¿Alan Emilio, en Argentina “el principio de causalidad para la deducción de gastos y erogaciones también implica UNA RELACIÓN DIRECTA como lo dice la Corte Suprema en el Perú?

Al igual que en nuestro país, ocurrieron muchos casos contenciosos en diferentes sedes (administrativa llámese Tribunal Fiscal, y judicial) que han permitido establecer que el principio de causalidad debe interpretarse como una relación de carácter DIRECTA con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.

Resulta entonces oportuno extender para mayor análisis el contenido de la Circular 2/2015 de la Administración Federal Argentina AFIP, de fecha 19 de enero del 2015, que consagra este análisis y que se sustenta en la Sentencia emitida por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, de fecha 11 de julio del 2013, en la controversia suscitada entre el contribuyente argentino Tetra Pak SRL versus la Dirección General de Impuestos de Argentina (lo que vendría a ser la SUNAT en el Perú):

Que asimismo, “…puede afirmarse que todas las deducciones están, en principio —salvo expresas excepciones consagradas en la ley—, regidas por el principio de causalidad, es decir que sólo se podrán computar de la renta bruta aquellos gastos que guarden una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad” (Cfr.Tetra Pak SRL c/DGI Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal del 11/07/2013).

El contenido de la Circular de la AFIP se orienta hacia la lucha contra las planificaciones fiscales nocivas que los grandes grupos concentrados de la economía desarrollan, y sus directivos y representantes ejecutan a los fines de reducir la carga tributaria “ARTIFICIALMENTE”.

Ahora se dan cuenta quienes son los “iiluminados defensores de la causalidad automática, desmedida, elusiva, ilusionista y libertina”. A esos yo los denomino “románticos de la tributación”.

Este contenido revela que tanto en Perú, México, Chile, Colombia, España, Ecuador, y Argentina el “romanticismo ilusionista” está equivocado. Que no te sigan contando fábulas.

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Corte Nacional de Justicia de Ecuador en Sentencia Casatoria 2015 expone que el ordenamiento jurídico tributario determina una serie de “CONDICIONAMIENTOS” de la deducibilidad del gasto en honra a la naturaleza de cada transacción

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

¿Y ahora ? ¿También van a decir que la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, otro máximo ente jurisdiccional al igual que la Corte Suprema del Perú y Chile, La Suprema Corte Mexicana, el Consejo de Estado en Colombia (en materia administrativa tributaria), o el Tribunal Supremo del Reino de España, ….. y muchos más, no saben de tributación? ¿Aberraciones?

¿O será que algunos abogados peruanos se quedaron estancados y soñando con 1978 y SON PURO FLORO y discurso romántico para el populacho y pulpines?

Mediante Sentencia, de fecha 30 de julio del 2015, la máxima instancia judicial de la República del Ecuador, resolvió el recurso de Casación N° 109-2014 en torno a una controversia tributaria vinculada al Impuesto a la Renta ecuatoriano correspondiente al ejercicio gravable 2005. Así, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia analizó el recurso interpuesto por un contribuyente contra el Servicio de Rentas Internas (SRI), ente que cumple las mismas funciones que la SUNAT en el Perú.

Resulta vital SI o SI tener en cuenta este contenido que desvirtúa las alegaciones de “causalidad automática, ilusionista, sin mayor anállisis o cuestionamiento bajo un falso romanticismo pro elusor y evasor”:

el ordenamiento jurídico tributario determina una serie de condicionamientos de la deducibilidad del gasto en honra a la naturaleza de cada transacción; así el caso de los activos fijos, de las inversiones, del pago de las remuneraciones de los trabajadores etc; en consecuencia dependiendo de la esencia de cada gasto debe recurrirse no sólo a esta norma sino a las demás normas previstas en el ordenamiento.

La Corte Nacional Ecuatoriana resaltó como hechos considerados como ciertos y probados en la sentencia del Tribunal de instancia (Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Portoviejo):

Conforme el fallo recurrido en este se determinó:

“NOVENO: Esta Sala única, en armonía con el criterio sentado por la sala especializada del máximo órgano de justicia en reiterados y uniformes fallos de casación, sostiene que los costos y gastos imputables al ingreso deben sustentarse en comprobantes válidos, esto es, que sean autorizados por el Servicio de Rentas Internas y que reúnan los requisitos establecidos en las normas reglamentarias que rigen su emisión, sin importar la naturaleza de la actividad económica del contribuyente; pues lo contrario afectaría la certeza de los actos transaccionales relativos a los costos y gastos deducibles del ingreso gravable y al objetivo del régimen de comprobantes como un elemento complementario para la gestión del control de los impuestos nacionales internos.”

“DÉCIMO CUARTO: Resulta evidente que la incongruencia en cuanto a la identificación del vendedor o proveedor del bien o servicio, constituye una circunstancia que no abona a la certeza que debe existir en cuanto a la transacción contenida en el comprobante, y por lo tanto es una circunstancia que afecta notablemente a su validez. Ante la imposibilidad de considerar como verídica una transacción incierta, la Administración Tributaria procede correctamente al desestimar su carácter deducible y excluirla de la depuración del ingreso percibido.-

“DÉCIMO SEXTO: En base a lo expuesto, es claro que la Administración Tributaria demandada actuó conforme a Derecho al considerar como no deducibles todos los gastos que el accionante no pudo sustentar en los comprobantes idóneos para este fin según las disposiciones reglamentarias aplicables, habida cuenta que la “sencillez del nivel de los estibadores” de cacao no puede constituir una situación excepcional que escape de la necesidad de la validez del comprobante de venta, como instrumento básico para la certeza de la existencia de transacciones mercantiles y posterior control tributario. La correcta emisión del comprobante es una circunstancia totalmente inexcusable, pues sólo cuando el comprobante es válido, existe esa regularidad que requiere la Administración Tributaria para el debido seguimiento de las actividades económicas de los contribuyentes.-”. (el subrayado es de la Sala).-

No existe “causalidad automática, ilusionista, que no admita prueba en contrario, que no debe sustentarse y aceptarse sin mayor análisis o contraste con elementos tales como lo inevitable, forzoso. ineludible, imprescindible y muchos más criterios que constan en la jurisprudencia internacional tributaria”.

Reiterio, “no es soberbia demostrarles a tus profes de pre y post grado que la tierra no es cuadrada“.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación ADEFORC  culmina el 17 de diciembre en Independencia, Lima

Jurisprudencia Española 2016 sobre deducción de gastos: Tribunal Supremo relaciona directamente “la necesidad del gasto” con la acreditación de los destinatarios de los desembolsos o entregas.

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

¿Y ahora, acaso alguién va a pregonar que el Tribunal Supremo Español no sabe de Tributación?.

Antes de cualquier comentario, reiteramos que tanto Perú, Chile, México, Colombia, España…… (y muchos más) coinciden en que el correcto análisis tributario no va en torno a definiciones conceptuales ilusionistas dado que no existe la concepción de “causalidad amplia o restringida” sino que el elemento objetivo relaciona la propuesta unilateral de necesidad con su debida acreditación, a efectos de otorgar a las erogaciones, desembolsos, pagos, provisiones o gastos la validez tributaria que requiere en su integración a la base imponible del tributo sobre el cual el Estado fija los lineamientos funcionales escenciales (tales como el devengamiento o su aplicación directa vía Flat Tax), dado que si bien un ente empresarial (para efectos del Impuesto a la Renta en el Perú o para efectos del Impuesto sobre Sociedades aplicable en España, cuyo sistema es equivalente) manifiesta “unilateralmente” (declaración jurada) y propone la integración del gasto, éste SI o SI debe cumplir con los filtros y deberes que impone el Estado, desvirtuándose la prosa romántica o “elucubraciones artificales ajenas a su normal desenvolvimiento”.

La Sala de lo Contencioso (Sección Segunda) del Tribunal Supremo (España) ha emitido Sentencia, de fecha 04 de abril del 2016, en el procedimiento contencioso en mérito al Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 1092/2014 interpuesto por un contribuyente (ente empresarial sociedad anónima) contra la Sentencia dictada el 08 de noviembre del 2013 por la Sala de lo Contencioso Admnistrativa (Sección 2°) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el Recurso 353/2012, en torno al Impuesto sobre Sociedades (equivalente al Impuesto a la Renta Empresarial peruano). En este portal ya conocíamos el contenido de esta Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y Leòn desde el 2013 (¿Qué, tu docente de pre o post grado no lo conocía, ummmm eso ya es otra cosa?) a través de nuestros urracas y urracos europeos.

Recomiendo su lectura completa pero si no tienes mucho tiempo de leerlo te invitamos a revisar por lo menos estos párrafos:

En cuanto a la deducción de los gastos por atenciones a los clientes, la sentencia recurrida, interpretando y aplicando el artículo 14.e) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de diciembre), y los preceptos relativos a la distribución de la carga de la prueba en el ámbito tributario, constata que la Administración rechazó la deducibilidad de dichos gastos por no constar acreditado quiénes eran los destinatarios de los productos documentados en las facturas de cuya deducción se trata, no quedando, por ello, probada la relación del gasto con la actividad empresarial, carga de la prueba que, según la sentencia, la sociedad recurrente no ha satisfecho.

Por su parte, la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2010 (casación 3545/2004 ; ES:TS:2010:423), que se aporta como término de comparación se limita a afirmar (FJ 4º) que la sentencia allí impugnada, recurrida por la Administración del Estado, aplicó correctamente la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 14 de la Ley 43/1995 , que exige, a fin de que pueda ser deducido un gasto, su necesidad para la obtención de las rentas gravables. Por su parte, la dictada, también por esta Sala, el 3 de julio de 2012 (casación 340/2009; ES:TS:2012:5525), se refiere a unos gastos de entradas a fiestas taurinas, para invitar a periodistas y medios de comunicación, en que incurrió un profesional de la tauromaquia, concluyéndose que había quedado acreditada aquella necesidad (FJ 4º).

Sin embargo, como se ha apuntado, la sentencia impugnada resuelve que no se ha probado por la empresa recurrente que los gastos que pretende deducir fueran necesarios, y lo hace así porque no consta quiénes fueran los destinatarios de los reglados y presentes. Tampoco hay, por tanto, contradicción doctrinal, sino aplicación del mismo criterio a realidades diferentes: en unos casos se ha probado la relación entre los gastos y la obtención de ingresos gravables (las sentencias de contraste) y en el otro no (la sentencia impugnada).

En atención a las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo procede declarar que no ha lugar a este recurso de casación:

FALLAMOS

1º) Declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina 1092/2014, interpuesto por ESTRUCTURAS MARCOS, S.A., contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª), con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso 353/2012 .

2º) Imponer las costas a la recurrente, con el límite señalado en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

Oleee, Oleee, Oleeee !!!!!

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Corte Suprema Mexicana 2015: Resulta inadecuado que para considerar un gasto como estrictamente indispensable, bastaba con que estuviera vinculado al objeto social de la empresa (No hay causalidad automática)

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Alan Emilio en Piura. Noviembre 2016

Si esos gastos no resultaban estrictamente indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse no se obstaculizaría el normal desarrollo o funcionamiento de la empresa quejosa, por tanto no eran susceptibles de ser deducibles para efectos del Impuesto a la Renta

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones♪ ♫ ♩ ♬ ♭. No solo es Perú, o Chile, sino Colombia y México. Pero algunos siguen pensando que la tierra es cuadrada.

Un favor lean por lo menos los siguientes extractos antes de opinar, nosotros ya lo conocemos de memoria desde apenas salió en México en el 2015. Y aún hay más (me reservo la jurisprudencia estadounidense, inglesa, alemana y francesa).

Reitero “no es soberbia demostrarles a tus profesores de pre y post grado que la tierra no es cuadrada“.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2973/2015

QUEJOSA Y RECURRENTE: **********.

PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: aDRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

                México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil quince

En el caso del impuesto sobre la renta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el mismo se genera operación tras operación, en la medida en la que se genera el ingreso. Ratificando lo anterior, debe considerarse, adicionalmente, que la determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, mismo que sólo puede evidenciarse en términos reales si se considera, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso.

En este contexto, si bien el objeto del impuesto lo constituyen los ingresos percibidos, dicho gravamen se determina considerando como base la renta gravable que se aprecia en la utilidad fiscal, lo cual implica que el ingreso bruto debe ser atemperado con conceptos relacionados con el costo de la producción del ingreso, es decir, con las deducciones, de tal manera que la base del impuesto sea la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que modifiquen el patrimonio del contribuyente, mediante un impacto positivo en éste.

Por otro lado, la legislación aplicable considera como deducciones vinculadas a la utilidad aquéllas que se autorizan como costo de producir el ingreso, es decir, las deducciones cuya aplicación es demandada por la lógica del impuesto.

La propia lógica del gravamen determina que, tradicionalmente, las erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, no deben ser consideradas como deducibles. Una primera y básica distinción para determinar los conceptos que no deben ser considerados deducibles, es aquella que permite excluir de dicho carácter a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, con excepción de aquellos casos, donde el legislador así lo permite por consideración a la propia situación de los causantes -como acontece con las deducciones personales de las personas físicas-, o por las circunstancias relacionadas con ciertos fines específicos que podría perseguir la erogación -como acontece con la deducción de donativos autorizada por la legislación aplicable-.

Generalmente, un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso, o bien, si es común en la industria o si parece lógicamente diseñando para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos. Así, es posible apreciar diversas clases de erogaciones que tradicionalmente serán consideradas deducibles en los términos de la normatividad aplicable, como son las efectuadas para la producción o recolección del ingreso, o bien, las erogaciones efectuadas para la administración, conservación o mantenimiento de las propiedades adquiridas para la producción de ingreso.

En el contexto descrito, resulta por demás trascendente tomar en cuenta una distinción básica para la resolución de la problemática planteada, vinculada con el tipo de erogaciones que puede efectuar una empresa: por una parte, las necesarias o indispensables para la generación del ingreso, realizadas precisamente con dicha finalidad como propósito -mismas que, en principio, deben ser reconocidas por el legislador como deducibles-; y, por la otra, las que se efectúan sin dicha vinculación causal con los fines de la empresa -las cuales, en todo caso, pueden eventualmente dar lugar a una deducción, en caso de que la misma sea otorgada por el propio creador de la norma-.

Ciertamente, para la obtención del ingreso, el contribuyente requiere de la realización de determinados gastos que le son absolutamente necesarios para la consecución de su objeto social y del ingreso, como lo es la adquisición de materia prima, el pago de salarios a sus trabajadores, los gastos de administración del negocio, etcétera. Este tipo de gastos que deben realizarse sin que exista posibilidad de su omisión son los que se consideran necesarios. Respecto de tales gastos, el legislador debe valorar la erogación de los mismos y -en principio- reconocer su deducibilidad como concepto, ya que son gastos inevitables e indispensables sin los cuales la obtención de ingresos se pondría en riesgo.

Por otra parte -en clara referencia al mencionado segundo grupo de erogaciones-, existen otro tipo de gastos que el contribuyente puede realizar o no, es decir, son contingentes, ya que no son necesarios para la obtención de ingresos sino que su realización es alternativa y no está estrechamente vinculada a la obtención de recursos económicos. Este tipo de gastos, al no ser indispensables, el legislador puede o no considerar factible la deducción de los mismos, o de una parte de ellos, ya que su erogación no condiciona la obtención del ingreso en forma alguna.

Como ha sido apuntado en los párrafos precedentes, la indispensabilidad en las deducciones constituyen el principio rector de éstas -y, de hecho, es el criterio que permite distinguir entre las erogaciones que el legislador debe reconocer en la determinación de la capacidad contributiva que justifica la concurrencia del causante para el sostenimiento de los gastos públicos-, ante la evidente necesidad de realizar determinadas erogaciones como medio, tanto para la consecución de los fines de la empresa, como para la generación de los ingresos -que, a su vez, justifican la contribución al levantamiento de los gastos públicos-.

La concepción genérica de este requisito es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de “estrictamente indispensables”; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar el concepto de estrictamente indispensable, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.

De esta manera, por “gastos” se entiende las erogaciones o salidas de dinero o bienes del patrimonio de una empresa, sin recuperación. Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española, señala como significado de los conceptos “estrictamente”, “estricto”, “indispensable” y “necesario”, lo siguiente:

“Estrictamente: precisamente, en todo rigor de derecho”.

“Estricto: estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación”.

“Necesario: que precisa, forzosa e inevitablemente ha de ser o de suceder, dícese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo y que es menester indispensablemente o hacer falta para un fin”.

“Indispensable: adj. Que no se puede dispensar. Que es necesario o muy aconsejable que suceda”.

En relación con los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta para determinar cuándo puede considerarse un gasto como estrictamente indispensable para una empresa, a saber:

1) Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad de la empresa;

2) Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;

3) Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;

4) Que deben representar un beneficio o ventaja para la empresa en cuanto a sus metas operativas;

5) Que deben estar en proporción con las operaciones del contribuyente.

En tales condiciones, el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.

 En relación con este tipo de erogaciones, dada su estrecha vinculación con la realización del hecho imponible del gravamen en comento, el legislador no puede más que reconocerlos -al menos conceptualmente- si bien desde luego se encuentra en posibilidad de establecer modalidades o requisitos para autorizar la realización de la deducción.

Así, si bien se reconoce ampliamente que las deducciones en el impuesto sobre la renta deben interpretarse de manera restrictiva -en el sentido de que únicamente pueden realizarse las deducciones autorizadas por el legislador, y de conformidad con los requisitos o modalidades que éste determine-, lo anterior de ninguna manera implica que no pueda realizarse un juicio sobre la decisión del legislador, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe reconocerse, ya no por un principio de política fiscal, sino en atención a la garantía constitucional de proporcionalidad.

En este caso, como se anticipaba, el reconocimiento conceptual de la deducción desde luego puede ir acompañado del establecimiento de modalidades, requisitos, o bien, inclusive, de restricciones, supuestos éstos que pueden obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales. Sin embargo, las referidas medidas legislativas deben ser justificadas razonablemente, en atención a que su configuración normativa tiene una trascendencia en la determinación del gravamen que corresponde a la capacidad de los causantes para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

Por el contrario, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se aprecie la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos.

En resumen, de lo expuesto en último término puede desprenderse una distinción entre dos tipos de erogaciones, relevantes para el impuesto sobre la renta, mismas que se identifican a continuación:

 Las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda equiparase con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria, en su implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, se identifique con la renta neta de los causantes.

Ello no implica que no se puedan establecer requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, siempre y cuando éstas obedezcan a fines sociales, económicos o extrafiscales, debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados.

Por otra parte, se aprecia la existencia de erogaciones que no son necesarias e indispensables para generar el ingreso del causante -como pueden ser los donativos deducibles, las deducciones personales de las personas físicas, o bien, ciertos gastos de consumo, como acontece con los efectuados en restaurantes-. La deducibilidad de dichas erogaciones es otorgada -no reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales económicas o extrafiscales.

De lo anterior destaca que el carácter de indispensabilidad de un gasto a que se refiere el artículo 31, fracción I (primer párrafo), de la Ley del Impuesto sobre la Renta [1] (vigente desde el primero de enero de dos mil tres, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece) se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

Por tanto, los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios (ordinarios, obligatorios, determinantes) para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.

Así el reconocimiento conceptual de la deducción desde luego puede ir acompañado del establecimiento de modalidades, requisitos, o bien, inclusive, de restricciones, supuestos éstos que pueden obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales.

Por el contrario, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se aprecie la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos.

Por ello, es inadecuado lo señalado por la quejosa disconforme, en el sentido de que para considerar un gasto como estrictamente indispensable, bastaba con que estuviera vinculado al objeto social de la empresa.

No escapa a la consideración de esta Segunda Sala, que el Tribunal Colegiado de Circuito al analizar el aspecto de legalidad, al referirse a si los gastos (por concepto de viáticos y gastos de viaje, artículos promocionales para representantes, apoyos a médicos y gastos de fin de año) efectuados por la quejosa podían considerarse como estrictamente indispensables, dijo que si bien podían influir en la venta de los medicamentos que comercializa; también debía considerarse que no se demostraba que garantizaran la enajenación del producto farmacéutico.

Ello porque sostuvo que aquellas erogaciones podían realizarse de otro modo, como es la elaboración de folletos publicitarios, carteles, muestras médicas, que pueden ser colocados en los consultorios médicos y/o entregados a los médicos, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta. De manera que esos gastos no resultaban estrictamente indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse no se obstaculizaría el normal desarrollo o funcionamiento de la empresa quejosa, por tanto no eran susceptibles de ser deducibles en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esto es, como lo refirió el Tribunal Colegiado de Circuito, al analizar meramente aspectos de legalidad, para establecer si los gastos efectuados por la quejosa encuadraban en la hipótesis normativa correspondiente para considerarlos como deducciones, consideró que no estaba demostrado que tales gastos fueran necesarios para alcanzar los fines de su actividad, o que sin ellos se afectara el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de realizarse, pues se insiste, sostuvo que pudo obtener los mismos efectos a través de otros medios de promoción y publicidad de sus productos.

De ahí, que contrario a lo señalado por la quejosa, el Tribunal Colegiado de Circuito no desconoció lo relativo a las particularidades que la normatividad en materia de salud prevé para la publicidad de los productos farmacéuticos que comercializa; sin embargo, al involucrar en sí, cuestiones fácticas o particularizaciones de hecho en cuanto a si los gastos efectuados por la quejosa podían considerarse estrictamente indispensables, dichos aspectos no pueden ser materia de examen en este amparo directo en revisión, al referirse cuestiones de mera legalidad que no tienen que ver con la interpretación o alcance de la norma ni se pueden vincular con su constitucionalidad, pues únicamente consisten en establecer si los gastos específicos en que incurrió la quejosa, atendiendo a sus características encuadran en la hipótesis normativa de ser estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad.

[1] Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: (…).”

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: ¿Osea la Corte Suprema del Perú, de Chile, de México, de Colombia (Consejo de Estado) …. todos están equivocados?

¿Los máximos entes jurisdicionales de todos estos países no saben de Tributación?  

Ya imagino si la tesis de causalidad “instantánea y sin mayor discusión o revisión (automática)” hubiese ganado en Perú, ya imagino las frases “grandes maestros de la tributación”, “excelsos tributaristas de prestigio”, “honoris causa y laureles deportivos YA, YA”, “mi héroe”. Pero como perdió esa tesis ….. 

Corte Suprema Mexicana 2014 se pronuncia en torno a la relación DIRECTA para la deducción de los gastos para efectos del Impuesto a la Renta

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones♪ ♫ ♩ ♬ ♭. No solo es Perú, o Chile, sino Colombia y México. Pero algunos siguen pensando que la tierra es cuadrada.

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo directo en revisión 6161/2014.

PONENTE: Ministro ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

“el hecho de celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona moral y asumir la obligación de pagar los viáticos y gastos de viaje para los trabajadores de la empresa contratada, si bien para el derecho común encuentra asidero en el principio de libertad contractual, en el ámbito fiscal, específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta implica que no se cumplieron las condiciones y requisitos a que se encuentra sujeta la deducción de tales erogaciones, sin que tal situación justifique realizar el control de constitucionalidad sobre la norma que se reclama, ya que la violación aducida no es consecuencia de su aplicación ni de su interpretación, sino de la situación concreta y particular en que se ubicó la quejosa, aspecto que representa un impedimento técnico para contrastarla con el texto constitucional.”

Cabe resaltar que la Corte Suprema Mexicana resalta que la sala responsable estableció que las erogaciones cuya deducción admitió el legislador federal, únicamente corresponderá a aquellas que se realicen en relación con personas que directamente tengan una relación laboral con el contribuyente o le presten servicios personales independientes.

El motivo por el cual fue rechazada la deducción a la actora en el juicio de nulidad, fue porque no acreditó que las personas en favor de quienes se realizaron tales gastos por concepto de viáticos tuvieran con ella una relación de trabajo personal subordinado o que le estuvieran prestando servicios profesionales, y que si bien existe un contrato entre la actora y **********, no hay ninguno que la vincule con las personas que generaron los gastos referidos, así que debía rechazarse dicha deducción.

Por lo que estimó que las personas en cuyo beneficio realizó la actora, los gastos declarados como viáticos y gastos de viaje, no reúnen las características necesarias para considerar que le estaban prestando un servicio profesional, que es en el supuesto en el que según ella se ubican, pues el artículo 32, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se refiere únicamente a personas físicas cuando hace mención de que los beneficiarios de viáticos y gastos de viaje deben tener con la contribuyente una “… relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales”, además de que por su propia naturaleza sólo las personas en lo individual y no las personas morales son susceptibles de incurrir en gastos de hospedaje, alimentación y transporte, ambas figuras están reguladas por el Título IV de dicho ordenamiento, relativo precisamente a las personas físicas.

Se determina que, la actora no puede, con base en el contrato mencionado, justificar la deducibilidad de erogaciones que hizo al margen o en contra de lo expresamente pactado en él, pues ahí se estipuló que sería **********, quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle servicios a la actora (para que al final le fueran cargados al costo total del servicio), y no ésta de manera directa, como de hecho dice que lo hizo, lo cual haría presumir que más bien fueron causados por personas que ni siquiera con tal empresa tenía alguna relación jurídica, pues en el contexto contractual citado, la conducta adoptada por la actora resulta inexplicable.

Así, el tribunal colegiado señala que en virtud de que la regla general prevista en el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es que no son deducibles los gastos de viaje y viáticos, los términos específicos y excepcionales conforme a los cuales pueden llegar a deducirse deben ser interpretados en forma literal y estricta, de manera que únicamente lo serán aquéllos que se hubieran pagado a personas que tengan con el contribuyente una relación de trabajo personal subordinado (hipótesis que la propia actora descartó), o bien que le presten un servicio profesional independiente (como aquélla pretende), lo cual de ninguna manera se colma en este caso, pues el tipo de servicio que recibía o recibe la actora no es directo ni independiente, sino que se lleva a cabo por medio de personas empleadas de **********, que no tienen con la actora ninguna relación jurídica (laboral o de cualquier otra clase), sino meramente material, además de que en el contrato respectivo, expresamente se estableció que sería esa empresa quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle los servicios que requiere la actora para incluirlos en el costo total del servicio.

Por tanto, se sostiene que si los gastos facturados están a nombre de personas distinta a ella, sin que se advierta dato alguno que indique que tales personas le presten un trabajo personal subordinado, pues ella misma dijo que no contaba con empleados, o que le prestaran un servicio profesional independiente, ya que como dijo la demandada no hay ningún contrato o cualquier otro documento que las vincule con la actora de esa forma, y por el contrario existe un contrato de prestación de servicios celebrado con una persona moral, según el cual sería ella como prestadora de servicios de recursos humanos, y no la actora, quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle servicios a esta última, los cuales serían posteriormente cargados, sumados o trasladados al costo total del servicio pactado por ambas, y que no puede ser, entre personas morales, un servicio profesional, de ahí la imposibilidad de que la actora dedujera tales gastos.

Finalmente el tribunal colegiado, concluye que, aun cuando pueda considerarse, que la propia autoridad fiscal reconoció que los gastos citados estaban destinados al personal de********** para la prestación de servicios en beneficio de la actora, se debía reiterar que eso no es suficiente para considerar que los gastos son deducibles, pues ese esquema de operaciones no se traduce en considerar a los empleados de dicha empresa como personas que prestan a la actora un servicio profesional independiente, pues tal vínculo en todo caso, sólo podría existir con la prestadora del servicio, pero nunca con la actora, quien sólo es la beneficiaria o destinataria material de ciertos recursos humanos, pero con los cuales no tiene ningún vínculo de carácter jurídico, tal como incluso se llegó a consignar en la tercera de las cláusulas pactadas en el contrato; de ahí lo fundado de los argumentos hechos valer al respecto.

Que aún y cuando pudiera considerarse que la propia autoridad reconociera que los gastos citados estaban destinados al personal de **********, para la prestación de servicios en beneficio de la actora, ello no es suficiente para considerar que los gastos son deducibles, pues ese esquema de operación no se traduce en considerar a los empleados de dicha empresa como personas que prestan a la actora un servicio profesional independiente, porque tal vínculo sólo podría existir con la prestadora del servicio, pero nunca con la actora, la cual sólo es beneficiaria o destinataria material de ciertos recursos humanos.

Que por tanto, la actora no acreditó la deducibilidad de los gastos efectuados en cantidad de **********, por concepto de viáticos y gastos de viaje.

Descargad la sentencia en el siguiente enlace web:

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: ¿Osea la Corte Suprema del Perú, de Chile, de México, de Colombia (Consejo de Estado) …. todos están equivocados? ¿Los máximos entes jurisdicionales de todos estos países no saben de Tributación?  Ya imagino si la tesis de causalidad “instantánea y sin mayor discusión o revisión (automática) hubiese ganado, ya imagino las frases “grandes maestros de la tributación”, “excelsos tributaristas de prestigio”, “honoris causa y laureles deportivos YA, YA”, “mi héroe”. Pero como perdió esa tesis ….. 

Hace años AÑOSSSS en Colombia ya saben que la “causalidad no es automática”

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Alan Emilio en Arequipa 2016

Por eso y muchas cosas mááááááássssss, no creas en falsos dioses, falsas escuelas o falsas doctrinas que te ilusionan con fábulas:

4.9.6 Como se expuso con anterioridad, no basta con que el contribuyente en su denuncio rentístico incluya una erogación para que ésta sea deducible, es imprescindible que el gasto[45] se haya realizado dentro de la vigencia fiscal, y que adicionalmente se cumplan los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad previstos en la norma tributaria (art. 107 E.T.).

4.9.7 Respecto de la necesidad y de la proporcionalidad, en el artículo 107 del Estatuto Tributario el legislador previó que el contribuyente debe determinar estos requisitos con criterio comercial, es decir, desde el entorno en el que desarrolla su actividad económica, lo que ciertamente implica que la decisión que adopte respecto de la deducción por expensas necesarias indiscutiblemente deba estar soportada en una costumbre generalizada y de ocurrencia común en la actividad de otras empresas del mismo sector.

4.9.8 De manera que, cuando el contribuyente solicita el reconocimiento de una deducción, debe aportar el material probatorio suficiente y válido que justifique el derecho que pretende se le reconozca, máxime si alega esta circunstancia.

4.9.9 Debe aclarar la Sala que no solamente se debe tener como sujeto a deducción lo que surja del criterio comercial, porque puede ocurrir que eventualmente existan casos en los que no sea posible hacer esta comparación; por lo tanto, es preciso que en todas las ocasiones en las que se pretenda el derecho a la deducción prevista en el artículo 107 del Estatuto Tributario, el contribuyente demuestre el cumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad.

4.9.10 En relación con este tema, la Sala puntualizó que:

“(…) tanto la necesidad como la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y, para el efecto, el artículo 107 del E.T. dispone dos parámetros de análisis. El primero, que la expensa se mida teniendo en cuenta que sea una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad. La segunda, que la ley no limite la expensa como deducible.

Respecto de la primera, habida cuenta de que el parámetro de comparación depende de la actividad que desarrolle la empresa y de las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad, este es un asunto de hecho que amerita ser probado y, por lo tanto, la dificultad en este punto concierne a la prueba que deberá acreditar el contribuyente para demostrar el derecho a la deducción. La prueba se debe encauzar a que es una “costumbre normal” hacer la erogación, pero, además, forzosa, pues la costumbre no anula la calidad de necesaria de la expensa. Las expensas que se hacen por obligación de la ley no pueden confundirse con la costumbre, como “Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto”[46]. En consecuencia, lo forzoso puede devenir del cumplimiento de obligaciones legales, del cumplimiento de obligaciones empresariales[47] o de la costumbre mercantil[48]. Por tanto, la expensa será deducible si cumple el criterio de necesidad atendiendo a cualquiera de las circunstancias descritas”[49] (Se subraya).

4.9.11 Hecha la anterior precisión, se advierte que en el sub-exámine la parte demandante asegura que el manejo de estas expensas obedeció a un criterio comercial, por lo tanto, es indudable que le correspondía asumir la carga probatoria a fin de comprobar su afirmación. Como quiera que no lo hizo y la Sala no evidencia que los conceptos relacionados cumplan con los requisitos de necesidad y causalidad previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributaria, este cargo de ilegalidad tampoco está llamado a prosperar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014)

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: CITIBANK COLOMBIA S.A.

DEMANDADA: U.A.E. DIAN

RADICADO: 250002327000-2009-00220-01 (19288)

DECISIÓN: CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2004

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: Antes de la creación viene la destrucción

Jurisprudencia Colombiana 2016: Máxima Instancia en materia tributaria desarrolla la correcta forma de determinar el Impuesto a la Renta colombiano

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Alan Emilio en Piura. Noviembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho

Cusco, sábado 19 de noviembre 2016 expongo en el Programa de Alta Especialización en Tributación organizado por INEDI CUSCO

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable en Lima – Expongo el 23 de noviembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D. C., primero (1) de junio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación: 250002337000201200097-01 [20276]

Demandante: INVERSIONES ESCORIAL S.A. (NIT. 900257179-8)

Demandada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN (Lo que viene a ser la SUNAT en el Perú)

Asunto: Impuesto sobre la Renta año gravable 2009

Consejera Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

ANTECEDENTES

El 14 de abril de 2010, INVERSIONES ESCORIAL S.A. presentó la declaración de renta del año gravable 2009, en la que registró ingresos brutos por $155.706.217.000, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por $45.136.132.000, ingresos netos por $110 570.085.000, costos por $110.455.256.000, deducciones por $670.872.000, una pérdida líquida del ejercicio de $556.043.000, una renta líquida gravable de $297.213.000, correspondiente a la renta presuntiva, un total impuesto a cargo de $98.080.000 y un total saldo a pagar de $118.190.0002 .

El 20 de septiembre de 2011, la DIAN notificó el Requerimiento Especial 322402011000287 en el que propuso desconocer el total de las deducciones por $670.872.000, que comprende los gastos operacionales de administración por $277.486.000 y otras deducciones por $393.386.000. Ello, porque de acuerdo con el artículo 177-1 del Estatuto Tributario no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional3 . El 2 de diciembre de 2011, la actora dio respuesta al requerimiento especial.

El 7 de junio de 2012, la DIAN notificó a la actora la Liquidación Oficial de Revisión 322412012000011 de 6 de junio de 2012, en la que modificó la declaración para desconocer las deducciones por $670.872.000, por ser imputables a los ingresos no constitutivos de renta que obtuvo la actora. Como consecuencia, determinó una renta líquida de $114.829.000 y una pérdida líquida de $0. Asimismo, mantuvo la renta presuntiva como renta líquida gravable y el impuesto a cargo y fijó una sanción por inexactitud de $293.591.000 y un total saldo a pagar de $411.781.0005 .

La actora acudió directamente ante esta jurisdicción, de conformidad con el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario.

NOTA: En Colombia, el Estatuto Tributario es la norma sustantiva tributaria principal, y cuando refieren “actora” es para identificar al contribuyente. 

Sobre el particular, la Sala precisa lo siguiente:

En general, de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, para determinar la renta líquida gravable se suman los ingresos ordinarios y extraordinarios y a estos se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo que se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. Y de la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. La renta líquida, salvo las excepciones legales, es la renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.

Para la procedencia de las deducciones, el artículo 107 del Estatuto Tributario dispone que “son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.” La norma también prevé que “La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”.

Sobre los requisitos para la procedencia de las deducciones, la Sala ha precisado lo siguiente (25):

25 Entre otras, ver sentencia de 5 de mayo de 2011, exp. 17888, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

“La relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos deben guardar una relación causal con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente. Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce renta, de manera que sin aquélla no es posible obtener ésta, que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa – efecto.

“El gasto es ‘necesario’ cuando es el normal para producir o facilitar la obtención de la renta bruta y el acostumbrado en la respectiva actividad comercial, es decir, que sea normal así sea esporádico, requerido para comercializar, prestar un servicio, y en general obtener el ingreso por el desarrollo económico propio de la labor a la que se dedica el administrado. Por ello, no se permite que se deduzcan gastos, erogaciones o salidas de recursos, que sean suntuarios, innecesarios o superfluos que no coadyuven a producir, comercializar o mantener el bien o el servicio en condiciones de utilización, uso o enajenación, es decir, que no se requiera incurrir con miras a obtener una posible renta.

“Por otro lado, la proporcionalidad de las expensas, es decir la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) deberá medirse y analizarse en cada caso de conformidad con la actividad lucrativa que se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial (26) para ese sector, de manera que la rigidez normativa cederá ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también deben cumplir.

26 Sobre la costumbre mercantil el artículo 3° del Código de Comercio expresa:

ARTICULO 3°. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de la costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior”.

“Sobre los requisitos de necesidad y proporcionalidad, la reiterada jurisprudencia de la Sala, ha expresado:

“‘…Es claro y determinante el texto del artículo 107 del Estatuto Tributario, al establecer que para que las expensas sean deducibles se requiere que el gasto sea ‘necesario’ o sea, el normal para producir o facilitar la generación de la renta por parte de la actividad generadora de la misma, y lo acostumbrado en la correspondiente actividad empresarial, vale decir, proporcional de acuerdo a la actividad, y que exista una ‘relación de causalidad’ la cual está referida al vínculo que debe existir entre la actividad productora de renta y el motivo de las expensas…”.(27) (Subraya la Sala)

27 Sentencia del 13 de diciembre de 1995. Expediente 7158. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.

Por su parte, el artículo 177-1 del Estatuto Tributario establece un límite a los costos y deducciones, así:

“Artículo 177-1. Límite de los costos y deducciones. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional ni a las rentas exentas. (…)”.

Esta norma establece una limitación a los costos y deducciones al disponer que, en la determinación de la renta líquida no son aceptables los costos y las deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta. Por tanto, deben desconocerse los gastos imputables a los ingresos no constitutivos de renta. La intención del legislador fue evitar “la absorción indirecta de costos y gastos e impedir el nacimiento de pérdidas fiscales amparadas en gastos y costos asociados con rentas no gravadas. Por ello, simultáneamente el inciso sexto del artículo 147 del E. T señala que no se aceptarán como deducción las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Es decir, si un sujeto atribuye dentro de su proceso ordinario de depuración de la renta costos y gastos que resulten asociados con ingresos no constitutivos de renta y/o con rentas exentas, dichos costos y gastos no podrán ser tomados como deducibles y, menos aún, podrán dar lugar a pérdidas fiscales”(28) .

28 Jesús Orlando Corredor Alejo, “El impuesto de renta en Colombia. Parte General”. Centro Interamericano Jurídico Financiero CIJUF. 2009, pág 336.

De manera coherente con el artículo 177-1 del E.T, el artículo 147 inciso sexto del Estatuto Tributario, (29), prevé que “Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, salvo las generadas en la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el artículo 158-3 de este Estatuto”. Así, no son deducibles los costos y gastos que estén asociados con la obtención de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional o rentas exentas y tampoco tales costos y gastos pueden dar lugar a pérdidas fiscales.

29 Modificado por el artículo 5 de la Ley 1111 de 2006

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho

Cusco, sábado 19 de noviembre 2016 expongo en el Programa de Alta Especialización en Tributación organizado por INEDI CUSCO

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable en Lima – Expongo el 23 de noviembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Confirmado también en Cusco, Lima (San Isidro) y Lima (Independencia).

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO Y CONTABLE

FECHAS: 05, 12,19 y 26 de Octubre del 2016
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HORARIO: 6:00 a 10:00 PM.

» Inscripción: S/. 100.00
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» Pronto pago al contado: S/ 400.00 (Antes del 24 de setiembre)
LUGAR DE CLASES:  Calle Ricardo Angulo 269 San Isidro. Referencia a la espalda de la Clínica Ricardo Palma (altura de la cuadra 11 de la Av. Javier Prado Este (a tres cuadras del paradero del Metropolitano estación Javier Prado).

El Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable se presenta con una orientación profesional teórica y práctica, el programa complementa los cursos generales en materia tributaria con cursos especializados para profundizar las áreas temáticas de mayor interés.


DIRIGIDO A:
Dirigido a profesionales de las áreas de Contabilidad, Economía, Administración, Derecho y otras carreras interesadas así como, profesionales de otras áreas de las empresas que se encuentren interesados en los temas.

OBJETIVOS:
*Comprender los aspectos vinculados al Sistema Tributario, Derecho Tributario y al conjunto de las obligaciones tributarias referidos al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Tributación Sectorial, entre otros y las Normas Internacionales de Contabilidad y su incidencia en la Tributación.
*Obtener un mejor conocimiento del Sistema y regulación tributaria actualizada en los ámbitos nacional, regional, local e internacional.
*Fomentar la interpretación de la legislación tributaria para una comprensión adecuada de las resoluciones administrativas, judiciales y constitucionales a nivel nacional e internacional.

METODOLOGÍA:
*Exposiciones de alto nivel complementadas con el intercambio de experiencias entre el expositor y los participantes.
*Análisis de casos prácticos sobre la base contenida de RTF
*Asesoría por la plana docente durante el desarrollo del Programa, Conferencias Magistrales.

TEMARIO:


UNIDAD UNO
MARCO CONSTITUCIONAL
Código Tributario y Leyes Principales vinculadas a la Tributación Principios Constitucionales, Prescripción, Responsabilidad Solidaria, Contenido de las Resoluciones de Determinación y Reclamaciones ante SUNAT

UNIDAD DOS
IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LAS NIIF
Marco Conceptual
Casuística vinculada a la aplicación de la normativa contable y su repercusión en los Estados Financieros

UNIDAD TRES
IMPUESTO A LA RENTA Y LAS CONTROVERSIAS FISCALES EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Operaciones nacionales y con el extranjero
Cómo defender y sustentar tus operaciones

UNIDAD CUATRO
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS y EL SISTEMA DE DETRACCIONES
Sustento del crédito fiscal del IGV, reconocimiento de operaciones gravadas. Aplicación de la prorrata y casos especiales.

UNIDAD CINCO
TRIBUTACIÓN LABORAL
Contratos de Trabajo y la locación de servicios. Contrato CAS
Contingencias, participaciones, vacaciones, y casos especiales

UNIDAD SEIS
CONTIGENCIAS Y PREVENCIONES PARA EVITAR EL FRAUDE CONTABLE Y PERJUICIOS CONTRA LA EMPRESA
Fiscalización Electrónica, Delitos Tributarios, Lavado de Activos, Operaciones Reales
El ciclo empresarial visto desde la perspectiva tributaria.

UNIDAD SIETE
ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS LIBROS Y COMPROBANTES ELECTRONICOS.
Libros y Registros Electrónicas y las contingencias que deben prevenirse. Repercusiones y sustento

UNIDAD OCHO
JURISPRUDENCIA – TRIBUNAL FISCAL, PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conozca diversos casos exitosos de los contribuyentes que defendieron adecuadamente su posición empresarial y también los casos en los cuales la falta de prevención contable generó reparos cuantiosos.

INVERSION:
» Inscripción: S/. 100.00
» Precio Normal: S/. 500.00.
» Precio en dos partes: S/. 300.00 + 300.00 = S/ 600.00
» Pronto pago en dos partes: S/. 270.00 + 270.00 = S/ 540.00 (Antes del 24 de setiembre)
» Pronto pago al contado: S/ 400.00 (Antes del 24 de setiembre)

Para INSCRIBIRSE debe realizar el depósito de S/. 100.00 a las cuentas mencionadas en la parte inferior y enviar al correo cursos@perucontable.com el voucher y/o transferencia con sus datos completos y DNI. Y las cuotas en las fechas correspondientes de acuerdo a cada plan.

BENEFICIOS:
» Diploma a nombre de Instituto Peruano Contable Gubernamental y Corporación Perú Contable SAC
» Material de trabajo (anillado) por cada sesión.
» DVD con material digital; artículos, guías (en PPT y PDF), todas las normas legales mencionadas en PDF y video grabado de cada sesión.
» Coffee Break
» Lapicero Institucional
» Regalo: Ebook de Contabilidad de Constructora de nuestra Tienda Contable.

NOTA: Se va sortear entre todo los participantes el SISTEMA CONTABLE EN EXCEL ACCES – CONTAEXCEL 3.0.

LUGAR:
Av. Petit Thouars # 5478, Miraflores – Lima – Perú. (Ref. Altura Ovalo Miraflores),

INFORMES E INSCRIPCIONES:
CPC. John Andrés Leyva.
RPM: *660696 | RPC: 943775659 | cursos@perucontable.com

CPC. Ana Nuñez Cabanillas.
ENTEL: 988390127 | cursos@perucontable.com

CUENTAS BANCARIAS:
– Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 00-371-131825 – Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.
Comisión bancaria : + S/ 6.50

– Cta de ahorros en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 04-784-407298 – Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : No

-Cta de ahorros del Banco ScotiaBank N° de cta 751-7368002- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : No

-Cuenta de ahorros Banco de Crédito (BCP) N° 375-32259455-0-64- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : Si + S/ 4.50

-Cuenta de ahorros Banco Interbank N° de Cta: 622-302017516-6 Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : Si + S/ 3.50

– Los pagos puede realizarlo en agentes, ventanilla, cajero, trasferencia vía internet, etc

Posteriormente enviar el Vocuher y/o datos de la transferencia al correo cursos@perucontable.com con su Nmbres completos, teléfono y DNI.

En Facebook: https://www.facebook.com/events/742605445879817/

Sentencia 2016 Corte Suprema de Chile: “Ley sobre Impuesto a la Renta, sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de INEVITABLES y OBLIGATORIOS… esto es aquellos desembolsos EN QUE PRECISA, FORZOSA e INEVITABLEMENTE ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar.”

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Alan Emilio en Iquitos – Agosto 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

Mediante Sentencia Casatoria ROL 3263-2015, de fecha 18 de abril del 2016, emitida por la Segunda Sala de la Corte Suprema de la República de Chile, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y Jorge Dahm O, se confirma la tesis expuesta desde hace varios años en torno a la deducibilidad de los gastos corrientes generados por un ente empresarial, a efectos de desvirtuar las fantasías de “gasto automático, libertino e iluso”. Considero que este contenido es de alta calidad y magistral y debe ser apreciado en su contexto doctrinario, específicamente en el contenido de su Fundamento Décimo:

      Décimo: Que el artículo 31, inciso primero, de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone en lo pertinente que “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.

Si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que “éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo ‘necesarios’, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar” (SCS Rol N° 6380-2009 de 4 de noviembre de 2011).

Entendido así el concepto de “necesariedad” del gasto, en lo que dice relación a las indemnizaciones pagadas por años de servicio al trabajador, sólo pueden calificarse como tales aquellas que el empleador no puede dejar de pagar por corresponder a un imperativo legal, ello, con independencia si el obligado reconoce, asume o cumple voluntariamente dicha obligación. En ese orden, cuando un empleador asume o se compromete el pago de las indemnizaciones correspondientes a los períodos trabajados para los empleadores que le antecedieron, para discernir si se trata de un gasto necesario, lo que debe dilucidarse es si, aun en ausencia de dicha asunción o compromiso, igualmente se encuentra compelido a ello por mandato legal, sin perjuicio, huelga explicar, que pueda perseguirse igualmente, y de manera compulsiva, el pago del exceso ante la judicatura laboral, pues lo aquí razonado únicamente tiene vigencia en el ámbito tributario para determinar los límites de lo que se considerará como gasto para producir la renta.

La Sentencia Casatoria 2016 puede ser descargada libremente en el siguiente enlace web: Sentencia Casatoria Chilena 2016 Alan Emilio Matos Barzola

Bajo dicho escenario y atendiendo a que su estructura y marco legal es similar al Impuesto a la Renta peruano, ya se cuenta con una base “I M P A R C I A L” que facilitará la decisión de los jueces en diferentes casos. Ojo es una Sentencia que resuelve en sede casatoria una controversia tributaria y emitida por la máxima judicatura de un estado al cual se le atribuye un nivel de desarrollo económico admirable por muchos países, incluyendo al nuestro, y no solamente se trata de un simple “parecer u opinión” emitida por un abogado parcializado e interesado en sofismas y retóricas gaseosas.

Por eso y muchas cosas maaaasss, sino quieres quedarte en la década del 70 en materia tributaria, no asumas como verdad absoluta lo que te cuenta algún romántico justiciero de la tributación.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

 

Jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español 2016: No puede ser materia de Recurso de Casación la interpretación y calificación de los contratos

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Mediante Sentencia N° 416/2016, de fecha 24 de febrero del 2016 emitida para resolver el Recurso de Casación Núm.: 4044 / 2014 Magistrado Ponente Manuel Martín Timón , la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español establece que las siguientes consideraciones en torno al alcance del análisis en la vía casatoria:

La interpretación y calificación de los contratos es tarea que corresponde, en principio, a los tribunales de instancia.

Ha reiterado nuestra jurisprudencia hasta la saciedad que su criterio ha de prevalecer, a menos que se acredite ser ilógica, contradictoria o vulneradora de algún precepto legal, pues constituye facultad privativa de la Sala de instancia (por todas, Sentencias de la Sala Primera de lo Civil de 17 de febrero de 2003 , 6 de octubre de 2005 , 7 de junio de 2006 , 29 de marzo y 5 de mayo de 2007 , 14 y 27 de febrero y 26 de junio de 2008 ).

También esta misma Sección, en las Sentencias de 8 de febrero , 12 de julio de 2006 , 6 y 20 de junio de 2011 tiene afirmado que la interpretación del alcance de un contrato singular suscrito entre las partes, y de los negocios jurídicos en general que unas y otras acuerden, corresponde a los tribunales de instancia y no a los de casación.

Debe prevalecer en esta sede la apreciación que aquéllos hagan, pues son los órganos jurisdiccionales a quienes compete la función propia de interpretar los contratos «salvo en los supuestos excepcionales de que dicha interpretación contravenga manifiestamente la legalidad o resulte errónea, disparatada, arbitraria, contraria al buen sentido, pugne abiertamente con realidades suficientemente probadas o contenga conclusiones erróneas decisivas, sean irracionales o incluso adolezcan de una desproporcionalidad no encajable en un normal raciocinio», según recordamos en sentencias de 10 de mayo de 2004 y 18 de enero de 2005 .”

En la misma línea, en las más recientes sentencias de 12 de diciembre de 2011 (rec. de cas.6509/2009 ), 23 de julio de 2012 (rec. de cas. 599/2010) y de 2 de noviembre de 2015 (rec. de cas. 3778/2013, dijimos: se ha de recordar que la interpretación y la calificación de los contratos es tarea que corresponde a los tribunales de instancia, sin que este Tribunal deba intervenir, salvo que, al desarrollarla incurran en arbitrariedad, ofreciendo un resultado ilógico, contradictorio o contrario a algún precepto legal, proceder que está ausente en este caso.

Así lo hemos venido sosteniendo, haciendo nuestro un criterio jurisprudencial de la Sala Primera de este Tribunal Supremo [sentencias de 17 de febrero de 2003 (casación 2018/97 , FJ 1º), 7 de julio de 2006 (casación 4131/99, FJ 2 º), y 26 de junio de 2008 (casación 2227/01 , FJ 2º)], seguido por la nuestra, entre otras, en las sentencias de 18 de enero de 2005 (casación 7321/01 , FJ 5º), 12 de julio de 2006 (casación 5609/01 , FJ 2º), 13 de noviembre de 2008 (casación 5442/04 , FJ 10º), 6 de marzo de 2009 (casación 2824/03 , FJ 62 3º), 8 de octubre de 2009 (casación para la unificación de doctrina 234/04, FJ 4 º ) y 29 de marzo de 2010 (casación 11318/2004 , FJ 22º).

En otras palabras, sólo podemos adentrarnos en ese terreno vedado cuando la calificación que se discute contravenga manifiestamente la legalidad o resulte errónea, disparatada, arbitraria, contraria al buen sentido, pugne abiertamente con realidades suficientemente probadas o contenga conclusiones erróneas decisivas, sean irracionales o incluso adolezcan de una desproporción no encajable en un normal raciocinio.

La consideración de un negocio jurídico o conjunto de negocios jurídicos como anómalos, a cuya categoría pertenecen los que incurren en una simulación relativa, pertenece, sin duda, al ámbito de su calificación. Y, en el presente caso, la proyección que hace el tribunal de instancia de la referida categoría de negocio incurso en simulación relativa al conjunto de operaciones que describe no es, en modo alguno, encuadrable en alguno de los citados supuestos en que cabe la revisión casacional.

Por el contrario, el criterio de la Sala de la Audiencia Nacional se acomoda a lo establecido por la doctrina de la Sala, expresada, entre otras muchas, en sentencias de 20 de septiembre de 2005 (rec. de cas. 6683/2000), 30 de mayo de 2011 (rec. de cas.1061/2007), 10 de marzo de 2014 (rec. de cas. 1265/2011), 24 de febrero de 2014 (rec. de cas. 1347/2011) y 27 de noviembre de 2015 (rec. de cas. 3346/2014).

La propia sentencia de instancia hace expresa y literal referencia a dicha jurisprudencia en el Fundamento de Derecho Noveno que antes quedó transcrito. A partir de lo expuesto, los motivos que se analizan deben ser también desestimados porque la recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, parte de una calificación distinta de la realizada por el Tribunal “a quo”, que, como hemos dicho, ha de entenderse válida, y a la que no son aplicables los artículo y jurisprudencia que se dicen infringidos.

Tal como se puede advertir, el Recurso de Casación no puede efectuar ninguna interpretación o calificación de los contratos (sean privados o de estabilidad tributaria) dado que esta constituye una tarea que le corresponde a los tribunales de instancia (Juez o Sala Especializada).

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 27 de agosto 2016

Confirmado también en Piura, Huaraz, Arequipa, Chiclayo, Pucallpa e Iquitos

CEPAL (Naciones Unidas) y OXFAM emiten documento sobre Tributación para un Crecimiento Inclusivo. Marzo 2016

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Alan Emilio Matos Barzola en Arequipa – Agosto 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Jornada de Actualización Contable – Tributaria en Loreto (Iquitos) 13 de agosto del 2016

Seminario de Actualización Tributaria 2016 Lima -Surco 20 de agosto 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 27 de agosto 2016

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la entidad Oxfam Internacional han preparado una publicación de marzo 2016, cuyo propósito es contribuir a los esfuerzos para combatir la desigualdad en América Latina, analizando los desafíos tributarios y proponiendo directrices de políticas.

Recomiendo leerlo varias veces, su descarga es libre y a continuación reseño (copio) algunos aspectos a destacar:

  1. Bajos niveles de recaudación tributaria en América Latina:  La mayoría de los países de la región apenas alcanzan el nivel mínimo del 20% que sería necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, varios países de América Latina están por debajo de ese umbral. A pesar de que esto representa una notable mejoría, los países de América Latina todavía no han igualado a los países miembros de la OCDE, que registraron una recaudación por impuesto sobre la renta de un 11,6% del PIB en 2013.
  2. Los regímenes tributarios apenas han nivelado la distribución de ingresos:  El impuesto sobre el valor agregado y otros impuestos sobre el consumo aportan muchos ingresos al gobierno, pero tienden a ser altamente regresivos en su impacto principal. El Impuesto sobre la Renta aporta muchos menos ingresos, pero es más progresivo en su efecto primario.
  3. A pesar de las recientes reformas, la recaudación por impuesto sobre la renta de las personas físicas es especialmente baja en América Latina: Este pobre desempeño podría deberse en parte a la elusión de impuestos a gran escala, además de a las deficiencias estructurales del código tributario.
  4. La evasión fiscal constituye un gran desafío para el fortalecimiento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y de las empresas: La elusión de impuestos endémica no se limita al impuesto sobre la renta de las personas físicas en la región. Conviene destacar que estas estimaciones están basadas en datos de cuentas nacionales y, por lo tanto, no toman en cuenta las pérdidas derivadas de prácticas agresivas de planificación tributaria ni los precios de transferencia, que reducen artificialmente el nivel de beneficios registrados en la economía. La evasión del IVA es menos pronunciada, sobre todo en comparación con la elusión del impuesto sobre la renta, pero sigue siendo significativa.
  5. Las tasas efectivas de impuestos sobre los ingresos más altos siguen siendo muy bajas y su impacto sobre la desigualdad de ingresos es limitado: Las estimaciones de EUROMOD sugieren que el promedio de la tasa impositiva efectiva en la Unión Europea es del 13,3%. Con respecto a los 16 países de América Latina que se tomaron en cuenta, la CEPAL estima que el promedio de la tasa efectiva está en torno al 2,3%, una cifra que queda confirmada a grandes rasgos por los datos de las cuentas nacionales.
  6. Una política fiscal que intensifica las desigualdades de género: La política tributaria, en coordinación con políticas de gasto público y otras políticas, puede promover el papel de la mujer en el mercado de trabajo, mejorar la calidad de su empleo y proteger y fomentar el consumo de bienes y servicios que son cruciales para su desarrollo. Sin embargo, a pesar de todo el potencial que podría tener la política tributaria como herramienta política para enfrentar las desigualdades entre hombres y mujeres, sigue estando infrautilizada en la región y persisten omisiones importantes que parecen agravar las condiciones de desigualdad.
  7. El desempeño a largo plazo del impuesto sobre la renta corporativa dependerá de varias tendencias tributarias a nivel regional y mundial:  Los países de la región están potencialmente expuestos a significativas pérdidas de ingresos como consecuencia de la erosión de la base imponible y el traslado de utilidades por parte de empresas multinacionales. Los inversionistas extranjeros controlan una parte significativa de la actividad económica de la región y se muestran especialmente activos en algunos de los principales sectores, como la minería y las manufacturas.Los paraísos fiscales y los abusos en relación con los impuestos corporativos están destruyendo el contrato social entre el gobierno y el ciudadano, al permitir que los que podrían aportar más a la sociedad no paguen los impuestos que les corresponden en justicia.
  8. Las iniciativas deben otorgar prioridad a la reducción de incentivos fiscales y a mejorar la construcción de capacidades en las administraciones tributarias nacionales: Se deben hacer esfuerzos por mejorar los acuerdos de intercambio de información, para afrontar adecuadamente la planificación fiscal y poder estimar y reducir los flujos ilícitos y la evasión y elusión de impuestos.

La CEPAL y Oxfam exhortan a todos los países y todas las entidades regionales y subregionales de América Latina y el Caribe a:

  • Reforzar los acuerdos fiscales en la región para poner nuevamente en marcha un círculo virtuoso de mejores servicios públicos y una mayor disposición a pagar los impuestos. No se puede lograr la justicia social sin la justicia tributaria.
  • Hacer de la igualdad de género una prioridad fundamental en el diseño y la implementación de los sistemas tributarios. Las medidas en los códigos tributarios para abordar los efectos discriminatorios y las herramientas presupuestarias sensibles al género deben coordinarse plenamente para garantizar el compromiso de lograr la igualdad de género.
  • Comprometerse a aumentar la relación entre los impuestos y el PIB en cada país, para que se acerque a la capacidad tributaria máxima. El logro de una relación del 20% entre los impuestos y el PIB (el mínimo que se requiere para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible) debe considerarse un primer paso, necesario pero no suficiente. Todos los países requieren una evaluación inicial para establecer su máxima capacidad tributaria y elaborar una hoja de ruta de incrementos de un 5% anual. Se debe garantizar que los esfuerzos por lograr la suficiencia no aumenten la regresividad.
  • Llevar a cabo amplias reformas de los códigos tributarios para reequilibrar los impuestos directos e indirectos, trasladando la carga fiscal desde el trabajo y el consumo hacia el capital, la riqueza y los ingresos asociados, a través de impuestos como por ejemplo los que gravan las transacciones financieras, la riqueza, las herencias y las ganancias de capital. Todos los actores económicos deben aportar según su capacidad real. Los que tienen más (individuos adinerados y grandes empresas) deben pagar más.
  • Crear programas regionales integrados para abordar competencias tributarias dañinas que provocan una espiral improductiva. Es posible mejorar el entorno de inversión a través de medidas que no sean incentivos tributarios. Las decisiones deben estar precedidas por un análisis de costo-beneficio para medir el impacto social y es necesario contar con plena transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos nacionales.
  • Otorgar prioridad a la erradicación de la evasión y la elusión de impuestos, a través del compromiso de lograr una reducción del 50% en un plazo de cinco años y una reducción del 75% en diez años. Crear un plan de acción regional agresivo, que combine acciones coordinadas para dar cohesión a las leyes tributarias nacionales y una estrategia regional para combatir el uso de paraísos fiscales mediante una lista negra regional, con sanciones automáticas aplicadas a los países, corporaciones e individuos que hagan uso de los paraísos fiscales para reducir los impuestos que pagan. La evaluación, monitoreo e informes por pares constituirán elementos cruciales.
  • Colaborar con todas las instituciones regionales e internacionales para renovar el compromiso de una nueva agenda tributaria global para resolver las incoherencias de los sistemas tributarios internacionales. Es hora de que se produzca una segunda generación de reformas tributarias globales que incorpore los elementos claves que todavía faltan: la reasignación de los derechos de fiscalización por origen y residencia, el fin de la consideración de las empresas como entidades separadas a efectos tributarios, la lucha contra el abuso de los tratados, abordar la elusión de los impuestos a las ganancias de capital y frenar la competencia tributaria excesiva.
  • Apoyar la creación de un organismo tributario intergubernamental de las Naciones Unidas, con capacidad regulatoria inclusiva y con relevancia y participación universales. Será imposible conseguir una nueva generación de reformas tributarias globales si los involucrados no pueden participar en la toma de decisiones. Asimismo, intensificar la cooperación tributaria en América Latina, para responder de forma coherente a las necesidades regionales específicas y lograr una mayor influencia a nivel global.
  • Promover la creación de programas de construcción de capacidades, ante todo para aprender de las experiencias positivas, liderados por organismos regionales en estrecha coordinación con instituciones internacionales.
  • Fomentar una participación efectiva de los ciudadanos en las reformas tributarias y desarrollar mecanismos parlamentarios para garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos en lo relativo al establecimiento de objetivos realistas y al monitoreo de los avances.
  • Reconstruir la confianza tributaria enseñando con el ejemplo. Para incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, las políticas tributarias deben ser evaluadas de manera independiente y transparente, sin una influencia desproporcionada de las élites ni de los grupos económicos más poderosos.

ESTA ES LA CRUDA REALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA AL 2016 Y NO LA QUE PREGONAN ALGUNOS “apasionados”.

El documento completo (leanlo completo incluyendo las gráficas que son sobre cifras reales) puede ser descargado en el siguiente enlace web:  S1600238_es ALAN EMILIO MATOS BARZOLA

Por eso y muchas cosas más, así como se contrata por necesidad a un cardiólogo, a un ginecólogo o gastroenterólogo, también POR SALUD SE DEBE CONTRATAR A UN TRIBUTARISTA. La “automedicación tributaria nunca será la solución”.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Jornada de Actualización Contable – Tributaria en Loreto (Iquitos) 13 de agosto del 2016

Seminario de Actualización Tributaria 2016 Lima -Surco 20 de agosto 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 27 de agosto 2016

Confirmado también en Piura, Huaraz, Arequipa, Chiclayo, Iquitos

Sentencia de la Corte Suprema de Chile 2016: “Incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podrán ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, han de ejecutarse una serie de reglas de imputación”

SM

Casona Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, junio 2016

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile ha emitido una brillante Sentencia Casatoria, de fecha 25 de abril del 2016, ROL N° 7092-2015 en cuyo contenido establece que incumbe a los contribuyentes la obligación de probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta. No solamente la máxima instancia judicial chilena atiende al giro del negocio, puesto que resalta que sólo esos  gastos, pagos o erogaciones podrán ser deducibles si cumplen con acreditar tales condiciones.

A continuación la jurisprudencia chilena 2016 cuyo contenido debe ser asimilado como “doctrina jurídica imparcial” siendo su contenido muy similar al contenido del Impuesto a la Renta peruano y libre del sesgo de algún abogado patrocinante, y con interés ya comprometido con su cliente:

Incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones pueden ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y; en caso de las pérdidas, deben además ejecutarse una serie de reglas de imputación.

ARTÍCULO 31 DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGO PROVISIONAL DE UTILIDADES ABSORBIDAS – ACREDITACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

Extracto

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que confirmó el fallo de primer grado, que hizo lugar al reclamo deducido en contra de la resolución que denegó la solicitud de devolución de PPUA.

Por el recurso se denunció la vulneración del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, incisos 1° y 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en consonancia con los artículos 21 y 59 del Código Tributario; la transgresión de los incisos 2° y 14° del artículo 132 del Código Tributario y, la inobservancia de los artículos 51 y 52 de la Ley General de Cooperativas, en armonía con los artículos 17, N° 4° del Decreto Ley N° 824 y 22 del Código Civil.

La Corte señaló que fueron hechos no objetados en autos el que la reclamante era socia de una cooperativa y percibía anualmente ingresos por concepto de intereses, dividendos y excedentes, los últimos generados por las operaciones entre la cooperativa y sus miembros y/o terceros; que era contribuyente afecta al impuesto de primera categoría y tributaba en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad completa; que dedujo de la renta líquida imponible en su declaración de impuesto anual como rentas exentas, los excedentes percibidos y que correspondían a operaciones con los socios; que esa declaración arrojó una pérdida, que provenía en su mayoría de ejercicios pasados y de la cual se solicitó una devolución; que el Servicio notificó la resolución que denegó la petición, la cual se fundó en el tratamiento tributario atribuido a los excedentes, así como a la partida principal de las pérdidas reclamadas; y que la actora, contra dicha resolución, presentó reclamo tributario.

La Corte expresó también que la contribuyente, en su reclamo sostuvo que su resultado negativo lo obtuvo luego de la contabilización de las pérdidas de arrastre. Bajo ese prisma, de acuerdo a la Corte, surgió de manifiesto que la objeción del Servicio al requerimiento de devolución reposó en la falta de acreditación de las pérdidas. Por lo tanto, incumbía al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podían ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, debían ejecutarse una serie de reglas de imputación.

Los sentenciadores concluyeron que desde esa perspectiva, la resolución incurrió en el error de derecho desaprobado, desde que pretirió el análisis y aplicación de las exigencias del artículo 31 de la Ley del ramo y con ello erró al eximir a la reclamante de la obligación de demostrar la concurrencia de tales presupuestos, como también de hacerse cargo de la falta de aportación de antecedentes en sede administrativa, pese a que fueron requeridos por el Servicio. Se violaron también los artículos 21 y 59 del Código Tributario. Tales equivocaciones influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues desembocaron en el acogimiento del reclamo, sin cerciorarse previamente si la actora había cumplido con su carga procesal, al aludir a una problemática jurídica ajena al meollo de la discordia.

Sentencia

“Santiago, veinticinco de abril de dos mil dieciséis.

Vistos:

En los autos N° 7.092-2015, rol de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria, a fojas 227, promueve sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, la abogada señora AAAA, en representación de la reclamada Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, contra la decisión de la Corte de Apelaciones de dicha comuna, que confirmó el veredicto apelado que acogió la reclamación interpuesta por XXXX, en contra de la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, que fue dejada sin efecto, y que había denegado la devolución de PPUA pedida en el año tributario 2013.

A fojas 251 se trajeron los autos en relación para conocer de esos arbitrios.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:        

               Primero: Que el recurso de casación formal se asila en el literal quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal sexto de su artículo 170, dado que no resolvió el asunto, toda vez que la resolución reclamada niega lugar a la solicitud de devolución de pago provisional por utilidades absorbidas, porque el contribuyente no entregó elementos que permitan constatar la veracidad y exactitud de la declaración, por lo que la pérdida no ha sido acreditada, como tampoco el origen, procedencia ni naturaleza de los créditos invocados. En tanto, el reclamo censura falta de fundamento del dictamen, al recoger interpretaciones erróneas de la ley general de cooperativas, del Decreto Ley N° 824 de 1974 y de los oficios que enuncia; mientras que la reclamada aduce que la situación se sujeta a la tributación general de la Ley de Impuesto a la Renta, y así las pérdidas de arrastre deben probarse, con arreglo al artículo 31, inciso 1°, de este texto, ante lo cual el contribuyente no aparejó antecedentes en respaldo a su pretensión.

Así concluye que la polémica radica en determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de PPUA se apega a la normativa de la ley de la renta, para lo cual es vital demostrar los componentes de la pérdida; sin embargo, lo resuelto circunscribió la disputa al tratamiento tributario de los excedentes, y por ello no hubo pronunciamiento sobre el fondo. Pide que se anule el fallo y se dicte otro de reemplazo que revoque el a quo y deseche el reclamo, dejando firme la resolución, con costas.

Segundo: Que la omisión de decidir la controversia la hace consistir en que las elucubraciones que centran aquella  se condicen con las pérdidas declaradas por la contribuyente, no así con la tributación de los excedentes y, por consiguiente, al discurrir los falladores acerca de este último aspecto, se concreta la abstención reprobada.

Tercero: Que aunque es dable apreciar en la resolución atacada que, tal como afirma el recurso, adolece de ausencia de disquisiciones orientadas en la dirección puntualizada por la reclamada, no es posible por ello entender que no contiene decisión, desde el momento que el pleito fue zanjado por los juzgadores, al hacer suyo, sin enmiendas, un veredicto que admitió el reclamo, dejó sin efecto la resolución administrativa sub lite. De contrario, y como puede vislumbrarse, el agravio que en realidad motiva el recurso del ente fiscalizador, de ser efectivo, radica en la omisión de hacerse cargo de las alegaciones formuladas en la litis, y la prescindencia de ellas al resolverla, reproche que se inserta en otro de los requisitos que el aludido artículo 170 del ordenamiento procesal previene para semejante resolución, como es el efectuar consideraciones sobre los hechos y el derecho debatido; no obstante, su carencia no puede sostener la pretensión de invalidación formal, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 768 de la compilación procedimental, y finalmente, deja desprovisto de asidero el recurso.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Cuarto: Que el libelo de casación sustantiva delata, por lo pronto,  vulneración del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, incisos 1° y 2°, de la Ley de Impuesto a la Renta, en consonancia con los artículos 21 y 59 del Código Tributario, por cuanto el citado artículo 31 contiene los requisitos de los gastos en general y de las pérdidas de arrastre, los que no fueron analizados por los magistrados ni tampoco abordan la temática de la falta de antecedentes proporcionados durante la etapa administrativa, a pesar que constituía la carga probatoria del contribuyente, conforme al artículo 21 del código del ramo. Añade que ante una petición de devolución, sustentada en la absorción de las utilidades por las pérdidas, el Servicio de Impuestos Internos puede ejercer sus facultades fiscalizadoras para verificar su procedencia, pidiendo los antecedentes que certifiquen la pérdida tributaria desde su origen.

Quinto: Que, en seguida, critica transgresión de los incisos 2° y 14° del artículo 132 del Código Tributario, puesto que en la valoración de los medios se desatendieron razones lógicas, técnicas y de experiencia, ya que la litis se dirimió con omisión del real conflicto, y deja sin efecto la resolución, sin analizar la prueba rendida, así atenta contra el principio de la razón suficiente.

Asimismo, se queja de inobservancia de los artículos 51 y 52 de la Ley General de Cooperativas, en armonía con los artículos 17, N° 4°, del Decreto Ley N° 824 y 22 del Código Civil, debido a que la forma en que se aplicó el artículo 51 violenta las restantes disposiciones recién citadas, en cuanto precisan que los excedentes distribuidos a los cooperados por operaciones dentro del giro habitual deben contabilizarse. Expone que los excedentes distribuidos a los cooperados por operaciones habituales se rigen por el artículo 49 de la ley general de cooperativas, que se remite al artículo 17, N° 4°, del decreto ley N° 824, que obliga contabilizarlos, formando parte de los ingresos brutos que tributan ajustados a la ley de la renta, mecánica que no desconoce el artículo 51 del cuerpo que regula las cooperativas y contempla las operaciones no habituales.

Sexto: Que explica como se conculca el contexto de la ley si se estima que los cooperados que tienen habitualidad y tributan con renta efectiva están exentos de gravamen, mientras que los que imponen mediante renta presunta deben pagarlo, pues con ello se instaura una exención a un caso no previsto.

Asegura que, de no haberse incurrido en los errores de derecho develados, no se habría confirmado el edicto en alzada, entonces impetra la invalidación de la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que la revoque y, como consecuencia, desestime el reclamo, y deje firme la resolución reclamada, con costas.

Séptimo: Que para determinar el destino de este arbitrio, conviene anotar previamente que su propósito estriba en velar por la correcta interpretación y adaptación de las disposiciones llamadas a dirimir la contienda, con el fin que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. Para el desarrollo de tal designio, el recurrente debe pormenorizar los errores jurídicos cometidos y que han  influido sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, al extremo que su constatación implique una real variación de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se decidió.

Es necesario también traer a cuento que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede una instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio, o el establecimiento de otros diversos a los fijados, y que determinan la adopción de reglas sustantivas dirigidas a dirimir la controversia, no es factible, salvo que se denuncie que al resolver el conflicto los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso.

Octavo: Que, formulada esta prevención, de la lectura del recurso se desprende que no explicita una eventual contravención a las normativa reguladora de la prueba, aun cuando indica que los incisos segundo y decimocuarto del artículo 132 del Código Tributario habrían sido atropellados, lo cierto es que en lo atinente a la recepción de la causa a prueba, no se desarrolla, en concreto el error en que habría incurrido el fallo, abstención que igualmente acontece cuando se trata de la infracción de las reglas sobre valoración de las pruebas, pues a pesar que se alude al principio de razón suficiente, no se hace en el contexto de la apreciación de los antecedentes del proceso, sino más bien se repiten los cuestionamientos que fueron el soporte de la casación formal, en orden a haberse preterido sus argumentos al dilucidar el conflicto. Por lo mismo, este acápite tampoco puede prosperar.

Noveno: Que el  dictamen en revisión, previa cita de los artículos 51, 52 y 53 de la ley general de cooperativas, 17 del decreto ley N° 824 y 139 del Código Tributario, confirma sin enmiendas aquél apelado, que, a su vez, consignó como hechos no objetados por los contendientes, en el basamento tercero, los siguientes: 1) la reclamante es socia de YYY y percibe anualmente ingresos por concepto de intereses, dividendos y excedentes, los últimos generados por las operaciones entre la cooperativa y sus miembros y/o terceros; 2) la reclamante es contribuyente afecta al impuesto de primera categoría, y tributa en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad completa; 3) la reclamante, como cooperada obligada a llevar contabilidad completa y que despliega operaciones con la cooperativa que componen su giro habitual, dedujo de la renta líquida imponible en su declaración del impuesto del año tributario 2013, como rentas exentas, los excedentes percibidos y que corresponden a operaciones con los socios por $ 579.295.504.- y los excedentes a capitalizar por $ 284.377.747.-; 4) esa declaración arrojó una pérdida por $ 998.014.372.-, de la cual $ 629.294.163.- provienen de ejercicios pasados, de la que resulta un requerimiento de devolución de $ 6.588.645.-; 5) el Servicio emitió la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, notificada el día 27 del mismo mes, que deniega la petición; 6) la negativa descansa en el tratamiento tributario atribuido a los excedentes, así como a la partida principal de las pérdidas reclamadas; y 7) la actora se alzó contra esta resolución a través  del reclamo tributario pertinente.

Luego de dejar constancia de no haber recibido la causa a prueba, estableció como objeto del pleito, en el motivo quinto, y en lo que interesa al recurso, la tributación de la distribución de excedentes por una cooperativa respecto de sus cooperados, conflicto del que colige que la preceptiva aplicable corresponde a los artículos 49, 51 y 53 de la ley general de cooperativas, 17, N°s. 1°, 2°, 3° y 4°, del decreto ley N° 824 y el Oficio N° 549, de 2008 (raciocinio sexto) y denota en su reflexión séptima que un análisis integrado de esta normativa lleva a dilucidar que el aumento de valor nominal de las cuotas y la devolución de excedentes por operaciones con socios estarán exentas de todo gravamen, puesto que los términos de la ley dejan en claro el carácter general de la exención en favor de los socios, sin distinción alguna. Tal tema, continúa, difiere cuando la devolución de excedentes proviene de operaciones con terceros, según prescribe el artículo 17, N° 2°, del D.L. N° 824, ya que en ese caso la porción del remanente que proviene de operaciones con personas que no son miembros están afectas a impuesto de primera categoría en la cooperativa, de suerte que a nivel de cooperados están sujetas a impuesto global complementario o adicional.

Décimo: Que asevera que en la determinación de la renta líquida imponible los artículos 29 a 33 de la ley de la renta incorporan ciertos ajustes, dentro de los cuales emerge la deducción de las rentas exentas, según estatuye el artículo 33, N° 2°, letra b), una de ellas consagrada en el artículo 51 de la ley general de cooperativas; por ende, la remisión del artículo 49 de esa ley al artículo 17 del decreto ley N° 824 no implica dejar sin efecto la exención, sino que obliga, con apego a su N°4°, a la contabilización de las cantidades que la cooperativa les reconoce a los socios, y hace presente que dicho precepto no entroniza la afectación de los ingresos a los impuestos a la renta. De esta manera, acoge el reclamo, declara que los ingresos a los que se refiere son rentas exentas, y anula la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, sin costas.

Undécimo: Que, por lo que toca al quebrantamiento del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 21 y 59 del Código Tributario, se esgrime un matiz ligado con el aspecto fáctico del dictamen, en cuanto a una probable relevación de la carga de la prueba a la reclamante, que va de la mano con la desatención de los supuestos de la norma de la ley de la renta al precisar el objeto de la litis.

Importa tener presente para decidir esta arista, que la discrepancia en un proceso de reclamo tributario  apunta a aquella actuación de la autoridad tributaria que incide en la determinación de un impuesto, sea que provoque el cobro de sumas de dinero mediante una liquidación, o bien deniegue una devolución pedida, como en este caso.

Duodécimo: Que en esa línea, la Resolución Exenta N° 106, de 14 de enero de 2014, desechó la solicitud de devolución de pagos provisionales formulada en la declaración de impuestos del año tributario 2013, apoyada en la absorción de las utilidades por las pérdidas. Es esta determinación, entonces, la que impele la actividad del contribuyente, quien acude al órgano jurisdiccional a fin de revertirla, para lo cual debe impugnar sus fundamentos como  única forma de dejarla sin efecto. Por ello es esencial ocuparse de su contenido que, en la situación específica, imputa al contribuyente la inacción ante el requerimiento del ente fiscalizador de entregar la documentación contable y de respaldo respecto las pérdidas declaradas y los créditos propuestos. Por tales motivos el reclamo, además de poner de relieve en su demanda los excedentes percibidos por la cooperativa de la que es socio, sostiene que su resultado negativo se obtiene luego de la contabilización de las pérdidas de arrastre.

Décimo tercero: Que bajo este prisma, surge de manifiesto que la objeción del Servicio al requerimiento de devolución reposa en la falta de acreditación de las pérdidas sufridas, regulada en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que dispone: “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”. A continuación, al reglamentar  singularmente ciertos gastos que pueden deducirse, en la medida en que se relacionen con el giro del negocio, preceptúa: “3°.- Las pérdidas sufridas por el negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad.

Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional a que se refiere la letra d) del número 3 de la letra A) del artículo 14, se hayan afectado o no con el impuesto de primera categoría, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fueren suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.”

Décimo cuarto: Que de lo transcrito se infiere que incumbe al contribuyente probar la existencia, necesidad y obligatoriedad de los gastos en que hubo de incurrir para producir su renta, amén de su compromiso con el giro, porque sólo esas erogaciones podrán ser descontadas a los efectos de determinar la renta líquida imponible y, en caso de las pérdidas, han de ejecutarse una serie de reglas de imputación.

En este estado queda claro que, sin perjuicio de las razones adicionales expuestas en el libelo pretensor, el propósito del juicio cuando lo reclamado es la objeción de las pérdidas declaradas por el contribuyente, lo constituye, justamente, el cumplimiento de las condiciones de dichas mermas para ser estimadas como un gasto susceptible de deducirse de la renta bruta.

Décimo quinto: Que el edicto rebatido, para disponer como lo hizo, ha fijado como núcleo de la contienda el tratamiento tributario de los excedentes percibidos por la reclamante en su calidad de socia de la cooperativa YYY, a resultas de lo cual razona en torno a los preceptos que gobiernan esa rama, sin atender al cumplimiento de los requisitos de los gastos, punto que debió  valorarse y dirimirse, como se destacó en el razonamiento precedente.

Desde esa perspectiva, la resolución ha incurrido en el error de derecho desaprobado, desde que ha preterido el análisis y aplicación de las exigencias del artículo 31, inciso 1°, y N° 3°, de la Ley de Impuesto a la Renta al zanjar la pretensión del reclamo de invalidar la Resolución Exenta N°106, y con ello yerra al eximir a la reclamante de la obligación de demostrar la concurrencia de tales presupuestos, como también de hacerse cargo de la falta de aportación de antecedentes en sede administrativa, pese a que fueron requeridos por el Servicio, de paso se violaron también los artículos 21 y 59 del Código Tributario. Tales equivocaciones influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues desembocaron en el acogimiento del reclamo, sin cerciorarse previamente si la actora había cumplido con su carga procesal, al aludir a una problemática jurídica ajena al meollo de la discordia.

Décimo sexto: Que las anteriores conclusiones vuelven irrelevante el análisis del tema de la repartición de excedentes conforme con la ley general de cooperativas, abordado en el último capítulo del recurso desde que se ha dicho que no es el núcleo determinante de la litis, sino que la efectividad de las pérdidas que justifican la pretensión de devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas.

Es así como en esta virtud, se impone el acogimiento del recurso de casación en el fondo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 145 del Código Tributario, 764, 767, 768, 774 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma y se acoge el recurso de casación en el fondo, ambos formalizados en la presentación de fojas 227 por la abogada señora AAAA, en representación de la reclamada Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, contra la sentencia de veintidós de abril de dos mil quince, escrita a fs. 225, la que es nula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese”.

EXCMA. CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – ROL N° 7092-2015 – 25.04.2016 – MINISTROS SRES. MILTON JUICA A., SERGIO MUÑOZ G., JUAN FUENTES B., SRA. ANDREA MUÑOZ S., Y ABOGADO INTEGRANTE SR. JAIME RODRÍGUEZ E. (REDACTOR)

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

Coordinando con Iquitos, Ayacucho, Huancayo, Lima y a nivel nacional