” ; ENTRE OTROS. “: La Décima Octava Disposición Transitoria y Final del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta precisa que para determinar los gastos necesarios no debe reducirse el anàlisis a limitados criterios lo cual habilita aplicar por ejemplo el criterio de “lo forzoso y lo ineludible”

Alan Emilio en Lima 2015

Alan Emilio en Lima 2015

La Décimo Octava Disposición Transitoria y Final del Texto Ùnico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (vigente) incorpora la norma de precisión del principio de causalidad de manera amplia que no limita la aplicación de los principios de “lo forzoso”, “lo ineludible”, “lo indispensable” cuando detalla el término ” ¡ ENTRE OTROS !” (yo tengo otros cinco criterios más,  ya los comentaré a su turno, por ejemplo “nadie puede beneficiarse de su propio delito, hecho antijurìdico o daño a un tercero, criterio que recoge la Corte Suprema de Justicia peruana” ) que han sido desarrollados por las máximas instancias judiciales por ejemplo de Chile, Colombia y México:

Precisión de principio de causalidad

Precisase que para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, a que se refiere el Articulo 37° de la Ley, estos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, asi como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refiere el inciso l) de dicho articulo; entre otros.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capxvii.htm

La lectura correcta (legalidad) es que los criterios que recoge la legislación peruana del Impuesto a la Renta no son limitados a tres (como muchos vienen pregonando equivocadamente), dado que:

1. En primer lugar se numera la normalidad para la actividad.

2. Seguidamente se detalla la razonabilidad en relación a los ingresos del contribuyente.

3. Luego la norma de precisión si limita el criterio de generalidad para ùnicamente los gastos a que se refiere el inciso l) del artìculo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, dado que para los otros desembolsos no se requiere la generalidad.

4. En cuarto lugar, la norma incorpora el tèrmino “entre otros” (ojo fijénse que no aparece una coma sino un punto y coma y luego el tèrmino “entre otros”) que evidentemente permite desarrollar otros criterios como los citados y que por ejemplo la alta jurisprudencia chilena, colombiana y mexicana si han podido puntualizar.

Paz y amor a todos

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

PD: ♪ ♫ Dígame usteddddd, si ha leido bien la norma señorita, ¿ si no la ha leído todavía ? mejor lea nuestro portaaallll ♪ ♫ (Fraseando la letra de Kale)

Corte Interamericana de Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento, de expresión, y sobre todo el derecho a la difusión. Sentencia Caso Palamara Iribarne versus Chile

TRIBUTACION PERU

TRIBUTACION PERU

Corte Interamericana de Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y de expresión, y sobre todo su difusión. Sentencia Caso Palamara Iribarne versus Chile

Alan Emilio Matos Barzola

Tal como desarrolla el párrafo considerativo 71 de la Sentencia de fecha 22 de noviembre del 2005 sobre fondo, reparaciones y costas, Caso Palamara Iribarne versus Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, […] ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además, dicha norma establece los supuestos en los que se pueden realizar restricciones a esos derechos, así como regula lo relativo a la censura previa. En varias oportunidades el Tribunal se ha pronunciado sobre los medios a través de los cuales pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión, y sobre lo dispuesto en el artículo 13 en materia de censura previa.

Resalta que el párrafo considerativo 72 de la Sentencia del Tribunal Interamericano que tal como ha sido establecido en los casos Ricardo Canese, supra nota 172, párr. 78; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 109; y La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 172, párr. 36., “la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles”, por lo que para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones.

En el caso materia de controversia entre el señor Palamara Iribarne versus la República de Chile, la Corte Interamericana consideró que para que dicho estado garantizara efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del señor Palamara Iribarne no bastaba con que permitiera que escribiera sus ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía el deber de no restringir su difusión, de forma tal que pudiera distribuir el libro utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al mayor número de destinatarios, y que éstos pudieran recibir tal información, talo como también fue considerado en los casos Ricardo Canese, supra nota 172, párr. 78; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 108; y Caso Ivcher Bronstein, supra nota 173, párr. 146.

Bajo dicho contexto, cualquier entidad gubernamental del Perú no podría vulnerar los derechos libertad de pensamiento y de expresión, y sobre todo el derecho a la difusión, siempre que ello no atente contra la propia institución o se involucre información de carácter secreto y de cuyo contenido de atente contra otras personas. Ojo el Estado peruano es “recontra mal visto tanto en la Comisión Interamericana (con sede en Washington) como en la Corte Interamericana (con sede en Costa Rica)”, y en ello deriva la necesidad de capacitar a los funcionarios de todo estamento gubernamental para que no perjudiquen al Estado peruano en caso se le ocurra a algún despistado o despistada vulnerar los derechos reconocidos de cualquier persona.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Ex miembro de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos del Perú ante el Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos (CIDH-Corte Interamericana-Naciones Unidas) 2004-2006

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

RTF de Obsevancia Obligatoria 01682-Q-2015 Se vulnera el debido procedimiento si con ocasiòn de una verificaciòn del cumplimiento de obligaciones formales esta no se lleva en la fecha y hora señaladas

Alan Emilio en Tarapoto 2015

Alan Emilio en Tarapoto 2015

Mediante RTF de Obsevancia Obligatoria 01682-Q-2015 se establece el siguiente criterio:

“Se vulnera el debido procedimiento sí con ocasiòn de una verificaciòn del cumplimiento de obligaciones formales a realizarse en las oficinas de la Administración, èsta no es llevada a cabo en la fecha y hora señaladas en el documento mediante el que se requiriò la exhibiciòn y/o presentaciòn de libros, registros y/o documentos, a menos que se comuique tal corcunstancia o sea consentida por el administrado”.

En el presente caso el Tribunal Fiscal en forma contundente y suficientemente clara declarò INFUNDADA la queja presentada en cuanto al desarrollo de la verificaciòn del cumplimiento de obligaciones formales efectuada en las oficinas de la Administraciòn, e IMPROCEDENTE en lo demàs que contiene la queja, debido a que el representante de la entidad quejosa no formuló ni consignó objeción alguna a que la diligencia se desarrollara en una hora distinta a la inicialmente fijada para ello, por lo que se considera que la entidad quejoza consintiò iniciar la verificaciòn en una hora distinta a la programada.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Jurispridencia TF 2015 Alan Emilio

Carta 026-2015-SUNAT las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes cuyo número de RUC se encuentra en estado de baja de inscripción en dicho padrón permiten sustentar gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta

Alan Emilio en Arequipa 2015

Alan Emilio en Arequipa 2015

SUNAT acaba de publicar la Carta 026-2015-SUNAT que aclara lo siguiente:

1. Procede emitir liquidaciones de compra a vendedores cuyo número de RUC se encuentra en estado de baja de inscripción en dicho padrón a la fecha de emisión de tales comprobantes de pago, siempre que se trate de la adquisición de los bienes contemplados en el numeral 1.3 del artículo 6° del RCP. Por lo tanto, las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes cuyo número de RUC se encuentra en estado de baja de inscripción en dicho padrón permiten sustentar gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta; sea porque la SUNAT ha dado de baja dicha inscripción a solicitud de parte o de oficio.

2. Cabe indicar que las normas legales vigentes no hacen mención a la baja definitiva de la inscripción en el RUC, por lo que se deberá verificar en cada caso concreto si se está ante alguno de los supuestos de baja de inscripción en el RUC previstos en el artículo 9°, último párrafo del artículo 26° o artí culo 27° de la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT.

Descargar la carta colgada en la web de SUNAT también en el siguiente enlace: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2015/informe-oficios/c026-2015.pdf

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

PD: Ojo la liquidación de compra “solita” no acredita la deducibilidad. Amor y Paz a todos

RTF 03974-2-2014 contribuyente debe acreditar que el pago de la movilidad hubiera estado supeditado al desplazamiento del trabajador a los centros de trabajo

Alan Emilio en Chiclayo 2015

Alan Emilio en Chiclayo 2015

Mediante Resoluciòn RTF 03974-2-2014, anteriormente citada en este espacio web (ver publicaciones anteriores), tambièn se aborda una controversia sobre el pago de las movilidades respecto de las aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social Essalud.

¿Qué alegaba el contribuyente? Refería que no consideraba remuneraciòn a los montos que percibe el servidor por gastos de movilidad, que el sentido econòmico, que la libertad de empresa (etc.)

El Tribunal Fiscal identifica que las sumas percibidas por el trabajador a título de movilidad formarán parte de la remuneración, salvo que dicho importe se encuentre condicionado al desempeño de su labor o funciones.

Se identifica que en el Requerimiento, la Administraciòn comunicò al contribuyente que no se precisò (ni en la planilla ni en los recibos complementarios) el lugar o lugares a donde se desplazaron los trabajadores para prestar sus servicios, por lo que se requiriò subsanar las observaciones. El contribuyente dió respuesta al requerimiento indicando que estas erogaciones se encontrarìan sustentadas en los recibos de egresos emitidos de conformidad con el artìculo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, pues los montos abonados constituyen rentas de quinta categoría, pues el trabajo es prestado en relaciòn de dependencia por los servicios de seguridad y vigilancia que presta en lugares de difìcil acceso. En el Resultado del Requerimiento la Administraciòn indica que el reparo se mantiene dado los referidos recibos no señalan el lugar o lugares donde se desplazaron los trabajadores para prestar los servicios conforme con el criterio del Tribunal Fiscal RTF 1222-5-97.

El Tribunal advierte que estas entregas de dinero a los trabajadores no se encuentran acreditadas y que se encuentren condicionadas a la asistencia de èstos al centro de labores de los clientes, correspondiendo confirmar la resoluciòn apelada en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria Colombiana 2014: Consejo de Estado Colombiano rechaza la deducción de gastos por penalidades e intereses moratorios al no constituir gastos forzosos

Alan Emilio en Piura

Alan Emilio en Piura

Mediante Sentencia, de fecha 06 de noviembre del 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo (sección Cuarta) del Consejo de Estado Colombiano se resuelve una controversia en torno a la deducción de erogaciones incurridas para efectos de la determinación del Impuesto a la renta del ejercicio 2005 por una entidad empresarial colombiana.

Resulta trascendente la siguiente conclusión del Consejo de Estado Colombiano:

“…la Sala haya dicho que el contribuyente debe probar que la expensa era forzosa y que repercutió o tuvo injerencia en la productividad de la empresa.”

Puntualiza el Consejo de Estado Colombiano que la prueba se debería encauzar a demostrar que hay empresas que realizan determinada actividad, y que incurren en expensas (erogaciones) de manera forzosa indicando lo siguiente:

“no basta la exposición de criterios acertados y razonables de lo que debe entenderse por relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. También es indispensable subsumir los hechos de cada caso concreto al entendimiento de lo que es necesario, proporcional y que guarda relación de causalidad con la actividad productora de renta. Los hechos, además, deben estar probados mediante pruebas pertinentes, conducentes y útiles.” 

En el análisis de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado colombiano se indica que es frecuente que la administración y el contribuyente se limiten al alegato teórico de si la expensa cumple los requisitos del Estatuto Tributario Colombiano sin que se valoren, siquiera, las pruebas aducidas al expediente, si es que se aportan, se reitera. Por tal sentido el Consejo de Estado Colombiano indica que no basta que la expensa esté probada, siendo que la prueba debe permitir inferir que la expensa (deducción, desembolso, erogación, pago, salida de recurso) sí se subsume en los criterios de necesidad, de proporcionalidad y de relación de causalidad con la actividad productora de renta.

En el presente caso, el contribuyente fue la entidad Mundinaves Ltda., que según su objeto social es un agente marítimo, aduanero, de naves marítimas y artefactos navales de cualquier nacionalidad. Dicha entidad efectuó el pago de intereses moratorios a favor de la entidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por $.16´179,872.

El Consejo de Estado Colombiano analizó que el contribuyente dedujo como gasto corriente estos pagos de intereses, concepto que fue reparo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (SUNAT en Colombia), en razón a que solamente son deducibles los intereses que se originen en actividades productoras de renta. La Sala considera que si bien Mundinaves Ltda., sirvió como intermediaria entre sus clientes y dicha sociedad portuaria para hacer el pago del servicio para la atención de buques, no es procedente la deducción pedida con fundamento en las siguientes precisiones:

  1. Mundinaves Ltda., en su demanda alegó que recibió de parte de un cliente un anticipo para la atención de un buque. Dijo que la “erogación no fue efectuada en forma inmediata, por razones de iliquidez de la sociedad contribuyente y que al no haberle pagado a tiempo a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, generó el cobro de intereses que no se podía cargar al cliente, y que eran costo financiero de la sociedad MUNDINAVES LTDA.”. Al respecto, la Sala aprecia que el obligado a hacer el pago era el cliente de Mundinaves y que esta empresa sirvió de intermediaria para efectuarlo, solo que, por razones de liquidez, no destinó el dinero que le dio el cliente para el propósito para el que fue entregado, hecho que la hizo incurrir en mora. En ese contexto, para la Sala la deducción es improcedente.
  1. En efecto, en relación con la deducción por pago de intereses, la Sala advierte que la norma que rige dicha deducción es el artículo 117 del Estatuto Tributario que dispone:

“ARTICULO 117. Deducción de intereses. Los intereses que se causen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Los intereses que se causen a otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, durante el respectivo periodo o año gravable, la cual será certificada anualmente por la Superintendencia Bancaria, por vía general.”

Lo primero que advierte la Sala es que, de acuerdo con la norma transcrita, son deducibles en su totalidad los intereses que se causen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Que también son deducibles los intereses que se causen a otras personas o entidades, en la parte que no exceda la tasa más alta que se hubiere autorizado a los establecimientos bancarios.

Sin embargo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario, la deducción de esos intereses sólo es posible si guardan relación con la actividad productora de renta, son necesarios y proporcionados.

La relación de causalidad no existe pues es un hecho admitido por la actora que el dinero para el pago del servicio era de un tercero, no de la empresa. El hecho de que se haya auto prestado el dinero para solventar otros pagos y que, por esas circunstancias haya hecho incurrir a un tercero en mora, no justifica que haga propio ese costo financiero. Además, ese gasto no es necesario pues la empresa tiene el deber de destinar el dinero de sus clientes a los fines que estos dispusieron. En consecuencia, no es procedente la deducción.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Sentencia Colombiana 2014 Consejo de Estado GASTOS ALAN EMILIO MATOS BARZOLA

Claramente queda expuesto que resulta absurdo sostener que la deducibilidad tributaria de los desembolsos y erogaciones que incurra un ente empresarial se justifique por un manto automáticamente amplio, desmedido y elusivo

RTF 02053-Q-2014 Declara infundada queja “por haberse iniciado al mismo tiempo” los procedimientos de fiscalización del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2010 a 2012

Alan Emilio en Trujillo , La Libertad

Alan Emilio en Trujillo , La Libertad

Mediante Resolución de la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Nº 02053-Q-2014, de fecha 16 de abril del 2014, el Tribunal resuelve declarar infundada la queja del contribuyente en torno a los procedimientos de fiscalización definitiva del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2010 a 2012, que a su vez requerían la presentación de diversa documentación contable y tributaria.

¿Que alegaba el contribuyente quejoso? Indicaba que la Administración le había iniciado al mismo tiempo, de forma abusiva, arbitraria e irracional los procedimientos de fiscalización del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2010 a 2012, requirièndole diversa documentaciòn. Alega el contribuyente que con esto se vulneran los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad e imparcialidad.

El Tribunal Fiscal cita el contenido de la Resolución RTF Nº 07469-11-2013 en torno a que la Administración en ejercicio de su facultad discrecional SI PUEDE iniciar dos o más procedimientos de fiscalización a un mismo contribuyente, respecto de los mismos tributos y distintos periodos, lo que no vulnera lo establecido por el Código Tributario, al no existir norma alguna que la prohiba.

El Tribunal también cita el contenido de la Resolución RTF Nº 09664-4-2013 respecto a que no existe norma alguna que impida a la Administración iniciar más de un procedimiento de fiscalización a un mismo contribuyente, respecto de tributos o periodos distintos y que de acuerdo al fundamento 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 327-2001-AA/TC, de fecha 27 de septiembre del 2001 (pero que muchos no conocen o quieren ocultarlo y se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00327-2001-AA.html ) se ha indicado:

debe tenerse presente que la realización de un proceso de fiscalización no constituye, por sí mismo, una vulneración de derechos constitucionales. Para que ello ocurra, tendrían que acreditarse irregularidades en su desarrollo, pero tal cosa no ha sucedido en el presente caso.”

De esta manera el Tribunal Fiscal indica que de la revisión de las cartas y requerimientos se advierte que la actuación de la Administración Tributaria se ha efectuado de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 62  del Código Tributario, resultando evidente que el propósito era verificar la exactitud de la información proporcionada y formar su opinión respecto del cumplimiento de las citadas obligaciones tributarias a cargo del contribuyente quejoso, no observándose afectaciones a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad e imparcialidad como muy erradamente se alega. Por tal sentido la queja se declara INFUNDADA.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 03974-2-2014 Tribunal Fiscal indica que no existe impedimento legal para que una persona que mantiene vínculo laboral con el empleador pueda simultáneamente prestar servicios sin relación de subordinación

Alan Emilio en el Cusco

Alan Emilio en el Cusco

Mediante Resolución RTF Nº 03974-2-2014, de fecha 26 de marzo del 2014, el Tribunal Fiscal analiza una controversia sobre aportaciones al Seguro Social de Salud, entre otros.

Indica el Tribunal Fiscal que la Administración debe demostrar la presencia de los elementos que caracterizan la relación de subordinación que acrediten las facultades de dirección, supervisión y sancionadora, para lo cual deberá recurrir a los denominados rasgos sintomáticos, esto es, al conjunto de características típicas que permiten presumir la existencia de una relación laboral, tales como lugar de trabajo, horario de trabajo y exclusividad o trabajo para un solo empleador, entre otros.

Refiere el Tribunal Fiscal que en este caso la Administración cometió el error de sustentar sus conclusiones respecto a la existencia de una relación laboral únicamente en el análisis de los contratos de locación de servicios y recibos por honorarios; sin embargo no se observa en el expediente que la Administración hubiera efectuado verificaciones adicionales que sustenten dichas conclusiones como sería el cumplimiento de un horario establecido.

No resulta concluyente para el Tribunal Fiscal que los contratos indiquen que los servicios seràn prestados conforme determinadas especificaciones técnicas, y mas bien la Administración debió comprobar que se impartieron órdenes, directivas o instructivas para su ejecuciòn, mucho menos la Administración acreditó en el presente caso que el contribuyente haya ejercido facultades disciplinarias sobre los locadores. OJO: Tal como a menudo expongo en clases si la entidad le descuenta a la persona (prestador de cuarta categorìa) abiertamente estás diciendo que en relidad si existe facultad disciplinaria y con un moño hacen que el reparo se fundamente solito. ¿Moraleja? No le descuenten por tardanzas ni a los cuarta categorìa ni mucho menos a los CAS, despuès no estén renegando.

El Tribunal Fiscal también descarta que sea concluyente el hecho que exista correlatividad en los recibos por honorarios, que no acredita subordinaciòn ni dependencia.

En la citada Resolución RTF Nº 03974-2-2014, el Tribunal también indica que en el caso de dos trabajadores (ambos de apellidos Gònzales Ascurra), la Administración sostiene que en el caso de estas personas se encuentran registradas en el LIbro de Planillas (quinta categorìa), sin embargo, también han girado recibos por honorarios por los servicios de elaboraciòn de informes técnicos y propuesta técnica, situación que se encuentra acreditada en el expediente, ante lo cual el contribuyente señalò que estos señores prestaron simultàneamente dos tipos de servicios, uno laboral y otro de índole civil.

En forma magistral, el Tribunal Fiscal analiza que si bien no existe impedimento legal para que una persona que mantiene vínculo laboral con un empleador pueda, simultáneamente, prestar servicios sin relación de subordinación o mediante una relación de caràcter civil, en tanto se trate de la prestación de otros servicios distintos a los que involucran el cumplimiento de sus labores como trabajador dependiente, el contribuyente no ha demostrado en el expediente la distinta naturaleza de los servicios prestados, en consecuencia las remuneraciones si se encuentran afectas a las Aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y al Impuesto Extraordinario de Solidaridad, en tal sentido, procede mantener el reparo materia de anàlisis en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

RTF 03821-1-2014 Tribunal Fiscal indica que la infracción se determina en forma objetiva y no en función a la capacidad contributiva

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Resolución RTF Nº 03821-1-2014, de fecha 21 de marzo del 2014, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia en torno a la comisión de la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario.

El contribuyente alegaba que la resolución de multa transfrede los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva, infringiéndo el artículo 74 de la Constitución Política al sancionar un hecho sin relevancia, situación que no es admisible en un estado democràtico y social de derecho.

A su turno la Administración Tributaria indica que el contribuyente no cumpliò con exhibir la totalidad de la documentación solicitada en el plazo otorgado, pese a que fue requerida, por lo que incurrió en la citada infracción.

El Tribunal cita el contenido de la Resolución de Observancia Obligatoria RTF Nº 04794-1-2005, en cuanto estableció: “la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, se configura cuando el deudor tributario no cumple con exhibir en su domicilio fiscal la documentación solicitada por la Administración tributaria al vencimiento del plazo otorgado para tal efecto“.

De la revisión del expediente el Tribunal advierte que el contribuyente, pese a que se le requirió, no cumplió con exhibir la factura de imprenta correspondiente a diversos comprobantes de pago de venta en el plazo otorgado por la Administración, por lo que se encuentra acreditada la infracción.

Seguidamente el Tribunal Fiscal, respecto a las alegaciones del contribuyente en cuanto a que no cabe la apliación de sanciones innecesarias, pues ello no es admisible en un Estado democràtico y social de derecho,corresponde señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artìculo 165 del Código Tributario, la infracción se detemrina en forma objetiva y no en función a la capacidad contributiva, criterio ya expuesto en la Resolución RTF Nº 07683-2-2013.

Respecto a la “supuesta violación del principio de no confiscatoriedad” el Tribunal cita sus Resoluciones RTF Nº 03030-7-2008 y Nº 03432-5-2010 indicando que las sanciones pecuniarias no tienen un carácter recaudatorio como los tributos, sino que tienen como objetivo  neutralizar el incumplimiento de los deberes formales establecidos legalmente, reprimiendo aquellas conductas del contribuyente que por acción u omisión importen dicho incumplimiento siempre que se encuentren debidamente tipificadas como infracción, por lo que la cobranza de las multas responde a una finalidad disntinta a la de los tributos.

Respecto a las alegaciones en torno a que la sanción trasgrede el principio de proporcionalidad, el Tribunal indica que dicho principio es exigible al momento de definirse las sanciones a nivel normativo y cuando su determinación específica depende de la autoridad encargada de su apliación, lo que no resulta aplicable en materia tributaria, en la cual la determinaciòn de la sanción a imponerse está específicamente establecida por el Código Tributario y está graduada en función a la omisión determinada por la Administración Tributaria, criterio antes expuesto en la Resolución RTF Nº 21908-4-2011.  

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

                                                                                                                                             

RTF 04334-5-2014 indica que el sustituir la sanción de cierre por una multa es facultad de la Administración y no un derecho del contribuyente

Alan Emilio en Huaraz

Alan Emilio en Huaraz

Mediante Resolución RTF Nº 04334-5-2014, de fecha 03 de abril del 2014,  el Tribunal Fiscal analiza una controversia en torno a la sanción de cierre de establecimiento por la comisión de la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario.

¿Qué alegaba el contribuyente? La entidad sostenía que el cierre constituye un acto arbitrario y nulo de puro derecho, dado que cuando emitió el comprobante de pago el fedatario se rehusó a recibirlo, lo cual se puede comprobar de la revisión de las boletas correlativas emitidas el mismo día de producida la intervención. Refiere que se agravia su derecho a solicitar que se le cambie la sanción de cierre temporal por una multa con acogimiento a la gradualidad, puesto que la Administración puede aplicar su criterio de discrecionalidad.

De la revisión del expediente administrativo, sobre todo del acta probatoria, el Tribunal Fiscal indica que se aprecia que cumple con los requisitos previstos al haberse identificado al fedatario y señalado los hechos ocurridos en la intervención, por lo que al haber sido emitida conforme a ley, se encuentra acreditada la comisión de la infracción prevista por el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario, correspondiendo confirmar la resoluciòn apelada que impuso la sanción de cierre temporal por tres (03) días (primera oportunidad).

Respecto a la alegación de acto arbitrario y nulo de puro derecho, el Tribunal indica que el contribuyente no ha acreditado su dicho, por lo que no resulta atendible lo alegado.

En cuanto a lo sostenido por el contribuyente en el sentido que la resoluciòn agravia su derecho a solicitar que se le cambie la sanción de cierre temporal por una multa con acogimiento a la gradualidad, el Tribunal Fiscal es suficientemente claro al precisar que la facultad de sustituir el cierre por una sanción de multa es facultad de la Administración, quién podrá sustituirla cuando exista imposibilidad de aplicar el cierre temporal de establecimiento, al presentarse durante la ejecuciòn de dicha sanción alguna de las causales establecidas en el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario, y no un derecho del contribuyente, cómo éste lo sostiene, de conformidad con lo establecido en el artìculo 166 del Código Tributario.

En tal sentido, para que se  produzca la sustitución de cierre debe configurarse alguna de las causales prescritas en el mencionado inciso, esto es, cuando las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo ameriten, cuando por acción del deudor tributario sea imposible aplicar la sanción de cierre o cuando la SUNAT lo determine en base a los criterios que èsta establezca mediante Resolución de Superintendencia, correspondiéndole a la Administración merituar la causal que justifique la sutitución de la sanción de cierre impuesta al contribuyente, por lo que tal argumento del contribuyente carece de asidero jurídico. Este criterio es sostenido en las Resoluciones RTF Nº 10463-2-2009 y 11867-2-2009, entre otras.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 03823-1-2014 rechaza rotundamente alegato en torno a que la entidad no tenga vìnculo (laboral o familiar) con la persona que firmò la constancia de notificaciòn o que la firma consignada no coincida con la que figura en Reniec

Alan Emilio en Pucallpa

Alan Emilio en Pucallpa

Mediante Resolución RTF Nº 03823-1-2014, de fecha 21 de marzo del 2014, se resuelve una controversia en torno a la comisiòn de la infracciòn tipificada por el numeral 1 del artìculo 177 del Còdigo Tributario.

¿Què alegaba el contribuyente? Se sostenìa que la Administración no le habìa notificado correctamnete la esquela por lo que nunca tuvo conocimiento de dicho acto. Señalaba que la entidad no tiene vìnculo con la persona que firmó la constancia de notificación de la mencionada esquela y que la firma consignada en la mencionada constancia no coincide con la que figura en el Certificado de Inscripciòn emitido por la Jefatura Regional Lima de la RENIEC. Sostiene que la apelación es nula, toda vez que vulnera sus derechos al debido procedimiento, al derecho de defensa y a la motivación.

El Tribunal Fiscal analiza el expediente e indica que se encuentra acreditada la comisiòn de la infracciòn, lo que se encuentra arreglado a ley, debiéndose confirmar la resoluciòn apelada.

Detalla el Tribunal Fiscal que del expediente se advierte que la notificaciòn se encunetra arreglada a ley, por lo que carece de sustento el alegato del contribuyente.

Resalta el Tribunal que de acuerdo con el inciso a) del artìuclo 104 del Còdigo Tributario, para que la notificación sea vàlidea basta con que se efectúe a una persona capaz en el domicilio fiscal señalado por el interesado, no exigièndose que quièn la reciba sea un familiar o tuviese vìnculo laboral con èste, por lo que aún en el supuesto que fuese cierto lo señalado por el contribuyente en el sentido que la persona que recibiò la notificación no tiene vìnculo familiar o laboral con la entidad, no le resta validez a la notificación efectuada (criterio reiterado hace algunos años en la Resolución RTF Nº 15086-7-2012).

En relaciòn a las alegaciones en torno a que la firma consignada en la mencionada constancia de notificaciòn no coincide con la que figura en el certificado de RENIEC, el Tribunal Fiscal precisa que ello no resulta atendible, toda vez que conforme lo ha dejado establecido por este Tribunal en la Resoución RTF Nº 17003-7-2010, que constituye precedente de observancia obligatoria “No procede que el Tribunal Fiscal analice y se pronuncie sobre la autenticidad de las firmas consignadas en los cargos de notificaciòn relacionados con actos emitidos por la Administración. El Tribunal Fiscal no puede pronunciarse sobre la fehaciencia de la diligencia de notificaciòn, en tanto no exista resolución judicial firme o mandato judicial concediendo una medida cautelar que se pronuncie sobre la falsificación de la firma“.

Finalmente el Tribunal indica que no se aprecia vulneraciòn alguna al derecho al debido procedimiento, derecho a la defensa, así como a la motivaciòn.

 Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 04289-8-2015 establece precedente de observancia obligatoria sobre exigencias formales previstas por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta

Alan Emilio en Vichayito, Piura

Alan Emilio en Vichayito, Piura

Mediante Resolución de Observancia Obligatoria RTF 04289-8-2015, publicada en el Diario Oficial El Peruano el sàbado 16 de mayo del 2015, el Tribunal Fiscal emite el siguiente precedente obigatorio en torno a una controversia cuyo objeto era establecer si se puede afirmar que las empresas dedicadas a la comercialización de mercaderías adquiridas y vendidas (como es el caso del contribuyente), no se encuentran obligadas a cumplir el deber de llevar un Registro de Inventario Permanente Valorizado y, por tanto, identificar si es posible imputarles la infracciòn referida a llevar el mencionado registro sin observar las formas y condiciones establecidas en las normas correspondientes:

“Las exigencias formales previstas por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en relación con los libros y registros referidos a inventarios sólo son aplicables a los contribuyentes, empresas o sociedades cuya actividad requiera practicar inventarios físicos o materiales”.

En el presente caso el contribuyente si aportò el Registro de Inventario Permanente Valorizado pero la Administración le comunicò al contribuyente que este se llevaba sin observar las formas y condiciones establecidas dado que si bien habìa consignado informaciòn relativa al inventario final de mercaderìas practicado al cierre del ejercicio 2008, mas no consignaba un detalle de registro permanente en unidades físicas ni valorizado de sus existencias.

A su turno, la Sala Plena del Tribunal Fiscal emitió el Acuerdo de Sala Plena 2015-04, de fecha 24 de marzo del 2015, en cuyo contenido analiza la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 oficilizalizada y aplicable para el periodo de la controversia, conjuntamente con el contenido del artìculo 62 de la Ley y el artículo 35 del Reglamento de dicha Ley del Impuesto a la Renta, revelando que la obligación de control depende del tipo de inventarios, pues tal como detalla se encuentra referida a aquellos que se pueden identificar mediante su observaciòn, comprobaciòn, cuantificaciòn (en peso, en cantidades, etc.) y valoraciòn, esto es, a los que tienen materialidad. En tal sentido, a efecto de la exigencia de deberes formales e imposición de sanciones, la exigencia del control de inventarios, tal como se encuentra regulada en el artículo 62 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artìculo 35 de su reglamento, no está dirigida a los productos que no tienen una forma física o material o no se encuentren en un soporte físico o que sean resultantes de las actividades de servicio.

Concluye el Tribunal Fiscal que haciendo una interpretación conjunta de los terminos utilizados en los artículos 20 y 62 de la Ley del Impuesto a la Renta, de las definiciones citadas referidas a los inventarios y considerando el propòsito de cada uno de los registros mencionados por el artículo 35 del Reglamento de la citada Ley, aquellos sujetos, empresas o sociedades que únicamente mantengan o cuenten con inventarios que no tenga una forma física o material o que no se encuentren contenidos en un soporte físico quedan excluidos del cumplimiento de las obligaciones formales, dado que en el caso de los inventarios inmateriales y de los inventarios producidos por empresas prestadoras de servicios, no resulta posible practicar inventarios tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley del Impuesto a la Renta, norma que sirve de sustento para exigir el cumplimiento de tales debers formales.

OJO. El propio Tribunal Fiscal indica que la interpretaciòn que se haga de esta norma está estrechamente ligada con la imputación de infracciones y a la imposición de sanciones. Resalta el Tribunal Fiscal que no puede hacerse una interpretación extensiva de conformidad con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario.

En el presente caso, la actividad del contribuyente era una empresa comercial dedicada a la venta de partes, piezas y accesorios automotrices, es decir, existencias de tipo material, tangible o corpòreo, se concluye que si estaba obligado a cumplir las exigencias formales previstas por el artìculo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, encontràndose acreditada la comisión de la iofracción prevista en el numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario, declarándose Infundada la apelaciòn de puro derecho presentada por el contribuyente.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 04289-8-2015 Observancia Obligatoria Alan Emilio Matos Barzola

RTF 04913-10-2014 Se acredita comisión de infracción por no emitir comprobante de pago aún cuando el fedatario haya esperado tan solo un (01) minuto para la entrega del comprobante

Alan Emilio en el departamento de San Martín

Alan Emilio en el departamento de San Martín

Mediante Resoluciòn RTF Nº 04913-10-2014, de fecha 16 de abril del 2014, queda aclarado el panorama en torno a la configuraciòn de este tipo de infracciones frecuentes por la comisión de la infracciòn prevista en el numeral 1 del artìculo 174 del Còdigo Tributario, es decir, por no emitir el comprobante de pago respectivo.

¿Què alegaba el contribuyente?. Con un claro propòsito dilatorio, sostenía la representación procesal del contribuyente que la Adminsitración debió considerar los hechos en forma integral y no solamente el aspecto puntual referido a la no entrega del comprobante correspondiente al momento del pago, toda vez que, ha demostrado que en su establecimiento el punto de venta es distinto al punto de emisiòn de los comprobantes de pago, por lo que el fedatario debiò esperar en el lugar de emisiòn respectivo. Agrega el contribuyente que el tiempo de espera por parte del fedatario debiò ser màs de un minuto, a efecto de que se le emitiera el respectivo comprobante de pago.

El Tribunal indica que de la revisiòn del acta probatoria se advierte que el fedatario intervino el establecimiento (ubicado en el departamento de Moquegua) y adquirió un bien por el importe de S/.18 el cual canceló con S/.20 , recibiendo como vuelto S/.2, sin que se le entregara el comprobante de pago respectivo a pesar de haber esperado por el lapso de un (01) minuto para tal efecto. Seguidamente se dejò constancia que se retirò para luego regersar, identificarse y comunicar la infracción.

El Tribunal confirma la resoluciòn apelada indicando que resulta “irrelevante” las alegaciones expuestas por el contribuyente en torno a la distribuciòn interna del establecimiento sobre la base del numeral 1 del artìculo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago (¿no sabes que dice? Leelo urgente o instruye a tu personal a que lo lea como el Coràn).

El Tribunal tambièn indica que de acuerdo al criterio ya establecido por dicho Tribunal en reiterada jurisprudencia tales como las Resoluciones RTF Nº 008056-1-2007 y RTF Nº 0174-1-2003, entre otras, no existe norma legal que disponga un tiempo mìnimo de espera por parte de los fedatarios fiscalizadores para que se pueda emitir el comprobante de pago durante las intervenciones que èstos practiquen.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

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