Jurisprudencia Tributaria de la Suprema Corte Mexicana 2017: El concepto de necesaria vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso y la clasificación de las deducciones en estructurales y no estructurales en el IMPUESTO A LA RENTA

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Alan Emilio en Tacna. 2017

Tesis: 2a./J.25/2017 (10a) Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo del 2017, Tomo II. Décima Época.

Mediante Tesis publicada el viernes 10 de marzo del 2017 a las 10:13 horas (México) en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación OBLIGATORIA a partir del lunes 13 de marzo del 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, en México se establece la siguiente jurisprudencia:

RENTA. El concepto de necesaria vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso y la clasificación de las deducciones en estructurales y no estructurales, son aplicables para personas físicas y morales contribuyentes del impuesto.

Tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han señalado diferencias entre las erogaciones vinculadas con la producción u obtención del objeto del impuesto y las que no tienen tal relación.

Las primeras se han identificado como deducciones estructurales, las cuales deben reconocerse por el legislador a fin de respetar el principio de proporcionalidad en materia tributaria, dado que aminorar los ingresos brutos con los gastos en que se incurrió para generarlos permite identificar la RENTA NETA DE LOS CAUSANTES, que es la que debe constituir la base de la contribución de referfencia.

Las segundas, se han denominado “no estructurales” y, en principio, no deben considerarse como deducciones, pues no se vinculan con la UTILIDAD O RENTA NETA, ya que no influyeron en la obtención de los ingresos, por lo que NO PUEDE CONSIDERARSE QUE AFECTEN O INFLUYAN SOBRE LA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA GRAVADA y, en consecuencia, tampoco tienen un impacto sobre la capacidad contributiva de los causantes.

Tanto para personas físicas (en el Perú “personas jurídicas”) como personas morales (en el Perú “personas naturales”) el concepto de necesaria vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso y la clasificación de las deducciones en estructurales y no estructurales, son plenamente aplicables en el marco de la Ley del Impuesto a la Renta Mexicano.

Toda vez que el Perú el sistema tributario es equivalente, conviene reconstruir el análisis tributarios de las erogaciones o gastos en estrcuturales y “no estructurales”.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estados Unidos Mexicanos https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2013873&Semanario=0 

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable en PERUCONTABLE HOUSE

Jurisprudencia Tributaria Colombiana 2016: ¿Cómo se sustentan las deducciones relacionadas a cuentas incobrables?

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Alan Emilio en Trujillo, La Libertad. Marzo 2017

Mediante Sentencia, de fecha 04 de febrero del 2016, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Colombiano, máxima instancia en la materia, resuelve diversas controversias entre las cuales procedemos a resaltar la deducción para efectos del Impuesto a la Renta Colombiano del ejercicio gravable 2006, siendo el sistema tributario colombiano totalmente “equiparable” al sistema tributario peruano.

Así, la máxima instancia en la materia Contencioso Administrativa de la República Colombiana resalta:  Leer más de esta entrada

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable. Presencial (desde PERUCONTABLE HOUSE) y Virtual (A nivel nacional) Inicio 07 de junio del 2017

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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO Y CONTABLE

(8 sesiones, de 4 horas C/U, 32 horas académicas, 160 horas lectivas)

HORARIO: 6:00 a 10:00 PM.
» Inversión: S/. 700.00 + IGV
» Pronto pago: S/. 650.00 + IGV
Pre inscripción: https://goo.gl/SBhGmG
Web: http://www.aulacontable.edu.pe/derecho-tributario-contable/

– MODALIDAD PRESENCIAL en PERUCONTABLE HOUSE: Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María. Ref. A una cdra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba.

– MODALIDAD VIRTUAL: vía transmisión en vivo donde el alumno también puede realizar sus preguntas durante la ponencia.

El Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable se presenta con una orientación profesional teórica y práctica, el programa complementa los cursos generales en materia tributaria con cursos especializados para profundizar las áreas temáticas de mayor interés.

DIRIGIDO A:
Dirigido a profesionales de las áreas de Contabilidad, Economía, Administración, Derecho y otras carreras interesadas así como, profesionales de otras áreas de las empresas que se encuentren interesados en los temas.

OBJETIVOS:
*Comprender los aspectos vinculados al Sistema Tributario, Derecho Tributario y al conjunto de las obligaciones tributarias referidos al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Tributación Sectorial, entre otros y las Normas Internacionales de Contabilidad y su incidencia en la Tributación.
*Obtener un mejor conocimiento del Sistema y regulación tributaria actualizada en los ámbitos nacional, regional, local e internacional.
*Fomentar la interpretación de la legislación tributaria para una comprensión adecuada de las resoluciones administrativas, judiciales y constitucionales a nivel nacional e internacional.

METODOLOGÍA:
*Exposiciones de alto nivel complementadas con el intercambio de experiencias entre el expositor y los participantes.
*Análisis de casos prácticos sobre la base contenida de RTF
*Asesoría por la plana docente durante el desarrollo del Programa, Conferencias Magistrales.

TEMARIO:
UNIDAD UNO
MARCO CONSTITUCIONAL
Código Tributario y Leyes Principales vinculadas a la Tributación Principios Constitucionales, Prescripción, Responsabilidad Solidaria, Contenido de las Resoluciones de Determinación y Reclamaciones ante SUNAT

UNIDAD DOS
IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LAS NIIF
Marco Conceptual
Casuística vinculada a la aplicación de la normativa contable y su repercusión en los Estados Financieros.

UNIDAD TRES
IMPUESTO A LA RENTA Y LAS CONTROVERSIAS FISCALES EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Operaciones nacionales y con el extranjero
Cómo defender y sustentar tus operaciones

UNIDAD CUATRO
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS y EL SISTEMA DE DETRACCIONES
Sustento del crédito fiscal del IGV, reconocimiento de operaciones gravadas. Aplicación de la prorrata y casos especiales.

UNIDAD CINCO
TRIBUTACIÓN LABORAL
Contratos de Trabajo y la locación de servicios. Contrato CAS
Contingencias, participaciones, vacaciones, y casos especiales

UNIDAD SEIS
PREVENCIONES PARA EVITAR EL DELITO TRIBUTARIO Y CONTABLE, SUS CONTINGENCIAS Y PERJUICIOS A LA EMPRESA,
Fiscalización Electrónica, Delitos Tributarios, Lavado de Activos, Operaciones No Reales, El ciclo empresarial visto desde la perspectiva tributaria.

UNIDAD SIETE
ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS LIBROS Y COMPROBANTES ELECTRONICOS.
Libros y Registros Electrónicas y las contingencias que deben prevenirse. Repercusiones y sustento

UNIDAD OCHO
JURISPRUDENCIA – TRIBUNAL FISCAL, PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conozca diversos casos exitosos de los contribuyentes que defendieron adecuadamente su posición empresarial y también los casos en los cuales la falta de prevención contable generó reparos cuantiosos.

PONENTES:
Alan Emilio Matos Barzola.
Edmundo Vera Augurto.
Mónica Jacobo Guerrero.
Dionicio Canahua Huaman.
Richard Agapito Custodio
Hilton Mejia Aguilar.
Frady Curay Méndez

INVERSION:
MODALIDAD PRESENCIAL:
» Inversión: S/. 700.00 + IGV si desea factura.
» Pronto pago: S/. 650.00 + IGV
(Incluye Curso Virtual Ofimática Integral – Word, Excel, Power Point, Acces 2013 – con certificación.)

» Precio de dos cuotas: S/. 400.00 + 400.00 = S/ 800.00
(Incluye Curso Virtual Office Excel 2013 con certificación.)
—————
MODALIDAD VIRTUAL
» Inversión: S/. 550.00 + IGV si desea factura.
» Pronto pago: S/. 500.00 + IGV

» Precio de dos cuotas: S/. 325.00 + 325.00 = S/ 650.00
(Incluye Curso Virtual Office Excel 2013 con certificación.)

NOTA: Preguntar por los descuentos corporativos (+ de 3), ex-alumnos.

Para INSCRIBIRSE debe realizar el depósito a las cuentas mencionadas en http://www.aulacontable.edu.pe/inscripciones/ y enviar al correo cursos@perucontable.com el voucher y/o transferencia con sus datos completos, número de DNI y teléfono.

BENEFICIOS:
» Diploma a nombre de Instituto Peruano Contable Gubernamental y Corporación Perú Contable SAC
» Certificado de Ofimática integral o Excel según sea el caso.
» Material de trabajo (anillado) por cada sesión.
» Video grabado de cada sesión (32 horas)
» DVD con material digital; artículos, guías (en PPT y PDF), todas las normas legales mencionadas en PDF.
» Coffee Break
» Lapicero Institucional
» Regalo: Ebook de Contabilidad de MYPES de nuestra Tienda Contable.
» A los 10 primeros en asistir se les regalará el vídeo : “Cierre Contable y Financiero Bajo NIIF 2016” con la ponencia del CPC. Alex Cuzcano con una duración de 8 horas.

NOTA: Se va sortear entre todo los participantes:
1.- SISTEMA CONTABLE EN EXCEL ACCES – CONTAEXCEL 3.0. de nuestra Tienda Contable.
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2.- Curso Virtual de BENEFICIOS SOCIALES.
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LUGAR DE LAS CLASES:
*MODALIDAD PRESENCIAL.
Dirección: Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María – Lima. Ref. A una cuadra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba, frente al Parque Cáceres..

*MODALIDAD VIRTUAL:
Internet, vía transmisión en vivo donde el alumno también puede realizar sus preguntas durante la ponencia.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Fernanda Dávalos
Ejecutiva Comercial
Teléfono: 01-4189105
RPM: #943775659
RPC: 982700611
WHATSAP: 943775659
E-Mail: cursos@perucontable.com

Oficina Administrativa:
Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María – Lima. Ref. A una cdra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba – Frente al Parque Cáceres.

John Andrés Leyva
Coordinador Académico
RPM: *660696 – 944926863
RPC: 982700612

CUENTAS BANCARIAS:
– Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 00-371-131825 – Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.
Comisión bancaria : + S/ 6.50

– Cta de ahorros en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 04-784-407298 – Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : No

-Cta de ahorros del Banco ScotiaBank N° de cta 751-7368002- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : No

-Cuenta de ahorros Banco de Crédito (BCP) N° 375-32259455-0-64- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : Si + S/ 4.50

-Cuenta de ahorros Banco Interbank N° de Cta: 622-302017516-6 Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : Si + S/ 3.50

– Los pagos puede realizarlo en agentes, ventanilla, cajero, trasferencia vía internet, etc

Posteriormente enviar el Vocuher y/o datos de la transferencia al correo cursos@perucontable.com con su Nmbres completos, teléfono y DNI.

Página web: http://www.aulacontable.edu.pe/derecho-tributario-contable/

Jurisprudencia Tributaria 2016 de la Corte Suprema Chilena: Contribuyentes deben acompañar “SI” o “SI” elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa

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Alan Emilio en Tacna. 2017

Fallo : 21.372-2015.-
Siete de julio de dos mil dieciséis.
Segunda Sala

MATERIAS:

– RECLAMACIÓN TRIBUTARIA CONTRA LIQUIDACIONES POR CONCEPTO DE IVA Y REINTEGRO, RECHAZADA.-
– HECHO QUE GIRO DE RECLAMANTE DECLARADO ANTE EL SERVICIO SEA ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER, CONSTITUYE HECHO NO ASENTADO POR JUECES DE FONDO.-
– MERA CONSIGNACIÓN DEL GIRO ANTE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS NO SATISFACE EXTREMO QUE ARTÍCULO 23 N° 4 DEL DL 825 DEMANDA PARA TENER DERECHO A CRÉDITO FISCAL EN ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES, STATION WAGON Y SIMILARES, RELATIVO A QUE ACTIVIDAD HABITUAL DE CONTRIBUYENTE SEA LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE DICHOS BIENES.-
– NORMA QUE DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL EN ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES REQUIERE QUE SE EJERZA REALMENTE GIRO DECLARADO, CIRCUNSTANCIA QUE SENTENCIA IMPUGNADA NO HA TENIDO POR CIERTA Y QUE CORRESPONDÍA A CONTRIBUYENTE DEMOSTRAR.-
– RECURRENTE OMITE DENUNCIAR INFRACCIÓN A NORMAS REGULADORAS DE PRUEBA QUE PERMITAN ALTERAR CONCLUSIÓN ARRIBADA POR JUECES DE FONDO.-
– FALTA DE ACREDITACIÓN DE VERDADERO GIRO ALEGADO POR RECURRENTE IMPIDE CONSIDERAR QUE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS PASEN A FORMAR PARTE DEL ACTIVO FIJO DE CONTRIBUYENTE PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD.-
– RECLAMANTE INCUMPLE CON REQUISITO DE DEMOSTRAR QUE SU GIRO HABITUAL ES ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES, STATION WAGONS Y SIMILARES PARA PODER DEDUCIR DE RENTA BRUTA GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN A DICHOS VEHÍCULOS, DESCARTÁNDOSE INFRACCIÓN AL RECHAZARSE DEDUCCIÓN COMO GASTO DE CUOTA DE DEPRECIACIÓN ANUAL POR ESOS BIENES.-

RECURSOS:

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO TRIBUTARIO (RECHAZADO).-

TEXTOS LEGALES:

CÓDIGO TRIBUTARIO, ARTÍCULO 21.-
DECRETO LEY Nº 825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS, ARTÍCULOS 8 LETRA M) Y 23 N°S 1 Y 4.-
DECRETO LEY Nº 824, FIJA TEXTO QUE INDICA DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, ARTÍCULO 31 INCISO 1° Y N° 5.-

JURISPRUDENCIA:

“Que como se ha expuesto, el arbitrio en estudio se sustenta básicamente en el hecho de que uno de los giros de la reclamante es el de arriendo de autos y camionetas sin chofer, de lo que se derivaría que los vehículos adquiridos y cuestionados por el Servicio, pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante y, por ende, de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, ésta tiene derecho al crédito fiscal recargado en las facturas de compra, no obstante la falta de habitualidad en esa actividad de arriendo que sólo aparentemente demandaría el N° 4 del mismo artículo 23.

Pues bien, una atenta lectura del fallo atacado demuestra que éste no asienta que el giro de la reclamante, o uno de ellos, sea el de alquiler de autos y camionetas sin chofer, ni siquiera que sea el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, huelga señalar, la mera consignación de un giro ante ese organismo no satisface el extremo que el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 demanda para tener derecho a crédito fiscal en la adquisición de “automóviles, station wagons y similares”, esto es, que el giro o actividad habitual del contribuyente “sea” la venta o el arrendamiento de dichos bienes. Es decir, la norma, con claridad meridiana, demanda ejercer realmente el giro declarado, circunstancia que la sentencia no ha tenido por cierta y que correspondía a la contribuyente demostrar conforme al artículo 21 del Código Tributario, sin que, en ese orden, en el recurso se arguya que a tal conclusión se arribó por los jueces de la instancia con infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterarla en esta sede de casación.

Así entonces, al no tenerse por cierto un ejercicio verdadero del giro alegado en el recurso, no ha podido considerarse que los vehículos pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante con el objeto de desarrollar esa actividad y, por consiguiente, no ha errado el fallo en estudio en la aplicación del artículo 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825 al confirmar las liquidaciones reclamadas que rechazan el crédito fiscal por la adquisición de esos móviles.

El aserto anterior, hace innecesario ahondar en las otras infracciones alegadas a las demás normas del D.L. N° 825 y su reglamento, relativas a la “habitualidad” del alquiler de los vehículos cuya destinación al giro de la reclamante se objetó, sin perjuicio de compartir esta Corte lo razonado por la sentencia en examen en su motivo 8° sobre este asunto. Por lo dicho resulta igualmente innecesario el estudio de lo concerniente al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, al basarse este precepto en el mismo supuesto que aquí no se ha dado por concurrente, a saber, que los bienes corporales muebles vendidos formen parte del activo fijo de la empresa.

Finalmente, necesario corolario de lo que se ha venido discurriendo, al no demostrarse que el “giro habitual” de la reclamante es la “adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares”, requisito que el artículo 31, inciso 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta impone para poder deducir de la renta bruta los gastos incurridos en relación a ese tipo de vehículos, no cabe sino descartar la infracción por la sentencia del artículo 31 N° 5 del mismo texto por confirmar las liquidaciones en cuanto éstas rechazan la deducción como gasto de la cuota de depreciación anual por esos bienes.” (Corte Suprema, considerando 3º).

“Que, atendido lo que se ha venido razonando y por no haberse demostrado los errores de derecho denunciados con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.” (Corte Suprema, considerando 4º).

MINISTROS:

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Juan Eduardo Fuentes B., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Jaime Rodríguez E.

TEXTOS COMPLETOS: 

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:

      Concepción, uno de septiembre de dos mil quince.

      VISTO:

      Se reproduce la sentencia en alzada, excepto los considerandos Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Noveno, que se eliminan.

      Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

      A fojas 144 y siguientes el Juez Titular del Tribunal Tributario y Aduanero ha dictado sentencia definitiva en la presente causa sobre procedimiento General de reclamación, MAQUINARIAS LILLO LTDA. CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, RUC 14-9-000092-4, en la que no se acoge la reclamación, en cuanto a la trasgresión de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, según lo considerado en los motivos séptimo y siguientes. Así también en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario, según lo expresado en la reflexión novena. Del mismo modo, el supuesto incumplimiento de las normas de la Ley N° 18.320, según lo señalado en el motivo Décimo. Igualmente no se acoge en cuanto a lo relacionado con el incumplimiento al artículo 24 del Código Tributario, conforme lo consignado en los motivos primero y segundo de la presente sentencia. Tampoco se acoge la reclamación en lo relativo a que, el rechazo del crédito fiscal IVA carecía de fundamentación legal de acuerdo a lo que se dijo en el considerando Décimo Segundo.

      En el acápite II de lo resolutivo se decide que se acoge la reclamación interpuesta en contra de las liquidaciones signadas con los números del 61 al 68 de fecha 4 de febrero de 2014, efectuada por el Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional, en el sentido de “eliminar la deducción del rechazo del Crédito Fiscal IVA de los vehículos adquiridos y de su rechazo de la cuota de depreciación”, lo que se señala en los motivos décimo tercero y siguientes.

      Se decide que en consecuencia se dejan sin efecto las liquidaciones de los N°s 61 al 68.

      Finalmente y respecto a las costas, no se da lugar a ellas por cuanto tuvo razones o motivos plausibles para litigar.

      A fojas 159, la parte del Servicio de Impuestos Internos deduce recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva del Titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, escrita a fojas 144, con el objeto que la Corte de Apelaciones de Concepción conozca del recurso, lo declare admisible, revoque la sentencia recurrida, todo ello con expresa condenación en costas, resolviendo que no se hace lugar a ella y se deseche el reclamo interpuesto en esta causa.

      Explica que el SII practicó las liquidaciones N°s. 61 a 68, todas de fecha 04.02.2014, por los siguientes conceptos:

      Diferencia de impuesto al valor agregado debido a la utilización de crédito fiscal, respaldado con facturas que dan cuenta de la adquisición de vehículos, que, por expresa disposición de la ley, no daría derecho a crédito fiscal y que no está destinada a su giro habitual y,

      Diferencia de impuesto a la renta por deducción como gasto de la cuota anual de depreciación de dichos bienes, en circunstancias que no cumplen los requisitos para ello.

      Se tratará de seis móviles adquiridos con las facturas 35616 de 22 de enero de 2011; 2290145, de fecha 14 de agosto de 2011; 6417, de 31 de octubre de 2011; 6852 de enero de 212; 5853 de 31 de noviembre de 2012; 3585 de junio de 2012. La primera corresponde a la compra de una cuadrimoto marca polaris; la segunda a un Station Wagon 2012 Modelo New H1; la tercera y cuarta factura corresponden a compras de una cuadrimoto y un cuadriciclo. Al igual que la quinta que da cuenta de la adquisición de un cuadriciclo Comander año 2012¸ y finalmente la última da cuenta de la compra de un vehículo marca Jeep Land Rover Evoque de 2012.

      Agrega, la apelante que en el juicio sostuvo que las liquidaciones cumplían todas las exigencias legales y que el artículo 41 de la Ley N° 19.880 no es aplicable al presente caso; que también expresó que no se han vulnerado los artículos 21 y 24 del Código Tributario y que, por expresa disposición de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, artículo 23 N° 4, no procedía en este caso el crédito fiscal por la adquisición de cuadrimotos y Station Wagon, pues estas especies no fueron destinadas al giro habitual del contribuyente y la ley los prohíbe expresamente. Señala que tampoco constituyen un gasto necesario para producir la renta en los términos que exige el artículo 31, inciso 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, dice que el reclamo se ha acogido por dos razones que el Sr. Juez ha tenido en cuenta, primero: El contribuyente estaba habilitado para incorporar los vehículos a su activo fijo ya que había declarado el giro “Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer” y en la venta de dichos vehículos recargó el impuesto al valor agregado, emitiendo la correspondiente factura afecta. Segunda razón abordada por el Sr. Juez fallador: Los gastos por depreciación cumplen con los requisitos para ser deducidos como gasto necesario para producir renta, por ser bienes del activo fijo o inmovilizado, según su propia naturaleza.

      Más adelante la recurrente intenta desvirtuar los fundamentos de la sentencia respecto de los dos puntos señalados expresando que el artículo 24 N° 4 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios establece expresamente que no darán derecho a crédito fiscal las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagon o similares y de los accesorios, repuestos y lubricantes de éstos que gocen de cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso 1° del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta.

      Expresa también que el sentenciador ha privilegiado el ánimo que tuvo el adquirente para comprar determinados bienes según lo expresa en la reflexión décimo sexta, no obstante que el legislador ha exigido como requisito la habitualidad, que es calificada por el propio servicio conforme a los elementos de naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas, elementos que le sirven para calificar el “ánimo” que guió al contribuyente a adquirir los bienes muebles, sea para el uso o consumo o para la reventa, lo que se consigna en el artículo 4 del DS 55. Afirma, que para los efectos de la procedencia del crédito fiscal IVA, este ánimo se orienta a un fin distinto, el que será, que los bienes que se adquieren estén destinados a formar parte de su activo fijo o realizable, exigiendo, además, el legislador que se trate del “giro habitual” del contribuyente sea venta o arrendamiento de los bienes señalados, esto es, los móviles. El apelante invoca los artículos 41 del Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en cuanto se entendería que se trata de bienes que siendo incorporados a la empresa no son parte del giro de ésta. Asimismo, expresa que la Circular del Servicio N° 130, que establece que los contribuyentes afectos a IVA no tendrán derecho a crédito fiscal por la adquisición de vehículos aún cuando formen parte de activo fijo, por estimar que la naturaleza de dichas operaciones no guardan relación directa con el giro o actividad habitual por tener fines diferentes o ajenos a la actividad o industria respectiva. Por otra parte, de acuerdo a lo prevenido en DL. 825, el pago hecho por el contribuyente por arriendo de vehículos, no origina crédito fiscal desde que el N° 4 de la aludido norma rechazaría esta posibilidad al disponer que sólo genera crédito fiscal cuando se halla comprendido dentro del giro o actividad del contribuyente. Por lo que concluye que el solo ánimo no es suficiente para que dicho crédito opere.

      También sostiene la parte del Servicio que la sentencia adolece de errada valoración de la prueba, fundándose en que el Tribunal no fijó como hecho a probar si procedía o no gravar la venta de vehículos en el periodo posterior al que fue época de fiscalización, ello por encontrarse prohibido por la ley conforme ya se expresó y, porque además, no forman parte del giro habitual, Dice que el giro de venta de automóviles tiene código 501020, la venta de motocicletas código 504010; arrendamiento sin chofer tiene código 11102.

      Agrega que el contribuyente no tiene declarada actividad de venta de estas especies por lo que no sería posible estimar que queden comprendidos en la actividad o giro que el contribuyente ha declarado.

      Tampoco tiene giro habitual de venta o arriendo de vehículos, asunto que al sentenciador le mereció importante acreditar, lo que emana de la circunstancia de haber dictado una medida para mejor resolver en esa dirección. Sin embargo, como aparece del expediente, el reclamante no cumplió pues, no acompañó su libro de compras y ventas, lo que demuestra que no acreditó haber realizado la actividad que señala, esto es, arrendamiento de vehículos sin chofer. Todo lo anterior lo lleva a concluir que no es creíble que cinco vehículos distintos hubieran estado destinado a supervisar las faenas que desarrollaba la empresa, y para que se produzca el crédito fiscal, es necesario que los vehículos hayan sido parte del activo fijo de la empresa.

      A fojas 166, deduce recurso de apelación el contribuyente quien también tiene la calidad de parte reclamante ganadora en este litigio, y lo hace para que la Corte de Apelaciones modifique la sentencia definitiva de autos en la parte que no ha dado lugar a las costas, señalando que el Servicio de Impuestos Internos ha procedido a desconocer su derecho al crédito fiscal por la depreciación habiéndose cumplido con los requisitos del artículo 31 N° 5 del D.L. 824, por lo que no procedería eximirlo de las costas, especialmente porque la entidad fiscalizadora estaba en posesión de todos los antecedentes, de tal modo que no aparece que hubo motivo plausible para litigar.

      Y CONSIDERANDO:

      PRIMERO: Que, en el exordio la reclamante endereza su acción en contra de las liquidaciones de impuesto signadas con los números del 61 al 68, de fecha dos de febrero de dos mil catorce, efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, a fin que el Tribunal Tributario y Aduanero anule dichas liquidaciones y confirme las declaraciones presentadas por la reclamante y contribuyente Maquinarias Lillo Ltda., respecto de los Impuestos de Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta. La sentencia definitiva del Tribunal Aduanero y Tributario, acogió la reclamación en contra de las liquidaciones aludidas en el sentido de eliminar la deducción del reclamo del crédito del rechazo del Crédito Fiscal IVA de los vehículos adquiridos y de su rechazo de la cuota de depreciación.

      SEGUNDO: Que, los fundamentos del Tribunal Tributario y Aduanero dicen relación con el cuestionamiento que el Servicio de Impuestos Internos hace en contra las liquidaciones que rechazan el crédito fiscal IVA, respecto de las especies adquiridas, consistentes en vehículos diversos y cuyas facturas de compra rolan a fs. 58, 59, 60, 61 y 65, faltando la correspondiente a un Jeep Land Rover, que corresponde a la factura 3585 de doce de junio de dos mil doce. En total se trata de seis móviles adquiridos con las facturas 35616 de 22 de enero de 2011; 2290145, de fecha 14 de agosto de 2011; 6417, de 31 de octubre de 2011; 6852 de enero de 212; 5853 de 31 de noviembre de 2012; y 3585 de junio de 2012.

      La primera corresponde a la compra de una cuadrimoto marca Polaris; la segunda a un Station Wagon 2012 Modelo New H1; la tercera y cuarta factura corresponden a compras de una cuadrimoto y un cuadriciclo. Al igual que la quinta que da cuenta de la adquisición de un cuadriciclo Comander año 2012¸y finalmente la última da cuenta de la compra de un vehículo marca Jeep Land Rover Evoque de 2012.

      TERCERO: Que, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado durante el procedimiento de reclamo que mediante notificación efectuada el catorce de febrero de dos mil trece, que aportara la documentación de los periodos tributarios mensuales correspondientes de febrero de dos mil diez a enero de dos mil trece y de los años tributarios 2011 y 2012, a fin de proceder a realizar una correcta determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta, sin que el contribuyente diera cumplimiento a este requerimiento, debido a lo que pierde los beneficios de la Ley N° 18.320. Sostiene la parte del Servicio de Impuestos Internos que hubo un segundo requerimiento con fecha cinco de abril de dos mil trece, con igual suerte, aportando en definitiva el contribuyente, sólo una parte de la documentación requerida. En efecto, solo habría contestado la citación N° 83, afirma la entidad fiscalizadora confirmando lo que ya había declarado e impugnando dicha citación, expresando al mismo tiempo que los vehículos en cuestión fueron adquiridos para ser usados en el giro empresarial.

      CUARTO: Que, el Servicio ha rechazado el crédito fiscal y el gasto por la cuota de depreciación sosteniendo en general, que por las características y modelos de lo vehículos, no puede deducirse que estos hayan sido utilizados en el giro de la empresa de movimiento de tierras, desde, que se trata de vehículos destinados a la recreación como lo son las cuadrimotos y los cuadriciclos, y en el caso del jeep, se trataría de un vehículo de lujo. En consecuencia, no son idóneos para sostener que ellos constituyen un gasto para la empresa y en consecuencia no producen crédito fiscal, lo que sólo ocurriría en caso que el giro del contribuyente fuere venta o arrendamiento de automóviles”, hipótesis que no concurriría en la especie.

      QUINTO: Que, el Servicio de Impuestos Internos ha enfatizado que el contribuyente no tiene declarado giro de ventas de automóviles; ventas de motocicletas ni alquiler de otros equipos de transporte que operen por vías terrestre, ni que el giro habitual de la empresa sea venta o arriendo de vehículos. Por otra parte, sostiene también que el contribuyente nunca desarrolló el giro “Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer”, por lo que no es posible, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, considerar estas adquisiciones como gastos necesarios para producir la renta y otorgar Crédito Fiscal IVA por los vehículos adquiridos y por la cuota de depreciación.

      SEXTO: Que, para dilucidar este intríngulis jurídico los sentenciadores deben tener presente que el Código Tributario dispone normas de derecho estricto en el procedimiento relativo a la liquidación de los impuestos, desde que estas materias se encuentran bajo el prisma absoluto de la legalidad. En este sentido, la norma tributaria dispone en su artículo 21, que: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto”. En el caso de autos, se ha requerido por la entidad fiscalizadora al contribuyente a fin que presente los medios probatorios, especialmente documentales a fin de justificar que la adquisición de vehículos de recreación y de lujo eran indispensables para producir gastos en relación al giro de la empresa, que debemos recordar se refería al movimiento de tierra. La disposición obligaba al contribuyente a establecer la certeza que los vehículos efectivamente eran necesarios para realizar las actividades que el contribuyente señala, desde que, tratándose de vehículos de recreación y uno de lujo, no resultaba del todo creíble la forma y modo que eran utilizados por la empresa del contribuyente. No obstante dichos requerimientos, el reclamante y contribuyente omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 21 del Código Tributario, lo que lleva a concluir desde ya, que erró el a quo al resolver como lo hizo, pues, ni en la parte administrativa y tampoco en la judicial, el reclamante acompañó elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa en los actos de fiscalización, control y vigilancia de las faenas que la empresa realizaba.

      SÉPTIMO: Que, a su vez, la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, expresa en lo relativo al Crédito Fiscal, en su artículo 23: “Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes: 1°.- Dicho crédito será equivalente al impuesto de este Título recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo período. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente dará derecho a crédito el impuesto de este Título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o promesa de venta de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°.” Es decir, para que el contribuyente acceda al Crédito Fiscal es necesario que las operaciones, en el caso de autos sobre los vehículos singularizados, formen parte del Activo Realizable o Activo Fijo, por lo que no se entiende y el contribuyente no lo acreditó, que una empresa cuyo giro es de movimiento de tierras, pudiera tener como Activo Realizable o Activo Fijo, un jeep modelo Evoque, de lujo y una variedad de vehículos menores propios de las actividades recreativas, razones que también conducen a los sentenciadores a estimar que en la apreciación de los hechos el Tribunal Tributario y Aduanero, ha incurrido en un error, al darle a dichos móviles destinos que no corresponden a la naturaleza del giro de la empresa que los adquiere, destino que tampoco fue acreditado en lo administrativo ni en el presente estadio procesal.

      OCTAVO: Que, en este mismo orden de ideas los sentenciadores deben tener presente que la ley sobre Impuesto al Valor Agregado en su artículo 4°, expresa: “No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o el arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”. Claramente, se observa la regla general sobre la materia y la excepción a ella, que se precisa en la situación que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. Ahora bien, para acreditar la habitualidad el legislador tributario lo describe en el Decreto Supremo 55, reglamentario de la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado IVA, en su artículo 4, cuando expresa que para calificar la habitualidad, el Servicio considerará la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas de los bienes corporales muebles de que se trate, y con estos antecedentes determinará si el ánimo que guió al contribuyente fue adquirirlos para su uso, consumo o para la reventa. Debiendo concluir, esta Corte, que el contribuyente no estableció ninguno de los elementos de la habitualidad. En el caso de auto se observa una franciscana orfandad de probanzas al respecto.

      NOVENO: Que, esta Corte, conforme a lo expresado disiente de la afirmación del a quo en el sentido que el ánimo del contribuyente fue arrendar los vehículos y no revenderlos, circunstancia que le permite utilizar el crédito fiscal IVA, producido por las adquisiciones de Activo Fijo, conforme lo dispone el artículo 40 del D.S. N° 55, reglamentario de la Ley de Impuesto Agregado, IVA, pues, dicha hipótesis se opone a lo señalado en el artículo 23 de la ley de Impuesto al Valor Agregado sobre Bienes y Servicios, que señala textualmente en su numeral 4): “No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisición de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

      Por otra parte, como también se expresó precedentemente, el contribuyente, no acreditó la circunstancia de excepción señalada en esta misma disposición, es decir, “salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes”.

      DÉCIMO: Que, así las cosas, este Tribunal de Alzada no ha adquirido el convencimiento conforme a lo obrado en el presente juicio y a lo oído en estrados, que el contribuyente Maquinaria Lillo Ltda., se encuentre en la situación a que se refiere el artículo 23 del Decreto Ley 825, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, por lo que deberá decidir en armonía a lo así concluido.

      Por estas consideraciones y visto además, lo prevenido en el Decreto Ley 825, el Decreto Supremo Reglamentario del anterior N° 55, artículos 21, 123 y 139 del Código Tributario y artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

      I.- SE REVOCA la sentencia de autos, en cuanto acogió la reclamación en contra de las liquidaciones N°s 61 a 68 de 04 de febrero de 2014 que rola a fojas 10 y en su lugar se decide que ella queda rechazada, en consecuencia, se rechaza la Reclamación contra la liquidación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos N°s 61 a 68, de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, que rola a fojas 10 de la presente causa.

      II.- No se hace lugar a condenar a la perdedora en costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

      Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Manuel Muñoz Astudillo, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada, en virtud de los siguientes motivos:

      1.- Que, es un asunto pacífico de la causa la circunstancia que las facturas liquidadas por el Servicio de Impuestos internos dan cuenta de la utilización del Impuesto al valor de Bienes y Servicios, conforme a lo preceptuado en los artículos 23 y siguientes del Decreto Ley 825.

      2.- Que, es un hecho de la causa que el contribuyente tiene declarado giro relacionado con la Compra y Venta, arriendo de Maquinarias Industriales y Movimiento de Tierra, y además, Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer.

      3.- Que, la circunstancia anteriormente anotada permite, en su amplitud, considerar que el contribuyente reclamante ha incurrido en gastos propios para producir la renta en relación a sus actividades declaradas conforme a los numerales 4 y 5 del artículo 31, del Decreto Ley 824, ello en relación a lo prevenido por el artículo 23 de la ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, IVA.

      4.- Que, a juicio de este disidente, resulta establecida la adquisición de los vehículos señalados en las facturas materia de la liquidación y el propósito de ingresarlos al patrimonio corporativo, no para venderlos sino para los efectos de los giros declarados actividades que fueron puestas oportunamente en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos como requisitos de las actividades iniciadas.

      Regístrese y Devuélvase.

      Redacción del voto de mayoría y de la disidencia del ministro Sr. Manuel Muñoz Astudillo.

      Rol N° 52-2015.-

      PRONUNCIADA POR LA SEXTA SALA integrada por los Ministros Sr. Camilo Álvarez Órdenes, Sr. Manuel Muñoz Astudillo y fiscal judicial Sr. Hernán Rodríguez Cuevas.

     SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Santiago, siete de julio de dos mil dieciséis.

      Vistos:

      En estos autos Rol N° 21.372-15 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío, por resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince acogió el reclamo interpuesto por MAQUINARIAS LILLO LTDA., contra las Liquidaciones N°s. 61 a 68 de 4 de febrero de 2014, por concepto de IVA de distintos períodos de los años 2011 y 2012 y Reintegro del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año tributario 2013.

      Apelada esta sentencia, fue revocada por una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción por fallo de uno de septiembre de dos mil quince y, en su lugar, se decide que se rechaza la reclamación contra las Liquidaciones N°s. 61 a 68.

      Contra este último pronunciamiento, la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación a fs. 216.

      Y considerando:

      Primero: Que en el recurso de casación se denuncia la infracción de los artículos 2 N° 2, 8 letra m), y 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825, 4, 39 y 40 del D.S. N° 55, y 31 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

      Expresa, en primer término, que, dado que el giro de la reclamante es el arriendo de vehículos, los que aquélla adquirió están destinados a formar parte de su activo fijo y, por tanto, dan derecho a crédito fiscal.

      Además, “en el peor de los escenarios posibles”, la reclamante vendió esos vehículos, los que son bienes de su activo fijo que habían dado derecho a crédito fiscal, sin que la venta efectuada y gravada de conformidad al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, fuera cuestionada por el Servicio de Impuestos Internos, lo que es contradictorio con las observaciones a su compra.

      Refiere también que la “habitualidad” no forma parte del hecho gravado “servicio” que presta la reclamante, sino sólo del de “venta”.

      Por otra parte, señala que, si bien el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 exceptúa del derecho a crédito fiscal la adquisición de vehículos como los de estos autos, tiene como contra excepción que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. De ese modo, interpretando aquella norma en relación a los artículos 4 y 40 del D.S. N° 55, se colige que la ley no exige habitualidad para tener derecho a crédito fiscal, sino sólo se buscó reafirmar la regla general en materia de crédito fiscal.

      Finalmente, sostiene la infracción del artículo 31 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, porque al destinarse los vehículos al activo fijo de la reclamante, ésta puede rebajar como gasto necesario una cuota de depreciación anual.

      Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se invalide éste y que en el de reemplazo se confirme el fallo de primer grado.

      Segundo: Que la sentencia de segundo grado impugnada, establece en su motivo 6° que el reclamante y contribuyente omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 21 del Código Tributario, pues, ni en la etapa administrativa ni en la judicial, acompañó elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa en los actos de fiscalización, control y vigilancia de las faenas que la empresa realizaba.

      En el motivo 7° añade que conforme al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, para que el contribuyente acceda al crédito fiscal es necesario que las operaciones, en el caso de autos sobre los vehículos singularizados, formen parte del activo realizable o activo fijo, por lo que no se entiende y el contribuyente no lo acreditó, que una empresa cuyo giro es de movimiento de tierras, pudiera tener como activo realizable o fijo, un jeep modelo Evoque, de lujo y una variedad de vehículos menores propios de las actividades recreativas. Precisa el fallo que por esas razones el tribunal de primer grado ha incurrido en un error en la apreciación de los hechos, al darle a dichos móviles destinos que no corresponden a la naturaleza del giro de la empresa que los adquiere, destino que tampoco fue acreditado ni en lo administrativo ni ante el órgano jurisdiccional.

      En relación a la habitualidad que demanda el D.L. N° 825 para admitir el crédito fiscal de la compra de los vehículos en cuestión, expresa la sentencia en su basamento 8° que el contribuyente no estableció ninguno de los elementos de la habitualidad que el artículo 4 del D.S. N° 55 expresa para calificar la habitualidad, concluyendo que “En el caso de auto se observa una franciscana orfandad de probanzas al respecto”.

      Por otra parte, el motivo 9° del fallo refiere que se disiente de la afirmación del a quo en el sentido que el ánimo del contribuyente fue arrendar los vehículos y no revenderlos, circunstancia que le permite utilizar el crédito fiscal IVA producido por las adquisiciones de activo fijo, conforme lo dispone el artículo 40 del D.S. N° 55, pues dicha hipótesis se opone a lo señalado en el artículo 23 N° 4 D.L. N° 825. Además, el contribuyente no acreditó la circunstancia de excepción señalada en esta misma disposición, es decir, “salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes”.

      De esa manera, se concluye en el considerando 10° que no se ha adquirido el convencimiento que la contribuyente se encuentre en la situación a que se refiere el artículo 23 del D.L. N° 825.

      Tercero: Que como se ha expuesto, el arbitrio en estudio se sustenta básicamente en el hecho de que uno de los giros de la reclamante es el de arriendo de autos y camionetas sin chofer, de lo que se derivaría que los vehículos adquiridos y cuestionados por el Servicio, pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante y, por ende, de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, ésta tiene derecho al crédito fiscal recargado en las facturas de compra, no obstante la falta de habitualidad en esa actividad de arriendo que sólo aparentemente demandaría el N° 4 del mismo artículo 23.

      Pues bien, una atenta lectura del fallo atacado demuestra que éste no asienta que el giro de la reclamante, o uno de ellos, sea el de alquiler de autos y camionetas sin chofer, ni siquiera que sea el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, huelga señalar, la mera consignación de un giro ante ese organismo no satisface el extremo que el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 demanda para tener derecho a crédito fiscal en la adquisición de “automóviles, station wagons y similares”, esto es, que el giro o actividad habitual del contribuyente “sea” la venta o el arrendamiento de dichos bienes. Es decir, la norma, con claridad meridiana, demanda ejercer realmente el giro declarado, circunstancia que la sentencia no ha tenido por cierta y que correspondía a la contribuyente demostrar conforme al artículo 21 del Código Tributario, sin que, en ese orden, en el recurso se arguya que a tal conclusión se arribó por los jueces de la instancia con infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterarla en esta sede de casación.

      Así entonces, al no tenerse por cierto un ejercicio verdadero del giro alegado en el recurso, no ha podido considerarse que los vehículos pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante con el objeto de desarrollar esa actividad y, por consiguiente, no ha errado el fallo en estudio en la aplicación del artículo 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825 al confirmar las liquidaciones reclamadas que rechazan el crédito fiscal por la adquisición de esos móviles.

      El aserto anterior, hace innecesario ahondar en las otras infracciones alegadas a las demás normas del D.L. N° 825 y su reglamento, relativas a la “habitualidad” del alquiler de los vehículos cuya destinación al giro de la reclamante se objetó, sin perjuicio de compartir esta Corte lo razonado por la sentencia en examen en su motivo 8° sobre este asunto. Por lo dicho resulta igualmente innecesario el estudio de lo concerniente al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, al basarse este precepto en el mismo supuesto que aquí no se ha dado por concurrente, a saber, que los bienes corporales muebles vendidos formen parte del activo fijo de la empresa.

      Finalmente, necesario corolario de lo que se ha venido discurriendo, al no demostrarse que el “giro habitual” de la reclamante es la “adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares”, requisito que el artículo 31, inciso 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta impone para poder deducir de la renta bruta los gastos incurridos en relación a ese tipo de vehículos, no cabe sino descartar la infracción por la sentencia del artículo 31 N° 5 del mismo texto por confirmar las liquidaciones en cuanto éstas rechazan la deducción como gasto de la cuota de depreciación anual por esos bienes.

      Cuarto: Que, atendido lo que se ha venido razonando y por no haberse demostrado los errores de derecho denunciados con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.

      En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 145 del Código Tributario, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 192, en representación de la contribuyente MAQUINARIAS LILLO LTDA., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el uno de septiembre de dos mil quince, escrita a fojas 156 y ss.

      Acordada contra el voto del abogado integrante señor Rodríguez, únicamente en cuanto se condena en costas a la recurrente, toda vez que, a pesar de no compartir los argumentos del recurso, en todo caso, no advierte ningún exceso en el ejercicio de su derecho de petición que le garantiza el artículo 19, N° 14°, de la Constitución Política de la República, que amerite imponerle esta carga.

      Regístrese y devuélvase con sus agregados en su caso.

      Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas y de la disidencia, su autor.

      Rol N° 21.372-2015.-

      Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Juan Eduardo Fuentes B., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Jaime Rodríguez E


Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

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Alan Emilio en Tacna. Marzo 2017

ACÓRDÃO
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RELATÓRIO
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O DIGNO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA deduziu recurso dirigido a este Tribunal visando sentença proferida pelo Mmº. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada a fls.352 a 382 do presente processo, através da qual julgou parcialmente procedente a impugnação intentada pela sociedade recorrida, “H………….. – Produções, S.A.”, tendo por objecto liquidações de I.R.C. e juros compensatórios, relativas ao ano de 2000 e no montante total de € 26.575,39.
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O recorrente termina as alegações (cfr.fls.397 a 405 dos autos) do recurso formulando as seguintes Conclusões:

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1-O presente recurso limita-se à parte relativa às despesas contabilizadas pela impugnante como viagens e estadias e às despesas relativas ao fornecimento de refeições pela “S……… – …………………, S.A.” à impugnante, parte essa declarada procedente pela sentença judicial em causa e com a qual a Administração Fiscal não se conforma;
2-Tais despesas não foram aceites pela Administração Fiscal, como custos do exercício de 2000 e contabilizadas pela impugnante como viagens e estadias, uma vez que foram consideradas alheias à sua actividade, no montante de € 57.627,85, bem como as despesas relativas ao fornecimento de refeições, encargos que configuram despesas de representação, sujeitas a tributação autónoma, contabilizadas pela impugnante como estadias e refeições, sendo o valor do imposto em falta de € 1.931,15;
3-Para efeitos fiscais, a aceitação dos custos de período é condicionada pelo princípio da indispensabilidade dos custos, ou seja, essas despesas têm de estar relacionadas directamente com o processo produtivo;
4-Nestes termos, não se encontrando “ab initio” os requisitos documentais cabalmente observados, i.e., perante insuficiências patentes na documentação de suporte dos lançamentos contabilisticamente e fiscalmente consequentes, como no caso dos autos, cessa a presunção de veracidade das declarações do contribuinte, recaindo sobre este, ora impugnante, o ónus da demonstração dos custos subjacentes”;
5-Ou seja, a dedutibilidade do custo depende da respectiva comprovação, pelo que, se o documento externo se revelar insuficiente, como é no caso presente, deve ser feita a prova da ocorrência do custo por qualquer meio de prova, nomeadamente a prova testemunhal;
6-Os testemunhos produzidos em sede de inquirição não constituíram prova de qualquer nexo de ligação de tais custos com os espectáculos e shows televisivos produzidos pela impugnante, enquanto fonte de proveitos daquela, mas tão-somente “pareceres” baseados na experiência profissional;
7-Assim, tendo em conta a prova documental e testemunhal produzida nos autos, os encargos, em apreço, constituem um custo não dedutível para efeitos de IRC, uma vez que não ficou provada a sua não indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora da impugnante, motivo pelo qual tais custos, enquanto despesas de representação, deverão ser sujeitos a tributação autónoma;
8-Pelo que a douta sentença proferida pelo Mm°. Juiz “a quo” fez, a nosso ver, uma incorrecta interpretação de facto e de direito das normas legais e da “ratio legis” que a fundamentam, mormente os art.°s 23° e 81.°, n.° 7, ambos do CIRC, incorrendo assim em erro de julgamento, devendo, por esse motivo, ser revogada, na parte em que procedeu, com as legais consequências;
9-Termos em que, com o sempre mui douto suprimento de V. Exas., deverá o presente recurso ser julgado procedente anulando-se a douta decisão na parte em apreço, com as legais consequências, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA.

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Não foram produzidas contra-alegações.
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O Digno Magistrado do M. P. junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de se conceder provimento ao presente recurso (cfr.fls.416 a 420 dos autos).
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Corridos os vistos legais (cfr.fls.423 do processo), vêm os autos à conferência para decisão.
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FUNDAMENTAÇÃO
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DE FACTO
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Não tendo havido impugnação da matéria de facto nas conclusões do recurso deduzido, igualmente não se vislumbrando a necessidade de alteração da factualidade constante do probatório, o Tribunal remete para a decisão recorrida, a qual julgou provada a matéria de facto inserta a fls.362 a 373 do presente processo e se dá aqui por integralmente reproduzida (cfr.artº.663, nº.6, do C.P.Civil, “ex vi” do artº.2, al.e), do C.P.P.T.).

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ENQUADRAMENTO JURÍDICO
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Em sede de aplicação do direito, a sentença recorrida decidiu, em síntese, julgar parcialmente procedente a impugnação pela sociedade recorrida intentada, anulando parcialmente a liquidação de I.R.C. do ano 2000 e correspondentes juros compensatórios:
1-Na parte (€ 44.719,52) em que sujeita a tributação autónoma os custos relativos a gastos com serviços de refeições prestados à impugnante pela “S………. – ………………., S.A.”;
2-No trecho (€ 57.627,85) correspondente a correcções relativas a despesas com viagens e estadias do sócio Herman José, custos estes considerados alheios à actividade empresarial e cujo beneficiário foi o identificado sócio.
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Desde logo, se dirá que as conclusões das alegações do recurso definem, como é sabido, o respectivo objecto e consequente área de intervenção do Tribunal “ad quem”, ressalvando-se as questões que, sendo de conhecimento oficioso, encontrem nos autos os elementos necessários à sua integração (cfr.artº.639, do C.P.Civil, na redacção da Lei 41/2013, de 26/6; artº.282, do C.P.P.Tributário).
O recorrente discorda do decidido sustentando, em síntese e como supra se menciona, que as despesas em causa não foram aceites pela Administração Fiscal, como custos do exercício de 2000 e contabilizadas pela impugnante como viagens e estadias, uma vez que foram consideradas alheias à sua actividade, no montante de € 57.627,85, bem como as despesas relativas ao fornecimento de refeições, encargos que configuram despesas de representação, sujeitas a tributação autónoma, contabilizadas pela impugnante como estadias e refeições, sendo o valor do imposto em falta de € 1.931,15. Que a aceitação dos custos em causa é condicionada pelo princípio da indispensabilidade dos custos, ou seja, essas despesas têm de estar relacionadas directamente com o processo produtivo. Que tendo em conta a prova documental e testemunhal produzida nos autos, os encargos em apreço constituem um custo não dedutível para efeitos de I.R.C., uma vez que não ficou provada a sua não indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora da impugnante. Que a decisão recorrida efectuou uma incorrecta interpretação das normas legais e da “ratio legis” que a fundamentam, mormente os artºs.23 e 81, nº.7, ambos do C.I.R.C. (cfr.conclusões 1 a 8 do recurso), com base em tal alegação pretendendo consubstanciar erro de julgamento de direito da decisão recorrida.
Examinemos se a decisão objecto do presente recurso padece de tal pecha.
A base de incidência do I.R.C. encontra-se consagrada no artº.3, do C.I.R.C., sendo, nos termos do seu nº.2, definido o lucro tributável como o resultante da “diferença entre os valores do património líquido no fim e no início do período de tributação, com as correcções estabelecidas neste Código”.
Por outro lado, é no artº.17 e seg. do mesmo diploma que se consagram as regras gerais de determinação do lucro tributável, especificando-se no artº.23 quais os custos que, como tal, devem ser considerados pela lei.
Para o conceito fiscal de custo vale a definição constante do aludido artº.23, do C.I.R.C., a qual, depois de nos transmitir, de uma forma ampla, a noção de custos ou perdas como englobando todas as despesas efectuadas pela empresa que, comprovadamente, sejam indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtiva, procede a uma enumeração meramente exemplificativa de várias despesas deste tipo. Estamos perante um conceito de custo que se pode considerar comum ao balanço fiscal e ao balanço comercial. A definição fiscal de custo, como conceito mais amplo do que sejam os custos de produção e de aquisição, parte de uma perspectiva ampla de actividade e de necessidade da empresa, assim estabelecendo uma conexão objectiva entre a actividade desta e as despesas que, inevitavelmente, daqui decorrerão. E fá-lo com uma finalidade claramente fiscal, a qual consiste em distinguir entre custos que podem ser aceites para fins fiscais e que, por isso, vão influenciar o cálculo do lucro tributável e os que não podem ser aceites para tal efeito (cfr. ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 7/2/2012, proc.4690/11; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 16/4/2013, proc.5721/12; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 29/5/2014, proc.7524/14; J. L. Saldanha Sanches, A Quantificação da Obrigação Tributária, Lex Lisboa 2000, 2ª. Edição, pág.237 e seg.; António Moura Portugal, A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, 2004, pág.101 e seg.).
Os custos ou perdas da empresa constituem, portanto, os elementos negativos da conta de resultados, os quais são dedutíveis do ponto de vista fiscal quando, estando devidamente comprovados, forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtiva da empresa em causa. A ausência de qualquer destes requisitos implica a não consideração dos referidos elementos como custos, assim devendo os respectivos montantes ser adicionados ao resultado contabilístico (cfr. ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 7/2/2012, proc.4690/11; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 16/4/2013, proc. 5721/12; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 29/5/2014, proc.7524/14; F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, anotado e comentado, Rei dos Livros, 5ª.edição, 1996, pag.206 e seg.).
O requisito da indispensabilidade de um custo tem sido jurisprudencialmente interpretado como um conceito indeterminado de necessário preenchimento casuístico, em resultado de uma análise de perspectiva económica-empresarial, na percepção de uma relação de causalidade económica entre a assunção de um encargo e a sua realização no interesse da empresa, atento o objecto societário do ente comercial em causa, sendo vedadas à A. Fiscal actuações que coloquem em crise o princípio da liberdade de gestão e de autonomia da vontade do sujeito passivo. Não obstante, se a A. Fiscal duvidar fundadamente da inserção no interesse societário de determinada despesa, impende sobre o contribuinte o ónus de prova de que tal operação se insere no respectivo escopo societário (cfr.ac.S.T.A.-2ª.Secção, 29/3/2006, rec.1236/05; ac.T.C.A.Sul-2ª. Secção, 17/7/2007, proc.1107/06; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 16/4/2013, proc. 5721/12).
Refira-se, igualmente, que as empresas são obrigadas a dispor de contabilidade organizada nos termos da lei comercial e fiscal, a qual permita o controlo do lucro tributável (cfr.artº.98, do C.I.R.C., na versão em vigor em 2000; artºs.29 e 31, do C.Comercial).
Revertendo ao caso dos autos, defende, em primeiro lugar, a Fazenda Pública que devem ser sujeitos a tributação autónoma os custos (€ 44.719,52) contabilizados pela sociedade impugnante/ recorrida relativos a gastos com serviços de refeições prestados à mesma pela “S………… – ……………………, S.A.”.
Por seu lado, a decisão recorrida concluiu que a impugnante demonstrou que são frequentemente terceiros que auxiliam nas tarefas de produção de programas televisivos, designadamente através do fornecimento de refeições ao pessoal afecto à produção, sendo o contributo destes necessário ao desenvolvimento da sua actividade (cfr.nº.2 do probatório), sendo que tal facto se encontra vertido nas próprias conclusões do relatório, na parte em que se considera que “estes serviços estão relacionados com almoços, jantares, pequenos-almoços e outros produtos alimentares, fornecidos pela empresa S…………….. à empresa em análise e consumidos pelos actores, figurinos, entre outros trabalhadores que prestam os seus serviços na produção dos programas televisivos ou radiofónicos” (cfr.nº.4 do probatório).
Como tal, trata-se de despesas que se destinam, não a representar a sociedade impugnante onde esta não se encontra presente, mas a assegurar o normal desenvolvimento da sua actividade dentro do circuito económico onde esta naturalmente se manifesta.
Termina a decisão recorrida por julgar procedente a presente impugnação, na parte em que assaca ao acto de liquidação adicional impugnado o vício de erro na qualificação dos custos relativos a gastos com serviços de refeições prestados à impugnante pela “S…………… – ………………….., S.A.”, como despesas de representação, não estando sujeitas a tributação autónoma, nos termos do citado artº.81, nº.7, do C.I.R.C.
Vejamos quem tem razão.
Deve, antes de mais, recordar-se que, do exame do probatório se retira que a actividade principal da sociedade impugnante/recorrida se consubstancia na “produção de programas radiofónicos e televisivos, sendo a sua principal função estabelecer as condições para realização dos programas, nomeadamente a contratação de actores e figurinos, construção de cenários, produção de vestuário para as diversas peças televisivas e outros serviços especializados, tendo sempre como figura principal o actor Herman José Krippahl” (cfr.nº.1 do probatório).
Na análise do presente fundamento do recurso, haverá que saber se os custos postos em causa pela A. Fiscal se devem, ou não, enquadrar como despesas de representação.
O P.O.C., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, incluía no Capítulo 11 “Código de Contas” a conta “62221 – Fornecimentos e serviços externos – Despesas de representação”, sem, contudo, especificar o seu conteúdo no Capítulo 12 “Notas Explicativas”, pelo que o POC é insuficiente para se aferir dos factos patrimoniais susceptíveis de originar a movimentação dessa conta.
De acordo com o anterior artº.37, al.a), do Código da Contribuição Industrial (C.C.I.), as despesas de representação não se consideravam como custos ou perdas do exercício, sendo escrituradas a qualquer título e ainda que devidamente documentadas, na parte em que a Direcção Geral das Contribuições e Impostos as reputasse de exageradas.
Face ao regime previsto no citado artº.37, al.a), do C. C. Industrial, a doutrina definia as despesas de representação como aquelas que visavam custear as deslocações dos gerentes das empresas ou os seus representantes, sempre que tais deslocações fossem ao serviço das mesmas e devendo ser devidamente documentadas para serem consideradas custos pela Administração Fiscal (cfr.Prof. Raúl Dória e António Álvaro Dória, Dicionário Prático de Comércio e Contabilidade, Livraria Cruz-Braga, 3ª. edição, 1975, I volume, pág.489).
O Código do I.R.C., aprovado pelo Dec.lei 442-B/88, de 30/11, na redacção originária do artº.41, nº.1, al.g), passou a determinar que as despesas de representação não são custos fiscais, sendo escrituradas a qualquer título, na parte em que a Direcção Geral dos Impostos as repute exageradas.
Em qualquer dos normativos mencionados o “quantum” das despesas de representação não se encontrava vertido na lei e dependia da subjectividade de interpretação da D.G.I. Deste modo, o quantitativo das despesas de representação que não era aceite fiscalmente sujeitava-se ao poder discricionário da Administração Fiscal, podendo o sujeito passivo recorrer hierarquicamente para o Ministro das Finanças, no caso de não concordar com a decisão da D.G.I.
Com a Lei 39-B/94, de 27/12 (Lei do OE/95), regime em vigor a partir de 1/1/1995, o artº.41, nº.1, al.g), do C.I.R.C., passou a não considerar como custo fiscal as despesas de representação, escrituradas a qualquer título, na proporção de 20%. Com esta alteração legislativa, a quantificação em 20% da não consideração como custo fiscal das despesas de representação, o legislador visou resolver os ditos problemas subjectivos inerentes ao critério de razoabilidade a analisar pela Administração Fiscal.
Como já referimos, o P.O.C. não conceptualizava as despesas de representação, pelo que, para a sua relevação contabilística, tem sido considerado o conceito previsto no C.I.R.C. Assim, o artº.41, nº.3, do referido diploma, prescrevia que se consideravam despesas de representação, nomeadamente, os encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou a fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades.

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Posteriormente, o artº.41, nº.5, da Lei 3-B/2000, de 4/4 (OE/2000), veio revogar, além do mais, o artº.41, nºs.3 e 4, do C.I.R.C., integrando essas despesas no artº.4, do dec-lei 192/90, de 9/6, mais estabelecendo, no seu nº.3, que as despesas de representação são tributadas autonomamente em I.R.S. ou I.R.C., consoante os casos, a uma taxa de 6,4%. Com a Lei 30-G/2000, de 29 de Dezembro (a designada “Lei da Reforma Fiscal”), que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001, no seu artº.6, aditou o artº.69-A, ao C.I.R.C., sendo que no nº.3 deste novo preceito, passam a ser tributados autonomamente, a taxa correspondente a 20% da taxa normal mais elevada, as despesas de representação. Por último, através do dec.lei 198/2001, de 3/7, que procedeu à renumeração dos artigos do C.I.R.C., a tributação autónoma das despesas de representação passou a ser incluída no artº.81, nº.3, do mesmo diploma, mantendo-se a taxa de tributação autónoma em 20%. Desta forma, é assegurada uma maior receita fiscal em I.R.C., pois que a tributação autónoma de tais despesas se caracteriza pelo facto de a empresa pagar imposto, independentemente da obtenção de lucro ou prejuízo fiscal.
É que, recorde-se, a sujeição a tributação autónoma de tais gastos implica que cada acto de despesa se considere um facto tributário autónomo, a que o contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter rendimento tributável em I.R.C. no fim do período contabilístico respectivo (cfr.ac.S.T.A.-2ª.Secção, 14/2/2013, rec.1375/12).
Por último, refira-se que apenas são dedutíveis como despesas de representação os custos devidamente documentados e escriturados, assim devendo satisfazer o requisito de indispensabilidade previsto no citado artº.23, do C.I.R.C. para que sejam como tal considerados (cfr.F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, anotado e comentado, Rei dos Livros, 5ª.edição, 1996, pag.346).
Ainda no que diz respeito ao conceito de despesas de representação, atento o disposto no actual artº.81, nº.7, do C.I.R.C. (cfr.anteriormente o artº.4, nº.6, do dec.lei 192/90, de 9/6), devem considerar-se actualmente como abarcando tal conceito, nomeadamente, os encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos, no país ou no estrangeiro, a clientes ou a fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades.
Voltando ao caso “sub judice”, do exame da factualidade provada (cfr.nºs.2 e 4 do probatório já supra mencionados), deve concluir-se, com o Tribunal “a quo”, que nos encontramos perante despesas que se destinam, não a representar a sociedade impugnante onde esta não se encontra presente (portanto, fora da sua actividade principal), mas a assegurar o normal desenvolvimento do seu objecto social, dentro do circuito económico onde este naturalmente se manifesta. Por outras palavras, não nos encontramos perante despesas de representação, mas antes perante custos inerentes ao normal desenvolvimento da actividade principal da sociedade impugnante/recorrida, de acordo com a definição do mesmo constante do nº.1 do probatório e já acima transcrito.
Face ao exposto, julga-se improcedente este fundamento do recurso, confirmando-se a decisão recorrida neste segmento.
Passemos ao exame da correcção, efectuada pela Fazenda Pública, relativa a despesas (€ 57.627,85) com viagens e estadias do sócio ……………, custos estes considerados pela A. Fiscal alheios à actividade empresarial da sociedade “H……………. – Produções, S.A.” e cujo beneficiário foi o identificado sócio, assim não se enquadrando no artº.23, do C.I.R.C.
Defende a A. Fiscal que a aceitação dos custos em causa é condicionada pelo princípio da indispensabilidade dos custos, ou seja, essas despesas têm de estar relacionadas directamente com o processo produtivo. Que tendo em conta a prova documental e testemunhal produzida nos autos, os encargos em apreço constituem um custo não dedutível para efeitos de I.R.C., uma vez que não ficou provada a sua não indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora da impugnante.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu que resultou demonstrado (e a Administração Tributária não contesta) que a actividade da sociedade impugnante se centra na criação e prestação artística do seu sócio ………………. (cfr.nº.1 do probatório), sendo muito difícil traçar a fronteira entre a pessoa do mesmo sócio e a actividade da empresa, sendo ambos, digamos, “concorrentes” um do outro.
Sendo isto assim, isto é, sendo o actor …………… a pessoa que “dá a cara” pela sociedade impugnante, a Administração Tributária não pode, sem entrar em juízos de valor sobre “boa gestão” e em critérios de razoabilidade, desconsiderar como custos dedutíveis os gastos com a colaboração (e a promoção) do actor ………….. A correcção em causa, com base na qual a Administração Tributária desconsiderou como custos dedutíveis, gastos que são indispensáveis para a obtenção dos proveitos e para a manutenção da força produtiva, padece de ilegalidade por violação do artº.23, do C.I.R.C.
Deve recordar-se que a questão do ónus da prova da indispensabilidade do custo passa ao lado da presunção de veracidade da escrita correctamente organizada (cfr. artº.75, nº.1, da L.G.T.) pois não se questiona a veracidade (existência e montante) da despesa contabilizada mas a sua relevância, face à lei, para efeitos fiscais, no caso, da sua qualificação como custo dedutível, em sede do citado artº.23, do C.I.R.C. (cfr. ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 2/2/2010, proc.3669/09; António Moura Portugal, A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, 2004, pág.268 e seg.).
Com base nestas premissas, tem este Tribunal que concordar com a decisão recorrida, porquanto, mais uma vez levando em consideração o objecto social da sociedade recorrida (cfr.nº.1 do probatório), não pode a Fazenda Pública desconsiderar como custos, em sede do artº.23, do C.I.R.C., viagens e estadias do sócio ………….., sem que tal correcção se deva considerar como entrando pelo campo, verdadeiramente subjectivo, da boa (ou má) gestão empresarial e da consequente e efectiva relevância dos ditos custos no conjunto dos proveitos obtidos pelo sujeito passivo, sendo que, no caso concreto, as despesas em causa se relacionam com a actividade principal da sociedade impugnante e estão documentalmente comprovadas.
Por outras palavras, é entendimento da jurisprudência e doutrina que a A. Fiscal não pode avaliar a indispensabilidade dos custos à luz de critérios incidentes sobre a oportunidade e mérito da despesa. Um custo é indispensável quando se relacione com a actividade da empresa, sendo que os custos estranhos à actividade da empresa serão apenas aqueles em que não seja possível descortinar qualquer nexo causal com os proveitos ou ganhos (ou com o rendimento, na expressão actual do código – cfr.artº.23, nº.1, do C.I.R.C.), explicado em termos de normalidade, necessidade, congruência e racionalidade económica (cfr.ac.S.T.A.-2ª.Secção, 21/04/2010, rec.774/09; ac.S.T.A.-2ª.Secção, 13/02/2008, rec.798/07; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 17/11/2009, proc.3253/09).
Em conclusão, deve confirmar-se a decisão recorrida, também neste segmento.
Atento o relatado, sem necessidade de mais amplas considerações, julga-se improcedente o presente recurso e, em consequência, mantém-se a decisão recorrida, ao que se provirá na parte dispositiva deste acórdão.

X
DISPOSITIVO
X
Face ao exposto, ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, OS JUÍZES DA SECÇÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO deste Tribunal Central Administrativo Sul em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA, a qual, em consequência, se mantém na ordem jurídica.
X
Condena-se o recorrente em custas.
X
Registe.
Notifique.
X
Lisboa, 16 de Outubro de 2014

(Joaquim Condesso – Relator)

(Catarina Almeida e Sousa – 1º. Adjunto)

(Bárbara Tavares Teles – 2º. Adjunto)

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

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Jurisprudencia Tributaria Española: No resulta deducible la indemnización pagada en contraprestación a una renuncia a unos derechos de compra de terrenos

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Alan Emilio en Trujillo, marzo 2017

Mediante Sentencia emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional del Reino de España, de fecha 03 de junio del 2015, se analizó el carácter deducible de una indemnización pagada en contraprestación a una renuncia a unos derechos de compra de terrenos.

Para entender el caso debe resaltarse lo siguiente:

  1. PROINSA (PROMOTORA INMOBILIARIA DEL ESTE, S.A.). Esta sociedad tiene como único Activo el 75% en proindiviso de la denominada “Finca La Fortuna”, en el U.Z.P. 2.04 “Desarrollo del Este-Los Berrocales”, en Madrid.
  2. NOZAR, S.A., entidad que se compromete a comprar, el 20% de las fincas resultantes que a PROINSA le correspondan a través del Proyecto de Compensación.
  3. CONSTRUCCIONES REYAL, SA. es propietaria del 85% de las acciones de PROINSA. Esta sociedad tiene como único Activo el 75% en proindiviso de la denominada “Finca La Fortuna”, en el U.Z.P. 2.04 “Desarrollo del Este-Los Berrocales”, en Madrid.

La Inspección de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes considera que este gasto no es deducible en el Impuesto a las Sociedades , que en el Perú vendría ser equiparable al Impuesto a la Renta Empresarial, (innecesaridad del gasto) ya que el pago efectuado a favor de NOZAR, S.A. (EL COMPRADOR) no era obligatorio para CONSTRUCCIONES REYAL SA (CONSTRUCTOR) porque no había concurrido incumplimiento alguno del contrato que pudiera dar lugar a la obligación de indemnizar; en consecuencia, califica dicho pago como una liberalidad y, por tanto, conforme lo dispuesto en el art.14.1.e) del TRLIS no deducible fiscalmente.

Por su parte, la actora (DEMANDANTE) REYAL (CONSTRUCTOR)sostiene que no existe liberalidad y que el importe percibido se debe a la renuncia a los derechos que se derivan del contrato suscrito el 12 de diciembre de 2003. Argumentó el demandante que estamos ante un contrato que justifica el pago del gasto cuestionado a cambio de excluir al perceptor de un negocio de promoción inmobiliaria que queda para el pagador.

La Sentencia resalta que en la resolución impugnada se expone y no se discute, que en el contrato no consta fecha de entrega de los terrenos, ni se pacta cláusula penal alguna, ni consta la entrega de arras o señal que hubieran podido, en su caso, fundamentar una posible obligación de indemnizar. Aunque en la parte expositiva del contrato firmado el 26-06-06 se hace mención al tiempo transcurrido como causa por la que NOZAR ya no está interesada en el contrato lo cierto es que en el contrato firmado el 12-12- 2003, no se establece ningún plazo para el ejercicio de los compromisos asumidos. Estos últimos apuntes, sobre la opción y el plazo, son esenciales a juicio de la Sección, debiendo convenirse con la Administración en su trascendencia de estar ante una opción sin plazo y, en consecuencia, sin eficacia alguna, lo que basta por si solo y sin mayores consideraciones, para nuevamente desbancar la pretensión de la actora.

La Sentencia destaca:

“Debemos reseñar la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 14 de Febrero de 2013, recurso de casación 1581/2010 , sobre opción de compra, en la que se concluye que es esencial en la opción de compra la fijación de plazo para su ejercicio, ya que no puede el concedente quedar indefinidamente ligado por un pacto que no lo fija. En el caso, la opción de compra no fijaba plazo ya que cuando se refería al mismo lo hacía a partir del cumplimiento de la condición suspensiva consistente en la recalificación urbanística de la finca (cuya gestión correspondía a la optante), pero sin fijar un plazo para el cumplimiento de dicha condición. Al faltar el elemento esencial del plazo, esta opción de compra no existe, por lo cual la venta de la finca muchos años más tarde no produce la aplicación de la cláusula penal.”

En su Fundamento Jurídico Segundo destacamos:

“El negocio jurídico que llega a esta Sala es un precontrato de opción de compra con cláusula penal, que han contemplado también las sentencias de 26 marzo 2009 y 30 noviembre 2012 . Tal como dice la sentencia de 21 noviembre 2000 , “implica la concesión por una parte a la otra de la facultad exclusiva de decidir la celebración o no del contrato principal de compraventa”; en el mismo sentido, sentencias de 5 junio 2003 y 3 abril 2006 . Otras muchas sentencias se han dictado sobre la opción de compra: 23 abril 2010 , 7 mayo 2010 , 1 de diciembre de 2011 . La cláusula penal es el objeto de este proceso, que reclama el optante, porque el concedente de la opción, demandado en la instancia, vendió la finca a un tercero (ocho años después de la firma del documento privado). Lo cual ha sido desestimado por las sentencias de instancia, lo que considera acertado esta Sala. En primer lugar, porque es esencial en la opción de compra la fijación de plazo, ya que no puede el concedente quedar indefinidamente ligado por un pacto que no lo fija y así lo exige el artículo 14.3º del Reglamento hipotecario . La opción de compra del 20 marzo 1997 no fijaba plazo, pues cuando se refiere al mismo lo hace a partir de la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Monovar de la modificación del Planeamiento que permita la obtención de las respectivas licencias de obras y la iniciación de la construcción, que, por cierto le correspondía a la inmobiliaria optante realizar las gestiones necesarias para solicitar y obtener la modificación de la clasificación urbanística de la finca.

Al faltar el elemento esencial del plazo, esta opción de compra no existe, no puede obligar indefinidamente al concedente de la opción, por lo cual la venta de la finca muchos años más tarde, no produce la aplicación de la cláusula penal. De ello se deduce que en el contrato (precontrato) la aprobación de la modificación urbanística se ponía como condición suspensiva, que no ha llegado a cumplirse, sin que haya sido previsto un plazo para ello, como se ha dicho en las líneas anteriores“.

Roj: SAN 1940/2015 – ECLI: ES:AN:2015:1940 Id Cendoj: 28079230022015100194 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Fecha: 03/06/2015 Nº de Recurso: 97/2012 Nº de Resolución: Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: ANGEL NOVOA FERNANDEZ Tipo de Resolución: Sentencia

Por tanto, el motivo debe decaer.

Y Olé !!!!!

Alan Emilio Matos Barzola
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Ecuador: Corte Nacional de Justicia dicta Jurisprudencia Vinculante 2016 sobre Gastos Deducibles para el Impuesto a la Renta NO EXISTEN LAS FÁBULAS NI SE DEBE ASUMIR LOCAS ILUSIONES PARA DEDUCIR GASTOS

 

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Alan Emilio en Piura. Febrero 2017

RESOLUCIÓN No. 07-2016 Suplemento 1 del Registro Oficial 894, de 1 de diciembre del 2016 PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO GASTO DEDUCIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
Esta Sala Especializada en sus múltiples fallos que contienen el mismo criterio reiterado relacionado con la deducibilidad formal – material del gasto, ha dejado en claro que para concebir la secuencia material que justifica el gasto y por consiguiente la calidad de deducible, debe contarse con el círculo contable completo, esto es la verificación de la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvieron los comprobantes de venta, retención, complementarios, la forma de pago y la acreditación en cuenta en favor del beneficiario, la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya llevado a cabo la transferencia del bien o la realización del servicio; comprendiéndose que si llegase a faltar algún documento de los descritos anteriormente, no se podrá suplir con ningún otro, puesto que, tanto el manejo de la contabilidad como sus documentos fuente, requieren de cierta estrictez para que la misma pueda ser el fiel reflejo de la actividad económica y mucho más si se pretende el beneficio de la deducibilidad del gasto que reduce el pago del impuesto debido. Es más, ningún documento de los determinados dentro del ciclo contable constituyen una mera formalidad que puedan obviarse sino todo lo contrario, puesto que son una parte importante para la configuración de la veracidad del hecho económico y que sólo así se puede vincular en forma razonada con la generación de los ingresos gravados. También, es de vital importancia establecer la veracidad de la existencia económica de las transacciones realizadas como justificativos del gasto, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 10 Ley de Régimen Tributario Interno, que manifiesta que se deducirán los costos y gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren exentos, siempre que los mismos cuenten con los debidos respaldado de comprobantes de venta, retención y complementarios que cumplan con los requisitos legales establecidos para el efecto; sin embargo al señalar que son gastos para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana amerita establecer el alcance de esta disposición legal aplicada en los casos concretos. De ahí surge entonces la inquietud de determinar el alcance de la citada norma jurídica para establecer ¿Cuáles son las condiciones que deben ser observadas para que un gasto sea considerado como deducible además de los requisitos formales?. Entonces, es importante contestar a esta interrogante en el sentido de que en el proceso judicial se tendrá que analizar la verdadera esencia y naturaleza económica para comprobar la real existencia de las transacciones, no sólo por medio de los comprobantes de venta, retención y complementarios que en primera instancia transparentan el intercambio económico y por tanto coadyuvan a la confirmación de la realización del hecho económico, los cuales deben de manera imprescindible determinar y contemplar los requisitos legales que la norma jurídica ha señalado para el efecto, sino también se debe verificar la secuencialidad material del mismo y su vinculación con los ingresos gravados, dando cumplimiento a cabalidad con el círculo contable completo, descrito en líneas anteriores.

RESUELVE:

Artículo 1.- Atender la solicitud de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia y por tanto aprobar el informe técnico, remitido por la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia.

Art. 2.- Ratificar el criterio jurídico reiterado de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, expuesto en la doctrina jurisprudencial que se detalla a continuación: a) Proceso Nro. 520-2012, emitido el 29 de noviembre de 2013, a las 10h55, b) Proceso Nro. 144-2012, dictado el 16 de abril de 2014, a las 09h40, c) Proceso Nro. 382-2012, emitido el 28 de julio de 2014, a las 11h15, d) Proceso Nro. 181-2013, dictado el 31 de julio de 2014, a las 11h30, e) Proceso Nro. 248-2012, dictado el 31 de julio de 2014, a las 15h40, f) Proceso Nro. 409-2013, emitido el 28 de mayo de 2015, a las 10h07, g) Proceso Nro. 378-2014, dictado el 15 de enero de 2016, a las 11h23, h) Proceso Nro. 634-2014, dictado el 14 de junio de 2016, a las 10h06.

Art. 3.- DECLARAR COMO JURISPRUDENCIA VINCULANTE, el siguiente punto de derecho:

“Para que un gasto sea considerado como deducible a efecto del cálculo del Impuesto a la Renta, se debe tener en cuenta que, además del cumplimiento de los requisitos formales, debe tener una secuencialidad formal – material, demostrándose sustentadamente a través de la emisión de los comprobantes de venta, retención y complementarios, forma de pago, acreditación en cuenta en favor del beneficiario y la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o que se haya prestado el servicio”, reiterado en las sentencias que se detallan en el numeral anterior.; y en tal virtud declarar que CONSTITUYE PRECEDENTE OBLIGATORIO a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el Registro Oficial.

 

Art. 4.- Publíquese en el Registro Oficial.

Art. 5.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia, remita copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial y Gaceta Judicial para su inmediata publicación.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez,
Dra. María Rosa Merchán Larrea, Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo (V.C.), Dra. María
del Carmen Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar, Dr. Wilson
Andino Reinoso, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel (V.C.), Dra. Gladys Terán
Sierra, Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana
María Crespo Santos, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado,
Ab. Cynthia Guerrero Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y
JUEZAS NACIONALES; Dr. Marco Maldonado Castro, Dr. Juan Montero
Chávez (V.C.), CON JUEZ NACIONAL.

Dra. Isabel Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL

Descargar la jurisprudencia vinculante ecuatoriana 2016 en el siguiente enlace web: 16-07-triple-reiteracion-gasto-deducible-calculo-impuesto-a-la-renta

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Argentina: Decreto 1246/2016 No se considerarán gastos necesarios las erogaciones vinculadas con la comisión de delitos NO HAY CAUSALIDAD AMPLIA NI LIBERTINA

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Alan Emilio en Lima. Febrero 2017

Decreto 1246/2016 Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Buenos Aires, 07/12/2016

VISTO la “Convención sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” suscripta en Paris, República Francesa, el 17 de diciembre de 1997, aprobada por la Ley N° 25.319, la Recomendación Revisada sobre la Lucha contra el Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 23 de mayo de 1997 y la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que uno de los objetivos principales de dicha Convención y de su Recomendación Revisada —aludida como antecedente en el Preámbulo de aquélla— es poner fin a la pretensión de considerar los importes erogados en concepto de pagos por cohecho a funcionarios públicos extranjeros, como un gasto impositivamente deducible.

Que en el año 2009 el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó a todos los Estados firmantes de la “Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” que debe estar expresamente prohibida la deducción fiscal de los pagos o gastos que los contribuyentes hayan efectuado que encuadren dentro de conductas penalmente reprochables. Ello sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que puedan llevarse a cabo por las autoridades competentes.

Que el Artículo 258 bis del Código Penal Argentino tipifica y penaliza la figura de cohecho de funcionarios públicos extranjeros o de una organización pública internacional, sancionando con pena de reclusión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública a quienes, directa o indirectamente, ofrecieren u otorgaren a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Que en el derecho tributario de la REPÚBLICA ARGENTINA no está permitida, ni expresa ni implícitamente, la deducción en el balance impositivo de los pagos realizados en el marco del delito de cohecho a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, o de los llamados “pequeños pagos de facilitación”.

Que si bien el sistema legal tributario, como regla general no admite este tipo de deducciones, lo cierto es que la participación activa y el compromiso asumido por nuestro país en Foros Internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y particularmente en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Fiscales y otros Delitos, así como en el Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de dicho Organismo Internacional, recomiendan que se dicten normas con la finalidad de homogeneizar los distintos plexos normativos y facilitar así el trabajo integrado de las Administraciones Tributarias, en las cuales se contemple expresamente la no deducibilidad de las referidas erogaciones.

Que la adopción de la iniciativa propiciada se corresponde con la legislación ya dictada en la materia, revistiendo la misma carácter aclaratorio.

Que en orden a lo señalado en los considerandos precedentes, se estima conveniente adecuar la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprobada por el Artículo 1º del Decreto N° 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Modifícase la Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el Artículo 1° del Decreto N° 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios, en la forma que se indica a continuación:
– Incorpórase como Artículo sin número a continuación del Artículo 116, con su correspondiente título, el siguiente:

Pagos por cohecho a funcionarios públicos extranjeros
ARTÍCULO ….- A los efectos del Artículo 80 de la Ley, no se considerarán gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, las erogaciones generadas o vinculadas con la comisión del delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales, resultando improcedente su deducción.”.

ARTÍCULO 2° — Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

— MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay.

Fecha de publicación 12/12/2016

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/

Breve comentario: No existe base para sustentar la deducibilidad de estos conceptos o erogaciones, sin embargo para los “románticos de la tributación que odian a las NIIF” si se debería aceptar por “causalidad amplia” YA SE DAN CUENTA DEL QUILOMBO CHÉ, no sean giles pibes.

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Lima 13 al 17 de febrero 2017 Programa Intensivo de la Reforma Tributaria 2017, aplicaciones y casos prácticos. Presencial y Virtual ON LINE a nivel nacional

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Este Programa Intensivo de la Reforma Tributaria 2017 se presenta con una orientación profesional teórica y práctica; para conocer todo lo relacionado a los cambios tributarios que entran en vigencia apartir de enero del 2017.

FECHAS:

Del lunes 13 de febrero al viernes 17 de febrero del 2017

HORARIO: 6:15 PM a 10:15 PM.
PRECIO: S/ 350.00 + IGV
Pronto pago S/ 320.00 + IGV (antes del 07 de febrero).
Pronto pago S/ 290.00 + IGV (antes del 01 de febrero).

NOTA: Los precios no incluyen IGV.
Dirección: Calle Ricardo Angulo 269 San Isidro (A la espalda de la Clínica Ricardo Palma) ; Lima, Perú

DIRIGIDO A:
Dirigido a profesionales del área contable, auditores, administradores, abogados y otras carreras interesadas así como profesionales de otras áreas de las empresas que se encuentren interesados en actualizarse en corto tiempo.

OBJETIVOS:
* Conocer los cambios tributarios emitidas por el Poder Ejecutivo con las facultades otorgadas por el legislativo y preparar al participante para la aplicación de estas normas.

METODOLOGÍA:
*Exposiciones de alto nivel complementadas con el intercambio de experiencias entre el expositor y los participantes.
*Análisis de casos prácticos sobre la base contenida de RTF
*Asesoría por la plana docente durante el desarrollo de las conferencias magistrales.

TEMARIO:
Lunes 13 de febrero.
Alan Emilio Matos Barzola.
Ponencia: Rentas de Persona Natural

  • Nuevas deducciones de gastos adicionales (hasta 3 UIT) para las rentas del trabajo
  • Retenciones y supuestos aplicables. Impacto en la entidad pagadora
  • Sustento de las operaciones
  • Contingencias en rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, entre personas domiciliadas y no domiciliadas
  • Casos aplicando convenios para evitar Doble Imposición Tributaria
  • Lo último que se publique a la fecha del evento

Martes 14 de febrero.
Mónica Jacobo Guerrero.
Ponencia: Régimen MYPE Tributario

Miércoles 15 de febrero .
Richard Agapito Custodio.
Ponencia: Repatriación de capitales y MYPE

Jueves 16 de febrero
Dionicio Canahua Huamán
Ponencia: Rentas de Persona Jurídica.

Viernes 17 de febrero
Alejandro Aybar Pradinett.
Ponencia: FRAES – Fraccionamiento Especial.

(5 sesiones, de 4 horas C/U, 20 horas académicas, 60 horas lectivas)


INVERSIÓN:

MODALIDAD PRESENCIAL:
PRECIO: S/ 350.00 + IGV
Pronto pago: S/ 320.00 + IGV (antes del 07 de febrero)
Corporativo: S/ 290 C/U (+3)
Pronto pago S/ 280.00 + IGV (antes del 01 de febrero)
Corporativo: S/ 250 C/U (+3)

MODALIDAD VIRTUAL:
PRECIO: S/ 250.00 + IGV
Pronto pago S/ 210.00 + IGV (antes del 04 de febrero)

NOTA: Los precios NO INCLUYEN IGV.

A los alumnos de modalidad virtual incluye el envío del certificado envío a su domicilio vía serpost y/o olva currier.

BENEFICIOS:

» Diploma a nombre de Instituto Peruano Contable Gubernamental y Corporación Perú Contable SAC
» Material de trabajo (anillado) por cada sesión.
» Video grabado por cada sesión (16 horas)
» DVD con material digital; artículos, guías (en PPT y PDF), todas las normas legales mencionadas en PDF y vídeo grabado de cada sesión.
» Coffee Break
» Lapicero Institucional
» Regalo: Ebook de Contabilidad de MYPES de nuestra Tienda Contable.

LUGAR:
Dirección: Calle Ricardo Angulo 269 San Isidro.
Referencia:
» A la espalda de la Clínica Ricardo Palma.
» Alt. Cdra 11 de la av. Javier Prado Este.
» A 3 cuadras del paradero Metropolitano Estación Javier Prado.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Fernanda Dávalos

Ejecutiva Comercial

Teléfono: 01-4189105

RPM: #943775659

RPC: 982700611

WHATSAP: 943775659
E-Mail: cursos@perucontable.com

Oficina Administrativa:
Av.Trinidad y Morán 238, Lince- Lima.
(Ref. Altura de la Cdra 24 de Arenales, a 2 Cdras. de Javier Prado).

John Andrés Leyva

Coordinador Académico

RPM: *660696 – 944926863

CUENTAS BANCARIAS

–  Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 00-371-131825 – Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.

– Cta de ahorros en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 04-784-407298 – Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO

– Cuenta de ahorros Banco de Crédito (BCP) N° 375-32259455-0-64- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.

-Cuenta de ahorros Banco Interbank N° de Cta: 622-302017516-6 Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.

– Cuenta de ahorros Banco Continental N° 0011-0847-0200091898, Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO

-Cta de ahorros del Banco ScotiaBank N° de cta 751-7368002- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.

¿Alan Emilio, en Argentina “el principio de causalidad para la deducción de gastos y erogaciones también implica UNA RELACIÓN DIRECTA como lo dice la Corte Suprema en el Perú?

Al igual que en nuestro país, ocurrieron muchos casos contenciosos en diferentes sedes (administrativa llámese Tribunal Fiscal, y judicial) que han permitido establecer que el principio de causalidad debe interpretarse como una relación de carácter DIRECTA con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.

Resulta entonces oportuno extender para mayor análisis el contenido de la Circular 2/2015 de la Administración Federal Argentina AFIP, de fecha 19 de enero del 2015, que consagra este análisis y que se sustenta en la Sentencia emitida por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, de fecha 11 de julio del 2013, en la controversia suscitada entre el contribuyente argentino Tetra Pak SRL versus la Dirección General de Impuestos de Argentina (lo que vendría a ser la SUNAT en el Perú):

Que asimismo, “…puede afirmarse que todas las deducciones están, en principio —salvo expresas excepciones consagradas en la ley—, regidas por el principio de causalidad, es decir que sólo se podrán computar de la renta bruta aquellos gastos que guarden una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad” (Cfr.Tetra Pak SRL c/DGI Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal del 11/07/2013).

El contenido de la Circular de la AFIP se orienta hacia la lucha contra las planificaciones fiscales nocivas que los grandes grupos concentrados de la economía desarrollan, y sus directivos y representantes ejecutan a los fines de reducir la carga tributaria “ARTIFICIALMENTE”.

Ahora se dan cuenta quienes son los “iiluminados defensores de la causalidad automática, desmedida, elusiva, ilusionista y libertina”. A esos yo los denomino “románticos de la tributación”.

Este contenido revela que tanto en Perú, México, Chile, Colombia, España, Ecuador, y Argentina el “romanticismo ilusionista” está equivocado. Que no te sigan contando fábulas.

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Corte Nacional de Justicia de Ecuador en Sentencia Casatoria 2015 expone que el ordenamiento jurídico tributario determina una serie de “CONDICIONAMIENTOS” de la deducibilidad del gasto en honra a la naturaleza de cada transacción

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

¿Y ahora ? ¿También van a decir que la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, otro máximo ente jurisdiccional al igual que la Corte Suprema del Perú y Chile, La Suprema Corte Mexicana, el Consejo de Estado en Colombia (en materia administrativa tributaria), o el Tribunal Supremo del Reino de España, ….. y muchos más, no saben de tributación? ¿Aberraciones?

¿O será que algunos abogados peruanos se quedaron estancados y soñando con 1978 y SON PURO FLORO y discurso romántico para el populacho y pulpines?

Mediante Sentencia, de fecha 30 de julio del 2015, la máxima instancia judicial de la República del Ecuador, resolvió el recurso de Casación N° 109-2014 en torno a una controversia tributaria vinculada al Impuesto a la Renta ecuatoriano correspondiente al ejercicio gravable 2005. Así, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia analizó el recurso interpuesto por un contribuyente contra el Servicio de Rentas Internas (SRI), ente que cumple las mismas funciones que la SUNAT en el Perú.

Resulta vital SI o SI tener en cuenta este contenido que desvirtúa las alegaciones de “causalidad automática, ilusionista, sin mayor anállisis o cuestionamiento bajo un falso romanticismo pro elusor y evasor”:

el ordenamiento jurídico tributario determina una serie de condicionamientos de la deducibilidad del gasto en honra a la naturaleza de cada transacción; así el caso de los activos fijos, de las inversiones, del pago de las remuneraciones de los trabajadores etc; en consecuencia dependiendo de la esencia de cada gasto debe recurrirse no sólo a esta norma sino a las demás normas previstas en el ordenamiento.

La Corte Nacional Ecuatoriana resaltó como hechos considerados como ciertos y probados en la sentencia del Tribunal de instancia (Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Portoviejo):

Conforme el fallo recurrido en este se determinó:

“NOVENO: Esta Sala única, en armonía con el criterio sentado por la sala especializada del máximo órgano de justicia en reiterados y uniformes fallos de casación, sostiene que los costos y gastos imputables al ingreso deben sustentarse en comprobantes válidos, esto es, que sean autorizados por el Servicio de Rentas Internas y que reúnan los requisitos establecidos en las normas reglamentarias que rigen su emisión, sin importar la naturaleza de la actividad económica del contribuyente; pues lo contrario afectaría la certeza de los actos transaccionales relativos a los costos y gastos deducibles del ingreso gravable y al objetivo del régimen de comprobantes como un elemento complementario para la gestión del control de los impuestos nacionales internos.”

“DÉCIMO CUARTO: Resulta evidente que la incongruencia en cuanto a la identificación del vendedor o proveedor del bien o servicio, constituye una circunstancia que no abona a la certeza que debe existir en cuanto a la transacción contenida en el comprobante, y por lo tanto es una circunstancia que afecta notablemente a su validez. Ante la imposibilidad de considerar como verídica una transacción incierta, la Administración Tributaria procede correctamente al desestimar su carácter deducible y excluirla de la depuración del ingreso percibido.-

“DÉCIMO SEXTO: En base a lo expuesto, es claro que la Administración Tributaria demandada actuó conforme a Derecho al considerar como no deducibles todos los gastos que el accionante no pudo sustentar en los comprobantes idóneos para este fin según las disposiciones reglamentarias aplicables, habida cuenta que la “sencillez del nivel de los estibadores” de cacao no puede constituir una situación excepcional que escape de la necesidad de la validez del comprobante de venta, como instrumento básico para la certeza de la existencia de transacciones mercantiles y posterior control tributario. La correcta emisión del comprobante es una circunstancia totalmente inexcusable, pues sólo cuando el comprobante es válido, existe esa regularidad que requiere la Administración Tributaria para el debido seguimiento de las actividades económicas de los contribuyentes.-”. (el subrayado es de la Sala).-

No existe “causalidad automática, ilusionista, que no admita prueba en contrario, que no debe sustentarse y aceptarse sin mayor análisis o contraste con elementos tales como lo inevitable, forzoso. ineludible, imprescindible y muchos más criterios que constan en la jurisprudencia internacional tributaria”.

Reiterio, “no es soberbia demostrarles a tus profes de pre y post grado que la tierra no es cuadrada“.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación ADEFORC  culmina el 17 de diciembre en Independencia, Lima

Jurisprudencia Española 2016 sobre deducción de gastos: Tribunal Supremo relaciona directamente “la necesidad del gasto” con la acreditación de los destinatarios de los desembolsos o entregas.

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

¿Y ahora, acaso alguién va a pregonar que el Tribunal Supremo Español no sabe de Tributación?.

Antes de cualquier comentario, reiteramos que tanto Perú, Chile, México, Colombia, España…… (y muchos más) coinciden en que el correcto análisis tributario no va en torno a definiciones conceptuales ilusionistas dado que no existe la concepción de “causalidad amplia o restringida” sino que el elemento objetivo relaciona la propuesta unilateral de necesidad con su debida acreditación, a efectos de otorgar a las erogaciones, desembolsos, pagos, provisiones o gastos la validez tributaria que requiere en su integración a la base imponible del tributo sobre el cual el Estado fija los lineamientos funcionales escenciales (tales como el devengamiento o su aplicación directa vía Flat Tax), dado que si bien un ente empresarial (para efectos del Impuesto a la Renta en el Perú o para efectos del Impuesto sobre Sociedades aplicable en España, cuyo sistema es equivalente) manifiesta “unilateralmente” (declaración jurada) y propone la integración del gasto, éste SI o SI debe cumplir con los filtros y deberes que impone el Estado, desvirtuándose la prosa romántica o “elucubraciones artificales ajenas a su normal desenvolvimiento”.

La Sala de lo Contencioso (Sección Segunda) del Tribunal Supremo (España) ha emitido Sentencia, de fecha 04 de abril del 2016, en el procedimiento contencioso en mérito al Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 1092/2014 interpuesto por un contribuyente (ente empresarial sociedad anónima) contra la Sentencia dictada el 08 de noviembre del 2013 por la Sala de lo Contencioso Admnistrativa (Sección 2°) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el Recurso 353/2012, en torno al Impuesto sobre Sociedades (equivalente al Impuesto a la Renta Empresarial peruano). En este portal ya conocíamos el contenido de esta Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y Leòn desde el 2013 (¿Qué, tu docente de pre o post grado no lo conocía, ummmm eso ya es otra cosa?) a través de nuestros urracas y urracos europeos.

Recomiendo su lectura completa pero si no tienes mucho tiempo de leerlo te invitamos a revisar por lo menos estos párrafos:

En cuanto a la deducción de los gastos por atenciones a los clientes, la sentencia recurrida, interpretando y aplicando el artículo 14.e) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de diciembre), y los preceptos relativos a la distribución de la carga de la prueba en el ámbito tributario, constata que la Administración rechazó la deducibilidad de dichos gastos por no constar acreditado quiénes eran los destinatarios de los productos documentados en las facturas de cuya deducción se trata, no quedando, por ello, probada la relación del gasto con la actividad empresarial, carga de la prueba que, según la sentencia, la sociedad recurrente no ha satisfecho.

Por su parte, la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2010 (casación 3545/2004 ; ES:TS:2010:423), que se aporta como término de comparación se limita a afirmar (FJ 4º) que la sentencia allí impugnada, recurrida por la Administración del Estado, aplicó correctamente la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 14 de la Ley 43/1995 , que exige, a fin de que pueda ser deducido un gasto, su necesidad para la obtención de las rentas gravables. Por su parte, la dictada, también por esta Sala, el 3 de julio de 2012 (casación 340/2009; ES:TS:2012:5525), se refiere a unos gastos de entradas a fiestas taurinas, para invitar a periodistas y medios de comunicación, en que incurrió un profesional de la tauromaquia, concluyéndose que había quedado acreditada aquella necesidad (FJ 4º).

Sin embargo, como se ha apuntado, la sentencia impugnada resuelve que no se ha probado por la empresa recurrente que los gastos que pretende deducir fueran necesarios, y lo hace así porque no consta quiénes fueran los destinatarios de los reglados y presentes. Tampoco hay, por tanto, contradicción doctrinal, sino aplicación del mismo criterio a realidades diferentes: en unos casos se ha probado la relación entre los gastos y la obtención de ingresos gravables (las sentencias de contraste) y en el otro no (la sentencia impugnada).

En atención a las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo procede declarar que no ha lugar a este recurso de casación:

FALLAMOS

1º) Declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina 1092/2014, interpuesto por ESTRUCTURAS MARCOS, S.A., contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª), con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso 353/2012 .

2º) Imponer las costas a la recurrente, con el límite señalado en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

Oleee, Oleee, Oleeee !!!!!

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
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Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016