Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Inicia 07 de enero del 2017

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  • Nuestras diferenciales:
    • Aprende con los MAESTROS de la tributación peruana.
    • Aprendizaje 100% actualizado con las últimas modificaciones en materia tributaria.
    • Certificado por la Academia Internacional de Derecho Tributario –AIDET.
  • Malla curricular
    • Código tributario y procedimiento tributarios.
    • IGV.
    • Nic’s y niif´s y su incidencia tributaria.
    • Tributación municipal y regional.
    • Taller: detracciones, retenciones y percepciones del IGV.
    • Devoluciones y reintegros tributarios.
    • Fiscalización tributaria SUNAT.
    • Seminario: obligaciones formales ante la SUNAT.
    • Taller: redacción tributaria-estado de situación financiera y el estado de resultados.
    • Impuesto a la Renta.
    • Tributación Laboral I.
    • Tributación Laboral II.
    • Tributación Sectorial y Regímenes Especiales.
    • Derecho Tributario Ambiental.
    • Derecho y tributación Aduanero.
    • Taller de Jurisprudencia Tributaria.
    • Nuevo reglamento de fraccionamiento tributario.
    • Planeamiento Tributario.
    • Seminario: Delitos Tributarios, Aduaneros y Lavado de Dinero.
    • Auditoría Tributaria.
  • Ponentes:
    • Jorge Bravo Cucci
    • Alan Emilio Matos Barzola
    • Daniel Yacolca Estares
    • Juan Villagomez Chinchay
    • Adolfo Valencia Gutierrez
    • Javier Gustavo Oyarse Cruz
    • Jose Verona Baluarte
    • Julio Raggio Villanueva
  • Fecha de inicio, horario y lugar:
    • Fecha de inicio: sábado 7 de enero
    • Horario: sábados de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
    • Lugar: Hotel Meson – Calle Hipólito Unanue N° 175 – A media cuadra del paseo cívico. TACNA
  • Horas y créditos:
    • 120 horas lectivas
    • 5 créditos

Instituto INEDI – Sede Tacna
Dirección: Alto De Lima 1472, Tacna.
RPC: 989979462

Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

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Seminario Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Organiza Gaceta Jurídica / Contadores & Empresas / Editorial Berchel S.R.L.

Sábado, 28 de enero de 2017

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: HOTEL & CASINO LAS MUSAS Los Faiques Nº 101 Urb. Santa Victoria, Chiclayo

Informes e inscripciones en Chiclayo:

Teléfonos:  (074) 506197 / 232407
Celulares:   97 960-0250 / 97 895-0855
RPM:          *376597 / *376596 / # 985181250
Dirección:   Manuel María Ízaga Nº 765 – of. 205, Chiclayo
Temario:
1.   Conozca en qué casos los ingresos contabilizados al elemento 7 no se consideran para la base imponible del Impuesto a la Renta ¿Todo ingreso contable/financiero se considera gravable a efectos del Impuesto a la Renta?. ¿Los obsequios que me entregan los proveedores pueden ser considerados ingresos?

2.   Conceptualizando correctamente el �devengo� como base para la imputación de ingresos y gastos. A propósito de la jurisprudencia administrativa y judicial.

3.   No existe el principio de causalidad amplio ni tampoco restringido. Se expone la más reciente doctrina casatoria peruana e internacional (ecuatoriana, colombiana, chilena, mexicana y española) que define que la deducción de operaciones debe atender a criterios objetivos, normales, indispensables e imprescindibles para la actividad empresarial, desvirtuando ilusionismos.
    – Conozca qué tipo de gastos si son deducibles a efectos del Impuesto a la Renta.

4.   ¿Tengo que utilizar las NIIF-NIC para la determinación del Impuesto a la Renta 2016? Sobre la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario y el artículo 2 del Código de Comercio de 1902.
      – A propósito de la NIC 16. Tratamiento contable tributario de la adquisición de perros, gatos y otro tipo de animales involucrados con el negocio
      – Depreciación y las diferencias temporales.
5.   Gastos del personal, vacaciones, condiciones laborales, participación de los trabajadores

6.   Liquidación del Impuesto Empresarial 2016.

7.   Consideraciones a tener en cuenta a propósito de la Reforma Tributaria aplicable para el ejercicio 2017. Pagos a cuenta, Nueva Alícuota Anual, Tributación diferenciada para las Mypes.

8.   Análisis del D.L. Nº 1269 Régimen Mype del Impuesto a la Renta 2017, de la Nueva UIT 2017 en S/.4,050, además de breves referencias al nuevo marco establecido por el Decreto Legislativo 1272 que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Expositor:
ALAN EMILIO MATOS BARZOLA
Experto en material procesal ante la Sunat, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Expositor experto en materia tributario-contable a nivel nacional (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
Ha sido profesional especializado en Derecho Tributario (2012-2016) en la Procuraduría Pública de la Sunat, y actualmente se desempeña en una entidad involucrada con casos de Megapricos Nacionales y Pricos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros.
Ha sido asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, y otras entidades. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación – Tributa 2014, organizado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú.
Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, La Libertad). Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 10 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Loreto, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cuzco, Arequipa, Ilo, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco).

Informes e inscripciones en Chiclayo:

Teléfonos:  (074) 506197 / 232407
Celulares:   97 960-0250 / 97 895-0855
RPM:          *376597 / *376596 / # 985181250
Dirección:   Manuel María Ízaga Nº 765 – of. 205, Chiclayo

Informe 176-2016-SUNAT Ejecutor Coactivo deberá respetar el límite de inembargabilidad establecido por el numeral 6 del artículo 648° del Código Procesal Civil

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Alan Emilio en el Cusco 2016

INFORME N.° 176-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:
Se consulta si para efecto de trabar un embargo en forma de retención sobre los honorarios profesionales obtenidos por la locación de servicios prestados por sujetos afectos al impuesto a la renta de cuarta categoría, depositados en cuentas bancarias, el Ejecutor Coactivo debe respetar el límite de inembargabilidad establecido por el numeral 6 del artículo 648° del Código Procesal Civil.

BASE LEGAL:
 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario).

 Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/SUNAT, publicada el 25.9.2004 y normas modificatorias.

 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N.° 010-93-JUS, publicado el 22.4.1993 y normas modificatorias (en adelante, CPC).

 Código Civil, promulgado por el Decreto Legislativo N.° 295, publicado el 25.7.1984 y normas modificatorias.

CONCLUSIÓN:
Para efecto de trabar un embargo en forma de retención sobre los honorarios profesionales obtenidos por la locación de servicios prestados por sujetos afectos al impuesto a la renta de cuarta categoría, depositados en cuentas bancarias, el Ejecutor Coactivo deberá respetar el límite de inembargabilidad establecido por el numeral 6 del artículo 648° del CPC.

El informe completo puede ser descargado en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i176-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Expongo el 21 de enero del 2017

Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

 

Informe 190-2016-SUNAT sobre Venta extrajudicial de bienes muebles

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Alan Emilio en Pucallpa, Ucayali 2016

INFORME N° 190 -2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:

Con relación a la venta extrajudicial de bienes muebles regulada en el numeral 1 del primer párrafo del artículo 47° de la Ley N.° 28677- Ley de Garantía Mobiliaria, se consulta lo siguiente:

1. En el caso que un tercero, distinto a un martillero público, realice por encargo la venta extrajudicial de bienes que se encuentren afectos a garantía mobiliaria, ¿qué comprobante de pago o su equivalente debe ser emitido a favor del adquirente de estos, considerando que el propietario original es una persona natural no habitual?

2. La retribución recibida por el citado tercero que efectúa la venta extrajudicial, ¿calificaría como renta de tercera o cuarta categoría?

BASE LEGAL:
– Ley N.° 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria, publicada el 1.3.2006 y normas modificatorias (en adelante, LGM).
– Ley N.° 27728, Ley del Martillero Público, publicada el 24.5.2002 y normas modificatorias (en adelante, LMP).
– Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias.

– Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias.

– Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999 y normas modificatorias (en adelante, RCP).

– Resolución de Superintendencia N.° 038-98/SUNAT, que aprueba normas sobre pólizas de adjudicación emitidas por martilleros públicos y entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros, publicada el 21.3.1998 y normas modificatorias (en adelante, R.S. N.° 038-98/SUNAT).

CONCLUSIONES:
1. Si el tercero a quien se hubiere otorgado poder específico para realizar la venta extrajudicial de un bien mueble afectado a garantía mobiliaria, fuese una entidad autorizada para realizar remates por cuenta de terceros, deberá emitir, por dicha venta, una póliza de adjudicación al adquirente.

2. En caso que el mencionado tercero no fuese la referida entidad y el aludido bien sea de propiedad de una persona natural que no tenga la calidad de habitual de acuerdo con el RCP, de efectuarse dicha venta, tal persona no estará obligada a emitir comprobante de pago al adquirente; sin embargo, en caso que este necesite sustentar gasto o costo para efecto tributario, aquella podrá solicitar a la SUNAT el Formulario N.° 820 – Comprobante por Operaciones No Habituales, no siendo ello necesario si la mencionada operación es inscrita en el Registro de Bienes Muebles a cargo de la SUNARP.

3. Si el citado tercero realiza la actividad que le ha sido encargada como un intermediario mercantil, es decir, con el propósito de lucro y animo de explotación comercial, el ingreso que perciba será considerado renta de tercera categoría. Por el contrario, si desarrolla dicha actividad no como un intermediario mercantil sino simplemente como un representante o mandatario a quien se le hubiere encargado la venta directa de un bien, los ingresos que perciba serán considerados renta de cuarta categoría.

Descargar el informe completo en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i190-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Expongo el 21 de enero del 2017

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Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

Informe 196-2016-SUNAT Sobre el “palmito” a propósito de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

INFORME N.° 196-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA: Se formulan las siguientes consultas vinculadas a la Ley N.° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía: 1. ¿La Euterpe oleracea está incluida en la definición de “palmito” descrita en el numeral 12.3 del artículo 12° de la referida ley? 2. Si la respuesta a la consulta anterior fuera positiva, ¿en la definición de palmito descrita en la citada norma se incluye tanto al cogollo como al fruto denominado coloquialmente ASAÍ, ASSAÍ, ACAÍ?

BASE LEGAL: – Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, publicada el 30.12.1998 y normas modificatorias (en adelante, LPIA).

CONCLUSIÓN: El “palmito” proveniente de la “Euterpe oleracea” se encuentra comprendido en el numeral 12.3 del artículo 12° de la LPIA, no abarcando dicho término al fruto de la citada palmera, sino únicamente a la parte interna de su ápice, estípite o cogollo tierno.

Descargar informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i196-2016.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

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Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Expongo el 21 de enero del 2017

Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

Sentencia Casatoria 14785-2014-LIMA Corte Suprema de Justicia declara FUNDADOS los recursos de Casación interpuestos por la Procuraduría del MEF y de la SUNAT, declarando INFUNDADA demanda en torno a IGV

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Alan Emilio en Lima, Perú

Mediante Sentencia Casatoria N° 14785-2014-LIMA, de fecha 14 de junio del 2016, pero recientemente notificada el día lunes a esta Procuraduría, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República decidió declarar FUNDADOS los recursos de Casación interpuestos por el MEF y la SUNAT en la presente controversia con el contribuyente S…. P…. SA DECLARANDO FINALMENTE INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS, lo cual advierte un éxito rotundo de la gestión del Estado peruano.

S…. P…. SA aludía que el Decreto Ley N° 22774 le permitía a PETROPERÚ, en su calidad de entidad representante del Estado peruano, transferir recursos financieros del Estado a los contratistas petroleros a través de la asunción de la carga económica de los tributos que gravaban las importaciones de bienes de capital destinados a sus operaciones, otorgando una especie de subsidio a los contratistas y neutralizando el perjuicio que pudiera generar el asumir dicho tributo a PETROPERÚ, ya que podría dar lugar a gasto no deducible por considerarse como una liberalidad, por lo que de forma expresa a través del citado Decreto Ley N° 22774 se le reconocería naturaleza de gasto deducible a dicha asunción de impuestos de terceros.

En esencia el contrato establecía que para la ejecución de los contratos de servicios petroleros, las maquinarias, equipos y otras unidades utilizadas para el desarrollo de tales servicios al ser de carácter especializado requieren ser importadas y/o internadas al país, por lo que a efecto de no incrementar la carga económica de los contratistas para la ejecución de tales servicios, se contempló mediante el citado Decreto Ley que el pago de impuestos en dichas operaciones sea asumido por la entidad representante del Estado peruano con lo cual el contratista (S…… P….. SA) no se vería afectado económicamente por el pago de tributos (Impuesto General a las Ventas) de dicha operación de importación para la realización de tales servicios.

La CORTE SUPREMA resolvió que la única persona obligada a pagar el Impuesto General a las Ventas y demás tributos aplicables a las importaciones de bienes de capital e insumos, debido a su calidad de responsable, es PETROPERÚ, quién además está legalmente autorizado para deducir dicho gasto en la determinación de su renta neta. Por tal sentido, SAVIA PERÚ se encuentra legalmente impedida para obtener crédito fiscal por el IGV pagado.

El antecedente directo en el Tribunal Fiscal fue la RTF 17619-1-2012 disponible directamente en el siguiente enlace: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2012/1/2012_1_17619.pdf

En la prena se ha reportado en los siguientes enlaces:

?         El Comercio, Pág. 17 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5191400&bool=1&word=sunat

?         Gestión, Pág. 5 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5191337&bool=1&word=sunat

?         Expreso, Pág. 15 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5192417&bool=1&word=sunat

?         Caretas, Pág. 22 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5193874&bool=1&word=sunat

Un fallo histórico que releva que la sustancia prima antes que la apariencia.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

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Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

Resulta IMPROCEDENTE cuestionar en la vía constitucional la “supuesta deficiencia en la notificación de órdenes de pago”, siendo lo apropiado interponer el reclamo en la vía ordinaria

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Alan Emilio en Lima, Perú

El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia de fecha 08 de noviembre del 2016 emitida en el Expediente N° 05075-2014-PA/TC,  resuelve la demanda interpuesta por la (entidad) EEGW EIRL a través de su titular don AWNC.

La entidad (EIRL) solicitó que se declaren nulos y sin efecto legal los siguientes actos administrativos:

− Las órdenes de pago 023-001-3772260, 023-001-4556497 y 023-001-4556498, 023- 001-4556499, 023-001-4556500, 023-001-4556501 y 023-001-4556502 emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat);

− La Resolución de Ejecución Coactiva 023-006-1991407, de fecha 12 de agosto de 2013, que requiere el pago de la deuda derivada de dichas órdenes de pago;

− La Resolución del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013, de fecha 10 de octubre de 2013, que declara infundada su queja; y,

− La Resolución del Tribunal Fiscal 02008-Q-2013, de fecha 8 de noviembre de 2013 (fojas 40) que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013.

Manifiestó la entidad demandante que las órdenes de pago en cuestión le fueron notificadas en contravención del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario por lo que no pudo impugnarlas. Señala que, como consecuencia de ello, se inició un procedimiento coactivo sin dársele oportunidad de cuestionar su deuda en sede administrativa por lo que se vulnera su derecho al debido proceso.

El Tribunal Constitucional indica que con relación a las resoluciones del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013 y 02008-Q-2013, se advierte que el proceso especial previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso mediante Decreto Supremo 013-2008-JUS, cuenta con una estructura idónea para dar tutela a la pretensión del recurrente; esto es, evaluar si las resoluciones administrativas impugnadas han sido emitidas en un procedimiento regular.

El Tribunal Constitucional también da cuenta que desde una perspectiva subjetiva, no se advierte riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite por la vía ordinaria máxime cuando, en el proceso contencioso-administrativo, son especialmente procedentes las medidas cautelares de innovar y no innovar (cfr. artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley 27584). Por tanto, tampoco corresponde pronunciarse sobre ese extremo de la controversia.

Finalmente el Tribunal Constitucional falla declarando IMPROCEDENTE el recurso pero habilita el plazo para que, si lo estima pertinente, el demandante pueda reclamar en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados en la vía ordinaria conforme a los fundamentos 18 a 20 de la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

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Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

OLÉ, OLÉ, OLÉ !!! Corte Suprema emite Sentencia en Acción Popular 16216-2014-LIMA que la confirma Constitucionalidad y Legalidad del Aporte a Favor de la OEFA para Fiscalización Ambiental

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

OLÉ, OLÉ, OLÉ !!!! La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, máxima instancia judicial en el Perú, emitió Sentencia en el Proceso Constitucional de Acción Popular N° 16216-2014-LIMA, de fecha 03 de septiembre del 2015 y recientemente disponible en el portal web del Poder Judicial, que C O N F I R M A la Sentencia que declaró I N F U N D A D A la demanda constitucional de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contra el Estado Peruano.

Los Ilustres Jueces que emitieron este fallo histórico fueron Lama More, Tello Gilardi, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez y Rueda Fernández.

Tal como se puede apreciar se confirma la constitucionalidad y legalidad del aporte a favor de la OEFA para la fiscalización ambiental, y que fue fijado por el Decreto Supremo 130-2013-PCM en cumplimiento de la Ley N° 27332, y que no tiene caracter confiscatorio.

Ante las alegaciones (fantasiosas) de “confiscatoriedad cualitativa” estas quedan totalmente descartadas.

El texto de la Sentencia Suprema puede descargarse en el siguiente enlace web: sentencia-corte-suprema-oefa

 

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Legislativo 1352 Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas a partir del 2018

 

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Alan Emilio en Ica 2016

Decreto Legislativo 1352 Decreto Legislativo que AMPLIA la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre dichas materias por un plazo de noventa (90) días calendario;

Que, las facultades otorgadas en materia de seguridad ciudadana se encuentran previstas en el numeral 2) del artículo 2 de la citada ley; y, dentro de este numeral, el literal i) faculta al Poder Ejecutivo para incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas
involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, respectivamente;

Que, el Perú ha ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, tales como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo; instrumentos que exigen al Perú regular la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sea en el ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que los hayan cometido;

Que, asimismo, conforme a las Recomendaciones tres (3) y cinco (5) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus respectivas notas interpretativas, los países, entre ellos, el Perú – que asumió el compromiso de cumplirlas en el año dos mil – deben asegurar que se aplique a las personas jurídicas involucradas en los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo responsabilidad penal, civil o administrativa; y, por su parte, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), exige legislar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en el cohecho activo transnacional;

Que, mediante Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, se estableció la responsabilidad de las personas jurídicas pero únicamente para el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal;

Que, con la finalidad de cumplir con todas las exigencias internacionales antes mencionadas, se hace necesario perfeccionar el marco normativo vigente y establecer un nuevo campo de responsabilidad administrativa que regule, además del delito de cohecho activo transnacional, la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas que participan en otros delitos de corrupción, tales como el delito de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, así como en los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

De conformidad con lo establecido en el literal a) e i) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto Legislativo que AMPLIA LA responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

Artículo 1.- Modificación la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto de la ley
La presente Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación
Para efectos de la presente Ley, son personas jurídicas las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta.

El cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización societaria, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma.

En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente: (i) solo puede ser sancionada con el pago de una multa, que se calcula teniendo en cuenta las reglas
establecidas en los artículos 5 o 7, según corresponda, y en función al patrimonio transferido, siempre que el delito haya sido cometido antes de la fusión o escisión, salvo que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado estas formas de reorganización societaria con el propósito de eludir una eventual responsabilidad administrativa de la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera este supuesto; y, (ii) no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso de debida diligencia, previo al proceso de fusión o escisión. Se entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones razonables orientadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha incurrido en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1.

Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
Las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:

a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias.

b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus órdenes o autorización.

c. La persona natural señalada en el literal precedente, cuando la comisión del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal a. han incumplido
sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada, en atención a la situación concreta del caso.

Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán responsables y sancionadas siempre que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias,
que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en el primer párrafo, hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o con su consentimiento.
Las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas en el primer párrafo, hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica.

Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y extinción de la acción contra la persona jurídica
La responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Las causas que extinguen la acción penal
contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
La acción contra la persona jurídica se extingue por prescripción o cosa juzgada.
La acción contra la persona jurídica prescribe en el mismo tiempo que el previsto para la persona natural, de conformidad con el primer párrafo del artículo 80 del Código Penal, siendo de aplicación asimismo, en lo que corresponda, los artículos 82, 83 y 84 del Código Penal.

Artículo 5. Medidas administrativas aplicables
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede disponer, según corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten responsables de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1:

a. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Suspensión de sus actividades sociales por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años.

2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será menor de un año ni mayor de cinco años.
3. Para contratar con el Estado de carácter definitivo.
c. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años.
e. Disolución.

Artículo 6. Medidas administrativas complementarias
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica que resulte responsable de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un período de dos años.

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y alcances de la intervención y determinar la entidad a cargo de la intervención y los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de la medida.
La intervención se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y disposición del Ministerio Público. El interventor está facultado para acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad y recabar la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de la información secreta o reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.

Artículo 7. Multa
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, el valor de la multa se establece conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito asciende hasta ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias.

b) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito sea mayor a ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias y menor de mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de cincuenta (50) ni mayor de quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT).

c) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito sea mayor a mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de quinientas (500) ni mayor a diez mil (10000) unidades impositivas tributarias (UIT).

La multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurídica y cuando el pago del monto de la multa pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando sea aconsejable por el interés general, el juez autoriza que el pago se efectúe en cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses.

En caso de que la persona jurídica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de prohibición de actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b) del artículo 5.

Artículo 11. Decomiso
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede disponer el decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito cometido por el que se declare responsable a la persona jurídica, de conformidad con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con las medidas del artículo 5 que resulten aplicables.

Artículo 12. Circunstancias atenuantes
Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas las siguientes:

a. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, hasta antes del inicio de la etapa intermedia.
b. El impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito.
c. La reparación total o parcial del daño.
d. La adopción e implementación por parte de la persona jurídica, después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención.
e. La acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención.

La confesión, debidamente corroborada, de la comisión del delito, con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria, tiene como efecto que el juez pueda rebajar la medida establecida en los literales a), b), y d) del artículo 5 hasta un tercio por debajo del mínimo legal establecido, cuando se trate de medidas temporales. Este supuesto es inaplicable en caso de flagrancia, irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso o cuando se haya configurado la reincidencia de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13.

Artículo 13. Circunstancias agravantes
Constituye circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo

1. Este supuesto se configura cuando se pruebe que la actividad que desarrolla la persona jurídica es predominantemente ilícita.

Asimismo, constituye circunstancia agravante cuando la persona jurídica contiene dentro de su estructura un órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o actividad es ilícita.

La comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo 1, dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se le haya impuesto, mediante sentencia firme, una o más medidas, tiene como efecto que el juez pueda aumentar las medidas establecidas en los literales a), b) y d) del artículo 5, hasta en una mitad por encima del máximo legal establecido.

Artículo 14. Criterios para la aplicación de las medidas administrativas
Las medidas previstas en los literales b, c y d del artículo 5 son determinadas por el juez en atención a los siguientes criterios, según corresponda:

a. La gravedad del hecho punible.
b. La capacidad económica de la persona jurídica.
c. La extensión del daño o peligro causado.
d. El beneficio económico obtenido por el delito.
e. El móvil para la comisión del delito.
f. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u órgano que incumplió el deber de control.

Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las medidas
16.1. El juez puede disponer mediante resolución debidamente motivada y de modo excepcional, la suspensión de la ejecución de las medidas impuestas y sus efectos por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre que la medida a imponerse esté por debajo del tercio inferior conforme a lo establecido en el artículo 15, y no se refiera a la prevista en el primer párrafo del artículo 8, el primer párrafo del artículo 9 o en el artículo 10.

16.2. El juez al ordenar la suspensión de la ejecución de la medida impuesta y sus efectos impone a la persona jurídica las siguientes reglas: (i) la reparación total del
daño y (ii) la obligación de adoptar e implementar un modelo de prevención.

16.3. Si durante el periodo de suspensión la persona jurídica no cumple con las reglas impuestas, el Juez puede, según sea el caso: (i) prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo fijado; en ningún caso la prorroga acumulada debe exceder los dos años, o (ii) revocar la suspensión decretada.

16.4. Si transcurre el periodo de suspensión sin que la persona jurídica sea incorporada a un nuevo proceso penal de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga el nuevo Código Procesal Penal, y se verifica el cumplimiento de las reglas impuestas, el juez deja sin efecto la sanción impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa.
16.5. Esta suspensión no afecta el decomiso dispuesto judicialmente, según lo previsto en el artículo 11.

Artículo 17. Eximente por implementación de modelo de prevención
17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1, si adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

17.2. El modelo de prevención debe de contar con los siguientes elementos mínimos:

17.2.1. Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado de prevención puede ser asumido directamente por el órgano de administración.

17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1 a través de la persona jurídica.

17.2.3. Implementación de procedimientos de denuncia.

17.2.4. Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención.

17.2.5. Evaluación y monitoreo contínuo del modelo de prevención.

El contenido del modelo de prevención, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla en el Reglamento de la presente Ley. En caso de la micro,
pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será acotado a su naturaleza y características y solo debe contar con alguno de los elementos mínimos antes señalados.

17.3. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

17.4. Se excluye también la responsabilidad de la persona jurídica, cuando cualquiera de las personas naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención debidamente implementado.

Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración
El fiscal para formalizar la investigación preparatoria debe contar con un informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que analice la implementación y funcionamiento del modelo  de prevención, que tiene valor probatorio de pericia institucional.
Si el informe técnico de la SMV establece que la implementación y funcionamiento del modelo de prevención antes de la comisión del delito, es adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante decisión debidamente motivada.”

Artículo 2.- Modificación de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

Modificase la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:

PRIMERA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero del 2018.

SEGUNDA. Reglamento
El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días (90) hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo, aprueba el reglamento a que hace referencia el numeral 17.2 del artículo 17, a propuesta del Ministerio de la Producción; y, con el refrendo de los Ministros de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos.

TERCERA. Vía procesal y puesta en vigencia de artículos del Código Procesal Penal
La investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Decreto Legislativo N° 957, gozando la persona jurídica de todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente reconoce a favor del imputado.
Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los artículos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del Decreto Legislativo N° 957 y demás normas de este Decreto Legislativo que resulten aplicables en aquellos distritos judiciales donde no se encuentre vigente.

CUARTA. Defensa Pública
La persona jurídica puede ser asistida por la defensa pública, en caso lo requiera, bajo los alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del Decreto Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo que resulte pertinente.

QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas
El Poder Judicial implementa un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas impuestas a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre, clase de medida y duración de la misma, así como el detalle del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción correspondiente, de ser el caso.
En caso de que las personas jurídicas cumplan con la medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carácter definitivo.
El Poder Judicial puede suscribir convenios con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otras instituciones, para compartir la información que conste en el registro.
El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias
pertinentes que regulen los procedimientos, acceso, restricciones, funcionamiento del registro y demás aspectos necesarios para su efectiva implementación.

OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV
Dispóngase que la SMV está facultada para emitir el informe técnico con calidad de pericia institucional, y que constituye un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria por los delitos contenidos en el artículo 1 de la presente norma.
El informe que analiza la implementación y funcionamiento de los modelos de prevención debe ser emitido dentro de los 30 días hábiles desde la recepción del pedido fiscal que lo requiera.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróganse el artículo 19, la Sexta Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activo y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

 

Decreto Legislativo 1341 Cambios en la Ley de Contrataciones del Estado

Alan Emilio en Chiclayo

Alan Emilio en Chiclayo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1341

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. por el plazo de noventa (90) días calendario;

Que, el literal g) del numeral 1 del artículo 2 del citado dispositivo legal establece la facultad de legislar para, entre otros, establecer medidas para determinar los marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública, así como modificar el marco normativo del sistema de contrataciones del Estado y reorganizar el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE);

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos con repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable a las contrataciones que realiza el Estado, con el fin de mejorar los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, así como la ejecución de obras y la contratación de consultorías;

De conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Artículo 1.- Modificación de los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, los literales k) y m) del artículo 27, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, literal j) del artículo 52, literal a) del artículo 59, artículo 60 y Primera y Décima Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Modifícase los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, los literales k) y m) del artículo 27, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, literal j) del artículo 52, literal a) del artículo 59, artículo 60 y Primera y Décima Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes términos:

Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación.

Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano.

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.

d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros.

e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado, siempre que ese otro Estado realice las prestaciones de bienes, servicios u obras, a través de sus propios organismos, dependencias o empresas de propiedad estatal.

f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero; o iii) el ente rector del sistema nacional de salud advierta que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema. Las contrataciones deben efectuarse conforme a los compromisos internacionales vigentes.

g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados siempre que las Entidades sustenten que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de sus necesidades y se realice en concordancia con los compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto, la Entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar pertenece a un Estado clasificado con grado de inversión, que es supervisada por la autoridad competente de su país y que cuenta con la clasificación de riesgo mínima.

5.2 El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece los criterios para la supervisión.

Artículo 6. Organización de los procesos de contratación

6.1 Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinataria de los fondos públicos asignados a la contratación.

6.2 Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse determinados procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa, cuando el objeto de la contratación sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece el reglamento.

Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:

a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización  y supervisión de los procesos de contratación de bienes,
servicios y obras.

b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones, responsabilidades, entre otros.

8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra.
No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento.

Artículo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 10. Supervisión de la Entidad
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no …

Descargar norma completa en el siguiente enlace web: contrataciones

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Legislativo 1347 IGV Condicionado

20160227-0043

Alan Emilio en el Cusco 2016

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1347 Se reduciría la tasa combinada del IGV a 17% siempre que se cumpla con meta de recaudación

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

El Congreso de la República, por Ley Nº 30506 ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., permitiendo entre otros, modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de reducir en un (1) punto porcentual la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) a partir del 1 de enero de 2017;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el literal a.1) del inciso a) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA TASA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 17 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Artículo Único.- Tasa del Impuesto General a las
Ventas
Modifíquese el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, en los siguientes términos:

Artículo 17.- Tasa del Impuesto

La tasa del impuesto es 15%.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 01 de julio de 2017 siempre que la recaudación anualizada, al 31 de mayo de 2017, del Impuesto General a las Ventas total neto de sus devoluciones internas alcance el 7,2% del PBI.

Para tal efecto, se toma en cuenta la información que publica mensualmente el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

Breve comentario: A la Luz de la Sentencia, de fecha 17 de abril del 2007, emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 06089-2006-PA/TC esta condicionante de que la recaudación alcance e 7.2% del PBI a mayor del 2017 deviene en constitucional, polémica si, pero constitucional.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

 

¿Alan Emilio, en Argentina “el principio de causalidad para la deducción de gastos y erogaciones también implica UNA RELACIÓN DIRECTA como lo dice la Corte Suprema en el Perú?

Al igual que en nuestro país, ocurrieron muchos casos contenciosos en diferentes sedes (administrativa llámese Tribunal Fiscal, y judicial) que han permitido establecer que el principio de causalidad debe interpretarse como una relación de carácter DIRECTA con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.

Resulta entonces oportuno extender para mayor análisis el contenido de la Circular 2/2015 de la Administración Federal Argentina AFIP, de fecha 19 de enero del 2015, que consagra este análisis y que se sustenta en la Sentencia emitida por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, de fecha 11 de julio del 2013, en la controversia suscitada entre el contribuyente argentino Tetra Pak SRL versus la Dirección General de Impuestos de Argentina (lo que vendría a ser la SUNAT en el Perú):

Que asimismo, “…puede afirmarse que todas las deducciones están, en principio —salvo expresas excepciones consagradas en la ley—, regidas por el principio de causalidad, es decir que sólo se podrán computar de la renta bruta aquellos gastos que guarden una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad” (Cfr.Tetra Pak SRL c/DGI Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal del 11/07/2013).

El contenido de la Circular de la AFIP se orienta hacia la lucha contra las planificaciones fiscales nocivas que los grandes grupos concentrados de la economía desarrollan, y sus directivos y representantes ejecutan a los fines de reducir la carga tributaria “ARTIFICIALMENTE”.

Ahora se dan cuenta quienes son los “iiluminados defensores de la causalidad automática, desmedida, elusiva, ilusionista y libertina”. A esos yo los denomino “románticos de la tributación”.

Este contenido revela que tanto en Perú, México, Chile, Colombia, España, Ecuador, y Argentina el “romanticismo ilusionista” está equivocado. Que no te sigan contando fábulas.

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Legislativo 1332 Facilita la Constitución de Empresas CDE

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Alan Emilio en Arequipa 2016

Decreto Legislativo 1332 DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL – CDE

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en determinadas materias, entre ellas la de reactivación económica y formalización por el término de noventa (90) días calendario;

Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la citada Ley, establece la facultad de legislar, entre otros, para emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas; y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el mismo ejerce competencias respecto de la promoción de la formalidad empresarial, así como de las acciones que facilitan el inicio de un negocio;

Que, es necesario optimizar los procesos de asesoría y asistencia técnica en el inicio de un negocio a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), por lo que es necesario contar con herramientas tecnológicas, interconexiones interinstitucionales y medios electrónicos correspondientes;

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE OPTIMIZA LOS PROCESOS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL INICIO DE UN NEGOCIO

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene como objeto optimizar los procesos de asesoría y asistencia técnica en la constitución de una empresa a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE calificados y autorizados por el Ministerio de la Producción, a fin de promover la formalización empresarial.

Artículo 2.- Centros de Desarrollo Empresarial
Facúltase al Ministerio de la Producción a calificar y autorizar Centros de Desarrollo Empresarial – CDE a toda institución pública o privada, así como a los notarios.
Dichos Centros operan como plataformas físicas y/o digitales que facilitan la constitución de personas jurídicas, conforme a la regulación prevista en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, y demás disposiciones aplicables, para la formalización y desarrollo empresarial.

Artículo 3.- Facilitación del servicio de asesoría y asistencia técnica en la constitución de una empresa a través de los CDE
La constitución de personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial a través de un Centros de Desarrollo Empresarial – CDE se realiza utilizando herramientas tecnológicas o medios electrónicos, que interconecten a Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y a las notarías.

Artículo 4.- Calificación y Autorización de los CDE
El Ministerio de la Producción, califica y autoriza a toda institución pública o privada, así como a los notarios, para obtener la condición de los CDE.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Avance de la Tecnología
Los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE cuentan con:

a) Lector para la identificación biométrica, a través del sistema AFIS de RENIEC.
b) Tarjeta con lectora de certificados digitales.
c) Token criptográfico para generación de certificados digitales.
d) Conexión a internet.
e) Canal digital para la conexión con los notarios, incluyendo videoconferencia.

f) Canal digital para la conexión con la entidad de certificación (EC).

La aplicación de los incisos e) y f) del presente artículo, se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

Mediante Decreto Supremo, se podrá habilitar mejoras y adaptaciones de los servicios prestados a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, de acuerdo al avance de la tecnología.

SEGUNDA.- Tasas registrales ante SUNARP
Las personas jurídicas cuyo capital social sea de hasta una (1) UIT constituidas través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, en aplicación de la presente norma, realizan la reserva de nombre y la inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP, y podrán ser exoneradas de las tasas registrales mediante Decreto Supremo.

TERCERA.- Implementación
Las condiciones para la implementación y operatividad de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE se establecerán mediante Resolución Ministerial.

CUARTA.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, según corresponda, y en el marco de las Leyes Anuales del Presupuesto.

QUINTA.- Modifica el artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado

Modifícase el artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, en los siguientes términos:

Artículo 37.- Registros Protocolares

Forman el protocolo notarial los siguientes registros:

a) De escrituras públicas.
b) De escrituras públicas unilaterales para la constitución de empresas, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial autorizados por el Ministerio de la Producción.
c) De testamentos.
d) De protesto.
e) De actas de transferencia de bienes muebles registrables.
f) De actas y escrituras de procedimientos no contenciosos.
g) De instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía mobiliaria y otras afectaciones sobre bienes muebles; y,
h) Otros que señale la ley”.

SEXTA.- Modifica los artículos 9 y 10 de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades
Modifícase los artículos 9 y 10 de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, en los siguientes términos:

Artículo 9.- Denominación o Razón Social
La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.
Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.
El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición.
La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar”.

Artículo 10.- Reserva de preferencia registral
Cualquier persona natural o jurídica que participe en la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de treinta días, vencido el cual ésta
caduca de pleno derecho.

No se puede adoptar una razón social o una denominación, completa o abreviada, igual a aquella que esté gozando del derecho de reserva de preferencia registral”.

SÉTIMA.- Incorpórase el tercer párrafo al artículo 11, el quinto y sexto párrafos al artículo 14 y el cuarto párrafo al artículo 188 de la ley N° 26887 – Ley General de Sociedades

Incorpórase el tercer párrafo al artículo 11, el quinto y sexto párrafos al artículo 14 y el cuarto párrafo al artículo 188 de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, en
los siguientes términos:

Artículo 11.- Objeto social
La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto.
La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas.
La sociedad podrá realizar los negocios, operaciones y actividades lícitas indicadas en su objeto social.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en
el pacto social o en el estatuto.”

Artículo 14.- Nombramiento, poderes e inscripciones
El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento de poderes por ésta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes.
Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante, según el caso.
Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar.
El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley de Arbitraje, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario
Por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de representación ante personas naturales y/o jurídicas privadas y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión y/o trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Igualmente, goza de facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad.
Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la Partida Electrónica de la sociedad, no serán oponibles a terceros.

Artículo 188.- Atribuciones del Gerente
Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, al ser nombrado o por acto posterior.

Salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones:

1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social;

2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje

3. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada;

4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida en contrario;

5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad; y,

6. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 14, el gerente general para la gestión de la sociedad goza de las facultades siguientes:

1. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada;
2. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida en contrario;
3. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registro de la sociedad; y,
4. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.

Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la Partida Electrónica de la sociedad, no serán oponibles a terceros”.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Bruno Giuffra Monteverde
Ministro de la Producción

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Feriados 2017 y 2018 PERÚ Declaran días no laborables compensables para los trabajadores del Sector Público, durante los años 2017 y 2018

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

DECRETO SUPREMO Nº 001-2017-PCM Declaran días no laborables compensables para los trabajadores del Sector Público, durante los años 2017 y 2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, en materia de turismo, tiene como objetivo promover el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, propiciando las condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada, y la generación de empleo;

Que, conforme al artículo 4 de la Ley N° 29408 – Ley General de Turismo, corresponde al MINCETUR fomentar el turismo social e implementar estrategias para la promoción del turismo interno y receptivo;

Que, a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace algunos años, el establecimiento de días no laborables sujetos a
compensación o recuperación de horas no trabajadas, los cuales sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno, medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo, según los resultados de las evaluaciones del flujo turístico interno movilizado durante los fines de semana largos, efectuadas cada año por el Sector Turismo;

Que, la práctica del turismo interno constituye un instrumento dinamizador de las economías locales y contribuye al conocimiento no sólo de los atractivos turísticos sino de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país;

Que, por dichas razones, es conveniente establecer los días no laborables sujetos a horas de trabajo compensables correspondientes a los años 2017 y 2018;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Días no laborables en el sector público.
1.1 Declárase días no laborables, para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, durante los años 2017 y 2018, los siguientes:

Viernes 30 de junio de 2017

Jueves 27 de julio de 2017

Martes 2 de enero del 2018

1.2 Para fines tributarios dichos días serán considerados hábiles.

Artículo 2.- Compensación de horas.
Las horas dejadas de trabajar en los días no laborables establecidos en el artículo precedente, serán compensadas en la semana posterior a la del día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Artículo 3.- Servicios indispensables y atención al público.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables señalados.

Artículo 4.- Días no laborables en el sector privado.
Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas “de laborar; a falta de acuerdo decidirá el empleador.

Artículo 5.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo y de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria