Sentencia 2016 Corte Suprema de Chile: “Ley sobre Impuesto a la Renta, sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de INEVITABLES y OBLIGATORIOS… esto es aquellos desembolsos EN QUE PRECISA, FORZOSA e INEVITABLEMENTE ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar.”

Alan Emilio en Iquitos – Agosto 2016

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Seminario en Huaraz 17 de septiembre 2016: Fiscalización Parcial Electrónica

Mediante Sentencia Casatoria ROL 3263-2015, de fecha 18 de abril del 2016, emitida por la Segunda Sala de la Corte Suprema de la República de Chile, integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y Jorge Dahm O, se confirma la tesis expuesta desde hace varios años en torno a la deducibilidad de los gastos corrientes generados por un ente empresarial, a efectos de desvirtuar las fantasías de “gasto automático, libertino e iluso”. Considero que este contenido es de alta calidad y magistral y debe ser apreciado en su contexto doctrinario, específicamente en el contenido de su Fundamento Décimo:

      Décimo: Que el artículo 31, inciso primero, de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone en lo pertinente que “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.

Si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que “éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo ‘necesarios’, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar” (SCS Rol N° 6380-2009 de 4 de noviembre de 2011).

Entendido así el concepto de “necesariedad” del gasto, en lo que dice relación a las indemnizaciones pagadas por años de servicio al trabajador, sólo pueden calificarse como tales aquellas que el empleador no puede dejar de pagar por corresponder a un imperativo legal, ello, con independencia si el obligado reconoce, asume o cumple voluntariamente dicha obligación. En ese orden, cuando un empleador asume o se compromete el pago de las indemnizaciones correspondientes a los períodos trabajados para los empleadores que le antecedieron, para discernir si se trata de un gasto necesario, lo que debe dilucidarse es si, aun en ausencia de dicha asunción o compromiso, igualmente se encuentra compelido a ello por mandato legal, sin perjuicio, huelga explicar, que pueda perseguirse igualmente, y de manera compulsiva, el pago del exceso ante la judicatura laboral, pues lo aquí razonado únicamente tiene vigencia en el ámbito tributario para determinar los límites de lo que se considerará como gasto para producir la renta.

La Sentencia Casatoria 2016 puede ser descargada libremente en el siguiente enlace web: Sentencia Casatoria Chilena 2016 Alan Emilio Matos Barzola

Bajo dicho escenario y atendiendo a que su estructura y marco legal es similar al Impuesto a la Renta peruano, ya se cuenta con una base “I M P A R C I A L” que facilitará la decisión de los jueces en diferentes casos. Ojo es una Sentencia que resuelve en sede casatoria una controversia tributaria y emitida por la máxima judicatura de un estado al cual se le atribuye un nivel de desarrollo económico admirable por muchos países, incluyendo al nuestro, y no solamente se trata de un simple “parecer u opinión” emitida por un abogado parcializado e interesado en sofismas y retóricas gaseosas.

Por eso y muchas cosas maaaasss, sino quieres quedarte en la década del 70 en materia tributaria, no asumas como verdad absoluta lo que te cuenta algún romántico justiciero de la tributación.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Diplomado de Especialización en Tributación en Piura. Inicia 10 de septiembre 2016

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Corte Suprema de Chile concluye que los gastos necesarios “sin duda” se refiere a aquellos que tengan el carácter de inevitables y obligatorios

Alan Emilio en Chincha 2015

Fallo : 4.801-2009.
dieciséis de septiembre del año dos mil once.
Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Repùblica de Chile

MATERIAS:

– RECLAMACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE DEVOLUCIÓN RESPECTO DE DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA.-
– ERROR DE DERECHO DE SENTENCIADORES AL ACOGER PARCIALMENTE RECLAMO TRIBUTARIO Y ESTIMAR QUE PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTES ES GASTO NECESARIO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS.-
– INDEMNIZACIONES ORDENADAS PAGAR POR TRIBUNAL EN PROCESO LEGALMENTE TRAMITADO POR REALIZACIÓN DE ACTOS DOLOSOS O CULPOSOS NO POSEEN CARÁCTER DE “GASTO NECESARIO”.-
– PAGO DE INDEMNIZACIÓN CONTENIDA EN FALLO ARBITRAL NO ES GASTO NECESARIO POR NO REVESTIR CARÁCTER DE INEVITABLE PARA PRODUCIR RENTA.-
– GASTO NECESARIO, DEFINICIÓN.-

RECURSOS:

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO TRIBUTARIO (ACOGIDO).-

TEXTOS LEGALES:

CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULOS 19, 20, 21, 22 Y 23.-
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ARTÍCULO 785.-
DECRETO LEY Nº 824, LEY DE IMPUESTO A LA RENTA, ARTÍCULO 31 INCISO 1º.-

JURISPRUDENCIA:

“Que así las cosas y atendido el carácter sancionatorio que revisten las indemnizaciones ordenadas pagar por un tribunal en un proceso legalmente tramitado por la realización de actos dolosos o culposos, aun cuando se verifiquen con motivo u ocasión de desarrollar el giro de la empresa, no caben dentro del concepto de gasto necesario.” (Corte Suprema, considerando 8º).

“Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede se observa que los sentenciadores, al acoger parcialmente el reclamo por considerar que el pago de una indemnización por incumplimiento de un contrato de transportes tiene la característica de ser un gasto necesario para los efectos tributarios, han efectuado una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones legales atinentes al caso de que se trata, toda vez que un pago por un hecho ilícito no es un gasto necesario para producir la renta pues los gastos que autoriza a rebajar la ley son los de producción, y la cantidad que se cuestiona no dice relación con ese rubro sino que con el costo derivado de una fuente de responsabilidad.” (Corte Suprema, considerando 9º).

“Que el pago de una indemnización contenida en fallo arbitral no puede ser considerado como un gasto necesario, por cuanto si bien es obligatorio desde que existe una sentencia que lo decreta, éste no reviste el carácter de inevitable para producir la renta, toda vez que es consecuencia inmediata de un incumplimiento contractual.” (Sentencia de Reemplazo, considerando único).

MINISTROS:

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Haroldo Brito C. y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.

TEXTOS COMPLETOS:

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:

Valparaíso, cinco de mayo de dos mil nueve.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones:

Se sustituye en el considerando 1º), última línea de fs. 283, “a resultados” por “han resultado”; idéntica sustitución se hace en su motivo 14º) y se prescinde de sus fundamentos 11º), 12º) y 13º).

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que las partidas que el contribuyente de autos ha contabilizado y que fueran objetadas por los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos motivando el reclamo correspondiente, fueron las siguientes:

1.- Imputación en el Registro del Fondo de Utilidades Tributables de los pagos de contribuciones de bienes raíces, usadas como créditos contra el impuesto de Primera Categoría;

2.- Gastos consistentes en el pago de una indemnización a una proveedora de servicios que lo demandó, cuya calificación como gastos necesarios para producir la renta ha sido objetada por la Dirección Regional y

3.- Gastos por conceptos de pagos de indemnizaciones por término de contratos de trabajo, cuya calificación como gastos necesarios para producir la renta ha sido objetada por la Dirección Regional pues no tendrían el carácter de obligatorios ni necesarios.

En la sentencia impugnada, se rechazó la reclamación de todas y cada una de las partidas mencionadas por el señor juez tributario.

Segundo: Que en el recurso de reposición de fs. 287, cuyos fundamentos reproduce íntegramente respecto del de apelación para ante esta Corte, la parte reclamante ha manifestado que después de efectuado un acabado análisis del fallo objeto del recurso, ha llegado a la conclusión que lo expuesto por la Dirección Regional en cuanto a la primera de las partidas referidas en el motivo precedente, es correcto y, por lo tanto, quedan subsistente las signadas con los números 2.- y 3.- para que este tribunal emita pronunciamiento.

Tercero: Que el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta estatuye en su inciso primero, que la renta líquida de las personas naturales o jurídicas se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.

Cuarto: Que en lo que se refiere a la segunda partida, esto es, la indemnización pagada a una proveedora de servicios, concretamente, doña Priscilla Trujillo Winderger, se ha tenido a la vista el juicio arbitral, Tomos I y II, tramitado ante el juez don Jorge Espinosa Sáez, en que consta que por sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil dos se condenó a la reclamante, la demandada en dicha causa Sopraval, a pagar a la actora la suma de $95.933.355.- por concepto de indemnización del lucro cesante ya que el señor juez llegó a la conclusión que la demandada había incumplido parcialmente un contrato de transporte celebrado entre ambas por la menor utilidad obtenida en los años 2000 y 2001 y que se produjo entre los años 2003 y 2003, lo que se hubiera evitado en el evento de haberse cumplido íntegramente el contrato de transporte. Dicha sentencia fue recurrida de queja, la que se rechazó según consta de las copias agregadas a estos autos desde fs. 67 a 70, por lo que ha quedado ejecutoriada.

Quinto: Que cabe señalar que la referida indemnización fue el resultado de una sentencia dictada en una causa tramitada legalmente y en que el contribuyente de autos fue demandado controvirtiendo los argumentos de la actora y solicitando el rechazo de la acción interpuesta en su contra. Así, no se trata, en la especie, de un pago voluntario en que pudiere advertirse que hubo colusión entre las partes con el propósito de generar gastos innecesarios. Por otra parte, debe dejarse establecido que el contrato de transporte que celebrara con doña Priscilla Trujillo lo requería puesto que transportaba aves hacia su planta faenadora que es la materia prima necesaria atendido el giro comercial del contribuyente. En tales circunstancias solo se puede concluir que el pago de la indemnización ordenada por sentencia arbitral ejecutoriada, afecta el cálculo sobre el que debe pagar el impuesto correspondiente ya que el juicio ha versado sobre una materia directamente relacionada con la empresa. Además, a juicio de esta Corte, se trata del pago de una suma de dinero que afecta el pasivo de la empresa ya que no se trata de un gasto considerado ordinario en el giro de la misma y, por lo tanto, reviste el carácter de ser necesario para producir la renta puesto que, como se anotó, se trata del transporte de materia prima indispensable para el producto de la empresa, que es el que le genera rentas.

Sexto: Que en cuanto a la tercera partida objeto del reclamo, que consiste en el pago de indemnizaciones a dos ejecutivos de la empresa que se acreditan con los finiquitos de fs. 58 y 62, que el juez tributario también ha rechazado, este tribunal tampoco la acoge y comparte el razonamiento de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que según aparece de las copias de los contratos de trabajo de fs. 56 y 57 y 60 y 61, respectivamente, ellas no fueron pactadas ya que se trataba de trabajadores de absoluta confianza y, por lo tanto, se estipuló que el contrato terminaría en el momento en que la empresa lo estimare conveniente sin expresión de causa; así no revisten los requisitos que exige el artículo 31 citado precedentemente.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 141 y 148 del Código Tributario, se revoca la sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil ocho, que se lee desde fs. 282 a 285 vta., solo en cuanto no dio lugar a la reclamación en contra de la Resolución Ex. Nº 273 de 20 de abril de 2004, que declaró improcedente la devolución de $58.613.112.- (cincuenta y ocho millones seiscientos trece mil ciento doce pesos), pedida por Sopraval S.A. respecto de la declaración anual de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2003, y se declara en su lugar que se acoge el reclamo en cuanto el Servicio de Impuestos Internos deberá practicar una nueva liquidación en la que no se considerará el pago efectuado por el citado contribuyente por concepto de la indemnización decretada judicialmente a favor de doña Priscilla Trujillo Windnger en el juicio arbitral Rol 1-2001, seguido ante el juez don Jorge Espinosa Sáez del Centro de Arbitraje y Mediación de la V Región.

Se confirma en lo demás la referida sentencia.

Regístrese y devuélvase conjuntamente con la causa traída a la vista, esta última al referido Centro.

Rol Nº 2.489-2008.-

Redacción de la Ministro doña Mónica González Alcaide.

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Santiago, dieciséis de septiembre del año dos mil once.

Vistos:

En estos autos rol Nº 4801-2009, sobre reclamación tributaria, el Fisco de Chile dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que revocó en parte la de primer grado del tribunal tributario de la misma ciudad.

La contribuyente SOPRAVAL S.A. a fojas 17 reclamó contra la resolución Ex. Nº 273, de 20 de abril del año dos mil cuatro, que declaró improcedente la devolución de $58.613.112 solicitada por ésta respecto de la declaración anual de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2003.

Mediante la sentencia de primera instancia se rechazó la reclamación.

El fallo de segundo grado, a su vez, revocó parcialmente en lo apelado el de primera, acogiendo el referido reclamo sólo en cuanto declaró que el Servicio de Impuestos Internos debía practicar una nueva liquidación en la que no se considerara el pago efectuado por el contribuyente por concepto de la indemnización decretada judicialmente a favor de doña Priscilla Trujillo Windnger en el juicio arbitral Rol 1-2001, seguido ante el juez don Jorge Espinosa Sáez del Centro de Arbitraje y Mediación de la V Región.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso denuncia la transgresión de los artículos 31 inciso 1º de la Ley de Impuesto a la Renta y 19, 20, 21, 22 y 23 del Código Civil.

El primer precepto se estima vulnerado porque éste incluye la noción de gasto necesario para producir la renta, debiendo tener en consideración que para que este concepto proceda y sea aplicado el gasto debe ser obligatorio e imprescindible. Así el Tribunal de Alzada al calificar como gasto necesario para producir la renta el pago efectuado a título de indemnización decretada judicialmente en laudo arbitral incurre en un error de derecho consistente en una falsa aplicación de la disposición legal, toda vez que este gasto reviste el carácter de obligatorio, pero no así de imprescindible.

De este modo, se añade, el alcance que los jueces del fondo dieron al artículo 31 inciso 1º de la Ley de Impuesto a la Renta infringe las disposiciones contenidas en los artículos 19 a 23 del Código Civil relativos a la interpretación de la ley, por cuanto la conclusión a la que arriban implica una falta de aplicación de estos preceptos, que de haberse observado, habría llevado a concluir que el pago de una indemnización ordenada por sentencia ejecutoriada no es un gasto necesario, puesto que si bien el gasto es obligatorio, no es inevitable para producir la renta, toda vez que dentro del giro de la empresa no es indispensable el pago de indemnizaciones a proveedores, cuando tales erogaciones son por causa directa de decisiones tomadas por el propio contribuyente, tales como el incumplimiento parcial de un contrato, por lo que este desembolso es evitable, ya que si bien tiene como fundamento una sentencia arbitral, no puede ser asociado a un ingreso y posterior renta del período auditado y revisado, cuestión que lo debe transformar necesariamente en un gasto rechazado.

Segundo: Que al explicar la forma como los errores de derecho denunciados influyeron substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, el Fisco aduce que si se hubieran considerado y aplicado correctamente los preceptos señalados se habría rechazado el recurso de apelación interpuesto por la reclamante, y los sentenciadores de segunda instancia habrían confirmado íntegramente el fallo de primer grado, por cuanto la conclusión a la que habrían llegado sería que no procede calificar como gasto necesario para producir la renta el pago efectuado por el contribuyente a título de indemnización de perjuicios decretada por vía judicial, toda vez que el mismo no tiene el carácter de inevitable o imprescindible.

Tercero: Que el Servicio de Impuestos Internos declaró improcedente la devolución de $58.613.112 de un total de $245.638.848 a favor de SOPRAVAL S.A. en la declaración anual de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2003, lo que se fundó en existir tres partidas cuestionadas, a saber, imputar en el Registro del Fondo de Utilidades Tributables durante varios años los pagos de contribuciones de bienes raíces usados como créditos contra el Impuesto de Primera Categoría; contabilizar como gastos necesarios para producir la renta el pago de indemnizaciones a proveedores por incumplimiento de contratos y otros gastos asociados que se establecen en laudo arbitral; y contabilizar gastos por concepto de pagos de indemnizaciones voluntarias por término de contratos de trabajo, sin que cumplan con los requisitos de ser obligatorios y necesarios para producir la renta.

Cuarto: Que el artículo 31 inciso primero de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en lo que interesa para este recurso, dispone que “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.

Quinto: Que, como se desprende de la lectura de la norma reseñada en el considerando precedente, el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta; sin embargo, es dable concluir que éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios.

Sexto: Que, en tales condiciones, los sentenciadores de segundo grado, en los motivos cuarto y quinto del fallo que se revisa, han establecido que el pago a que fue condenada la reclamante por el juez árbitro afecta el cálculo sobre el que se debe pagar el impuesto correspondiente, ya que el juicio ha versado sobre una materia directamente relacionada con la empresa por cuanto se trata del pago de una suma de dinero que afecta al pasivo de la misma, por lo que se refiere a un gasto considerado ordinario en el giro de ésta y, por ende, reviste el carácter de ser necesario para producir la renta, toda vez que el mismo dice relación con el transporte de la materia prima indispensable para el producto de la empresa, que es el que genera rentas.

Séptimo: Que de lo expuesto se concluye que la controversia jurídica radica en determinar si la indemnización a la que fue condenado el contribuyente reviste los caracteres de ser un gasto inevitable o indispensable para generar los ingresos del giro afectos a la Ley de la Renta.

Octavo: Que así las cosas y atendido el carácter sancionatorio que revisten las indemnizaciones ordenadas pagar por un tribunal en un proceso legalmente tramitado por la realización de actos dolosos o culposos, aun cuando se verifiquen con motivo u ocasión de desarrollar el giro de la empresa, no caben dentro del concepto de gasto necesario.

Noveno: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede se observa que los sentenciadores, al acoger parcialmente el reclamo por considerar que el pago de una indemnización por incumplimiento de un contrato de transportes tiene la característica de ser un gasto necesario para los efectos tributarios, han efectuado una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones legales atinentes al caso de que se trata, toda vez que un pago por un hecho ilícito no es un gasto necesario para producir la renta pues los gastos que autoriza a rebajar la ley son los de producción, y la cantidad que se cuestiona no dice relación con ese rubro sino que con el costo derivado de una fuente de responsabilidad.

Décimo: Que por lo expuesto y concluido, existiendo infracción de las normas precisadas precedentemente, el recurso de casación en el fondo debe ser acogido.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 307 contra la sentencia de cinco de mayo del año dos mil nueve, escrita a fojas 304 y siguiente, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministro Sra. Araneda.

Rol Nº 4.801-2009.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Haroldo Brito C. y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.

SENTENCIA DE REEMPLAZO:

Santiago, dieciséis de septiembre del año dos mil once.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada de veinticuatro de octubre de dos mil ocho, escrita a fojas 282.

Y se tiene además presente:

Que el pago de una indemnización contenida en fallo arbitral no puede ser considerado como un gasto necesario, por cuanto si bien es obligatorio desde que existe una sentencia que lo decreta, éste no reviste el carácter de inevitable para producir la renta, toda vez que es consecuencia inmediata de un incumplimiento contractual.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, escrita a fojas 282 y siguientes.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministro Sra. Araneda.

Rol Nº 4.801-2009.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Haroldo Brito C. y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria chilena 2015 resalta que los gastos seràn deducibles en la medida que califiquen como imprescindibles, inevitables, obligatorios o indispensables para producir la renta

Alan Emilio en Huancayo febrero 2015

Nuevamente nuestro portal “de contenido académico” exhibe mayor evidencia que nuestra posición expuesta desde el 2006 resulta correcta a la luz de la jurisprudencia tributaria internacional, elevando el nivel académico de análisis de las operaciones vinculadas con el Impuesto a la Renta (Impuesto a las Ganancias, Impuesto a las Sociedades o Impuesto Empresarial). Ante tanta evidencia manifestamos que resulta totalmente errado sostener el anàlisis de la deducciòn impositiva de los gastos corrientes bajo la falacia de “causalidad amplia y desmedida que muchas personas pregonan”.

¿Por qué Alan Emilio?: Porque no todo pago, desembolso u erogación que se considere como gasto contable corriente resulta deducible “automáticamente” para efectos impositivos (fiscales o tributarios), sino todo aquèl que el contribuyente aporte elementos probatorios suficientes que lo acrediten como imprescindibles, inevitables, obligatorios o indispensables para producir la renta empresarial.

Alan Emilio Matos Barzola

CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL-07.01.2015-ROL N° 17-2014-MINISTRA SRA.MARÍA TERESA LETELIER RAMÍREZ- MINISTRA INTERINA SRA. CARMEN GLORIA ESCANILLA PÉREZ-ABOGADO INTEGRANTE SR.MANUEL HAZBÚN COMANDARI.

Para que los gastos sean necesarios para producir la renta se ha dicho que para que deben ser desembolsos que correspondan a adquisiciones que sean necesarias u obligatorias para llevar a cabo la gestión o actividad desarrollada vale decir que sin ellos no sea posible la ejecución de las actividades que generan renta.

ARTÍCULO 21 CÓDIGO TRIBUTARIO-ARTÍCULO 31 LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LA RENTA – ESTÁNDAR DE PRUEBA.

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que dio ha lugar en parte al reclamo interpuesto.

La misma indicó que lo requerido era acreditar que el gasto consignado contablemente era necesario para producir la renta, hechos que correspondía demostrar a la misma. En el caso subjudice, al ser la reclamante un contribuyente que tributaba en Primera Categoría en base a renta efectiva determinada con contabilidad completa, atento lo prevenido por el artículo 21 inciso primero del Código Tributario, le correspondía acompañar al proceso no sólo todos sus antecedentes contables y la correspondiente documentación soportante, sino que además rendir todas aquellas probanzas dirigidas a descalificar los reproches que le formulara el SII, particularmente, en relación con la efectividad de haberse prestado las asesorías cuyo pago pretendía hacer valer como gasto necesario para producir la renta.

En lo que se refería a dietas de los directores de la comunidad reclamante, no cabía duda que la misma operaba a través de dicho directorio para los efectos de sus decisiones. De esta manera aparecía de manera cierta que las devengadas o pagadas a los mismos por el año comercial 2011, habían resultado necesarias para producir la renta, más aun teniendo en cuenta que ellas se encontraban acreditadas tanto en cuanto a sus directores como en cuanto a sus montos.

En lo que se refiere al ítem asesoría legal, de los documentos y demás antecedentes aportados era posible concluir en relación a la prestación de servicios profesionales de un estudio jurídico con el que se contrató una asesoría permanente de carácter indefinida, aparecía como razonable que los gastos habían sido necesarios para producir la renta, toda vez que decía relación con la labor de asesoría de la que no podía prescindir una empresa, valores que se encontraban debidamente comprobados siendo también parte de la labor jurídica que se presten servicios adicionales que requieren pagos aparte de los convenidos de manera regular, y que dicen relación con los montos no pactados que figuran como objetados por el Servicio en relación a dicho estudio jurídico, más aún cuando ellos se advierten dentro de los valores propios de gestiones jurídicas. No ocurría lo mismo con el resto de las asesorías jurídicas.

Por último, señaló no había sido posible satisfacer el estándar de prueba que permitía establecer los requisitos para su procedencia como gastos necesarios para producir la renta o bien incluso dada la ausencia de elementos probatorios ciertos llegar a analizar la pertinencia respecto a los otros gastos por asesorías administrativa financieras como tampoco en relación a los servicios administrativos.

Así, se revocó la sentencia apelada solo en cuanto acogió parcialmente los gastos por dietas de los directores, los que se tenía por acreditados en su totalidad.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“San Miguel, siete de enero de dos mil quince.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada con las siguientes modificaciones:

En el fundamento primero signado con el I y 3 se reemplaza el guarismo $ 2.401.810 por 2.401.726.-

En el motivo séptimo se eliminan el cuarto párrafo signado con el N 1.-en su segunda parte  y que sigue al punto seguido, los párrafos 3 y 5 del mismo que se individualizan con los N° 1).- y 3)  con excepción del primer y último acápite de este último, primero que concluye con la fecha 08.05.2013, que se reemplaza por 06.05.2013.- y último que también alude a estas fechas, las que también se reemplazan por 06.05.2013.- En el fundamento noveno, párrafo segundo, se suprime el adverbio “sólo” y  en el párrafo final se reemplazan las voces “todo ello sin perjuicio del” por “no obstante corresponde hacer” y se suprime la frase “que se efectuará a continuación” En el motivo undécimo numeral 3 párrafo segundo se reemplaza la palabra “precedente” por noveno. En el fundamento undécimo numeral cuarto se elimina el acápite que comienza con “Cabe agregar que y que termina en el punto y como con que el mismo termina, como también el párrafo signado como segundo y en el tercero se reemplazan las palabras” al mes” por “los meses” y se agrega a continuación de la palabra “septiembre” las palabras “a diciembre” del motivo duodécimo se eliminan del numeral 5 letra c) los dos últimos párrafos de él, y en la letra g)  se elimina del párrafo segundo la frase que comienza con “Por otra parte y que termina en el primer punto seguido, como también se eliminan de ella todas las frases que se signaron como UNO y DOS., y la frase “por incumplimiento de la normativa legal sobre la materia” reemplazándose en ella la coma que la precede por un punto. Finalmente en esa letra se elimina su numeral 6. En el motivo décimo tercero, del numeral 3 b), párrafo primero se elimina el acápite que va a continuación del punto seguido y que comienza con las palabras “En este punto” y que concluye en el punto aparte del mismo; a su vez en el párrafo segundo se elimina la frase “pago que no se encuentra respaldado con ninguna boleta de honorario”, y se elimina el párrafo tercero. Finalmente se elimina su numeral 4. En el motivo décimo octavo en el párrafo final se agrega a continuación del punto aparte que se reemplaza con una coma, la frase, con excepción de lo expuesto en relación a estudio jurídico yyyyyyyyyyyyyy. Por último se suprime el motivo décimo noveno del fallo en alzada.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que la contribuyente xxxxxxxxxxxx se ha alzado en contra del fallo de la Juez del Tercer Tribunal tributario y Aduanero de la región Metropolitana, doña Dora Bastías Santander, dictado con fecha 21 de marzo de dos mil catorce que se lee a fojas 317 y siguientes, por medio del cual la referida juez acogió parcialmente el reclamo formulado por la contribuyente solo en cuanto por medio de él se dio lugar a una parte de lo reclamado en cuanto a la dieta de los Directores de la xxxxxxxxxx y se rechazó en los demás capítulos reclamados y confirmó en consecuencia lo obrado por el Servicio de Impuestos Internos en lo relativo a la impugnación que esta hizo en relación con los gastos de Asesoría administrativa financiera, Asesoría Legal y Servicios Administrativos, quedando a firme en todo ello la Liquidación 185 de 09 de mayo de 2013.

Segundo: Que en síntesis la contribuyente en el reclamo de liquidación materia de la sentencia aludida cuestionó que no se hubiere considerado la documentación respaldatoria de la contestación de la citación, la que entiende no fue estudiada por los fiscalizadores, dado el volumen de la documentación aportada en relación a la premura de la liquidación que fue hecha el día siguiente de haberse evacuado y las contradicciones que la misma tendría al haberse acogido por vía de un RAV, partidas que se encuentran respaldadas en similar documentación aportada, lo cual la hace en definitiva contradictoria al no considerar gastos que son necesarios, y no obligatorios como se le exige, entendiendo también que no habiendo sido objetada de no fidedigna la documentación y la contabilidad aportada se han efectuado razonamientos que hacen presumir la mala fe.

Tercero: Que por su parte el órgano fiscalizador al contestar sostuvo en síntesis que todos los gastos materia de la liquidación y que quedaron subsistentes luego de la la RAV dictada mediante resolución Ex 27.223 de 30 de julio de 2013, son gastos que no pueden ser aceptados por no encontrase de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de la Renta, sin que se cumpla a su respecto los requisitos copulativos de necesidad, naturaleza,  efectividad y monto del mismo de acuerdo a los antecedentes de que se disponía.

Cuarto:  Que la contribuyente ha recurrido en sede de apelación argumentando, en síntesis que la sentenciadora incurre en incoherencias en el motivo séptimo del fallo, en cuanto a las fechas que en él se indican y en cuanto a los fundamentos en él contenidos en torno al proceso de fiscalización, argumenta también que al emitir su liquidación de marras, no ha valorado, integral y complementariamente todas las prueba documentales aportadas, tenidas por acompañadas, no objetadas y que tratándose de medios de prueba plurales y numerosos, coincidentes, contestes entre sí, no contradictorios,  y que dan  razón de su contenido,  y que  por lo tanto,  forman  base para presunciones judiciales que permiten tener por acreditado lo señalado en su reclamo, en cuanto a la efectividad de los gastos y su carácter de necesarios para producir la renta, conforme a las observaciones que en relación a cada acápite refiere en su extensa apelación, toda vez que según sostiene por una parte, el SII no ha formulado una sola objeción contable, sino solo respecto de su necesidad, y por otra parte, justamente respecto de esto, se ha acreditado su contratación, su pago (este requisito no era necesario de acreditar) y su prestación. Dice que la necesidad del gasto se acredita mediante el análisis del contenido de los documentos acompañados, lo que permite apreciar que se trata de gastos absolutamente necesarios para producir la renta del contribuyente, atendidas sus características y deben darse por acreditados los resultados tributarios, pues estos se acreditaron contablemente, y los respaldos de la contabilidad fueron acompañados dentro de plazo en sede administrativa y en sede judicial, prueba que no fue rendida extemporáneamente como dice el juez tributario, prueba que tampoco, según sostiene fue analizada en su totalidad, lo que ha hecho que rechace la perdida por utilidades propias absorbidas, rechaza gastos, y fija una nueva base para el pago del Impuesto de Primera Categoría de la Contribuyente, determinada en virtud de un proceso de fiscalización que no analiza los antecedentes aportados por el Contribuyente, pidiendo en consecuencia se revoque la sentencia definitiva en la parte apelada, y en su reemplazo, declare la procedencia del reclamo tributario formulado, en la parte apelada, declarando en consecuencia, la procedencia de los gastos tributarios y de la perdida tributaria, acreditadas.

Quinto: Que conforme a los cuestionamientos formulados, la primera aclaración formal que corresponde hacer dice relación con la fecha en que se contestó el reclamo por parte de la contribuyente, lo cual acaeció con fecha 06 de mayo de 2013, fecha en la que está conteste tanto el SII, al contestar el reclamo cuanto la contribuyente en su apelación, toda vez que el motivo primitivo del cuestionamiento de la reclamante en su oportunidad provino de su errada afirmación en cuanto haber contestado el reclamo con fecha 08 de mayo de 2013, tal como consta de la fojas 31.

Sexto: Que acorde con ello, no resulta efectivo que el Servicio hubiere contado con las horas hábiles del día miércoles 08 de mayo de 2013 para analizar los documentos aportados por la contribuyente, y no habiendo antecedentes que permitan suponer que el SII prescindió de ellos para formular la liquidación pertinente, más aún cuando al contestar el reclamo se dice por dicho órgano fiscalizador que los mismos al efecto resultaron insuficientes, se desestimará tal alegación.

Séptimo: Que en relación al fondo del asunto debatido este se refiere específicamente a determinar si los gastos en que la contribuyente incurrió y que consistieron en honorarios de directores por la suma de $ 154.666.630; asesoría administrativa y financiera por $ 299.647.582; asesoría legal por la suma de $ 161.161.666.- y servicios administrativos por $ 426.158.425 , los que quedaron subsistentes luego de que con fecha 30 de julio de 2013 el Servicio de Impuestos Internos, acogiera una reposición administrativa voluntaria (RAV), por las partidas restantes de la liquidación N° 185 de 9 de mayo de 2013, fueron necesarios o no para producir la renta, teniendo además en cuenta que la sentencia de primer grado, del monto signado precedentemente por concepto de honorarios de directores la acogió parcialmente por la suma de $ 59.906.648.-

Octavo: Que el concepto de gasto necesario para producir la renta no se encuentra definido en nuestra legislación, sin embargo como se ha reiterado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, el gasto necesario para producir la renta ha sido definido como los desembolsos indispensables para producir la renta, aunque no exista una inmediata relación entre el gasto y la renta. Al efecto los requisitos de los gastos para que tengan tal connotación son: Que sea necesario para producirla; que no se encuentre rebajado como costo directo; que el sujeto pasivo haya incurrido efectivamente en el gasto y que este se encuentre pagado o adeudado; que se acredite o justifique fehacientemente ante el Servicio de impuestos Internos; que se trate de un gasto relacionado con el giro de la empresa o negocio y que no se trate de un gasto que la ley declare como no deducible.

A su vez la Excma. Corte Suprema en relación a los gastos necesarios para producir la renta ha dicho que para que sean necesarios han de ser desembolsos que correspondan a adquisiciones que sean necesarias u obligatorias para llevar a cabo la gestión o actividad desarrollada vale decir que sin ellos no sea posible la ejecución de las actividades que generan renta. Doctrinariamente también se ha asentado que el principio de la necesariedad del gasto debe estar correlacionado con los ingresos del giro., en atención al principio contable de la correlación de ingresos y gastos, siendo la traducción de este principio en el ámbito tributario, la necesariedad del gasto ya referida.

En otro sentido ha de entenderse que el gasto sea imprescindible. Sin embargo a este efecto no basta que se acredite ante el SII la necesariedad del gasto sino que también que este se encuentre pagado o adeudado. Por otra parte deben cumplir la doble condición de ser comunes, habituales y regulares y por la otra, inevitables, obligatorios o indispensables para producir la renta.

Noveno: Que al tenor de la Ley de la Renta se advierte que los gastos cuestionados corresponden al concepto de gastos genéricos, toda vez que no se encuentran en la descripción específica que al efecto contiene el artículo 31 de la Ley de la Renta y dicen relación básicamente con servicios prestados por diferentes conceptos y que según se sostiene por la apelante han podido rebajarse de la renta bruta para los fines de determinar la renta líquida de la contribuyente.

Décimo: Que al tenor de los antecedentes que obran en autos el giro de la empresa fiscalizada corresponde a compra venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados, la cual en el año tributario 2012, comercial 2011 declaró una renta imponible negativa de (- 491.794.988) lo cual le significó perdida tributaria en el ejercicio comercial 2011, dando origen también a devolución de impuestos por la suma de $ 76.439.087, tal como consta de fojas 298 y 299 de autos.

Undécimo: Que en relación a la necesariedad del gasto que se alega por parte de la contribuyente cabe decir que lo requerido es acreditar que el gasto consignado contablemente fue necesario para producir la renta, hechos que corresponde demostrar a la contribuyente, atento la liquidación formulada por el Servicio de Impuestos Internos, y que en su oportunidad no fue satisfecha íntegramente mediante la respuesta a la citación que en su oportunidad se le practicó. En el caso subjudice, al ser la reclamante un contribuyente que tributa en Primera Categoría en base a renta efectiva determinada con contabilidad completa, atento lo prevenido por el artículo 21 inciso primero del Código Tributario, le correspondía la carga de acompañar al proceso no sólo todos sus antecedentes contables y la correspondiente documentación soportante, sino que además rendir todas aquellas probanzas dirigidas a descalificar los reproches que le formulara el Servicio de Impuestos Internos, particularmente, en relación con la efectividad de haberse prestado las asesorías cuyo pago pretende hacer valer como gasto necesario para producir la renta.

Décimo segundo: Que en lo que se refiere al acápite de las dietas de los directores de la comunidad reclamante, no cabe duda que la misma opera a través de dicho directorio para los efectos de sus decisiones. De esta manera aparece de manera cierta que las devengadas o pagadas a los mismos por el año comercial 2011, resultaron necesarias para producir la renta, más aun teniendo en cuenta que ellas se encuentran acreditadas tanto en cuanto a sus directores, según se dejó sentado en el motivo undécimo, como en cuanto a sus montos, por dicho año,  de modo que este acápite será acogido en su totalidad, debiendo sumarse para estos efectos al monto ya aceptado de $ 59.906.648, por el fallo de primer grado en el fundamento noveno, lo que resta de los gastos por tal concepto con excepción de los pagados por los períodos de septiembre a diciembre de zzzzzzz por no corresponder a un Director de la comunidad conforme a lo que consta del documento de fojas 232.

Décimo tercero: Que en lo que se refiere al ítem asesoría legal, de los documentos y demás antecedentes aportados es posible concluir en relación a la prestación de servicios profesionales del estudio jurídico yyyyyyyyyyyyy que se contrató con este una asesoría permanente de carácter indefinida, por la suma de $ 600.000 mensuales y del cual figuran además un conjunto de pagos adicionales que se detallan en el motivo décimo segundo, y que se encuentran debidamente contabilizados en el período de marras.  En relación a ello aparece como razonable, acorde con la labor de asesoría jurídica contratada con tales profesionales, que los mismos fueron necesarios para producir la renta, toda vez que dice relación con la labor de asesoría de la que no puede prescindir una empresa, valores que se encuentran debidamente comprobados siendo también parte de la labor jurídica que se presten servicios adicionales que requieren pagos aparte de los convenidos de manera regular, y que dicen relación con los montos no pactados que figuran como objetados por el servicio en relación a dicho estudio jurídico, más aun cuando ellos se advierten dentro de los valores propios de gestiones jurídicas. Así las cosas, en relación a tales gastos el reclamo será acogido.

No ocurre lo mismo con el resto de las asesorías jurídicas la contribuyente con el estándar de prueba producida no logró demostrar la necesariedad del gasto en la medida que de las declaraciones de los propios testigos aportados por la reclamante no hay claridad respecto a las actividades específicas prestadas por el resto de los profesionales como para poder determinar si ella era necesaria y determinante para producir la renta en relación al giro de la empresa. Por otra parte el hecho de que los gastos se hayan realizado y se encuentren contablemente respaldados no supone necesariamente que ellos deban ser aceptados como necesarios para producir la renta, como propugna el apelante, toda vez que ello es un asunto de ponderación en relación con la calidad de la prueba producida, en atención al rechazo de los mismos en la etapa de fiscalización hecho el análisis contable y tributario del período en que ellos se cuestionaron, y que supone la prueba cierta de todos los supuestos exigidos para demostrar la necesariedad de los mismos y su consiguiente rebaja en el período discutido.

Décimo cuarto: Que en relación a la prestación de servicios de qqqqqqqq  ha de decirse que la emisión de las facturas por parte de la referida sociedad no resulta ni determinante ni fundante del análisis hecho por la sentenciadora de la instancia, toda vez que lo que se cuestiona es un hecho distinto al pago, y que tiene que ver con la necesariedad del gasto y la efectividad de la prestación, hechos que a la postre no lograron el estándar de prueba necesario para su procedencia.

Décimo quinto: Que en lo que se refiere a los gastos por asesorías administrativas financieras, ha de decirse que conforme a la prueba aportada, el servicio prestado por zzzzzzzzzzzz, encuentra su sustento como necesario para producir la renta en atención a lo que consta del Acta de Asamblea de Copropietarios, y que dice relación con el informe elaborado para la implementación de nuevo sistema de administración, que satisface la necesariedad del gasto, ya que guarda íntima relación con el desarrollo adecuado de la empresa, y se encuentra debidamente acreditado en cuanto a su monto, que a este efecto fue pagado en definitiva y que asciende a $ 6.443.103.-

Décimo sexto: Que con los antecedentes aportados no ha sido posible satisfacer en cuanto a los otros gastos por asesorías administrativa financieras como tampoco en relación a los servicios administrativos el estándar de prueba que permita establecer los requisitos para su procedencia como gastos necesarios para producir la renta o bien incluso dada la ausencia de elementos probatorios ciertos llegar a analizar la pertinencia de ello.

Décimo séptimo: Que en cuanto a las otras partidas cuestionadas y que fueron materia de impugnación por parte del SII y que luego fueron acogidas a través del RAV, y que darían sustento según alegó el apelante a contradicción con lo resuelto en la sentencia, en atención que se sustentarían en los mismos documentos, solo cabe decir a título meramente referencial (por no formar parte del reclamo ni ser reclamable), que las partidas acogidas no tienen que ver con la necesariedad del gasto sino que con depreciación y finiquitos pagados, hechos distintos a los cuestionados en la liquidación materia de la litis.

Por estas consideraciones , lo dispuesto en los artículos 123, 132, 141 y 143 del Código Tributario, SE REVOCA la sentencia apelada de veinticinco de marzo de dos mil catorce, escrita de fojas 317 a 340 vta dictada en causa RUC N° 13-9-0001645-4 Rol Interno N° GR-17-00058-2013 del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana., solo en cuanto se acogió parcialmente los gastos por dietas de los directores, los que se tienen por acreditados en su totalidad conforme a lo dicho en el motivo décimo segundo, con excepción de los de don hhhhhhhhh, como también en cuanto a los gastos por asesorías legales del estudio jurídico yyyyyyyyyyy., en los términos expresados en el motivo décimo tercero, y finalmente en cuanto a los gastos por asesoría de la sociedad zzzzzzzzzz, conforme lo dicho en el motivo décimo quinto, confirmándose en lo demás apelado, sin costas de la instancia.

Conforme a lo decidido practíquense las reliquidaciones pertinentes.

Redacción de la Ministro Interino señora Escanilla

Regístrese y devuélvase con su custodia.”

Jurisprudencia Casatoria de la Corte Suprema de Chile: Los gastos deben tener la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios y deben relacionarse directamente con el giro del contribuyente

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Mediante sentencia emitida el 18 de noviembre del 2013 por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile para resolver el recurso de Casación en relación al ROL 2359-2013 aborda una controversia en torno al Impuesto al Valor Agregado chileno (lo que en el Perú viene a ser el Impuesto General a las Ventas) cuestionándose el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.

Resulta indispensable tener en cuenta que la Corte Suprema chilena da cuenta en su considerando octavo lo siguiente:

“no se estableció como hecho de la causa que  los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado  de inevitables u obligatorios.”

Este criterio reiterado por la Corte Suprema Chilena refuerza nuestra posición en cuanto a que la interpretación con criterio amplio del principio de causalidad en el Perú debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada. 

Resulta relevante también destacar el considerando quinto de la sentencia chilena en cuanto indica:

“Que corresponde consignar que la sentencia (refieriéndose a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011) fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.”

Bajo dicho contexto se rechazó sobre el fondo el recurso de casación interpuesto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

“Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil trece.

Vistos:

            En estos autos rol Nº 2359-2013, la reclamante XXXXXXXXXXXXXXXXXXX interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011.

A fojas 218, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

            Primero: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia en primer término la infracción del artículo 31 N° 5 y 10 del Decreto Ley N° 824, en relación con el artículo 23 N°1 del Decreto Ley N° 825 y artículo 19 del Código Civil. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el contribuyente está autorizado para deducir del ingreso bruto todos los gastos necesarios para obtenerlo, entre los cuales se encuentran los que han sido objetados en estos autos, haciendo presente que tratándose de camionetas no está prohibida su adquisición y mantención.

Agrega que por su parte el N° 1 del artículo 23 del Decreto Ley N° 825 del año 1974 establece que procede el crédito de las facturas relacionadas con gastos de tipo general que digan relación con el giro o actividad del contribuyente, y en este caso los gastos objetados como no relacionados con el giro del contribuyente corresponden a estipendios normales y ordinarios que debe pagar mensualmente una empresa que presta servicios de seguridad.

Expone que el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en su número 5 regula los gastos por depreciación de los bienes del activo inmovilizado, los que en su caso han sido rechazados sin señalar el motivo, esto es, por ejemplo, si existió un exceso respecto de los años de vida útil asignados, por lo que el rechazo de las depreciaciones ha sido totalmente injustificado. En cuanto a los gastos de promoción en los centros invernales, que tiene por objeto hacer propaganda a los servicios prestados por la empresa, se rechazan igualmente no obstante que la ley en el N° 10 del artículo 31 los contempla especialmente, dando la posibilidad de considerarlos como activos transitorios o  gastos del  ejercicio.

En lo que respecta al artículo 19 del Código Civil, se sostienen que el error radica en la errada interpretación de los artículos 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en particular sus números 5 y 10 en relación con el artículo 23 N° 1 del Decreto Ley N° 825. Se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, pero no obstante lo explícito del texto de la Ley, se incurrió en ese error jurídico.

Como segundo error de derecho, denuncia una errada interpretación del artículo 21 del Código Tributario, en relación al artículo 19 del Código Civil, expresa que el inciso segundo del citado artículo establece que el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de los antecedentes presentados por los contribuyentes, a menos que estos documentos, libros y antecedentes no sean fidedignos, situación que no se verifica en el caso de autos, puesto que las facturas presentadas no han sido calificadas como no fidedignas, circunstancia que impide prescindir de los documentos presentados en el proceso por el contribuyente, por lo que se ha vulnerado las leyes reguladoras de la prueba pues se invierte el peso de la prueba.

Además, expresa que se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, lo que ocurrió en este caso, no obstante lo explícito del texto de la Ley.

En un tercer aparatado se acusa la errada interpretación que se ha efectuado del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, en relación con el artículo 19 del Código Civil, señala que las facturas se han cuestionado principalmente por situaciones de hecho no contempladas en esa norma, como el calificarlas de ideológicamente falsas o que no guardan relación con el giro del contribuyente, precepto que no se refiere a circunstancias fácticas para imputar irregularidad, pues tal calificación debe ser de carácter objetivo, esto es, basarse en deméritos o anomalías del documento mismo, y no en eventuales hechos u omisiones de sus emisores y menos por ser de empresas relacionadas.

En cuanto al error respecto del artículo 19 del Código Civil, radica en la errada interpretación del artículo 23 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en particular su números 5.

Finalmente como último error de derecho se imputa que los jueces de la instancia omiten aplicar el inciso cuarto del N° 5 del artículo 23 del D.L. Nº 825, tal contravención se produce porque la norma en comento señala que : “No obstante los dispuesto en los  incisos  segundo y tercero  no se  perderá el derecho al crédito fiscal, si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales   por el vendedor”. En su caso, todas las facturas de las denominadas empresas relacionadas  pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se acredita con las mismas y los antecedentes de estas empresas, situación no valorada por la sentencia recurrida.

Segundo: Que al explicar la forma cómo los errores de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo de la sentencia, el recurso señala que de aplicarse correctamente los preceptos precitados la decisión habría sido la contraria a la que se asentó, esto es, se habría acogido el reclamo tributario contra las liquidaciones impugnadas.

Tercero: Que es necesario consignar que las liquidaciones reclamadas son las números 169 a 202, de 26 de diciembre de 2011, por concepto de  Impuesto al Valor Agregado de los períodos de agosto de 2008 a diciembre de 2010, Impuesto de Primera Categoría de los años tributarios 2009, 2010 y 2011, y Reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2010.

Por otra parte, en el reclamo del contribuyente se asevera que las operaciones contenidas en las facturas fueron efectivamente realizadas, y se relacionan con el giro, por lo que no es procedente el rechazo del crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

Cuarto: Que el Servicio de Impuestos Internos en las liquidaciones reclamadas cuestiona al contribuyente el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.

Quinto: Que corresponde consignar que la sentencia fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.

De forma que los gastos por compras realizadas en supermercado destinados a la alimentación de sus trabajadores son gastos con fines ajenos a los de su industria o actividad. Así como los gastos en la compra de implementos para esquiar, televisión por cable, colegiaturas y útiles escolares, todos los cuales no se encuentran entre aquellos contenidos en el giro de la reclamante, de forma que no caben dentro de la hipótesis  establecida en el artículo 31 inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta. Respeto a los muebles para dormitorio, su adquisición tampoco puede ser calificada como necesaria para producir la renta.

Sexto: Que el fallo recurrido, en lo pertinente, luego de referirse a los artículos 23 Nº 4, 5 y 6 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, señala que atendido que las operaciones que contienen las facturas  emitidas por doña Beatriz Hernández González y que fueron cuestionadas por no ser fidedignas o irregulares, éstas carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar la efectividad de los costos y monto de los mismos.

En cuanto al uso de una camioneta por parte del dueño de la empresa para actividades publicitarias y de promoción, se aduce que no puede ser considerado como una gasto necesario para producir la renta, porque quedó demostrado que no desarrolla esas actividades dentro de su giro.

Séptimo: Que en cuanto al primer error de derecho que se denuncia por el recurso, éste se relaciona fundamentalmente con el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al rechazar la sentencia los gastos consignados en las facturas y que son el fundamento de las liquidaciones reclamadas por la sociedad.

El artículo 31 citado, en lo pertinente, dispone que la renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Octavo: Que en este entendimiento, para que la transgresión denunciada pueda prosperar, deben estar establecidas en el fallo aquellas circunstancias de hecho que doten a los desembolsos incurridos de la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios para generar los ingresos y que se relacionen directamente con el giro de la contribuyente, y por lo tanto, puedan considerarse dentro de las deducciones que contempla el artículo 31 de la ley para determinar la base imponible del impuesto, nada de lo cual acontece, como se indicó en el motivo tercero  precedente.

Consecuentemente, no puede imputársele al fallo recurrido haber transgredido el citado artículo 31, ni los demás preceptos que menciona el recurrente, pues no se estableció como hecho de la causa que  los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado  de inevitables u obligatorios.

Noveno: Que, en relación al quebrantamiento del artículo 21 del Código Tributario, el error de derecho se fundamenta, en síntesis, en que la sentencia no consideró la documentación presentada por el contribuyente y que en su opinión, acredita gastos necesarios para producir renta, sin embargo, esta alegación del recurrente olvida que dentro de los antecedentes que el Servicio de Impuesto Internos se encuentra obligado a considerar al liquidar o reliquidar un impuesto, de acuerdo al inciso 2° de esta norma, también se encuentra la contabilidad del contribuyente y sus propias declaraciones. En este contexto, no se divisa infracción de la disposición invocada, desde que la administración ha procedido a liquidar los impuestos reclamados, precisamente en base al mérito de la propia declaración del contribuyente y de su contabilidad, la que, como se dijo, hace plena fe en su contra y no puede ser corregida en la forma planteada por el recurrente.

Décimo: Que tanto el tercer como el cuarto capítulo del recurso de nulidad dicen relación con la errada interpretación que los sentenciadores habrían dado al artículo 23 N°5 inciso cuarto de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, ya que a su entender no se acreditó la falsedad de las facturas, sino que se señala que las operaciones consignadas en ellas eran ajenas al giro y porque todas las facturas de empresas relacionadas pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se habría acreditado en autos.

Al respecto, conviene señalar que el artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que los contribuyentes afectos al pago de este tributo tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario. En su numeral cinco, la citada norma dispone que no darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. En esta situación se encontraba la sociedad reclamante, puesto que las facturas cuyo crédito fiscal se utilizó por ella se estimaron material e ideológicamente falsas por los motivos indicados en las liquidaciones reclamadas. Frente a este escenario, para no perder el derecho a crédito fiscal, el pago de las referidas facturas debe hacerse dando cumplimiento a los requisitos mencionados en el artículo 23 Nº 5 del Decreto Ley Nº 825, esto es, haber pagado con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio y haber anotado por el librador al extender el cheque el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta, o acreditar que se enteró el impuesto en arcas fiscales, requisitos no satisfechos en este caso.

Por todo lo anterior, lo postulado por el recurso no se ajusta al mérito del proceso ni a los hechos que quedaron establecidos en él.

Undécimo: Que al no haberse producido las vulneraciones de ley denunciadas, tampoco se infringen las reglas de interpretación contenidas en el artículo 19 del Código Civil, sin perjuicio de que el recurrente no explica -como es dable exigir en un recurso de derecho estricto como la casación-, de qué manera precisa y concreta se habría producido la infracción de esta norma, limitándose a señalar que se ha desatendido el tenor literal de dicho precepto, lo que desde luego no revela yerro jurídico alguno, falencia que, sumada a los razonamientos contenidos en los motivos precedentes permite determinar el rechazo del presente medio de impugnación.

Como consecuencia de lo razonado, el recurso en estudio no puede prosperar y debe ser desestimado.

Y  de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 767, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 194 por XXXXXXXXXXXXXXXX en contra de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil trece, escrita a fojas 180 y siguientes.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados”.

CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – 18.11.2013 – ROL 2359-2013 – MINISTRO SR. MILTON JUICA A., HUGO DOLMESTCH U.- MINISTRO SR. CARLOS KÜNSEMÜLLER L.- MINISTRO SR. HAROLDO BRITO C.- MINISTRO SR. LAMBERTO CISTERNAS R.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Jurisprudencia Tributaria Chilena 2013: No son gastos necesarios para producir la renta las remuneraciones pagadas a trabajadores, cuando en un período tributario determinado no se desarrolla el giro empresarial

Alan Emilio en las Musas, Chiclayo 2014

Mediante Sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia (República de Chile), de fecha 10 de mayo del 2013, ROL N° 2-2013, se resuelve una controversia en torno a la deducibilidad de los desembolsos corrientes incurridos por un ente empresarial, en virtud a lo cual el tribunal chileno estimó evaluar si dichos desembolsos tienen el carácter de inevitables o forzosos.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Valdivia que había rechazado el recurso del contribuyente en contra de una liquidación emitida por el Servicio de Impuestos Internos (lo que viene a ser SUNAT Chile).

El contribuyente en su escrito de apelación argumentó que los gastos eran necesarios para producir la renta y que se acompañaron documentos suficientes para acreditarlo y alegaron que la sentencia no respetó lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta chileno, porque interpretó y utilizó criterios que no correspondían por no estar establecidos en la ley chilena.

La Corte de Apelaciones consideró que en el presente caso ocurría que el contribuyente había fallecido y no obtuvo ingresos por su giro o actividad, por tal sentido los gastos en remuneraciones no resultaban necesarios para producir la renta, pues no tenían el carácter de inevitables o forzosos como exigía la norma, ya que los trabajadores fueron contratados para el desarrollo del giro transporte de carga terrestre, el que no tuvo lugar, de forma tal que dichos gastos no tenían su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Valdivia, diez de Mayo de dos mil trece.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, en sus considerando y citas legales.

Y TENIENDO ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, el abogado don Carlos Herrera Tardón, en representación de la reclamante, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos antecedentes por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos, de fecha 16 de enero de 2013, escrita de foja 564 a 591, que rechazó el reclamo deducido por su parte en contra de la liquidación de impuestos Nº 43, de 3 de Mayo de 2012. Reproduce en primer lugar, aquellos considerandos de la sentencia recurrida, que fundamentan la conclusión del sentenciador en orden a estimar que los gastos en que incurrió el contribuyente no fueron necesarios para producir la renta y que motivaron la decisión de no hacer lugar al reclamo deducido por su parte.

Sostiene que la causa y objeto de pedir contenidos en el reclamo entablado en contra de la liquidación Nº 43, dicen relación con los gastos en remuneraciones en los que incurrió el contribuyente durante el año 2010, los que estima fueron necesarios para producir la renta. Al respecto, refiere que la sentencia incurrió en errores de trascendencia jurídica al dar por establecido, por un lado, el hecho que los gastos incurridos en remuneraciones y otros, no fueron necesarios para producir la renta, en circunstancias, que sí lo fueron; y, por otra parte, que, el contribuyente no habría aportado prueba enderezada para acreditar tal exigencia legal, en circunstancias que el contribuyente sí aportó y produjo prueba documental, dada por la contabilidad de acuerdo al artículo 21 de la Ley de La Renta, y testimonial necesaria para dar por suficientemente probado el hecho. Continua, señalando que el contribuyente don XXXX (Q.E.P.D.), siempre mantuvo su hoja de vida tributaria sin mácula, en más de 20 años que ejerció la actividad de empresario. Agrega, en tal sentido, que no solo dio fiel cumplimiento a las normas legales que regulan la materia en debate, sino que además, y dentro del giro de su negocio, hizo esfuerzos sobrehumanos para poder mantener con actividad ocupacional a sus trabajadores, por todo el periodo que duró su enfermedad –cáncer- que terminó con su fallecimiento el 29 de Octubre de 2010.

Refiere que posteriormente, el día 3 de Mazo de 2012, su parte fue notificada de la liquidación Nº 43, que rechazó como gastos necesarios para producir la renta, las remuneraciones y otras prestaciones laborales de sus trabajadores, correspondientes al periodo comercial 2010 (Enero a Diciembre), liquidándose un total de $18.663.950, precisando que el Servicio de Impuestos Internos argumentó “Que, según el Balance General para el año tributario 2011 Folio 14004, se contabiliza un gasto por $67.011.564 y que de acuerdo a lo anteriormente detallado se desprende de la documentación aportada como respaldo de la cuenta “Remuneración”, código 4.01.01.001, que solo la remuneración del trabajador XXXXX RUT: xxxxxxxxx-xx, está justificada, al cumplir este labores de administración y que los gastos pagados al resto de los trabajadores no son necesarios para producir la renta, ya que las funciones que desempeñan los trabajadores se encuentran relacionadas con el giro de transportes de carga por carretera, el que no ha generado ningún ingreso durante el año comercial 2010 (año tributario 2011), por lo que las remuneraciones detalladas en el siguiente cuadro corresponde a un gasto rechazado del año comercial 2010”.

En cuanto a los fundamentos que permiten justificar la necesidad de dichos gastos, indica que don XXXX, durante el año 2010, fue contribuyente de Primera Categoría de la Ley de Renta y sus giros registrados en el Servicio de Impuestos Internos fueron de Transporte de Carga por Carretera y Agrícola. Manifiesta que en la medida que su tratamiento lo permitía, siguió ejerciendo la actividad empresarial y dirigiendo a sus trabajadores, todos antiguos, con un promedio laboral de 15 años, leales y capacitados, multifacéticos y eficientes, pudiendo pese a todo, sacar adelante su empresa durante el año 2009. A comienzos del año 2010, su salud se agravó, ante lo cual fue poco a poco alejándose de sus negocios, en atención a lo cual no se generaron ingresos. En razón de ello, instruyó a sus trabajadores para que, durante el año 2010, trabajasen en actividades propias del giro del negocio, que permitieran la mantención operativa de las máquinas, los camiones y remolques, así como labores de limpieza en el predio agrícola, control de malezas y preparación de la tierra, para poder explotarlo, y, como alternativa, para poder instalar allí, los talleres de los equipos de rodado. En el mismo sentido, libró órdenes para mantener flujos de caja que permitieren financiar los egresos del periodo 2010, por todo lo cual estima que todos los gastos en que el contribuyente incurrió en pago de remuneraciones, leyes sociales y otros, fueron inherentes y vinculados al ejercicio propio del negocio y, por lo tanto, los gastos fueron absolutamente necesarios para producir la renta, basándose, además, en los principios contables generalmente aceptados.

Añade que la sentencia sobrepasó el texto positivo contenido en el artículo 31 de la Ley de la Renta, forzando la situación a otros estadios, por cuanto interpretó y utilizó criterios que no correspondían, por no estar ellos prescritos en las normas de la Ley de la Renta. Así, señala que rechazó el gasto en remuneración lisa y llanamente porque el contribuyente en el periodo revisado no declaró rentas, además, por cuanto el cliente no tuvo una relación ingreso versus ventas y, por último, porque no desarrolló su giro, requisitos que no contempla la norma positiva. Por el contrario, argumenta que el contribuyente se ajustó estrictamente al artículo 31 de la Ley de la Renta.

Luego, hace una reseña en su presentación de la prueba documental acompañada en la instancia en apoyo de su reclamación, entre los cuales se encuentran los contratos de trabajo de todos los trabajadores, todos los cuales precisa provienen de años anteriores, haciendo presente que las remuneraciones nunca fueron rechazadas en los periodos anteriores.

En suma, concluye que el gasto en remuneraciones, siempre se encontró debidamente acreditado y justificado de acuerdo a los libros contables y todos los documentos que se acompañaron a su reclamo, tales como contratos, liquidaciones de sueldo, planillas de retenciones impositivas, registro oportunos en los libros de contabilidad, lo que fue corroborado con las declaraciones de los testigos que depusieron en juicio y, que no hacen más que confirmar que los gastos en que incurrió el contribuyente fueron necesarios para producir la renta.

Expresa, además, que en la especie se trata de un contribuyente de primera categoría, que debe tributar en base a renta efectiva y contabilidad completa, la que fue exhibida conforme al artículo 21 del Código Tributario, la que hace plena prueba de las partidas que allí se contienen.

Continúa, con un análisis de los fundamentos del fallo apelado, reproduciendo parcialmente varios de sus motivos, detallando latamente en cada punto, las razones por las cuales considera que los fundamentos esgrimidos por el Tribunal son errados, exponiendo en síntesis, que el criterio abordado en la sentencia es errado, por cuanto, se pregunta ¿De dónde obtuvo el sentenciador el fundamento para afirmar que “no desarrollo su giro”?, ya que todas las actividades que se desarrollaron, y que se coligen de las pruebas producidas, fueron actividades vinculadas estricta y derechamente con el giro del negocio de la empresa.

En relación a la prueba testimonial, indica que los considerandos septuagésimo cuarto y septuagésimo quinto, no admiten mayor análisis, al declarar la sentencia que la realización de las actividades de trabajo y labores ejecutadas por los trabajadores no fueron acreditadas en juicio, y que los dichos de dos trabajadores en la testimonial, Juan Briceño y Juan González, resultan generales, imprecisos y poco creíbles, ya que estos declararon solo sobre hechos que estaban y cayeron bajo la esfera de su conocimiento.

Solicita, se revoque la sentencia apelada y se deje sin efecto la liquidación Nº 43, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por las partes y del análisis atento de la sentencia en alzada, se desprende que el objeto de la presente discusión, se centra en determinar si los gastos en remuneraciones y otros relativos a los trabajadores del contribuyente XXXX, correspondientes al año comercial 2010, pueden ser calificados como necesarios para producir la renta, en los términos exigidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que, por una parte, el contribuyente argumenta que dichos gastos fueron efectiva y materialmente pagados a cada trabajador, lo que se acreditó con la contabilidad fidedigna aportada tanto en la instancia administrativa como judicial, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario, la que en su concepto hace plena prueba respecto de la efectividad de los mismos. Argumenta, además, que el Tribunal, se excedió en los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta exige para considerar un determinado gasto como necesario para producir la renta, ya que dichos gastos fueron finalmente rechazados atendido a que el contribuyente no realizó operaciones de su giro, requisito que la disposición legal en comento no requiere para que sean aceptados. Finalmente, cuestiona la valoración de la prueba realizada por el sentenciador del grado, en atención a que los testigos dieron cuenta de trabajaos efectivamente realizados durante el año 2010, y, que sus declaraciones no fueron vagas e imprecisas, ya que se ajustaron al mérito de lo que estrictamente conocían y sabían.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, argumenta que tales gastos no fueron necesarios para producir la renta, pues, por una parte, la empresa no realizó operaciones del giro durante el año 2010, y, además, atendido a que los trabajadores no realizaron trabajos relativos al transporte de carga terrestre para el cual fueron contratados, criterio que fue el que finalmente adoptó el Juez a quo para desestimar el reclamo, según se lee de los considerandos septuagésimo primero a octogésimo segundo del fallo apelado.

TERCERO: Que, conviene en primer término          tener en consideración las disposiciones legales aplicables a la controversia de autos.

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de la Renta establece en su parte pertinente lo siguiente:

“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten y justifiquen fehacientemente ante el Servicio”.

Por su parte, el artículo 21 del Código Tributario, dispone:

“Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero”.

CUARTO: Que, de la lectura atenta de las disposiciones legales transcritas, se desprende, en primer lugar, que el legislador requiere para aceptar un gasto los siguientes requisitos copulativos: 1) Que el gasto se relacione directamente con la actividad; 2) Que tenga la calidad de necesario para producir la renta; 3) Que no haya sido rebajado previamente; 4) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado en el ejercicio y 5) que se acredite o justifique fehacientemente ante el Servicio, requisitos que el propio contribuyente reconoce, atendido el mérito del fallo de esta Corte invocado en su recurso, pronunciado en los autos Rol Nº 591-2005. En segundo lugar, se colige, además, que la carga probatoria corresponde al contribuyente, de conformidad al citado artículo 21 del Código Tributario, en orden a acreditar la efectividad de los desembolsos que se pretenden impetrar como gasto en el ejercicio respectivo.

QUINTO: Que, en el caso en estudio, no se ha cuestionado la efectividad material de los gastos en remuneraciones realizada por parte del contribuyente en el año comercial 2010, vale decir, el hecho que fueron efectivamente irrogados por parte del actor, pues ello se acreditó con los documentos acompañados a la instancia, consistentes en contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo y los respectivos registros contables, de los cuales el Servicio por cierto no puede prescindir, pues no formuló en la liquidación reclamada un juicio de fidelidad de dichos asientos, sino que solo cuestionó la idoneidad de dichos desembolsos para ser considerados necesarios para producir la renta.

Del mismo modo, tampoco ha existido controversia respecto del hecho que el causante tenía la calidad de contribuyente de Primera Categoría y Global Complementario, ni de la circunstancia de que durante el año 2010 aquel no tuvo ingresos del giro, hecho que por lo demás quedó expresamente consignado en los motivos cuadragésimo sexto y cuadragésimo noveno de la sentencia en alzada.

SEXTO: Que, como lo ha resuelto nuestra Excma. Corte Suprema, en sentencia pronunciada en los autos Rol Nº6380-2009, en relación a la correcta inteligencia del artículo 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, “…si bien el concepto de gasto necesario no ha sido definido por la Ley de la Renta, de la lectura de la norma transcrita es dable concluir que éste sin duda se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Esta última característica se desprende de la significación gramatical del vocablo “necesarios”, esto es aquellos desembolsos en que precisa, forzosa e inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar”.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, no habiendo sido discutido por las partes el hecho que durante el año 2010, el contribuyente no obtuvo ingresos por transporte de carga terrestre, que era su giro o actividad, claramente los gastos en remuneraciones y otros relacionados que pretende impetrar, no resultaban en ningún caso inevitables o forzosos como exige la norma en análisis, desde que los trabajadores del reclamante fueron contratados precisamente para el desarrollo de dicho giro.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el juez del grado no impuso al reclamante una exigencia adicional para rechazar los gastos como aduce el actor en su recurso, sino que muy por el contrario, se ajustó estrictamente a los requisitos que el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta impone para considerar un gasto como necesario para producir la renta, lo que en el caso en estudio, no aconteció, dado que no tenían el carácter de inevitables o forzosos, atendida la falta de operación del reclamante en el año comercial respectivo.

NOVENO: Que, sobre este punto, es dable precisar que el artículo 2º Nº 1 de la Ley de Impuesto a la Renta define el concepto de “renta” como “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad…”, de lo que se colige claramente que la renta debe emanar de una actividad, es decir, de un conjunto de acciones positivas para generarla, lo que en la especie, se contrapone evidentemente a la inactividad y nula operación que el contribuyente mantuvo durante el año comercial 2010, por lo que mal puede considerarse que las remuneraciones pagadas a sus trabajadores eran necesarias para producir la renta, como bien lo establece el juez de la instancia en el motivo septuagésimo primero del fallo en alzada. Por lo demás, la erogación de dichos gastos conducen a la generación de una pérdida tributaria en el ejercicio respectivo, que no tiene su origen en operaciones del giro, sino en el desembolso deliberado de gastos absolutamente evitables a la luz de la situación de inactividad de la empresa durante ese año.

DÉCIMO: Que, en nada altera lo razonado en los motivos precedentes, la prueba documental y testimonial rendida por el reclamante, ya que como lo establece el juez en el considerando septuagésimo tercero de la sentencia en alzada, las funciones para las cuales estaban contratados los trabajadores no se ejecutaron durante el periodo, criterio que esta Corte comparte plenamente, atendido a que como ha razonado en los motivos precedentes, el contribuyente no desarrolló operaciones del giro para el cual fueron contratados.

DÉCIMO PRIMERO: Que, atento lo anterior, no habiendo podido desvirtuar el contribuyente los fundamentos de la liquidación Nº 43 formulada por el Servicio de Impuestos Internos, el recurso de apelación interpuesto será rechazado.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 21 y 161 del Código Tributario; y artículos 2 Nº 1 y 31 de la Ley de Impuesto a La Renta, se CONFIRMA la sentencia definitiva apelada de fecha dieciséis de Enero de dos mil trece, escrita de fojas 564 a 591, sin costas del recurso por estimar que el contribuyente tuvo motivo plausible para alzarse.

Redacción del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras.

Regístrese y devuélvase.”

Moraleja: La interpretación con criterio amplio del principio de causalidad debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Corte Suprema Chilena da cuenta que los desembolsos necesarios deben de tener el carácter de inevitables y obligatorios

Alan Emilio en Huamanga Ayacucho 2014

Mediante sentencia emitida el 12 de abril del 2013 por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile en relación al ROL 9606-2011, aborda la controversia entre el Servicio de Impuestos Internos de Chile SII (lo que viene a ser SUNAT en Chile) y una entidad empresarial cuyo giro es la crianza y venta de caballos finos, en relación a la deducción como gasto corriente en los periodos 2005, 2006 y 2007 de erogaciones vinculadas a la participación de dicho ente en rodeos y pagos de bonos y premios a los jinetes, para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta chileno.

El contribuyente chileno justificó que la actividad del rodeo guarda relación a su negocio puesto que sus caballos son criados y adquiridos para ser utilizados en esa actividad, aportando una gran cantidad de documentos y antecedentes contables que según el contribuyente evidencian el incremento de las ventas de caballos y demás productos, así como el valor promedio de los animales. También proporcionó numerosos artículos de prensa escrita donde se destaca la participación en rodeos de sus caballos, a lo cual atribuyó el carácter de una forma fundamental de publicidad. Respecto de los pagos de bonos y premios a los jinetes el contribuyente manifiesta que esto se encuentra estipulado en sus respectivos contratos de trabajo y anexos, así como también el listado de campeones de Chile donde aparecen con figuración nacional los jinetes de la entidad, atribuyendo que forma parte de sus remuneraciones. Por tal sentido el contribuyente considera que debe aceptarse la deducción como gasto corriente de estas erogaciones.

La Corte Suprema Chilena en su considerando décimo evalúa el contenido de la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 30 de agosto del 2011 (segunda instancia), la cual a su turno confirmó la resolución de primera instancia, y estableció:

“si bien se acompañó una hoja de detalle de las ventas, no se acompañaron las facturas correspondientes ni se conocen las razones de las ventas, ni si se efectuaron después de un rodeo o que los compradores fueran influidos por algún medio de publicidad. Añade el fallo que los compradores no concurrieron a estrados a exponer que el factor que los motivó a efectuar la adquisición de caballos fue la destacada participación de ellos en algún rodeo, además de sus cualidades propias o por el prestigio con que cuenta en el mercado el criadero de propiedad de la reclamante. No se acreditó que el rodeo por sí solo sea un medio de publicidad determinante en la decisión de un comprador, por cuanto sólo se trata de un deporte al cual acude público de distinta naturaleza a presenciarlo y, por tanto, no tiene relación con el giro agrícola de la contribuyente“.

La Corte Suprema chilena en el segundo párrafo de su considerando duodécimo (decimo segundo) estableció que: “es dable concluir que éste sin duda (respecto al concepto de gasto necesario) se refiere a aquellos gastos que se relacionan directamente con el ejercicio o giro de la sociedad, que sean necesarios para producir la renta y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios. Se trata de desembolsos en que forzosamente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar..” Añade la Corte Suprema chilena que la sentencia de segunda instancia no consigna que los gastos en que incurrió el contribuyente reúnan estas condiciones pues no existen antecedentes acerca de su necesidad ni la incidencia que la participación en la actividad del rodeo tuvo en la venta de caballos.

Finalmente en su decimo cuarto considerando, la Corte Suprema chilena indica que respecto de los pagos a los trabajadores, las remuneraciones se aceptan como gastos siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 31 de la Ley de la Renta chilena, condiciones que la sentencia de segunda instancia no estableció como hecho probado.

Bajo este contexto desarrollado por la jurisprudencia tributaria internacional resulta totalmente absurdo sostener que como el criterio de causalidad se debe interpretar con sentido amplio, cabría la deducción como gasto corriente de un pago por concepto de daño emergente por la suma de S/.10´000,000 a favor de una empresa cuando el perjuicio lo haya ocasionado la entidad que se obliga a efectuar este pago (por ejemplo al haber perjudicado a la entidad receptora de la indemnización por haberle proporcionado certificaciones falsificadas), puesto que tal como establece la jurisprudencia y doctrina estadounidense “una persona no se puede beneficiar del daño causado por uno mismo, y que ello sea avalado por un Tribunal de Justicia” que recientemente ha sido considerada por la Corte Suprema de Justicia del Perú al emitir la sentencia que resuelve la acción de amparo interpuesta por los familiares de las víctimas del incendio en la discoteca Utopía, de fecha 12 de julio del 2013, en el P.A. 1237-2013 Lima.

El carácter de “inevitable y obligatorio respecto a los desembolsos corrientes u erogaciones”, es un lineamiento también seguido por el Consejo de Estado Colombiano y por la Audiencia Nacional de España, motivo por lo cual saludamos el contenido jurisprudencial establecido en Chile, siendo relevante de ser tomado en cuenta por las diferentes entidades empresariales en nuestro país, puesto que tenemos conocimiento que muchas personas vienen pregonando a muchos incautos que cualquier cosa pasa como gasto corriente bajo una falsa y elusora percepción de que el principio de causalidad implica que la deducciòn es “automàtica”, “desmedida” y “sin control”.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable