(Luxemburgo, 27 de febrero de 2024) – A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Milán (Italia), cinco personas fueron arrestadas el 23 de febrero, bajo sospecha de orquestar un fraude de IVA de 220 millones de euros relacionado con las exportaciones de alcohol a varios Estados miembros. Estados. La Policía Financiera italiana (Guardia di Finanza) de Milán también ejecutó una orden de congelación a petición de la EPPO, dirigida a cuentas bancarias, bienes raíces y automóviles de lujo.
El juez de instrucción del Tribunal de Milán ordenó la prisión preventiva de tres de los sospechosos, considerados cabecillas de la trama: todos ellos ciudadanos italianos que viven en Dubai y Mónaco. Además, los otros dos sospechosos permanecerán bajo arresto domiciliario. A un sexto sospechoso, un empresario italiano del sector de las bebidas alcohólicas, condenado en el pasado por corrupción y también sospechoso de sobornar a un agente de policía en esta investigación, se le ha prohibido salir de su lugar de residencia. Anteriormente en esta investigación, el policía fue condenado por recibir un soborno de 50.000 euros , con el fin de suavizar o excluir las responsabilidades de uno de los sospechosos en esta investigación, y las de algunos de sus familiares.
Organización criminal que involucra a 12 países.
La investigación descubrió una organización criminal de cuello blanco altamente cualificada sospechosa de utilizar facturas falsas para evadir el pago de impuestos por la exportación de grandes cantidades de bebidas alcohólicas, utilizando un fraude intracomunitario de IVA tipo «carrusel», un esquema criminal complejo que se aprovecha de las normas de la UE. sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que están exentas del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El plan investigado implicaba el comercio simulado de los mismos productos entre operadores comerciales establecidos en Italia y en otros lugares de Europa, utilizando una amplia red de empresas ubicadas en Bélgica, Bulgaria, Chequia, Francia, Hungría, los Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y Reino Unido. Se entiende que la cadena incluía comerciantes desaparecidos ubicados en Italia y en esos países, así como empresas tampón. En realidad, según las pruebas, la mayoría de las exportaciones estaban destinadas al mercado italiano. Según la investigación, en el fraude estuvieron implicadas al menos 43 empresas, así como 17 particulares, entre agentes comerciales, consultores y responsables de contabilidad y logística.
Según las pruebas, el plan generó, entre 2015 y 2021, una facturación de más de 850 millones de euros, lo que dio lugar a una evasión fiscal y beneficios ilícitos de 220 millones de euros.
Los delitos investigados incluyen asociación delictuosa transfronteriza, fraude del IVA, falsificación de operaciones comerciales y blanqueo de capitales. El modelo operativo de la Fiscalía Europea como oficina única permite detectar redes criminales transfronterizas, pero también obtener pruebas mucho más rápido y de una manera mucho más completa que bajo las modalidades habituales de cooperación judicial.
Se presume que todas las personas involucradas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales italianos competentes.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.
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