Comentarios al Régimen de Retenciones del IGV aplicable a partir del 01 de marzo del 2014

Alan Emilio en Huaraz 2014

Alan Emilio en Huaraz 2014

Claramente la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia 033-2014-SUNAT da cuenta que todas las operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria se genera a partir del 01 de marzo del 2014 deberán de dejar de aplicar la alícuota del 6%, y en cambio aplicar la alícuota del 3%. Es entonces desde esta disposición normativa que debe efectuarse el análisis de los diferentes escenarios que se ocurrirán en estas semanas y las siguientes en torno al Régimen de Retenciones del IGV, y no iniciarse el análisis desde lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N° 037-2002-SUNAT, ya que de lo contrario las conclusiones que se puedan arribar devendrán en erradas y consecuentemente generarán infracciones tributarias.

Por tal sentido, desde lo dispuesto por Única Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia 033-2014-SUNAT se debe identificar que el artículo 4 de la Ley del Impuesto General a las Ventas establece que el nacimiento de la obligación tributaria se genera en el caso de la venta de bienes muebles en la fecha en que se emita el comprobante o en la fecha en que se entregue el bien lo que ocurra primero.

Por ello resulta trascendente conocer que es lo que ocurrió primero. Si el comprobante de pago se emitió en febrero automáticamente la obligación ya se generó en el escenario de la alícuota del 6%, motivo por lo cual así se cancele en marzo 2014, abril 2014 , mayo 2014 o mes posterior, deberá aplicarse la alícuota del 6%.

Por ejemplo asumamos que el 24 de febrero del 2014  el proveedor Manchester Lima SAC emite una factura por S/.10,000 más IGV (total S/.11,800) al adquiriente Chelsea Callao SRL (agente de retención del IGV desde el 2010). Ambas partes acuerdan pagar este importe de la siguiente forma:

–         El 24 de febrero 2014 se paga el importe de S/.1,180.

–         El 28 de febrero 2014 se paga el importe de S/.3,540.

–         El 07 de marzo 2014 se paga el importe de S/.4,720.

–         El 10 de marzo 2014 se paga el importe de S/.2,360.

El detalle es que como la factura se emitió el 24 de febrero (antes del 01 de marzo 2014) la obligación tributaria se generó con la alícuota del 6% motivo por lo cual en todos los pagos se deberá aplicar la alícuota del 6%:

–         El 24 de febrero 2014 se paga el importe de S/.1,180. Se debe retener el 6%, es decir,  S/.70.80

–         El 28 de febrero 2014 se paga el importe de S/.3,540. Se debe retener el 6%, es decir, S/.212.40

–         El 07 de marzo 2014 se paga el importe de S/.4,720. Se debe retener el 6%, es decir, S/.283.20

–         El 10 de marzo 2014 se paga el importe de S/.2,360. Se debe retener el 6%, es decir, S/.141.60

Si bien el régimen de retenciones del IGV se aplica en función al pago, con prescindencia del nacimiento de la obligación tributaria, no debe caerse en el error de aplicar la alícuota del 3% para los pagos que se efectúen en el ejemplo el 07 y 10 de marzo 2014, puesto que si la factura por el total (S/.11,800) se emitió en febrero 2014 la totalidad del importe de la operación se encuentra comprendido dentro de la legislación aplicable en febrero siendo de aplicación la alícuota del 6%, tal como lo establece la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia 033-2014-SUNAT.  

Bajo dicho contexto depende de qué ocurre primero:

  1. Si lo primero que ocurre es la emisión de la factura. Dependerá de cuando se emite la factura:

–         Si se emite la factura en febrero (hasta el 28 de febrero a las 11:59 pm) todos los pagos posteriores (parciales o total) se aplicará la alícuota del 6%.

–         Si se emite la factura desde el 01 de marzo 2014, todos los pagos parciales desde esta fecha deben de afectarse a la nueva alícuota del 3%.

  1. Si lo primero que ocurre es el pago.

–         Si el pago total se produjo hasta el 28 de febrero a las 11:59 pm se les aplica la alícuota del 6%, independientemente que por ejemplo la factura se emita con retraso, tal como sería el caso que la factura se emita recién el 23 de abril del 2014. Ojo si la factura se emite con retraso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del IGV (en concordancia con el artículo 3 del Reglamento del IGV) la obligación tributaria ya se originó con lo que ocurrió primero que fue el pago total.

–         Si se producen pagos parciales (anticipo, arras, adelanto, o concepto similar) hasta el 28 de febrero a las 11:59 pm, se le aplicará la alícuota del 6% sobre dichos pagos parciales. Resulta relevante en este caso considerar lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 3 del Reglamento de la Ley del IGV en cuanto dispone:

3. Nacimiento de la obligación en caso de pagos parciales En la venta de bienes muebles, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo, dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, por el monto percibido. En este caso, no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, la entrega de dinero en calidad de arras de retractación, antes que exista la obligación de entregar o transferir la propiedad del bien, siempre que éstas no superen en conjunto el quince por ciento (15%) del valor total de venta. En caso de superar dicho porcentaje, se producirá el nacimiento de la obligación tributaria por el importe total entregado. Por tal sentido, en el caso de los pagos parciales que se produjeron hasta el 28 de febrero a las 11:59 pm la obligación tributaria se generó hasta dicho importe percibido siendo aplicables a dichos pagos parciales la alícuota del 6%. Los restantes pagos parciales que se efectúen desde el 01 de marzo del 2014, al generarse la obligación tributaria “por el monto percibido” implicaría que se aplique la alícuota del 3% de retención respecto de dichos pagos parciales.

Ojo cabe resaltar que este escenario involucra siempre que la factura se emita después del pago. Por ejemplo: Manchester Huacho SRL le efectúa pagos parciales de S/.2,000 + IGV y de S/.4,000 + IGV en febrero 2014 al proveedor Chelsea Huaraz SAA, el cual emitirá las facturas por cada pago parcial el  04 y 06 de marzo del 2014. En abril y mayo 2014 se efectuarán pagos parciales y sus respectivas facturas se emitirán a fines de cada mes:

  • Primer pago parcial el 25 de febrero 2014 (S/.2,360), la factura se emitió el 04 de marzo 2014. La retención aplicable es 6%.
  • Segundo pago parcial el 27 de febrero 2014 (S/.4,720), la factura se emitió el 06 de marzo 2014. La retención aplicable es 6%.
  • Tercer pago parcial se produce el 01 de abril 2014 (S/.7,080), la factura se emitirá el 30 de abril 2014, en dicho escenario la retención aplicable sobre este tercer pago parcial será del 3%.
  • Cuarto pago parcial se produce el 08 de mayo 2014 (S/.9,440), la factura se emitirá el 31 de mayo 2014, en dicho escenario la retención aplicable sobre este cuarto pago parcial será del 3%.

En este último caso, también puede ocurrir que se produzcan los cuatro pagos parciales (adelantos, arras, anticipos, amortizaciones, saldos, avances o conceptos similares) y que la factura recién se emita al final por el total:

#. Primer pago parcial el 25 de febrero 2014 (S/.2,360). La retención aplicable es 6%.

#. Segundo pago parcial el 27 de febrero 2014 (S/.4,720). La retención aplicable es 6%.

#. Tercer pago parcial se produce el 01 de abril 2014 (S/.7,080). La retención aplicable sobre este tercer pago parcial será del 3%.

#. Cuarto pago parcial se produce el 08 de mayo 2014 (S/.9,440), y se entrega en dicha fecha la factura por el total S/.20,000 + IGV (S/.23,600). Este cuarto pago parcial también se afectará a la retención del 3%.

Como puede apreciarse son diferentes escenarios que involucran siempre identificar “¿qué ocurrió primero, la emisión de la factura o el pago?”. La respuesta dependerá de cada escenario particular tal como se detalla.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor en materia tributario-contable a nivel nacional

Curso en Lima 15 de marzo 2014 sobre Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, mayores detalles en: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2014/02/21/curso-en-lima-15-de-marzo-2014-declaracion-jurada-anual-impuesto-a-la-renta-2013/

Corte Suprema de Justicia indica que se encuentra justificado despido al no haber tomado previsiones que eviten inconsistencias en la información contable tributaria

Alan Emilio en Huaraz 2014

Alan Emilio en Huaraz 2014

Mediante Sentencia en Casación Laboral N° 9483-2012 Cusco, de fecha 30 de septiembre del 2013, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve una controversia de tipo laboral en torno a la pretensión de una trabajadora que habría sufrido el despido de su centro de labores. Para tal efecto la Corte Suprema indica que si bien la principal obligación de los trabajadores en el marco de una relación laboral, se circunscribe a la prestación personal del servicio, en la normatividad laboral se establecen exigencias mínimas que dicha prestación de servicio debe satisfacer, a efectos de un desenvolvimiento regular del vínculo laboral, resaltando la exigencia de los deberes de diligencia, de buena fe y de obediencia.

Para tal efecto la Corte Suprema indica que el deber de obediencia se encuentra contenido en el literal a) del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, en donde se establece que constituye falta grave la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad.

En relación al deber de diligencia, este se encuentra en los literales b) y c) del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, donde se prevé la posibilidad que el empleador sancione la disminución  deliberada y reiterada del rendimiento de los trabajadores, así como la utilización indebida de los bienes del empleador.

En cuanto al deber de buena fe, éste deber adquiere mayor relevancia en la ejecución del contrato de trabajo al tratarse de una relación jurídica personal y de duración continuada que exige tanto del empleador como del trabajador un comportamiento adecuado para el cumplimiento de los deberes que cada uno posee. Se impone entonces la observancia del adecuado esfuerzo volitivo y técnico para realizar el interés del acreedor del trabajador, así como para no lesionar derechos ajenos.

Bajo dicho contexto, sobre todo en observancia al deber esencial de buena fe en el desarrollo de la relación de trabajo, la Corte Suprema indica que atendiendo al tiempo de servicios en la empresa (ocho años) y la naturaleza del cargo (encargada de tienda) que ejercía la trabajadora al momento de incurrir  en la actuación imputada como negligente en el control de las operaciones realizadas por sus vendedores, la sanción interpuesta por el empleador (despido) se encuentra justificada y resulta razonable, toda vez que en el cumplimiento de su deber como encargada de tienda la trabajadora debió tomar las previsiones necesarias a fin de evitar inconsistencias en la información contable-tributaria referida a las existencias de la empresa y los comprobantes de pago que se emitían con ocasión de su venta, así como el registro de toda disposición dineraria de la recaudación generada por las operaciones mercantiles de la empresa.

Por estas consideraciones la Corte Suprema declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la trabajadora demandante, y en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco, en los seguidos por la trabajadora demandante contra la empresa Rico Pollo SAC sobre indemnización por despido arbitrario.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario-contable

Resolución 0241-2014/SPC-INDECOPI sanciona a clínica veterinaria y desarrolla aspectos importantes en torno a la carga de la prueba

Alan Emilio en el Cusco

Alan Emilio en el Cusco

Mediante Resolución 0241-2014/SPC-INDECOPI, de fecha 27 de enero del 2014, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI confirma la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia presentada por la señora Sonia Góngora Meza contra Doggy Clínica Veterinaria S.R.L. por infracción del artículo 19º de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no realizó una adecuada intervención quirúrgica en la mascota de la denunciante, al haber dejado un cuerpo extraño en su interior y no haber tomado las acciones pertinentes para atender las complicaciones que presentó días posteriores a la operación, ocasionando la muerte de la mascota.

Tal como analiza el Tribunal, el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.

Desarrolla el Tribunal que el referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.

De los medios probatorios el Tribunal concluye que:

(i) El 12 de julio de 2012, la mascota de la señora Góngora ingresó a la clínica veterinaria en buen estado de salud siendo sometida a una intervención quirúrgica (histerectomía);

(ii) el 20 de julio de 2012, el can atravesó por un cuadro de gastritis presentando síntomas de vómitos oscuros;

(iii) el 22 de julio de 2012, presentó una úlcera corneal siendo los síntomas vómitos oscuros y secreción purulenta en ambos ojos;

(iv) el 25 de julio de 2012, la mascota fue internada en la Clínica Veterinaria “Lazzy” donde se advirtieron los siguientes síntomas: Anemia Excesiva, vómito negro, heces negras y bazo infartado;

(v) la mascota falleció ese día siendo la causa de la muerte “Infección Abdominal por cuerpo extraño (peritonitis)”.

En el párrafo 26 de la Resolución el Tribunal de INDECOPI indica que la carga probatoria de demostrar que el defecto presentado no es de su responsabilidad corresponde al proveedor; no obstante, en el caso en particular, el proveedor no ha desvirtuado cómo es que a los pocos días de haberse realizado la intervención el can presentó síntomas de mal estado de salud, lo cual finalmente desencadenó su fallecimiento por una causa que no fue identificada a tiempo por Doggy. En tal sentido, no resulta necesaria la actuación de una pericia pues de los medios probatorios que obran en el expediente ha quedado acreditado el defecto siendo que la denunciada no ha desvirtuado su responsabilidad respecto del mismo.

Cabe destacar que el Tribunal desvirtúa el alegato de Doggy Clínica Veterinaria S.R.L en torno a que resultaba sospechoso que la señora Góngora haya presentado la denuncia dos meses y ocho días después de la muerte del animal, debido a que tal hecho no enerva la infracción detectada en virtud del análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente.

Por tal sentido el Tribunal de Indecopi resuelve:

PRIMERO: Confirmar la Resolución 078-2013/INDECOPI-CUS del 26 de marzo de 2013, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por la señora Sonia Góngora Meza en contra de Doggy Clínica Veterinaria S.R.L., por infracción del artículo 19º de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditada la falta de idoneidad en el tratamiento veterinario brindado a la mascota de la denunciante.

SEGUNDO: Confirmar la Resolución 078-2013/INDECOPI-CUS en el extremo que ordenó a Doggy Clínica Veterinaria S.R.L., en calidad de medida correctiva que, en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente, cumpla con devolver a la denunciante la suma de S/. 195,00 correspondiente al tratamiento de su mascota, además del monto equivalente o proporcional a la atención post operatoria del can denominado “Yana”, de acuerdo al precio que la denunciada oferta dicho servicio en el mercado.

TERCERO: Confirmar la Resolución 078-2013/INDECOPI-CUS en el extremo que sancionó a Doggy Clínica Veterinaria S.R.L. con 3 UIT, por la falta de idoneidad en el tratamiento veterinario brindado a la mascota de la denunciante.

CUARTO: Confirmar la Resolución 078-2013/INDECOPI-CUS en el extremo que condenó a Doggy Clínica Veterinaria S.R.L. a asumir el pago de las costas y costos derivados del procedimiento.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

RTF 15068-4-2013 Empresas deben acreditar la propiedad de los intangibles y si su duración es limitada o ilimitada, no siendo suficiente citar alegremente el principio de causalidad

Alan Emilio en Pucallpa 2014

Alan Emilio en Pucallpa 2014

Mediante Resolución RTF 15068-4-2013, de fecha 27 de septiembre del 2013, el Tribunal Fiscal da cuenta que para la deducción por concepto de amortización de intangibles la empresa debe acreditar la adquisición de estos bienes (intangibles), a partir de lo cual se evaluará si por su duración limitada o ilimitada, corresponde que su amortización sea gasto deducibles para efectos del Impuesto a la Renta.

En el caso materia de controversia, la Administración reparó la suma de S/.1´162,175.00 por el cargo a la cuenta contable “amortización de gastos amortizables”, debido a que la empresa no exhibió los comprobantes de pago y/o documentación sustentatoria del orgine de la amortización de intangibles que se deducía como gasto corriente. La empresa había cursado un escrito en el cual indicó que en sus oficinas puso a disposición de los funcionarios fiscalizadores la documentación solicitada e invocó el principio de causalidad establecido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, además que a su criterio considera que la amortización de intangibles es gasto deducibles para la determinación de la renta imponible, de acuerdo con el inciso g) correspondiente al artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta.

El Tribunal cita el contenido de sus Resoluciones RTF N° 3430-5-2006 y 639-4-2010 para indicar que en el caso de bienes intangibles (aquellos de naturaleza inmaterial) el tratamiento es disntinto pues en principio no se permite su deducción, no obstante la ley establece excepciones para determinados intangibles, que pueden ser deducidos a opción del contribuyente como gastos o amortizarlos, siempre que sean de duración limitada por ley o por su naturaleza, y que sean comprados de terceros, no aportados.

Por tal sentido, al no obrar en el expediente documentos o información alguna que sustente la identificación de los bienes que conforman las subcuentas de intangibles, ni la forma y fecha en que dichos intangibles habrían sido adquiridos la empresa no habría acreditado que la amortización de estos bienes sean gasto deducible, confirmándose la resolución de intendencia apelada en este extremo.

Cabe comentar que para identificar la naturaleza de la “duración” limitada (definida) o ilimitada (indefinida), el Tribunal Fiscal ha tomado como base el contenido de la Norma Internacional de Información Financiera -NIC 38.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 051-2014-CE-PJ Aranceles Judiciales 2014

Alan Emilio en Chiclayo 2014

Alan Emilio en Chiclayo 2014

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 051-2014-CE-PJ Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2014

 Alan Emilio Matos Barzola

Lima, 29 de enero de 2014

VISTA:

La propuesta del Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2014, remitida por la Gerencia General del Poder Judicial mediante Oficio Nº 003-2014-GG/PJ.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes, de conformidad con lo establecido en el artículo 138º de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el artículo 139º, numeral 16, de la citada Carta Fundamental establece el Principio de Gratuidad de la Administración de Justicia, para las personas de escasos recursos económicos; principio que no puede hacerse extensivo indiscriminadamente a quienes no se encuentren en esta situación.

Segundo. Que, asimismo, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, modificado por Ley Nº 26846, establece que el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costas, costos y multas establecidas por dicho código y disposiciones administrativas del Poder Judicial.

Tercero. Que, el artículo 1° de la referida ley establece que los principios sobre los cuales se sustenta el pago de los aranceles judiciales, son: a) Equidad, por la que se exonera del pago de tasas a personas de escasos recursos económicos; b) Promoción de una correcta conducta procesal que desaliente el ejercicio irresponsable del litigio y el abuso del ejercicio de la tutela jurisdiccional; y, c) Simplificación administrativa, que permita mayor celeridad en el trámite de acceso al servicio de auxilio judicial.

Cuarto. Que para el Año Judicial 2014 se ha previsto modificar la estructura de los diferentes niveles que conforman el Cuadro de Aranceles Judiciales vigente, sin modificar los extremos actuales, instalando un primer nivel de hasta 100 URP, que es la cuantía que corresponde a los Juzgados de Paz Letrados en lo que respecta al Proceso Único de Ejecución; y a partir de dicho nivel se han acortado niveles con la finalidad de buscar equidad entre la pretensión y el costo del arancel.

Quinto. Que, dentro del marco de la norma acotada, es necesario regular el pago de los Aranceles Judiciales, de conformidad con los principios jurídicos que lo sustentan y demás disposiciones vigentes, sobre la base de criterios técnicos orientados a favorecer un mejor desarrollo de la actividad procesal.

Sexto. Que por Decreto Supremo N° 304-2013-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 12 de diciembre de 2013, se determinó el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el Ejercicio Gravable del año 2014 en la suma de S/. 3,800.00 (Tres Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles).

Sétimo. Que la Primera Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por Ley N° 26846, faculta al Órgano de Gobierno y Gestión del Poder Judicial a fijar el valor de la Unidad de Referencia Procesal al inicio de cada año judicial, la misma que año a año se ha venido referenciando con el 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT); por lo que para el ejercicio del Año Judicial 2014, correspondería a la suma de S/. 380.00 (Trescientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles).

Octavo. Que, solamente están afectos al pago de Aranceles Judiciales los actos procesales referidos a la presente resolución.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 102-2014 de la cuarta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los señores Mendoza Ramírez, De Valdivia Cano, Meneses Gonzales, Taboada Pilco y Escalante Cárdenas, sin la intervención del señor Lecaros Cornejo por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar para el Ejercicio Gravable del año 2014 el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales referido a los siguientes actos procesales:

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

1.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEAHASTA CIEN (100) URP O DE CUANTÍA INDETERMINABLE.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

10,0%

38,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

10,0%

38,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

10,0%

38,00

d) Por recurso de apelación de autos.

10,0%

38,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

40,0%

152,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

160,0%

608,00

g) Por recurso de queja.

25,0%

95,00

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

50,0%

180,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

28,0%

106.40

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

28,0%

106.40

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

10,0%

38,00

 

Nota

1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).

2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

2.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEAMAYOR DE CIEN (100) URP HASTA DOSCIENTOS CINCUENTA (250) URP. 
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

15,0%

57,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

15,0%

57,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

11,0%

41,80

d) Por recurso de apelación de autos.

15,0%

57,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

60,0%

228,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

180,0%

684,00

g) Por recurso de queja.

37,5%

142,50

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

75,0%

285,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

39,0%

148.20

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

39,0%

148.20

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

10,0%

38,00

 

Nota

1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).

2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

3.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE DOSCIENTOS CIENCUENTA (250) URP HASTA QUINIENTOS (500) URP.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

20,0%

76,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

20,0%

76,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

12,0%

45,60

d) Por recurso de apelación de autos.

20,0%

76,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

80,0%

304,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

200,0%

760,00

g) Por recurso de queja.

50,0%

190,00

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

100,0%

380,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

50,0%

190.00

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

50,0%

190.00

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

10,0%

38,00

Nota1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

4.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓNSEA MAYOR DE QUINIENTOS (500) URP HASTA SETECIENTOSCINCUENTA (750) URP.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

20,0%

76,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

25,0%

95,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

14,0%

53,20

d) Por recurso de apelación de autos.

25,0%

95,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

100,0%

380,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

250,0%

950,00

g) Por recurso de queja.

62,5%

237,50

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

125,0%

475,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

70,0%

266.00

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

70,0%

266.00

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

10,0%

38,00

Nota1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.
 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

5.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓNSEA MAYOR DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) URP HASTA MILDOSCIENTOS CINCUENTA (1 250) URP.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

30,0%

114,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

30,0%

114,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

16,0%

60,80

d) Por recurso de apelación de autos.

30,0%

114,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

120,0%

456,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

300,0%

1,140,00

g) Por recurso de queja.

75,0%

285,00

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

150,0%

570,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

90,0%

342.00

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

90,0%

342.00

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

20,0%

76,00

Nota1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

6.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1 250) URP HASTA DOS MIL (2 000) URP.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

45,0%

171,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

45,0%

171,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

18,0%

68,40

d) Por recurso de apelación de autos.

45,0%

171,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

180,0%

684,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

450,0%

1,710,00

g) Por recurso de queja.

112,5%

427,50

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

225,0%

855,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

180,0%

684.00

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

180,0%

684.00

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

20,0%

76,00

Nota1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

7.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEA MAYOR DE DOS MIL (2 000) URP HASTA TRES MIL (3 000) URP.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

90,0%

342,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

90,0%

342,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

20,0%

76,00

d) Por recurso de apelación de autos.

90,0%

342,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

360,0%

1,368,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

875,0%

3,325,00

g) Por recurso de queja.

225,0%

855,00

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

450,0%

1,710,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

270,0%

1,026.00

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

270,0%

1,026.00

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

22,0%

83,60

Nota1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.
 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

8.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN SEAMAYOR DE TRES MIL (3000) URP.
a) Por ofrecimiento de pruebas, por calificación de Título Ejecutivo, de Ejecución, y nuevos medios probatorios.

135,0%

513,00

b) Por ofrecimiento de pruebas para interponer Excepciones, Defensas Previas y observación a Pericias Laborales.

135,0%

513,00

c) Por solicitud de nulidad de actos procesales.

22,0%

83.60

d) Por recurso de apelación de autos.

135,0%

513,00

e) Por recurso de apelación de sentencias.

540,0%

2,052,00

f) Por recurso de nulidad y casación.

1,300,0%

4,940,00

g) Por recurso de queja.

337,50%

1,282,50

h) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

500,0%

1,900,00

i) Por formas especiales de conclusión del proceso.

410,0%

1,558.00

j) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

410,0%

1,558.00

k) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

m) Por otorgamiento de Poder por Acta.

22,0%

83,60

Nota1) En los casos de Recurso de Oposición contra Medida Cautelar, Recurso de Oposición o Tacha de Medios Probatorios se abonará en el concepto del inciso d).2) En los casos de interponerse más de una excepción se abonará un arancel por cada una de ellas.
 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

9.- MEDIDAS CAUTELARES, EN TODAS SUS MODALIDADES, ANOTACIONES DE DEMANDAS EN TODOS LOS PROCESOS, EMBARGOS EN EJECUCIÓN FORZADA, SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL FIRME, RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL, OPOSICION CONTRA EL MANDATO DE EJECUCION DE LAUDO ARBITRAL, SOLICITUD DE SUSPENSION DE LAUDO ARBITRAL, SOLICITUD DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL PARA LA ACTUACION DEMEDIOS PROBATORIOS O SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL DE INCAUTACIÓN (Ley de Garantía Mobiliaria)

Alan Emilio Matos Barzola

a) Hasta cien (100) URP o por cuantía indeterminada (1).

100,0%

380,00

b) Más de cien (100) URP hasta doscientos (200) URP.

200,0%

760,00

c) Más de doscientos (200) URP hasta trescientos (300) URP.

300,0%

1,140,00

d) Más de trescientos (300) URP hasta seiscientos (600) URP.

400,0%

1,520,00

e) Más de seiscientos (600) URP hasta mil (1 000) URP

500,0%

1,900,00

f) Más de mil (1 000) URP hasta dos mil (2 000) URP

600,0%

2,280,00

g) Más de dos mil (2 000) URP hasta tres mil (3000) URP.

800,0%

3,040,00

h) Más de tres mil (3000) URP hasta tres mil quinientos (3500) URP

1,250,0 %

4,750,00

i) Más de tres mil quinientos URP (3500) URP

1,650,0%

6,270,00

 (1) Las personas naturales que soliciten medidas cautelares por una cuantía inferior a las 10 URP se encuentran exoneradas del pago del arancel judicial.
 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

PROCESOS CONTENCIOSOS

 

 

10.- SOLICITUD DE REMATE JUDICIAL.

Alan Emilio Matos Barzola

a) Hasta cien (100) URP o por cuantía indeterminada.

100,0%

380,00

b) Más de cien (100) URP hasta doscientos (200) URP.

200,0%

760,00

c) Más de doscientos (200) URP hasta trescientos (300) URP.

300,0%

1,140,00

d) Más de trescientos (300) URP hasta seiscientos (600) URP.

400,0%

1,520,00

e) Más de seiscientos (600) URP hasta mil (1 000) URP

500,0%

1,900,00

f) Más de mil (1 000) URP hasta dos mil (2 000) URP

600,0%

2,280,00

g) Más de dos mil (2 000) URP hasta tres mil (3000) URP.

800,0%

3,040,00

h) Más de tres mil (3000) URP hasta tres mil quinientos (3500) URP

1,250,0 %

4,750,00

i) Más de tres mil quinientos URP (3500) URP

1,650,0%

6,270,00

PROCESOS NO CONTENCIOSOS

Alan Emilio Matos Barzola

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

 

 

 

1.- EN LOS SIGUIENTES ACTOS DE PROCEDIMIENTOS:
a) Por ofrecimiento de pruebas

20,0%

76,00

b) Por recurso de apelación de autos.

40,0%

152,00

c) Por recurso de queja.

50,0%

190,00

d) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

100,0%

380,00

e) Por formas especiales de conclusión del proceso.

50,0%

190.00

f) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

50,0%

190.00

g) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

h) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

i) Por otorgamiento de Poder por Acta.

10,0%

38,00

2.- DE RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA O LAUDO EXTRANJERO:
a) Por ofrecimiento de pruebas

40,0%

152,00

b) Por recurso de apelación de autos.

80,0%

304,00

c) Por recurso de queja.

50,0%

190,00

d) Por diligencias a realizarse fuera del local judicial.

100,0%

380,00

e) Por formas especiales de conclusión del proceso.

100,0%

380.00

f) Por suspensión convencional del proceso (excepto Conciliación y Abandono).

100,0%

380.00

g) Por cada folio de copia certificada.

1,0%

3,80

h) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial

10,0%

38,00

Otro Distrito Judicial

20,0%

76,00

Al Extranjero

50,0%

190,00

i) Por otorgamiento de Poder por Acta.

10,0%

38,00

SOLICITUD DE ACTOS JUDICIALES 

Alan Emilio Matos Barzola

 

INDICE

DE URP (S/.)

MONTO

1.- POR PRUEBA ANTICIPADA
a) Por actuación de prueba anticipada de cuantía indeterminable y determinable, se sujetarán a los Valores consignados en los Procesos Contenciosos.

 

 

b) Por expedición de cada folio de copias certificadas

1,0%

3,80

 

2.- POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL DE BIENES MUEBLES.
Valor del Bien Mueble por Rematar
a) Hasta diez (10) URP.

15,0%

57.00

b) Más de diez (10) URP hasta treinta (30) URP.

30,0%

114,00

c) Más de treinta (30) URP.

50,0%

190,00

 

3.- POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES.
Valor del Bien Inmueble por Rematar
a) Hasta cien (100) URP.

50,0%

190,00

b) Más de cien (100) hasta (500) URP.

1000,0%

380,00

c) Más de quinientos (500) hasta mil (1000)

150,0%

570,00

d) Más de mil (1000) URP.

200,0%

760,00

 

 4.- POR SANEAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE PARTES JUDICIALES PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DEL BIEN REMATADO*.  

1% del valor de  adjudicación del inmueble

 

* Se encuentran obligados al pago de este Arancel las partes o terceros que se adjudiquen un bien inmueble.
5.- POR EXPEDICIÓN DE PARTES JUDICIALES PARA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA Y DEFINITIVA DE SOLICITUDES EN PROCESOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS (MUNICIPALIDADES, REGISTROS PÚBLICOS: SUNARP, RENIEC, MINERÍA Y OTROS).

 

10,0%

 

38,00

 

6.- POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES EN TODOS LOS TIPOS DE PROCESOS Y EN VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN RANGO (Pago que efectúa el Demandado en atención al Decreto Supremo Nº 002-98-JUS; 0.10% de la URP por cada folio).
• De 01 A 05 Folios ( S/. 0.38 por copia adicional)

1,90

 

7.- LOS ACTOS PROCESALES POR QUERELLAS.
Se sujetarán al pago de Aranceles Judiciales de los procesos contenciosos en lo que sea aplicable según la cuantía de la indemnización solicitada.

Artículo Segundo.- A solicitud de parte, se devolverá el importe del Arancel Judicial por Nulidad de Acto Procesal; siempre y cuando el órgano jurisdiccional declare Fundado el Acto Procesal viciado, con las deducciones de gastos administrativos que se generen.

Artículo Tercero.- Cuando el órgano jurisdiccional ordene la devolución del monto contenido en el Comprobante de Pago, ésta deberá estar sustentada, asumiendo la responsabilidad que pueda derivarse de la devolución indebida con las deducciones de gastos administrativos que se generen.

Artículo Cuarto.- El desistimiento del Acto Procesal no está afecto al pago de Arancel Judicial, siempre que no implique la conclusión del proceso.

Artículo Quinto.- En el caso que la adjudicación de un bien inmueble se realizara en moneda extranjera, sólo para los efectos del cálculo del valor del Arancel Judicial, éste deberá ser expresado en nuevos soles, al tipo de cambio, valor venta, del día de la adjudicación señalado por la Superintendencia de Banca y Seguros, y que es publicado en el Diario Oficial “El Peruano”; debiendo pagarse el correspondiente Arancel Judicial previo al otorgamiento del respectivo Parte Judicial.

Artículo Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 83° del Código Procesal Civil, cuando concurran varias personas como demandantes o demandados, pagarán el Arancel Judicial respectivo por cada titular de la acción, salvo las sociedades conyugales que conformen una misma parte y lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 76° del referido Código.

Artículo Sétimo.- En los casos de Apelación de Auto sin efecto suspensivo, el apelante está exonerado sólo del pago por concepto de copias certificadas de aquellas que determine el Juez para la formación del cuaderno a ser elevado al Superior Jerárquico, manteniéndose la obligación de pago respecto de la adición de actuados judiciales requerida por el apelante.

Artículo Octavo.- En los procesos sumarísimos por alimentos, cuando la pretensión del demandante exceda las veinte (20) URP se sujetarán a los pagos dispuestos en la presente resolución, reducidos en un cincuenta (50%) por ciento.

Artículo Noveno.- En los asuntos de familia e interés de menores, cuando se solicite la ejecución anticipada de la futura decisión final, están exonerados del pago del Arancel Judicial por el concepto de medida cautelar.

Artículo Décimo.- En los procesos laborales, los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda del mínimo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial como exonerados (hasta 70 URP); se sujetarán a los pagos contenidos en la presente resolución reducidos en cincuenta (50%) por ciento.

Artículo Undécimo.- Se encuentran exonerados del pago de Aranceles Judiciales: Los Procesos Previsionales, Procesos de Garantías Constitucionales (Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas Data, Acción Popular y Acción de Cumplimiento), Procesos Penales (salvo las Querellas); así como las empresas del sistema financiero en proceso de disolución o liquidación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114° de la Ley N° 26702, “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”.

Artículo Duodécimo.- No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado, con accionariado íntegramente público o mayoritariamente público que se encuentran dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE; así como las empresas regionales o municipales cuyo accionariado le pertenece en su integridad o mayoritariamente a las regiones o municipalidades; con excepción de Essalud.

Articulo Décimo Tercero.- En los casos de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se calculará en función del capital social inscrito en los Registros Públicos.

Artículo Décimo Cuarto.- En los casos de procesos judiciales referidos a otorgamiento de escritura, el monto del arancel judicial a pagar se calculará en función al valor de la compra venta pactada entre las partes.

Artículo Décimo Quinto.- En el caso de procesos de prescripción adquisitiva, el monto del Arancel Judicial a pagar por los diversos conceptos, se calculará en función al valor del impuesto predial otorgado por la Municipalidad Distrital del lugar donde se encuentre ubicado el bien cuya prescripción se solicita, corresponderá al año de presentación de la demanda.

Artículo Décimo Sexto.- En los procesos de Nulidad de Acto Jurídico e Ineficacia, el monto del Arancel Judicial a pagar por los diversos conceptos se calculará en función al petitorio (objeto) materia de nulidad en cuanto sea cuantificable. Asimismo, en las medidas cautelares y anotaciones de demandas en los tipos de procesos previstos precedentemente, se procederá de igual manera que en los casos anteriores.

Artículo Décimo Sétimo.- En los procesos contenciosos administrativos, distintos a los previsionales, en los que se busque como fi n alcanzar un beneficio económico (Pago de Devengados, Bonos, Intereses, Decretos de Urgencia, etc.), las personas naturales y jurídicas (distintas a las señaladas en el inciso g) del artículo 24º de la Ley Orgánica del Poder Judicial), deberán cumplir con lo preceptuado por la norma, vale decir, expresar en forma clara la cuantía, máxime si lo que desea obtener mediante sentencia es cuantificable y liquidable en ejecución de sentencia, correspondiéndoles pagar el arancel judicial de acuerdo al petitorio de la demanda.

Artículo Décimo Octavo.- En las solicitudes de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, la parte solicitante deberá pagar el arancel judicial conforme a lo establecido en las formas especiales de conclusión del proceso.

Artículo Décimo Noveno.- En los procesos laborales, al admitirse como medios probatorios la actuación, verificación, exhibición, recopilación de información y otros que requieran que el Especialista Legal, Revisor de Planillas o Perito adscrito al Despacho, realicen tal labor fuera del local del juzgado, el oferente del medio probatorio deberá pagar el Arancel Judicial por diligencia a realizarse fuera del local del juzgado. En caso que el oferente sea el demandante se tendrá presente lo dispuesto en el artículo décimo de la presente resolución.

Artículo Vigésimo.- En el caso de interponerse Recurso de Oposición contra una medida cautelar, se abonará el arancel judicial por recurso de apelación de autos de acuerdo al monto de la medida cautelar que se pretende desafectar.

Artículo Vigésimo Primero.- En los procesos donde el solicitante interponga Recursos de Oposición y/o Tacha a la actuación de Medios Probatorios; deberá pagar el Arancel Judicial por recurso de apelación de autos según la cuantía del petitorio.

Artículo Vigésimo Segundo.- En los procesos donde se solicite la desafectación de bienes o se interponga Proceso de Tercería, se deberá pagar el concepto de ofrecimiento de pruebas según monto de la medida cautelar que se pretende desafectar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.– Los Jueces están obligados a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución, bajo responsabilidad, en el supuesto de advertirse algún tipo de incumplimiento a lo previsto en la presente resolución, se requerirá a la parte el cumplimiento dentro del tercero día de notificado, bajo apercibimiento de multa.

Segunda.– Los órganos jurisdiccionales al calificar las demandas deberán advertir obligatoriamente que en éstas se haya cuantificado el petitorio.

Tercera.- Los aranceles judiciales deben adquirirse en las Agencias del Banco de la Nación o entidades financieras designadas por convenio, asumiendo el usuario la responsabilidad por la presentación de aranceles judiciales falsificados, cuyo procedimiento se sujeta a lo dispuesto en las normas pertinentes.

Cuarta.- En el supuesto de solicitud de remate judicial el pago del arancel judicial correspondiente, se efectuará única y exclusivamente en la primera oportunidad de dicha solicitud.

Quinta.- En el caso que la solicitud de medida cautelar fuese denegada (inadmisible, improcedente, rechazada o infundada), a solicitud de parte, se devolverá el monto del 50% del arancel judicial, siempre y cuando el solicitante no interponga recurso de apelación.

Sexta.- Manténganse la vigencia de los beneficios de exoneración del pago de Aranceles Judiciales para las personas naturales que se encuentren en zonas geográficas de extrema pobreza comprendidas en las Resoluciones Administrativas N° 1067-CME-PJ, 036-2002-CE-PJ, 051-2002-CE-PJ, 132-2003-CE-PJ, 004-2005-CE-PJ, 171-2012-CE-PJ y N° 274-2012-CE-PJ, sin perjuicio de ampliar sus alcances conforme se determinen otras zonas con las características necesarias para tales fines.

Sétima.- Las diligencias judiciales se seguirán comisionando mediante exhorto en todos los Distritos Judiciales, tal como viene ocurriendo hasta la fecha, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de fecha 7 de enero de 2004; quedando prohibida la realización de notificaciones vía exhorto dentro del Distrito Judicial en las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao, Lima Norte y Lima Sur, manteniéndose en el resto de las Cortes Superiores de la República.

Octava.- La Autorización Judicial de Viaje de Menor es un proceso no contencioso; en tal sentido, el pago del arancel judicial que corresponda se sujetará a los procesos no contenciosos en lo que sea aplicable.

Novena.- El plazo de vigencia del arancel judicial es de un año calendario, periodo que es computado a partir de la fecha en que el justiciable efectúa el pago correspondiente en el Banco de la Nación o entidad financiera designada.

Décima.- Autorícese al Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a actualizar los valores de los Aranceles Judiciales aprobados de acuerdo al incremento del valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP).

Undécima.- Deróguese las disposiciones que se opongan a la presente resolución.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ

Presidente

Resolución de Superintendencia 047-2014-SUNAT Criterios para declarar deudas tributarias como de recuperación onerosa

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Resolución de Superintendencia 047-2014-SUNAT Criterios para declarar deudas tributarias como de recuperación onerosa

Alan Emilio Matos Barzola

Lima, 14 de febrero de 2014

CONSIDERANDO:

Que el artículo 27° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y norma modificatoria, establece que la obligación tributaria se extingue, entre otros medios, por la Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de recuperación onerosa. Agrega que las citadas deudas son aquellas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes de Pago y cuyos montos no justifican su cobranza así como aquellas que han sido autoliquidadas por el deudor tributario y cuyo saldo no justifique la emisión de la resolución u orden de pago del acto respectivo, siempre que no se trate de deudas que estén en un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general o particular;

Que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 022-2000-EF señala que de acuerdo a la norma citada en el considerando precedente la Administración Tributaria está facultada para declarar como de recuperación onerosa a las deudas tributarias que administre y/o recaude, que cumplan los criterios que para tal efecto se fije mediante Resolución de la Administración Tributaria;

Que el artículo 28° del TUO del Código Tributario dispone que la deuda tributaria está constituida por el tributo, las multas y los intereses;

Que de otro lado, el artículo 148° de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 y normas modificatorias, indica que la deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos y cuando corresponda, por las multas y los intereses;

Que de acuerdo con el artículo 154° de la ley citada en el considerando precedente, la obligación tributaria aduanera se extingue, entre otros, por los supuestos señalados en el TUO del Código Tributario;

Que teniendo en cuenta lo señalado anteriormente resulta conveniente establecer los criterios que aplicará la SUNAT para declarar como de recuperación onerosa la deuda tributaria, incluida la aduanera;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta innecesario, en la medida que es facultad de la SUNAT declarar las deudas tributarias de recuperación onerosa y que es únicamente esta entidad la que está en capacidad de establecer los criterios que determinan dicha onerosidad;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 27° del TUO del Código Tributario, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 022-2000-EF, el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501, el artículo 5° de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, el inciso q) del artículo 19° y el inciso b) del artículo 21° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DEFINICIONES

Para efectos de la presente resolución se entenderá por:

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y norma modificatoria.

b) EsSalud: Al Seguro Social de Salud.

c) Nuevo RUS: Al Nuevo Régimen Único Simplificado.

d) ONP: A la Oficina de Normalización Previsional.

e) RUS: Al Régimen Único Simplificado.

f) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

g) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria.

h) Valores: A la Orden de Pago, la Liquidación de Cobranza, la Resolución de Determinación, la Resolución de Multa o cualquier otra resolución que contenga deuda tributaria administrada por la SUNAT.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponde, se entenderán referidos a la presente resolución.

Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente resolución tiene por finalidad establecer los criterios que la SUNAT podrá aplicar para declarar como de recuperación onerosa la deuda tributaria contenida en valores cuyo acto de notificación se hubiera realizado conforme a lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 3°.

Para efecto de la presente resolución se entenderá realizado el acto de notificación en la fecha en que esta se produce y no en la que surte efecto.

Artículo 3°.- CRITERIOS PARA DECLARAR LAS DEUDAS TRIBUTARIAS COMO DE RECUPERACIÓN ONEROSA

3.1 Se declarará como de recuperación onerosa a la deuda tributaria contenida en valores siempre que al 31 de diciembre del año anterior a aquel en el cual se emite la resolución que declara la deuda tributaria como tal, hubiera transcurrido más de cuatro (4) años de producido el acto de notificación de los citados valores y se cumpla con las condiciones siguientes:

a) Para los valores cuyo acto de notificación a la citada fecha tenga más de cuatro (4) y hasta ocho (8) años de realizado:

i. Que el saldo de la deuda tributaria pendiente de pago por cada valor no sea mayor a 1.45 UIT.

ii. Que la totalidad de la deuda tributaria pendiente de pago por deudor tributario contenida en los indicados valores, no exceda las 5 UIT.

b) Para los valores cuyo acto de notificación a la citada fecha tenga más de ocho (8) años de realizado:

i. Que el saldo de la deuda tributaria pendiente de pago por cada valor no sea mayor a 2.10 UIT.

ii. Que la totalidad de la deuda tributaria pendiente de pago por deudor tributario, contenida en los indicados valores, no exceda las 10 UIT.

c) Que cuando el deudor tributario a la citada fecha tenga valores que contengan deuda tributaria comprendida en los supuestos previstos en los incisos a) y b) del presente numeral, además de lo establecido en el acápite i. de los referidos incisos, la totalidad de la deuda tributaria pendiente de pago no exceda las 10 UIT.

d) Que adicionalmente, el deudor tributario no tenga valores que contengan deuda exigible de acuerdo a lo establecido en el artículo 115° del Código Tributario, cuyo acto de notificación tenga hasta cuatro (4) años de realizado.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior no se considerará a aquellos valores que contengan deuda tributaria por concepto de EsSalud, ONP, Nuevo RUS y RUS.

3.2 Cuando respecto de un mismo deudor tributario existan valores a los que se refi ere el numeral anterior que contengan deuda tributaria emitida por las dependencias de la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos y de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, los criterios para declarar dichas deudas como de recuperación onerosa se aplicarán de manera independiente.

Artículo 4°.- EXCEPCIONES

Lo dispuesto en el artículo 3° no será de aplicación para los valores que contengan deuda tributaria:

a) Comprendida parcial o totalmente en procesos penales que se encuentren en trámite por delito tributario o por delito aduanero o cuyo proceso penal por los referidos delitos hubiera concluido con sentencia condenatoria o con sentencia que ampare la terminación anticipada del proceso.

b) Comprendida en un procedimiento concursal.

c) Correspondiente a las cuotas del Nuevo RUS o del RUS.

d) Por contribuciones al EsSalud y a la ONP.

e) Acogida a un aplazamiento y/o fraccionamiento tributario que se encuentre vigente.

f) Que esté parcial o totalmente garantizada con embargos en forma de inscripción, que se encuentren anotados en el respectivo registro y pendientes de ejecución.

Artículo 5°.- VALOR DE LA UIT

El valor de la UIT que se tomará como referencia para efecto de la presente norma, será el vigente a la fecha en que se emita la resolución que declara la deuda tributaria como de recuperación onerosa.

Artículo 6°.- TIPO DE CAMBIO

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 3°, el tipo de cambio a considerar en el caso de la deuda tributaria aduanera expresada en dólares de Estados Unidos de América será el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones el 31 de diciembre del año anterior a aquel en el cual se emite la resolución que declara la deuda como de recuperación onerosa.

Si en la citada fecha no se publica el tipo de cambio referido, se utilizará el último publicado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- VIGENCIA

La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de la fecha de su publicación.

Segunda.- OTRO CRITERIO PARA DECLARAR LAS DEUDAS TRIBUTARIAS ADUANERAS COMO DE RECUPERACIÓN ONEROSA

Adicionalmente a lo previsto en el artículo 3°, la SUNAT podrá declarar como deuda de recuperación onerosa las deudas tributarias aduaneras por las que no se hubieran notificado valores o aquellas contenidas en valores notificados respecto de los cuales no hubiera transcurrido el plazo de 4 años a que se refiere el artículo 3°, de acuerdo al Procedimiento Específico “Deudas de recuperación onerosa” INPCFA-PE.02.05.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE VEJARANO VELASQUEZ

Superintendente Nacional (e)

Resolución RTF N° 14985-4-2013 Ganancia del REI se encuentra gravado con el Impuesto a la Renta

Alan Emilio en Las Musas, Chiclayo 2014

Alan Emilio en Las Musas, Chiclayo 2014

Resulta importante considerar el contenido de las páginas 12 y 13 de la Resolución RTF N° 14985-4-2013, de fecha 25 de septiembre del 2013, en la cual se aborda una controversia en torno al Resultado por Exposición a la Inflación (REI) ganancia del Balance General que fue deducido indebidamente por el contribuyente.

Este reparo fue por un importe de S/.296,659.00 por concepto de “REI ingreso según G&P” siendo una ganancia gravada con el Impuesto a la Renta que no debía ser deducida para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta. Para resolver esta controversia el Tribunal Fiscal examina que el artículo único de la Ley N° 28843 que precisa la aplicación de normas de ajuste por inflación del Balance General con incidencia tributaria en periodos deflacionarios, dispone que lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 797 y sus normas reglamentarias que regulan el ajuste por inflación del Balance General con incidencia tributaria también es aplicable cuando el factor de reexpresión o actualización resulte inferior a la unidad (1).

Del mismo modo la Sala 4 toma como referencia que el último párrafo del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta indica que en general constituía renta gravada de las empresas cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente.

Bajo dicho contexto este importe se trata de un ingreso gravado con el Impuesto a la Renta motivo por lo cual no corresponde su deducción, correspondiendo mantenerse el reparo y confirmar la resolución apelada en este extremo.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

Convocatoria SUNAT 2014 Centros de Servicios Lima, Piura, Ucayali, Lambayeque, Huaraz, La Libertad, Tarapoto, Abancay, Arequipa, Cajamarca, Tingo María, Nazca y Loreto

PLAZAS POR PERFIL Y SEDE

PROCESO

PERFIL

UNIDAD ORGANIZACIONAL

 

CENTRO

N° PLAZAS

CAS-058

Gestor Informático División Central de Consultas

Div. Central de Consultas

Sede Santa Anita

1

CAS-059

Gestor de Orientación División Central de Consultas

Div. Central de Consultas

Sede Santa Anita

14

CAS-060

Gestor de Orientación División Centros de Servicios

Div. Centros de Servicios

Centros de Servicios de Lima Metropolitana

36

CAS-061

Gestor de Trámites

División Centros de Servicios

Div. Centros de Servicios

Centros de Servicios de Lima Metropolitana

29

CAS-062

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR Arequipa

CSC Cayma (2)

CSC Lambramani (1)

3

CAS-063

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR Cajamarca

CSC Cajamarca (1)

1

CAS-064

Gestor de Trámites

División Centros de Servicios

IR Cusco

CSC Abancay (1)

CSC Cusco (1)

2

CAS-065

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR Ica

CSC Nazca (1)

1

CAS-066

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR Lambayeque

CSC Bagua Grande (3)

CSC Balta (3)

CSC Leonardo Ortiz – Chiclayo (7)

CSC Chiclayo (1)

14

CAS-067

Gestor de Trámites

División Centros de Servicios

IR Lambayeque

CSC Bagua Grande (3)

CSC Balta (1)

CSC Leonardo Ortiz – Chiclayo (3)

7

CAS-068

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR Loreto

CSC Nauta (1)

CSC Iquitos (1)

2

CAS-069

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR Piura

MAC Piura (4)

4

CAS-070

Gestor de Orientación

Sección Centros de Servicios

OZ Huánuco

CSC Tingo María (1)

1

CAS-071

Gestor de Trámites

Sección Centros de Servicios

OZ San Martín

CSC Tarapoto (1)

1

CAS-072

Gestor de Orientación

Sección Centros de Servicios

OZ Ucayali

CSC Pucallpa- 2 (1)

1

CAS-073

Gestor de Trámites

Sección Centros de Servicios

OZ Ucayali

CSC Pucallpa- 2 (1)

1

CAS-074

Gestor de Orientación

Sección Centros de Servicios

OZ Huaraz

CSC Huaraz (2)

2

CAS-075

Gestor de Orientación

División Centros de Servicios

IR La Libertad

CSC Huamachuco (1)

1

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

REQUISITOS

DETALLE

Lugar de prestación de servicios Áreas de Servicios al Contribuyente a nivel nacional.
Duración del contrato Hasta el 31 de mayo de 2014 con posibilidad de renovación.
Contraprestación mensual Gestor Informático: S/. S/. 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles)

Gestor de Orientación: S/. 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles)

Gestor de Trámite: S/. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles)

Otras condiciones esenciales del contrato 43 horas efectivas de trabajo semanal

Mayores detalles en: http://unete.sunat.gob.pe/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1104&category_id=1&Itemid=63

RTF 00981-4-2013 Resultado por Exposición a la Inflación (REI) de las partidas no monetarias

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Alan Emilio en Ayacucho 2014

La controversia contenida en la Resolución RTF N° 00981-4-2013, de fecha 15 de enero del 2013, se centró en identificar si se encontraba conforme a ley el reparo efectuado por la Administración en torno al Resultado por Exposición a la Inflación (REI) por la variación negativa en el ajuste de existencias.

La Sala 4 del Tribunal Fiscal indica claramente que si bien para efectos contables, mediante la Resolución N° 025-2001-EF/93.01 el Consejo Normativo de Contabilidad precisó que para la aplicación del Ajuste Integral de los Estados Financieros se debían considerar los factores de actualización sean éstos mayores o menores a la unidad, a fin de mantener la coherencia metodológica dispuesta en las Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad N° 2 y 3, concordantes con la NIC 29, y en consecuencia,  reflejarse la situación de deflación en los estados financieros, para efectos tributarios resulta de aplicación la Directiva N° 001-2002/SUNAT.

Sobre el particular, el Tribunal indica que mediante la Directiva N° 001-2002/SUNAT se precisó la aplicación de Normas de Ajuste por Inflación del Balance General con Incidencia Tributaria en casos en que el factor de reexpresión calculado según dichas normas resulte inferior a la unidad. Refiere dicha directiva que en los casos en que al efectuarse el cálculo del factor de reexpresión éste resultase inferior a la unidad (1), igualmente debería realizarse a actualización de las partidas correspondientes, toda vez que para incorporar los efectos de la inflación en la actualización de las partidas no monetarias era necesario tener en consideración la incidencia de la deflación que pudiera haber existido en un lapso determinado, y que conforme al inciso e) del artículo 2 del Reglamento de Normas de Ajuste por Inflación del Balance General con Incidencia Tributaria, aprobado por Decreto Supremo N° 006-96-EF y normas modificatorias, en los casos que así se estableciera, se compararía el valor actualizado de los activos no monetarios y de los pasivos no monetarios con el valor límite de reexpresión  y se escogería el menor de ellos como valor resultante del ajuste por inflación, siendo que en ningún caso el valor resultante del ajuste por inflación de una partida no monetaria podría ser menor a su valor de adquisición, producción o de ingreso al patrimonio más los incrementos por actualizaciones o reexpresiones precedentes.

Que asimismo, la citada directiva indicó que considerando su ubicación, la restricción señalada en el párrafo anterior sólo es aplicable respecto de las partidas no monetarias cuya reexpresión está sujeta a límite, en donde el valor actualizado necesariamente debe compararse con el valor de adquisición, producción o de ingreso al patrimonio más los incrementos por actualizaciones o reexpresiones precedentes, por lo que cuando la reexpresión se haya efectuado mediante el uso de un factor de reexpresión inferior a la unidad (1), el resultado final del procedimiento de actualización no podría arrojar un valor menor al contemplado en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 2 del reglamento del Decreto Legislativo N° 797.

Que en ese contexto, el artículo único de la Ley N° 28843 precisó que lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 797 y sus normas reglamentarias que regularon el Ajuste por Inflación del Balance General con Incidencia Tributaria también era aplicable cuando el factor de reexpresión o actualización resultase inferior a la unidad (1), y que cuando las partidas no monetarias estuviesen sujetas a los límite contemplados en el mencionado decreto y normas reglamentarias, el valor resultante del procedimiento de actualización no podría ser menor al señalado en aquél.

Que de acuerdo con las normas antes expuestas, el “valor en libros” para efectos de la aplicación del Ajuste por Inflación del Balance General con Incidencia Tributaria era el importe por el que estaba contabilizada una partida conformada por el valor de adquisición, producción o ingreso al patrimonio más los incrementos por actualizaciones precedentes, incluidos los límites a que hacían referencia el Decreto Supremo N° 006-96-EF y la Directiva N° 001-2002/SUNAT, valor que debía ser considerado como tal para todos los efectos tributarios, aún cuando en estricta aplicación de la metodología contable el “valor en libros” no incluyese dichos límites.

Que en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 28843, en ningún caso el valor resultante del ajuste por inflación de una partida no monetaria sujeta a límite podría ser menor a su valor de adquisición, producción o ingreso al patrimonio más los incrementos por actualizaciones o reexpresiones precedentes, por lo que para el ejercicio 2001 no procedía deducir para efectos tributarios la diferencia entre el valor de adquisición y el menor valor resultante de la actualización, es decir del REI negativo que se hubiera calculado, de acuerdo con el criterio establecido por este Tribunal en las Resoluciones N° 10747-3-2008 y N° 13133-3-2009 , entre otras; por lo que en atención a lo expuesto, al encontrarse arreglado a ley procede mantener el reparo y confirmar la apelada en tal extremo. Esta conclusión también ha sido seguida por la Sala 8 del Tribunal Fiscal al emitir la Resolución RTF N° 05153-8-2013, de fecha 22 de marzo del 2013.

Lo expuesto en la comentada Resolución RTF N° 00981-4-2013 identifica la armonización entre lo financiero y lo tributario, siendo que si bien “para efectos contables” la entidad pudo contemplar la deducción del REI Negativo con ocasión de la preparación y presentación de sus Estados Financieros, esta deducción debía posteriormente ser considerada en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta como una adición diferencia permanente, en observancia a lo dispuesto en la Ley N° 28843.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

Decreto Supremo 024-2014-EF Modifican normas sobre donaciones

Alan Emilio en Chiclayo 2014

Alan Emilio en Chiclayo 2014

DECRETO SUPREMO 024-2014-EF Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta;

Que, el inciso x) del artículo 37° de la citada Ley establece que los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda

uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos;

(ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT. La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50°;

Que, el inciso b) del artículo 49° de la referida Ley señala que de la renta neta del trabajo se podrá deducir el gasto por concepto de donaciones otorgadas en favor de las entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT. La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera;

Que, el inciso s) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, regula los requisitos para la deducción del gasto por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, así como las realizadas a favor de entidades sin fines de lucro, cuyo objeto social comprenda uno o varios de los fines señalados en la Ley;

Que, el inciso b) del artículo 28°-B del citado

Reglamento dispone que para determinar la deducción

por concepto de donaciones a que se refiere el inciso b) del artículo 49º de la Ley serán de aplicación los requisitos establecidos en el inciso s) del artículo 21° del Reglamento;

Que, resulta necesario sustituir el inciso s) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a fi n de regular la deducción del gasto por concepto de donaciones que sea efectuado a favor de las organizaciones u organismos internacionales acreditados ante el Estado Peruano;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

 

Artículo 1°.- DEFINICIONES

Para efecto del presente Decreto Supremo se entenderá por:

1. Ley: Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.

2. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias.

Artículo 2°.- RENTA NETA DE TERCERA CATEGORÍA

Sustitúyase el inciso s) del artículo 21° del Reglamento, por el siguiente texto:

Artículo 21°.- RENTA NETA DE TERCERA CATEGORÍA

Para efecto de determinar la Renta Neta de Tercera Categoría, se aplicará las siguientes disposiciones:

(…)

s) Tratándose de la deducción por donaciones prevista en el inciso x) del artículo 37° de la Ley:

1. Los donantes deberán considerar lo siguiente:

1.1. Sólo podrán deducir la donación si las entidades beneficiarias se encuentran calificadas previamente por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones.

1.2. La realización de la donación se acreditará:

i) Mediante el acta de entrega y recepción del bien donado y una copia autenticada de la resolución correspondiente que acredite que la donación ha sido aceptada, tratándose de donaciones a entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas.

ii) Mediante declaración emitida por las organizaciones u organismos internacionales, a que se refiere el numeral

2.2 del presente inciso, tratándose de donaciones efectuadas a favor de éstos.

iii) Mediante el “Comprobante de recepción de donaciones” a que se refiere el numeral 2.2 del presente inciso, tratándose de donaciones a las demás entidades beneficiarias.

1.3. La donación de bienes podrá ser deducida como gasto en el ejercicio en que se produzca cualquiera de los siguientes hechos:

i) Tratándose de efectivo, cuando se entregue el monto al donatario.

ii) Tratándose de bienes inmuebles, cuando la donación, conste en escritura pública en la que se identifique el inmueble donado, su valor y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario.

iii) Tratándose de bienes muebles registrables de acuerdo a la ley de la materia, cuando la donación conste en un documento de fecha cierta en el que se identifique al bien donado, su valor y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, de ser el caso.

iv) Tratándose de títulos valores (cheques, letras de cambio y otros documentos similares), cuando éstos sean cobrados.

v) Tratándose de otros bienes muebles, cuando la donación conste en un documento de fecha cierta en el que se especifiquen sus características, valor y estado de conservación.

Adicionalmente, en el documento se dejará constancia de la fecha de vencimiento que figure en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque de los productos perecibles, de ser el caso.

1.4. Deberán declarar a la SUNAT, en la forma y plazo que esta establezca mediante Resolución de Superintendencia:

i) Las donaciones que efectúen.

ii) El destino de las donaciones en el país, de conformidad con la declaración emitida por las organizaciones u organismos internacionales.

1.5. En las donaciones efectuadas por sociedades, entidades y contratos de colaboración empresarial a que se refiere el último párrafo del artículo 14° de la Ley,

la donación se considerará efectuada por las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean parte contratante, en proporción a su participación.

2. Los donatarios tendrán en cuenta lo siguiente:

2.1. Deberán estar calificados como entidades perceptoras de donaciones:

i) Las entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, comprendidas en el inciso a) del artículo 18° de la Ley, se encuentran calificadas como entidades perceptoras de donaciones, con carácter permanente.

También se encuentran calificadas como entidades perceptoras de donaciones con carácter permanente, las organizaciones u organismos internacionales acreditados ante el Estado Peruano, respecto de las donaciones que reciban y que sean destinadas a los fines a que se refiere el inciso x) del artículo 37° de la Ley.

Las entidades señaladas en los párrafos anteriores no requieren inscribirse en el “Registro de entidades perceptoras de donaciones” a cargo de la SUNAT.

ii) Las demás entidades beneficiarias deberán estar calificadas como perceptoras de donaciones por la SUNAT.

Para estos efectos, las entidades deberán encontrarse inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, Registro de entidades inafectas del Impuesto a la Renta

o en el Registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta y cumplir con los demás requisitos que se establezcan mediante Resolución de Superintendencia.

La calificación otorgada tendrá una validez de tres (3) años, pudiendo ser renovada por igual plazo.

La SUNAT deberá fiscalizar no menos del 10% de las entidades calificadas como perceptoras de donaciones que hayan sido calificadas como tales en el año anterior.

En caso que la SUNAT fiscalice a entidades calificadas en años anteriores al indicado, éstas serán consideradas para efectos del porcentaje establecido.

2.2. Emitirán y entregarán a los donantes:

i) Una copia autenticada de la resolución que acredite que la donación ha sido aceptada, tratándose de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas.

ii) Una declaración en la que indique el destino de la donación en el país, tratándose de organizaciones u organismos internacionales.

iii) El “Comprobante de recepción de donaciones”, tratándose de las demás entidades beneficiarias. Éste se emitirá y entregará en la forma y oportunidad que establezca la SUNAT.

En los documentos se deberá indicar:

i) Los datos de identificación del donante: nombre o razón social, número de Registro Único de Contribuyente, o el documento de identidad personal que corresponda, en caso de carecer de RUC.

ii) Los datos que permitan identificar el bien donado, su valor, estado de conservación, fecha de vencimiento que figure impresa en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque de los productos perecibles, de ser el caso, así como la fecha de la donación.

Tratándose de los documentos a que se refieren los acápites i) y iii) del primer párrafo de este numeral, cualquier otra información que la SUNAT determine mediante Resolución de Superintendencia.

2.3. Las entidades a que se refiere el acápite ii) del numeral 2.1 de este inciso, deberán informar a la SUNAT de la aplicación de los fondos y bienes recibidos, sustentada con comprobantes de pago, en la forma, plazos, medios y condiciones que ésta establezca.

2.4. De conformidad con el Código Penal y la Ley Penal Tributaria, respectivamente, constituye delito contra la fe pública la emisión de comprobantes de recepción de donaciones por montos mayores a los efectivamente recibidos, y delito de defraudación tributaria la deducción de dicho mayor monto, siempre que en este último caso el donante haya dejado de pagar, en todo o en parte, los tributos correspondientes.

3. En cuanto a los bienes donados:

3.1. Cuando las donaciones se refieran a bienes importados con liberación de derechos, el valor que se les asigne quedará disminuido en el monto de los derechos liberados.

3.2. En el caso de donaciones en bienes muebles e inmuebles, el valor de las mismas no podrá ser en ningún caso superior al costo computable de los bienes donados.

3.3. La donación de bonos suscritos por mandato legal se computará por su valor nominal. En el caso que dichos bonos no hayan sido adquiridos por mandato legal, la donación de los mismos se computará por el valor de mercado.

3.4. Los bienes perecibles deben ser entregados físicamente al donatario antes de la fecha de vencimiento que figure en el rotulado inscrito o adherido al envase o empaque de los productos perecibles, de ser el caso o, de no existir dicha fecha, dentro de un plazo que permita su utilización.

3.5. La donación de dinero se deberá realizar utilizando Medios de Pago, cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley Nº 28194.”

 

Artículo 3°.- REFRENDO

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia

El presente decreto supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de febrero del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO

Ministro de Economía y Finanzas

Resolución de Superintendencia 034-2014-SUNAT Nueva versión del Programa de Libros Electrónicos PLE 3.0.2

Resolución de Superintendencia 034-2014-SUNAT Nueva versión del Programa de Libros Electrónicos PLE 3.0.2

Artículo Único.- Aprobación de una nueva versión del PLE y de su obtención y utilización

Apruébese el PLE versión 3.0.2 el cual estará a disposición de los interesados en SUNAT Virtual desde el 07 de febrero de 2014. La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención del PLE a los deudores tributarios que no tuvieran acceso a la Internet.

La versión 3.0.2 deberá ser utilizada a partir del 08 de febrero de 2014 y hasta el 30 de abril del 2014, incluso para efectuar el registro de lo que correspondía anotar con anterioridad al 08 de febrero del 2014 y que se omitió registrar oportunamente.

Disposición Complementaria Final

Única. Vigencia

la presente resolución entrará en vigenciaq a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comúníquese y publíquese

Proyecto de Ley de congresista Yonhy Lescano de aumentar la inafectación a 12 UIT no solamente debe ser para la quinta categoría sino también debe ser para la cuarta categoría y a los contratos CAS

Alan Emilio en Huamanga , Ayacucho 2014

Alan Emilio en Huamanga , Ayacucho 2014

Estimados amigos

El congresista Yonhy Lescano Ancieta ha presentado un inconstitucional proyecto de ley que en forma totalmente desinformada está siendo respaldado por varias personas. Revisadlo en el siguiente enlace: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf.

FÓRMULA PROPUESTA POR YHONNY LESCANO:

“Artículo 46.- De las rentas de cuarta categoría podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias, y de las rentas de quinta categoría podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo equivalente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias por una vez”.

¿Y por qué está errado? Precisamente porque en lugar de ser aplicable la deducción de 12 UIT sobre la totalidad de rentas del trabajo, incorporaría una extraña forma de distinguir entre las rentas de actividad independiente (cuarta categoría para efectos del Impuesto a la Renta), respecto de aquellos trabajadores en planilla (conocida como la renta de quinta). Esto contraviene el principio del derecho de “no se puede distinguir donde la ley no distinge” , ya que según el congresista Yonhy Lescano Ancieta los prestadores de cuarta categoría (que no les pagan gratificaciones, ni vacaciones ni mucho menos CTS) se les descontaría solamente 7 UIT como parte inafecta, mientras que a los trabajadores de la “quinta categoría” se les descontarían 12 UIT, es decir, 5 UIT adicionales.

¿Si los trabajadores de la cuarta categoría no ganan más que los trabajadores de quinta categoría, porque se les debe descontar  solo 7 UIT y no 12 UIT bajo la fórmula que plantea el congresista Lescano Ancieta? ¿Se puede distinguir donde la ley no distingue?

Ojo que en miles de casos la contratación bajo cuarta categoría es un “disfraz” para no poner en planilla a los trabajadores. Ojo y ello ocurre también en el Estado con la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que para SUNAT es cuarta categoría y no quinta. ¿eso es justo?

La actual y vigente Ley del Impuesto a la Renta establece:

Artículo 46º.- De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez.

Sencillamente bastaría que el proyecto presentado por el congresista Yonhy Lescano Ancieta cambie en el texto la palabra siete (7) por “doce (12)” y recibiría el respaldo y el aplauso público de todo el país, sin embargo tal como está planteado evidencia que su proyecto de ley está pésimamente sustentado, no ha observado el contenido constitucional (igualdad ante la Ley) y advierte un escalofriante desconocimiento total en materia tributaria y sobre todo de la realidad del mercado laboral peruano.

Señores Congresistas de la República, el proyecto presentado por el congresista Yohny Lescano está pesimamente redactado y no puede ser aprobado bajo la extraña fórmula que plantea. Les propongo una fórmula legal, tan sencilla y evidente, que no rompería el equilibrio de la actual legislación vigente, y que si sería justo:

“FÓRMULA LEGAL CORRECTA:

Artículo 46º.- De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez.”

Sencillo, no habría que pensarlo tanto, y esto sería muy aplaudido por todos los trabajadores de la cuarta categoría, los trabajadores del Estado bajo contratación CAS y también por los trabajadores “de la quinta categoría”.

En este portal no tenemos nada en contra del congresista Yonhy Lescano pero en su proyecto propone que a los trabajadores de la cuarta categoría en la liquidación anual se les siga considerando como parte inafecta las clásicas 7 UIT, sin embargo a los trabajadores de la quinta categoría (que adicionalmente a sus sueldos, ganan bonos, gratificaciones, incentivos y CTS) no solamente se les considere una parte inafecta de 7 UIT sino adicionalmente 5 UIT más (12 UIT ) inafectas. Además de ser injusto, resulta absurdo hacer esta distinción, y el proyecto del congresista Yonhy Lescano Ancieta no sustenta una variable objetiva.

Muy cordialmente a través de este medio hacemos un llamado a todos los trabajadores bajo contratación CAS del Estado a no dejarse confundir y lean el proyecto del congresista, que los perjudica y pone en una total desigualdad ante la ley. Del mismo modo se invoca a todos los trabajadores en situación de cuarta categoría a protestar por esta absurda fórmula legal que demuestra que algunos congresista no saben nada de leyes, menos de respeto a la constitución política legitimada, y mucho menos de tributación.

Ojo que el congresista Yonhy Lescano pertenece curiosamente “a la quinta categoría” para efectos del Impuesto a la Renta, por lo que estraía impulsando un proyecto de ley en beneficio propio. Y justamente para que la gentita del Ministerio de Economía y Finanzas no proteste, excluye vergonzosamente a las personas generadoras de renta de cuarta categoría y a los trabajadores bajo contrato CAS.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario -contable