Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Decreto Supremo Nº 044-2009-RE

Mediante Decreto Supremo Nº 044-2009-RE se ratifica el TLC Perú Canadá, suscrito el 29 de mayo del 2008, cuyo texto es el siguiente:

Acuerdo de Libre Comercio Canadá – Perú
Tabla de contenido

Índice Texto

Preámbulo Texto

Capítulo Uno Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales Texto

Capítulo Dos Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancias Texto

Anexo 203.2: Eliminacion de aranceles aduaneros

Cronograma de Canadá

Cronograma de Perú

Anexo 218: Productos sujetos al Sistema de Franja de Precios del D.S. N° 115-2001-EF

Capítulo Tres Reglas de origen Texto

Anexo 301: Reglas específicas de origen

Capítulo Cuatro Procedimientos de Origen y Facilitación del Comercio Texto

Capítulo Cinco Medidas sanitarias y fitosanitarias Texto

Capítulo Seis Obstáculos Técnicos al Comercio Texto

Capítulo Siete Medidas de Emergencia y Defensa Comercial Texto

Capítulo Ocho Inversión Texto

Capítulo Nueve Comercio Transfronterizo de Servicios Texto

Capítulo Diez Telecomunicaciones Texto

Capítulo Once Servicios Financieros Texto

Capítulo Doce Entrada Temporal de Personas de Negocios Texto

Capítulo Trece Política de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado Texto

Capítulo Catorce Contratación Pública Texto

Anexo 1401.1

Capítulo Quince Comercio Electrónico Texto

Capítulo Dieciséis Disposiciones Laborales Texto

Capítulo Diecisiete Medio Ambiente Texto

Capítulo Dieciocho Cooperación Relacionada al Comercio Texto

Capítulo Diecinueve Transparencia Texto

Capítulo Veinte Administración del Tratado Texto

Capítulo Veintiuno Solución de Controversias Texto

Capítulo Veintidós Excepciones Texto

Capítulo Veintitrés Disposiciones finales Texto

Anexos

Anexo I – Reservas en relación con medidas existentes y compromisos de liberalización

Nota introductoria

Lista Canadá

Lista Perú

Anexo II – Reservas en relación con medidas futuras

Nota introductoria

Lista Canadá

Lista Perú

Anexo III – Medidas Disconformes de Servicios Financieros

Texto completo del acuerdo

Fuente:Ministerio de Comercio y Turismo de Perú (Mincetur)

                                     www.tributacionperu.com

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

imagen-004

Alan Emilio en Huaraz

Las NIIF son las normas que orientan la información financiera de las entidades a nivel internacional, permitiendo reflejar en forma adecuada y oportuna hechos económicos en un determinado periodo. Estas normas permiten establecer criterios adecuados respecto a determinadas partidas que pueden generar beneficios y obligaciones a corto, mediano y largo plazo con consecuencias financieras considerables para la entidad. Además las NIIF esclarecen casos controversiales en los cuales un mismo desembolso puede ser considerado como costo y parte del activo y en otros casos como un gasto corriente en el periodo.

Para PERUCONTABLE, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC, también conocidas como IAS, International Accounting Standards) y las normas internacionales de información financiera (NIIF, también conocidas como IFRS), son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa.

Por ejemplo, el párrafo 20 de la NIC 18 INGRESOS se aprecia que cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación a la fecha del balance. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

(a) El importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;
(b) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos derivados de la transacción;

(c) el grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser medido con fiabilidad; y

(d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.”

Por otra parte, el CPC Pablo Elías Maza considerando los alcances de la NIC 39 indica que la norma intensifica el uso razonable para el tratamiento contable de los instrumentos financieros las siguientes cuatro categorías de activos financieros que señala la NIC:

 a). Activos o pasivos financieros mantenidos para ser negociados,

b).Inversiones mantenidas hasta su vencimiento;
c). Préstamos y cuentas por cobrar originados por la empresa;
d). Activos financieros disponibles para ser vendidos; y la definición según la NIC de costo amortizado como sigue: es el importe por el que un activo o pasivo financiero fue valuado inicialmente, menos los pagos del principal, más o menos, la amortización acumulada de la diferencia entre dicho monto inicial y el monto al vencimiento y menos cualquier reducción por desvalorización o incobrabilidad.

http://cpn.mef.gob.pe/cpn/articulos/NIC39.htm

Recomiendo ingresar al siguiente portal web:

http://www.perucontable.com/articulos/nuevas-normas-internacionales-de-contabilidad/

Transmito el siguiente material de consulta y referencia:

http://www.horwathvenezuela.com.ve/bn_admin/include/images/doc_lib/Horwath_NICS_UCV.pdf

Deloitte proporciona un material de alta calidad que recomiendo considerar en el siguiente enlace:

http://www.iasplus.com/dttpubs/2008guiarapidaspain.pdf Se puede apreciar que en los países de Asia-Pacífico están adoptando distintos enfoques con respecto a la convergencia de los PCGA con las NIIF para empresas nacionales cotizadas. Deloitte indica además que ningún país de Asia-Pacífico obliga a adoptar las NIIF a todas las empresas nacionales cotizadas.

En el documento electrónico de Deloitte se refiere que todas las normas nacionales siguen las NIIF prácticamente al pie de la letra en Australia, Hong Kong, Corea (entrada en vigor en 2011, permitidas desde 2009), Nueva Zelanda y Sri Lanka (entrada en vigor en 2011) están adoptando este enfoque. Las fechas de entrada en vigor y los periodos de transición pueden diferir de lo previsto en las NIIF. Nueva Zelanda ha eliminado algunas opciones de principios contables y ha añadido algunos requisitos de desglose y directrices.

La mayoría de las normas nacionales siguen las NIIF al pie de la letra, tales como Filipinas y Singapur han adoptado la mayoría de las NIIF al pie de la letra, pero han modificado algunas significativamente.

Algunas normas nacionales siguen las NIIF casi al pie de la letra, como por ejemplo India, Malasia, Pakistán y Tailandia han adoptado bastante rigurosamente determinadas NIIF, pero existen diferencias significativas con respecto a otras normas nacionales y desfases en la adopción de NIIF nuevas o modificadas. India ha anunciado un plan para la plena adopción de las NIIF como Normas Indias de Información Financiera a partir de 2011.

Finalmente Deloitte informa que las NIIF se tienen en cuenta para desarrollar PCGA nacionales, esto se produce en distintos grados en Indonesia, Japón, Taiwán y Vietnam, pero existen diferencias significativas. En febrero de 2006, China adoptó una nueva Norma Básica y 38 nuevas Normas Contables coherentes con las NIIF, salvo algunas excepciones.

 www.tributacionperu.com

¿La tributación debe servir a la nación o es exclusividad de un solo grupo de iluminados?

El grupo de profesionales que venimos desarrollando TRIBUTACIONPERU queremos manifestar en esta oportunidad y con motivo de las fiestas patrias nuestro mayor respeto al fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias y en general al marco constitucional vigente.

Nadie, absolutamente nadie, sea Magister en Derecho, Doctor en Ciencias Contables y Empresariales, PHD en Ciencias Ocultas, o profesor universitario en XXX tiene mayor valor que cualquier ciudadano peruano que sea de otra profesión o que trabaje el día a día y viva decentemente dentro del Estado de Derecho en el Perú; y si discrepan en este punto los invito a revisar la Constitución Política Vigente y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Revisando el vasto espacio virtual de Internet encontramos diferentes espacios que abordan diferentes temáticas bajo diversas ópticas. Por un lado algunos son sobrios y escuetos en sus comentarios, otros solamente se limitan a repetir lo que un doctrinario expuso hace quinientos años y que en la práctica se encuentra fuera de la realidad, otros son muy actualizados, otros tienen excelente diseño gráfico pero poco contenido, en fin es ámplia la oferta.

Luego de haber revisado, entre varios profesionales de diferentes profesiones y universidades (nacionales y particulares de Lima y provincias) cada portal manifestamos abiertamente que CUALQUIER NORMATIVA DEBE ESTAR DIRECCIONADA A FACILITAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PERMITIÉNDOSE DESARROLLAR LAS ACTVIDADES EMPRESARIALES YA QUE ES LA ÚNICA FORMA DE PODER COMPETIR E EL EXTRANJERO Y EN EL MERCADO INTERNO.

Considerando éstos alcances resulta IRRACIONAL pensar que solamente un grupo de personas (curiosamente amigos todos entre si) SON LOS ÚNICOS QUE TIENEN EL DERECHO Y LA CAPACIDAD DE EXPRESAR SUS PUNTOS DE VISTA EN MATERIA TRIBUTARIA Y DE EMITIR OPINIONES EN MATERIA EMPRESARIAL. Si no lo saben esas personas, en el Perú no se puede discriminar a nadie, a nadie.

La TRIBUTACION no es exclusividad de ninguna agrupación política, clan, organización religiosa, club de verano o centro de estudios. Cada profesional (y también no profesional) en el país tiene el derecho de manifestar sus opiniones y contribuir con el desarrollo nacional. Inclusive sin temor a equivocarnos no es solamente un derecho sino también un DEBER.

Causa indignación que muchas personas (algunos con altos cargos en la Administración Pública o alumnos de dichos funcionarios) pretendan mostrar a la población en general que la opinión especializada en materia de TRIBUTACION, DERECHO TRIBUTARIO O EMPRESARIAL solamente debe ser direccionada por algún gremio o agrupación.

Manifestamos nuestro compromiso con todo aquel profesional “QUE NO DISCRIMINE” y que tenga toda la VOLUNTAD DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO NACIONAL. El trabajo coordinado, el apoyo entre peruanos de corazón, la capacitación y la lucha frontal contra todo tipo de discriminación permitirá a nuestro Perú crecer en beneficio del bien común.

              Te invitamos a ser parte de:          www.tributacionperu.com

Texto del TLC Perú Singapur

El 01 de agosto del 2008 entra en vigencia el TLC ratificado entre Perú y Singapur.
Personalmente creo que es una señal positiva para atraer capitales de inversión singapurenses y de otros países para invertir de manera más sólida en Perú.
singapur
Notar en el grafico adjunto cuya fuente es World Investment Report y reproducido en el Diario La República las enormes diferencias entre Perú y Singapur. Si no se han dado cuenta aún noten que Singapur no posee los atractivos turisticos que detenta el Perú, sin embargo inclusive en ello nos dan una lección de trabajo, constancia y de apoyar a su nación.
A continuación el texto del TLC:

http://www.tributacionperu.com/
Fuente: http://www.sice.oas.org/TPD/PER_SGP/PER_SGP_e.ASP

Table of contents

Chapter 1
Initial Provision and General Provision

Text

Chapter 2
Trade in Goods

Text

Annex 2A: Peru General Notes

Annex 2A: Peru Tariff Schedule

Annex 2B: Singapore General Notes

Annex 2B: Singapore Tariff Schedule

Annex 2C: Restrictions on Imports and Exports

Chapter 3
Special Agricultural Measure

Text

Annex 3A: Criteria for Application of Special Agricultural Measure

Annex 3B: List of Products Subject to Special Agricultural Measure

Chapter 4
Rules of Origin

Text

Annex 4A: Product Specific Rules

Annex 4B: Remanufactured Goods

Chapter 5
Customs

Text

Annex 5A: Data Elements for Certificate of Origin

Chapter 6
Sanitary and Phytosanitary Measures

Text

Chapter 7
Technical Barriers to Trade

Text

Chapter 8
Bilateral Safeguards

Text

Chapter 9
Government Procurement

Text

Annex 9A: Government Procurement Schedule

Annex 9B: Officially Designated Electronic

Chapter 10
Investment

Text

Annex 10A: Expropriation

Chapter 11
Cross-Border Trade in Services

Text

Annex 11A: Professional Services

Annex 11B: Peru Cross-Border Trade in Services and Investment Reservations for Existing Measures and Liberalisation Commitments

Annex 11C: Singapore Cross-Border Trade in Services and Investment Reservation for Existing Measures and Liberalisation Commitments

Annex 11D: Peru Cross-Border Trade in Services and Investment for Future Measures

Annex 11E: Singapore Cross-Border Trade in Services and Investment for Future Measures

Chapter 12
Temporary Entry of Business Persons

Text

Annex 12A: Temporary Entry of Business

Chapter 13
Electronic Commerce

Text

Chapter 14
Competition Policy

Text

Chapter 15
Transparency

Text

Chapter 16
Administration of the Agreement

Text

Chapter 17
Dispute Settlement

Text

Chapter 18
Exceptions

Text

Chapter 19
Final Provisions

Text

Source: Ministry of Trade and Industry, Singapore

                                                                                                                          www.tributacionperu.com

FACTURAS ELECTRÓNICAS YA

A través de este medio se insta a la Administración Tributaria y a quienes resulten responsables la pronta implementación de la facturación electrónica que facilitaría las operaciones empresariales entre diversos tipos de negocios, considerando que el país lo requiere a fin de no perder costos de oportunidad frente a otras entidades de otros países vecinos.

 A la fecha se encuentra vigente la utilización de recibos por honorarios en forma electrónica para aquellos sujetos que realicen actividades en forma independiente, lo cual facilita en gran medida la emisión de dichos comprobantes. Sin embargo que sucede si la persona natural emite un recibo por honorarios electrónico por actividades que en realidad califican como rentas de tercera categoría ¿cuál será el criterio que adoptará la Administración en este supuesto? Obviamente formulará el reparo respectivo imputándole la omisión. De otra parte, si dicha persona natural desde el inicio se afectara a la tercera categoría como persona natural con negocio debería emitir facturas gravadas con el IGV, sin embargo al no existir las facturas electrónicas se encontraría con un contratiempo que debería ser facilitado por la Administración, porque esa es su función “facilitar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

 Por consiguiente en esta oportunidad recomendamos que la facturación electrónica, cuya emisión deberá ser con clave sol, sea facilitada y poder reorientar la conducta de los contribuyentes hacia la utilización de los medios informáticos, lo cual facilita en gran medida la fiscalización tributaria.

 Seamos parte de la solución

www.tributacionperu.com

TRIBUTACION ADUANERA

www.tributacionperu.com

El Decreto Legislativo Nº 1053 “Ley General de Aduanas” rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro del territorio aduanero.

 En dicha norma se establecen definiciones importantes en materia de tributación aduanera:

 Acciones de control extraordinario.- Aquellas que la autoridad aduanera puede disponer de manera adicional a las ordinarias, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que pueden ser los operativos especiales, las acciones de fiscalización, entre otros. La realización de estas acciones no opera de manera formal ante un trámite aduanero regular, pudiendo disponerse antes, durante o después del trámite de despacho, por las aduanas operativas o las intendencias facultadas para dicho fin.

 Acciones de control ordinario.- Aquellas que corresponde adoptarse para el trámite aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, conforme a la normatividad vigente, que incluyen las acciones de revisión documentaria y reconocimiento físico, así como el análisis de muestras, entre otras acciones efectuadas como parte del proceso de despacho aduanero, así como la atención de solicitudes no contenciosas.

  Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendecia(*) Nacional de Administración Tributaria competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término también designa una parte cualquiera de la Administración Aduanera, un servicio o una oficina de ésta.

 Aforo.- Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables así como los recargos de corresponder, mediante el reconocimiento físico y/o la revisión documentaria.

  Agente de carga internacional.- Persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares.

     Almacén aduanero.- Local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos aduaneros.

Autoridad aduanera.- Funcionario de la Administración Aduanera que de acuerdo con su competencia, ejerce la potestad aduanera.

     Bienes de capital.- Máquinas y equipos susceptibles de depreciación que intervienen en forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique su naturaleza.

 Las mercancías incluidas en los ítems que comprenden la suma de las categorías “410 bienes de capital (excepto el equipo de transporte)” y “521 equipo de transporte industrial”, de la Clasificación por Grandes Categorías Económicas, definidas con referencia a la CUCI, Revisado 3 de Naciones Unidas.

Carga consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte.

 Comiso.- Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías, a favor del Estado.

 Condiciones de la transacción.- Circunstancias de una transacción por la que se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos:

     – Identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las mercancías;

     – Nivel comercial del importador;

     – Identificación del proveedor o destinatario;

     – Naturaleza de la transacción;

     – Identificación del intermediario de la transacción;

     – Número y fecha de factura;

     – INCOTERM cuando se haya pactado y en caso contrario término de entrega;

     – Documento de transporte;

–          Datos solicitados dentro del rubro “Condiciones de la transacción” de los formularios de la declaración aduanera de mercancías.

     Consignante.- Es la persona natural o jurídica que envía mercancías a un consignatario en el país o hacia el exterior

Consignatario.- Persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso del documento de transporte.

  Control aduanero.Conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de ésta.

Declaración aduanera de mercancías.Documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su aplicación.

Declarante.Persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación nacional.

Depositario.- La persona jurídica autorizada por la Administración Aduanera para operar un almacén aduanero.

Depósito aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos.

 Depósitos francos.- Locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional y autorizados por el Estado, en los cuales para la aplicación de derechos aduaneros, impuestos a la importación para el consumo y recargos, se considera que las mercancías no se encuentran en el territorio aduanero.

 Depósito temporal.- Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera.

Depósito temporal postal.- Local destinado para el almacenamiento, clasificación y despacho de los envíos postales.

  Derechos arancelarios o de aduana.- Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías que entren al territorio aduanero.

 Despachador de aduana.- Persona facultada para efectuar el despacho aduanero de las mercancías.

Despacho aduanero.- Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero.

     Destinación aduanera.- Manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera.

   Documento de envíos postales.Documento que contiene información relacionada al medio o unidad de transporte, fecha de llegada y recepción, número de bultos, peso e identificación genérica de los envíos postales.

Documento electrónico.- Conjunto de datos estructurados basados en impulsos electromagnéticos de códigos binarios, elaborados, generados, transmitidos, comunicados y archivados a través de medios electrónicos.

  Elaboración.Proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabricación de una nueva mercancía.

  Ensamblaje o montaje.- Unión, acoplamiento o empalme de dos o más piezas.

 Envíos de entrega rápida.- Documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo de una guía de envíos de entrega rápida.

 Factura original.- Se entiende como facturas originales las emitidas por el proveedor, que acreditan los términos de la transacción comercial, de acuerdo a los usos y costumbres del comercio. Dicho documento podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier medio, físico o electrónico.

  Formalidades aduaneras.Todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos de cumplir con la legislación aduanera.

   Franquicia.- Exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley.

  Garantía.Instrumento que asegura, a satisfacción de la Administración Aduanera, el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y otras obligaciones cuyo cumplimiento es verificado por la autoridad aduanera.

  Guía de envíos de entrega rápida: Documento que contiene el contrato entre el consignante ó consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida, y en el que se declara la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, según la información proporcionada por el consignante o embarcador.

   Incautación.- Medida preventiva adoptada por la Autoridad Aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa y el traslado de la mercancía a los almacenes de la SUNAT, mientras se determina su situación legal definitiva.

Inmovilización.- Medida preventiva mediante la cual la Autoridad Aduanera dispone que las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien señale, a fin de someterlas a las acciones de control que estime necesarias.

   Levante.Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado.

   Manifiesto de carga.Documento que contiene información respecto del medio o unidad de transporte, número de bultos, peso e identificación de la mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel.

 Manifiesto de envíos de entrega rápida.- Documento que contiene la información respecto del medio de transporte, cantidad y tipo de bultos, así como la descripción de las mercancías, datos del consignatario y embarcador de envíos de entrega rápida, según la categorización dispuesta por la Administración Aduanera.

  Medios electrónicos.- Conjunto de bienes y elementos técnicos computacionales que en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, transmisión, comunicación y archivo de datos e información.

  Mercancía.- Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de regímenes aduaneros.

Mercancía equivalente.- Aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será objeto de reposición, reparación o cambio.

  Debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual en todos los aspectos a la importada en lo que se refiere a la calidad, marca y prestigio comercial.

 Debe entenderse por mercancía similar a la que sin ser igual en todos los aspectos a la importada, presenta características próximas a ésta en cuanto a especie y calidad.

 Mercancía extranjera.- Aquella que proviene del exterior y no ha sido nacionalizada, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero.

 Mercancía nacional.- La producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.

 Muestra sin valor comercial.- Mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar sus características y que carece de valor comercial por sí misma.

 Multa.- Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras.

  Nota de tarja.- Documento que formulan conjuntamente el transportista o su representante con el responsable de los almacenes aduaneros o con el dueño o consignatario según corresponda, durante la verificación de lo consignado en los documentos de transporte contra lo recibido físicamente, registrando las observaciones pertinentes.

Producto compensador.- Aquél obtenido como resultado de la transformación, elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo los regímenes de perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada.

   Punto de llegada.- Aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país.

 En el caso de transporte aéreo, los terminales de carga del transportista regulados en las normas del sector transporte podrán ser punto de llegada siempre que sean debidamente autorizados por la Administración Aduanera como depósitos temporales.

     Recargos.- Todas las obligaciones de pago diferentes a las que componen la deuda tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y la salida de mercancías.

  Reconocimiento físico.Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria.

Reconocimiento previo.- Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar en presencia del depositario, la constatación y verificación de la situación y condición de la mercancía o extraer muestras de la misma, antes de la presentación de la declaración de mercancías, previo aviso a la autoridad aduanera.

Revisión documentaria.Examen realizado por la autoridad aduanera de la información contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los documentos que la sustentan.

 Tarja al detalle.- Documento que formulan conjuntamente el agente de carga internacional con el almacén aduanero o con el dueño o consignatario según corresponda, durante la verificación de los documentos de transporte, registrando las observaciones pertinentes.

Término de la descarga.- Fecha y hora en que culmina la descarga del medio de transporte.

 Territorio aduanero.Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional.

 La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada Administración Aduanera se divide en zona primaria y zona secundaria.

 Transportista.- Persona natural o jurídica que traslada efectivamente las mercancías o que tiene el mando del transporte o la responsabilidad de éste.

  Usuario aduanero certificado.- Operador de comercio exterior certificado por la SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el presente Decreto Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos en las normas pertinentes.

 Zona de reconocimiento.- Área designada por la Administración Aduanera dentro de la zona primaria destinada al reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo al presente Decreto Legislativo y su Reglamento.

Zona franca.- Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuviesen dentro del territorio aduanero, para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos a la importación para el consumo y recargos a que hubiere lugar.

  Zona primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera.

     Zona secundaria.- Parte del territorio aduanero no comprendida como zona primaria o zona franca.

 Queda claro que por el principio de especialidad, esta norma prevalece en materia aduanera frente a cualquier otra definición establecida para cada uno de los términos referidos en cualquier otro cuerpo legal (Código civil, código tributario, Ley del Impuesto a la Renta, entre otros).

www.tributacionperu.com

Previsiones por fiestas patrias

Estimados amigos

La próxima semana (desde el viernes mismo inclusive) la actividad empresarial de algunos negocios será intensa debido a la afluencia de turistas internos y extranjeros. Hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, discotecas, supermercados, ferias, entre otros lugares de alta concurrencia en los cuales ofertantes y demandantes realizarán diversos intercambios que sucitan la previsión por parte de los negocios a fin de evitar contingencias ante la Administración Tributaria.

En diferentes viajes de negocios a nivel nacional he podido constatar que muchos negocios incurren en omisiones en la oportuna entrega de comprobantes de pago lo cual puede ser sancionado por la Admnistración, cuyos funcionarios si continuarán laborando en estos días. Recordar que la emisión de comprobantse de pago debe ser previamente a la transferencia de los bienes con las consideraciones que señala el Reglamento de Comprobantes de Pago.

Muchos negocios al incurrir en reiteradas infracciones al numeral 1 del artículo 174 son sancionadas con sanciones de cierre, que perjudican el flujo de ingresos en dichos negocios .

Recordar que es importate resguardar la seguridad de sus negocios que facilitarán mayores ingresos durante el sábado, domingo, lunes y martes, días en los cuales miles de jóvenes acudirán a diversas discotecas en Lima y en todas las regiones del país,  a celebrar las fiestas patrias. Cualquier coordinación pueden efectuarla con la Policía Nacional que destacará a sus diferentes miembros en estos días, aunque claro cualquier estímulo será beneficioso para todas las partes.

Facilitemos unas fiestas patrias sin contingencias, y que nuestra principal preocupación sea incrementar los ingresos de nuestros negocios y relajarse un poco del dinamismo de las actividades diarias.

En TRIBUTACIONPERU les deseamos unas felices fiestas patrias, y anticiparles que pronto el dinamismo de la información en nuestro país será compatible con los nuevos tiempos y tecnologías que pondremos a disposición no solamente de abogados y contadores, sino para ingenieros, administradores, licenciados en diferentes profesiones, y en general para todo aquel empresario y negociante que cree en el desarrollo sostenible del país y en maximizar los recursos invertidos con respeto al bienestar común.

Pronto TRIBUTACIONPERU más cerca de todo el Perú.

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL – VERSION APROBADA

alan

USO OBLIGATORIO DEL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 2011

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/documentac/VERSION_MODIFICADA_PCG_EMPRESARIAL.pdf

El 12 de mayo del 2010 se acaba de aprobar una versión modificada del Plan Contable General Empresarial mediante Resolución Nº 043-2010-EF/94 cuya vigencia será a partir del 01 de enero del 2011, con aplicación optativa en el presente 2010.

Cabe indicar que mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº 042-2009-EF/94, de fecha 14 de noviembre del 2009, se postergó hasta el 2011 la aplicación obligatoria del Nuevo Plan Contable General, señalando que optativamente puede ser aplicado en el 2010.

Inicialmente la Resolución CNC Nº 041-2008-EF/94, de fecha 25 de octubre del 2008 aprobó el uso obligatorio del Plan Contable General Empresarial con vigencia a partir del 01-01-2010, y recomendó su aplicación anticipada desde el 2009.

Sin perjuicio de lo anterior se exceptúa de la aplicación del nuevo plan contable a las entidades facultadas por ley expresa a la formulación y aplicación de planes contables, manuales de contabilidad u otra denominación similar distintos.

En el siguiente enlace se puede descargar la versión aprobada:

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/documentac/VERSION_MODIFICADA_PCG_EMPRESARIAL.pdf

El nuevo plan contable general empresarial establece también identificar:

6 —– Elemento (Elemento 6 para gastos por naturaleza)

Se identifica con el primer dígito y corresponde a los elementos de los estados financieros, excepto para el dígito “8” que corresponde a la acumulación de información para indicadores nacionales, y el dígito “0” para cuentas de orden.

62 —– Rubro o Cuenta (Gastos del personal, directores y gerentes)

Rubro o cuenta: a nivel de dos dígitos, es el nivel mínimo de presentación de estados financieros requeridos, en tanto clasifica los saldos de acuerdo a naturalezas distintas.

621 — Subcuenta (Remuneraciones)

Subcuenta: Acumula clases de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos del mismo rubro, desagregándose a nivel de tres dígitos.

6215–Divisionaria (Vacaciones)

Divisionaria: Se descompone en cuatro dígitos. Identifica el tipo o la condición de la subcuenta, u otorga un mayor nivel de especificidad a la información provista por las subcuentas. Es el caso por ejemplo, de las Cuentas por cobrar o pagar comerciales; de los Inmuebles, maquinaria y equipo, y de los Tributos.

62151 — Subdivisionaria (Vacaciones del personal administrativo)

Subdivisionaria: Se presenta a nivel de cinco dígitos. Indica valuación cuando existe más de un método para medirla, u otorga un nivel de especificidad mayor.

Por ejemplo, en el caso de las Inversiones inmobiliarias, e Inmuebles, maquinaria y equipo, se distinguirá entre activos medidos al costo o valor razonable; y en lo referido a un mayor nivel de detalle, por ejemplo, se ha incorporado el tipo de vinculación entre partes relacionadas, en las cuentas por cobrar y pagar entre aquellas.

¿Cómo se contabilizarán los gastos bancarios correspondientes al mantenimiento de una cuenta?

Conforme al nuevo plan contable general empresarial se orienta el siguiente asiento:

63. Gastos por servicios prestados por terceros xxx

639 Otros servicios prestados por terceros

6391 Gastos bancarios

a 45. Obligaciones financieras…………………………………xxx

a 455 Costos de financiación por pagar.

La divisionaria 6391 gastos bancarios, acumula el gasto por los servicios recibidos de los bancos y otras instituciones financieras, tales como la gestión de cuentas bancarias y gastos de cobranzas de documentos, entre otros, los que corresponden a consumo intermedio desde el punto de vista económico.

La subcuenta 455 Costos de financiación por pagar, acumula todos los costos de financiación relacionados con obligaciones financieras contraídas de acuerdo con las subcuentas precedentes, tales como: intereses, comisiones, costos de reestructuración de deuda, legales y costos incrementales relacionados con la obligación financiera contraída.

Cabe resaltar que no se ha contemplado más dígitos para este Plan Contable General Empresarial, dejando la posibilidad a las empresas para que utilicen los apropiados de acuerdo con sus necesidades; por ejemplo, para clasificar los elementos de los estados financieros por segmentos operativos (véase la NIIF 8); saldos de acuerdo con la moneda de contratación (en lo que hace, por ejemplo, a la exposición de riesgos de cambio a que se refiere la NIIF 7), entre otros, hasta llegar al nivel de detalle requerido en los análisis de cuentas, como estados de cuenta de clientes y proveedores.

Alan Emilio Matos Barzola

Abogado Tributarista y Bachiller en Contabilidad

Gaceta Jurídica – Contadores & Empresas 

Para efectos de la renta de tercera categoría, los desembolsos de transporte y viáticos en periodos de inactividad si serían deducibles en tanto sean indispensables para el negocio

 

En la medida que los gastos efectuados (transporte y viáticos) con ocasión de un viaje, en los periodos en los cuales no se han realizado actividades profesionales o comerciales, sean necesarios para la obtención de rentas de tercera categoría, serán deducibles al amparo del inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.


INFORME N° 107-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto en que un solo viaje comprende varias etapas de actividades, verificándose entre cada una de ellas periodos de traslado (por ejemplo, de una ciudad a otra) o descanso (por ejemplo, días domingos), por lo cual habrá días en los que no se registre actividad comercial o profesional directa y probadamente productiva.

Bajo este contexto, se consulta si los gastos de viaje correspondientes a aquellos periodos en los cuales no se ha realizado actividades profesionales o comerciales probadamente productivas, pero que sin embargo son necesarios y razonables para acceder a la siguiente etapa de actividades, son considerados gastos de viaje deducibles para efectos del Impuesto a la Renta, al amparo de lo dispuesto por el literal r) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del literal n) del artículo 21° de su Reglamento.

BASE LEGAL:

  • Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).
     
  • Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

  1. El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta indica que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por dicha Ley.

    A su vez, el último párrafo del citado artículo dispone que para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l) y ll) de dicho artículo(1); entre otros.

    Como puede apreciarse de la norma citada, se consagra el “principio de causalidad” por el cual todos los gastos necesarios para la generación y mantenimiento de rentas de tercera categoría son deducibles de la renta bruta, salvo cuando se disponga poner límites a la deducibilidad o se prohiba expresamente.

    Cabe agregar que este principio tiene implícito que los gastos sean necesarios, entendiéndose al mismo bajo los criterios, entre otros, de normalidad y razonabilidad(2).
     

  2. Por su parte, el inciso r) del artículo bajo comentario establece como concepto deducible a los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada.

    Agrega que la necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes.

    Se añade que los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.

    Finalmente, señala dicho inciso que los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los documentos a los que se refiere el artículo 51°-A de dicho TUO(3) o con la declaración jurada del beneficiario de los viáticos de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en el párrafo anterior.

    De otro lado, el tercer párrafo del inciso n) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que en ningún caso se admitirá la deducción de la parte de los gastos de viaje que corresponda a los acompañantes de la persona a la que la empresa o el contribuyente, en su caso, encomendó su representación.
     

  3. Ahora bien, en el supuesto planteado en la consulta, se tiene que el contribuyente incurre en gastos en períodos de traslado o de descanso, pero que son necesarios para que se cumpla con el objetivo del viaje. Bajo dicho supuesto, teniendo en cuenta los alcances del principio de causalidad recogido en nuestra legislación sobre el Impuesto a la Renta, tales gastos también serían deducibles por concepto de viaje, siempre que se encuentren vinculados con la generación y mantenimiento de rentas de tercera categoría, aun cuando en los mencionados períodos no se realicen actividades profesionales o comerciales.
     
  4. En consecuencia, en la medida que los gastos efectuados (transporte y viáticos) con ocasión de un viaje, en los periodos en los cuales no se han realizado actividades profesionales o comerciales, sean necesarios para la obtención de rentas de tercera categoría, serán deducibles al amparo del inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

CONCLUSIÓN:

En la medida que los gastos efectuados (transporte y viáticos) con ocasión de un viaje, en los periodos en los cuales no se han realizado actividades profesionales o comerciales, sean necesarios para la obtención de rentas de tercera categoría, serán deducibles al amparo del inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Lima, 12 de Junio 2007

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA ROSSANA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional
Intendencia Nacional Jurídica


(1) En los referidos incisos se hace referencia a los gastos vinculados al personal del contribuyente.

(2) A mayor abundamiento,  García Mullín señala que:

“Como concepto general, puede decirse que del propio principio de causalidad surgen implícitos algunos de los caracteres que deben revestir los gastos para ser deducibles: ser necesarios (algunas legislaciones hablan de “estrictamente imprescindibles”) para obtener la renta o mantener la fuente; ser normales de acuerdo al giro del negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, etc” (En: Impuesto a la Renta – Teoría y Técnica del Impuesto. Santo Domingo, R.D. – Octubre de 1980, pág. 122).

(3) Dicho dispositivo establece que los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.

Ley de Tributación Municipal en su artículo 28 precisa los sujetos inafectos al Impuesto de Alcabala

El Tribunal Fiscal mediante RTF Nº 03041-7-2009, de fecha 02 de abril del 2009, resuelve una controversia relacionada con la afectación al Impuesto de Alcabala.

En el presente caso, el Tribunal cita que el artículo 1 del Decreto Ley Nº 26157 estableció que el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), creado por el Decreto Legislativo Nº 657, es un organismo descentralizado autónomo y dependiente de la Presidencia de la República, que cuenta con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica.

Refiere que si bien el Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 079-2003-PCM dispuso que el FONCODES se fusionara por absorción al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES como entidad incorporante, e indicó que ésta, de considerarlo necesario, evaluaría la creación de una Unidad Ejecutora para la adecuada ejecuión de su presupuesto, el Decreto Supremo Nº 096-2003-PCM estableció que este proceso de fusión se encontraría incluido en el proceso de reorganización del Sector Mujer y Desarrollo conforme con la Ley Nº 27779, publicado el 11 de julio del 2002, el cual culminaría dentro del plazo de tres años, contado a partir de su entrada en vigencia, según lo previsto por su primera disposición transitoria y complementaria.

Que en dicho plazo se emitió el Decreto Supremo Nº 004-2004-MIMDES, publicado el 17 de agosto del 2004, que dió por culminado el proceso de fusión por absorción del FONCODES, entre otras instituciones, al Ministerio de la Mujer y desarrollo Social a partir de su vigencia, quedando en consecuencia absorbido por dicho Ministerio.

Que en ese sentido, al 31 de enero y 22 de marzo del 2001, fecha que deben tomarse en cuenta para establecer la calidad de sujeto pasivo del tributo, la entidad recurrente era una institución pública desentralizada, por lo que corresponde analizar si dada tal condición, estaba comprendido en la inafectación prevista en el inciso a) del artículo 28 de la Ley de Tributación Municipal.

Que conforme con lo señalado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08166-5-2004 del 22 de octubre del 2004, doctrinariamente el concepto de organismo público descentralizado esta vinculado al proceso de descentralización funcional o administratriva llevada a cabo al interior de la Administración Pública, con la finalidad de crear organizaciones especializadas, formal y jurídicamente autónomas, dotadas de personalidad jurídica fistintas de la Administración Pública matriz, producto de lo cual surguen los organismos públicos decentralizados, que se agrupan en empresas estatales e instituciones públicas descentralizadas, destinadas estas últimas por ley a cumplir funciones sociales, educativas, culturales, entre otras, que se configuran como un centro de imputación de relaciones jurídicas independientes, no obstante que se mantienen bajo el control de la Administración Pública matriz, a manera de dirección.

Que de acuerdo con ello, en el periodo materia de análisis, FONCODES era un organismo público desecntralizado que gozaba de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, de acuerdo a su propia ley de creación; en ese sentido, pese a que se encontraba adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, actuaba como un centro de imputación de relaciones jurídicas con personería jurídica independiente.

Que en tal sentido, al haberse establecido que el recurente, a la fecha en que adquirió los predios materia de autos, era una institución pública descentralizada, no se encontraba comprendido en la inafectación otorgada por el inciso a) del artículo 28 de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776 y, por tanto, estaba gravado con el Impuesto de Alcabala en los periodos a que se refieren los valores impugnados.

Alan Emilio Matos Barzola

Plazos en el procedimiento contencioso tributario

INFORME Nº 36-2009-SUNAT/2B4000

MATERIA:

Plazos aplicables en el procedimiento contencioso tributario seguido contra resoluciones que declaran las sanciones de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros.

En particular, se consulta qué plazos previstos en el T.U.O. del Código Tributario resultan aplicables a los supuestos de sanción señalados en el párrafo precedente para actuar los medios probatorios, resolver la reclamación, elevar el expediente de apelación ante el Tribunal Fiscal y demás actos inherentes al procedimiento contencioso tributario.

BASE LEGAL:

ANÁLISIS:
Para iniciar nuestro análisis sobre la materia en consulta, es preciso referirnos al procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

El procedimiento contencioso tributario, se encuentra contemplado en el Título III, del Libro Tercero, del Código Tributario y consta de conformidad a lo establecido en su artículo 124º de las siguientes etapas:

La reclamación ante la Administración Tributaria, y
La apelación ante el Tribunal Fiscal.

El artículo 135º del Código Tributario señala los actos administrativos que pueden ser objeto de reclamación, entre los que se encuentran la Resolución de Determinación, la Orden de Pago, la Resolución de Multa, la resolución que establezca la sanción de comiso de bienes, así como los “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria”, entre otros.

Cabe puntualizar, que para efectos del presente informe, denominaremos “procedimiento contencioso tributario ordinario” al que corresponde a las impugnaciones seguidas contra la Resolución de Determinación, la Orden de Pago, la Resolución de Multa, actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria y demás supuestos de actos reclamables a que se refiere el artículo 135º del Código Tributario, para diferenciarlo del que denominaremos “procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes” cuyos plazos procedimentales difieren sustancialmente del procedimiento contencioso tributario ordinario conforme puede apreciarse en el Anexo que forma parte del presente informe.

ACTOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Respecto a lo que debe ser entendido por “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria” como un supuesto de acto reclamable contemplado en el artículo 135º del Código Tributario, es pertinente remitirnos a lo que la doctrina nacional interpreta. Así tenemos, que para Felipe Iannacone Silva “la reclamación puede interponerse sobre los actos administrativos tributarios que generalmente se encuentran regulados…(por el Código Tributario).En caso de ser un acto “atípico”, pero que contenga deuda o relación con la deuda tributaria, también será atendible…”.

Por su parte, Rosendo Huamaní Cueva, señala que si bien el artículo 135º del Código Tributario menciona determinados actos como reclamables, “…también señala que pueden serlo otros, regulados o no. No obstante, el Código no precisa los requisitos de estos otros actos y se limita a indicar la característica que los une: que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria”. Asimismo, el referido autor cita varios ejemplos de lo que debe ser entendido por actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, entre los que menciona a “las sanciones de comiso y multa reguladas por la Ley General de Aduanas…(RTF Nº 207-A-2000 de observancia obligatoria, publicada el 29.03.2000).”.

Adicionalmente a lo expresado respecto a lo que debe ser entendido como un acto administrativo que tenga relación directa con la determinación de la deuda tributaria aduanera, es de observarse que en el ordenamiento jurídico aduanero la declaración aceptada por la autoridad aduanera sirve de base para determinar la obligación tributaria aduanera, lo que genera entre otras obligaciones, la de consignar en la declaración la totalidad de las mercancías que se pretenden acoger a algún régimen aduanero o de excepción, sin poder disponer de ellas hasta que se verifique su ingreso legal a nuestro país.

Las infracciones vinculadas al incumplimiento de la obligación de consignar la totalidad de mercancías en una declaración aduanera a fin de acoger dichos bienes a algún régimen aduanero, se sanciona con el comiso de las mercancías y/o multa, consecuentemente, la aplicación de la sanción de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros, dispositivos legales bajo análisis, guardan relación directa con la determinación de la deuda tributaria al tener su origen en dicho incumplimiento, información que constituye la base para determinar la obligación tributaria aduanera.

Así también, es de relevarse que las infracciones que dan lugar a la aplicación de la sanción de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros, en la medida que se tipifican por acciones que importan la violación de normas tributarias aduaneras y están contempladas en leyes especiales; se enmarcan en el concepto de infracción tributaria enunciado en el artículo 164º del Código Tributario lo que determina que su procedimiento contencioso en la etapa de apelación sea tramitado y resuelto por el Tribunal Fiscal, de acuerdo a lo establecido por el numeral 2) del artículo 101º del Código Tributario.

Sobre el particular, debemos mencionar que mediante Informe Nº 078-2005-SUNAT/2B4000, esta Gerencia Jurídico Aduanera emitió pronunciamiento sobre la materia, concluyendo que los presupuestos contemplados en los artículos 1º, 2º, 6º y 8º de la Ley de los Delitos Aduaneros, así como las infracciones administrativas que de ellos se derivan, dan lugar a una relación jurídico tributaria, de donde resulta que la multa aplicada por la infracción administrativa relacionada al contrabando, así como los demás tipos o casos establecidos en el artículo 33º de la precitada Ley de los Delitos Aduaneros, tienen naturaleza tributaria.

En el contexto normativo, doctrinal y jurisprudencial expuesto, podemos colegir que cuando el artículo 205º de la Ley General de Aduanas y el artículo 49º de la Ley de los Delitos Aduaneros, señalan que el procedimiento aduanero y la impugnación de las resoluciones de sanción de comiso de mercancías o de multa y comiso, se rigen por las normas aplicables al procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario; resulta que estaríamos ante un supuesto especial de impugnación de actos administrativos que se enmarca en la categoría consignada en el propio artículo 135º del Código Tributario denominada “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria”.

DE LA SANCIÓN DE COMISO DE BIENES ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO

Se encuentra regulada en el artículo 184º del Código Tributario y su aplicación por parte de la autoridad tributaria no produce el efecto legal, a diferencia del comiso de mercancías regulado en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros, de la privación definitiva de la propiedad de los bienes a favor del Estado, sino que su imposición genera al infractor la obligación de acreditar documentaria y fehacientemente el derecho de propiedad o posesión de los bienes comisados para que previo pago de una multa y de los gastos que originó la ejecución del comiso, se proceda de corresponder, a la devolución de los bienes.

Como podemos apreciar, los efectos legales que genera la mencionada sanción de comiso de bienes del Código Tributario, no sólo difieren de los que originan la sanción de comiso de mercancías de la Ley General de Aduanas y de la Ley de los Delitos Aduaneros, sino que la sanción bajo análisis operaría como una suerte de la medida preventiva de incautación regulada en el artículo 225º del Reglamento de la Ley General de Aduanas.

DE LA SANCIÓN DE COMISO DE MERCANCÍAS REGULADA EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y LA SANCION DE COMISO Y MULTA APLICADAS AL AMPARO DE LA LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS

Se encuentran reguladas en el artículo 197º de la Ley General de Aduanas, así como en los artículos 36º y 38º de la Ley de los Delitos Aduaneros, respectivamente.

La aplicación de las mencionadas sanciones de comiso de mercancías o de multa y comiso de índole aduanera, genera la consecuencia legal de la privación definitiva de la propiedad de la mercancía a favor del Estado y la facultad de disposición de las mismas por la Autoridad Aduanera.

Asimismo, es de resaltarse como otra particularidad de las sanciones bajo análisis, que las diferencian de la sanción de comiso de bienes del Código Tributario, es que mientras que conforme al numeral 2) del artículo 137º del Código Tributario, el plazo de reclamación contra la precitada sanción es de cinco (05) días hábiles; el artículo 208º de la Ley General de Aduanas y el artículo 49º de la Ley de los Delitos Aduaneros, señalan expresamente que el plazo para interponer reclamación contra las resoluciones que apliquen las sanciones de comiso de mercancías o de multa y comiso, en el marco de la Ley General de Aduanas y de la Ley de los Delitos Aduaneros, respectivamente, es de veinte (20) días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo.

IMPROCEDENCIA DE APLICAR LAS MISMAS NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA IMPUGNACIÓN DE LA SANCION DE COMISO DE BIENES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO A LAS SANCIONES DE COMISO DE MERCANCÍAS Y DE COMISO Y MULTA, AMPARADAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y EN LA LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS

Conforme a lo expresado en el presente informe, podemos inferir:

1.- Si bien las sanciones bajo análisis tienen naturaleza tributaria, difieren entre sí por los efectos legales que generan en su aplicación. Pues como se ha mencionado en el presente informe, mientras que la sanción de comiso de mercancías de la Ley General de Aduanas y la de comiso y multa de la Ley de los Delitos Aduaneros, producen el efecto legal de pérdida definitiva de la propiedad de las mercancías comisadas y su posterior disposición por parte de la Autoridad Aduanera; en la sanción de comiso de bienes del Código Tributario no se producen dichos efectos, sino que opera como una suerte de incautación de mercancías en la que es posible recuperar la mercancía previa presentación de la documentación requerida y el pago de una multa y de los gastos de la ejecución de dicha medida.

2.- Convalidando nuestra posición que la sanción de comiso de mercancías tipificada en el artículo 197º de la Ley General de Aduanas, así como las sanciones de comiso y multa reguladas en los artículos 36º y 38º de la Ley de los Delitos Aduaneros, respectivamente, deben ser consideradas como un supuesto de reclamación referido a “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria” cuyo trámite impugnativo debe de encausarse dentro del procedimiento contencioso tributario ordinario y no tratar de asimilarlas al procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes regulada en el Código Tributario, debemos referirnos a los antes citados artículos 208º de la Ley General de Aduanas y al artículo 49º de la Ley de los Delitos Aduaneros, conforme a los cuales, el plazo para reclamar los supuestos de sanción bajo análisis es de veinte (20) días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo, plazo que se aplica en general a los actos administrativos que se regulan por el procedimiento contencioso tributario ordinario y que difiere sustancialmente del plazo de cinco (05) días que rige la interposición de la reclamación contra la resolución de comiso de bienes del Código Tributario.

3.- En ese orden de ideas, resultaría un contrasentido establecer respecto a las sanciones de comiso de mercancías o de multa y comiso, un procedimiento contencioso tributario “mixto”, pues por un lado por normas específicas se establece que el plazo para reclamar dichas sanciones es de veinte (20) días, es decir que la propia Ley General de Aduanas y la Ley de los Delitos Aduaneros, estarían aludiendo expresamente al plazo para reclamar regulado en el procedimiento contencioso tributario ordinario, y por otro lado, vía interpretación se señale que en lo referente a los demás plazos aplicables al procedimiento contencioso tributario, tales como actuación de medios probatorios, plazo para resolver la reclamación, plazo para elevar el recurso de apelación, entre otras actuaciones inherentes al precitado procedimiento, se apliquen los plazos especiales y sumarios que corresponden al procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes del Código Tributario.

4.- En adición a lo manifestado en el presente informe, resulta relevante señalar que el Tribunal Fiscal a través de las RTF Nros 10315-A-2008, 08137-A-2008, 08755-A-2008 y 02188-A-2009, se ha pronunciado sobre la materia consultada precisando que los recursos impugnativos contra las sanciones de comiso y multa, así como de comiso de mercancías, contempladas en la Ley de los Delitos Aduaneros y en la Ley General de Aduanas, respectivamente, deben ser calificados como de reclamación en virtud del artículo 135º del Código Tributario y que conforme a los artículos 145º y 146º del Código Tributario, el recurso de apelación que se interponga contra la resolución que resuelve dichas reclamaciones debe ser elevado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación y la Administración Aduanera debe notificar al apelante para que dentro del término de quince (15) días hábiles subsane las omisiones. Todo lo cual, nos lleva a concluir que para el superior colegiado, los plazos aplicables para tramitar una impugnación contra las resoluciones de comiso de mercancías o de multa y comiso amparadas en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros, corresponden a los plazos inherentes al procedimiento contencioso tributario ordinario, toda vez que si se tramitara como una apelación contra una resolución de comiso de bienes del Código Tributario, el plazo para elevar la apelación sería de quince (15) días hábiles y el plazo para subsanar las omisiones sería de cinco (05) días hábiles, de acuerdo a los artículos 145º y 146º del Código Tributario, plazos que como podemos verificar difieren de los considerados por el Tribunal Fiscal en las precitadas RTF.

Asimismo, es muy importante resaltar que en la RTF Nº 02188-A-2009, el superior colegiado manifiesta expresamente que “el comiso aduanero previsto en la Ley General de Aduanas como en otras normas aduaneras por su propia naturaleza se rige por los “plazos generales” del procedimiento contencioso tributario contenidos en el Código Tributario, lo que la diferencia de aquel comiso impuesto al amparo de las normas previstas por el propio Código Tributario que se rigen por los plazos especiales que ésta prevé…”

5.- Complementariamente a lo mencionado, resulta pertinente tener en consideración, que el procedimiento administrativo se rige entre otros, por el principio de uniformidad, conforme al cual la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. Conjuntamente a este principio, debe relevarse lo expuesto por el Tribunal Constitucional, cuyo pleno jurisdiccional considera que “…una norma jurídica adquiere sentido de tal por su adscripción a un orden. Por tal consideración, cada norma está condicionada sistemáticamente por otras….la normatividad sistemática descansa en la coherencia normativa. Dicha noción implica la existencia de la unidad sistemática del orden jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo conforman…” (resaltado nuestro)

6.- De acuerdo al principio de uniformidad antes enunciado, y al criterio de unidad y armonía que debe regir la interpretación sistemática de las normas jurídicas, debemos señalar que interpretar asimilando la impugnación de la sanción de comiso de la Ley de los Delitos Aduaneros a la del comiso de bienes del Código Tributario y la sanción de multa contemplada en la misma Ley de los Delitos Aduaneros, tramitarla siguiendo las normas correspondientes al procedimiento contencioso tributario ordinario, o peor aún tratar de asimilarla al procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes del Código Tributario, implicaría contradecir el mencionado principio de uniformidad, pues debe considerarse que el hecho que originó ambas sanciones, es decir el comiso de mercancías y la multa aplicada al amparo de la Ley de los Delitos Aduaneros, son determinadas por la Administración Aduanera de manera conjunta acorde a lo señalado en el artículo 35º de la Ley de los Delitos Aduaneros al sustentarse ambas sanciones en un mismo hecho tipificado como infracción, por lo que en tal sentido deben regularse por las mismas normas procedimentales en caso de su impugnación, correspondiendo encausar su trámite dentro del procedimiento contencioso tributario ordinario.

CONCLUSIÓN:
Los plazos aplicables para actuar los medios probatorios, resolver la reclamación, elevar el expediente de apelación ante el Tribunal Fiscal y demás actos inherentes al procedimiento contencioso tributario contra las resoluciones que declaren el comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros, corresponden a los plazos previstos para el procedimiento contencioso tributario ordinario, por tratarse de actos reclamables que tienen relación directa con la determinación de la deuda tributaria.

Lima, 30 de abril de 2009
Original firmado por
Sonia Cabrera Torriani
Gerente Jurídico Aduanero
Intendencia Nacional Jurídica

ANEXO
PLAZOS APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ORDINARIO Y EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO RESPECTO A LA SANCION DE COMISO DE BIENES

.-.-.-.-.-
• Decreto Legislativo Nº 1053, aprueba la Ley General de Aduanas (en adelante Ley General de Aduanas).
• Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, aprueba el Reglamento de la Ley General de Aduanas (en adelante Reglamento de la Ley General de Aduanas).
• Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus normas modificatorias, aprueba el T.U.O. del Código Tributario (en adelante Código Tributario).
• Ley Nº 28008 y sus normas modificatorias, aprueba la Ley de los Delitos Aduaneros (en adelante Ley de los Delitos Aduaneros).

Intendencia Nacional Jurídica

PLAZOS APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ORDINARIO Y EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO RESPECTO A LA SANCION DE COMISO DE BIENES

Interponer reclamación
Base legal: num. 2), art. 137º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Veinte (20) días hábiles
Sanción de comiso de bienes: Cinco (5) días hábiles

Subsanación de requisitos de admisibilidad
Base legal: Artículo 140º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Quince (15) días hábiles
Sanción comiso de bienes Cinco (5) días hábiles

Actuación de medios probatorios
Base legal: Artículo 125º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Treinta (30) días hábiles
Sanción comiso de bienes: Cinco (5) días hábiles

Resolución de la reclamación
Base legal: Artículo 142º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Nueve (9) meses, incluido el plazo probatorio
Sanción Comiso de bienes: Veinte (20) días hábiles, incluido el plazo probatorio

Interponer recurso de apelación
Base legal: Artículo 146º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Quince (15) días hábiles
Sanción comiso de bienes: Quince (15) días hábiles

Subsanación de requisitos de admisibilidad
Base legal: Artículo 146º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Quince (15) días hábiles
Sanción comiso de bienes: Cinco (5) días hábiles

Elevar recurso de apelación
Base legal: Artículo 145º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Treinta (30) días hábiles
Sanción comiso de bienes: Quince (15) días hábiles

Los notarios únicamente tributan rentas de tercera categoría por los ingresos en ejercicio de la función notarial

SUMILLA:                       

Tratándose de la remuneración que los notarios se asignan a través de su planilla, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049: 

1.      La referida remuneración no constituye renta de quinta categoría para efecto del Impuesto a la Renta. 

2.      Dicha remuneración tampoco constituye gasto deducible para determinar la renta neta de tercera categoría de los notarios por el ejercicio de su función notarial. 

INFORME Nº 009-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA: 

Se consulta si la remuneración que los notarios se asignan a través de su planilla, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049 – Decreto Legislativo del Notariado, constituye gasto deducible para efecto del Impuesto a la Renta.  

BASE LEGAL:  

–      Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias. 

–  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias. 

–      Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, publicado el 26.6.2008. 

ANÁLISIS: 

En principio, entendemos que la consulta se encuentra orientada a determinar si, para efectos del Impuesto a la Renta: 

–      La remuneración que los notarios se asignan en virtud de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049 constituye renta de quinta categoría.  

–      Dicha remuneración es deducible para determinar la renta neta de tercera categoría correspondiente a los notarios por el ejercicio de su función notarial. 

Al respecto, cabe indicar lo siguiente: 

1.     El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1049 establece que la función notarial se ejerce en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial.  

Por su parte, el inciso b) del artículo 19° del mismo Decreto Legislativo señala que es derecho del notario ser incorporado en la planilla de su oficio notarial, con una remuneración no mayor al doble del trabajador mejor pagado, y los derechos derivados propios del régimen laboral de la actividad privada.  

2.     De otro lado, el artículo 14° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. Añade que también se considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el artículo 16° de dicho TUO. 

       El tercer párrafo del citado artículo establece que el titular de la empresa unipersonal determinará y pagará el Impuesto a la Renta sobre las rentas de las empresas unipersonales que le sean atribuidas, así como sobre la retribución que dichas empresas le asignen, conforme a las reglas aplicables a las personas jurídicas.  

       Adicionalmente, conforme a lo señalado en el inciso c) del artículo 28° del TUO bajo comentario, son rentas de tercera categoría las que obtengan los notarios

El inciso b) del artículo 17° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta precisa que la renta que obtengan los notarios a que se refiere el inciso c) del artículo 28° del TUO antes mencionado será la que provenga de su actividad como tal. 

Ahora bien, el inciso a) del artículo 34° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece que son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales.  

En relación con esta categoría de renta, el numeral 4 del inciso c) del artículo 20° del Reglamento dispone que no constituyen renta gravable de quinta categoría las retribuciones que se asignen los dueños de empresas unipersonales, las que de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 14° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, constituyen rentas de tercera categoría.  

3.     Como puede apreciarse de las normas que regulan el Impuesto a la Renta, por el ejercicio de su función notarial, los notarios únicamente obtienen rentas de tercera categoría.  

Igualmente, de modo general, puede afirmarse que cualquier retribución que se asignen los titulares de empresas unipersonales no califica como renta de quinta categoría, pues, por un lado, no constituye un ingreso que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependiente([1]) y, por el otro, el íntegro de las rentas obtenidas a través de dichas empresas está sujeto a tributación según las reglas correspondientes a las rentas de tercera categoría([2]).  

Lo anteriormente señalado es aplicable también al supuesto regulado en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049, por cuanto esta norma no ha modificado las reglas de categorización del Impuesto a la Renta y tampoco ha establecido que dicha “remuneración” será aplicable para efectos tributarios, incluyendo el Impuesto a la Renta.  

En consecuencia, la retribución que los notarios se asignan en virtud del inciso b) antes mencionado no constituye renta de quinta categoría, toda vez que los ingresos obtenidos por el ejercicio de la función notarial deben tributar siempre como rentas de tercera categoría.  

4.     En este orden de ideas, la retribución comentada tampoco constituye gasto deducible para efecto de determinar la renta neta de tercera categoría, pues la suma que se asigna el notario ya es de su titularidad y forma parte de las rentas de tercera categoría obtenidas en el ejercicio de la función notarial, por lo cual no existe un gasto adicional en el cual haya incurrido el notario que deba computarse para el cálculo de su renta neta.  

CONCLUSIONES:         

1.     La remuneración que los notarios se asignan a través de su planilla, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049, no constituye renta de quinta categoría para efecto del Impuesto a la Renta.  

2.     Dicha remuneración tampoco constituye gasto deducible para determinar la renta neta de tercera categoría de los notarios por el ejercicio de su función notarial.  
Lima, 16 ENE 2009


ORIGINAL FIRMADO POR

MIGUEL ANTONIO MORALES-BERMUDEZ FIELD

Intendente Nacional Jurídico  

rom

A0410.1-D8

IMPUESTO A LA RENTA – Remuneración de los notarios  


[1]   En efecto, en este caso, no puede sustentarse que una única persona pueda prestarse a sí misma trabajo en forma subordinada.

[2]   Debe tenerse en cuenta que, expresamente, las normas tributarias han dispuesto que no constituyen renta gravable de quinta categoría las retribuciones que se asignen los dueños de empresas unipersonales.