Jurisprudencia Tributaria Colombiana aborda conceptos de causalidad, necesidad y proporcionalidad de los gastos

Alan Emilio en Kotosh, Huánuco 2013
Alan Emilio en Kotosh, Huánuco 2013

CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ 

Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01326-01(17666)

Actor: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

La Sala se ocupó de definir estos conceptos así”:

Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto.

La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello la expensa deba ser normalmente acostumbrada en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

De esta forma, debe estar probado que otras empresas que desarrollan la misma actividad incurren en tales gastos y, que, por lo tanto, es normal hacerla, pero, que además, es forzosa, todo ello con el fin de demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de la actividad productiva de la empresa.

Cuando el impuesto se puede imputar directamente al bien o servicio, tal circunstancia se debe probar; por el contrario, cuando el costo o gasto no sea directamente imputable al bien o servicio, se debe aplicar el artículo 490 del E.T., según el cual, cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente.

a)         Medicina prepagada.

La demandante explicó que según el artículo 5° del Decreto 3750 de 1986, los pagos por servicios de medicina prepagada constituyen pagos indirectos a los trabajadores, los cuales no están sometidos a retención en la fuente en cabeza de estos sin que por ello el IVA pagado en su adquisición deje de ser deducible o Efectivamente, esta Sala ha reiterado13, con base en la norma citada, que los pagos por medicina prepagada constituyen un gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción, según lo establece el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, en el expediente no obra prueba que demuestre que la demandante incurrió en pago por medicina prepagada en el periodo que se discute, pues solo aportó la factura RC 0002491 de marzo 15 de 2003 por $2.779.42114 de la empresa Salud Colmena, en la que se indica que ese pago corresponde al contrato N° 21101150 por el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2003, periodo que no hace parte del bimestre en discusión, por lo que no puede tenerse como prueba.

Asimismo, la demandante aportó la factura RC 0002371 del 20 de febrero de 2003 por $3.460.399, que corresponde al contrato No. 21101150 por el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de ese año. Como en el caso de la factura anterior el pago realizado corresponde a un periodo gravable distinto al que se discute, esto es al tercer bimestre de 2003.

A partir de lo anterior, es forzoso concluir que la demandante no probó los pagos que realizó por concepto de medicina prepagada cuyo IVA solicita como descontable en el tercer bimestre de 2003; es necesario reiterar que como arriba se explicó, en los casos en los que se ha demostrado que los contratos a que corresponden cubren a la generalidad de los trabajadores de la compañía, la Sala ha aceptado su descuento. Por lo tanto, el cargo formulado por la demandante y que se refiere a la glosa hecha por la Administración por este concepto, no prospera.

b)         Clubes, hoteles y restaurantes.

La demandante afirmó que las cuotas de sostenimiento de clubes y los gastos realizados en restaurantes y hoteles para la realización de convenciones y eventos sí son expensas necesarias, pues garantizan las condiciones necesarias para la apertura de mercados y, el mantenimiento de la clientela y los proveedores.

Afirmó que estos gastos cumplen con los requisitos de necesidad y causalidad, pues los acuerdos con clientes y proveedores exigen un mínimo de atenciones que implican consumos en clubes y restaurantes, por lo que estos gastos son usuales y redundan a favor de la actividad generadora de renta.

Luego de revisar el acervo probatorio, la Sala advierte que la demandante no aportó ninguna prueba que acreditara que incurrió en estos gastos, sin embargo es necesario aclarar que así hubiera aportado la prueba que se echa de menos en el expediente, este tipo de gastos no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 107 y 488 del E.T., en consecuencia, no prospera el cargo formulado por la demandante con respeto a este rubro.

c)      Seguros.

Afirma la demandante que el acto administrativo demandado carece de fundamentos para desconocer la procedencia de la deducción por amortización de la póliza de seguro de las oficinas de la sede administrativa de Bogotá.

Sin embargo, tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión, la Administración hizo una relación de los gastos respecto de los que la demandante solicitó los impuestos descontables y que no cumplían con los requisitos de los artículos 107 y 488 del E.T., por lo tanto, fue en esas normas en las que la DIAN fundamentó el rechazo de los impuestos descontables correspondientes a este rubro.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la amortización de los gastos por seguros, es necesario tener en cuenta lo establecido por el Artículo 433 del E.T., según el cual “[…] el impuesto se causa en su integridad en el momento en que la compañía conozca en su sede principal la emisión de la póliza, el anexo correspondiente que otorgue el amparo o su renovación”.

Ahora bien, obra en el expediente15 copia de la póliza No. 43003167 emitida por Delima Marsh S.A. el 3 de abril de 2003, es decir que este gasto corresponde al segundo bimestre del 2003, periodo que no se está discutiendo en este proceso.

Lo anterior, no es óbice para que contablemente se realice la amortización a que haya lugar en atención a los principios de contabilidad generalmente aceptados que rigen en nuestro país.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el cargo formulado con respecto a esta glosa no prospera.

d)   Asesoría legal y tributaria.

La demandante consideró que en este punto la Administración actuó de forma caprichosa y temeraria toda vez que, según la jurisprudencia, esta clase de gastos cumplen con los requisitos de necesidad y causalidad.

Al respecto, y luego de analizadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala advierte que la Factura N° 0040 de Garrido & Asociados Ltda., fue expedida el 3 de marzo de 2003 y la N° 4226 de Sanclemente, Fernández & Hernández Abogados S.A., el 17 del mismo mes y año; por lo tanto, como en los casos anteriores, dichas pruebas corresponden a gastos en los que se incurrió en un periodo gravable distinto al que se está discutiendo en este proceso no prospera el cargo.

De otra parte, en lo relativo a los servicios de auditoría sobre los contratos que desarrolla Petrobras, la Sala advierte que si bien los impuestos generados por este tipo de gastos son descontables siempre y cuando cumplan con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, varias veces mencionados, en el caso concreto la demandante no allegó prueba de que dichos requisitos se hubieran cumplido con respecto al valor glosado por la Administración.

Lo anterior, porque a pesar de que en el expediente obran como pruebas las facturas 262 y 265 expedidas el 7 de mayo de 2003 por T.F. Auditores y Asesores, éstas no coinciden con el valor glosado por la Administración, esto es, $2.994.181, pues dentro de las pruebas que aportó la demandante no se encuentra ninguna factura que demuestre el pago por concepto de auditoría y cuyo impuesto corresponda a este valor.

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s