédito fiscal. Nada dicen al respecto, por lo tanto, debemos regirnos por las reglas generales ya reseñadas” (fs. 116) que no son otras que las del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta el reenvío que a ése ejecuta el artículo 2 del Código Tributario;

9°.- Es de advertir que ninguna explicación aporta el libelo de saneamiento de cara a la manera cómo se habrían consumado los atentados que hace valer, limitándose a transcribir pasajes de doctrina que le parecen ilustrativos.

No hace falta argumentar en este particular sobre el imperio del N° 1 del artículo 772 del estatuto procesal en punto a la necesidad que el escrito del recurso  exprese en qué consisten los errores que objeta;

10°.- Más allá de esa mera cuestión de forma, la presentación que viene de sintetizarse edifica la tesis de supletoriedad del sistema procedimental civil que antes se dejó descartada y sobre la que sería redundante volver.

Consiguientemente, esta acusación no conocerá luz.

III.- Sobre la contravención formal al artículo 97 N° 16° del Código Tributario.

11°.- Sobre la base de sendos oficios del Servicio de Impuestos Internos, la acusadora indica que “… en caso de pérdida o extravío de la documentación, el procedimiento correcto sería la aplicación de las multas contenidas en el artículo 97 N° 16 del Código Tributario, pues en caso contrario, se estaría incurriendo en la figura del ´non bis in idem´, esto es, al contribuyente que ha incurrido en dicha pérdida no sólo se le aplica una sanción administrativa, muy onerosa por lo demás, sino que además se le cobra un impuesto absolutamente improcedente, pues el Servicio nunca probó que el contribuyente había mentido en sus declaraciones de impuestos.” (fs. 119);

12°.- La formulación es doblemente errónea.

Primeramente, carece de todo sustento jurídico la premisa según la que el hecho de la falta de factura abre de manera excluyente la vía persecutoria del artículo 97 del cuerpo legal en actual referencia,  como quiera que en la estructura de éste están debida y claramente diferenciadas las consecuencias propiamente tributarias y las sancionadoras derivadas de incumplimientos a sus preceptos y a los de leyes afines. Para el legislador, una y otra corren por carriles independientes entre sí, al punto de conferirles un tratamiento distintivo y singular en diversas partes de su esquema recopilativo. Por supuesta se encuentra en el código la plausibilidad de la vía de reclamación contra liquidaciones cursadas por el órgano de tributación, por un lado, con la indagatoria de irregularidades e ilícitos de su clase por parte de ése, por el otro. Lo uno no obsta a lo otro, pudiendo el Servicio de Impuestos Internos activar la persecución, dentro de los plazos y con respeto a los procedimientos establecidos, sin embargo de la existencia del procedimiento de reclamación.

Segundamente, craso error el de pretender depositar en el Estado la carga de probar “que el contribuyente había mentido en sus declaraciones de impuestos”, materia sobre la que parece bastante lo más arriba analizado, en punto a la visión que el derecho tributario asume respecto del onus probandi;

13°.- Entonces, esta alegación tampoco será exitosa.

IV.- Falsa aplicación de los artículos 17, 88 inciso final y 97 N° 19 del Código Tributario.

14°.- Aquí se echa totalmente de menos el acatamiento al imperativo del consabido artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, pues a modo de explicación de las citadas disposiciones de ley se señala que “en la sentencia recurrida, en sus considerandos 6° y 9°, se están dando como fundamento de la decisión del tribunal las normas reseñadas en la sentencia, aplicándolas a un conflicto al cual son absolutamente ajenas, y no dicen relación alguna con la cuestión controvertida en estos autos, como se desprende de su sola lectura.” (fs. 119).

No hay más;

15°.- Obviamente, debió justificarse la aserción de tratarse de preceptos “absolutamente ajenos” al conflicto, cuanto más si, en criterio de los sentenciadores, ellos iluminan lo decidido, de la manera que explican.

Imposible hacer lugar a una alegación así de insuficiente.

V.- Contravención formal al artículo 19 del Código Civil.

16°.- Lo único que se expresa en esta última parte del intento invalidador es que “… tratándose las leyes infringidas de normas que son clarísimas en su tenor literal, se las ha tergiversado en cuanto a su sentido natural y obvio, interpretándolas erróneamente.” (fs. 119/20)

Es todo;

17°.- Atendida la sequía retórica de esta infracción, parece ser que ella tuviera como propósito englobar en un yerro hermenéutico la totalidad de las asunciones sobre la base de las que los jueces resolvieron la discordia.

Ello equivale a que en cada capítulo se hubiera incluido una mención al artículo 19, lo que se traduce en que los razonamientos que en este fallo se ha venido dando para hacerse cargo de cada objeción, son igualmente extensivos al presente achaque;

18°.- Tampoco prospera, entonces, la última expresión de la crítica.

Consideraciones en virtud de las cuales se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Rafael Martínez Cohen, actuando en representación de la contribuyente y reclamante XXXXX, contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó, sin más, la resolución que el treinta de marzo del mismo año emitiera la directora regional Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos, doña Erica Morales Lartiga, accediendo sólo parcialmente al reclamo.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados”.

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Jurisprudencia Tributaria Chilena: La contabilidad permite acreditar el origen de los fondos destinados a los desembolsos corrientes e inversiones de la entidad

Alan Emilio en Trujillo

Alan Emilio en Trujillo

Mediante sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile – 25.04.2012 – ROL 1648-2012, se puntualiza que tratándose de contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad completa, éstos deben acreditar el origen de los fondos con que han efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones mediante dicha contabilidad. En el caso materia de controversia, el contribuyente  afirmó que los depósitos en fondos mutuos que mantiene los hizo con excedentes de caja, sin embargo, dichos excedentes no se encuentran contabilizados y los saldos de la cuenta caja no guardan correspondencia con la inversión en fondos mutuos a abril de 2009, de manera que no pueden aceptarse otros medios de prueba si la propia contabilidad del contribuyente no refleja la existencia de los fondos con que dice haber realizado sus inversiones. Coincidimos con lo expresado por la Corte Suprema Chilena, siendo frecuentemente abordado en los seminarios expuestos a nivel nacional.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en  Tributación  y en Normas Internacionales de Información Financiera

Santiago, veinticinco de abril del año dos mil doce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el contribuyente Abdón Correa Canelo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la sentencia de primera instancia que acogió en parte el reclamo deducido.
I.-En cuanto al recurso de casación en la forma:
Segundo: Que el reclamante ha sostenido que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal de nulidad formal del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, esto es, en la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por cuanto no se realiza la ponderación de toda la prueba rendida en autos y en los casos en que se efectúa lo hace de manera errónea o derechamente omite pruebas o parte de aquellas, específicamente en lo que dice relación al informe emitido por la contadora auditora Elizabeth Gómez Espinoza, que entrega un análisis detallado y exhaustivo de la contabilidad completa de su parte y de todos los documentos que la fundan.
Tercero: Que la mencionada causal quinta, en cuanto se refiere al numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por expresa disposición legal no tiene cabida en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, como ocurre con el presente, el cual se encuentra previsto y reglado por las normas del artículo 123 y siguientes del Código Tributario, lo cual impide que el recurso en examen se pueda traer en relación al ser improcedente por esta causal.
Cuarto: Que, efectivamente, el artículo 768 inciso segundo del Código de Enjuiciamiento en lo Civil dispone que “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de este artículo y también en el número 5º cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”.
El artículo 766, por su parte, alude a “las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales”.
II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:
Quinto: Que el reclamante conjuntamente con el recurso de nulidad formal dedujo un recurso de casación en el fondo y denuncia como primer error de derecho la errada interpretación del inciso tercero del artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En efecto, aduce que el artículo 70 consagra una presunción simplemente legal que permite ser desvirtuada por los medios de prueba que la ley establece y que yerra la sentencia al establecer que dicha disposición legal limita la prueba en el caso del comerciante a la contabilidad completa, pues la contabilidad es mucho más que los cuatro libros indicados en el artículo 25 del Código de Comercio, incluyendo también los libros auxiliares y todos los documentos o antecedentes que sirven de fundamento para esos registros, de esta forma el tribunal debió reconocer que su parte tenía a su disposición los fondos suficientes para las inversiones en el Fondo Mutuo Alfa del Banco de Crédito e Inversiones.
Sexto: Que el primer capítulo de casación antes mencionado no puede ser atendido por cuanto, tal como lo ha sostenido con antelación esta Corte, la interpretación que debe darse al inciso tercero del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta es que tratándose de contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad completa –cuyo es el caso del reclamante- deben acreditar el origen de los fondos con que han efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones mediante dicha contabilidad. En el caso de autos el reclamante afirma que los depósitos en fondos mutuos que mantiene por $305.500.000 los hizo con excedentes de caja; sin embargo, tal como se asentó en el fallo dichos excedentes no se encuentran contabilizados y los saldos de la cuenta caja no guardan correspondencia con la inversión en fondos mutuos a abril de 2009 (considerando décimo quinto del fallo de primer grado, reproducido por el de alzada), de manera que no pueden aceptarse otros medios de prueba si la propia contabilidad del contribuyente no refleja la existencia de los fondos con que dice haber realizado sus inversiones.
Séptimo: Que como segundo capítulo de casación el reclamante denuncia la vulneración de lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, en lo que dice relación a la excepción de prescripción invocada en el escrito de apelación a la sentencia de primera instancia, norma aplicable por mandato del artículo 148 del Código Tributario, por lo que la Corte de Apelaciones no pudo rechazar la mencionada excepción por no haberse alegado en primera instancia, pues tal como la norma lo permite dicha excepción se invocó después del fallo de primer grado y antes de la vista de la causa. De este modo, sostiene que se debió haber acogido la prescripción parcial de los impuestos liquidados, especialmente los anteriores a noviembre de 2007.
Octavo: Que si bien es efectivo que conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil la excepción de prescripción pudo invocarse en el escrito de apelación, no es menos cierto que el error de haberla desestimado no tiene influencia en lo decidido. En efecto, el reclamante alegó en forma subsidiaria en su escrito de apelación la prescripción del artículo 200 del Código Tributario en relación al artículo 201 del mismo cuerpo legal por cuanto la notificación administrativa se produjo el 29 de noviembre de 2010; por tanto, contado tres años hacia atrás se encuentra prescrita la acción de cobro y la facultad de liquidar todo otro impuesto cuyo pago debió hacerse desde el 29 de noviembre de 2007 inclusive.
Noveno: Que, sin embargo, las liquidaciones practicadas al contribuyente, según puede leerse a fojas 1, comprenden el período abril del año 2009, por impuesto al valor agregado y año tributario 2010 por impuesto a la renta de primera categoría e impuesto global complementario, por lo que al haberse efectuado la notificación administrativa el 29 de noviembre de 2010, según él mismo reconoce a fojas 132, no ha transcurrido el plazo de prescripción que invoca.
Décimo: Que así, el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento y ha de ser rechazado.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de fojas 180 contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil once, escrita a fojas 177.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.

CORTE SUPREMA – TERCERA SALA – ROL 1648-2012 – 25.04.2012 – MINISTROS SR. HÉCTOR CARREÑO S. – PEDRO PIERRY A. – SONIA ARANEDA B. – MARÍA EUGENIA SANDOVAL G. – ABOGADO INTEGRANTE SR. ALFREDO PRIETO B.

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Jurisprudencia Tributaria Chilena: El dinero percibido como “anticipo” con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo constituye renta

Alan Emilio en Tarapoto

Mediante sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile – 04.05.2012 – ROL 7322-2009, se puntualiza que el dinero percibido como “anticipo” con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo constituye renta, de tal forma que debió ser incluido en la base imponible de primera categoría (de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena cuya categorización de rentas es diferente que el Impuesto a la Renta peruano) en el año tributario antes indicado. Resalta la Corte Suprema Chilena que la alegación hecha por el contribuyente respecto a que el dinero recibido constituiría un ingreso condicional, tal hipótesis fue desestimada a la luz de los antecedentes allegados al proceso.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en  Tributación  y en Normas Internacionales de Información Financiera

Santiago, cuatro de mayo de dos mil doce.

Vistos:

En estos autos ingreso Corte Nº7322-09, sobre reclamo tributario, caratulados XXX Ltda. con Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de primer grado de diez de agosto de dos mil siete, se rechazó el reclamo interpuesto en contra de la Liquidación Nº 280, de 2 de julio de 1997. Apelada que fuera esta sentencia, por fallo de quince de julio de dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de Concepción, la confirmó.

Contra esta última decisión la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo, para cuyo conocimiento se ha ordenado traer estos autos en relación.

Considerando:
I.-En cuanto al recurso de casación en el fondo:
Primero: Que, mediante este recurso, se denuncian como infringidos los artículos 1, 2 Nº1, 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30, y 31 del Decreto Ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta en relación con lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
Segundo: Que respecto a los errores denunciados, señala que no hay duda en que el impuesto a la renta pretende gravar la obtención de una renta coincidiendo en este caso el hecho gravado con el objeto impositivo, esto es, el objeto económicamente afectado con el tributo, ya que el artículo 1 de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que se establece un impuesto a la renta, y en el artículo 2 Nº1 de dicha ley, el legislador la define como: “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación”.
Así la noción de renta implica un incremento de patrimonio, de manera que no comparte ese carácter el ingreso que junto con aumentar el activo aumenta el pasivo, de forma tal que un préstamo bancario es un ingreso pero no renta porque no incrementa el patrimonio del perceptor.
De allí el error de derecho en que se incurre en la sentencia que se pretende anular, el que se verifica al mantener la liquidación del Impuesto a la Renta de Primera Categoría cursada en su contra, por cuanto se considera renta los veinticinco millones de pesos percibidos con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo, sin tomar en cuenta que dicha suma debía ser restituida a la arrendataria durante la vigencia del contrato celebrado, por lo que es un ingreso que no puede ser calificado como renta ya que aumenta el activo y el pasivo de la sociedad.
Tercero: Que denuncia como error de derecho, la errónea aplicación hecha de los artículos 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que tales preceptos ordenan afectar con el impuesto de primera categoría las rentas, de modo que la percepción de un ingreso correspondiente a la explotación del giro de bienes raíces no agrícolas cuyo es su caso, en el ejercicio de su devengo o percepción supone la existencia de una renta, o sea, un incremento de patrimonio según lo que contempla el Nº 1 del artículo 2 de la Ley mencionada, lo que no ocurre en este caso.
Señala que el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta en lo pertinente expresa que las normas del título II referido al impuesto cedular por categoría “se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas” por su parte el artículo 20 de la norma citada dispone en su Nº 1 que el impuesto de primera categoría afectará en primer lugar “la renta de bienes raíces en conformidad a las siguientes reglas” y en su letra d) a las rentas de bienes raíces no agrícolas. De forma que al disponer en el artículo 29 de la Ley que constituyen ingresos brutos del ejercicio todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, se refiere necesariamente a los ingresos que constituyen técnicamente renta, conforme a la definición legal porque de otro modo quedarían afectos ingresos que incrementando el activo del patrimonio del contribuyente aumentan al mismo tiempo el pasivo lo que distorsiona el sistema del impuesto a la renta. Lo mismo sucede en el caso del artículo 15 de Ley de Impuesto a la Renta que no fue respetado por los jueces del fondo, ya que ordena la imputación allí contemplada “para determinar los impuestos establecidos por esta ley”, impuestos que afectan la renta según se lee en los artículo 1 y 2 Nº 1 del Decreto Ley Nº 824 y no a la percepción de un ingreso que junto con aumentar el activo incrementa el pasivo.
Expresa que lo anterior se reafirma si se atienden las expresiones “renta bruta” y “renta liquida” contemplada en los artículo 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, los que no fueron respetados por los jueces al afectar con el impuesto de primera categoría a un simple ingreso que no se encuadra en el concepto legal de renta establecido en el Nº 1 del artículo 2.
Cuarto: Que en cuanto al último de los capítulos de casación, agrega que el impuesto a la renta de bienes raíces no agrícolas establecido en la letra d) del Nº 1 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, grava las rentas de los mismo bienes, esto es, a las rentas de arrendamiento, calidad que no reviste la suma de veinticinco millones de pesos y al no decirlo así, la sentencia incurrió en un grave error de derecho en la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
El artículo 1915 define el contrato de arrendamiento, por su parte el artículo 1917 señala que el precio que se paga periódicamente por dicho goce se denomina “renta” y el artículo 1919 dispone que la renta la paga el arrendatario y no el arrendador, además el artículo 1942 es más categórico al señalar que “el arrendatario es obligado al pago del precio o renta”, de allí que como lo expresa el voto de minoría “no hay razón que explique que el arrendador se obligue a restituir a la arrendataria durante la vigencia del contrato de arriendo una determinada suma percibida con ocasión de la suscripción del mismo como acontece en el presente caso”, porque dicha suma se percibe conforme a un mutuo que se define en el artículo 2196 del CC.
Así las rentas de arrendamiento las percibe el arrendador a cambio del goce de la cosa y no puede ser objeto de restitución sino que las percibe de modo definitivo ingresando a su patrimonio incrementándolo, en consecuencia queda afecto al impuesto a la renta. Pero esa no es la situación de la reclamante ya que ingresa la suma a su patrimonio y queda obligada a su restitución por lo que no es una renta de arrendamiento y por ello se incurre en infracción de ley al no decirlo así.
Quinto: Que, previo a analizar las infracciones denunciadas, útil resulta consignar los hechos que se han establecido por la sentencia, a saber:
– Durante el año comercial 1994, tributario 1995, la reclamante percibió rentas de arrendamiento por el monto indicado en las liquidaciones.
– Que las rentas se entregaron en virtud de contrato suscrito el 17 de noviembre de 1994, el que estipula una duración de 12 años a partir de1 1° de octubre de 1994.
– Que los cánones de arrendamiento no fueron contabilizadas por la reclamante como rentas devengadas durante los años tributarios 1995, 1996 y 1997, que habían sido percibidas, y que corresponde al desarrollo del contrato de arrendamiento en los años comerciales 1994, 1995 y 1996.
– En la cláusula quinta del contrato de arrendamiento suscrito por la reclamante se establece un anticipo de veinticinco millones de pesos, mismo que se restituiría mensualmente durante los doce años de vigencia del contrato de arriendo.
Sexto: Que según se ha dejado sentado en la sentencia recurrida lo discutido es determinar si la suma de veinticinco millones de pesos percibidos por XXX Limitada con motivo del contrato de arriendo suscrito con Tricot S.A., constituye un ingreso bruto para ésta y en consecuencia si queda o no gravada con impuesto a la renta de primera categoría.
Séptimo: Que conforme a lo reseñado precedentemente los sentenciadores del fondo arriban a la conclusión que el dinero recibido como anticipo corresponde en el caso de autos a “renta” de manera que debe incluirse en los ingresos brutos del año en que se percibió.
Octavo: Que para resolver como lo han hecho los sentenciadores han tenido presente que conforme lo establece el artículo 2º del Decreto Ley Nº 824 por renta entienden “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”. y en su N°3 define a la renta percibida como “aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago”.
Noveno: Que por su parte el artículo 29 del Decreto Ley Nº 824 en su artículo 29 señala:“Constituyen ingresos brutos todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, excepto los ingresos a que se refiere el artículo 17”. Por su parte el inciso segundo del mismo artículo expresa: “El monto a que asciende la suma de los ingresos mencionados, será incluido en los ingresos brutos del año en que sean devengados o, en su defecto del año en que sean percibidos por el contribuyente, con excepción de las rentas mencionadas en el Nº 2 del artículo 20, que se incluirá en el ingreso bruto del año que se perciban”.
Décimo: Que de este modo una interpretación armónica de las disposiciones precedentemente señaladas permite concluir, como lo han hecho los sentenciadores en esta causa que el dinero percibido en el año tributario 1995 como “anticipo” constituye renta, de tal forma que debió ser incluido en la base imponible de primera categoría en el año tributario antes indicado. Sobre la alegación hecha por el recurrente respecto a que el dinero recibido constituiría un ingreso condicional, tal hipótesis debe ser desestimada a la luz de los antecedentes allegados al proceso. En consecuencia, al decidir como han hecho, los jueces del mérito no han incurrido en error de derecho alguno, por el contrario, han dado correcta aplicación a las normas que se dice infringidas, lo que conduce al necesario rechazo del recurso de casación en el fondo.
II. Casación de oficio.
Undécimo: Que como ha quedado de manifiesto en los razonamientos precedentes, el recurso únicamente consideró que se habían infringido las normas de los artículos 1, 2 Nº 1, 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30, y 31 del Decreto Ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta, en relación con lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
Duodécimo: Que aún cuando no llega a desarrollar una infracción específica, la reclamación de autos inequívocamente comprende la inexigibilidad de los intereses que previene el artículo 53 del Código Tributario. En efecto, la obligación de pagar intereses o, mejor dicho, la existencia de la obligación de pagar intereses es consecuencia de la falta de pago del tributo, motivo por el cual cuando se reclama la inexigibilidad de éste, ciertamente también se insta por no pagar la sanción pecuniaria.
Décimo tercero: Que lo anterior tiene importancia para los efectos de hacer uso de la facultad de obrar de oficio, por cuanto ella está permitida sólo cuando el recurso ha sido desechado por defectos de formalización, según lo previene el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. En la especie sólo se reclamó la nulidad por ser inexigible al pago del tributo, no contenido por tanto, una alegación de nulidad particular relativa al pago de los intereses de la obligación tributaria. Así las cosas, advirtiéndose tal insuficiencia del recurso y, como se pasará a explicar, una indebida aplicación de intereses, esta Corte actuará de oficio para corregir la incorrecta aplicación de la ley.
Décimo cuarto: Que el artículo 53 inciso tercero del Código Tributario prescribe que: ”El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones”. El inciso quinto por su parte señala: “No procederá el reajuste ni se devengarán los intereses penales a que se refieren los incisos precedentes, cuando el atraso en el pago se haya debido a causa imputable a los Servicios de Impuestos Internos o Tesorería, lo cual deberá ser declarado por el respectivo Director Regional o Tesorero Provincial, en su caso”.
Décimo quinto: Que si bien el pago de los intereses moratorios encuentra justificación en el atraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, el mismo precepto prevé que dicho atraso pueda obedecer a una causa no imputable al contribuyente.
Décimo sexto: Que a la luz de dicha disposición cabe dilucidar si se ajusta a la legalidad que, por el lapso de tiempo procesalmente ineficaz que culminó con la declaración de nulidad por haber sido tramitado el proceso por un tribunal no establecido por la ley, se genere la obligación de pagar intereses moratorios.
Décimo séptimo: Que no cabe duda, de acuerdo al claro tenor literal del precepto citado, que constituye una exigencia legal para que se produzcan intereses moratorios respecto de impuestos adeudados que el tiempo transcurra por causa atribuible al contribuyente; y, como ha quedado expuesto, la extensión del proceso inválido se debió a una circunstancia no imputable a éste, sino que al propio estado al originar y proseguir con una organización de tribunales no establecidos por la ley para el conocimiento y juzgamiento de asuntos tributarios. De lo dicho es posible concluir que en el caso propuesto la generación de intereses durante el transcurso de tiempo descrito carece de base legal, por cuanto no se ha producido por la simple mora en el pago del impuesto. En otras palabras, los intereses han quedado despojados de su causa y circunscritos a la situación puramente objetiva del retraso que le sirve de fundamento. Por consiguiente, durante el tiempo que transcurrió entre las fechas en que se dictaron las resoluciones inválidas que tuvieron por deducidos los reclamos y las que los tuvieron definitivamente interpuestos, no se cumple con la exigencia requerida por la ley para que nazcan intereses moratorios, de suerte que dicho periodo de tiempo no puede ser tomado en consideración para aumentar la obligación tributaria.
Décimo octavo: Que según se hizo constar en los basamentos anteriores, la sentencia impugnada adolece de nulidad en cuanto mantuvo la obligación de pagar intereses moratorios, por cuanto su fundamento normativo inobservado exige que ellos se generen por causa imputable al contribuyente, esto es por el simple atraso o mora en el pago, presupuesto que no concurre en la especie.
Décimo noveno: Que sentada esta premisa, aparece de manifiesto que la sentencia recurrida no acató lo dispuesto en la precitada norma del Código Tributario. Tal error de derecho además ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, pues resulta de toda evidencia que si se hubiera cumplido la norma se habría resuelto declarar que no se han devengado intereses moratorios respecto de los impuestos liquidados durante el tiempo en que se extendió ineficazmente el proceso.
Vigésimo: Que en las circunstancias descritas corresponde que esta corte, en presencia de los presupuestos establecidos en el ya citado artículo 785 inciso segundo del código de procedimiento civil, proceda a casar de oficio la sentencia recurrida.
Vigésimo primero: Que es conveniente señalar que las consideraciones que anteceden no pueden extenderse a los reajustes que han de aplicarse al tiempo de duración del proceso aunque se encuentren previstos en la misma norma, porque su justificación es distinta y no puede ser desatendida. En efecto, con los reajustes se persigue mantener el valor de lo debido y para alcanzar tal finalidad han de ser dispuestos, ya que si así no se hiciera el contribuyente no llegaría a solucionar completamente el tributo debido. En cambio, los intereses constituyen sanción por la falta pago y, en el caso de autos, la dilación no es atribuible al particular sino, como se ha dicho, al Estado.
En conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764, 765, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara:
A.- Que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 198, contra la sentencia de 15 de julio de dos mil nueve, escrita a fojas 194.
B.- Que se invalida de oficio la misma sentencia, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
Regístrese.”

CORTE SUPREMA – TERCERA SALA – 04.05.2012 – ROL 7322-2009 – MINISTROS SRES. HÉCTOR CARREÑO S. – PEDRO PIERRY A. – SONIA ARANEDA B. – HAROLDO BRITO C. – MARÍA EUGENIA SANDOVAL G.

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Escreve o futuro eo presente

Schreibt die Zukunft und Gegenwart

Écrire le futur et le présent

Jurisprudencia Chilena : Cuando se comercializan productos falsificados o piratas no solo se vulnera la Ley de Propiedad Intelectual, sino normas tributarias, muy especialmente, aquellas que se refieren al pago de tributos

A tomarse en cuenta esta jurisprudencia emitida por el Tribunal Tributario y Aduanero de Valdivia,. de fecha 28 de agosto del 2012, en la cual se resalta que cuando se comercializan productos falsificados o piratas no solo se vulneraría la Ley de Propiedad Intelectual, sino normas tributarias, muy especialmente, aquellas que se refieren al pago de tributos. Lo expresado por el referido tribunal chileno es correcto, y a modo personal estimo oportuno que deba ser considerado por la Administración Tributaria peruana puesto que justamente este sector que comercializa productos falsificados y piratas lucra miles de nuevos soles diariamente y tratan de aparentar “que son simples pobrecitos”, mientras los demás si tenemos que tributar para costear al fisco. Si se desea ampliar la base tributaria debe empezarse por hacer tributar a este sector, o intervenirlos con tanques, portatropas y con la fuerza armada de lo contrario simplemente se exprimiría a los mismos de siempre (ojo sin defender a nadie en particular pero si un pedido de miles de suscriptores de este espacio web), lo cual es injusto.

Mientras los falsificadores y piratas ahorita están lucrando miles de nuevos soles diariamente sin tributar ni un cobre (y encima se ríen y jactan, libando licor y en otros vicios), los demás empresarios formales siguen tributando, pagando retribuciones, generando valor agregado, y miles de cargas adicionales. Eso es lo malo de este país que se prefiere escuchar a los “teorícos de la tributación de siempre” en lugar de la gente que está en la cancha y que conoce los temas de verdad.

 Alan Emilio Matos  Barzola

Especialista en  Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

COMERCIO CLANDESTINO – VENTA DE CD’S FALSIFICADOS – TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE VALDIVIA – ACTA DE DENUNCIA – SENTENCIA CONDENATORIA

El Tribunal Tributario y Aduanero de Valdivia dictó sentencia condenatoria respecto de un contribuyente a quien el Servicio de Impuestos Internos, mediante acta de denuncia, le imputó la comisión del ilícito establecido en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, al ejercer clandestinamente comercio debido a que fue sorprendido ofreciendo al público CD’s falsificados a $1.000 cada uno.

El órgano jurisdiccional señaló que si bien la presentación del denunciado en autos no constituía descargos, por haberse efectuado fuera de plazo, de todos modos se considerarían sus alegaciones, a fin de respetar debidamente su derecho a defensa. A este respecto, consideró que los funcionarios policiales que declararon como testigos incurrieron en contradicciones, no obstante lo cual, de todos modos acreditaba la forma de detención del denunciado, lo que sumado al informe pericial emitido en la causa penal seguida contra el contribuyente por la venta de estos Cd’s, permitía tener por acreditada la comisión del ilícito tributario.

En efecto, la conducta descrita era constitutiva de comercio clandestino, pues se ejercía ocultándolo a la autoridad llamada por ley a determinar la forma en que debe materializarse el comercio y ofrecía al público la venta de Cd’s que no presentaban características de un disco original. Luego, en este caso se vulneraban normas tributarias relativas a la falta de iniciación de actividades y pago de tributos.

“Valdivia, veintiocho de agosto de dos mil doce.

VISTOS:

A fojas dos y siguientes, rola Acta de Denuncia N°03, de fecha 21 de junio de 2012, levantada por el Servicio de Impuestos Internos contra el denunciado XXXXX, RUT N° XX.XXX.XXX-X, sin inicio de actividad, domiciliado en calle Barrientos N°1299, Valdivia.
En Acta de Denuncia señala que, para el ejercicio de la acción sancionatoria, se tiene a la vista el Parte Policial N°854 de fecha 31.03.2012 de la Primera Comisaría de Valdivia, de Carabineros de Chile, causa RUC N° 1200340424-0 de la Fiscalía Local de Valdivia. Agrega que funcionarios policiales, en instantes en que realizaban un patrullaje preventivo al interior de la feria de frutas y verduras, en la intersección de las calles San Luis con Rubén Darío de la comuna de Valdivia, sorprendieron el día 31.03.2012, alrededor de las 16:30 horas, al denunciado XXXXX, ofreciendo al público CD´s falsificados a $1.000 cada uno. El denunciado, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo alcanzado por el personal policial. De esta forma y producto del procedimiento policial, se procedió a incautar 120 CD’s en poder del denunciado XXXXX.
El Acta de Denuncia señala que los hechos descritos configurarían el ilícito tributario previsto y sancionado en el articulo 97 N° 9 del Código Tributario, toda vez que el denunciado comercializó discos compactos falsificados en forma oculta o clandestina a la regulación de la autoridad y la Ley.
Conforme se detallará, el denunciado prestó testimonio, hizo presentaciones y acompañó documentos en autos. Sin perjuicio de ello, no hizo presentación formal de descargos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 161 número 2 del Código Tributario.
Diligencias del proceso:
A fojas 10, se tuvo por ingresada el Acta de Denuncia N°03 y los documentos adjuntos a ésta que fueron presentados al Tribunal, los que fueron remitidos por el Jefe del Departamento Jurídico, de la XVII Dirección Regional de Valdivia del Servicio de Impuestos Internos, mediante Reservado DJR N°6 de fecha 11 de julio de 2012.
A fojas 12 obra escrito presentado con fecha 12 de julio de 2012 por el señor XXXXX, denunciado en autos.
A fojas 17, se provee el escrito, no dando lugar a la presentación de descargos, por extemporaneidad.
A fojas 19 y siguientes, la Directora Regional de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio de Impuestos Internos, reitera las argumentaciones contenidas en el Acta de Denuncia mencionada, solicitando que se tengan presente los antecedentes expuestos y que se aplique la sanción correspondiente. Solicita además, que se certifique el hecho de no haber sido presentado reclamo en contra del Acta de Denuncia N°3 del 21 de junio de 2012, notificada el 28 de junio de 2012 y que se envíe aviso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 131 bis inciso quinto del Código Tributario. Hace presente su personería en calidad de Directora Regional, expresa que se valdrá de todos los medios de prueba, especialmente absolución de posiciones, prueba testimonial y prueba documental. Solicita, además, que se reciba la causa a prueba, se remitan oficios a la Fiscalía Local de Valdivia y a la Subcomisaría Oscar Cristi de Carabineros. Acompaña documentos, designa abogado patrocinante y confiere poder.
A fojas 27, se provee el escrito de fojas 19, teniendo presente los argumentos expuestos, se ordena certificar por la señora Secretaria del Tribunal lo que corresponda, se accede al aviso por correo electrónico, se tiene presente personería, se tiene presente los medios de prueba de que piensa valerse, se recibe la causa a prueba fijando un punto de prueba, se deniega la solicitud de absolución de posiciones, sin perjuicio de lo cual se cita al denunciado a prestar testimonio al Tribunal; se ordena oficiar, se tienen por acompañados los documentos, y se tiene presente patrocinio y poder conferidos.
A fojas 31, la Secretaria Abogado Titular de este Tribunal, certifica que no han sido presentado descargos ante este Tribunal.
A fojas 32, la denunciante presenta recurso de reposición con apelación en subsidio, solicitando se agregue un punto de prueba.
A fojas 35, se resuelve la reposición, acogiéndose lo planteado por la denunciante, incluyéndose el punto de prueba propuesto.
A fojas 37 y 38, se agregan copias de oficios remitidos al Fiscal Adjunto de Valdivia, señor Juan Pablo Lebedina Romo; y al Capitán de la Subcomisaría Oscar Cristi Gallo de Valdivia, señor Alexis Torres Abrigo,
A fojas 39, se acompaña lista de testigos por el denunciante.
A fojas 42, se tiene por presentada lista de testigos.
A fojas 44, se presenta escrito que complementa lista de testigos por la denunciante.
A fojas 45, se tiene por presentada lista complementaria de testigos.
A fojas 47 y 48, se agregan copias de oficios remitidos al Capitán de la Subcomisaría Oscar Cristi Gallo, señor Alexis Torres Abrigo; y al Mayor Comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, señor Daniel Carlos López González.
A fojas 55, se agrega Ordinario NR01 de la Subcomisaría de Carabineros “Gral. O. Cristi Gallo”, informando que se dio cumplimiento al mandato judicial, citando al ciudadano indicado.
A fojas 59, se agrega Ordinario N° 6594/2012, del 06 de agosto de 2012, del fiscal Adjunto señor Juan Pablo Lebedina Romo, que remite copia íntegra de los antecedentes de investigación causa RUC 1200340424-0.
A fojas 92, se ordena agregar al expediente Ordinario N°6594/2012 de fecha 06 de agosto de 2012.
A fojas 94, 95 y 96, rola declaración de testigos ofrecidos por la denunciante.
A fojas 97 y 98, obra declaración del denunciado de autos, señor XXXXX.
A fojas 99, rola escrito del denunciado que acompaña documentos.
A fojas 115, rola escrito de téngase presente, presentado por la denunciante.
A fojas 120, se trajeron los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo a lo indicado en la parte expositiva de esta sentencia, se ha cursado denuncia en contra de don XXXXX, RUT N° XX.XXX.XXX-X, por la infracción prevista y sancionada en el Artículo 97 N° 9 del Código Tributario.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al Acta de Denuncia N° 03 del 21 de junio de 2012, la conducta constitutiva de la infracción, sería la venta a viva voz de discos compactos falsificados, sin poseer Iniciación de Actividades, ejerciendo al margen del orden legal una actividad comercial, es decir, de acuerdo a los argumentos de la denunciante, ejerciendo dicha actividad de manera clandestina.

TERCERO: Que, según consta en certificado de fojas 31, el denunciado no presentó descargos, dentro de plazo, en contra del Acta de Denuncia N° 03 de fecha 21 de junio de 2012, conforme a lo establecido en el N° 2 del artículo 161 del Código Tributario.

CUARTO: Que, junto al Acta de Denuncia N° 03, el denunciante acompañó la siguiente documentación:
1.- Oficio Reservado N° 6 de fecha 11 de julio de 2012, emitido por el Sr. Gonzalo Gálvez Parra, Jefe Departamento Jurídico de la XVII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.
2.- Copia de Notificación del Acta de Denuncia N°03, realizada el 28 de junio de 2012.
3.- Parte Policial N° 00854 de la Primera Comisaría de Valdivia de Carabineros de Chile de 31 de marzo de 2012.

QUINTO: Que, si bien, como se señaló, la presentación del denunciado de fojas 12 no constituye formalmente un escrito de descargos, por haberse presentado fuera de plazo; lo cierto es que el señor XXXXX, a juicio de este Tribunal, es parte en el procedimiento desde el momento en que se le notifica el Acta de Denuncia, motivo por el que todas sus presentaciones deben ser consideradas.
Para arribar a tal conclusión, se tiene en especial consideración la circunstancia de que el procedimiento del artículo 161 del Código Tributario se enmarca en el ámbito sancionatorio estatal, ámbito en el que debe velarse en todo momento por el respeto al Derecho de la Defensa.
Como consecuencia de lo que se viene argumentando, el denunciado se encuentra habilitado para realizar alegaciones y acompañar documentos en su defensa, todos los cuales deberán ser debidamente considerados por el Tribunal al momento de resolver.

SEXTO: Que, el denunciado, en su presentación de fojas 12 expone, en síntesis, que el día de su detención se encontraba en la feria libre San Luís, momento en que Carabineros de Chile realizó una redada. Un joven que estaba a su lado escondió una malla con discos compactos debajo de un puesto de un feriante y escapó. El funcionario policial, luego de intentar detener al joven mencionado y de detener a un tercero, volvió al lugar donde se encontraba y lo tomó detenido, no obstante que mucha gente le señalaba que no tenía responsabilidad en los hechos. Lo subieron al carro policial, le quitaron $115.570 que tenía en su billetera para pagar la pensión alimenticia de su hijo. Al rehusarse a firmar un documento en el que se incriminaba, lo golpearon y lo obligaron a firmar, lo que hizo porque se le dijo que en caso contrario su dinero se perdería. Afirma que no conoce al joven que vio comercializando discos compactos y que muchas personas pueden confirmar su versión de los hechos, mencionando a la señora Sabina Cortes, dueña del puesto donde lo detuvieron. Explica que suele ir a la feria ya que ese es un buen lugar para captar clientes y ventas, debido a su trabajo en VTR.
El denunciado acompaña a su presentación copias simples de Anexo al Contrato de Trabajo, de 01 de Julio de 2012, con Casino de juegos S.A., “Dreams”; Liquidación de Remuneraciones, correspondiente a Mayo de 2012, por $112.988, de la empresa mencionada; Anexo 1, Contrato de Trabajo de 1 de Abril de 2012, como “Ejecutivo de Ventas” con VENSAT Ltda.; y Liquidación de Sueldo, correspondiente al mes de Mayo de 2012, por $264.254, de la misma empresa.

SÉPTIMO: Que, con fecha 07 de agosto de 2012 se recibió Ordinario N°6594/2012 del Fiscal Adjunto de Valdivia Sr. Juan Pablo Lebedina Romo, remitiendo la información requerida por este Tribunal, en virtud de lo solicitado por la denunciante, es decir, copia íntegra de los antecedentes de investigación de la causa RUC N°12000340424-0.

NORMATIVA APLICABLE, IUS PUNIENDI, CARGA PROBATORIA.
OCTAVO: Que el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, dispone:  Leer más de esta entrada