Jurisprudencia Tributaria Colombiana aborda conceptos de causalidad, necesidad y proporcionalidad de los gastos

Alan Emilio en Kotosh, Huánuco 2013

Alan Emilio en Kotosh, Huánuco 2013

CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ 

Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01326-01(17666)

Actor: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

La Sala se ocupó de definir estos conceptos así”:

Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto.

La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello la expensa deba ser normalmente acostumbrada en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

De esta forma, debe estar probado que otras empresas que desarrollan la misma actividad incurren en tales gastos y, que, por lo tanto, es normal hacerla, pero, que además, es forzosa, todo ello con el fin de demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de la actividad productiva de la empresa.

Cuando el impuesto se puede imputar directamente al bien o servicio, tal circunstancia se debe probar; por el contrario, cuando el costo o gasto no sea directamente imputable al bien o servicio, se debe aplicar el artículo 490 del E.T., según el cual, cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente.

a)         Medicina prepagada.

La demandante explicó que según el artículo 5° del Decreto 3750 de 1986, los pagos por servicios de medicina prepagada constituyen pagos indirectos a los trabajadores, los cuales no están sometidos a retención en la fuente en cabeza de estos sin que por ello el IVA pagado en su adquisición deje de ser deducible o Efectivamente, esta Sala ha reiterado13, con base en la norma citada, que los pagos por medicina prepagada constituyen un gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción, según lo establece el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, en el expediente no obra prueba que demuestre que la demandante incurrió en pago por medicina prepagada en el periodo que se discute, pues solo aportó la factura RC 0002491 de marzo 15 de 2003 por $2.779.42114 de la empresa Salud Colmena, en la que se indica que ese pago corresponde al contrato N° 21101150 por el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2003, periodo que no hace parte del bimestre en discusión, por lo que no puede tenerse como prueba.

Asimismo, la demandante aportó la factura RC 0002371 del 20 de febrero de 2003 por $3.460.399, que corresponde al contrato No. 21101150 por el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de ese año. Como en el caso de la factura anterior el pago realizado corresponde a un periodo gravable distinto al que se discute, esto es al tercer bimestre de 2003.

A partir de lo anterior, es forzoso concluir que la demandante no probó los pagos que realizó por concepto de medicina prepagada cuyo IVA solicita como descontable en el tercer bimestre de 2003; es necesario reiterar que como arriba se explicó, en los casos en los que se ha demostrado que los contratos a que corresponden cubren a la generalidad de los trabajadores de la compañía, la Sala ha aceptado su descuento. Por lo tanto, el cargo formulado por la demandante y que se refiere a la glosa hecha por la Administración por este concepto, no prospera.

b)         Clubes, hoteles y restaurantes.

La demandante afirmó que las cuotas de sostenimiento de clubes y los gastos realizados en restaurantes y hoteles para la realización de convenciones y eventos sí son expensas necesarias, pues garantizan las condiciones necesarias para la apertura de mercados y, el mantenimiento de la clientela y los proveedores.

Afirmó que estos gastos cumplen con los requisitos de necesidad y causalidad, pues los acuerdos con clientes y proveedores exigen un mínimo de atenciones que implican consumos en clubes y restaurantes, por lo que estos gastos son usuales y redundan a favor de la actividad generadora de renta.

Luego de revisar el acervo probatorio, la Sala advierte que la demandante no aportó ninguna prueba que acreditara que incurrió en estos gastos, sin embargo es necesario aclarar que así hubiera aportado la prueba que se echa de menos en el expediente, este tipo de gastos no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 107 y 488 del E.T., en consecuencia, no prospera el cargo formulado por la demandante con respeto a este rubro.

c)      Seguros.

Afirma la demandante que el acto administrativo demandado carece de fundamentos para desconocer la procedencia de la deducción por amortización de la póliza de seguro de las oficinas de la sede administrativa de Bogotá.

Sin embargo, tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión, la Administración hizo una relación de los gastos respecto de los que la demandante solicitó los impuestos descontables y que no cumplían con los requisitos de los artículos 107 y 488 del E.T., por lo tanto, fue en esas normas en las que la DIAN fundamentó el rechazo de los impuestos descontables correspondientes a este rubro.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la amortización de los gastos por seguros, es necesario tener en cuenta lo establecido por el Artículo 433 del E.T., según el cual “[…] el impuesto se causa en su integridad en el momento en que la compañía conozca en su sede principal la emisión de la póliza, el anexo correspondiente que otorgue el amparo o su renovación”.

Ahora bien, obra en el expediente15 copia de la póliza No. 43003167 emitida por Delima Marsh S.A. el 3 de abril de 2003, es decir que este gasto corresponde al segundo bimestre del 2003, periodo que no se está discutiendo en este proceso.

Lo anterior, no es óbice para que contablemente se realice la amortización a que haya lugar en atención a los principios de contabilidad generalmente aceptados que rigen en nuestro país.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el cargo formulado con respecto a esta glosa no prospera.

d)   Asesoría legal y tributaria.

La demandante consideró que en este punto la Administración actuó de forma caprichosa y temeraria toda vez que, según la jurisprudencia, esta clase de gastos cumplen con los requisitos de necesidad y causalidad.

Al respecto, y luego de analizadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala advierte que la Factura N° 0040 de Garrido & Asociados Ltda., fue expedida el 3 de marzo de 2003 y la N° 4226 de Sanclemente, Fernández & Hernández Abogados S.A., el 17 del mismo mes y año; por lo tanto, como en los casos anteriores, dichas pruebas corresponden a gastos en los que se incurrió en un periodo gravable distinto al que se está discutiendo en este proceso no prospera el cargo.

De otra parte, en lo relativo a los servicios de auditoría sobre los contratos que desarrolla Petrobras, la Sala advierte que si bien los impuestos generados por este tipo de gastos son descontables siempre y cuando cumplan con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, varias veces mencionados, en el caso concreto la demandante no allegó prueba de que dichos requisitos se hubieran cumplido con respecto al valor glosado por la Administración.

Lo anterior, porque a pesar de que en el expediente obran como pruebas las facturas 262 y 265 expedidas el 7 de mayo de 2003 por T.F. Auditores y Asesores, éstas no coinciden con el valor glosado por la Administración, esto es, $2.994.181, pues dentro de las pruebas que aportó la demandante no se encuentra ninguna factura que demuestre el pago por concepto de auditoría y cuyo impuesto corresponda a este valor.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 03974-2-2014 Tribunal Fiscal indica que no existe impedimento legal para que una persona que mantiene vínculo laboral con el empleador pueda simultáneamente prestar servicios sin relación de subordinación

Alan Emilio en el Cusco

Alan Emilio en el Cusco

Mediante Resolución RTF Nº 03974-2-2014, de fecha 26 de marzo del 2014, el Tribunal Fiscal analiza una controversia sobre aportaciones al Seguro Social de Salud, entre otros.

Indica el Tribunal Fiscal que la Administración debe demostrar la presencia de los elementos que caracterizan la relación de subordinación que acrediten las facultades de dirección, supervisión y sancionadora, para lo cual deberá recurrir a los denominados rasgos sintomáticos, esto es, al conjunto de características típicas que permiten presumir la existencia de una relación laboral, tales como lugar de trabajo, horario de trabajo y exclusividad o trabajo para un solo empleador, entre otros.

Refiere el Tribunal Fiscal que en este caso la Administración cometió el error de sustentar sus conclusiones respecto a la existencia de una relación laboral únicamente en el análisis de los contratos de locación de servicios y recibos por honorarios; sin embargo no se observa en el expediente que la Administración hubiera efectuado verificaciones adicionales que sustenten dichas conclusiones como sería el cumplimiento de un horario establecido.

No resulta concluyente para el Tribunal Fiscal que los contratos indiquen que los servicios seràn prestados conforme determinadas especificaciones técnicas, y mas bien la Administración debió comprobar que se impartieron órdenes, directivas o instructivas para su ejecuciòn, mucho menos la Administración acreditó en el presente caso que el contribuyente haya ejercido facultades disciplinarias sobre los locadores. OJO: Tal como a menudo expongo en clases si la entidad le descuenta a la persona (prestador de cuarta categorìa) abiertamente estás diciendo que en relidad si existe facultad disciplinaria y con un moño hacen que el reparo se fundamente solito. ¿Moraleja? No le descuenten por tardanzas ni a los cuarta categorìa ni mucho menos a los CAS, despuès no estén renegando.

El Tribunal Fiscal también descarta que sea concluyente el hecho que exista correlatividad en los recibos por honorarios, que no acredita subordinaciòn ni dependencia.

En la citada Resolución RTF Nº 03974-2-2014, el Tribunal también indica que en el caso de dos trabajadores (ambos de apellidos Gònzales Ascurra), la Administración sostiene que en el caso de estas personas se encuentran registradas en el LIbro de Planillas (quinta categorìa), sin embargo, también han girado recibos por honorarios por los servicios de elaboraciòn de informes técnicos y propuesta técnica, situación que se encuentra acreditada en el expediente, ante lo cual el contribuyente señalò que estos señores prestaron simultàneamente dos tipos de servicios, uno laboral y otro de índole civil.

En forma magistral, el Tribunal Fiscal analiza que si bien no existe impedimento legal para que una persona que mantiene vínculo laboral con un empleador pueda, simultáneamente, prestar servicios sin relación de subordinación o mediante una relación de caràcter civil, en tanto se trate de la prestación de otros servicios distintos a los que involucran el cumplimiento de sus labores como trabajador dependiente, el contribuyente no ha demostrado en el expediente la distinta naturaleza de los servicios prestados, en consecuencia las remuneraciones si se encuentran afectas a las Aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y al Impuesto Extraordinario de Solidaridad, en tal sentido, procede mantener el reparo materia de anàlisis en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

RTF 03821-1-2014 Tribunal Fiscal indica que la infracción se determina en forma objetiva y no en función a la capacidad contributiva

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Resolución RTF Nº 03821-1-2014, de fecha 21 de marzo del 2014, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia en torno a la comisión de la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario.

El contribuyente alegaba que la resolución de multa transfrede los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva, infringiéndo el artículo 74 de la Constitución Política al sancionar un hecho sin relevancia, situación que no es admisible en un estado democràtico y social de derecho.

A su turno la Administración Tributaria indica que el contribuyente no cumpliò con exhibir la totalidad de la documentación solicitada en el plazo otorgado, pese a que fue requerida, por lo que incurrió en la citada infracción.

El Tribunal cita el contenido de la Resolución de Observancia Obligatoria RTF Nº 04794-1-2005, en cuanto estableció: “la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, se configura cuando el deudor tributario no cumple con exhibir en su domicilio fiscal la documentación solicitada por la Administración tributaria al vencimiento del plazo otorgado para tal efecto“.

De la revisión del expediente el Tribunal advierte que el contribuyente, pese a que se le requirió, no cumplió con exhibir la factura de imprenta correspondiente a diversos comprobantes de pago de venta en el plazo otorgado por la Administración, por lo que se encuentra acreditada la infracción.

Seguidamente el Tribunal Fiscal, respecto a las alegaciones del contribuyente en cuanto a que no cabe la apliación de sanciones innecesarias, pues ello no es admisible en un Estado democràtico y social de derecho,corresponde señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artìculo 165 del Código Tributario, la infracción se detemrina en forma objetiva y no en función a la capacidad contributiva, criterio ya expuesto en la Resolución RTF Nº 07683-2-2013.

Respecto a la “supuesta violación del principio de no confiscatoriedad” el Tribunal cita sus Resoluciones RTF Nº 03030-7-2008 y Nº 03432-5-2010 indicando que las sanciones pecuniarias no tienen un carácter recaudatorio como los tributos, sino que tienen como objetivo  neutralizar el incumplimiento de los deberes formales establecidos legalmente, reprimiendo aquellas conductas del contribuyente que por acción u omisión importen dicho incumplimiento siempre que se encuentren debidamente tipificadas como infracción, por lo que la cobranza de las multas responde a una finalidad disntinta a la de los tributos.

Respecto a las alegaciones en torno a que la sanción trasgrede el principio de proporcionalidad, el Tribunal indica que dicho principio es exigible al momento de definirse las sanciones a nivel normativo y cuando su determinación específica depende de la autoridad encargada de su apliación, lo que no resulta aplicable en materia tributaria, en la cual la determinaciòn de la sanción a imponerse está específicamente establecida por el Código Tributario y está graduada en función a la omisión determinada por la Administración Tributaria, criterio antes expuesto en la Resolución RTF Nº 21908-4-2011.  

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

                                                                                                                                             

RTF 04334-5-2014 indica que el sustituir la sanción de cierre por una multa es facultad de la Administración y no un derecho del contribuyente

Alan Emilio en Huaraz

Alan Emilio en Huaraz

Mediante Resolución RTF Nº 04334-5-2014, de fecha 03 de abril del 2014,  el Tribunal Fiscal analiza una controversia en torno a la sanción de cierre de establecimiento por la comisión de la infracción establecida en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario.

¿Qué alegaba el contribuyente? La entidad sostenía que el cierre constituye un acto arbitrario y nulo de puro derecho, dado que cuando emitió el comprobante de pago el fedatario se rehusó a recibirlo, lo cual se puede comprobar de la revisión de las boletas correlativas emitidas el mismo día de producida la intervención. Refiere que se agravia su derecho a solicitar que se le cambie la sanción de cierre temporal por una multa con acogimiento a la gradualidad, puesto que la Administración puede aplicar su criterio de discrecionalidad.

De la revisión del expediente administrativo, sobre todo del acta probatoria, el Tribunal Fiscal indica que se aprecia que cumple con los requisitos previstos al haberse identificado al fedatario y señalado los hechos ocurridos en la intervención, por lo que al haber sido emitida conforme a ley, se encuentra acreditada la comisión de la infracción prevista por el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario, correspondiendo confirmar la resoluciòn apelada que impuso la sanción de cierre temporal por tres (03) días (primera oportunidad).

Respecto a la alegación de acto arbitrario y nulo de puro derecho, el Tribunal indica que el contribuyente no ha acreditado su dicho, por lo que no resulta atendible lo alegado.

En cuanto a lo sostenido por el contribuyente en el sentido que la resoluciòn agravia su derecho a solicitar que se le cambie la sanción de cierre temporal por una multa con acogimiento a la gradualidad, el Tribunal Fiscal es suficientemente claro al precisar que la facultad de sustituir el cierre por una sanción de multa es facultad de la Administración, quién podrá sustituirla cuando exista imposibilidad de aplicar el cierre temporal de establecimiento, al presentarse durante la ejecuciòn de dicha sanción alguna de las causales establecidas en el inciso a) del artículo 183 del Código Tributario, y no un derecho del contribuyente, cómo éste lo sostiene, de conformidad con lo establecido en el artìculo 166 del Código Tributario.

En tal sentido, para que se  produzca la sustitución de cierre debe configurarse alguna de las causales prescritas en el mencionado inciso, esto es, cuando las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo ameriten, cuando por acción del deudor tributario sea imposible aplicar la sanción de cierre o cuando la SUNAT lo determine en base a los criterios que èsta establezca mediante Resolución de Superintendencia, correspondiéndole a la Administración merituar la causal que justifique la sutitución de la sanción de cierre impuesta al contribuyente, por lo que tal argumento del contribuyente carece de asidero jurídico. Este criterio es sostenido en las Resoluciones RTF Nº 10463-2-2009 y 11867-2-2009, entre otras.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 03823-1-2014 rechaza rotundamente alegato en torno a que la entidad no tenga vìnculo (laboral o familiar) con la persona que firmò la constancia de notificaciòn o que la firma consignada no coincida con la que figura en Reniec

Alan Emilio en Pucallpa

Alan Emilio en Pucallpa

Mediante Resolución RTF Nº 03823-1-2014, de fecha 21 de marzo del 2014, se resuelve una controversia en torno a la comisiòn de la infracciòn tipificada por el numeral 1 del artìculo 177 del Còdigo Tributario.

¿Què alegaba el contribuyente? Se sostenìa que la Administración no le habìa notificado correctamnete la esquela por lo que nunca tuvo conocimiento de dicho acto. Señalaba que la entidad no tiene vìnculo con la persona que firmó la constancia de notificación de la mencionada esquela y que la firma consignada en la mencionada constancia no coincide con la que figura en el Certificado de Inscripciòn emitido por la Jefatura Regional Lima de la RENIEC. Sostiene que la apelación es nula, toda vez que vulnera sus derechos al debido procedimiento, al derecho de defensa y a la motivación.

El Tribunal Fiscal analiza el expediente e indica que se encuentra acreditada la comisiòn de la infracciòn, lo que se encuentra arreglado a ley, debiéndose confirmar la resoluciòn apelada.

Detalla el Tribunal Fiscal que del expediente se advierte que la notificaciòn se encunetra arreglada a ley, por lo que carece de sustento el alegato del contribuyente.

Resalta el Tribunal que de acuerdo con el inciso a) del artìuclo 104 del Còdigo Tributario, para que la notificación sea vàlidea basta con que se efectúe a una persona capaz en el domicilio fiscal señalado por el interesado, no exigièndose que quièn la reciba sea un familiar o tuviese vìnculo laboral con èste, por lo que aún en el supuesto que fuese cierto lo señalado por el contribuyente en el sentido que la persona que recibiò la notificación no tiene vìnculo familiar o laboral con la entidad, no le resta validez a la notificación efectuada (criterio reiterado hace algunos años en la Resolución RTF Nº 15086-7-2012).

En relaciòn a las alegaciones en torno a que la firma consignada en la mencionada constancia de notificaciòn no coincide con la que figura en el certificado de RENIEC, el Tribunal Fiscal precisa que ello no resulta atendible, toda vez que conforme lo ha dejado establecido por este Tribunal en la Resoución RTF Nº 17003-7-2010, que constituye precedente de observancia obligatoria “No procede que el Tribunal Fiscal analice y se pronuncie sobre la autenticidad de las firmas consignadas en los cargos de notificaciòn relacionados con actos emitidos por la Administración. El Tribunal Fiscal no puede pronunciarse sobre la fehaciencia de la diligencia de notificaciòn, en tanto no exista resolución judicial firme o mandato judicial concediendo una medida cautelar que se pronuncie sobre la falsificación de la firma“.

Finalmente el Tribunal indica que no se aprecia vulneraciòn alguna al derecho al debido procedimiento, derecho a la defensa, así como a la motivaciòn.

 Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 04289-8-2015 establece precedente de observancia obligatoria sobre exigencias formales previstas por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta

Alan Emilio en Vichayito, Piura

Alan Emilio en Vichayito, Piura

Mediante Resolución de Observancia Obligatoria RTF 04289-8-2015, publicada en el Diario Oficial El Peruano el sàbado 16 de mayo del 2015, el Tribunal Fiscal emite el siguiente precedente obigatorio en torno a una controversia cuyo objeto era establecer si se puede afirmar que las empresas dedicadas a la comercialización de mercaderías adquiridas y vendidas (como es el caso del contribuyente), no se encuentran obligadas a cumplir el deber de llevar un Registro de Inventario Permanente Valorizado y, por tanto, identificar si es posible imputarles la infracciòn referida a llevar el mencionado registro sin observar las formas y condiciones establecidas en las normas correspondientes:

“Las exigencias formales previstas por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en relación con los libros y registros referidos a inventarios sólo son aplicables a los contribuyentes, empresas o sociedades cuya actividad requiera practicar inventarios físicos o materiales”.

En el presente caso el contribuyente si aportò el Registro de Inventario Permanente Valorizado pero la Administración le comunicò al contribuyente que este se llevaba sin observar las formas y condiciones establecidas dado que si bien habìa consignado informaciòn relativa al inventario final de mercaderìas practicado al cierre del ejercicio 2008, mas no consignaba un detalle de registro permanente en unidades físicas ni valorizado de sus existencias.

A su turno, la Sala Plena del Tribunal Fiscal emitió el Acuerdo de Sala Plena 2015-04, de fecha 24 de marzo del 2015, en cuyo contenido analiza la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 oficilizalizada y aplicable para el periodo de la controversia, conjuntamente con el contenido del artìculo 62 de la Ley y el artículo 35 del Reglamento de dicha Ley del Impuesto a la Renta, revelando que la obligación de control depende del tipo de inventarios, pues tal como detalla se encuentra referida a aquellos que se pueden identificar mediante su observaciòn, comprobaciòn, cuantificaciòn (en peso, en cantidades, etc.) y valoraciòn, esto es, a los que tienen materialidad. En tal sentido, a efecto de la exigencia de deberes formales e imposición de sanciones, la exigencia del control de inventarios, tal como se encuentra regulada en el artículo 62 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artìculo 35 de su reglamento, no está dirigida a los productos que no tienen una forma física o material o no se encuentren en un soporte físico o que sean resultantes de las actividades de servicio.

Concluye el Tribunal Fiscal que haciendo una interpretación conjunta de los terminos utilizados en los artículos 20 y 62 de la Ley del Impuesto a la Renta, de las definiciones citadas referidas a los inventarios y considerando el propòsito de cada uno de los registros mencionados por el artículo 35 del Reglamento de la citada Ley, aquellos sujetos, empresas o sociedades que únicamente mantengan o cuenten con inventarios que no tenga una forma física o material o que no se encuentren contenidos en un soporte físico quedan excluidos del cumplimiento de las obligaciones formales, dado que en el caso de los inventarios inmateriales y de los inventarios producidos por empresas prestadoras de servicios, no resulta posible practicar inventarios tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley del Impuesto a la Renta, norma que sirve de sustento para exigir el cumplimiento de tales debers formales.

OJO. El propio Tribunal Fiscal indica que la interpretaciòn que se haga de esta norma está estrechamente ligada con la imputación de infracciones y a la imposición de sanciones. Resalta el Tribunal Fiscal que no puede hacerse una interpretación extensiva de conformidad con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario.

En el presente caso, la actividad del contribuyente era una empresa comercial dedicada a la venta de partes, piezas y accesorios automotrices, es decir, existencias de tipo material, tangible o corpòreo, se concluye que si estaba obligado a cumplir las exigencias formales previstas por el artìculo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, encontràndose acreditada la comisión de la iofracción prevista en el numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario, declarándose Infundada la apelaciòn de puro derecho presentada por el contribuyente.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

RTF 04289-8-2015 Observancia Obligatoria Alan Emilio Matos Barzola

RTF 04913-10-2014 Se acredita comisión de infracción por no emitir comprobante de pago aún cuando el fedatario haya esperado tan solo un (01) minuto para la entrega del comprobante

Alan Emilio en el departamento de San Martín

Alan Emilio en el departamento de San Martín

Mediante Resoluciòn RTF Nº 04913-10-2014, de fecha 16 de abril del 2014, queda aclarado el panorama en torno a la configuraciòn de este tipo de infracciones frecuentes por la comisión de la infracciòn prevista en el numeral 1 del artìculo 174 del Còdigo Tributario, es decir, por no emitir el comprobante de pago respectivo.

¿Què alegaba el contribuyente?. Con un claro propòsito dilatorio, sostenía la representación procesal del contribuyente que la Adminsitración debió considerar los hechos en forma integral y no solamente el aspecto puntual referido a la no entrega del comprobante correspondiente al momento del pago, toda vez que, ha demostrado que en su establecimiento el punto de venta es distinto al punto de emisiòn de los comprobantes de pago, por lo que el fedatario debiò esperar en el lugar de emisiòn respectivo. Agrega el contribuyente que el tiempo de espera por parte del fedatario debiò ser màs de un minuto, a efecto de que se le emitiera el respectivo comprobante de pago.

El Tribunal indica que de la revisiòn del acta probatoria se advierte que el fedatario intervino el establecimiento (ubicado en el departamento de Moquegua) y adquirió un bien por el importe de S/.18 el cual canceló con S/.20 , recibiendo como vuelto S/.2, sin que se le entregara el comprobante de pago respectivo a pesar de haber esperado por el lapso de un (01) minuto para tal efecto. Seguidamente se dejò constancia que se retirò para luego regersar, identificarse y comunicar la infracción.

El Tribunal confirma la resoluciòn apelada indicando que resulta “irrelevante” las alegaciones expuestas por el contribuyente en torno a la distribuciòn interna del establecimiento sobre la base del numeral 1 del artìculo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago (¿no sabes que dice? Leelo urgente o instruye a tu personal a que lo lea como el Coràn).

El Tribunal tambièn indica que de acuerdo al criterio ya establecido por dicho Tribunal en reiterada jurisprudencia tales como las Resoluciones RTF Nº 008056-1-2007 y RTF Nº 0174-1-2003, entre otras, no existe norma legal que disponga un tiempo mìnimo de espera por parte de los fedatarios fiscalizadores para que se pueda emitir el comprobante de pago durante las intervenciones que èstos practiquen.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Sentencia Española Caso Mahou SA: Tribunal Supremo de España indica que para su deducción como gasto la remuneración de los miembros del Consejo de Administración debe estar fijada en los estatutos de la sociedad

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Mediante Sentencia T.S. (Sala 3), de 13 de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo del Reino de España resolvió el recurso de casación fue interpuesto contra la Sentencia de fecha 29 de enero de 2004, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de España, que en su oportunidad estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 962/2001 interpuesto por dicha entidad contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de fecha 06 de julio de 2001, que estimó en parte la reclamación económico-administrativa instada contra el Acuerdo de la Inspectora Jefe de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española, de fecha 15 de junio de 1998, que confirmó la propuesta de regularización derivada del acta de disconformidad incoada a la actora el 19 de diciembre de 1997, en relación con el Impuesto sobre Sociedades (en el Perú equivale al Impuesto a la Renta), ejercicio 1992.

En la parte final su fundamento tercero la Sentencia del Tribunal Supremo Español indica que la pasividad, negligencia o impericia de la empresa en computar el periodo donde deba deducirse un gasto no es imputable ni a la Administración ni materia de auxilio ante los Tribunales:

“Y si la entidad recurrente no llevó a cabo, como podía, la rectificación de su autoliquidación del ejercicio 1991, antes de que prescribiera su derecho a hacerlo, efectivamente, tal y como señala, «se habrá quedado sin computar un gasto realmente soportado por la sociedad», pero no como consecuencia de la aplicación de la Ley o de una errónea interpretación administrativa o/y judicial de la misma, sino por su pasividad, negligencia o impericia, frente a las que no se puede impetrar el auxilio de este Tribunal.”

En el fundamento noveno de la Sentencia del Tribunal Supremo claramente se indica que , para que las remuneraciones satisfechas a los administradores constituya un gasto deducible en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es preciso que pueda calificarse como un gasto «obligatorio» y, por ende, «necesario» para obtener los rendimientos de la sociedad, dado que las meras liberalidades no pueden ser objeto de deducción; siendo reiterada la jusisprudencia del Tribunal Supremo en las Sentencias de 6 de noviembre de 2008, dictadas en los recursos de casación núms. 1003/2006 y 1012/2006]. Concretamente, señala la representación pública, y asume sin ningún tipo de reservas la entidad Mahou, S.A., que «[l]a esencia del gasto deducible es su necesidad, su carácter obligatorio, y su vinculación con el fin de la sociedad», y que «lo que justifica que las participaciones en beneficios de los administradores sean gasto deducible es su obligatoriedad», que es «la que les convierte en gasto necesario para la actividad social y ampara su tratamiento fiscal».

Seguidamente el Tribunal Supremo concluye que “con rotundidad tal que no admite lugar a equívocos”, a efectos tributarios, para que sea considerada gasto fiscalmente deducible la remuneración de los miembros del Consejo de Administración debe estar fijada, en todo caso y sin excepción alguna, en los estatutos de la sociedad.

Resalta el Tribunal Supremo que por lo que respecta a las sociedades anónimas, ha de concluirse que la Junta de accionistas no es competente para regular la retribución de los administradores, si nada establecen los estatutos, debiéndose aprobar la consiguiente modificación de los mismos para que el cargo sea retribuido». En definitiva -remataba, para evitar cualquier equívoco, la Sentencia-, no cabe compartir las tesis de quienes mantienen «que la norma tributaria es más flexible a la hora de recoger la fuente u origen de la atribución de las participaciones en los beneficios, estimándose, en cambio, que el criterio acertado es el de la sentencia que se impugna, debiéndose concluir que cuando el sujeto pasivo es una sociedad anónima sólo es posible la deducción fiscal si la participación en los beneficios es obligatoria por precepto estatutario».

En el fundamento décimo, la Sentencia del Tribunal Supremo expone que la cuestión gira en torno a precisar cuándo puede considerarse que dicha retribución aparece efectivamente fijada y, por ende, debe considerarse obligatoria, precisando en qué concepto se satisface dicha asignación-, ni es suficiente con establecer un límite máximo a la participación en los beneficios, sino que debe especificarse en cada caso el porcentaje concreto. Pues bien, para mayor claridad en la exposición, conviene poner de manifiesto desde ahora que el análisis de los hechos declarados como probados (sobre los que nadie discrepa), de las normas aplicables y de la jurisprudencia de este Tribunal, llevan a la conclusión de que el recurso del Abogado del Estado debe ser estimado.

En el presente caso, los estatutos de la entidad Mahou, S.A. no cumplían con los requisitos antes expuestos, que permitirían considerar deducibles en el Impuesto sobre Sociedades las remuneraciones de los Consejeros de dicha sociedad.

En atención a los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo procedió estimar el recurso de casación promovido por el Abogado del Estado, y casar y anular la Sentencia impugnada únicamente en el extremo que declara que las remuneraciones satisfechas por Mahou, S.A. a los miembros de su órgano de administración, incluido en el mismo el Consejero Delegado, constituyen un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1992.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Caso Mahou España. Alan Emilio Matos Barzola

Sentencia de la Corte Suprema Argentina 2014 TF 26.860-I sobre aplicación de métodos de Precios de Transferencias entre partes vinculadas de Toyota Argentina S.A.

Alan Emilio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Alan Emilio  Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, mediante Sentencia de fecha 02 de septiembre del 2014, analiza una controversia presentada por el Fisco Argetino sobre la aplicación de mètodos de Precios de Transferencias entre partes vinculadas de la entidad Toyota Argentina S.A.

La Dirección General de Impuestos (DGI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció la obligación tributaria del contribuyente argentino frente al impuesto a las ganancias (lo que viene a ser Impuesto a la Renta en el Perú) correspondiente al período fiscal 1999. Consideraba la Administración argentina que el contribuyente había consignado en la declaración jurada del impuesto a su cargo resultados por la realización de operaciones con empresas vinculadas residentes en el exterior que no se correspondían con los que hubiera obtenido con empresas independientes en operaciones comparables de acuerdo con lo establecido en el arto 15 de la ley de impuesto a las ganancias.

En su oportunidad, el Tribunal Fiscal argentino revocó lo resuelto por el ente recaudador, en primer lugar, puso de relieve que la pretensión del organismo recaudador en cuanto exige a la actora liquidar impositivamente los resultados de sus operaciones sobre la base del cumplimiento de requisitos adicionales a los previstos en la normativa vigente, aplicable al periodo fiscalizado en autos, tales como el “rango intercuartil” y la “mediana” resulta violatoria del principio de legalidad.

En sustento de esa afirmación el Tribunal Fiscal argentino sostuvo que las normas aplicables al caso no establecían que los contribuyentes deban utilizar las técnicas mencionadas a los efectos de demostrar la correspondencia entre los precios de transferencia fijados en sus transacciones con empresas vinculadas y los precios pactados en operaciones comparables entre partes independientes, ni que se encuentren obligados a aplicarlas a los efectos de la liquidación del gravamen. A ello agregó que las nociones de “mediana” y de “rango intercuartil” aparecen recién mencionadas en el arto 12 de la resolución general (AFIP-DGI) 1122/01, aplicable a periodos posteriores al fiscalizado en autos, y que la mencionada circunstancia había sido advertida por el propio organismo fiscal en la resolución apelada en cuanto sostuvo que “la normativa argentina para el año 1999 no contenía una definición especifica del rango de mercado, ni fijaba procedimientos para su determinación, ni estipulaba si debía tomarse el rango completo o utilizar algún tipo de herramienta estadística (rango intercuartil)”. Por tal motivo el Tribunal Fiscal argentino concluyó que el organismo recaudador no podía aplicar válidamente, en forma retroactiva, disposiciones normativas vigentes en periodos posteriores al aquí examinado. A ello agregó que la inclusión de las técnicas estadísticas mencionadas en las directrices de la OCDE y en la reglamentación del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, como así también la aceptación internacional de su uso, solamente constituyen pautas o guías orientativas que de ninguna manera pueden establecer requisitos no contemplados por la normativa argentina (posición que en su oportunidad expuse en el caso peruano desde el 2006 cuando estuve en la Revista Actualidad Empresarial). Leer más de esta entrada

STS 3054/2013 Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España emite Sentencia en Casación. Indica que el contribuyente debe probar los gastos que resulten necesarios para la obtención de los ingresos así como que existe una relación directa entre ingresos y gastos

Alan Emilio en Arequipa 2015

Alan Emilio en Arequipa 2015

Mediante Sentencia STS 3054/2013, de fecha 30 de mayo del 2013, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo del Reino de España resuelve el recurso de Casación interpuesto por el contribuyente Dow Chemical Ibérica, S.L., contra la Sentencia emitida por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional española en torno a la liquidación del Impuesto de Sociedades español de los ejercicios 1999 a 2002.

Las alegaciones de la representación procesal del contribuyente fueron que las operaciones estaban contabilizadas, que existían contratos ( Y Olè la causalidad amplia!!!), que si existen facturas que gozan de fuerza probatoria mercantil y que si fueron aportados, que los contratos especifican los servicios y que éstos suponen un beneficio para la entidad que permitiá aumentar su rentabilidad.

La sentencia impugnada indicó lo siguiente:

La Sala entiende que, partiendo de que la contabilización de un gasto por si mismo no presupone su deducibilidad, sino que como se ha expuesto con anterioridad, es necesario probar que dichos gastos resultan necesarios para la obtención de los ingresos así como que existe una relación directa entre ingresos y gastos, requisitos que siendo de la incumbencia de la parte, no han sido suficientemente acreditados, la conclusión que se alcanza es la no deducibilidad de los expresados gastos, que en consecuencia deben reputarse como una liberalidad, como ha declarado esta Sala en sentencia de 8 de octubre de 1996 , en que declarábamos: “la asunción de un gasto que no le corresponde (aunque se haga por convenio o acuerdo) no deja de ser un acto de mera liberalidad hacia la otra sociedad, aún cuando ello de una manera indirecta pueda redundar en un posible beneficio para la recurrente, dado que dicho gasto no está revestido del carácter de necesidad o esencialidad que debe presidirle en orden a la obtención de los beneficios para su consideración como gasto deducible“.

Conforme a los criterios antes expuestos, el beneficio obtenido se debe de predicar de la entidad que pretende la deducibilidad del gasto. En este sentido, la Sala considera que la existencia de una factura, que globalmente comprende los servicios descritos, sin reflejar al detalle los servicios que pretende amparar, no puede ser acogida en el ámbito de la aplicación de un beneficio fiscal, que impone una interpretación restrictiva del mismo. Por otro lado, el método seguido para la distribución de los gastos por el concepto de “servicios de Administración”, viene a corroborar la amplitud y la generalidad ambigua de esos gastos, que a dicho concepto se imputan, y que son calculados no por su coste real, sino acudiendo a unos parámetros en los que se incluyen promedios en relación con otras compañías participantes. Por ello, la Sala entiende que las facturas presentadas por la entidad recurrente, más que corresponder a la retribución de servicios prestados, lo que hacen es reflejar un reparto, prima facie, de costes estructurales que debe soportar la matriz con el fin de sostener su eficacia empresarial y organizativa.

El Tribunal Supremo evaluando la sentencia impugnada concluye que ni estaba demostrada la realidad de la prestación de los servicios, ni éstos resultaban necesarios a la empresa.

Resulta trascendente dar lectura a lo expresado por el Tribunal Supremo en la página 13 de esta sentencia:

Pero es que además, la entidad recurrente olvida que la conclusión que alcanza la Sala tiene que ver no solo con la realidad de la prestación de los servicios sino también con la “innecesariedad” de los mismos, en el sentido que debe darse a dicho término, según antes se expuso, así como con el carácter de las facturas, que no reflejan servicios concretos, sino “costes estructurales que debe soportar la matriz con el fin de sostener su eficacia empresarial y organizativa”. Por tanto, no existen justificación suficiente para el reproche que la recurrente realiza a la sentencia y el último motivo debe ser igualmente desestimado.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Sentencia Tribunal Supremo Español Alan Emilio Matos Barzola

¿Moraleja? La Alta Jurisprudencia internacional, tanto de España como de Chile exponen que es una fàbula pregonar lo amplio, desmedido y elusivo, ya que la trascendencia de la deducibilidad debe identificarse en su contexto inevitable e indispensable (ineludible).

RTF 04807-1-2014 Tribunal Fiscal desvirtúa la causalidad automática, desmedida y libre de sustento

Alan Emilio en Huánuco

Alan Emilio en Huánuco

Mediante Resolución RTF Nº 04807-1-2014, de fecha 11 de abril del 2014, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia sobre los gastos correspondientes a los seguros de vida contratados a favor de la plana gerencial de la empresa.

El contribuyente alegò que se encontraba obligada a contratar estos seguros firmados con empresas del exterior para brindar servicios de asesorìa técnica y profesional.

A su turno la Administraciòn Tributaria cuestionaba que el contribuyente no había acreditado que los referidos gastos sean propios o estèn destinados para el mantenimiento de la fuente productora de renta gravada, siendo que califican como actos de liberalidad y son asumidos por las empresas a las que se le brinda el servicio de asesorìa tècnica y profesional (base legal primer pàrrafo del artìculo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso d) del artìculo 44 de la referida norma).

Resulta vital el contenido de la pàgina ocho (08) de la citada Resoluciòn RTF Nº 04807-1-2014 en cuanto indica con magistral claridad:

“Que ahora bien, de las normas expuestas se puede concluir que si bien el artìculo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta expresamente reconoce como gasto deducible los pagos que una empresa otorga a sus trabajadores destinados a prestar asistencia de salud de los servidores, ello no implica que la empresa no tenga obligación de sustentar que efectivamente incurriò en dicho gasto y que ademàs èste resulta razonable y proporcional en funciòn a las rentas obtenidas en el ejercicio.

Que adicionalmente debe considerarse también el hecho que a efecto de deducir los gastos que se originan del acuerdo del empleador y el trabajador, es necesario que el primero detalle criterios utilizados para determinar el beneficio otorgado a cada trabajador y verificar su aplicación objetiva”.

Segùn relata el propio Tribunal Fiscal no puede considerarse que los registros en la cuenta contable de gasto 651.08 -Seguros, por si mismos guarden relaciòn de causalidad con la generaciòn de la renta gravada o el mantenimiento de la fuente, toda vez que en principio al constituir gastos relacionados a la protecciòn para los deudos de algunos funcionarios en caso de muerte, debería acreditarse que tales gastos cumplen con el principio de causalidad, lo cual no ha sido posible por cuanto el contribuyente no proporcionò la documentaciòn que sirva a dicho propòsito, por lo que no existe prueba que se haya cumplido con el referido principio de causalidad, más aún cuando el contribuyente no presentó niinguna documentaciòn que permita verificar lo contrario.

Por tal sentido no correspondía utilizar el gasto por la adquisición de seguros de vida, mantenièndose el reparo.

¿Moraleja? El Tribunal desvirtúa la causalidad automàtica, desmedida y libre de sustento que muchos abogados vienen pregonando y rasgàndose las corbatas cual fariseos. Todo se debe acreditar y la carga de la prueba del sustento de gastos la tiene el contribuyente, sencillo, no sè porque algunos abogados insisten vivir en la època de las cavernas.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

RTF 04040-8-2014 Tribunal Fiscal indica que las fotografías por si solas no permiten acreditar los servicios efectivamente prestados

Alan Emilio en Huaraz

Alan Emilio en Huaraz

Mediante Resolución RTF Nº 04040-8-2014 , de fecha 27 de marzo del 2014, el Tribunal Fiscal resuelve, entre otros, una controversia sobre operaciones no reales o no fehacientes respecto de gastos por concepto de embalaje, transporte y pruebas de control de calidad.

Además de la cita al artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se cita el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.  Describe el Tribunal que para tener derecho al crèdito fiscal o a la deducciòn de gastos, no basta acreditar que se cuenta con los comprobantes de pago que respalden las operaciones efectuadas ni con su registro contable, sino que fundamentalmente , es necesario demostrar que dichos comprobantes corresponden en efecto a operaciones reales o existentes, esto es, que se produjeron en la realidad.

En el presente caso, a pesar de haber sido requerida en forma expresa por la Administración, el contribuyente no presentó medios probatorios o documentación sustentatoria que acreditara la efectiva realización de las operaciones contenidas en los comprobantes de pago,  como pudieron ser proformas, presupuestos, cotizaciones, contratos, guìas de remisión, jardex u otro registro de control interno, informes que sustenten la necesidad de la adquisición de los bienes o servicios, nombre de las personas encargadas de realizar la contrataciòn de los servicios por parte del contribuyente u otros documentos que sirvan de sustento para demostrar la fehaciencia de las operaciones observadas (transferencia de bienes o prestaciòn de servicios).

Resalta el Tribunal que si bien obran en el expediente fotografías referidas a servicios de embalaje y transporte (carguìo y acarreo) de mercaderías, éstas por si solas no permiten acreditar que dichos servicios efectivamente correspondan a los descritos en las facturas, ya que no es factible corroborar si la mercadería que figura en dichas fotos es la misma por la que se prestó los servicios detallados, pues no existe identificación alguna de dicha mercadería.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

RTF 02769-1-2014 el monto de la operación, margen de utilidad, localización y tipo de uso del bien, permiten determinar que el ingreso por la venta del inmueble constituye renta de tercera categoría para una persona natural sin negocio

Alan Emilio en Huaraz

Alan Emilio en Huaraz

Mediante la Resolución RTF 02769-1-2014 , de fecha 26 de febrero del 2014, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia en torno a si configura como renta de tercera categorìa la primera operaciòn de enajenaciòn de un inmueble que efectuò en el año 2006 una persona natural sin negocio.

La contribuyente (persona natural sin negocio que habrìa ejercido la opciòn prevista en el artìculo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta respecto a las sociedades conyugales) manifestó que no se encontraba afecta al pago del Impuesto a la Renta de tercera categorìa, al haber efectuado en el año 2006 una ùnica venta de inmueble y por consiguiente no tendrìa la obligaciòn de llevar libros y registros contables o de haber presentado la declaraciòn jurada anual. Alegò la persona natural que la Administraciòn erròneamente se habìa apartado del criterio de la habitualidad que dispone considerar la tercera categorìa recièn en la tercera operaciòn de enajenaciòn del inmueble conforme lo previsto en los artìculos 1 y 4 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Por su parte, la Administración sostiene que la contribuyente es sujeto generador de rentas de tercera categorìa, obligada al pago del Impuesto a la Renta, por cuanto ùnicamente tuvo por finalidad transferir el inmueble a un mayor valor, motivo por lo cual el ingreso obtenido por la venta constituye renta de tercera categorìa al encontrarse dentro de los alcances del numeral 2 del inciso b) del artìculo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta.

De la fiscalizaciòn se determinò que los ingresos por la venta del inmueble ubicado en la esquina de la Avenida del Progreso y Alameda Alfonso Ugarte – Cercado de Lima, efectuada por la contribuyente el 06 de noviembre del 2006 conforme el siguiente detalle:

Fecha de Venta Importe total de venta en US$ Acc. Y Dere. Importe en dólares de Acuerdo a su Participación Importe en S/. Fecha de adquisición Valor de compra

S/.

Indice de Correcciòn Monetaria Costo Actualizado en S/. Renta Bruta
06/11/2006 2`016,000 25% 504,000 1`622,376 26/10/2006 429,394 1 429,394 1`192,982

El Tribunal Fiscal verificò que el 26 de octubre del 2006 se llevò a cabo el remate del terreno ubicado en la Avenida del Progreso y Alameda Alfonso Ugarte – Cercado de Lima, seguido en el Expediente 136-074-00808282-ACUM  emitida por el Servicio de Adminsitraciòn Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de LIma, lo cual fue inscrito el 3 de noviembre de 2006 en la partida 49038538 emitida por la Oficina Registral de Lima de la SUNARP.

De la minuta del 06 de noviembre del 2006 inserta en la Escritura Pùblica del 07 de noviembre, consta la transferencia de la propiedad del inmueble por parte de la contribuyente, conjuntamente con el señor Roberto Alto de Avellanal (casado con la contribuyente y que actuaba en representaciòn de lase señoras Brigitte Josephine Korind Viuda de Navarini y Elena Caterina Navarini Kissling, propietarias del 75% del inmueble) a favor de Supermercados Peruanos SA por el importe de US.$.2`016,000.

Bajo dicho contexto el Tribunal Fiscal apunta que el 26 de octubre del 2006 la contribuyente efectuò la compra del 25% de acciones y derechos del inmueble por S/.429,394, siendo que en los dìas posteriores celebrò la venta del bien a favor de Supermercados Peruanos SA, esto es, el 06 de noviembre del 2006, correspondièndole a la contribuyente la suma de 1`622,376, de lo cual se advierte que la diferencia del valor asignado al bien en un corto lapso es considerable.

En tal sentido, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en propiedad de la contribuyente, monto de la operaciòn, margen de utilidad, localizaciòn y tipo de uso del bien, se tienen elementos suficientes que permiten determinar que para la adquisiciòn del inmueble, la contribuyente ùnicamente tuvo por finalidad transferirlo a un mayor valor, motivo por el cual el ingreso obtenido del inmueble a Supermercados Peruanos SA, constituye renta afecta conforme a lo normado en el literal ii) del numeral 2 del segundo pàrrafo del artìculo 1, concordado con el inciso a) del artìculo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta.

En consecuencia, procede confirmar la apelada.

Artículo 1º.- El Impuesto a la Renta grava:

a)    Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.

……

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes:

1)

2)    Los resultados de la enajenación de:

(i)   Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización.

(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la enajenación.

Artículo 28º.- Son rentas de tercera categoría:

  1. Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes.

 Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

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