Diplomatura Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria 2017 desde Lima TOTALMENTE ACTUALIZADA

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DIPLOMATURA IMPUESTO A LA RENTA Y REFORMA TRIBUTARIA 2017
¿ESTÁS PREPARADO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA?

En esta Diplomatura aprenderemos todas las implicancias tributarias en la determinación del Impuesto a la Renta, el análisis en el tratamiento contable y NIIFs relacionas al Impuesto a la Renta, así como declarar con éxito la DDJJ Anual ante SUNAT y el análisis de las normas del IR que conforman la REFORMA TRIBUTARIA 2017.
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Jurisprudencia Colombiana 2016: Máxima Instancia en materia tributaria desarrolla la correcta forma de determinar el Impuesto a la Renta colombiano

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Alan Emilio en Piura. Noviembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho

Cusco, sábado 19 de noviembre 2016 expongo en el Programa de Alta Especialización en Tributación organizado por INEDI CUSCO

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable en Lima – Expongo el 23 de noviembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D. C., primero (1) de junio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación: 250002337000201200097-01 [20276]

Demandante: INVERSIONES ESCORIAL S.A. (NIT. 900257179-8)

Demandada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN (Lo que viene a ser la SUNAT en el Perú)

Asunto: Impuesto sobre la Renta año gravable 2009

Consejera Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

ANTECEDENTES

El 14 de abril de 2010, INVERSIONES ESCORIAL S.A. presentó la declaración de renta del año gravable 2009, en la que registró ingresos brutos por $155.706.217.000, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por $45.136.132.000, ingresos netos por $110 570.085.000, costos por $110.455.256.000, deducciones por $670.872.000, una pérdida líquida del ejercicio de $556.043.000, una renta líquida gravable de $297.213.000, correspondiente a la renta presuntiva, un total impuesto a cargo de $98.080.000 y un total saldo a pagar de $118.190.0002 .

El 20 de septiembre de 2011, la DIAN notificó el Requerimiento Especial 322402011000287 en el que propuso desconocer el total de las deducciones por $670.872.000, que comprende los gastos operacionales de administración por $277.486.000 y otras deducciones por $393.386.000. Ello, porque de acuerdo con el artículo 177-1 del Estatuto Tributario no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional3 . El 2 de diciembre de 2011, la actora dio respuesta al requerimiento especial.

El 7 de junio de 2012, la DIAN notificó a la actora la Liquidación Oficial de Revisión 322412012000011 de 6 de junio de 2012, en la que modificó la declaración para desconocer las deducciones por $670.872.000, por ser imputables a los ingresos no constitutivos de renta que obtuvo la actora. Como consecuencia, determinó una renta líquida de $114.829.000 y una pérdida líquida de $0. Asimismo, mantuvo la renta presuntiva como renta líquida gravable y el impuesto a cargo y fijó una sanción por inexactitud de $293.591.000 y un total saldo a pagar de $411.781.0005 .

La actora acudió directamente ante esta jurisdicción, de conformidad con el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario.

NOTA: En Colombia, el Estatuto Tributario es la norma sustantiva tributaria principal, y cuando refieren “actora” es para identificar al contribuyente. 

Sobre el particular, la Sala precisa lo siguiente:

En general, de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, para determinar la renta líquida gravable se suman los ingresos ordinarios y extraordinarios y a estos se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo que se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. Y de la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. La renta líquida, salvo las excepciones legales, es la renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.

Para la procedencia de las deducciones, el artículo 107 del Estatuto Tributario dispone que “son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.” La norma también prevé que “La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”.

Sobre los requisitos para la procedencia de las deducciones, la Sala ha precisado lo siguiente (25):

25 Entre otras, ver sentencia de 5 de mayo de 2011, exp. 17888, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

“La relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos deben guardar una relación causal con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente. Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce renta, de manera que sin aquélla no es posible obtener ésta, que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa – efecto.

“El gasto es ‘necesario’ cuando es el normal para producir o facilitar la obtención de la renta bruta y el acostumbrado en la respectiva actividad comercial, es decir, que sea normal así sea esporádico, requerido para comercializar, prestar un servicio, y en general obtener el ingreso por el desarrollo económico propio de la labor a la que se dedica el administrado. Por ello, no se permite que se deduzcan gastos, erogaciones o salidas de recursos, que sean suntuarios, innecesarios o superfluos que no coadyuven a producir, comercializar o mantener el bien o el servicio en condiciones de utilización, uso o enajenación, es decir, que no se requiera incurrir con miras a obtener una posible renta.

“Por otro lado, la proporcionalidad de las expensas, es decir la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) deberá medirse y analizarse en cada caso de conformidad con la actividad lucrativa que se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial (26) para ese sector, de manera que la rigidez normativa cederá ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también deben cumplir.

26 Sobre la costumbre mercantil el artículo 3° del Código de Comercio expresa:

ARTICULO 3°. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de la costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior”.

“Sobre los requisitos de necesidad y proporcionalidad, la reiterada jurisprudencia de la Sala, ha expresado:

“‘…Es claro y determinante el texto del artículo 107 del Estatuto Tributario, al establecer que para que las expensas sean deducibles se requiere que el gasto sea ‘necesario’ o sea, el normal para producir o facilitar la generación de la renta por parte de la actividad generadora de la misma, y lo acostumbrado en la correspondiente actividad empresarial, vale decir, proporcional de acuerdo a la actividad, y que exista una ‘relación de causalidad’ la cual está referida al vínculo que debe existir entre la actividad productora de renta y el motivo de las expensas…”.(27) (Subraya la Sala)

27 Sentencia del 13 de diciembre de 1995. Expediente 7158. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.

Por su parte, el artículo 177-1 del Estatuto Tributario establece un límite a los costos y deducciones, así:

“Artículo 177-1. Límite de los costos y deducciones. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional ni a las rentas exentas. (…)”.

Esta norma establece una limitación a los costos y deducciones al disponer que, en la determinación de la renta líquida no son aceptables los costos y las deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta. Por tanto, deben desconocerse los gastos imputables a los ingresos no constitutivos de renta. La intención del legislador fue evitar “la absorción indirecta de costos y gastos e impedir el nacimiento de pérdidas fiscales amparadas en gastos y costos asociados con rentas no gravadas. Por ello, simultáneamente el inciso sexto del artículo 147 del E. T señala que no se aceptarán como deducción las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Es decir, si un sujeto atribuye dentro de su proceso ordinario de depuración de la renta costos y gastos que resulten asociados con ingresos no constitutivos de renta y/o con rentas exentas, dichos costos y gastos no podrán ser tomados como deducibles y, menos aún, podrán dar lugar a pérdidas fiscales”(28) .

28 Jesús Orlando Corredor Alejo, “El impuesto de renta en Colombia. Parte General”. Centro Interamericano Jurídico Financiero CIJUF. 2009, pág 336.

De manera coherente con el artículo 177-1 del E.T, el artículo 147 inciso sexto del Estatuto Tributario, (29), prevé que “Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, salvo las generadas en la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el artículo 158-3 de este Estatuto”. Así, no son deducibles los costos y gastos que estén asociados con la obtención de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional o rentas exentas y tampoco tales costos y gastos pueden dar lugar a pérdidas fiscales.

29 Modificado por el artículo 5 de la Ley 1111 de 2006

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho

Cusco, sábado 19 de noviembre 2016 expongo en el Programa de Alta Especialización en Tributación organizado por INEDI CUSCO

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable en Lima – Expongo el 23 de noviembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Confirmado también en Cusco, Lima (San Isidro) y Lima (Independencia).

Sentencia 2016 Corte Suprema de Chile: “Ley sobre Impuesto a la Renta, sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de INEVITABLES y OBLIGATORIOS… esto es aquellos desembolsos EN QUE PRECISA, FORZOSA e INEVITABLEMENTE ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar.”

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Alan Emilio en Iquitos – Agosto 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

Mediante Sentencia Casatoria ROL 3263-2015, de fecha 18 de abril del 2016, emitida por la Segunda Sala de la Corte Suprema de la República de Chile, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y Jorge Dahm O, se confirma la tesis expuesta desde hace varios años en torno a la deducibilidad de los gastos corrientes generados por un ente empresarial, a efectos de desvirtuar las fantasías de “gasto automático, libertino e iluso”. Considero que este contenido es de alta calidad y magistral y debe ser apreciado en su contexto doctrinario, específicamente en el contenido de su Fundamento Décimo:

      Décimo: Que el artículo 31, inciso primero, de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone en lo pertinente que “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.

Si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que “éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo ‘necesarios’, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar” (SCS Rol N° 6380-2009 de 4 de noviembre de 2011).

Entendido así el concepto de “necesariedad” del gasto, en lo que dice relación a las indemnizaciones pagadas por años de servicio al trabajador, sólo pueden calificarse como tales aquellas que el empleador no puede dejar de pagar por corresponder a un imperativo legal, ello, con independencia si el obligado reconoce, asume o cumple voluntariamente dicha obligación. En ese orden, cuando un empleador asume o se compromete el pago de las indemnizaciones correspondientes a los períodos trabajados para los empleadores que le antecedieron, para discernir si se trata de un gasto necesario, lo que debe dilucidarse es si, aun en ausencia de dicha asunción o compromiso, igualmente se encuentra compelido a ello por mandato legal, sin perjuicio, huelga explicar, que pueda perseguirse igualmente, y de manera compulsiva, el pago del exceso ante la judicatura laboral, pues lo aquí razonado únicamente tiene vigencia en el ámbito tributario para determinar los límites de lo que se considerará como gasto para producir la renta.

La Sentencia Casatoria 2016 puede ser descargada libremente en el siguiente enlace web: Sentencia Casatoria Chilena 2016 Alan Emilio Matos Barzola

Bajo dicho escenario y atendiendo a que su estructura y marco legal es similar al Impuesto a la Renta peruano, ya se cuenta con una base “I M P A R C I A L” que facilitará la decisión de los jueces en diferentes casos. Ojo es una Sentencia que resuelve en sede casatoria una controversia tributaria y emitida por la máxima judicatura de un estado al cual se le atribuye un nivel de desarrollo económico admirable por muchos países, incluyendo al nuestro, y no solamente se trata de un simple “parecer u opinión” emitida por un abogado parcializado e interesado en sofismas y retóricas gaseosas.

Por eso y muchas cosas maaaasss, sino quieres quedarte en la década del 70 en materia tributaria, no asumas como verdad absoluta lo que te cuenta algún romántico justiciero de la tributación.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

 

RTF 09839-2-2014 Tribunal Fiscal confirma reparos a compras de refrigeradora, medicamentos, ropa deportiva, cemento y materiales de construcción y otros cuya vinculación con la generación de renta no fue acreditada

Alan Emilio en Pucallpa

Alan Emilio en Pucallpa

Mediante Resolución RTF Nª 09839-2-2014, de fecha 20 de agosto del 2014, el Tribunal Fiscal evalúa una controversia vinculada al Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2004 precisando que para que los gastos sean deducibles para efecto del referido tributo debe existir una relación de causalidad entre éste y la renta gravada, en tanto así queda acreditado el destino del gasto, es decir, la utilización de prestaciones, además de su proporcionalidad y razonabilidad.

En el presente caso se repararon las adquisiciones de una refrigeradora, lavadora, ropa deportiva, pasajes aéreos, cemento, materiales de construcción, balones de gas, montura y cristales de lente, traje de buceo y medicamentos.

¿Qué respondió el contribuyente? Indicó la empresa que la refrigeradora permitía mantener el agua y gaseosas para el personal y clientes que frecuentan la oficina de ventas, debiéndose tener en consideración el clima cálido de la zona,

Respecto de la ropa deportiva, la empresa aludía que constituyen donaciones entregadas a distintos organismos de la localidad, lo que le permite mantener una imagen positiva y la aceptación de su servicio (venta de agregados), lo que serìa un acto publicitario.

Para la empresa la compra de los pasajes aéreos fue en apoyo a personas que no cuentan con medio económicos.

El contribuyente manifestó que el cemento y clavos comprados fueron utilizados para el campamento rudimentario no recuperable por encontrarse a orillas del rio.

La compra de balones de gas, según la empresa habría permitido la preparación de alimentos del personal que labora en la extracción de canto rodado.

Por su parte, los medicamentos segùn el contribuyente habrían servido para el tratamiento del dolor de huesos de los trabajadores a consecuencia de la permanencia dentro de las aguas del rio, del personal encargado de la extracción por succión de material canto rodado, y el traje de bucéo es realizado para la extracción de canto rodado por succión en el cual su personal encargado tiene que sumergirse de acuerdo al avance por succión de 1 metro a 20 metros de profundidad aproximadamente.

¿Què resolvió el Tribunal Fiscal?

De la revisión del expediente el Tribunal advierte que el contribuyente no presentó documentación que acreditara dicha vinculación correspondiendo mantener el reparo. En el caso particular de la ropa deportiva no demostró que las donaciones se encuentren comprendidas dentro de los paràmetros del inciso x) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (pese a la exclamación de “responsabilidad social”).

En la compra de del cemento y materiales de construcción, el Tribunal resaltó que no es suficiente “el dicho del contribuyente”.

En el caso del traje de buceo y medicamentos, el Tribunal advierte también que la empresa no cuenta con personal a su cargo que pudiera utilizar los medicamentos, y que sus actividades lo realiza en épocas de estiaje (nivel más bajo o caudal mínimo que en épocas del año  tienen las aguas de un rio.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor Experto en materia tributario contable

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Organiza Centro Empresarial Americano. 

Diplomado en Actualidad Tributaria 2015. Organiza INEDI – Ica. 

¿ Resulta necesario efectuar una distinción entre los conceptos de costo y gasto para efectos del Impuesto a la Renta ?

Alan Emilio en Piura 2013

Alan Emilio en Piura 2013

Constantemente, en los diversos eventos que hemos tenido el agrado de compartir con profesionales, empresarios, estudiantes y académicos en general insistimos que en materia del Impuesto a la Renta resulta indispensable que se efectúe una clara distinción entre los conceptos de costo y gasto no solamente con el propósito de identificar su incidencia en los Estados Financieros, sino para evaluar sus efectos tributarios.

Muchos amigos, conocidos, urracas y urracos a nivel nacional nos han comentado que otros expositores han manifestado abiertamente que estos conceptos son los mismo, criterio que no compartimos. Por ser de interés nacional citaremos el contenido de la Resolución RTF 20641-1-2011 , de fecha 13 de diciembre del 2011, en la cual se concluye que la Ley del Impuesto a la Renta distingue entre ambos conceptos (costo y gasto) y determina su incidencia tributaria en distintos niveles.

Para arribar a esta conclusión el Tribunal Fiscal indica que la Ley del Impuesto a la Renta distingue entre renta bruta y renta neta, entendiéndose:

Renta Bruta = Es la diferencia resultante entre el ingreso obtenido y el costo de lo vendido. Ingresos menos sus costos computables de lo vendido.

Renta Neta = A la Renta Bruta se le deducen los gastos que la originaron, a efectos de determinar la base imponible sobre la cual se le aplica la alícuota del impuesto.

Queda suficientemente claro que el Impuesto a la Renta no indice en el total de ingresos sino en la renta neta.

En el caso materia de controversia de la Resolución RTF 20641-1-2011 luego de evaluar el contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIC 2 (en cuanto al reconocimiento de las existencias vendidas) y NIC 18 (en cuanto al devengo de los ingresos de la venta de productos) los riesgos significativos y los beneficios de propiedad de los bienes no habían sido transferidos al comprador en el ejercicio 2002, por lo que el reconocimiento del ingreso debió efectuarse en el año 2003. Consecuentemente el contribuyente no podía deducir en el ejercicio 2002 el costo de adquisición por los cinco cilindros de aceite adquiridos sino recién el ejercicio siguiente en que se verificó el ingreso producto de la venta de dicha mercadería.

Ojo tengan en cuenta que la depreciación, el consumo de combustibles, entre otras operaciones, no siempre deben ser consideradas “a ciegas como gastos”, sino que en muchos casos estas partidas califican como costos. Por ello resulta trascendente distinguir si se tratan de costos o gastos, no son lo mismo como erróneamente los ídolos de algunos imberbes afirman muy ligeramente.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Tributación Empresarial y en Normas Internacionales de Información Financiera 

Decreto Legislativo 1112 modifica la Ley del Impuesto a la Renta

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1112 MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Alan Emilio Matos Barzola

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República mediante Ley Nº 29884, y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, la facultad de legislar en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros, entre las que se encuentra la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta;

Que, en los últimos años se han detectado en las normas del Impuesto a la Renta una serie de deficiencias y vacíos legales que han venido generando inseguridad jurídica, con el costo que ello representa para los contribuyentes y la Administración Tributaria;

Que, las normas de dicho impuesto vienen evidenciando la falta de neutralidad, debido a que las decisiones adoptadas por los agentes económicos se ven afectadas cada vez más por sus disposiciones, lo que conjuntamente con la falta de equidad que muestra dicha norma, viene generando una desigual afectación en supuestos similares, en perjuicio del contribuyente;

Que, además de ello, la complejidad de las normas vigentes del impuesto, tanto en la administración, como en la determinación del impuesto, viene alentando la implementación de diversos mecanismos de elusión utilizados por los contribuyentes, lo que ha venido ocasionando, entre otros, elevados niveles de evasión del impuesto a distintos niveles durante los últimos años;

Que, en ese sentido, se deben modificar las normas del Impuesto a la Renta vigentes, que permitan, entre otros, dotarlo de mayor neutralidad y equidad, reducir los mecanismos elusivos, establecer un mayor control, así como contar con mayor claridad en su aplicación, reduciendo costos y simplificando su aplicación; y, en general, que permitan que se eleven los niveles de su recaudación;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el numeral 2 del artículo 2º de la Ley Nº 29884;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 1º.- Definición

Para efecto del presente Decreto Legislativo, cuando se haga mención a la Ley se entenderá referida al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF y normas modificatorias.

Artículo 2º.- Costo computable

Alan Emilio Matos Barzol

Modifíquese el artículo 20º de la Ley por el texto siguiente:

“Artículo 20°.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago.

No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante tengan la condición de no habidos, según publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio en que se emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.

La obligación de sustentar el costo computable con comprobantes de pago no será aplicable en los siguientes casos:

(i) cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por la enajenación del bien;

(ii) cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago no sea obligatoria su emisión; o,

(iii) cuando de conformidad con el artículo 37º de esta Ley, se permita la sustentación del gasto con otros documentos, en cuyo caso el costo podrá ser sustentado con tales documentos.

Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza.

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso los intereses formarán parte del costo computable.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior entiéndase por:

1) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente.

2) Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción.

3) Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente ley, salvo lo dispuesto en el siguiente artículo.”

 

Artículo 3º.- Costo computable de inmuebles

Alan Emilio Matos Barzola

3.1 Modifíquense los literales a.1) y c) del párrafo 21.1 del artículo 21 º de la Ley por el texto siguiente:

“21.1 Para el caso de inmuebles:

a) (…)

a.1) Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de los índices de precios al por mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), incrementado con el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente.

(…)

c) Si el inmueble ha sido adquirido mediante contrato de arrendamiento financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por una persona jurídica antes del 1 de enero de 2001, el costo computable para el arrendatario será el correspondiente a la opción de compra, incrementado con los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables y los gastos que se mencionan en el inciso 1) del artículo 20º de la presente ley.

Cuando los contratos de arrendamiento financiero correspondan a una fecha posterior, el costo computable para el arrendatario será el costo de adquisición, disminuido en la depreciación.”

3.2 Reenumérense los párrafos 21.4; 21.5; 21.6 y 21.7 del artículo 21º de la Ley, como párrafos 21.5; 21.6; 21.7 y 21.8 del citado artículo, respectivamente.

3.3 Incorpórese como párrafo 21.4 del artículo 21º de la Ley el texto siguiente:

“21.4 Valores mobiliarios cuya enajenación genera pérdidas no deducibles

El costo computable de los valores mobiliarios cuya adquisición hubiese dado lugar a la no deducibilidad de las pérdidas de capital a que se refiere el numeral 1 del artículo 36º y el numeral 1 del inciso r) del artículo 44º de la Ley, será incrementado por el importe de la pérdida de capital no deducible.

El costo computable de los valores mobiliarios que el contribuyente mantenga en su propiedad después de la enajenación que generó la pérdida de capital no deducible a que se refiere el numeral 2 del artículo 36º y el numeral 2 del inciso r) del artículo 44º de la Ley, será incrementado por el importe de la pérdida de capital no deducible.”

 

Artículo 4º.- Renta presunta y ficta de primera categoría

Alan Emilio Matos Barzola

4.1 Incorpórese como último párrafo del inciso a) del artículo 23º de la Ley el texto siguiente:

“a) (…)

La presunción prevista en este inciso no será de aplicación cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.”

4.2 Modifíquese el acápite iii) del inciso b) del artículo 23º de la Ley por el texto siguiente:

“b) (…)

La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos:

(…)

“(iii) Cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.”

4.3 Incorpórese como último párrafo del inciso d) del artículo 23º de la Ley el texto siguiente:

“d) (…)

Tratándose de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, la renta ficta será determinada aplicando las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.”

 

Artículo 5°.- Reducción de capital como dividendo u otra forma de distribución de utilidades

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el inciso c) del artículo 24°-A de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 24°-A.- Para los efectos del impuesto se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades:

(…)

c) La reducción de capital, hasta por el importe de las utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de libre disposición que:

1. Hubieran sido capitalizadas con anterioridad, salvo que la reducción de capital se destine a cubrir pérdidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de

Sociedades.

2. Existan al momento de adoptar el acuerdo de reducción de capital. Si después de la reducción de capital dichas utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de libre disposición fueran:

i) distribuidas, tal distribución no será considerada como dividendo u otra forma de distribución de utilidades.

ii) capitalizadas, la posterior reducción que corresponda al importe de la referida capitalización no será considerada como dividendo u otra forma de distribución de utilidades.”

 

Artículo 6º.- Interés presunto

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el último párrafo del artículo 26º de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 26º.- (…)

Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes no serán de aplicación cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.”

 

Artículo 7º.- Cesión gratuita de bienes

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el acápite iv) del inciso h) del artículo 28º de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 28º.- (…)

h) (…)

(iv) Cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.”

Artículo 8º.- Valor de mercado

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el primer párrafo del numeral 2 del artículo 32º de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 32º.- (…)

2. Para los valores, será el que resulte mayor entre el valor de transacción y:

a) el valor de cotización, si tales valores u otros que correspondan al mismo emisor y que otorguen iguales derechos cotizan en Bolsa o en algún mecanismo centralizado de negociación; o

b) el valor de participación patrimonial, en caso no exista la cotización a que se refiere el literal anterior; u,

c) otro valor que establezca el Reglamento atendiendo a la naturaleza de los valores.

(…)”

 

Artículo 9º.- Precios de transferencia

Alan Emilio Matos Barzola

 

Modifíquese el primer párrafo del inciso a), los incisos c) y f), y el tercer párrafo del inciso g) del artículo 32º-A de la Ley, e incorpórese como último párrafo del referido inciso g), de acuerdo con los textos siguientes:

 

“Artículo 32º-A.- (…)

a) Ámbito de aplicación

Las normas de precios de transferencia serán de aplicación a las transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas o a las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Sin embargo, sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes al valor que resulte de aplicar las normas de precios de transferencia en los supuestos previstos en el literal c) de este artículo.

(…)

c) Ajustes

Sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes cuando éste determinase en el país un menor impuesto del que correspondería por aplicación de las normas de precios de transferencia.

A fi n de evaluar si el valor convenido determina un menor impuesto, se tomará en cuenta el efecto que, en forma independiente, cada transacción o conjunto de transacciones -según se haya efectuado la evaluación, en forma individual o en conjunto, al momento de aplicar el método respectivo- genera para el Impuesto a la Renta de las partes intervinientes.

El ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el contribuyente surte efecto tanto para el transferente como para el adquirente. Tratándose de sujetos no domiciliados, lo dispuesto en este párrafo sólo procederá respecto de transacciones que generen rentas gravadas en el Perú y/o deducciones para la determinación de su impuesto en el país.

El ajuste que se efectúe en virtud del presente inciso se imputará al período que corresponda conforme a las reglas de imputación previstas en esta ley. Sin embargo, cuando bajo dichas reglas el ajuste no se pueda imputar a un período determinado por no ser posible que se produzca la condición necesaria para ello, el ajuste se imputará en cada período en que se imputase la renta o el gasto del valor convenido, en forma proporcional a dicha imputación. Tratándose de rentas que no sean imputables al devengo, se deberá observar además las siguientes disposiciones:

1. Tratándose de transacciones a título oneroso, el ajuste por la parte proporcional no percibida a la fecha en que se debía efectuar el único o último pago, según corresponda, será imputado a dicha fecha.

2. Tratándose de transacciones a título gratuito, el ajuste se imputará:

2.1. Al período o períodos en que se habría devengado el ingreso si se hubiera pactado contraprestación, cuando se trate de rentas de sujetos domiciliados en el país.

2.2. Al período o períodos en que se habría devengado el gasto -aún cuando éste no hubiese sido deducible- si se hubiera pactado contraprestación, en el caso de rentas de sujetos no domiciliados.

Tratándose de ajustes aplicables a sujetos no domiciliados, el responsable de pagar el impuesto por el monto equivalente a la retención que resulte de aplicar el referido ajuste, será el que hubiese tenido la calidad de agente de retención si hubiese pagado la contraprestación respectiva.

Cuando de conformidad con lo establecido en un convenio internacional para evitar la doble imposición celebrado por la República del Perú, las autoridades competentes del país con las que se hubiese celebrado el convenio realicen un ajuste a los precios de un contribuyente residente de ese país, y siempre que dicho ajuste esté permitido según las normas del propio convenio y el mismo sea aceptado por la administración tributaria peruana, la parte vinculada domiciliada en el Perú podrá presentar una declaración rectificatoria en la que se refleje el ajuste correspondiente, aun cuando con dicho ajuste se determine un menor impuesto en el país.

La presentación de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la aplicación de sanciones.

(…)

f) Acuerdos anticipados de precios

La SUNAT podrá celebrar acuerdos anticipados de precios con contribuyentes domiciliados en el país, en los que se determine la valoración de las diferentes transacciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el inciso a) del presente artículo, en base a los métodos y criterios establecidos por este artículo y el reglamento.

La SUNAT también podrá celebrar los acuerdos anticipados de precios a que se refiere el párrafo anterior con otras administraciones tributarias de países con los que la República del Perú hubiese celebrado un convenio internacional para evitar la doble imposición.

Mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones relativas a la forma y procedimientos que se deberá seguir para la celebración de este tipo de acuerdos.

g) Declaración jurada y otras obligaciones formales

(…)

Las obligaciones formales previstas en el presente inciso sólo serán de aplicación respecto de transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto.

La SUNAT podrá exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada informativa, recabar la documentación e información detallada por transacción y/o de contar con el estudio técnico de precios de transferencia. En este último caso, tratándose de enajenación de bienes el valor de mercado no podrá ser inferior al costo computable.

Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones formales reguladas en este inciso respecto de las transacciones que generen rentas exoneradas o inafectas, y costos o gastos no deducibles para la determinación del impuesto.”

 

Artículo 10º.- No deducibilidad de pérdidas de capital de segunda categoría

Alan Emilio Matos Barzola

Incorpórense como tercer, cuarto y quinto párrafos del artículo 36º de la Ley, los textos siguientes:

 

“Artículo 36º.- (…)

No será deducible la pérdida de capital originada en la enajenación de valores mobiliarios cuando:

1. Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo que no exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que los enajenados u opciones de compra sobre los mismos.

2. Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que los enajenados, o de opciones de compra sobre los mismos.

Lo previsto en este numeral no se aplicará si, luego de la enajenación, el enajenante no mantiene ningún valor mobiliario del mismo tipo en propiedad. No obstante, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 de producirse una posterior adquisición.

Para la determinación de la pérdida de capital no deducible conforme a lo previsto en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si se hubiese adquirido valores mobiliarios u opciones de compra en un número inferior a los valores mobiliarios enajenados, la pérdida de capital no deducible será la que corresponda a la enajenación de valores mobiliarios en un número igual al de los valores mobiliarios adquiridos y/o cuya opción de compra hubiera sido adquirida.

b) Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó en diversas oportunidades, se deberá determinar la deducibilidad de las pérdidas de capital en el orden en que se hubiesen generado.

Para tal efecto, respecto de cada enajenación se deberá considerar únicamente las adquisiciones realizadas hasta treinta (30) días calendario antes o después de la enajenación, empezando por las adquisiciones más antiguas, sin incluir los valores mobiliarios adquiridos ni las opciones de compra que hubiesen dado lugar a la no deducibilidad de otras pérdidas de capital.

c) Se entenderá por valores mobiliarios del mismo tipo a aquellos que otorguen iguales derechos y que correspondan al mismo emisor.

No se encuentran comprendidas en los dos párrafos anteriores las pérdidas de capital generadas a través de los fondos mutuos de inversión en valores, fondos de inversión, fondos de pensiones, y fideicomisos bancarios y de titulización.”

 

Artículo 11°.- Deducción del gasto por concepto de donaciones para determinar la renta neta de tercera categoría

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el inciso x) del artículo 37º de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 37º.-

(…)

x) Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines:(i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT.

La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50º.”

 

Artículo 12°.- Depreciación de costos posteriores

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el primer párrafo del artículo 41º de la Ley por el texto siguiente:

Artículo 41º.- Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. En el caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se entiende por:

(i) Costos iniciales: A los costos de adquisición, producción o construcción, o al valor de ingreso al patrimonio, incurridos con anterioridad al inicio de la afectación del bien a la generación de rentas gravadas.

(ii) Costos posteriores: A los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la generación de rentas gravadas y que, de conformidad con lo dispuesto en las normas contables, se deban reconocer como costo.

b) El porcentaje anual de depreciación o el porcentaje máximo de depreciación, según corresponda a edificios o construcciones u otro tipo de bienes, se aplicará sobre el resultado de sumar los costos posteriores con los costos iniciales, o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia.

c) El importe resultante de lo dispuesto en el literal anterior será el monto deducible o el máximo deducible en cada ejercicio gravable, según corresponda, salvo que en el último ejercicio el importe deducible sea mayor que el valor del bien que quede por depreciar, en cuyo caso se deducirá este último.

(…).”

 

Artículo 13º.- Costos posteriores, pérdidas y gastos no deducibles

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el inciso e) del artículo 44º de la Ley, e incorpórense los incisos r) y s) al referido artículo 44º, de acuerdo con los textos siguientes:

 

“Artículo 44º.- (…)

e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables.

(…)

r) Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios cuando:

1. Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo que no exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que los enajenados u opciones de compra sobre los mismos.

2. Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que los enajenados, o de opciones de compra sobre los mismos.

Lo previsto en este numeral no se aplicará si, luego de la enajenación, el enajenante no mantiene ningún valor mobiliario del mismo tipo en propiedad. No obstante, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1, de producirse una posterior adquisición.

Para la determinación de la pérdida de capital no deducible conforme a lo previsto en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:

i. Si se hubiese adquirido valores mobiliarios u opciones de compra en un número inferior a los valores mobiliarios enajenados, la pérdida de capital no deducible será la que corresponda a la enajenación de valores mobiliarios en un número igual al de los valores mobiliarios adquiridos y/o cuya opción de compra hubiera sido adquirida.

ii. Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó en diversas oportunidades, se deberá determinar la deducibilidad de las pérdidas de capital en el orden en que se hubiesen generado.

Para tal efecto, respecto de cada enajenación se deberá considerar únicamente las adquisiciones realizadas hasta treinta (30) días calendario antes o después de la enajenación, empezando por las adquisiciones más antiguas, sin incluir los valores mobiliarios adquiridos ni las opciones de compra que hubiesen dado lugar a la no deducibilidad de otras pérdidas de capital.

iii. Se entenderá por valores mobiliarios del mismo tipo a aquellos que otorguen iguales derechos y que correspondan al mismo emisor.

No se encuentran comprendidas dentro del presente inciso las pérdidas de capital generadas a través de los fondos mutuos de inversión en valores, fondos de inversión y fideicomisos bancarios y de titulización.

s) Los gastos constituidos por la diferencia entre el valor nominal de un crédito originado entre partes vinculadas y su valor de transferencia a terceros que asuman el riesgo crediticio del deudor.

En caso las referidas transferencias de créditos generen cuentas por cobrar a favor del transferente, no constituyen gasto deducible para éste las provisiones y/o castigos por incobrabilidad respecto a dichas cuentas por cobrar.

Lo señalado en el presente inciso no resulta aplicable a las empresas del Sistema Financiero reguladas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702.”

 

Artículo 14º.- Deducción del gasto por concepto de donaciones para determinar la renta neta del trabajo

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el inciso b) del artículo 49º de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 49º.- (…)

De la renta neta del trabajo se podrá deducir lo siguiente:

(…)

b) El gasto por concepto de donaciones otorgadas en favor de las entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT.

La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera.”

Artículo 15º.- Deducción de gastos en las rentas de fuente extranjera

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el tercer párrafo del artículo 51°-A de la Ley por el texto siguiente:

“Artículo 51°-A.- (…)

Cuando los gastos necesarios para producir la renta y mantener su fuente, incidan conjuntamente en rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, y no sean imputables directamente a unas o a otras, la deducción se efectuará en forma proporcional de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento.

De igual manera, tratándose de personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, cuando los gastos incidan conjuntamente en rentas de fuente extranjera que deban ser sumadas a distintas rentas netas de fuente peruana, y no sean imputables directamente a unas o a otras, la deducción se efectuará en forma proporcional de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento.

(…)”

 

Artículo 16º.- Tasas del impuesto a las rentas del capital

Alan Emilio Matos Barzola

 

Modifíquese el artículo 52º-A de la Ley por el texto siguiente:

 

“Artículo 52º-A.- El impuesto a cargo de personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se determina aplicando la tasa de seis coma veinticinco por ciento (6,25%) sobre sus rentas netas del capital.

Tratándose de la renta neta del capital originada por la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de esta Ley, la tasa a que se refiere el párrafo anterior se aplicará a la suma de dicha renta neta y la renta de fuente extranjera a que se refiere el segundo párrafo del artículo 51º de esta ley.

Lo previsto en los párrafos precedentes no se aplica a los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades a que se refiere el inciso i) del artículo 24º de esta ley, los cuales están gravados con la tasa de cuatro coma uno por ciento (4,1%).”

Artículo 17°.- Valor de bienes importados y exportados

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el último párrafo del artículo 64º de la Ley por el texto siguiente:

“Artículo 64º.- (…)

Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes no serán de aplicación cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.”

Artículo 18º.- Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el primer y tercer párrafos del artículo 73º-C de la Ley por los textos siguientes:

“Artículo 73-C.- En el caso de la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de esta ley, o de derechos sobre éstos, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que sea liquidada por una Institución de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares, constituida en el país, se deberá realizar la retención a cuenta del impuesto por rentas de fuente peruana y de fuente extranjera, en el momento en que se efectúe la liquidación en efectivo, aplicando la tasa del cinco por ciento (5%) sobre la diferencia entre el ingreso producto de la enajenación y el costo computable registrado en la referida institución. La Institución de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares, constituida en el país, deberá liquidar la retención mensual que corresponde a cada contribuyente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento, el que deberá considerar las siguientes deducciones:

1. De las rentas de fuente peruana deducirá el monto exonerado a que se refiere el inciso p) del artículo 19º, el que se aplicará contra las ganancias de capital obtenidas en el orden en que sean percibidas y hasta agotar su importe, y compensará las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios emitidos por sociedades constituidas en el país, que tuviera registradas.

2. De las rentas de fuente extranjera compensará las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios emitidos por empresas, sociedades u otras entidades constituidas o establecidas en el exterior, que tuviera registradas.

(…)

En caso de rentas de sujetos domiciliados en el país, provenientes de la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de esta ley, o de derechos sobre éstos, el impuesto retenido de acuerdo con la liquidación efectuada en cada mes por la Institución de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares, constituida en el país, en relación con dichas rentas tendrá carácter de pago a cuenta y será utilizado como crédito contra el pago del impuesto que en definitiva corresponda conforme a lo previsto en el artículo 52º-A de esta ley por el ejercicio gravable en que se realizó la retención.

(…)”

Artículo 19º.- Ingresos netos en el Régimen Especial del Impuesto a la Renta

Alan Emilio Matos Barzola

Modifíquese el segundo párrafo del acápite (i) del inciso a) del artículo 118º de la Ley por el texto siguiente:

“Artículo 118º.- Sujetos no comprendidos

a) (…)

(i) (…)

Se considera como ingreso neto al establecido como tal en el sexto párrafo del artículo 20º de esta Ley incluyendo la renta neta a que se refiere el inciso h) del artículo 28º de la misma norma, de ser el caso.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Alan Emilio Matos Barzola

Primera.- Vigencia

El presente decreto legislativo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2013, con excepción de lo siguiente:

a) Los artículos 5º; 9º, en la parte que modifica el inciso g) del artículo 32º-A de la Ley; 11º y 14º; entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

b) El artículo 18º, será de aplicación para la liquidación de la retención mensual del Impuesto que las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares realicen por el mes de agosto de 2012 en adelante.

Segunda.- Pérdidas de capital y operaciones de reporte

Lo previsto en el párrafo 21.4 del artículo 21º; tercer, cuarto y quinto párrafos del artículo 36º e inciso r) del artículo 44º de la Ley no será de aplicación a las operaciones de reporte, pactos de recompra y préstamos bursátiles a los que hace referencia la segunda disposición complementaria final de la Ley Nº 29645, en tanto dichas operaciones no generan ganancias o pérdidas de capital.

Tercera.- Ganancia de capital por enajenación de valores mobiliarios

La renta de fuente peruana generada por la enajenación de bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de la Ley, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, en todos los casos es de segunda categoría.

La renta prevista en el inciso l) del artículo 24° de la Ley se considerará como ganancia de capital.

Cuarta.- Imputación de resultados en operaciones con valores

Lo señalado en el último párrafo del literal a) del numeral 1 y último párrafo del literal a) del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29645, respecto del surgimiento del Impuesto a la Renta, será de aplicación a las operaciones de reporte y pactos de recompra, y de préstamo bursátil, respectivamente, realizadas por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, así como por contribuyentes no domiciliados en el país.

En el caso de personas jurídicas domiciliadas en el país, el ingreso y el gasto, según corresponda, generado por las operaciones de reporte y pactos de recompra, y préstamo bursátil se imputarán de acuerdo con el criterio del devengo, acorde con lo dispuesto por el artículo 57º de la Ley.

Quinta.- Diferencias de cambio

Las diferencias de cambio a que se refieren los incisos e) y f) del artículo 61º de la Ley, derogados por la presente norma, generadas a partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, se regirán por lo dispuesto en el inciso d) del artículo 61º de la Ley.

Sexta.- Pérdidas de capital no deducibles y retenciones del impuesto

Para determinar la ganancia de capital sobre la que se efectuará la retención a cuenta del impuesto prevista en el artículo 73º-C de la Ley, las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores o quienes ejerzan funciones similares:

a) Deberán incluir como pérdida de capital deducible aquella a que se refiere el tercer párrafo del artículo 36º de la Ley.

b) No deberán considerar el incremento del costo establecido en el párrafo 21.4 del artículo 21º de la Ley, salvo que éste les sea comunicado en la forma, plazo y condiciones que se establezca mediante decreto supremo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Alan Emilio Matos Barzola

Primera.- Vigencia de la calificación como entidad perceptora de donaciones otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas

La calificación o renovación como entidad perceptora de donaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas haya aprobado o apruebe, mantendrá su validez para efectos de lo dispuesto en los incisos x) del artículo 37º y b) del artículo 49º de la Ley, hasta el vencimiento del periodo por el que fue otorgada.

Segunda.- Solicitudes de calificación y renovación como entidad perceptora de donaciones en trámite

Las solicitudes de calificación y renovación como entidad perceptora de donaciones presentadas hasta antes de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, continuarán su trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas según las normas vigentes a la fecha de su presentación.

Tercera.- Aplicación de las diferencias de cambio generadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo

Las diferencias de cambio a que se refieren los incisos e) y f) del artículo 61º de la Ley, generadas hasta antes de la derogación de los referidos incisos por el presente decreto legislativo, continuarán rigiéndose por lo establecido en los referidos incisos.

Cuarta.- Aplicación del método del diferimiento por contratos de construcción iniciados antes de su derogación

Las empresas de construcción o similares que hubieran adoptado el método establecido en el inciso c) del primer párrafo del artículo 63° de la Ley hasta antes de su derogatoria por el presente decreto legislativo, seguirán aplicando la regulación establecida en dicho inciso respecto de las rentas derivadas de la ejecución de los contratos de obras iniciadas con anterioridad al 1 de enero de 2013, hasta la total terminación de las mismas.

Quinta.- Retenciones del Impuesto por las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores

Para efecto de aplicar lo previsto en el numeral 2 del artículo 73°-C de la Ley para la liquidación de la retención mensual del Impuesto que las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores o quienes ejerzan funciones similares deben efectuar correspondiente al mes de agosto y siguientes del ejercicio 2012, éstas deberán considerar las pérdidas de capital de fuente extranjera que se generen a partir del 1 de agosto de 2012.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Alan Emilio Matos Barzola

Única.- Deróguense a partir del 1 de enero de 2013:

a) Los incisos e) y f) del artículo 61º de la Ley.

b) El inciso c) del artículo 63º de la Ley.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART

Presidente del Consejo de Ministros

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO

Ministro de Economía y Finanzas

Cooperativas de servicios educacionales si se encuentran afectas al Impuesto a la Renta

El Tribunal Constitucional acaba de puntualizar que no existe un reconocimiento expreso que declare de manera explicita la inafectación del Impuesto a la Renta a las cooperativas de servicios educacionales, además no puede reconocerse vía interpretación o analogía una inafectación implícita.

Mayores detalles en nuestro web site: http://www.tributacionperu.com/blog/archives/507

 

Informe SUNAT 2010 sobre ingresos afectos al Impuesto a la Renta

SUNAT emitió el Informe Nº 018-2010-SUNAT/2B0000 en el cual precisa:

Los ingresos obtenidos por las empresas en virtud de contratos de donación celebrados con el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) para ejecutar un proyecto de capacitación y promoción del empleo constituyen ingresos afectos al Impuesto a la Renta

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2010/informe-oficios/i018-2010.pdf

www.tributacionperu.com

Participación de los Trabajadores – LABORAL vs TRIBUTARIO

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario 999302747

alanemilio2003@hotmail.com   .   alanemilioperu@yahoo.com

 

Para efectos laborales, el artículo 2 de Decreto Legislativo Nº 892 establece que los trabajadores participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa, sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas por el Título III del Decreto Legislativo Nº 728. De igual manera se encontrarán obligados a la participación en las utilidades, las empresas que excedan de 20 trabajadores, es decir, a partir de 21 trabajadores. El artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 892 establece que la participación debe ser distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual. Si la participación no es distribuida hasta esa fecha, previo requerimiento de pago por escrito, se van generando intereses los cuales conforme al Decreto Ley Nº 25920 son calculados en base al interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.

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 Para efectos tributarios, el Tribunal Fiscal ha establecido en su RTF Nº 10167-2-2007 que las participaciones obligatorias en virtud del Decreto Legislativo Nº 892 no se encuentran comprendidos dentro de los criterios establecidos por los incisos l) ni v) del artìculo 37 de la Ley del IR: “Este Tribunal en la Resoluciòn Nº 274-2-2001 ha interpretado que lo dispuesto en el inciso l) del artìculo 37 de la Ley del IR y reiterado por el inciso v) del mismo artìculo, se refiere a las gratificaciones y retribuciones que se acuerden a favor del personal, esto es, debe entenderse que comprende las gratificaciones y gastos extraordinarios u otros incentivos que se pacten en forma adicional a la remuneraciòn convenida con el trabajador por sus servicios y a las retribuciones o beneficios establecidos legalmente, como es el caso de la participaciòn de utilidades, por lo que concluyò que en tanto el exceso de participaciòn en las utilidades constituye un incentivo adicional al establecido por las normas sobre la materia, le es aplicable lo dispuesto por el inciso l) del citado artìculo 37, respecto a su pago dentro del plazo para la presentaciòn de la declaraciòn del IR.

Atendiendo a dicho criterio y conforme se desprende de la Resoluciòn Nº 1038-5-2003, tratàndose  de una retribuciòn “obligatoria” a favor del trabajador, su deducciòn se efectuarìa de acuerdo con la regla general aplicable para la imputaciòn de gastos de tercera categorìa, esto es, conforme con el criterio de lo devengado recogido en el inciso e) del artìculo 57 de la Ley del IR, mientras que si la retribuciòn se realiza de manera voluntaria por el empleador, en virtud al vìnculo laboral, se debìa cumplir con lo establecido por el inciso l) del artìculo 37 de la Ley del IR, dado que sòlo en ese caso se estarìa en el supuesto de obligaciones que “se acuerdan” al personal.

El reparo materia de autos se refiere a las utilidades correspondientes al ejercicio 2001 que fueron otorgadas en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 982, esto es, por mandato legal, respecto de las cuales conforme con el criterio antes expuesto, no resultaba aplicable lo dispuesto en los incisos l) y v) del artìculo 37 de la Ley del IR, para efecto de su deducciòn de la renta neta imponible del IR, motivo por lo cual no resulta exigible el requisito de su cancelaciòn hasta el vencimiento de la declaraciòn jurada anual respectiva”.

Similar criterio podemos encontrarlo en la RTF Nº 02812-2-2006 y RTF Nº 00657-1-2007, entre otras.

 

Dr. Alan Emilio Matos Barzola – Asesor Empresarial y Tributario

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