Tratamiento Tributario Amazonía – Breves alcances

Tratamiento Tributario Amazonía – Breves alcances
OBJETIVO DE LA LEY Nº 27037
Alan Emilio Matos Barzola – Abogado Tributarista y Bachiller en Contabilidad 

Promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada.

¿DESARROLLO SOSTENIBLE?

El desarrollo sostenible puede ser definido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983.

DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible busca un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental.
La responsabilidad social con las empresas deben contemplar:
– El empleo eficiente de los recursos, de forma que nuestro impacto sobre el medio ambiente sea aceptable y razonablemente equilibrado.
– Equilibrar la creación de riqueza para los inversionistas, proveedores y clientes.

¿Necesidad de implantar un Régimen Particular?

Descentralización incompleta, desequilibrio fiscal, burocratización excesiva.

PRINCIPIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA

La conservación de la diversidad biológica de la Amazonía y de las áreas naturales protegidas por el Estado.
El desarrollo y uso sostenible, basado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, materiales, tecnológicos y culturales.
El respeto de la identidad, cultura y formas de organización de las comunidades campesinas y nativas.

La mayor parte del territorio peruano se encuentra delimitado en la zona geográfica denominada “Amazonía”, lo cual amerita viabilizar mecanismos que permitan su inclusión dentro de los objetivos nacionales, y por consiguiente un adecuado sistema de recaudación tributaria que permita optimizar el desarrollo económico de la región, en armonía con el equilibrio ecológico, por el vital papel que desempeña a nivel mundial.

AMAZONÍA
•La Constitución Política vigente en su artículo 69 establece que el Estado es el encargado de promover el desarrollo de la Amazonía con una legislación adecuada.
•Conforme a esta disposición constitucional se han emitido múltiples normas tributarias, principalmente relacionadas con el Impuesto a la Renta e IGV.
AMAZONÍA – SUJETOS COMPRENDIDOS
Empresas, así como las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas generadoras de renta de tercera categoría, ubicadas en la región de la Amazonía que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27037, y normas complementarias.
REQUISITO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
EMPRESAS EN ACTIVIDAD

Cuando durante el ejercicio gravable anterior ha generado el 80% o más de sus ingresos netos totales. Se incluye la comercialización de bienes producidos por la empresa.

EMPRESAS QUE RECIÉN INICIAN ACTIVIDADES

Cuando en el primer mes de operaciones le haya generado el 80% o más de sus ingresos netos totales, en el caso que no llegen al porcentaje establecido, el sujeto no podrá acogerse a los beneficios establecidos POR EL RESTO DEL EJERCICIO.

CONJUNTO DE ACTIVIDADES

Cuando ninguna de las actividades llegara por si sola al porcentaje requerido, se considerará cumplido cuando el conjunto de actividades alcancen o superen el 80% para ello, las actividades deben encontrarse comprendidas dentro del beneficio.
REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
REQUISITO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Si al final del ejercicio se determinase que los ingresos anuales generados por la actividad principal son inferiores en más del 10% al porcentaje exigido, el contribuyente perderá los beneficios tributarios del IR por dicho ejercicio, debiendo regularizar el pago del impuesto con ocasión de la presentación de la declaración jurada anual, adicionalmente, tendrá que rectificar y abonar el IGV dejado de pagar en el ejercicio como consecuencia de la aplicación indebida del crédito fiscal especial.
REQUISITOS ADICIONALES

DOMICILIO FISCAL

Se entenderá que dicho domicilio debe estar ubicado en la Amazonía, debiendo coincidir con el lugar donde se encuentre su cede central (donde tenga su administración y lleve su contabilidad).

INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS
Para lo cual la persona jurídica debe estar inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía.

ACTIVOS FIJOS
En la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70% de sus activos fijos, debiendo estar incluida la totalidad de los medios de producción (inmuebles, maquinaria y equipos utilizados directamente en la generación de la producción de bienes, servicios o contratos de construcción), para lo cual se deberá llevar un control que sustente el cumplimiento de este requisito.

PRODUCCIÓN

No se debe tener producción fuera de la Amazonía, asimismo, se considera iniciadas las operaciones con la primera transferencia de bienes, prestación de servicios o contrato de construcción a título oneroso.
Estos requisitos son concurrentes y deberán mantenerse mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En caso contrario, éstos se perderán a partir del mes siguiente de ocurrido el incumplimiento de cualquiera de ellos, y por el resto del ejercicio gravable.
AMAZONÍA – VIGENCIA
Los beneficios de la Ley de la Amazonía se aplicarán por un periodo de 50 años. Este plazo se inicia a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27037 “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”, es decir, 01 de enero de 1999.

Evidentemente, se puede advertir que para cumplir los objetivos de la ley no todas las empresas por el simple hecho de realizar alguna operación (así sea una donación) tienen el derecho de gozar con los beneficios ya que se romperían las reglas del valor de mercado establecido en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, convirtiéndose en un territorio considerado como de baja o nula imposición tributaria (paraíso fiscal).

Es pertinente referir que el Tribunal Constitucional acaba de resolver que los Decretos Legidslativos Nª 977 y 978 son INCONSTITUCIONALES. Mayor detalle en:

http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2009/04/el-tribunal-constitucional-ha-declarado.html

Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Tributario y Empresarial

alanemilio2003@hotmail.com           alanemilioperu@yahoo.com

Cobros que efectúan las Sociedades de Beneficencia por derechos de sepulturas en cementerios públicos constituyen tasas

Los cobros que efectúan las Sociedades de Beneficencia por los derechos de sepulturas y servicios funerarios en cementerios públicos constituyen tasas, por lo que éstas operaciones se encuentran inafectas del IGV.
SUNAT mediante Oficio N° 436-2008-SUNAT/200000 (29-08-2008) precisa que los cobros que efectúan las Sociedades de Beneficencia por los derechos de sepulturas y servicios funerarios en cementerios públicos constituyen tasas, por lo que éstas operaciones se encuentran inafectas del IGV. Este informe se encuentra disponible en el portal web de dicha entidad.
Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Tributario y Empresarial

Blogs Perú

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Impuesto Predial y de Alcabala – Santa Sede

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL RTF Nº 11140-7-2007 (21-11-2007)

El Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, suscrito el 19 de julio de 1980 y aprobado por el Decreto Ley N° 23211, en su artículo X establece que las jurisdicciones y comunidades religiosas de la Iglesia Católica en el Perú, continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios que les otorgan las normas vigentes. El Decreto Legislativo N° 626 confirmó la vigencia para todos sus efectos de las exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias a favor de la Iglesia Católica.
Que en reiteradas resoluciones, tales como las RTF N° 3216-4-2002 y N° 04190-2-2003, ha establecido que de la interpretación conjunta del artículo 55 de la Constitución Política vigente, del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la Norma II del Código Tributario se puede concluir que la exoneración al Impuesto Predial es aplicable al Acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú. Siguiendo este razonamiento, mediante RTF N° 04018-2-2006 se ha señalado que si bien la Ley de Tributación Municipal dispone que únicamente se encuentran inafectos los predios de las entidades religiosas que no produzcan rentas, tratándose de predios de la Iglesia Católica, tal restricción no resulta aplicable, pues el Acuerdo celebrado por el Estado peruano con la Santa Sede durante la vigencia de la Constitución Política de 1993, al ser un tratado internacional, prima sobre la citada Ley.
Que habiéndose acreditado con la constancia emitida por la Cancillería del Arzobispado de Lima que XXXX forma parte de la Iglesia Católica, el predio ubicado en la Av. Victoria N° 348-370, Chaclacayo, de propiedad de la recurrente se encuentra exonerado del pago del Impuesto Predial correspondiendo declarar fundada la solicitud en este extremo.
Por otra parte, el inciso c) del artículo 28 de la Ley de Tributación Municipal establece que se encuentra inafecta al pago del Impuesto de Alcabala, la adquisición de propiedad inmobiliaria que efectúen las entidades religiosas. En el presente caso habiéndose acreditado con la constancia emitida por la cancillería del Arzobispado de Lima que XXXX es una entidad religiosa que forma parte de la Iglesia católica, la adquisición del predio ubicado en la Av. Victoria N° 348-370, Chaclacayo se encuentra inafecta al pago del Impuesto de Alcabala, correspondiendo declarar fundada la solicitud presentada en este extremo.
Alan Emilio Matos Barzola
Asesor Tributario y Empresarial

Intervención Excluyente de Propiedad – Alquiler venta

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL. RTF Nº 01645-2-2007 (27-02-2007)

En el presente caso la controversia consiste en determinar si XXXX era propietario del vehículo embargado con anterioridad a la fecha en la cual se trabó referida medida cautelar. De la documentación se aprecia que mediante Resolución Coactiva N° 1110070000014 del 08 de julio del 2003 SUNAT trabó medida cautelar en forma de inscripción, entre otros, sobre el vehículo con Placa de Rodaje YYY.
El Tribunal indica que el expediente se encuentra el “Contrato de Alquiler – Venta N° 0320/99-IVSC” mediante el cual la empresa ejecutada INVERSIONES cedió en uso el vehículo con Placa de Rodaje N° YYY a favor de XXXX estableciéndose como precio de venta la suma de US.$.4,257 a ser pagados en 473 cuotas a partir del 16 de junio de 1999, cada una de US.$.9 diarios, consignándose en la cláusula octava que una vez cancelado el importe de la merced conductiva correspondiente a la última cuota del contrato, así como todos los gastos administrativos adicionales que se pudiesen generar por culpa única y exclusiva del arrendatario, la empresa ejecutada se obliga a transferir la propiedad del vehículo a su favor, extendiéndole los documentos correspondientes que acreditaran su compra.
El Tribunal refiere que el artículo 1585 del Código Civil establece que las disposiciones de los artículos 1583 y 1584 son aplicables a los contratos de arrendamiento en los que se convenga que al final de dichos contratos, la propiedad del bien será adquirida por el arrendatario por efecto del pago de la merced conductiva pactada. El citado artículo 1583 del Código Civil establece que en la compraventa puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega, adicionalmente, señala que el comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido. A su vez el artículo 1584 del Código Civil establece que la reserva de propiedad es oponible a los acreedores del comprador sólo si consta por escrito que tenga fecha cierta anterior al embargo.

El Tribunal indica que sobre los contratos denominados de “alquiler venta” celebrados por la empresa INVERSIONES ya se ha dejado establecido mediante Resolución N° 734-5-2003 del 14 de febrero del 2003, que independientemente que al contrato suscrito se le de para efectos tributario la naturaleza de arrendamiento o de venta con reserva de propiedad, ello no tiene implicancia pues en cualesquiera de los supuestos, la transferencia de la propiedad se encuentra reservada hasta que se cumpla con la condiciones de pago dispuestas en el contrato, en tal sentido lo que resulta relevante es determinar la oportunidad en que operó la transferencia de propiedad, es decir, si fue con anterioridad o posterioridad al embargo.
En el expediente constan copias fedateadas por SUNAT de las boletas de venta emitidas por INVERSIONES por la cancelación de las cuotas pactadas correspondientes a los meses de junio a diciembre de 1999, de enero a noviembre del 2000 conforme con el “Contrato de Alquiler –Venta N° 0320/99-IVSC”, así como del Registro de Ventas de la empresa, en el que figuran anotados dichos comprobantes de pago, cuyos montos ascienden a la suma total de US.$.4,068. Además consta la copia fedateada de la Boleta de Venta N° 001-0403 emitida por INVERSIONES el 04 de enero del 2001, en la que se da por cancelada la totalidad del precio pactado del vehículo ascendente a US.$.4,257 al que se le aplicó un descuento por pronto pago, siendo el monto final acordado y cancelado por el recurrente de US.$.4,068, pago que se encuentra acreditado conforme se observa de los documentos antes referidos.
Además consta un documento presentado por XXXX denominado “Transferencia de Vehículo” autenticado ante un funcionario de la Oficina Registral de Tacna el 15 de noviembre del 2006, en cuyo contenido se señala que el precio fue cancelado en su totalidad, el que analizado conjuntamente con los documentos antes mencionados como la Boleta de venta N° 001-0403 del 04 de enero del 2001 y el Registro de Ventas de INVERSIONES por concepto de atribución al valor de venta de la suma de US.$.4,068 acreditan que la transferencia de propiedad ocurrió antes que se trabara el embargo sobre el vehículo en referencia, sin perjuicio que los trámites formales para la inscripción en el Registro Vehicular y correspondiente otorgamiento de la tarjeta de propiedad se hayan realizado con posterioridad, motivo por el cual procede revocar la resolución coactiva apelada de fecha 03 de noviembre del 2006.

Alan Emilio Matos Barzola

Asesor Tributario

alanemilio2003@hotmail.com     alanemilioperu@yahoo.com

Los desembolsos que se fundan en el cumplimiento de deberes societarios no necesariamente son gastos deducibles tributariamente

Alan Emilio en Madre de Dios

Alan Emilio en Madre de Dios

Resulta importante considerar el contenido de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal al emitirse la Resolución RTF N° 01755-1-2006, la cual establece como parámetro que los desembolsos que se fundan en el cumplimiento de deberes empresariales, societarios, o de grupo internacional, no necesariamente son gastos deducibles tributariamente:

Resolución RTF N° 01755-1-2006

Vocales Firmantes: Cogorno Prestinoni, Casalino Mannarelli, Barrantes Takata

“Que en el presente caso se establece que el servicio objeto de reparo, consistente principalmente en la consolidación de la información económica financiera de la recurrente conjuntamente con la que proporcionan diversas empresas latinoamericanas que conforman el grupo económico ThyssenKrupp, para efecto de reportar a la casa matriz en Alemania, no constituye un gasto deducible tributariamente, al no ser la causa de la obtención de renta gravada o del mantenimiento de la fuente productora, sino de un desembolso que se funda en el cumplimiento de un deber de tipo societario (informar a la matriz) y no en operaciones que ocasionan la generación de renta gravadas o que permitan mantener su fuente como lo prescribe el precitado artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

Este criterio jurisprudencial atiende que no es suficiente el argumento del contribuyente respecto a que si el grupo empresarial acuerda efectuar una operación (por ejemplo la contratación de un Instrumento Financiero Derivado) los efectos de esta operación (pérdida generada como consecuencia de este tipo de contratación) sean necesariamente deducibles para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta en nuestro país.

Por tal sentido deviene en una falacia argumentar que cualquier entidad puede contratar lo que sea y como le dé la gana “bajo la excusa que el principio de causalidad es amplio”, sin la exigencia de que sustente estas operaciones con parámetros objetivos (no subjetividades).

Del mismo modo corresponde alegar que para efectos tributarios no es dirimente que se argumente que las pérdidas generadas son consecuencia de factores ajenos a la voluntad de la entidad, sino que le corresponde a dicha entidad sustentar las causas por las cuales se generó esta pérdida, y sobre todo la cuantía en forma objetiva, y no con simples “dichos”, “argumentaciones o citas de autores de libros”, ni tampoco con documentación preparada internamente que no sea posible su contraste con la realidad.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Tributación y en Normas Internacionales de Información Financiera

PERUBLOG

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Gastos de Publicidad y Promoción de Ventas

Examinar estos tipos de desembolsos y su incidencia tributaria depende mucho de nuestro giro empresarial, así como del tipo de operación debiendo examinarse caso por caso.

Examinando la jurisprudencia, el Tribunal Fiscal mediante Resolución RTF Nº 06983-5-2006 (26-12-2006) examinó un caso que podría orientarnos en cuanto a su tratamiento.

En el presente caso, el banco XXX manifiesta que SUNAT había confundido la naturaleza de los gastos observados, ya que se trataban de gastos de propaganda o publicidad destinados a la masa de clientes y potenciales clientes, pues correspondían a paneles publicitarios en los exámenes de admisión a universidades, auspicios y publicidad en eventos organizados por la Municipalidad de Lima, auspicios o avisos publicitarios en las cuponeras de pago de las municipalidades donde se encargaba de la recaudación, anuncios publicitarios en revistas de organismos públicos o privados, universidades, etc., y artículos promocionales como lapiceros, calendarios, llaveros, entre otros.

El banco XXX adjuntó diversa documentación sobre los gastos observados, tales como copia de los respectivos comprobantes de pago, guías de remisión, comprobantes de contabilidad, memorándum de cancelación de facturas y cheques emitidos por tal concepto, convenio de recaudación de tributos con las Municipalidades distritales de Surquillo, San Luis y San Borja, carátulas de cuponeras de pago de tributos de la Municipalidad Distrital de La Molina donde figura la promoción de las agencias del banco como centro de pago, convenio de recaudación de pensiones suscrito con la Universidad de San Martín de Porres, memorándum interno sobre confección de recibos y circulares sobre servicio de recepción de pagos por derecho de admisión a dicha universidad, servicio de cobranza de pensiones de la Universidad Alas Peruanas y servicio de recepción de pagos por la venta de prospectos y derechos de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente.

El Tribunal Fiscal examina que de las facturas presentadas, correspondientes a recibos universitarios, se aprecia que se tratan de gastos efectuados en relación con los contratos de recaudación de prensiones y derechos académicos suscritos con diversas universidades, por lo que no constituyen gastos de representación como consideró la SUNAT, por lo que es procedente levantar el reparo.Asimismo, al tratarse de gastos por chalecos y banderolas, afiches para el pago de pensiones, alquileres de cuatro paneles para examen y diseño para campaña de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, confección de 35 banderolas para las Municipalidades de la Molina y Surquillo, entre otros, se aprecia que están dirigidos a promocionar las agencias del banco como centros de pago, por lo que están dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales, corresponde aceptar su deducción como gastos de promoción o propaganda, los que por su naturaleza no están sujetos a límite de deducción alguno.

Siguiendo el criterio de la RTF Nº 756-2-2000 (29-08-2000) se encuentran fuera del concepto de gastos de representación, aquellos realizados para efectos de una promoción masiva, entre los que se incluye publicidad y promoción de ventas, entre otros, dirigida a la masa de consumidores reales o potenciales.

Alan Emilio Matos Barzola

Asesor Tributario

alanemilio2003@hotmail.com       alanemilioperu@yahoo.com

Tratamiento Tributario de las Facturas de Favor

Una “factura de favor” es una operación elusiva tributariamente, dado que en principio el sujeto A realizó una operación, pero fue un tercero ajeno al negocio quién emitió el Comprobante de Pago, sin que exista algún vínculo contractual similar a la subcontratación. Para apreciar sus implicancias evaluaremos la siguiente situación:

El 10 de marzo, Macarena Rodríguez, de nacionalidad islandesa, desea invertir en el Perú formando una empresa industrial para lo cual desea construir una fábrica, encargándose la construcción al señor Lucio Chávez por S/.100,000 (sin incluir IGV). El señor Chávez realiza actividades de construcción de manera “informal” con obreros amigos suyos de su vecindario. El señor Chávez acuerda con su gran amigo Juan Carlos King, quién es accionista mayoritario en la constructora “Constructores Unidos SAC”, en que dicha persona jurídica emita la factura por la construcción de la fábrica a la señora Macarena y a cambio el señor Chávez le abonará S/.7,000 por el favor. Frente a esta situación se puede apreciar lo siguiente:-
– La operación inicial se realiza entre Macarena Rodríguez (quién encarga la construcción) y el señor Lucio Chávez (constructor).
– “Constructores Unidos SAC” emite la factura a Macarena Rodríguez.

Para la empresa de formará Macarena será una factura de compra y la implicancia será respecto al crédito fiscal (IGV) de la operación.

Debemos analizar las implicancias en cuanto al IGV y al Impuesto a la Renta (IR):

IGV CRÉDITO FISCAL: Para tener derecho al crédito fiscal deben observarse las disposiciones emanadas de los artículos 18º (requisitos sustanciales) y 19º (requisitos formales) de la Ley del IGV. Examinado el primer requisito sustancial respecto a que sean permitidos como costo de la empresa, aparentemente cumpliría esta condición toda vez que la fábrica formará parte del activo de la empresa de Macarena Rodríguez. Sobre el segundo requisito sustancial aparentemente estaría asociado a un contrato de construcción afecto al IGV. Pero al apreciar los requisitos formales es necesario considerar lo establecido en el artículo 44º de la Ley del IGV respecto a los comprobantes de pago emitidos por operaciones no reales. En el presente caso es aplicable lo dispuesto en el referido artículo en cuanto se considera como operación no real: “Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. En caso que el adquirente cancele la operación a través de los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal. Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento”.

¿Y cómo SUNAT establece que una operación es o no real?
Como se tiene conocimiento, existen ahora medios por los cuales SUNAT toma conocimiento de las diferentes operaciones que realizan las empresas y negocios, como por ejemplo el cruce de información a través de la DAOT o por medio de la información que se obtiene por la Bancarización (ITF). Por consiguiente, la empresa de la señora Macarena Rodríguez al recibir esta factura por una operación no real (factura de favor) NO TENDRÁ DERECHO AL CRÉDITO FISCAL, en mérito al citado artículo 44º de la Ley del IGV. En el supuesto que la empresa haya utilizado el crédito fiscal, SUNAT le imputará que deberá reintegrarlo en la fecha en que se produjeron los hechos que originar el reintegro:

66.CARGAS EXCEPCIONALES…………19,000
669. Otras cargas excepcionales
a 40. TRIBUTOS POR PAGAR……………………………………………19,000
03/2007. Por el reintegro del Crédito Fiscal por una operación no real (100,000 x 19%)

RESPECTO AL IR: La Ley del IR no regula en ninguna parte el caso de las “facturas de favor”, pero se puede apreciar que al ser una operación no real, de acuerdo a la normatividad del IGV, no puede ser considerada deducible debiendo repararse.Por otra parte, “Constructores Unidos SAC” al haber emitido esta factura se encontrará obligada al pago del IGV consignado en dicho comprobante, de conformidad con la primera parte del artículo 44º de la Ley del IGV. No es viable que la anule por cualquier tipo de argucia legal .

Tratamiento Tributario Amazonía – Breves Alcances

Tratamiento Tributario Amazonía – Breves alcances
OBJETIVO DE LA LEY Nº 27037

Promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada.

¿DESARROLLO SOSTENIBLE?

El desarrollo sostenible puede ser definido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983.

DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible busca un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental.
La responsabilidad social con las empresas deben contemplar:
– El empleo eficiente de los recursos, de forma que nuestro impacto sobre el medio ambiente sea aceptable y razonablemente equilibrado.
– Equilibrar la creación de riqueza para los inversionistas, proveedores y clientes.

¿Necesidad de implantar un Régimen Particular?

Descentralización incompleta, desequilibrio fiscal, burocratización excesiva.

PRINCIPIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA

La conservación de la diversidad biológica de la Amazonía y de las áreas naturales protegidas por el Estado.
El desarrollo y uso sostenible, basado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, materiales, tecnológicos y culturales.
El respeto de la identidad, cultura y formas de organización de las comunidades campesinas y nativas.

La mayor parte del territorio peruano se encuentra delimitado en la zona geográfica denominada “Amazonía”, lo cual amerita viabilizar mecanismos que permitan su inclusión dentro de los objetivos nacionales, y por consiguiente un adecuado sistema de recaudación tributaria que permita optimizar el desarrollo económico de la región, en armonía con el equilibrio ecológico, por el vital papel que desempeña a nivel mundial.

AMAZONÍA
•La Constitución Política vigente en su artículo 69 establece que el Estado es el encargado de promover el desarrollo de la Amazonía con una legislación adecuada.
•Conforme a esta disposición constitucional se han emitido múltiples normas tributarias, principalmente relacionadas con el Impuesto a la Renta e IGV.
AMAZONÍA – SUJETOS COMPRENDIDOS
Empresas, así como las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas generadoras de renta de tercera categoría, ubicadas en la región de la Amazonía que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27037, y normas complementarias.
REQUISITO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

EMPRESAS EN ACTIVIDAD

Cuando durante el ejercicio gravable anterior ha generado el 80% o más de sus ingresos netos totales. Se incluye la comercialización de bienes producidos por la empresa.

EMPRESAS QUE RECIÉN INICIAN ACTIVIDADES

Cuando en el primer mes de operaciones le haya generado el 80% o más de sus ingresos netos totales, en el caso que no llegen al porcentaje establecido, el sujeto no podrá acogerse a los beneficios establecidos POR EL RESTO DEL EJERCICIO.

CONJUNTO DE ACTIVIDADES

Cuando ninguna de las actividades llegara por si sola al porcentaje requerido, se considerará cumplido cuando el conjunto de actividades alcancen o superen el 80% para ello, las actividades deben encontrarse comprendidas dentro del beneficio.
REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Cuando o durante el primer mes de operaciones, le haya generado el 80% o más de sus ingresos netos totales.
REQUISITO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Si al final del ejercicio se determinase que los ingresos anuales generados por la actividad principal son inferiores en más del 10% al porcentaje exigido, el contribuyente perderá los beneficios tributarios del IR por dicho ejercicio, debiendo regularizar el pago del impuesto con ocasión de la presentación de la declaración jurada anual, adicionalmente, tendrá que rectificar y abonar el IGV dejado de pagar en el ejercicio como consecuencia de la aplicación indebida del crédito fiscal especial.
REQUISITOS ADICIONALES

DOMICILIO FISCAL

Se entenderá que dicho domicilio debe estar ubicado en la Amazonía, debiendo coincidir con el lugar donde se encuentre su cede central (donde tenga su administración y lleve su contabilidad).

INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS
Para lo cual la persona jurídica debe estar inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía.

ACTIVOS FIJOS
En la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70% de sus activos fijos, debiendo estar incluida la totalidad de los medios de producción (inmuebles, maquinaria y equipos utilizados directamente en la generación de la producción de bienes, servicios o contratos de construcción), para lo cual se deberá llevar un control que sustente el cumplimiento de este requisito.

PRODUCCIÓN

No se debe tener producción fuera de la Amazonía, asimismo, se considera iniciadas las operaciones con la primera transferencia de bienes, prestación de servicios o contrato de construcción a título oneroso.
Estos requisitos son concurrentes y deberán mantenerse mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En caso contrario, éstos se perderán a partir del mes siguiente de ocurrido el incumplimiento de cualquiera de ellos, y por el resto del ejercicio gravable.
AMAZONÍA – VIGENCIA
Los beneficios de la Ley de la Amazonía se aplicarán por un periodo de 50 años. Este plazo se inicia a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27037 “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”, es decir, 01 de enero de 1999.

Evidentemente, se puede advertir que para cumplir los objetivos de la ley no todas las empresas por el simple hecho de realizar alguna operación (así sea una donación) tienen el derecho de gozar con los beneficios ya que se romperían las reglas del valor de mercado establecido en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, convirtiéndose en un territorio considerado como de baja o nula imposición tributaria (paraíso fiscal).

Cabe referir que el Tribunal Constitucional acaba de resolver que los decretos legislativos Nº 977 y 978 son   inconstitucionales.

Mayor referencia en el siguiente enlace web:

 http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2009/04/el-tribunal-constitucional-ha-declarado.html

MYPES (Microempresas y Pequeñas Empresas) PERU

TRIBUTACION DE MYPES 

Alan Emilio Matos Barzola 

All Rights Reserved ® Se autoriza su difusión pero siempre citando al autor considerando la aplicación del Decreto Legislativo Nº 822 y la Ley estadounidense de protección de los derechos de autor 

 

TUO de la Ley: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf

 

Reglamento de la Ley: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf

 

¿Existe un régimen tributario especial para las microempresas y pequeñas empresas? 


En el ordenamiento jurídico tributario peruano vigente las microempresas y pequeñas empresas deben acogerse o al Régimen General del Impuesto a la Renta (IR), o al Régimen Especial del IR (RER), o al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS). Lo que el Decreto Legislativo N° 1086 establece son nuevas disposiciones que facilitarían la incorporación de estos tipos de empresas a condiciones equilibradas que le permitirían competir tanto en el mercado interno como en el exterior.

 

MICROEMPRESAS 

La microempresa es aquella unidad económica constituida por una persona natural o jurídica (Por ejemplo EIRL, SRL o SAC) que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Para ser microempresa debe contemplar los siguientes parámetros:
 
 

 

•El número de trabajadores debe ser de uno (1) hasta diez (10) trabajadores como máximo.

•El límite en cuanto a las ventas anuales es 150 UIT. Este límite podrá ser incrementado por Decreto Supremo cada dos años.

 

Microempresas vs Nuevo RUS

Conforme al artículo 2° del Decreto Legislativo N° 937, modificado por el Decreto Legislativo N° 967, pueden acogerse al Nuevo RUS:
•Las naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, que exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades empresariales.
•Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios.

•El Nuevo RUS además no establece limitación en cuanto al personal afectado a la actividad, en mérito a las modificaciones del Decreto Legislativo N° 967.

 

Supongamos que “San Martín de Porres EIRL” dedicada a actividades de comercio al por menor proyecta contar con 3 trabajadores y obtener ingresos mensuales de S/.21,000 y de adquisiciones mensuales de aproximadamente entre S/.5,000 a S/.7,000, y sus activos fijos (sin considerar el único predio) ascienden a S/.4,000 ¿Podrá acogerse al Nuevo RUS como microempresa?

 

Es imposible que “San Martín de Porres EIRL” se acoja al Nuevo RUS toda vez que éste régimen tributario es solamente para personas naturales, siendo la EIRL una persona jurídica regulada por el Decreto Ley N° 21621. Sin perjuicio de lo anterior si podría acogerse al régimen de microempresas pero tributariamente deberá acogerse o al Régimen Especial (RER) o al Régimen General.

 

NUEVO RER

En el presente régimen podrán acogerse las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las siguientes actividades:

 

Actividades de comercio y/o industria y/o servicios, entendiéndose por tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo …… CUOTA MENSUAL APLICABLE: 1.5% de sus ingresos netos mensuales provenientes de sus rentas de tercera categoría.

Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada expresamente como de comercio y/o industria……….CUOTA MENSUAL APLICABLE: 1.5% de sus ingresos netos mensuales provenientes de sus rentas de tercera categoría.

 

Cuotas mensuales cancelatorias y obligatoriedad de presentar Declaración Anual

• Los contribuyentes del RER mensualmente efectúan la presentación del PDT 621 conforme al calendario de obligaciones, toda vez que las cuotas tienen el carácter de CANCELATORIAS conforme al nuevo artículo 120 de la Ley del IR.


• La innovación del Decreto Legislativo Nº 1086 es la incorporación del artículo 124-A de la Ley del IR que establece la obligatoriedad de presentar una Declaración Jurada Anual, que corresponderá al inventario realizado el último día del ejercicio anterior al de la presentación. Es pertinente indicar que su inobservancia calificaría como infracción conforme al numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, que de acuerdo a la Tabla II se sanciona con una multa de ½ UIT.

 

Obligatoriedad de efectuar retenciones del IR

Los sujetos que se acojan al RER deberán cumplir con efectuar las retenciones correspondientes a las rentas de segunda y quinta categorías, así como las correspondientes a contribuyentes no domiciliados.

 

PEQUEÑAS EMPRESAS

• La Pequeña Empresa es una ficción jurídica respecto a un tipo de empresa que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Para ser Pequeña Empresa debe contemplar los siguientes parámetros:

• El número de trabajadores debe ser de uno (1) hasta cien (100) trabajadores como máximo.

• El límite en cuanto a las ventas anuales es 1,700 UIT. Este límite podrá ser incrementado por Decreto Supremo cada dos años.

 

Depreciación acelerada para las Pequeñas Empresas

• Los contribuyentes acogidos al régimen de “la Pequeña Empresa” podrán depreciar el monto de las adquisiciones de bienes muebles, maquinarias y equipos “nuevos destinados a la realización de la actividad generadora de renta gravada” en el plazo de tres años. Se define como NUEVOS aquellos bienes que no hayan sufrido desgaste alguno por uso o explotación.

• Pero este beneficio no será permanente sino que tendrá una vigencia solamente de tres (3) ejercicios gravables, contados a partir del ejercicio siguiente a la fecha de publicación del referido Decreto Legislativo Nº 1086, en otras palabras hasta el 31-12-2011.

 

Actividades excluidas expresamente del régimen de micro y pequeñas empresas

La Tercera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1086 establece claramente que las unidades económicas que se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines no podrán acogerse ni como microempresa ni tampoco como Pequeña Empresa.

 

Alan Emilio Matos Barzola – Abogado Tributarista y Bachiller en Contabilidad

Inconstitucionalidad de las Leyes 29214 y 29215 sobre Crédito Fiscal del IGV

Aplicación de las normas que flexibilizan la utilización del crédito fiscal del IGV – Leyes N° 29214 y 29215

De conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política vigente “pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Si apreciamos el artículo 1 de la Ley N° 29214 claramente se establece que el objeto de dicha norma es modificar el artículo 19 de la Ley del IGV e ISC para fomentar la riqueza en nuestro país; principalmente en cuanto a facilitar la aplicación del mecanismo de determinación del impuesto al valor agregado.

El citado artículo 103 establece también que “La Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”. Si analizamos la Disposición Final Única de la Ley N° 29214 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29215, ambas establecen alcances retroactivos respecto a la aplicación de estas normas tributarias lo cual evidentemente es contrario al mandato expreso de la función legislativa.

Finalmente el artículo 103 establece: “También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho”. Sin analizar estas últimas disposiciones evidentemente cualquier empresa que se considere perjudicado por los efectos de estas normas podrá hacer prevalecer su derecho ante las instancias jurisdiccionales e inclusive supranacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

El crédito fiscal es parte del mecanismo de determinación del IGV, motivo por lo cual para su reconocimiento debemos analizar tanto los requisitos sustanciales precisados en el artículo 18 de la Ley del IGV e ISC, así como los requisitos formales. Muchos contribuyentes han cuestionado desde hace muchos años la naturaleza de los requisitos formales, principalmente por el nivel de sus operaciones empresariales o simplemente por la deficiente cultura tributaria que existe en países en vías de desarrollo como el nuestro. Frente a este panorama la normatividad establecida en mérito a las Leyes N° 29214 y 29215 flexibilizan la aplicación del crédito fiscal del IGV en cuanto a los requisitos formales, motivo por lo cual la interpretación de estas disposiciones debe ser en forma conjunta.

El nuevo artículo 19 de la Ley del IGV en su inciso b) establece que los comprobantes de pago o documentos deben consignar el nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión.

Este punto es concordante con lo establecido en el inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, respecto a que si los comprobantes no cumplen con los requisitos y características mínimas establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago no serán deducibles para efectos del Impuesto a la Renta.

Asimismo, tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante emitido por el contribuyente que a la fecha de emisión tenía la condición de NO HABIDO, según la publicación del portal web de SUNAT, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio dicho contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.

Excepcionalmente, se podrá deducir el crédito fiscal aún cuando la referida información hubiere consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información.

Por ejemplo, supongamos que en una factura se describa el servicio de publicidad prestado con tremendos errores de ortografía: “Serbicio de Puvlisidad y difución de imagen hinstitucional“, conforme a estas nuevas disposiciones estos horrores ortográficos no determinarán la pérdida del crédito. Por otra parte suponiendo que en una factura se describa erróneamente al adquiriente de los bienes: “Inversiones San Marcos SAA” cuando en realidad el adquiriente es una SAC (sociedad anónima cerrada) tampoco invalidaría el crédito fiscal. Para subsanar estos puntos se recomienda cursar cartas firmadas por los representantes legales en las cuales se diluciden estos puntos controvertidos, y conservarlas ante una eventual fiscalización por parte de SUNAT. Por otra parte, las órdenes de compra y guías de remisión serán muy útiles en la sustentación de estas operaciones.

El nuevo artículo 19 de la Ley del IGV en su inciso c) establece que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del IGV en la utilización del servicios prestados por no domiciliados; hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el artículo 10 del Reglamento del IGV. A fin de regular los alcances de esta disposición el artículo 2 de la Ley N° 29215 establece que los contribuyentes deberán anotar los comprobantes de pago en las hojas del Registro de Compras que correspondan al mes de su emisión (por ejemplo en el caso de ventas de bienes muebles) o del pago del IGV (utilización de servicios de no domiciliados), o en el mes que corresponda a los doce (12) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante hubiese sido anotado.

Por otra parte, la Ley N° 29214 indica que el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales relacionados con el Registro de Compras, no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables. Este punto es contradictorio con los alcances del artículo 2 de la Ley N° 29215.

Vigencia de la aplicación
La Ley N° 29214 establece que regirá a partir del 24-04-2008 y se aplicará incluso, a las fiscalizaciones de la SUNAT en curso y a los procesos administrativos y/o contenciosos tributarios (reclamaciones y apelaciones) en trámite, sea ante SUNAT o ante el Tribunal Fiscal.

La Ley N° 29215 establece que se aplica para periodos anteriores a la vigencia de la Ley, siendo aplicable también a los procedimientos ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y a las situaciones que no hayan sido objeto de alguna fiscalización o verificación por parte de SUNAT que estén referidas a dichos periodos.

Sin perjuicio de que muchas empresas se favorezcan por estas disposiciones, evidentemente inconstitucionales, se rompe el equilibrio del valor de mercado de las operaciones. La aplicación práctica muchas veces ha tenido múltiples dificultades en cuanto a la aplicación del mecanismo de determinación del IGV por pagar por el exceso de formalidades pero esto no implica dictar normas deleznables en cuanto a su sustento constitucional, puesto que estas normas son una muestra tangible de la falta de cultura jurídica en nuestro país.