Impuesto General a las Ventas según la jurisprudencia

El Tribunal Fiscal mediante reiterada jurisprudencia, tal como la contenida en las resoluciones Nº 02013-3-2009, 10151-3-2007, 08659-3-2007, 5251-5-2005 y 9146-5-2004, entre otras, precisa que el Impuesto General a las Ventas en el Perú está diseñado bajo la técnica del valor agregado, sobre la base de la cual cada etapa del proceso de producción y comercialización de bienes y servicios se recupera el impuesto que afectó la etapa anterior a través del crédito fiscal, siendo el objeto de la imposición de cada una de las etapas el mayor valor que adquieren en cada una de ellas evitándose una sucesiva imposición que grave impuesto sobre impuesto, o que se reitere la imposición sobre la materia imponible gravada en la etapa anterior, que a través del crédito fiscal del sujeto que realiza operaciones gravadas con el tributo recupera el que le fue transladado en la etapa anterior y sólo ingresa al fisco la parte correspondiente al valor agregado de las operaciones que realizó (traslado a su adquiriente), pues quién asumirá el total dle impuesto será el consumidor final y que a efecto de mantener diseñado el impuesto, éste crédito fiscal no es suceptible de ser comercializable ni puede recibir el tratamiento de un crédito tributario.

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Una vez que se traslada el impuesto que afecta las adquisiciones, se obtiene el derecho a deducirlo inmediatamente del impuesto que grava las operaciones, a efecto que en cada etapa el intermediario económico entre el bien, el servicio o contrato de construcción y el consumidor final, pague efectivamente el monto del impuesto que corresponde al valor agregado, para que finalmente el impuesto al consumo, fraccionado en cada fase, sea asumido íntegramente por el consumidor final, sin que su traslado a los precios origine en éstos el efecto de acumulación (doble o múltiple imposición) y piramidación (cálculo del margen de utilidad sobre una base que contiene impuesto), sino que, por el contrario, ofrezca ventajas de neutralidad y a la vez de eficiencia recaudatoria.
El objetivo del IGV es gravar el valor agregado que se otorgue en cada etapa del proceso de producción y comercialización del los bienes y servicios afectos, siendo el consumidor final, quien asuma finalmente el total de la carga impositiva, como corresponde a la imposición indirecta.

Por consiguiente, la alternativa de afectar con la alícuota del IGV, el exceso del crédito fiscal resultante de la diferencia del crédito fiscal en el periodo y aquél que ha sido objeto de reintegro, es contraria a esta técnica de imposición, más aún si se considera que en rigor se estaría considerando en vía de interpretación la existencia de una base imponible adicional a las previstas en el artículo 13 de la Ley del IGV, esto es un valor de venta, en las ventas de bienes; el total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios; el valor de la construcción, en los contratos de construcción; el ingreso percibido, el la venta de inmuebles, o el valor del CIF aduanero en las importaciones, lo cual además de contravenir el principio de reserva de la ley, constituye una desnaturalización al tributo.

Bajo este esquema queda claro que el crédito fiscal del IGV no es suceptible de ser comercializado ni comparte la naturaleza de un crédito tributario, circunstancia que se verifica en la solución legislativa prevista en el artículo 25 de la Ley cuando dispone que en caso el crédito fiscal en un periodo exceda al monto del impuesto bruto, este exceso deberá aplicarse en los meses siguientes hasta agotarlo, sin que exista la posibilidad de ser considerado como un tributo pagado indebidamente y suceptible de ser materia de devolución.

Los presentes criterios permiten esclarecer diversos cuestionamientos y dudas de nuestros amigos que diariamente nos permiten crecer juntos cada día más.

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Traslado de mercancías extranjeras desde el puerto o aeropuerto hasta el depósito aduanero

SUNAT mediante Informe Nº 154-2009-SUNAT/2B0000, precisa que en el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el puerto o aeropuerto hasta el depósito aduanero, dicho depósito se encuentra obligado a emitir la Guía de Remisión – Remitente.

De otra parte, en el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el depósito temporal hasta los recintos del depósito aduanero, tal depósito aduanero no podrá emitir la Guía de Remisión – Remitente.

Reproducimos el texto del informe en www.tributacionperu.com

Sumilla:
1. En el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el puerto o aeropuerto hasta el depósito aduanero, dicho depósito se encuentra obligado a emitir la Guía de Remisión – Remitente al amparo del numeral 1.5 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
2. En el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el depósito temporal hasta los recintos del depósito aduanero, tal depósito aduanero no podrá emitir la Guía de Remisión – Remitente al amparo del numeral 1.1 del citado artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

INFORME N.° 154-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:
Se formulan las siguientes consultas:
1. En el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el puerto o aeropuerto hasta el depósito aduanero, ¿dicho depósito se encontraría facultado a emitir guía de remisión al amparo del numeral 1.5 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago?
2. En el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el depósito temporal hasta los recintos del depósito aduanero, ¿este último se encontraría facultado a emitir guía de remisión al amparo del numeral 1.1 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago, debiéndosele considerar poseedor de los bienes ya que los mismos se le entregan legalmente para su traslado y custodia?

BASE LEGAL:
– Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.° 1053, publicado el 27.6.2008.

– Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999 y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1. De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago, cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte privado, deberán emitir una guía de remisión denominada “Guía de Remisión – Remitente”, entre otros, los siguientes sujetos:

– El propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado, con ocasión de su transferencia, prestación de servicios que involucra o no transformación del bien, cesión en uso, remisión entre establecimientos de una misma empresa y otros (Numeral 1.1).

– El Almacén Aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados en la Ley General de Aduanas como mercancía extranjera trasladada desde el puerto o aeropuerto hasta el Almacén Aduanero (Numeral 1.5).

2. Ahora bien, el artículo 2° de la Ley General de Aduanas define como “almacén aduanero” al local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos aduaneros.
Adicionalmente, la citada norma define al “depósito aduanero” como el local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero([1]), los cuales pueden ser privados o públicos; en tanto que el “depósito temporal” es definido como el local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera.
3. Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, tratándose del supuesto previsto en la primera consulta, en el que el traslado se efectúa desde el puerto o aeropuerto hasta el depósito aduanero, el obligado a emitir la Guía de Remisión – Remitente es el depósito aduanero o responsable, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1.5 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago([2]).
En efecto, habida cuenta que según lo establecido en la Ley General de Aduanas, el depósito aduanero califica como almacén aduanero([3]), se tiene que la norma del Reglamento de Comprobantes de Pago antes citada incluye expresamente el supuesto en mención; por lo que el referido depósito aduanero se encuentra obligado a emitir la Guía de Remisión – Remitente.
4. De otro lado, en cuanto al supuesto a que hace referencia la segunda consulta, debe tenerse en cuenta que conforme al último párrafo del numeral 1 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago, los sujetos señalados en los numerales 1.3 a 1.6 del mismo artículo, como es el caso del almacén aduanero, no tienen la condición de propietarios ni poseedores de los bienes.
Al respecto, nótese que de acuerdo a la definición contenida en el artículo 2° de la Ley General de Aduanas, el “almacén aduanero” es el local destinado a la custodia temporal de las mercancías, de lo que fluye que los alcances de su responsabilidad corresponden a la del custodio o servidor de la posesión, figura esta última regulada en el artículo 897° del Código Civil([4]).
Así, en la Exposición de Motivos([5]) del mencionado Código se señala que el servidor de la posesión es la persona que tiene o goza de un bien, por actos de tolerancia del poseedor o por la relación de dependencia que existe respecto al poseedor o propietario del mismo.
Vale decir, el servidor de la posesión es únicamente un tenedor del bien y no su poseedor; calidad que tienen los depósitos aduaneros que, como ya se indicó precedentemente califican como almacén aduanero.
En ese orden de ideas, el depósito aduanero no se encuentra comprendido dentro de los alcances del numeral 1.1 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago, por lo que no puede emitir la Guía de Remisión – Remitente al amparo de esta norma.

CONCLUSIONES:
1. En el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el puerto o aeropuerto hasta el depósito aduanero, dicho depósito se encuentra obligado a emitir la Guía de Remisión – Remitente al amparo del numeral 1.5 del artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
2. En el caso que se trasladen mercancías extranjeras desde el depósito temporal hasta los recintos del depósito aduanero, tal depósito aduanero no podrá emitir la Guía de Remisión – Remitente al amparo del numeral 1.1 del citado artículo 18° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
CLARA URTEAGA GOLDSTEIN Intendente Nacional Jurídico

[1] El artículo 88° de la Ley General de Aduanas señala que el régimen de depósito aduanero es aquel que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un período determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono.
[2] Salvo que resulte de aplicación la excepción prevista en el numeral 3.2.9 del artículo 21° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
[3] Cabe indicar que según lo previsto en el Glosario de Términos Aduaneros de la anterior Ley General de Aduanas, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 129-2004-EF, publicado el 12.9.2004 y normas modificatorias, el “depósito aduanero” también se encontraba comprendido en la definición de “almacén aduanero”.
[4] Decreto Legislativo N.° 295, publicado el 25.7.1984, y normas modificatorias.
Dicho artículo establece que no es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas.
[5] REVOREDO DE DEBAKEY, Delia, Código Civil, Tomo V Exposición de Motivos y Comentarios. Pag. 162.

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Gastos por premios inciso u) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta

El inciso u) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la renta establece que son deducibles los gastos por premios, en dinero o en especie, que realicen los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, siempre que dichos premios:

1. Se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales.

2. El sorteo de los mismos se efectúe ante Notario Público y

3. Se cumpla con las normas legales vigentes sobre la materia.

Sobre el particular, el Decreto Supremo N.° 006-2000-IN, publicado el 01 de junio del 2000, aprueba el Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales.

SUNAT mediante Informe Nº 167-2009-SUNAT/2B0000 , de fecha 17 de agosto del 2009, puntualiza que “para efecto de la deducción del gasto a que se refiere el inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no es requisito la presencia de un Notario Público cuando la promoción no suponga un sorteo“. Conforme a este criterio es válida la deducción de premios que por ejemplo efectué una entidad a clientes que por ejemplo aperturen lineas de crédito premium sin necesidad de contar con la presencia del notario que implicaría un desembolso adicional para la entidad. Este criterio es adecuado y compartimos el texto en www.tributacionperu.com/

SUMILLA:
Para efecto de la deducción del gasto a que se refiere el inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no es requisito la presencia de un Notario Público cuando la promoción no suponga un sorteo.

INFORME N° 167-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:
Se consulta si, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, para efecto de la deducción del gasto por promociones, bastaría la entrega del premio en presencia de Notario Público, en los casos que la promoción no suponga un sorteo.
BASE LEGAL:
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias (en adelante, Ley del Impuesto a la Renta).
ANÁLISIS:
El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la propia ley([1]).
En consecuencia, el inciso u) del citado artículo señala que son deducibles los gastos por premios, en dinero o en especie, que realicen los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales, el sorteo de los mismos se efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales vigentes sobre la materia.
De acuerdo con la norma glosada, los gastos por premios son deducibles siempre que, en principio, sean necesarios para producir y mantener la fuente, y además cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que los premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales.
b) En los casos de sorteos, éstos se efectúen ante Notario Público.
c) Se cumpla con las normas legales vigentes sobre la materia ([2]).
Como puede apreciarse, las promociones llevadas a cabo bajo la modalidad de sorteos necesariamente deben realizarse en presencia de un Notario Público, resultando irrelevante, para efecto de lo dispuesto en el referido inciso, la presencia de tal Notario Público durante la entrega de los premios.
Así pues, en aquellas ocasiones en las cuales las promociones no se efectúen a través de sorteos, la presencia del Notario Público no constituye un requisito para la deducción del gasto([3]).
En tal sentido, para efecto de la deducción del gasto por premios a que se refiere el inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no es requisito la presencia de un Notario Público cuando la promoción no suponga un sorteo.

CONCLUSIÓN:
Para efecto de la deducción del gasto a que se refiere el inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no es requisito la presencia de un Notario Público cuando la promoción no suponga un sorteo.

Lima, 17 de agosto del 2009

Original firmado por CLARA URTEAGA GOLDSTEIN

Intendente Nacional Jurídico

[1] Cabe señalar que para determinar que los gastos son necesarios para producir, y mantener la fuente, el párrafo final del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta establece que éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) del propio artículo 37°, entre otros.
[2] El Decreto Supremo N.° 006-2000-IN, publicado el 1.6.2000, aprueba el Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales.
[3] Sin perjuicio del cumplimiento de los otros requisitos señalados en el inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.

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Tributación de Consorcios

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Los consorcios son entes que se forman para un fin específico, evidentemente lucrativo, que involucra diversas obligaciones tributarias a considerar.

Pueden existir consorcios con contabilidad independiente de sus partes intervinientes, y en otros casos será el operador el encargado de discriminar las cuentas contables aplicables.

Los consorcios que lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes deben inscribirse en el RUC, conforme a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT. Además deben emitir el comprobante de pago respectivo por las operaciones que realicen.

Por otra parte, los consorcios que no llevan contabilidad independiente están impedidos de inscribirse en el RUC, sin perjuicio que tal obligación recaiga sobre sus partes contratantes. Tratándose de consorcios que no llevan contabilidad independiente y en los que cada parte contratante contabiliza sus operaciones, los sujetos obligados a emitir el comprobante de pago son, precisamente, cada una de las partes contratantes en su calidad de contribuyentes.

Para mayor precisión reproducimos el Informe Nº 167-2009/SUNAT de SUNAT en www.tributacionperu.com

SUMILLA:
1. Los consorcios que lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes deben inscribirse en el RUC, conforme a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT. Por el contrario, los consorcios que no llevan contabilidad independiente están impedidos de inscribirse en el RUC, sin perjuicio que tal obligación recaiga sobre sus partes contratantes.

2. Los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes deben emitir el comprobante de pago respectivo por las operaciones que realicen.
En ese sentido, tratándose de consorcios que no llevan contabilidad independiente y en los que cada parte contratante contabiliza sus operaciones, los sujetos obligados a emitir el comprobante de pago son, precisamente, cada una de las partes contratantes en su calidad de contribuyentes.

INFORME N° 165-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:
Se formulan las siguientes consultas:
1. ¿Es obligatorio que los consorcios se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes (RUC)?
2. ¿A quién corresponde emitir el respectivo comprobante de pago tratándose de consorcios que llevan contabilidad independiente, así como en el caso de consorcios que no llevan contabilidad independiente y en los que cada parte contratante contabiliza sus operaciones?
BASE LEGAL:
– Ley General de Sociedades, Ley N.° 26887, publicada el 9.12.1997, y normas modificatorias.
– Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario).
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).
– Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT, mediante la cual se aprueban disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N.° 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicada el 18.9.2004 y normas modificatorias.
– Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999, y normas modificatorias.
ANÁLISIS:
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 438° de la Ley General de Sociedades, se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
Por su parte, el artículo 445° de la citada Ley regula el contrato de consorcio, modalidad del contrato asociativo, en virtud del cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía.
Como puede apreciarse de las normas antes glosadas, el consorcio no origina una persona jurídica, es decir, no genera un ente dotado de personería jurídica distinta a la de sus partes intervinientes, las cuales mantienen como tales su propia identidad y autonomía.
2. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en la Norma XI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú, están sometidos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho Código y en las leyes y reglamentos tributarios.
Fluye de la norma antes glosada que determinados entes colectivos pueden tener capacidad tributaria([1]) aun cuando carezcan de personería jurídica y, en tal sentido, ser sujetos de derechos y obligaciones tributarias en tanto así lo disponga la normatividad correspondiente.
3. Pues bien, el artículo 65° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, entre otros, los consorcios perceptores de rentas de tercera categoría, deberán llevar contabilidad independiente de las de sus partes contratantes.
Añade la citada norma que, sin embargo, tratándose de contratos en los que por la modalidad de la operación no fuera posible llevar la contabilidad en forma independiente, cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones, o de ser el caso, una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo en ambos casos, solicitar autorización a la SUNAT, quien la aprobará o denegará en un plazo no mayor a quince días([2]).
Asimismo, se señala que, tratándose de contratos con vencimiento a plazos menores a tres (3) años, cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones o, de ser el caso, una de ellas podrá llevar la contabilidad del contrato, debiendo a tal efecto, comunicarlo a la SUNAT dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de celebración del contrato.
De lo expuesto se tiene que los consorcios deben -como regla general- llevar su contabilidad en forma independiente de las de sus socios o partes contratantes. Sólo en determinados supuestos, la norma ha facultado a los sujetos partícipes del consorcio a que cada uno lleve la contabilidad de las operaciones que realiza en virtud del contrato, o que designen a uno de ellos para que lleve la contabilidad del mismo.
4. La distinción mencionada en el numeral precedente tiene implicancias en el tratamiento tributario otorgado a los consorcios. Así, se reconoce capacidad tributaria y, por ende, la calidad de contribuyentes, únicamente a los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes.
En efecto, el inciso k) del artículo 14° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que son contribuyentes de dicho Impuesto, entre otros, las personas jurídicas, considerándose como tales -para los efectos del referido tributo-, a los consorcios que lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes.
Adicionalmente, el último párrafo del citado artículo 14° señala que, en el caso de los consorcios que no lleven contabilidad independiente, las rentas serán atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean parte contratante.
Por su parte, el numeral 9.3 del artículo 9° del TUO de la Ley del IGV indica que también son contribuyentes de dicho Impuesto, entre otros, los consorcios que llevan contabilidad independiente.
5. Teniendo en consideración lo anterior, y en cuanto a la primera consulta, es preciso indicar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT, deberán inscribirse en el RUC:
a. Los sujetos señalados en el Anexo N.° 1 de dicha Resolución que adquieran la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT([3]).
b. Los sujetos que soliciten la devolución del IGV y/o el Impuesto de Promoción Municipal al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 783 y normas modificatorias y reglamentarias([4]).
c. Los sujetos que se acojan a los regímenes aduaneros o a los destinos aduaneros especiales o de excepción previstos en la Ley General de Aduanas, con excepción de los indicados en los incisos g) al p) del artículo 3° de la Resolución, así como al supuesto señalado en el último párrafo del referido artículo 3°([5]).
d. Los sujetos que realicen los procedimientos, actos u operaciones indicados en el Anexo N.° 6([6]).
Es del caso mencionar que en el numeral 17 del Anexo N.° 1 de la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT se incluye a los contratos de colaboración empresarial que llevan contabilidad independiente -como es el caso de los consorcios([7])-; en tanto que el Anexo N.° 6 contiene el detalle de diversos procedimientos, actos u operaciones realizados en las entidades de la Administración Pública.
A partir de lo anteriormente señalado, puede afirmarse que los consorcios que lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes, deben inscribirse en el RUC conforme a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT.
Por el contrario, los consorcios que no llevan contabilidad independiente y que, por ende, no son contribuyentes de tributos administrados por la SUNAT, están impedidos de inscribirse en el RUC; sin perjuicio que tal obligación recaiga sobre sus partes contratantes([8]).
6. De otro lado, en lo que concierne a la segunda consulta, debe efectuarse también una distinción según se trate de consorcios que llevan o no contabilidad independiente de la de sus partes contratantes.
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago, están obligados a emitir comprobantes de pago, entre otros, las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos que realicen transferencias de bienes a título gratuito u oneroso([9]) o que presten servicios a título gratuito u oneroso.
Pues bien, como ya se indicó precedentemente, los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes tienen la condición de contribuyentes (Impuesto a la Renta e IGV), debiendo como tales emitir el comprobante de pago respectivo por las operaciones que realicen([10]), habida cuenta que, para efectos tributarios, se les ha reconocido una personería distinta a la de sus partes contratantes; personería que, sin embargo, no detentan los consorcios que no llevan contabilidad independiente.
En ese sentido, tratándose de consorcios que no llevan contabilidad independiente y en los que cada parte contratante contabiliza sus operaciones, los sujetos obligados a emitir el comprobante de pago son, precisamente, cada una de las partes contratantes en su calidad de contribuyentes(10).
CONCLUSIONES:
1. Los consorcios que lleven contabilidad independiente de la de sus partes contratantes deben inscribirse en el RUC, conforme a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT.
Por el contrario, los consorcios que no llevan contabilidad independiente están impedidos de inscribirse en el RUC, sin perjuicio que tal obligación recaiga sobre sus partes contratantes.
2. Los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes deben emitir el comprobante de pago respectivo por las operaciones que realicen.
En ese sentido, tratándose de consorcios que no llevan contabilidad independiente y en los que cada parte contratante contabiliza sus operaciones, los sujetos obligados a emitir el comprobante de pago son, precisamente, cada una de las partes contratantes en su calidad de contribuyentes.

Lima, 17 de agosto de 2009

Original firmado por CLARA URTEAGA GOLDSTEIN

Intendente Nacional Jurídico

[1] El artículo 21° del TUO del Código Tributario establece que tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o público, siempre que la Ley le atribuya la calidad de sujetos de derechos y obligaciones tributarias.

[2] La norma indica, además, que de no mediar resolución expresa, al cabo de dicho plazo, se dará por aprobada la solicitud.
[3] Según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT, estos sujetos se inscribirán en el RUC siempre que proyecten iniciar sus actividades dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su inscripción en el RUC.

[4] El inciso b) del artículo 4° de la Resolución bajo comentario establece que estos sujetos se inscribirán en el RUC dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la solicitud.

[5] En este caso, la inscripción en el RUC deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días, y hasta cinco (5) días calendario anteriores a la fecha de la destinación aduanera correspondiente (inciso c) del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT).

[6] Conforme al inciso d) del artículo 4° de la mencionada Resolución, estos sujetos deberán inscribirse en el RUC dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la realización del trámite u operación.

[7] Según la doctrina, los contratos de colaboración son los que se celebran entre personas que buscan realizar una actividad para lograr un fin concreto, entre ellos se encuentran los “contratos asociativos” (Ver: ELIAS LAROZA, Enrique, Ley General de Sociedades Comentada, Editora Normas Legales S.A., 2do. volumen, pág. 887).

Como ya se mencionara, los consorcios constituyen una modalidad de contratos asociativos.

[8] Tal como se ha sostenido en el numeral 4 del presente Informe, los consorcios que no llevan contabilidad independiente no son contribuyentes del Impuesto a la Renta ni del IGV. En estos casos, la condición de contribuyentes recae en los partícipes celebrantes del mismo.
[9] Derivados de actos y/o contratos de compraventa, permuta, donación, dación en pago y en general todas aquellas operaciones que supongan la entrega de un bien en propiedad, o derivadas de actos y/o contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, arrendamiento financiero, asociación en participación, comodato y en general todas aquellas operaciones en las que el transferente otorgue el derecho a usar un bien.

[10] Conforme al artículo 38° del TUO de la Ley del IGV, los contribuyentes del Impuesto deben entregar comprobantes de pago por las operaciones que realicen.

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Seminario: TRIBUTACION Y FISCALIZACION. PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL – CASUISTICA

SEMINARIO_DE_ANIVERSARIO_20091Sábado 05 de setiembre

Horario: De 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00

Lugar: Auditorio de la Facultad de Economía de la UNASAM (HUARAZ)Incluye separatas, certificado y coffee break

Expositor Alan Emilio Matos BarzolaAbogado Tributarista y Bachiller en Contabilidad. Especialista en Tributación y en NIIF. Egresado del 48 Curso de Admnistración Tributaria de selección nacional de SUNAT y ex miembro de la Central de Consultas Tributarias de SUNAT.

Contacto loelbp@hotmail.com Teléfono: 043-422971Colegio de Contadores Públicos de Ancash Filial Zona Sierra Huaraz. Av. Agustín Gamarra 303

SUNAT puntualiza aplicación de Ley Nº 29215 sobre crédito fiscal del IGV

SUNAT al emitir el Informe Nº 146-2009-SUNAT/2B0000 puntualiza:
no se perderá el derecho al crédito fiscal, aun cuando los comprobantes de pago que sustentan la adquisición de bienes y servicios no cumplan con los requisitos legales y reglamentarios en materia de comprobantes de pago, siempre que se proceda conforme a lo dispuesto en las normas citadas. Sin embargo, lo establecido en el texto vigente del artículo 19° del TUO de la Ley del IGV y en la Ley N.° 29125 solo resulta de aplicación para validar el crédito fiscal sustentado en comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios, mas no para validar costo o gasto para efecto del Impuesto a la Renta en el mismo supuesto, toda vez que no existe norma alguna que haga extensivas las disposiciones analizadas a este último tributo.”
 
Este criterio fue sostenido desde el 23 de abril del 2008 y se recibieron críticas, pero SUNAT dió la razón a la legalidad.
 

SUNAT convoca CAT 52 y CAT 53 ADUANAS

Se comunica a los Egresados del Curso de Administración Tributaria y Aduanera – CAT 50, 51, 52 y 53 la invitación a participar en el inicio del Curso Complementario de Administración Aduanera y Tributaria – CCAAT el mismo que se realizará a partir el día lunes 16 de abril de 2012 en las instalaciones del Instituto de Administración Tributaria y Aduanera. Charla informativa:

Día: 09 de abril de 2012

Lugar: Auditorio de la sede de Chucuito, sito en Av. Gamarra N° 680 Chucuito-Callao

Hora: 9.00 horas (hora exacta). 

Las personas que no se presenten el día y hora señaladas serán excluidas automáticamente (como no aceptantes) y no serán ser consideradas como participantes en el Curso Complementario de Administración Aduanera y Tributaria – CCAAT.

Gerencia de Desarrollo de Personal

Fuente: Portal Web de SUNAT http://unete.sunat.gob.pe/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=266&category_id=1&Itemid=63 

 

Para aclarar algunas dudas que surguieron con relación a los CAT de SUNAT:

¿Qué es el CAT?
Es uno de los cursos de más alta especialización que SUNAT imparte para formar a aquellos profesionales interesados en la materia (tributos internos o aduanas) y que de acuerdo al ofrecimiento que eventualmente establezca SUNAT podrían formar parte de dicha entidad.
¿Todos los que siguen el CAT ingresan a trabajar a SUNAT?
SUNAT como toda entidad busca profesionales que se comprometan con sus valores y principios. Por eso se establece el seguir el curso y siempre y cuando se apruebe se podría acceder a una pasantía (no empleo directo) que implica una seudo formación práctica. Posteriormente vendría una contratación (no nombramiento sino contrato) y eventualmente una mejor condición laboral (dependiendo del presupuesto).
¿Si apruebo el curso a cuanto tiempo me llaman para incorporarme a SUNAT?
Depende de la entidad, de las necesidades y otras motivaciones de la entidad. Pueden demorar como un mes o mes y medio, o dos meses en extender el primer ofrecimiento.
Si apruebo el curso CAT y me llaman, ¿iré a realizar mi pasantía a Chucuito, Callao? porque vivo en Surco (Monterrico) y desearía hacerlo en un sitio más cerca de mi house
Depende de la necesidad de SUNAT, por lo general a muchos amigos y conocidos les ofrecieron realizar sus prácticas en provincias. En esta oportunidad solamente SUNAT lo sabe, pero si quieren salir de la duda lean bien el aviso de SUNAT y fàcilmente se darán cuenta.
¿Si ingreso al CAT, luego de pasar los exámenes, cuando tiempo demora el curso y además nos pagarán algo porque a mi me han dicho que si pagan?
En el CAT 48 (año 2007) los alumnos que seguimos el curso de Tributos Internos y los de Aduanas no percibimos ni un sol, mucho menos al finalizar el curso. En años anteriores (por ejemplo 2004) según comentaron algunos si recibieron una compensación simbólica. Posteriomente si acceden a la pasantía ésta si es remunerada.
¿Señor en mi universidad soy lo máximo, sé más que todos mis profesores juntos, pero no sé inglés (sé cantar canciones pero no a nivel técnico) cree que si respondó lo demás no tendría problemas?
Siempre se debe mantener la ecuanimidad, ya que en los examenes de SUNAT se presentar los mejores de todas las universidades de Lima y provincias (no solamente de una sola universidad) e inclusive no solamente los mejores sino aquellos que con constancia y perseverancia se rompen las pestañas estudiando o aquellos que tienen bástante práctica. Además si en el examen les viene un parte de Inglés es indispensable ponerse a practicar porque la mayoría no aprueba por no saber este idioma, así que a estudiar.
¿Qué preguntan en las evaluaciones psicológicas y personales?
Por ética no les puedo dar más detalles (porque seguro al toque me ahorcan la gente de SUNAT) además no existen respuestas fijas (así que no le crean a cualquier persona que les diga que tiene las claves y respuestas correctas respecto a estas evaluaciones) solamente sean concisos en sus respuestas y sean sinceros.
¿Aún no soy bachiller pero pronto lo seré, puedo presentarme?
Los requisitos de SUNAT son claros,y no admiten interpretaciones auténticas.
¿Qué pasa si ingreso al CAT de SUNAT pero voy a faltar algunas clases porque estoy siguiendo una maestría muy importante en ese horario?
Las inasistencias y LAS TARDANZAS automáticamente DESCALIFICAN AL ESTUDIANTE. Ni siquiera les pase por la cabeza la idea de llegar tarde porque para SUNAT esto se considera inasistencia. Y ojo no es atendible el argumento que sus canarios estaban con gripe, o que no tendían con quién dejar encargado a sus mascotas.
¿Son fáciles las preguntas de los examenes del CAT?
No, pero tampoco son nada del otro mundo. Sin perjuicio de lo indicado tengan en cuenta que ustedes no dan el examen solos sino que lo dan miles de jóvenes. En el CAT 48 habían más postulantes que los que se presentan en los examenes de admisión de San Marcos por ejemplo.
Trabajo en SUNAT en otra área ¿me puedo presentar?
Si si pueden presentarse.
¿No culminé en el tercio superior, pero eso creo que SUNAT no lo tomará en cuenta?
Los requisitos son claros.
Estudien mucho y recuerden que los cursos son muy buenos porque sirven para la formación profesional.
 
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Los intereses compensatorios pagados por el Estado a una empresa por una indemnización por daño emergente, que han sido dispuestos en la vía judicial

Los intereses compensatorios pagados por el Estado a una empresa por una indemnización por daño emergente, que han sido dispuestos en la vía judicial, no se encuentran afectos al IGV.
INFORME N.° 140 -2009-SUNAT/2B0000
MATERIA:
Se consulta si los intereses compensatorios pagados por el Estado a una empresa por una indemnización por daño emergente, que han sido dispuestos en la vía judicial, se encuentran o no afectos al IGV.
BASE LEGAL:
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).
Código Civil, promulgado por el Decreto Legislativo N.° 295, publicado el 25.7.1984, y normas modificatorias.
ANÁLISIS:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1321° del Código Civil, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.
Agrega la norma que el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.
Como se puede apreciar de la norma antes glosada, la indemnización en sí misma no constituye la retribución por una venta, servicio o contrato de construcción, sino que se trata de un pago de carácter resarcitorio por la inejecución de una obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
En ese sentido, la indemnización por daño emergente a que se refiere el supuesto materia de consulta no se encuentra afecta al IGV, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del TUO de la Ley del IGV, este Impuesto sólo grava la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, y la importación de bienes().
Ahora bien, en cuanto a los intereses compensatorios, el artículo 1242° del Código Civil señala que el interés compensatorio constituye la contraprestación por el uso del dinero.
En relación con la aplicación del IGV respecto del mencionado concepto, fluye de la normatividad que regula este Impuesto que dicha aplicación variará dependiendo de si la obligación de pago del referido interés es o no independiente de otra operación().
Así pues, si el pago del interés compensatorio corresponde en sí mismo a la contraprestación de una operación independiente de cualquier otra, como ocurre en el caso del mutuo dinerario(), el mismo estará gravado con el IGV por aplicación del inciso b) del artículo 1° del TUO de la Ley del IGV, el cual al gravar la prestación de servicios comprende a los servicios de crédito, siendo en dicho supuesto el interés compensatorio el valor de la retribución por tal servicio().
En cambio, en el caso que el interés compensatorio guarde relación con la contraprestación de una operación gravada, sea la venta de un bien, la prestación de un servicio o un contrato de construcción, constituyéndose en un cargo adicional a tal contraprestación, dicho interés integrará el valor de venta del bien, retribución por el servicio o valor de la construcción, de acuerdo a lo previsto en el primer párrafo del artículo 14° del TUO de la Ley del IGV().
Pues bien, tratándose del supuesto materia de consulta, si en la vía judicial se ha dispuesto el pago de intereses compensatorios a una empresa, en relación con una indemnización por daño emergente, dichos intereses no se encuentran gravados con el IGV.
En efecto, dicho interés compensatorio no constituye la retribución por un servicio de crédito ni tampoco un cargo adicional a la contraprestación de una operación gravada con el IGV, toda vez que se otorga más bien respecto de la indemnización establecida como resarcimiento de un daño emergente.
CONCLUSIÓN:
Los intereses compensatorios pagados por el Estado a una empresa por una indemnización por daño emergente, que han sido dispuestos en la vía judicial, no se encuentran afectos al IGV.
Original firmado por CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico
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RTF 2009. Problemas informáticos en sistema SOL no pueden perjudicar a contribuyentes

Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00498-2-2009 (20-01-2009)
 
En el presente caso materia de apelación, el contribuyente argumentó ante la Administración Tribuaria y posteriormente al Tribunal Fiscal, que la no presentación de un PDT se produjo por causas imputables a la Administración debido a problemas en su sistema informático, y como consecuencia de ello presentó una queja ante dicha entidad.
El Tribunal solicitó que SUNAT informe si en la fecha indicada por el contribuyente el sistema SOL presentó algún desperfecto que imposibilitara la presentación de los PDT sin embargo SUNAT no cumplió con remitir el informe requerido por el Tribunal.
El contribuyente presentó como elemento probatorio el detalle de la queja presentada ese mismo día a SUNAT en la cual refiere el problema informático: “…me he pasado horas en cabinas de Internet para poder presentar mi declaración”.
El Tribunal resuelve precisando que la Administración con su omisión no ha desvirtuado lo afirmado por el contribuyente a pesarq ue fue requerido expresamente para ello, procediendo revocar la resolución materia de apelación.
Las novedades comentadas siempre antes en TRIBUTACIONPERU www.tributacionperu.com

No serán sancionables las infracciones tributarias cuya comisión se hubiera debido a un hecho imputable a SUNAT

SUNAT mediente Directiva Nº 007-2000/SUNAT, publicada el 19 de julio del 2000. estableció como instrucción que no se debe sancionar las infracciones cometidas debido a causas imputables a la Administración Tributaria.

Esta directiva responde a un criterio razonable respecto a aquellas infracciones cuya comisión se haya debido principalmente a un acto de la Administración Tributaria que ha imposibilitado el cumplimiento de la respectiva obligación tributaria.

Este criterio es recogido por las resoluciones del Tribunal Fiscal RTF N° 5338 -1970, RTF N° 26738-1993, RTF N° 2633-1-1995, y la RTF Nº 00498-2-2009, entre otras.

Instrucción de la Directiva 007-2000/SUNAT:

No serán sancionables las infracciones tributarias cuya comisión se hubiera debido a un hecho imputable a la Administración Tributaria. En este sentido, de haberse efectuado pago alguno por concepto de multa, el mismo se considerará como pago indebido.

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