Resolución Legislativa 30312 aprueba el Convenio 183 de la OIT : Licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas

Alan Emilio en Ica

Alan Emilio en Ica

Resolución Legislativa 30312 aprueba el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad, 2000 

Artículo único.- Objeto de la Resolución Legislativa

Apruébase el “Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, 2000″, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su Octogésima Octava Reunión (88º), que se celebró en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 30 de mayo del año 2000.

Alan Emilio Matos Barzola

Convenio no. 183

Convenio relativo a la revisión del

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000 en su octogésima octava reunión;

Tomando nota de la necesidad de revisar el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales;

Tomando nota de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción (1995), la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975), la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), así como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, y

Teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo, como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, y Habiendo decidido adoptar varias propuestas relacionadas con la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha quince de junio de dos mil, el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000.

CAMPO DE APLICACIÓN

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio, el término mujer se aplica a toda persona de sexo femenino, sin ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo, sin ninguna discriminación.

Artículo 2

1. El presente Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente.

2. Sin embargo, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir total o parcialmente del campo de aplicación del Convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de particular importancia.

3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá indicar en la primera memoria que presente sobre la aplicación del Convenio, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías de trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión. En las memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con el fin de extender progresivamente la aplicación de las disposiciones del Convenio a esas categorías.

PROTECCIÓN DE LA SALUD

Artículo 3

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo.

LICENCIA DE MATERNIDAD

Artículo 4 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.

2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada.

3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la duración de la licencia de maternidad.

4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto.

LICENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD O DE COMPLICACIONES

Artículo 5

Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo determinen la legislación y la práctica nacionales.

PRESTACIONES

Artículo 6

1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia en los artículos 4 o 5.

2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado.

3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia indicada en el artículo 4 deban fijarse con base en las ganancias anteriores, el monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones.

4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia a que se refiere el artículo 4 deban fijarse por otros métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del mismo orden de magnitud que el que resulta en promedio de la aplicación del párrafo anterior.

5. Todo Miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias puedan ser reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las que se aplica este Convenio.

6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias con arreglo a la legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas con cargo a los fondos de asistencia social, siempre que cumpla las condiciones de recursos exigidas para su percepción.

7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización cuando sea necesario.

8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador, excepto cuando:

a) esté previsto así en la legislación o en la práctica nacionales de un Miembro antes de la fecha de adopción de este Convenio por la Conferencia Internacional del Trabajo, o

b) se acuerde posteriormente a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.

Artículo 7

1. Se considerará que todo Miembro cuya economía y sistema de seguridad social no estén suficientemente desarrollados cumple con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el monto de las prestaciones pecuniarias fijado es por lo menos equivalente al de las prestaciones previstas para los casos de enfermedad o de incapacidad temporal con arreglo a la legislación nacional.

2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad enunciada en el párrafo anterior deberá explicar los motivos correspondientes e indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. En sus memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con miras a aumentar progresivamente el monto de esas prestaciones.

PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 8

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.

Artículo 9

1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2.

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que:

a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o

b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo.

MADRES LACTANTES

Artículo 10

1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.

EXAMEN PERIÓDICO

Artículo 11

Todo Miembro debe examinar periódicamente, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, la pertinencia de extender la duración de la licencia de maternidad prevista en el artículo 4 o de aumentar el monto o la tasa de las prestaciones pecuniarias que se mencionan en el artículo 6.

APLICACIÓN

Artículo 12

Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo conforme a la práctica nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13

El presente Convenio revisa el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952. (Disposiciones finales)

Ley 30309 Promueve la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Alan Emilio en el Colegio de Contadores Públicos de Tumbes marzo 2015

Alan Emilio en el Colegio de Contadores Públicos de Tumbes marzo 2015

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY 30309 QUE PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 1. Beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica

Los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente Ley, podrán acceder a las siguientes deducciones:

175% Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país.
150% Si el proyecto es realizado mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domiciliados en el país.

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación del beneficio tributario

Tendrán derecho a las deducciones a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, los contribuyentes respecto de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica que se inicien a partir del 2016, siempre que sobre aquellos no se realicen deducciones al amparo del inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Artículo 3. Requisitos para tener derecho a la deducción adicional

Para que el contribuyente tenga derecho a la deducción adicional de 75% o 50% a que hace referencia el artículo 1 de la presente Ley, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica deben ser calificados como tales, por las entidades públicas o privadas que, atendiendo a la naturaleza del proyecto establezca el reglamento.

Para tales efectos, se considerarán las definiciones sobre proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica previstas en el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

La calificación del proyecto debe efectuarse en un plazo de 30 días hábiles.

b) El proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica. En ambos casos, deben estar autorizados para realizar los proyectos por alguna de las entidades que establezca el reglamento, el que señalará el plazo de vigencia de la autorización.

Para obtener la autorización, deben contar con investigadores o especialistas, según corresponda, que estén inscritos en el directorio nacional de profesionales en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación que gestiona el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), así como con materiales dedicados al proyecto, que cumplan los requisitos mínimos que establezca el reglamento.

La autorización deberá efectuarse en un plazo de 30 días hábiles.

c) Los contribuyentes que accedan a este beneficio tributario deberán llevar cuentas de control por cada proyecto, las que deberán estar debidamente sustentadas.

d) El resultado del proyecto de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica debe ser registrado en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de corresponder.

Artículo 4. Fiscalización de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica

Las entidades públicas o privadas que otorguen la calificación del proyecto y autoricen al contribuyente o a los referidos centros deben fiscalizar la ejecución de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico

e innovación tecnológica, así como informar los resultados de dicha fiscalización a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), en la forma, plazo y condiciones de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Artículo 5. Deducción de los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica

La deducción de los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica se efectuará a partir del ejercicio en el que se obtenga la calificación, conforme se vayan produciendo, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento. No obstante, los gastos incurridos antes de la calificación del proyecto, se deducirán en el ejercicio en que se obtenga la referida calificación. En ningún caso podrán deducirse los desembolsos que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada.

Artículo 6. Límites aplicables a la deducción adicional

La deducción adicional del 75% y 50% no podrá exceder en cada caso del límite anual de mil trescientos treinta y cinco Unidades Impositivas Tributarias (1335 UIT).

Adicionalmente, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas se establecerá anualmente el monto máximo total que las empresas que se acojan a este beneficio podrán deducir en conjunto en cada ejercicio, en función al tamaño de empresa.

Artículo 7. Vigencia de la deducción adicional

Este beneficio será aplicable a los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica que inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y estará vigente hasta el ejercicio gravable 2019.

Artículo 8. Cuentas de control de los centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica

Los centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica que realicen los proyectos a que se refiere este artículo, deben llevar cuentas de control por cada proyecto.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA ÚNICA. 

Deducción de gastos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica

Los gastos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica a que se refiere el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, antes de la modificación efectuada por la presente Ley, que hayan devengado en los ejercicios 2014 o 2015, y que correspondan a proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica iniciados antes del 2016 pueden ser deducidos en el ejercicio 2016, siempre que estos no hayan sido calificados por el Concytec.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA ÚNICA.

Deducción de los gastos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica

Modifícase el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme al siguiente texto:

“Artículo 37. (…) a.3) Los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa. Para efecto de lo dispuesto en este inciso, se entiende por proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, lo siguiente:

i. Investigación científica: Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, la que puede ser básica o aplicada.

ii. Desarrollo tecnológico: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.

iii. Innovación tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios tecnológicos significativos de los mismos. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. Consideran la innovación de producto y la de proceso.

En ningún caso podrán deducirse, los desembolsos que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada.”

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de marzo de dos mil quince.

ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES

Presidenta del Congreso de la República

MODESTO JULCA JARA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELÁSQUEZ

Presidenta del Consejo de Ministros

RTF 04119-1-2014 indica que la conceptualización de “caducidad” que desarrolla el Còdigo Civil no se aplica en materia tributaria

Alan Emilio en Tumbes marzo 2014

Alan Emilio en Tumbes marzo 2015

Resulta relevante tener en cuenta el contenido de la página 6 de la Resolución RTF N° 04119-1-2014 , de fecha 28 de marzo del 2014, donde claramente y sin voto discrepante ni duda existencial se indica:

Que con relación a la caducidad alegada, debe señalarse que el Código Tributario regula expresamente la prescripción de la obligación tributaria, mas no la caducidad de la misma, por lo que al no haberse fijado por ley los plazos de caducidad de la obligación tributaria, no resulta procedente lo alegado por la recurrente en tal extremo”.

Queda expuesto que el Código Tributario no regula la caducidad, dado que no se encuentra dentro de su ámbito. Ello equivale a que la caducidad no es equiparable ni mucho menos similar a la concepción de “prescripción”. En el argot general equivaldría a manifestar “que no son lo mismo brother”, deviniendo en desesperada cualquier alegación en torno a que por interpretación auténtica del Código Civil deba ser asumido por el Código Tributario.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Sentencia de Casación 3099-2011 Lima sobre devolución de retenciones en el Impuesto General a las Ventas

Alan Emilio en Puerto Pizarro Tumbes marzo 2015

Alan Emilio en Puerto Pizarro Tumbes marzo 2015

Mediante Sentencia de Casación 3099-2011 Lima publicada el 02 de marzo del 2015 sobre devolución de retenciones en el Impuesto General a las Ventas,la Corte Suprema de Justicia resolviò. Destaca entre otros puntos el fundamento octavo de la sentencia.

Octavo: El hecho que el artículo 31 de la Ley del Impuesto General a las Ventas haya previsto a favor del contribuyente la posibilidad de solicitar a la Administración Tributaria la devolución del monto de las retenciones no deducidas no implica que el ejercicio de esta opción no pueda ser sometido a condiciones por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT como erradamente pretende el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual –INDECOPI. Por el contrario, el propio texto de esta disposición prevé textualmente la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT condicione no solo la solicitud al cumplimiento de requisitos, sino la devolución misma al declarar: “la SUNAT establecerá la forma, oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la solicitud como la devolución”.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Doctrina Jurisprudencial Vinculante de la Corte Suprema Sentencia de Casación 113-2013 Arequipa sobre la base de la Doctrina Riggs Vs Palmer en materia penal tributaria

Alan Emilio en Tumbes marzo 2015

Alan Emilio en Tumbes marzo 2015

Mediante Sentencia de Casación Nº 113-2013 Arequipa, publicada el 19 de febrero del 2015, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resuelve una controversia en torno a la devolución de un vehículo incautado en el marco de un proceso por contrabando. La Corte Suprema de Justicia de la Repúbica basa sus fundamentos sobre la base de la doctrina Riggs Vs Palmer, resaltándose:

  1. Nadie puede beneficiarse (una empresa por ejemplo de la Intendencia Lima o PRICO) a costa de su propio delito (por ejemplo obtener un  gasto deducible de la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta como consecuencia de un delito ocasionado por su falta de previsión o diligencia).
  1. La ley dentro de un sistema constitucional de derecho no puede ser utilizada para que un acto que la contraviene se cubra con un manto de legalidad a través de una decisión judicial.

Estos dos principios establecidos como doctrina jurisprudencial por la propia Corte Suprema de Justicia podrían servir para los diferentes casos ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial.

La sentencia establece como Doctrina Jurisprudencial los fundamentos expuestos en los considerandos dècimo tercero, dècimo cuarto, dècimo quinto y décimo sexto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

JU20150219[1] 113-2013 Arequipa Rigs vs Palmer

Jurisprudencia Tributaria mexicana 2014 efectúa una clara distinción entre inversión y gastos corrientes, puntualizando además la deducción de aquellos gastos que sean indispensables para la generación de rentas gravadas

Alan Emilio en Huancayo febrero 2015

Alan Emilio en Huancayo febrero 2015

Resulta recomendable considerar lo resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos en el 2014 respecto a diversos puntos vinculados con el Impuesto a la Renta:

1. “Las deducciones constituyen un derecho para los contribuyentes de deducir los gastos indispensables para la obtención de las utilidades gravadas”

2. “Para que nazca el derecho a deducir gastos, es indispensable que la documentación con la que se compruebe el cumplimiento de los requisitos fiscales, contenga la fecha que corresponda al ejercicio por el cual se pretende realizar la deducción, pues de ello depende que se tenga derecho o no a efectuar la deducción en un periodo determinado”.

3. “El legislador si puede establecer requisitos para que proceda efectuar las deducciones a través de los cuales se pueda corroborar que efectivamente el contribuyente incurrió en las erogaciones o gastos que se pretendan descontar de la utilidad fiscal obtenida”.

4. Tratándose de mejoras al activo fijo al constituir una inversión su deducción únicamente procede vía depreciación (forma progresiva), mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los porcientos máximos autorizados por la norma, sobre el monto original de inversión, las cuales podrán empezar a deducirse a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. En tanto, los gastos por mantenimiento y conservación del bien, al revestir una naturaleza diversa a la inversión del activo fijo, deben sujetarse a una mecánica de deducción diferente a la antes planteada; es decir, dichas erogaciones podrán deducirse de manera inmediata. De esta manera, resulta de suma importancia para el contribuyente distinguir la clase de trabajo u operación que efectuará sobre su activo fijo, y así determinar qué tipo de mecanismo de deducción resulta procedente.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VII-P-1aS-1033

DEDUCCIONES DE PAGOS REALIZADOS POR TERCEROS A CUENTA DE LOS CONTRIBUYENTES. PROCEDENCIA DE LAS.- El artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevé que cuando el monto que pretenda deducirse exceda de $2,000.00, los pagos deben efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria o de traspasos de cuentas, y que los pagos en cheque pueden hacerse a través de traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Por su parte, el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de este o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, estos deberán estar amparados con documentación que reúna los requisitos previstos en el señalado artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo cual, las deducciones de los pagos realizados por terceros a cuenta de los contribuyentes, procederán únicamente cuando dichos pagos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31 fracción III aludido; por lo que, la sola expedición de cheques nominativos a favor de un tercero, no libera a los contribuyentes de verificar que se cumpla con los mencionados requisitos para estar en posibilidades de deducir los pagos correspondientes.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26685/12-17-08-1/366/14-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de octubre de 2014)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 147

26685/12-17-08-1/366/14-S1-02-04

C O N S I D E R A N D O :

[…]

CUARTO.- […]

Ahora bien, una vez precisados los argumentos de las partes, este Cuerpo Colegiado estima INFUNDADOS los agravios hechos valer por la demandante, en atención a las siguientes consideraciones:

En principio, a efecto de facilitar la comprensión del análisis que será desarrollado en el presente Considerando, esta Juzgadora estima necesario delimitar la Litis que será objeto de estudio en los siguientes apartados:

a) Si la cantidad de $********** debía ser deducida como una “inversión de activo fijo” y no así como un “gasto de mantenimiento y conservación” como lo efectuó la contribuyente **********, en razón de que las adiciones y mejoras efectuadas a la bodega de cuenta constituían una inversión sujeta a depreciación de conformidad con lo establecido en el artículo 42 primer párrafo fracciones I y VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) Si de conformidad con lo establecido en los artículos 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el diverso 35 de su norma reglamentaria, resultaba procedente que la contribuyente **********, dedujera la cantidad de $**********, al tratarse de erogaciones pagadas a través de un tercero (fondo revolvente).

c) Si la factura ********** puede considerarse como aquella documentación comprobatoria que amparaba el monto de $**********; y de no ser así, si la demandante en la presente instancia exhibió la factura 5160, la cual a decir de la autoridad demandada amparaba la cantidad aludida.

d) Si resultaba procedente que la contribuyente **********, dedujera la cantidad de $**********, aun cuando dicho monto se hubiera facturado el 31 de diciembre de 2007, al haber sido pagado el día 02 de enero de 2008.

e) Si del análisis a la documentación proporcionada por la contribuyente fiscalizada en la presente instancia, se desvirtúan las irregularidades imputadas relacionadas con el rechazo de deducción para efectos del impuesto empresarial a tasa única en cantidades de $********** y $**********.

Establecido lo anterior, resulta dable conocer los motivos y fundamentos por los cuales la autoridad demandada rechazó la deducción de diversas cantidades para efectos del impuesto sobre la renta a la hoy actora; en esa medida, de la lectura de la resolución determinante se advierte lo siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

En esa tesitura, en la parte que nos atañe la autoridad demandada rechazó la deducción de diversas cantidades para efectos del impuesto sobre la renta, en atención a las siguientes consideraciones:

Impuesto sobre la Renta

1. Deducciones. Que de la revisión efectuada al dictamen de estados financieros, declaración anual, balanzas de comprobación, pólizas contables, papeles de trabajo y documentación comprobatoria, se conoció que la contribuyente **********, dedujo indebidamente erogaciones en cantidad de $**********, toda vez que efectuó deducciones bajo los conceptos de “Material de Construcción, Herramienta y Equipos, Mano de Obra y Trámites”, registradas en su contabilidad como parte de los “Gastos de Mantenimiento de Bodega”; sin embargo, dichos gastos correspondían a inversiones al activo fijo y no así a gastos de mantenimiento y conservación, puesto que implicaban mejoras y adaptaciones al activo fijo, al tratarse de: trabajos de remodelación de bodega, trabajos de albañilería, reforzamiento del piso como placas de acero, construcción de dos fosas para dos básculas de diez toneladas, suministro e instalación de registros eléctricos, instalación eléctrica, etc.; además, de que hizo deducibles erogaciones que no estaban soportadas con documentación comprobatoria, así como erogaciones correspondientes a otro ejercicio. Monto que se integraba de la siguiente forma:

a) Inversiones de activo fijo. Que la cantidad de $********** debió de ser deducida vía depreciación, toda vez que no correspondían a gastos de mantenimiento y conservación, al tratarse de mejoras y adaptaciones al activo fijo que aumentaban el valor del activo existente ya fuera porque aumentaba la capacidad de servicio, su eficiencia, prolongaban su vida útil o ayudaban a reducir los costos de operaciones futuras; por lo que, dicho monto debió ser deducido mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcentajes máximos autorizados por la ley de la materia, de conformidad con el artículo 29 primer párrafo fracción IV en relación con los numerales 31 primer párrafo fracción II, 37 primer y quinto párrafos fracciones I y VI, 38 primero y segundo párrafos, 40 primer párrafo fracción I inciso b) y 42 primer párrafo fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 68 de su norma reglamentaria.

Que no resultaba óbice a lo anterior, el hecho de que la contribuyente **********, hubiera indicado que los bienes eran arrendados; por lo que, las erogaciones controvertidas no eran mejoras al activo fijo, al constituir mejoras y mantenimiento al inmueble arrendado, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las supuestas mejoras constituían construcciones o remodelaciones sujetas a depreciación y no así gastos que podían ser deducidos en su totalidad.

b) Inversiones de activo fijo que no reunían los requisitos fiscales necesarios para su deducción.

b.1. La cantidad de $********** correspondía a inversiones que no fueron pagadas con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios o bien monederos electrónicos como lo disponía el artículo 31 primer párrafo fracciones III y XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incumpliendo así con los requisitos fiscales para su deducción, al haber sido pagado a través de cheques al portador.

Que aun cuando, del análisis y valoración a la información y documentación proporcionada por la contribuyente fiscalizada se advirtió que tal y como lo sustentó esta, la cantidad de $********** fue pagada mediante un fondo revolvente, tal situación en nada varió el rechazo decretado, pues con tales consideraciones solo se confirmó el incumplimiento a lo establecido en el artículo 31 primer párrafo fracciones III y XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b.2. El monto de $********** correspondía a erogaciones respecto de las cuales la contribuyente fiscalizada no aportó documentación comprobatoria, incumpliendo así lo establecido en el artículo 31 primer párrafo fracción III primer párrafo y fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Que si bien, la contribuyente fiscalizada proporcionó la copia de la factura número ********** por la cantidad de $********** que supuestamente amparaba el egreso controvertido; lo cierto era, que la misma no podía tomarse en cuenta, en virtud de que del análisis efectuado a la póliza de egresos número 17 de fecha 10 de diciembre de 2008, se advirtió que la factura que amparaba tal monto correspondía a la factura **********; además, de que la factura número ********** no correspondía de manera alguna al importe observado; por lo cual, persistían las irregularidades.

b.3. La cantidad de $********** correspondía a inversiones amparadas con comprobantes de ejercicios anteriores; por lo cual, se incumplió con lo previsto en el artículo 31 primer párrafo fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala que la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio en el cual se efectúe la deducción.

Que además del análisis a la factura número ********** proporcionada por la contribuyente **********, tendiente a aclarar el rechazo de deducciones antes reseñado, se advirtió que la misma fue expedida el día 31 de diciembre de 2007, por lo que al tratarse de una factura expedida en el ejercicio inmediato anterior al revisado, la misma incumplía con los requisitos fiscales necesarios para su deducción establecidos en el artículo 31 primer párrafo fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por tanto, se concluyó que la contribuyente dedujo indebidamente erogaciones en cantidad de $**********, de los cuales la cantidad de $********** correspondía a inversiones con fundamento en los artículos 29 primer párrafo fracción IV en relación con los numerales 31 primer párrafo fracción II, 37 primer y quinto párrafos fracciones I y VI, 38 primero y segundo párrafos, 40 primer párrafo fracción I inciso b) y 42 primer párrafo fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 68 de su norma reglamentaria; y el monto de $********** correspondía a inversiones cuyos comprobantes no reunían los requisitos fiscales necesarios para su deducción, por tratarse de erogaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo, que no estaban soportadas con documentación comprobatoria, así como correspondientes a otro ejercicio como lo dispone el numeral 31 primer párrafo fracciones III y XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En ese tenor, se tiene que la autoridad hacendaria señaló como principal motivo del rechazo controvertido, que la contribuyente **********, dedujo indebidamente el monto de $********** como un gasto de mantenimiento siendo que se trataba de inversiones de activo fijo que debían sujetarse para su deducción a lo establecido en el artículo 29 primer párrafo fracción IV en relación con los numerales 31 primer párrafo fracción II, 37 primer y quinto párrafos fracciones I y VI, 38 primero y segundo párrafos, 40 primer párrafo fracción I inciso b) y 42 primer párrafo fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 68 de su norma reglamentaria.

Asimismo, indicó que respecto a las cantidades de $**********, $********** y $********** correspondientes a inversiones de activo fijo, además incumplían con los requisitos para su deducción establecidos en el artículo 31 primer párrafo fracciones III y XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tratarse de erogaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo, que no estaban soportadas con documentación comprobatoria, así como correspondientes a otro ejercicio.

En esa medida, es importante partir de la premisa de que las deducciones forman parte de la mecánica para determinar la base gravable del impuesto de mérito, por lo que son partidas excepcionales que el legislador, en uso de su potestad tributaria, estima que influyen en detrimento del patrimonio del contribuyente al obtener los ingresos, según se advierte del artículo 10 de la ley que regula este gravamen.

[N.E. Se omite transcripción]

Así, las deducciones, por la forma en que el legislador dispone que serán aplicadas para obtener la utilidad fiscal se clasifican en fijas, progresivas, demostrables, lineales, inmediatas, entre otras.

En ese sentido, tratándose de erogaciones por concepto de ACTIVO FIJO, el cual de conformidad con el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera como una inversión, y define lo que debe entenderse por el mismo, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

El artículo 29 fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que entre las deducciones que podrá efectuar el contribuyente, se encuentran aquellas erogaciones por conceptos de INVERSIONES, como se advierte de la siguiente transcripción:

[N.E. Se omite transcripción]

Luego, de manera particular el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece las reglas a las que deberán sujetarse la deducción de aquellas erogaciones efectuadas por conceptos de inversiones. En relación con la temática de la deducción de inversiones por concepto de activo fijo, la fracción I de la aludida porción normativa, establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del contenido del numeral transcrito se advierte:

1. Que las reparaciones y/o adaptaciones efectuadas a las instalaciones se considerarán inversiones cuando impliquen adiciones o mejoras al activo fijo;

2. Que no se considerarán inversiones aquellos gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación.

En esa medida, a fin de determinar el alcance de los conceptos antes aludidos, es menester conocer la definición de cada uno de ellos.

En ese contexto, de conformidad con el artículo 68 primer párrafo, del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las mejoras al activo fijo se pueden definir como aquellas erogaciones que tienen el efecto de aumentar no solo la vida útil de un bien sino también su valor en libros, incrementando su rendimiento o producción, reduciendo su costo de operación y por lo tanto otorgando un beneficio futuro a la empresa. Tal y como lo establece el contenido del aludido precepto legal:

[N.E. Se omite transcripción]

Un ejemplo de lo anterior, lo serían ampliaciones, adiciones, expansiones físicas, reemplazos o sustituciones importantes a los activos fijos.

Ahora bien, por lo que hace a los rubros denominados conservación, mantenimiento y reparación al activo fijo, no se encuentran definidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta ni tampoco por su norma reglamentaria; por lo que, a fin de crear convicción y clarificar lo concerniente a los rubros ya mencionados, esta Juzgadora estima necesario partir de una interpretación teleológica de los mismos para que con posterioridad puedan ser ubicados en el caso concreto.

Para lo cual, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como reparación: “aquella acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas”.

Asimismo, define como mantenimiento: “aquel conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”.

Mientras que por conservación señala que: “es la acción de mantener algo o cuidar de su permanencia”.

Así, partiendo de las definiciones transcritas se colige que los conceptos de reparación, mantenimiento y conservación de activos fijos (gasto) se pueden definir el primero de ellos, como aquellas erogaciones para la restauración de rutina o recurrente a un activo fijo sin aumentar la vida útil del bien o su capacidad de servicio; es decir, solo para mantener el bien en condiciones normales de uso. Por ejemplo el cambio de una pieza que por desgaste o daño debe ser cambiada o arreglada.

En cuanto al mantenimiento y conservación, pueden ser definidos como aquellas erogaciones que prevén una posible reparación posterior como es la limpieza, pintado, etc.

En ese sentido, el tratamiento contable de dichas erogaciones dependerá del efecto que tengan estos sobre el bien en cuestión ya que solo hay dos formas de contabilizarlo; como Inversión (activo fijo) o como Gasto. Como se corrobora con el siguiente diagrama:

[N.E. Se omite cuadro]

Luego, atendiendo al impacto que dichas erogaciones generen en la vida útil del bien, así como en la calidad y productividad del servicio, el contribuyente determinará el tratamiento fiscal que destinará a cada una de ellas, toda vez que para efectos de la deducción del impuesto sobre la renta los conceptos de “inversión” y “gastos” se encuentran sujetos a mecánicas de deducción diversas.

En efecto, tratándose de mejoras al activo fijo al constituir una inversión en términos del artículo 42 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, su deducción se encuentra sujeta a lo establecido en el numeral 37 primer párrafo, de la citada ley; esto es, su deducción únicamente procede vía depreciación (forma progresiva), mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los porcientos máximos autorizados por la norma, sobre el monto original de inversión, las cuales podrán empezar a deducirse a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. Como se corrobora de la siguiente transcripción:

[N.E. Se omite transcripción]

En tanto, los gastos por mantenimiento y conservación del bien, al revestir una naturaleza diversa a la inversión del activo fijo, deben sujetarse a una mecánica de deducción diferente a la antes planteada; es decir, dichas erogaciones podrán deducirse de manera inmediata mediante el tratamiento general establecido en el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De esta manera, resulta de suma importancia para el contribuyente distinguir la clase de trabajo u operación que efectuará sobre su activo fijo, y así determinar qué tipo de mecanismo de deducción resulta procedente.

En ese sentido, a fin de dilucidar la Litis en estudio resulta de suma importancia conocer en qué consistieron los trabajos de “mantenimiento y conservación” al activo fijo de la contribuyente **********, para tal efecto, del escrito de fecha 16 de junio de 2011, se advierte que la hoy demandante adujo lo siguiente:

Como se colige de lo anterior, la contribuyente fiscalizada indicó que los gastos erogados por concepto de “mantenimiento y conservación” consistieron en:

– Impermeabilización.

– Reforzamiento al subsuelo para que los equipos no dañaran los muros por la vibración de los mismos.

– Construcción de fosas para dos básculas de diez toneladas.

– Construcción de una fosa para una báscula de ochenta toneladas.

– Suministro e instalación de registros eléctricos, e instalación eléctrica.

En ese sentido, contrario a lo aludido por la demandante los conceptos en comento sí constituyen mejoras al activo fijo, y por ende, su deducción debía sujetarse a lo establecido en el artículo 37 primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que los tópicos antes indicados aumentan la vida útil del bien e incluso aumentan el valor del mismo, incrementando su rendimiento y por lo tanto otorgando un beneficio futuro a la contribuyente **********.

Lo anterior es así, en virtud de que tanto la impermeabilización del inmueble, el reforzamiento del subsuelo, así como el suministro e instalación de registros eléctricos e instalación eléctrica, aumentan la vida útil estimada del bien, pues sin la implementación de aquellos por el simple transcurso del tiempo y el desarrollo cotidiano de la actividad de la contribuyente fiscalizada, evidentemente existiría un detrimento mayor al estimado en el plazo productivo contemplado para el bien controvertido.

De igual manera, la construcción de tres fosas para la implementación de tres básculas de diez y ochenta toneladas, aun cuando no amplían la vida útil del bien; lo cierto es, que incrementan el valor del activo fijo e incluso aumentan su rendimiento y producción, pues al adicionarse tales instrumentos de medición el valor del bien aumenta, el servicio prestado se agiliza, y por ende, el valor de la contraprestación se eleva, otorgando un beneficio adicional a la contribuyente fiscalizada.

En ese contexto, resulta claro para este Órgano Jurisdiccional que las erogaciones efectuadas por la contribuyente **********, no constituyen gastos de conservación y mantenimiento sino mejoras al activo fijo, que debían deducirse con base al mecanismo establecido en el artículo 37 primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por la norma.

Máxime, si se considera que aun cuando la demandante hubiera argumentado que dichas remodelaciones debían considerarse como un gasto al haber proporcionado servicio en un periodo menor a un año; lo cierto es, que tal situación no constituye óbice alguno para considerar a las mismas con una mejora al activo fijo, toda vez que independientemente del servicio que pudieron o no haber otorgado, su implementación subsiste, y por ende, no puede desvincularse del valor o la vida útil del activo fijo controvertido.

En efecto, la parte actora en la presente instancia no acreditó que las implementaciones controvertidas efectivamente hubieran subsistido solo por el periodo de un año (periodo en el cual el inmueble se encontraba arrendado); en otras palabras, que las básculas, la impermeabilización, el reforzamiento del suelo, así como el suministro e instalación de registros eléctricos e instalación eléctrica, hubieran sido retirados del activo fijo después de tal periodo.

Asimismo, no resulta óbice el señalamiento de la accionante en el sentido de que el inmueble se encontraba arrendado, toda vez que tal situación de manera alguna constituye una razón legal para que las mejoras implementadas se consideraran como un gasto de mantenimiento y conservación, pues se reitera las remodelaciones e implementaciones fueron efectuadas por la empresa **********, en su carácter de arrendador para un mayor y mejor funcionamiento de sus actividades; tal y como se constata del escrito de fecha 14 de junio de 2012, el cual es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite imagen]

De tal modo, que si fue la propia contribuyente fiscalizada quien reconoció que las remodelaciones se efectuaron para un mayor y mejor funcionamiento de sus actividades, es inconcuso que se traten de mejoras al activo fijo, cuya deducción debía sujetarse al mecanismo especial establecido en el artículo 37 primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De ahí, que la cantidad de $**********, sí debía ser deducida como una inversión de activo fijo y no así como un gasto de mantenimiento y conservación como lo efectuó la contribuyente **********, pues se hace patente que las adiciones y mejoras efectuadas a la bodega de cuenta que constituían una inversión sujeta a depreciación de conformidad con lo establecido en el artículo 42 primer párrafo fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por tanto, el argumento planteado en la Litis identificada con el inciso a) del presente Considerando, resulta infundado.

Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional prosigue con el estudio y resolución de la Litis planteada en el inciso b) del presente Considerando, relativa a si de conformidad con lo establecido en los artículos 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el diverso 35 de su norma reglamentaria, resultaba procedente que la contribuyente **********, dedujera la cantidad de $**********, al tratarse de erogaciones pagadas a través de un tercero (fondo revolvente).

En ese sentido, es importante indicar que la autoridad hacendaria rechazó la deducción del monto de $**********, con base a dos motivos fundamentales; esto es:

1. Que dichas erogaciones se trataban de mejoras al activo fijo que debían deducirse mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcentajes máximos autorizados por la ley de la materia, de conformidad con el artículo 29 primer párrafo fracción IV en relación con los numerales 31 primer párrafo fracción II, 37 primer y quinto párrafos fracciones I y VI, 38 primero y segundo párrafos, 40 primer párrafo fracción I inciso b) y 42 primer párrafo fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 68 de su norma reglamentaria.

2. Que al no haber sido pagadas con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios o bien monederos electrónicos, se infringió lo establecido en el artículo 31 primer párrafo fracciones III y XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incumpliéndose así con los requisitos fiscales para su deducción, al haber sido pagadas a través de cheques al portador.

En ese contexto, si bien como ha quedado evidenciado en líneas precedentes, resulta apegado a derecho el primer motivo de rechazo aducido por la autoridad demandada; lo cierto es, al ser materia de pronunciamiento por parte de la autoridad hacendaria que la cantidad de $**********, además incumplía con los requisitos fiscales para su deducción (artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta), a fin de no dejar en estado de indefensión a la demandante **********, esta Juzgadora estima conveniente pronunciarse al respecto.

En esa tesitura, a fin de resolver el punto controvertido, es necesario recordar que las deducciones constituyen un derecho para los contribuyentes de deducir los gastos indispensables para la obtención de las utilidades gravadas, lo que se advierte de lo establecido en los artículos 29 y 31 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, lo anterior no implica que el legislador no pueda establecer requisitos para que proceda efectuar las deducciones a través de los cuales pueda corroborar que efectivamente el contribuyente incurrió en las erogaciones o gastos que se pretendan descontar de la utilidad fiscal obtenida.

En esa medida, el artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte, la disposición transcrita, exige por un lado, que las deducciones que pretenden realizarse se comprueben con documentación que reúna los requisitos que en materia de identidad y domicilio establezcan las disposiciones fiscales relativas, y por otro lado, exige para que proceda la deducción de gastos superiores a dos mil pesos los mismos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que para ello autorice el Servicio de Administración Tributaria, salvo tratándose de los pagos relativos a la prestación de un servicio personal subordinado.

En ese sentido, la disposición de mérito solo exige que las deducciones que el contribuyente pretende efectuar reúnan los requisitos que las disposiciones fiscales establecen, los que resultan ser los mínimos indispensables para acreditar la deducción realizada, así como que el resultado fiscal obtenido por el contribuyente se encuentre apegado a la ley.

Es aplicable, por identidad de razones, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 127/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 569, que señala:

“RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS GASTOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, AÉREOS Y TERRESTRES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.” [N.E. Se omite transcripción]

En esa tesitura, la disposición en comento contempla una distinción en cuanto al trato de los gastos mayores a dos mil pesos, al exigir que se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, lo que implica que los gastos liquidados de alguna otra manera, como sería a través de un fondo revolvente cuyo beneficiario sea un tercero, no sean deducibles.

En efecto, el fondo revolvente de conformidad con los “Lineamientos para el manejo de fondos fijos o revolventes” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2012, se define como la suma de dinero que se asigna una persona para efectuar ciertos gastos, el cual a su vez rendirá cuentas periódicamente, haciéndosele nuevas entregas de dinero para reponer el importe de los pagos efectuados, y que en todo momento, el efectivo más el importe de los comprobantes de pago, deberá ser igual al monto asignado como fondo revolvente. Tal y como se corrobora de la siguiente transcripción:

[N.E. Se omite transcripción]

En ese sentido, si bien es cierto el fondo revolvente tiene como única finalidad la de cubrir ciertos gastos a través de un tercero, que no rebasen determinados niveles, los cuales se regularizarán en periodos establecidos o acordados convencionalmente y que se restituyen mediante la comprobación respectiva; lo cierto es, que la creación del mismo no implica para su deducción la posibilidad de inobservar los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo es, que sus pagos se hubieran efectuado mediante cheque nominativo (fracción III).

Esto es así, pues el artículo 31 fracción III, de la norma en cita, establece como requisito para la procedencia de las deducciones que los gastos superiores a dos mil pesos se realicen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos autorizados, requisito de deducibilidad que es aplicable para todos los contribuyentes por igual; de manera, que todos estarán en posibilidad de deducir sus erogaciones superiores a dos mil pesos si la realizan en alguna de las formas referidas, pero todos ellos estarán imposibilitados para deducirlas si las efectúan de forma distinta.

De tal forma, que si la contribuyente **********, dedujo erogaciones en cantidad de $**********, sin que tal monto hubiera sido pagado por alguna de las formas establecidas en el artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es inconcuso que resulte improcedente la misma, pues no puede quedar al arbitrio de los contribuyentes el cumplimiento de las disposiciones fiscales que contemplan el beneficio aludido.

Además, contrario a lo esgrimido por la demandante el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta no prevé la posibilidad de que los contribuyentes puedan utilizar aquellas erogaciones efectuadas por un tercero para el ejercicio de un beneficio personalísimo como es la deducción de gastos.

En efecto, el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece literalmente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del numeral transcrito, se colige que el contribuyente podrá efectuar erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viajes, para lo cual deberá expedir cheques nominativos a favor de aquel o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, y que cuando el tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, estos deberán estar amparados con documentación que reúna los requisitos del artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En esa tesitura, el artículo 35 reglamentario corrobora la obligación del contribuyente de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluso tratándose de pagos efectuados por un tercero.

Lo anterior, pues aun cuando la contribuyente **********, hubiera expedido cheques nominativos a favor de un tercero, tal circunstancia no la eximía, de que los pagos que el tercero realizara por cuenta de la contribuyente cumplieran con lo establecido en el artículo 31 aludido, y así encontrarse en posibilidad de ejercer el derecho para deducir dichas erogaciones.

En efecto, la norma reglamentaria en estudio es muy clara en indicar que los contribuyentes pueden efectuar erogaciones a través de un tercero; sin embargo, cuando ese tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, estos deberán ampararse con documentación que reúna los requisitos del multicitado artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; por lo cual, era responsabilidad de la contribuyente verificar que las erogaciones susceptibles de ser deducidas cumplían con los requisitos establecidos para tal efecto; esto es, que las mismas se efectuaran mediante cheque nominativo, o bien a través de los medios autorizados para tal efecto.

De tal suerte, que si la contribuyente **********, en la presente instancia reconoció que la cantidad de $**********, fue pagada a través de una forma distinta a las establecidas por la norma (fondo revolvente), es inconcuso que su rechazo resulte correcto.

De ahí, que resulte infundado el argumento planteado en la Litis identificada en el inciso b) del presente Considerando.

En otro tenor, este Cuerpo Colegiado procede con el estudio de la Litis planteada en el inciso c) del presente Considerando relativa a si la factura ********** puede considerarse como aquella documentación comprobatoria que amparaba el monto de $**********; y de no ser así, si la demandante en la presente instancia exhibió la factura **********, la cual a decir de la autoridad demandada amparaba la cantidad aludida.

En esa medida, resulta dable partir de la premisa que los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias; en particular, establecen para dejar constancia fehaciente ?principalmente documental o por cualquier otro medio verificable? de que existió un hecho o acto gravado por una contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente.

Asimismo, en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos para efectos tributarios.

Sin embargo, no cualquier medio de convicción es susceptible de considerarse comprobante fiscal; sino, en principio, únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y, además, en su caso, con los diversos requisitos establecidos en las leyes tributarias especiales, en específico, los que deban considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo particular.

En esa medida, en cuanto a la posibilidad de utilizar comprobantes fiscales para deducir o acreditar determinados conceptos, el citado artículo 29 párrafo tercero, prescribe que quien los utilice para acreditar o deducir fiscalmente está obligado a cerciorarse del nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de que quien los expide y aparece en los mismos son los correctos, así como verificar que contiene los datos previstos en el diverso artículo 29-A aludido.

Luego, la fracción VII del numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación, indica que los comprobantes fiscales deberán de consignar en número o letra el importe total de la operación, y en su defecto que se precisara en el comprobante respectivo que la contraprestación se pagará en parcialidades. Tal y como se advierte de lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En ese orden de ideas, como se observa la legislación fiscal válidamente estableció que los comprobantes fiscales deben consignar en número o letra el importe total de la operación; esto, con la finalidad de que la autoridad fiscal pueda identificarlo plenamente, y proceder a su valoración para así declarar la procedencia o no de la deducción o acreditamiento correspondiente.

De manera, que si en la especie la parte actora pretende acreditar la deducción de la cantidad de $**********, mediante la exhibición de un comprobante fiscal que ampara un importe diverso; esto es, de $**********, es inconcuso que el mismo no pueda considerarse como aquella documentación comprobatoria que respalda su deducción. Como se corrobora de la siguiente digitalización:

[N.E. Se omite imagen]

En efecto, lo alegado por la demandante, en el sentido de que tal circunstancia se debió a que el proveedor elaboró un presupuesto de $**********; empero, no se gastó en su totalidad, y por ende, solo se facturó la cantidad de $**********, la cual contenía inmersa la cantidad controvertida, resulta infundado, pues independientemente del aparente presupuesto que al efecto hubiera elaborado el proveedor; lo cierto es, que ni dicho presupuesto ni la cantidad facturada mediante el comprobante fiscal ********** coinciden con el monto deducido por la contribuyente **********, de $**********.

Por lo cual, al carecer de documentación comprobatoria que amparara la cantidad controvertida, es indubitable que resulte correcta la determinación efectuada por la autoridad hacendaria.

Máxime, si se considera que contrario a lo aludido por la accionante, en el presente juicio contencioso administrativo no ofreció y mucho menos exhibió la factura **********, la cual a decir de la autoridad amparaba el monto controvertido, tal y como se corrobora del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda:

De suerte tal, que la contribuyente al no haber exhibido ante esta Juzgadora la documentación comprobatoria idónea que acreditaba su dicho, es evidente que deba subsistir la legalidad de la resolución impugnada; por lo cual, resulta infundada la Litis planteada en el inciso c) del presente Considerando.

Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional procede al estudio y resolución de la Litis planteada en el d) del presente Considerando relativa a si resultaba procedente que la contribuyente **********, dedujera la cantidad de $**********, aun cuando dicho monto se hubiera facturado el 31 de diciembre de 2007, puesto que fue pagado el día 02 de enero de 2008.

En ese contexto, en primer término resulta necesario resaltar que la parte actora es conteste de que el comprobante fiscal que amparaba la cantidad de $**********, fue emitido el día 31 de diciembre de 2007; esto es, un ejercicio diverso al que fue deducido (2008). Tal y como se corrobora de la parte correspondiente del concepto de impugnación que nos ocupa:

En ese sentido, el artículo 31 fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisa lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se observa de lo anterior, para que nazca el derecho a deducir gastos, es indispensable que la documentación con la que se compruebe el cumplimiento de los requisitos fiscales, contenga la fecha que corresponda al ejercicio por el cual se pretende realizar la deducción, pues de ello depende que se tenga derecho o no a efectuar la deducción en un periodo determinado.

En esa medida, si la contribuyente respecto a la cantidad de $**********, exhibió a fin de acreditar la procedencia de su deducción un comprobante fiscal de un ejercicio diverso (2007) al que se efectuó la deducción (2008), es inconcuso que resulte correcta la determinación de la autoridad hacendaria.

En efecto, de la resolución controvertida, en específico a foja 63 de la misma, la cual se valora en términos del artículo 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que la contribuyente **********, para amparar la cantidad observada exhibió documentación comprobatoria de un ejercicio diverso al 2008, tal y como se constata de lo siguiente:

[N.E. Se omite imagen]

En ese contexto, si bien el pago de la operación se efectuó el día hábil siguiente; esto es, el 02 de enero de 2008; lo cierto, es que tal situación de manera alguna subsana el incumplimiento a lo establecido en el artículo 31 fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues se hace patente que la fecha de expedición del comprobante fiscal no corresponde al ejercicio por el que se efectuó la deducción.

De tal manera, que aun cuando el pago de la contraprestación de la operación se hubiera efectuado en el ejercicio fiscal 2008, la contribuyente **********, se encontraba obligada a acreditar la procedencia de la deducción controvertida mediante documentación comprobatoria relativa al ejercicio en el cual se ejerció la deducción correspondiente; esto es, el ejercicio fiscal 2008.

Por tanto, al quedar evidenciado el incumplimiento a lo establecido por el artículo 31 fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta intrascendente que el pago de la contraprestación se hubiera efectuado en el ejercicio fiscalizado.

Sustenta lo anterior por analogía de razón, la tesis I.13o.A.124 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 1427, cuyo rubro y texto indican lo siguiente:

“DEDUCCIONES POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE IMPORTACIÓN. DEBEN CORRESPONDER AL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE EFECTUÓ EL GASTO EN EL EXTRANJERO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1996).” [N.E. Se omite transcripción]

En consecuencia, resulta infundada la Litis planteada en el inciso d) del presente Considerando.

Finalmente, este Cuerpo Colegiado procede a la resolución de la Litis identificada con el inciso e) del presente Considerando, relativa a si del análisis a la documentación proporcionada por la contribuyente fiscalizada en la presente instancia, se desvirtúan las irregularidades imputadas relacionadas con el rechazo de deducción para efectos del impuesto empresarial a tasa única en cantidades de $********** y $**********.

En esa medida, a fin de dilucidar lo anterior, resulta dable conocer los motivos y fundamentos por los cuales la autoridad hacendaria rechazó la deducción de las cantidades de $********** y $********** para efectos del impuesto empresarial a tasa única; por lo cual, de la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número ********** de fecha 29 de junio de 2012, se advierte lo siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo anterior, se colige que la autoridad hacendaria indicó:

1. Impuesto empresarial a tasa única. Deducciones. Que de la revisión efectuada al dictamen de estados financieros, declaración anual, balanzas de comprobación, pólizas contables, papeles de trabajo y documentación comprobatoria, se conoció que la contribuyente **********, dedujo indebidamente erogaciones en cantidad de $********** para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la cual se encontraba integrada de la siguiente forma:

a) La cantidad de $********** correspondía a erogaciones que no cumplían los requisitos de deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo era, el pago mediante cheque nominativo establecido en el artículo 31 primer párrafo fracción III primer párrafo y fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el numeral 6 primer párrafo fracción IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Que tal rechazo subsistió, en razón de que de la valoración a los argumentos y documentación proporcionada por la contribuyente **********, tendiente a desvirtuar las irregularidades consignadas, se concluyó que no se desvirtuaban las irregularidades, ya que la aludida contribuyente no realizó el pago de las erogaciones correspondientes mediante cheque nominativo, subsistiendo el incumplimiento de los requisitos fiscales establecidos en el artículo 31 primer párrafo fracción III primer párrafo y fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el numeral 6 primer párrafo fracción IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

b) El monto de $********** correspondía a erogaciones de las cuales la contribuyente **********, no proporcionó la documentación comprobatoria que la amparara, incumpliéndose así lo establecido en el artículo 31 primer párrafo fracción III primer párrafo y fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ende, lo señalado por el artículo 6 primer párrafo fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Que lo anterior fue así, en virtud de que del análisis y estudio de la información y documentación proporcionada por la contribuyente fiscalizada consistente en pólizas contables y facturas, se determinó que únicamente se desvirtuaron las irregularidades imputadas respecto a la cantidad de $**********, subsistiendo el rechazo de deducciones por la cantidad de $**********, toda vez que si bien es cierto se proporcionó la documentación comprobatoria respectiva; también lo era, que la misma no reunía los requisitos fiscales necesarios para su deducción establecidos en el artículo 6 primer párrafo fracciones I, III y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única en relación con el numeral 31 primer párrafo fracciones III y XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que el monto de $********** correspondían a erogaciones sin forma de pago, las facturas no correspondían al importe de la póliza, así como no existía documentación comprobatoria que las amparara.

c) La cantidad de $********** correspondiente a erogaciones de las cuales la contribuyente fiscalizada no aportó la documentación comprobatoria que evidenciara que las mismas hubieran sido efectivamente pagadas al momento de su deducción como lo establecía el artículo 6 primer párrafo fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Que lo anterior se corroboraba, pues del análisis y estudio de la información y documentación proporcionada por la contribuyente **********, consistente en pólizas contables y facturas, se determinó que aun cuando se exhibió la forma en que fueron pagadas las erogaciones, las mismas no reunían los requisitos fiscales necesarios para su deducción, pues no se encontraban efectivamente pagadas al momento de su deducción ni mucho menos pagadas a través de cheque nominativo como lo establecía el artículo 6 primer párrafo fracciones III y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única en relación con el numeral 31 primer párrafo fracciones III y XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, se concluyó que no procedían las deducciones de las erogaciones en cantidad de $********** correspondiente a gastos no deducibles para efectos del impuesto empresarial a tasa única, en virtud de que no fueron pagadas mediante cheque nominativo, no contaban con documentación comprobatoria que las amparara o bien no habían sido efectivamente pagadas al momento de la deducción como lo establecía el artículo 31 primer párrafo fracción III primer párrafo y fracción XIX primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el artículo 6 primer párrafo fracciones I, III y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Evidenciado lo anterior, es importante resaltar que la parte actora en relación a los montos controvertidos limitó su argumento al indicar que con la documentación presentada en el juicio contencioso administrativo se desvirtuaban las irregularidades imputadas, sin que al efecto hubiera precisado en qué consistía dicha documentación ni mucho menos qué cantidades se encontraban amparadas por la misma.

Además, aun cuando hubiera referido en el concepto de impugnación en estudio (cuarto) que mediante escrito de fecha 14 de junio de 2012, exhibió la integración de las facturas que soportaban el egreso controvertido, así como su póliza contable; también lo es, que dicho escrito no precisa en qué consistía dicha información, pues únicamente refiere a la existencia de un Anexo identificado como 4, el cual no fue ofrecido ni exhibido en la presente instancia.

No obstante lo anterior, este Cuerpo Colegiado en atención a la causa petendi planteada por la demandante y con base a las documentales presentadas en la presente instancia comprobara la legalidad de la determinación realizada por la autoridad hacendaria en relación al rubro de deducciones del impuesto empresarial a tasa única.

En ese sentido, la parte actora ofreció las siguientes documentales:

[N.E. Se omiten imágenes]

Luego, de la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número ********** de fecha 29 de junio de 2012, se advierte que la autoridad hacendaria especificó qué documentación comprobatoria no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 6 fracción IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; por lo cual, será con base en dicha información que se valoraran las probanzas exhibidas por la demandante en la presente instancia:

[N.E. Se omiten imágenes]

En esa medida, de la compulsa efectuada a la documentación ofrecida por la contribuyente **********, así como de aquella que fue observada por la autoridad hacendaria, se colige que la demandante ofreció la documentación correspondiente a los siguientes rubros:

[N.E. Se omite cuadro]

En ese contexto, esta Juzgadora prosigue con la valoración de las documentales de cuenta, a fin de determinar si con las mismas la contribuyente **********, logra desvirtuar las irregularidades imputadas por la autoridad hacendaria, para tal efecto se procede en los siguientes términos:

A) Mantenimiento de Oficina, Hospedaje y Comida. Respecto a los rubros en estudio es menester resaltar que la autoridad hacendaria únicamente observó como irregularidad la falta de la forma de pago correspondiente; por lo que, si aquella no se pronunció respecto a la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación para los comprobantes fiscales, resulte claro que las facturas exhibidas por la contribuyente fiscalizada tanto en la instancia administrativa como en el juicio que nos ocupa cumplan con tales parámetros; por lo cual, esta Juzgadora no se pronunciará respecto a tal tópico limitándose a resolver solo el punto controvertido.

[N.E. Se omiten imágenes]

Como se observa de lo anterior, la contribuyente **********, realizó diversas erogaciones menores a la cantidad de $**********, por concepto de materiales de construcción, hospedaje y alimentos.

En esa medida, el artículo 31 fracción III, prevé que cuando el monto que pretenda deducirse exceda de $**********, los pagos deben de hacerse mediante cheque nominativo del contribuyente para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria o de traspasos de cuentas. Tal y como se advierte de lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En ese sentido, a contrario sensu si las erogaciones efectuadas por los contribuyentes no exceden de la cantidad de $**********, es claro que el contribuyente no tenga la obligación de amparar el pago relativo a través de los medios previstos en el artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ende, baste con la exhibición de la documentación comprobatoria correspondiente (factura) para acreditar el cumplimiento de lo establecido en la porción normativa en comento.

Lo anterior se corrobora, si se considera que el artículo 125 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que dispone que para considerar los gastos como deducciones autorizadas para efectos fiscales, deben haberse erogado efectivamente, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas; y que las cantidades se estiman efectivamente erogadas entre otras, cuando el pago se haya realizado en efectivo.

[N.E. Se omite transcripción]

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 1a. XXIX/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 839, cuyo rubro y texto indican lo siguiente:

“RENTA. EL ARTÍCULO 125, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL COMPLEMENTARSE CON EL NUMERAL 31, FRACCIÓN III, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA DETERMINAR LAS DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE EROGADAS, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA.” [N.E. Se omite transcripción]

De manera, que si las erogaciones menores a la cantidad de $********** fueron pagadas a través de un medio diverso al establecido en el artículo 31 fracción III primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ejemplo en efectivo; tal situación no constituye un obstáculo para su deducción, pues al no encontrarse vinculada para tal efecto, es claro que donde la ley no distingue no se tenía la obligación de distinguir.

De ahí, que bastaba para su deducción el cumplimiento integral de los demás requisitos establecidos por la ley, los cuales cabe resaltar no fueron observados por la autoridad hacendaria; por lo que, resulta ilegal el rechazo de deducciones efectuado por la autoridad demandada únicamente por lo que hace a las cantidades menores de $**********, no así respecto a los diversos montos superiores al parámetro aludido.

Lo anterior es así, pues la contribuyente también erogó diversos montos mayores a $**********, lo cual la vinculaba a efectuar su pago mediante los medios establecidos para tal efecto; por tanto, al no haber aportado la forma de pago correspondiente que acreditara el cumplimiento a las formalidades establecidas en el artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el numeral 6 fracciones III y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, es evidente que resulte apegada a derecho la determinación realizada por la autoridad hacendaria.

En otro tenor, esta Juzgadora prosigue con el análisis de las restantes facturas exhibidas por la contribuyente **********, en relación con el rubro de “combustible y lubricantes”.

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo anterior se advierte, que todas y cada una de las erogaciones efectuadas por la contribuyente **********, tratan del consumo de combustible para vehículos terrestres; esto es así, pues de la descripción del producto servicio se observa la adquisición del combustible denominado “Pemex Magna”.

En ese contexto, el artículo 31 fracción III segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que TRATÁNDOSE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, AÉREOS Y TERRESTRES, EL PAGO DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL CONTRIBUYENTE, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos autorizados, AUN CUANDO DICHOS CONSUMOS NO EXCEDAN EL MONTO DE $**********.

En esa medida, si las erogaciones controvertidas versan respecto al consumo de combustible para vehículos terrestres, es evidente que la contribuyente **********, se encontraba constreñida a amparar el pago correspondiente a través de los medios establecidos para tal efecto, sin importar que los montos no excedieran la cantidad de $**********.

De forma tal, que si la contribuyente fiscalizada en el juicio contencioso administrativo que nos ocupa únicamente exhibió la documentación que amparaba las erogaciones observadas sin que presentara las formas de pago correspondiente, es inconcuso que incumplió con lo establecido en el numeral 31 fracción III segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ende, también lo preceptuado en el diverso artículo 6 fracciones III y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los cuales indican lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Consecuentemente, resulta legal el rechazo de deducciones efectuado por la autoridad demandada en relación con el rubro de “combustibles y lubricantes”, pues se reitera la contribuyente **********, se encontraba obligada a amparar los pagos correspondientes a través de las formas previamente establecidas para tal efecto, descritas en el numeral 31 fracción III párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ahora bien, en relación con los rubros de “Casetas” y “Compras” la accionante no desvirtúa las irregularidades imputadas, toda vez que no exhibe la documentación comprobatoria que amparara las cantidades relativas, así como su pago correspondiente.

Lo anterior se dice así, pues si bien adjunta diversos “tickets”; lo cierto es, que tales documentales no cumplen con los requisitos fiscales establecidos para su deducción; esto es, los previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, requisito sine qua non para la procedencia de su deducción.

De ahí, que si la contribuyente **********, no amparó mediante la documentación comprobatoria correspondiente las cantidades que integran los rubros aludidos, es indubitable que el rechazo de deducción de tales tópicos resulta legal y apegado a derecho.

Finalmente, respecto al rechazo de deducciones para efectos del impuesto empresarial a tasa única en cantidad de $**********, es de señalar que la hoy demandante no exhibió las formas de pago correspondiente aun cuando se encontraba obligada en términos del artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el numeral 6 fracción IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Esto es así, pues las erogaciones observadas superaban la cantidad de $**********; por lo cual, la contribuyente **********, estaba constreñida a acreditar su pago mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o bien, a través de los monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Tal y como se evidencia con la siguiente digitalización:

[N.E. Se omite imagen]

De suerte tal, que al no haber exhibido la documentación procedente, es evidente que también resulte correcta la determinación arribada por la autoridad demandada en el sentido de rechazar la deducción del monto de $**********.

Consecuentemente, resulta ilegal el rechazo de deducciones efectuado por la autoridad demandada respecto a los montos menores de $**********, por concepto de materiales de construcción, hospedaje y comidas, resulta procedente declarar su nulidad para el efecto de que la autoridad hacendaria emita otra resolución, en la cual no considere los montos aludidos que han quedado evidenciados en párrafos precedentes.

[…]

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 51 fracciones IV, y 52 fracciones I y III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su acción, en consecuencia;

II.- SE RECONOCE LA LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, misma que ha quedado precisada en el Resultando 1º de este fallo, respecto de la cantidad de $100,366.20 determinada presuntivamente a la parte actora por concepto de impuesto sobre la renta, así como respecto de la determinación por concepto de impuesto al valor agregado en cantidad de $66’939,625.95 de conformidad con el Tercer y Sexto Considerandos, respectivamente; asimismo, subsiste el rechazo de deducciones en cantidad de $5’542,152.39, así como el relativo al impuesto empresarial de tasa única, por lo que hace a las cantidades señaladas en el Considerando Cuarto del presente fallo.

III.- SE DECLARA LA NULIDAD de la referida resolución controvertida, misma que ha quedado precisada en el Resultando 1° del presente fallo, respecto de la cantidad de $660,317.22 por concepto de impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido en el Tercer Considerando del presente fallo.

IV.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución controvertida, que ha quedado precisada en el Resultando 1° del presente fallo, en relación con el rechazo de deducciones efectuado por la autoridad hacendaria respecto a los montos menores de $2,000.00, por concepto de materiales de construcción, hospedaje y comidas, para los efectos indicados en el Considerando Cuarto del presente fallo.

V.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, misma que ha quedado precisada en el Resultando 1º de este fallo, respecto de la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de la accionante, para los efectos señalados en el Séptimo Considerando del presente fallo.

VI.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 24 de abril de 2014, con una votación unánime de cinco votos a favor de los CC. Magistrados Alejandro Sánchez Hernández, Juan Manuel Jiménez Illescas, Nora Elizabeth Urby Genel, Rafael Anzures Uribe y Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 06 de mayo de 2014 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 6 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente a su publicación firma el C. Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos que da fe.

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el artículo 8, del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento a dicha Ley, fueron suprimidos de esta versión pública la información considerada legalmente como reservada o confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 152

Jurisprudencia Tributaria chilena 2015 resalta que los gastos seràn deducibles en la medida que califiquen como imprescindibles, inevitables, obligatorios o indispensables para producir la renta

Alan Emilio en Huancayo febrero 2015

Alan Emilio en Huancayo febrero 2015

Nuevamente nuestro portal “de contenido académico” exhibe mayor evidencia que nuestra posición expuesta desde el 2006 resulta correcta a la luz de la jurisprudencia tributaria internacional, elevando el nivel académico de análisis de las operaciones vinculadas con el Impuesto a la Renta (Impuesto a las Ganancias, Impuesto a las Sociedades o Impuesto Empresarial). Ante tanta evidencia manifestamos que resulta totalmente errado sostener el anàlisis de la deducciòn impositiva de los gastos corrientes bajo la falacia de “causalidad amplia y desmedida que muchas personas pregonan”.

¿Por qué Alan Emilio?: Porque no todo pago, desembolso u erogación que se considere como gasto contable corriente resulta deducible “automáticamente” para efectos impositivos (fiscales o tributarios), sino todo aquèl que el contribuyente aporte elementos probatorios suficientes que lo acrediten como imprescindibles, inevitables, obligatorios o indispensables para producir la renta empresarial.

Alan Emilio Matos Barzola

CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL-07.01.2015-ROL N° 17-2014-MINISTRA SRA.MARÍA TERESA LETELIER RAMÍREZ- MINISTRA INTERINA SRA. CARMEN GLORIA ESCANILLA PÉREZ-ABOGADO INTEGRANTE SR.MANUEL HAZBÚN COMANDARI.

Para que los gastos sean necesarios para producir la renta se ha dicho que para que deben ser desembolsos que correspondan a adquisiciones que sean necesarias u obligatorias para llevar a cabo la gestión o actividad desarrollada vale decir que sin ellos no sea posible la ejecución de las actividades que generan renta.

ARTÍCULO 21 CÓDIGO TRIBUTARIO-ARTÍCULO 31 LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LA RENTA – ESTÁNDAR DE PRUEBA.

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que dio ha lugar en parte al reclamo interpuesto.

La misma indicó que lo requerido era acreditar que el gasto consignado contablemente era necesario para producir la renta, hechos que correspondía demostrar a la misma. En el caso subjudice, al ser la reclamante un contribuyente que tributaba en Primera Categoría en base a renta efectiva determinada con contabilidad completa, atento lo prevenido por el artículo 21 inciso primero del Código Tributario, le correspondía acompañar al proceso no sólo todos sus antecedentes contables y la correspondiente documentación soportante, sino que además rendir todas aquellas probanzas dirigidas a descalificar los reproches que le formulara el SII, particularmente, en relación con la efectividad de haberse prestado las asesorías cuyo pago pretendía hacer valer como gasto necesario para producir la renta.

En lo que se refería a dietas de los directores de la comunidad reclamante, no cabía duda que la misma operaba a través de dicho directorio para los efectos de sus decisiones. De esta manera aparecía de manera cierta que las devengadas o pagadas a los mismos por el año comercial 2011, habían resultado necesarias para producir la renta, más aun teniendo en cuenta que ellas se encontraban acreditadas tanto en cuanto a sus directores como en cuanto a sus montos.

En lo que se refiere al ítem asesoría legal, de los documentos y demás antecedentes aportados era posible concluir en relación a la prestación de servicios profesionales de un estudio jurídico con el que se contrató una asesoría permanente de carácter indefinida, aparecía como razonable que los gastos habían sido necesarios para producir la renta, toda vez que decía relación con la labor de asesoría de la que no podía prescindir una empresa, valores que se encontraban debidamente comprobados siendo también parte de la labor jurídica que se presten servicios adicionales que requieren pagos aparte de los convenidos de manera regular, y que dicen relación con los montos no pactados que figuran como objetados por el Servicio en relación a dicho estudio jurídico, más aún cuando ellos se advierten dentro de los valores propios de gestiones jurídicas. No ocurría lo mismo con el resto de las asesorías jurídicas.

Por último, señaló no había sido posible satisfacer el estándar de prueba que permitía establecer los requisitos para su procedencia como gastos necesarios para producir la renta o bien incluso dada la ausencia de elementos probatorios ciertos llegar a analizar la pertinencia respecto a los otros gastos por asesorías administrativa financieras como tampoco en relación a los servicios administrativos.

Así, se revocó la sentencia apelada solo en cuanto acogió parcialmente los gastos por dietas de los directores, los que se tenía por acreditados en su totalidad.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“San Miguel, siete de enero de dos mil quince.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada con las siguientes modificaciones:

En el fundamento primero signado con el I y 3 se reemplaza el guarismo $ 2.401.810 por 2.401.726.-

En el motivo séptimo se eliminan el cuarto párrafo signado con el N 1.-en su segunda parte  y que sigue al punto seguido, los párrafos 3 y 5 del mismo que se individualizan con los N° 1).- y 3)  con excepción del primer y último acápite de este último, primero que concluye con la fecha 08.05.2013, que se reemplaza por 06.05.2013.- y último que también alude a estas fechas, las que también se reemplazan por 06.05.2013.- En el fundamento noveno, párrafo segundo, se suprime el adverbio “sólo” y  en el párrafo final se reemplazan las voces “todo ello sin perjuicio del” por “no obstante corresponde hacer” y se suprime la frase “que se efectuará a continuación” En el motivo undécimo numeral 3 párrafo segundo se reemplaza la palabra “precedente” por noveno. En el fundamento undécimo numeral cuarto se elimina el acápite que comienza con “Cabe agregar que y que termina en el punto y como con que el mismo termina, como también el párrafo signado como segundo y en el tercero se reemplazan las palabras” al mes” por “los meses” y se agrega a continuación de la palabra “septiembre” las palabras “a diciembre” del motivo duodécimo se eliminan del numeral 5 letra c) los dos últimos párrafos de él, y en la letra g)  se elimina del párrafo segundo la frase que comienza con “Por otra parte y que termina en el primer punto seguido, como también se eliminan de ella todas las frases que se signaron como UNO y DOS., y la frase “por incumplimiento de la normativa legal sobre la materia” reemplazándose en ella la coma que la precede por un punto. Finalmente en esa letra se elimina su numeral 6. En el motivo décimo tercero, del numeral 3 b), párrafo primero se elimina el acápite que va a continuación del punto seguido y que comienza con las palabras “En este punto” y que concluye en el punto aparte del mismo; a su vez en el párrafo segundo se elimina la frase “pago que no se encuentra respaldado con ninguna boleta de honorario”, y se elimina el párrafo tercero. Finalmente se elimina su numeral 4. En el motivo décimo octavo en el párrafo final se agrega a continuación del punto aparte que se reemplaza con una coma, la frase, con excepción de lo expuesto en relación a estudio jurídico yyyyyyyyyyyyyy. Por último se suprime el motivo décimo noveno del fallo en alzada.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que la contribuyente xxxxxxxxxxxx se ha alzado en contra del fallo de la Juez del Tercer Tribunal tributario y Aduanero de la región Metropolitana, doña Dora Bastías Santander, dictado con fecha 21 de marzo de dos mil catorce que se lee a fojas 317 y siguientes, por medio del cual la referida juez acogió parcialmente el reclamo formulado por la contribuyente solo en cuanto por medio de él se dio lugar a una parte de lo reclamado en cuanto a la dieta de los Directores de la xxxxxxxxxx y se rechazó en los demás capítulos reclamados y confirmó en consecuencia lo obrado por el Servicio de Impuestos Internos en lo relativo a la impugnación que esta hizo en relación con los gastos de Asesoría administrativa financiera, Asesoría Legal y Servicios Administrativos, quedando a firme en todo ello la Liquidación 185 de 09 de mayo de 2013.

Segundo: Que en síntesis la contribuyente en el reclamo de liquidación materia de la sentencia aludida cuestionó que no se hubiere considerado la documentación respaldatoria de la contestación de la citación, la que entiende no fue estudiada por los fiscalizadores, dado el volumen de la documentación aportada en relación a la premura de la liquidación que fue hecha el día siguiente de haberse evacuado y las contradicciones que la misma tendría al haberse acogido por vía de un RAV, partidas que se encuentran respaldadas en similar documentación aportada, lo cual la hace en definitiva contradictoria al no considerar gastos que son necesarios, y no obligatorios como se le exige, entendiendo también que no habiendo sido objetada de no fidedigna la documentación y la contabilidad aportada se han efectuado razonamientos que hacen presumir la mala fe.

Tercero: Que por su parte el órgano fiscalizador al contestar sostuvo en síntesis que todos los gastos materia de la liquidación y que quedaron subsistentes luego de la la RAV dictada mediante resolución Ex 27.223 de 30 de julio de 2013, son gastos que no pueden ser aceptados por no encontrase de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de la Renta, sin que se cumpla a su respecto los requisitos copulativos de necesidad, naturaleza,  efectividad y monto del mismo de acuerdo a los antecedentes de que se disponía.

Cuarto:  Que la contribuyente ha recurrido en sede de apelación argumentando, en síntesis que la sentenciadora incurre en incoherencias en el motivo séptimo del fallo, en cuanto a las fechas que en él se indican y en cuanto a los fundamentos en él contenidos en torno al proceso de fiscalización, argumenta también que al emitir su liquidación de marras, no ha valorado, integral y complementariamente todas las prueba documentales aportadas, tenidas por acompañadas, no objetadas y que tratándose de medios de prueba plurales y numerosos, coincidentes, contestes entre sí, no contradictorios,  y que dan  razón de su contenido,  y que  por lo tanto,  forman  base para presunciones judiciales que permiten tener por acreditado lo señalado en su reclamo, en cuanto a la efectividad de los gastos y su carácter de necesarios para producir la renta, conforme a las observaciones que en relación a cada acápite refiere en su extensa apelación, toda vez que según sostiene por una parte, el SII no ha formulado una sola objeción contable, sino solo respecto de su necesidad, y por otra parte, justamente respecto de esto, se ha acreditado su contratación, su pago (este requisito no era necesario de acreditar) y su prestación. Dice que la necesidad del gasto se acredita mediante el análisis del contenido de los documentos acompañados, lo que permite apreciar que se trata de gastos absolutamente necesarios para producir la renta del contribuyente, atendidas sus características y deben darse por acreditados los resultados tributarios, pues estos se acreditaron contablemente, y los respaldos de la contabilidad fueron acompañados dentro de plazo en sede administrativa y en sede judicial, prueba que no fue rendida extemporáneamente como dice el juez tributario, prueba que tampoco, según sostiene fue analizada en su totalidad, lo que ha hecho que rechace la perdida por utilidades propias absorbidas, rechaza gastos, y fija una nueva base para el pago del Impuesto de Primera Categoría de la Contribuyente, determinada en virtud de un proceso de fiscalización que no analiza los antecedentes aportados por el Contribuyente, pidiendo en consecuencia se revoque la sentencia definitiva en la parte apelada, y en su reemplazo, declare la procedencia del reclamo tributario formulado, en la parte apelada, declarando en consecuencia, la procedencia de los gastos tributarios y de la perdida tributaria, acreditadas.

Quinto: Que conforme a los cuestionamientos formulados, la primera aclaración formal que corresponde hacer dice relación con la fecha en que se contestó el reclamo por parte de la contribuyente, lo cual acaeció con fecha 06 de mayo de 2013, fecha en la que está conteste tanto el SII, al contestar el reclamo cuanto la contribuyente en su apelación, toda vez que el motivo primitivo del cuestionamiento de la reclamante en su oportunidad provino de su errada afirmación en cuanto haber contestado el reclamo con fecha 08 de mayo de 2013, tal como consta de la fojas 31.

Sexto: Que acorde con ello, no resulta efectivo que el Servicio hubiere contado con las horas hábiles del día miércoles 08 de mayo de 2013 para analizar los documentos aportados por la contribuyente, y no habiendo antecedentes que permitan suponer que el SII prescindió de ellos para formular la liquidación pertinente, más aún cuando al contestar el reclamo se dice por dicho órgano fiscalizador que los mismos al efecto resultaron insuficientes, se desestimará tal alegación.

Séptimo: Que en relación al fondo del asunto debatido este se refiere específicamente a determinar si los gastos en que la contribuyente incurrió y que consistieron en honorarios de directores por la suma de $ 154.666.630; asesoría administrativa y financiera por $ 299.647.582; asesoría legal por la suma de $ 161.161.666.- y servicios administrativos por $ 426.158.425 , los que quedaron subsistentes luego de que con fecha 30 de julio de 2013 el Servicio de Impuestos Internos, acogiera una reposición administrativa voluntaria (RAV), por las partidas restantes de la liquidación N° 185 de 9 de mayo de 2013, fueron necesarios o no para producir la renta, teniendo además en cuenta que la sentencia de primer grado, del monto signado precedentemente por concepto de honorarios de directores la acogió parcialmente por la suma de $ 59.906.648.-

Octavo: Que el concepto de gasto necesario para producir la renta no se encuentra definido en nuestra legislación, sin embargo como se ha reiterado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, el gasto necesario para producir la renta ha sido definido como los desembolsos indispensables para producir la renta, aunque no exista una inmediata relación entre el gasto y la renta. Al efecto los requisitos de los gastos para que tengan tal connotación son: Que sea necesario para producirla; que no se encuentre rebajado como costo directo; que el sujeto pasivo haya incurrido efectivamente en el gasto y que este se encuentre pagado o adeudado; que se acredite o justifique fehacientemente ante el Servicio de impuestos Internos; que se trate de un gasto relacionado con el giro de la empresa o negocio y que no se trate de un gasto que la ley declare como no deducible.

A su vez la Excma. Corte Suprema en relación a los gastos necesarios para producir la renta ha dicho que para que sean necesarios han de ser desembolsos que correspondan a adquisiciones que sean necesarias u obligatorias para llevar a cabo la gestión o actividad desarrollada vale decir que sin ellos no sea posible la ejecución de las actividades que generan renta. Doctrinariamente también se ha asentado que el principio de la necesariedad del gasto debe estar correlacionado con los ingresos del giro., en atención al principio contable de la correlación de ingresos y gastos, siendo la traducción de este principio en el ámbito tributario, la necesariedad del gasto ya referida.

En otro sentido ha de entenderse que el gasto sea imprescindible. Sin embargo a este efecto no basta que se acredite ante el SII la necesariedad del gasto sino que también que este se encuentre pagado o adeudado. Por otra parte deben cumplir la doble condición de ser comunes, habituales y regulares y por la otra, inevitables, obligatorios o indispensables para producir la renta.

Noveno: Que al tenor de la Ley de la Renta se advierte que los gastos cuestionados corresponden al concepto de gastos genéricos, toda vez que no se encuentran en la descripción específica que al efecto contiene el artículo 31 de la Ley de la Renta y dicen relación básicamente con servicios prestados por diferentes conceptos y que según se sostiene por la apelante han podido rebajarse de la renta bruta para los fines de determinar la renta líquida de la contribuyente.

Décimo: Que al tenor de los antecedentes que obran en autos el giro de la empresa fiscalizada corresponde a compra venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados, la cual en el año tributario 2012, comercial 2011 declaró una renta imponible negativa de (- 491.794.988) lo cual le significó perdida tributaria en el ejercicio comercial 2011, dando origen también a devolución de impuestos por la suma de $ 76.439.087, tal como consta de fojas 298 y 299 de autos.

Undécimo: Que en relación a la necesariedad del gasto que se alega por parte de la contribuyente cabe decir que lo requerido es acreditar que el gasto consignado contablemente fue necesario para producir la renta, hechos que corresponde demostrar a la contribuyente, atento la liquidación formulada por el Servicio de Impuestos Internos, y que en su oportunidad no fue satisfecha íntegramente mediante la respuesta a la citación que en su oportunidad se le practicó. En el caso subjudice, al ser la reclamante un contribuyente que tributa en Primera Categoría en base a renta efectiva determinada con contabilidad completa, atento lo prevenido por el artículo 21 inciso primero del Código Tributario, le correspondía la carga de acompañar al proceso no sólo todos sus antecedentes contables y la correspondiente documentación soportante, sino que además rendir todas aquellas probanzas dirigidas a descalificar los reproches que le formulara el Servicio de Impuestos Internos, particularmente, en relación con la efectividad de haberse prestado las asesorías cuyo pago pretende hacer valer como gasto necesario para producir la renta.

Décimo segundo: Que en lo que se refiere al acápite de las dietas de los directores de la comunidad reclamante, no cabe duda que la misma opera a través de dicho directorio para los efectos de sus decisiones. De esta manera aparece de manera cierta que las devengadas o pagadas a los mismos por el año comercial 2011, resultaron necesarias para producir la renta, más aun teniendo en cuenta que ellas se encuentran acreditadas tanto en cuanto a sus directores, según se dejó sentado en el motivo undécimo, como en cuanto a sus montos, por dicho año,  de modo que este acápite será acogido en su totalidad, debiendo sumarse para estos efectos al monto ya aceptado de $ 59.906.648, por el fallo de primer grado en el fundamento noveno, lo que resta de los gastos por tal concepto con excepción de los pagados por los períodos de septiembre a diciembre de zzzzzzz por no corresponder a un Director de la comunidad conforme a lo que consta del documento de fojas 232.

Décimo tercero: Que en lo que se refiere al ítem asesoría legal, de los documentos y demás antecedentes aportados es posible concluir en relación a la prestación de servicios profesionales del estudio jurídico yyyyyyyyyyyyy que se contrató con este una asesoría permanente de carácter indefinida, por la suma de $ 600.000 mensuales y del cual figuran además un conjunto de pagos adicionales que se detallan en el motivo décimo segundo, y que se encuentran debidamente contabilizados en el período de marras.  En relación a ello aparece como razonable, acorde con la labor de asesoría jurídica contratada con tales profesionales, que los mismos fueron necesarios para producir la renta, toda vez que dice relación con la labor de asesoría de la que no puede prescindir una empresa, valores que se encuentran debidamente comprobados siendo también parte de la labor jurídica que se presten servicios adicionales que requieren pagos aparte de los convenidos de manera regular, y que dicen relación con los montos no pactados que figuran como objetados por el servicio en relación a dicho estudio jurídico, más aun cuando ellos se advierten dentro de los valores propios de gestiones jurídicas. Así las cosas, en relación a tales gastos el reclamo será acogido.

No ocurre lo mismo con el resto de las asesorías jurídicas la contribuyente con el estándar de prueba producida no logró demostrar la necesariedad del gasto en la medida que de las declaraciones de los propios testigos aportados por la reclamante no hay claridad respecto a las actividades específicas prestadas por el resto de los profesionales como para poder determinar si ella era necesaria y determinante para producir la renta en relación al giro de la empresa. Por otra parte el hecho de que los gastos se hayan realizado y se encuentren contablemente respaldados no supone necesariamente que ellos deban ser aceptados como necesarios para producir la renta, como propugna el apelante, toda vez que ello es un asunto de ponderación en relación con la calidad de la prueba producida, en atención al rechazo de los mismos en la etapa de fiscalización hecho el análisis contable y tributario del período en que ellos se cuestionaron, y que supone la prueba cierta de todos los supuestos exigidos para demostrar la necesariedad de los mismos y su consiguiente rebaja en el período discutido.

Décimo cuarto: Que en relación a la prestación de servicios de qqqqqqqq  ha de decirse que la emisión de las facturas por parte de la referida sociedad no resulta ni determinante ni fundante del análisis hecho por la sentenciadora de la instancia, toda vez que lo que se cuestiona es un hecho distinto al pago, y que tiene que ver con la necesariedad del gasto y la efectividad de la prestación, hechos que a la postre no lograron el estándar de prueba necesario para su procedencia.

Décimo quinto: Que en lo que se refiere a los gastos por asesorías administrativas financieras, ha de decirse que conforme a la prueba aportada, el servicio prestado por zzzzzzzzzzzz, encuentra su sustento como necesario para producir la renta en atención a lo que consta del Acta de Asamblea de Copropietarios, y que dice relación con el informe elaborado para la implementación de nuevo sistema de administración, que satisface la necesariedad del gasto, ya que guarda íntima relación con el desarrollo adecuado de la empresa, y se encuentra debidamente acreditado en cuanto a su monto, que a este efecto fue pagado en definitiva y que asciende a $ 6.443.103.-

Décimo sexto: Que con los antecedentes aportados no ha sido posible satisfacer en cuanto a los otros gastos por asesorías administrativa financieras como tampoco en relación a los servicios administrativos el estándar de prueba que permita establecer los requisitos para su procedencia como gastos necesarios para producir la renta o bien incluso dada la ausencia de elementos probatorios ciertos llegar a analizar la pertinencia de ello.

Décimo séptimo: Que en cuanto a las otras partidas cuestionadas y que fueron materia de impugnación por parte del SII y que luego fueron acogidas a través del RAV, y que darían sustento según alegó el apelante a contradicción con lo resuelto en la sentencia, en atención que se sustentarían en los mismos documentos, solo cabe decir a título meramente referencial (por no formar parte del reclamo ni ser reclamable), que las partidas acogidas no tienen que ver con la necesariedad del gasto sino que con depreciación y finiquitos pagados, hechos distintos a los cuestionados en la liquidación materia de la litis.

Por estas consideraciones , lo dispuesto en los artículos 123, 132, 141 y 143 del Código Tributario, SE REVOCA la sentencia apelada de veinticinco de marzo de dos mil catorce, escrita de fojas 317 a 340 vta dictada en causa RUC N° 13-9-0001645-4 Rol Interno N° GR-17-00058-2013 del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana., solo en cuanto se acogió parcialmente los gastos por dietas de los directores, los que se tienen por acreditados en su totalidad conforme a lo dicho en el motivo décimo segundo, con excepción de los de don hhhhhhhhh, como también en cuanto a los gastos por asesorías legales del estudio jurídico yyyyyyyyyyy., en los términos expresados en el motivo décimo tercero, y finalmente en cuanto a los gastos por asesoría de la sociedad zzzzzzzzzz, conforme lo dicho en el motivo décimo quinto, confirmándose en lo demás apelado, sin costas de la instancia.

Conforme a lo decidido practíquense las reliquidaciones pertinentes.

Redacción de la Ministro Interino señora Escanilla

Regístrese y devuélvase con su custodia.”

Seminario en Tumbes 07 de marzo 2015 Cierre Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Alan Emilio en Tumbes

Colegio Contadores Tumbes 2015

Seminario en Tumbes 07 de marzo 2015 Cierre Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Gracias a todos ustedes amigos en Tumbes, un fuerte abrazo para todos 

Lugar del evento en Tumbes: AUDITORIO del Colegio de Contadores Pùblicos de Tumbes

Informes e inscripciones en el Colegio de Contadores Pùblicos de Tumbes: Celular: 972610127
E- mail:     ccptumbes@ccp-tumbes.org

Dirección: Calle Huascar 323 Tumbes

Temario del Seminario:

  • Impuesto a la Renta: Reconocimiento de ingresos, costos y gastos. NIC 1 y NIC 18
  • Exigencias a los comprobantes de pago.
  • Acreditaciones legales y reglamentarias
  • Implicancias de las NIIF a travès de la jurisprudencia nacional y extranjera, y su revelaciòn suficiente en la actividad empresarial
  • Gastos de vehículos y valor razonable.
  • Gastos de viajes
  • Gastos de capacitación (eliminación de la generalidad)
  • Provisiones
  • Depreciación y análisis del nuevo règimen de depreciaciòn para edificaciones y construcciones vigente a partir del 2015
  • Gastos de personal vs NIC 19, recreativos, de seguros médicos y de vida.
  • Donaciones.y otras liberalidades
  • Saldos a favor y crèditos
  • Nuevas alìcuotas del Impuesto a la Renta de empresas y personas naturales
  • Tratamiento de las Rentas de las Personas Naturales
  • Presentaciòn de la Declaraciòn Jurada Anual de las personas naturales
  • Casos pràcticos

EXPOSITOR:

DR. ALAN MATOS BARZOLA
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Abogado Especialista en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2015) en casos relacionados a Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera (NIC-NIIF), Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros temas. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios. Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación 2014 organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. Docente de diversos diplomados de especialización en Tributación 2014 organizados por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho y de Huaraz, así como en Piura (Centro Empresarial Americano). Ha sido asesor tributario-contable en Gaceta Jurídica – Contadores & Empresas, entre otras entidades especializadas en temas empresariales
Colegio Contadores Tumbes 2015

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Seminario en Huancayo 21 de febrero 2015 Cierre Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Alan Emilio en Huancayo

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Seminario en Huancayo 21 de febrero 2015 Cierre Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Gracias a todos ustedes amigos en Huancayo que con su gran participaciòn se llevò a cabo el evento con èxito, un gran abrazo

Lugar del evento en Huancayo: AUDITORIO HOTEL LOS BALCONES Jr. Puno Nº 282 Costado de la Catedral, Huancayo.

Informes e inscripciones: Celular:     964470351 – 942863506
RPM:        # 380062 – # 942863506
E- mail:     luperu_huancayo@hotmail.com
Dirección:  Jr. Puno Nº 618 – 2º piso Ofic. 201, Huancayo

Temario del Seminario:

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  • Gastos de capacitación (eliminación de la generalidad)
  • Provisiones
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  • Gastos de personal vs NIC 19, recreativos, de seguros médicos y de vida.
  • Donaciones.y otras liberalidades
  • Saldos a favor y crèditos
  • Nuevas alìcuotas del Impuesto a la Renta de empresas y personas naturales
  • Casos pràcticos

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DR. ALAN MATOS BARZOLA
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Abogado Especialista en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2014) en casos relacionados a Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera (NIC-NIIF), Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros temas. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios. Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación 2014 organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. Docente de diversos diplomados de especialización en Tributación 2014 organizados por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho y de Huaraz, así como en Piura (Centro Empresarial Americano). Ha sido asesor tributario-contable en Gaceta Jurídica – Contadores & Empresas, entre otras entidades especializadas en temas empresariales

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Seminario en Chincha 07 de febrero 2015 Cierre Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Alan Emilio en Chincha

Alan Emilio en Chincha

Seminario en Chincha 07 de febrero 2015 Cierre Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Gracias a todos ustedes amigos en Chincha que con su gran participaciòn se llevò a cabo el evento con èxito, un gran abrazo

Lugar del evento en Chincha: HOTEL CRISTOFORUS COLUMBUS

Calle Lima Nº 443 Chincha Alta

Informes e inscripciones: Teléfono: (056) 267714
Celular: 964774935 RPM *342922 RPC 966427707
E-mail: nbysmdistribuciones@hotmail.com

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Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Abogado Especialista en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2014) en casos relacionados a Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera (NIC-NIIF), Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros temas. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios. Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación 2014 organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. Docente de diversos diplomados de especialización en Tributación 2014 organizados por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho y de Huaraz, así como en Piura (Centro Empresarial Americano). Ha sido asesor tributario-contable en Gaceta Jurídica – Contadores & Empresas, entre otras entidades especializadas en temas empresariales

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Cuarta Categoría 2015 Resolución de Superintendencia 002-2015-SUNAT

Alan Emilio en Ayacucho

Alan Emilio en Ayacucho

Dictan normas relativas a la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y a la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta, respecto del Impuesto a la Renta por rentas de Cuarta Categoría correspondientes al Ejercicio Gravable 2015

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 002-2015/SUNAT

Alan Emilio Matos Barzola

Mediante la citada Resolución de Superintendencia Nº 002-2015-SUNAT publicada el 09 de enero del 2015, se establecen los parámetros aplicables para efectos de la aplicación de las retenciones y pagos a cuenta de cuarta categoría en el ejercicio 2015.

El marco normativo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las rentas de cuarta categoría se encuentren comprendidas dentro de los alcances de las Rentas del Trabajo.

La imputación de este tipo de rentas se desarrolla bajo los alcances del criterio de lo “percibido”, es decir cuando la retribución sea pagada a la persona natural. Queda claro que bajo ese contexto y en aplicación de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago, el comprobante (recibo por honorario deberá emitirse “al momento en que la persona natural perciba la retribución” situación que debe configurar en sus Libro de Ingresos y Gastos, así como en su declaración mensual PDT 616 -Trabajadores Independientes.

I. Obligación de efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 2015

1.1. Rentas de trabajo independiente sin relación de subordinación

SUNAT establecerá que no están obligados a efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta las personas naturales que sus ingresos por rentas de cuarta categoría o las rentas de cuarta y quinta categoría percibidas en el mes no superen el importe de S/.2,807.00 mensuales. Cabe referir que mediante Decreto Supremo Nº 215-2006-EF, vigente a partir del 01 de enero de 2007, los agentes de retención del Impuesto a la Renta no deberán realizar retenciones cuando:

a). Los recibos por honorarios que paguen o acrediten sean de un importe que no exceda el monto de S/.1,500.00.

b). El perceptor de rentas de cuarta categoría haya sido autorizado por la SUNAT a suspender sus retenciones y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, lo cual deberá acreditar con la constancia de suspensión de retenciones respectiva.

1.2. Dietas de directores y otras rentas. 

Por otra parte, SUNAT ha establecido que no están obligados a efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta las personas naturales que tengan funciones de directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares y perciban rentas por dichas funciones y además otras rentas de cuarta y/o quinta categorías, y el total de tales rentas percibidas en el mes no supere el importe de S/.2,246.00 mensuales.

Se recuerda que el numeral 1.5 del artículo 7 del Reglamento de Comprobantes de Pago establece que se exceptúa de la obligación de otorgar comprobantes de pago por los ingresos que se perciban por las funciones de directores de empresas, albaceas, síndicos, gestores de negocios, mandatarios y regidores de municipalidades y actividades similares (y también para los contratos CAS a partir del 01 de enero del 2013 en cuyo caso basta la boleta de pago que emita el empleador del sector público). Conforme a lo indicado no es necesario que se emita un recibo por honorario cuando se perciba estas rentas.

II. Suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta

Por otra parte, para efectos de contemplar la suspensión de de retenciones y/o de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta las personas naturales deberán considerar los siguientes supuestos:

2.1. Procede la suspensión para las personas naturales que perciban rentas de cuarta categoría, cuando los ingresos que proyectan por rentas de cuarta categoría o por rentas de cuarta y quinta categorías no superen el importe de S/.33,688.00 anuales.

2.2. Procede la suspensión tratándose de directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares  cuando los ingresos que proyectan percibir en el ejercicio gravable por rentas de cuarta categoría o por rentas de cuarta y quinta categorías no superen el importe de S/.26,950.00. 

Cabe destacar que SUNAT mediante Carta N° 005-2011-SUNAT/200000, de fecha 14 de enero del 2011, da cuenta que independientemente que el monto total del servicio supere el monto establecido para afectar la operación con la retención del Impuesto a la Renta por rentas de cuarta categoría, si los recibos por honorarios que se emiten por los pagos parciales que se efectúen no superan los S/.1,500.00 nuevos soles, éstos no se encontrarán sujetos a la retención antes señalada.

Cabe agregar que recientemente SUNAT ha emitido el Oficio N° 325-2013-SUNAT/200000 el cual indica que el agente de retención no puede efectuar la retención del Impuesto a la Renta por rentas de cuarta categoría a aquel contribuyente que le hubiera exhibido y/o entregado su Constancia de Autorización vigente para el ejercicio gravable, aun cuando los ingresos anuales de dicho contribuyente superen para el ejercicio 2015 los S/. 33,688.00, salvo cuando se deba reiniciar las retenciones y para ello, el contribuyente consigne los montos correspondientes a dichas retenciones en los comprobantes de pago que emita.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Seminario en Tarapoto 24 de enero 2015 Cierre Contable Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Alan Emilio en San MartínTarapoto

Alan Emilio en San MartínTarapoto

Seminario en San Martín, Tarapoto, 24 de enero 2015 Cierre Contable Tributario 2014 y últimas modificaciones tributarias vigentes a partir del 2015

Lugar del evento en Tarapoto: AUDITÓRIUM DEL HOTEL RIO SOL Jr. Jiménez Pimentel Nº. 407 – Tarapoto

Gracias a todos ustedes amigos en Tarapoto que con su gran participaciòn y aportes permitieron llevar con èxito el evento, un gran abrazo.

Informes e inscripciones: DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE SAN MARTIN E.I.R.L Teléfono:  (042) 508922
Celular:     942445925 RPM:        *393873
E-mail:      gacetasanmartin@gmail.com
Dirección:  Jr. Alegría Arias de Morey Nº 149, Tarapoto – San Martín.

Temario del Seminario:

1.   Determinación del Impuesto a la Renta en la Amazonía. Aplicación de la Ley N° 27037 “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía para sectores económicos específicos”.
2.   Exigencias relativas a los comprobantes de pago.
3.   Acreditaciones legales y reglamentarias.
4.   Nueva forma de determinar los pagos a cuenta en función a lo establecido en la Ley Nº 30296 “Ley que promueve la reactivación de la economía” vigente a partir del 01 de enero del 2015.
5.   Pagos por dividendos en la Amazonía según Décima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30296.
6.   Costos y gastos deducibles en zona de Amazonía.
7.   Nuevas tasas del Impuesto a la Renta de empresas y personas naturales y su vinculación con la actividad empresarial.
8.   Principales aspectos financieros contables para el cierre contable del ejercicio 2014: Depreciación, diferencia de cambio, provisiones, diferencias temporales, gasto de planilla.
9.   Casos prácticos en función a empresas que realizan actividades en la Amazonía, acogidas a la Ley Nº 27037, y vinculadas a otras entidades con ámbito en zona de tributación general.
10. Casos de liquidaciones de compra.

EXPOSITOR:

DR. ALAN MATOS BARZOLA
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Abogado Especialista en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2014) en casos relacionados a Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera (NIC-NIIF), Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros temas. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios. Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación 2014 organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. Docente de diversos diplomados de especialización en Tributación 2014 organizados por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho y de Huaraz, así como en Piura (Centro Empresarial Americano). Ha sido asesor tributario-contable en Gaceta Jurídica – Contadores & Empresas, entre otras entidades especializadas en temas empresariales

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