OLÉ, OLÉ, OLÉ !!! Corte Suprema emite Sentencia en Acción Popular 16216-2014-LIMA que la confirma Constitucionalidad y Legalidad del Aporte a Favor de la OEFA para Fiscalización Ambiental

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

OLÉ, OLÉ, OLÉ !!!! La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, máxima instancia judicial en el Perú, emitió Sentencia en el Proceso Constitucional de Acción Popular N° 16216-2014-LIMA, de fecha 03 de septiembre del 2015 y recientemente disponible en el portal web del Poder Judicial, que C O N F I R M A la Sentencia que declaró I N F U N D A D A la demanda constitucional de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contra el Estado Peruano.

Los Ilustres Jueces que emitieron este fallo histórico fueron Lama More, Tello Gilardi, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez y Rueda Fernández.

Tal como se puede apreciar se confirma la constitucionalidad y legalidad del aporte a favor de la OEFA para la fiscalización ambiental, y que fue fijado por el Decreto Supremo 130-2013-PCM en cumplimiento de la Ley N° 27332, y que no tiene caracter confiscatorio.

Ante las alegaciones (fantasiosas) de “confiscatoriedad cualitativa” estas quedan totalmente descartadas.

El texto de la Sentencia Suprema puede descargarse en el siguiente enlace web: sentencia-corte-suprema-oefa

 

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Legislativo 1352 Amplía la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas a partir del 2018

 

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Alan Emilio en Ica 2016

Decreto Legislativo 1352 Decreto Legislativo que AMPLIA la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre dichas materias por un plazo de noventa (90) días calendario;

Que, las facultades otorgadas en materia de seguridad ciudadana se encuentran previstas en el numeral 2) del artículo 2 de la citada ley; y, dentro de este numeral, el literal i) faculta al Poder Ejecutivo para incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas
involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, respectivamente;

Que, el Perú ha ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, tales como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo; instrumentos que exigen al Perú regular la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sea en el ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que los hayan cometido;

Que, asimismo, conforme a las Recomendaciones tres (3) y cinco (5) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus respectivas notas interpretativas, los países, entre ellos, el Perú – que asumió el compromiso de cumplirlas en el año dos mil – deben asegurar que se aplique a las personas jurídicas involucradas en los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo responsabilidad penal, civil o administrativa; y, por su parte, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), exige legislar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en el cohecho activo transnacional;

Que, mediante Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, se estableció la responsabilidad de las personas jurídicas pero únicamente para el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal;

Que, con la finalidad de cumplir con todas las exigencias internacionales antes mencionadas, se hace necesario perfeccionar el marco normativo vigente y establecer un nuevo campo de responsabilidad administrativa que regule, además del delito de cohecho activo transnacional, la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas que participan en otros delitos de corrupción, tales como el delito de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, así como en los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

De conformidad con lo establecido en el literal a) e i) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto Legislativo que AMPLIA LA responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

Artículo 1.- Modificación la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto de la ley
La presente Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación
Para efectos de la presente Ley, son personas jurídicas las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta.

El cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización societaria, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma.

En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente: (i) solo puede ser sancionada con el pago de una multa, que se calcula teniendo en cuenta las reglas
establecidas en los artículos 5 o 7, según corresponda, y en función al patrimonio transferido, siempre que el delito haya sido cometido antes de la fusión o escisión, salvo que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado estas formas de reorganización societaria con el propósito de eludir una eventual responsabilidad administrativa de la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera este supuesto; y, (ii) no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso de debida diligencia, previo al proceso de fusión o escisión. Se entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones razonables orientadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha incurrido en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1.

Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
Las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:

a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias.

b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus órdenes o autorización.

c. La persona natural señalada en el literal precedente, cuando la comisión del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal a. han incumplido
sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada, en atención a la situación concreta del caso.

Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán responsables y sancionadas siempre que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias,
que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en el primer párrafo, hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o con su consentimiento.
Las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas en el primer párrafo, hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica.

Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y extinción de la acción contra la persona jurídica
La responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Las causas que extinguen la acción penal
contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
La acción contra la persona jurídica se extingue por prescripción o cosa juzgada.
La acción contra la persona jurídica prescribe en el mismo tiempo que el previsto para la persona natural, de conformidad con el primer párrafo del artículo 80 del Código Penal, siendo de aplicación asimismo, en lo que corresponda, los artículos 82, 83 y 84 del Código Penal.

Artículo 5. Medidas administrativas aplicables
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede disponer, según corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten responsables de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1:

a. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Suspensión de sus actividades sociales por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años.

2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será menor de un año ni mayor de cinco años.
3. Para contratar con el Estado de carácter definitivo.
c. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años.
e. Disolución.

Artículo 6. Medidas administrativas complementarias
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica que resulte responsable de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un período de dos años.

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y alcances de la intervención y determinar la entidad a cargo de la intervención y los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de la medida.
La intervención se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y disposición del Ministerio Público. El interventor está facultado para acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad y recabar la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de la información secreta o reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.

Artículo 7. Multa
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, el valor de la multa se establece conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito asciende hasta ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias.

b) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito sea mayor a ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias y menor de mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de cincuenta (50) ni mayor de quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT).

c) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito sea mayor a mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de quinientas (500) ni mayor a diez mil (10000) unidades impositivas tributarias (UIT).

La multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurídica y cuando el pago del monto de la multa pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando sea aconsejable por el interés general, el juez autoriza que el pago se efectúe en cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses.

En caso de que la persona jurídica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de prohibición de actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b) del artículo 5.

Artículo 11. Decomiso
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede disponer el decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito cometido por el que se declare responsable a la persona jurídica, de conformidad con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con las medidas del artículo 5 que resulten aplicables.

Artículo 12. Circunstancias atenuantes
Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas las siguientes:

a. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, hasta antes del inicio de la etapa intermedia.
b. El impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito.
c. La reparación total o parcial del daño.
d. La adopción e implementación por parte de la persona jurídica, después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención.
e. La acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención.

La confesión, debidamente corroborada, de la comisión del delito, con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria, tiene como efecto que el juez pueda rebajar la medida establecida en los literales a), b), y d) del artículo 5 hasta un tercio por debajo del mínimo legal establecido, cuando se trate de medidas temporales. Este supuesto es inaplicable en caso de flagrancia, irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso o cuando se haya configurado la reincidencia de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13.

Artículo 13. Circunstancias agravantes
Constituye circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo

1. Este supuesto se configura cuando se pruebe que la actividad que desarrolla la persona jurídica es predominantemente ilícita.

Asimismo, constituye circunstancia agravante cuando la persona jurídica contiene dentro de su estructura un órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o actividad es ilícita.

La comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo 1, dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se le haya impuesto, mediante sentencia firme, una o más medidas, tiene como efecto que el juez pueda aumentar las medidas establecidas en los literales a), b) y d) del artículo 5, hasta en una mitad por encima del máximo legal establecido.

Artículo 14. Criterios para la aplicación de las medidas administrativas
Las medidas previstas en los literales b, c y d del artículo 5 son determinadas por el juez en atención a los siguientes criterios, según corresponda:

a. La gravedad del hecho punible.
b. La capacidad económica de la persona jurídica.
c. La extensión del daño o peligro causado.
d. El beneficio económico obtenido por el delito.
e. El móvil para la comisión del delito.
f. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u órgano que incumplió el deber de control.

Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las medidas
16.1. El juez puede disponer mediante resolución debidamente motivada y de modo excepcional, la suspensión de la ejecución de las medidas impuestas y sus efectos por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre que la medida a imponerse esté por debajo del tercio inferior conforme a lo establecido en el artículo 15, y no se refiera a la prevista en el primer párrafo del artículo 8, el primer párrafo del artículo 9 o en el artículo 10.

16.2. El juez al ordenar la suspensión de la ejecución de la medida impuesta y sus efectos impone a la persona jurídica las siguientes reglas: (i) la reparación total del
daño y (ii) la obligación de adoptar e implementar un modelo de prevención.

16.3. Si durante el periodo de suspensión la persona jurídica no cumple con las reglas impuestas, el Juez puede, según sea el caso: (i) prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo fijado; en ningún caso la prorroga acumulada debe exceder los dos años, o (ii) revocar la suspensión decretada.

16.4. Si transcurre el periodo de suspensión sin que la persona jurídica sea incorporada a un nuevo proceso penal de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga el nuevo Código Procesal Penal, y se verifica el cumplimiento de las reglas impuestas, el juez deja sin efecto la sanción impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa.
16.5. Esta suspensión no afecta el decomiso dispuesto judicialmente, según lo previsto en el artículo 11.

Artículo 17. Eximente por implementación de modelo de prevención
17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1, si adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

17.2. El modelo de prevención debe de contar con los siguientes elementos mínimos:

17.2.1. Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado de prevención puede ser asumido directamente por el órgano de administración.

17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1 a través de la persona jurídica.

17.2.3. Implementación de procedimientos de denuncia.

17.2.4. Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención.

17.2.5. Evaluación y monitoreo contínuo del modelo de prevención.

El contenido del modelo de prevención, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla en el Reglamento de la presente Ley. En caso de la micro,
pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será acotado a su naturaleza y características y solo debe contar con alguno de los elementos mínimos antes señalados.

17.3. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

17.4. Se excluye también la responsabilidad de la persona jurídica, cuando cualquiera de las personas naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención debidamente implementado.

Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración
El fiscal para formalizar la investigación preparatoria debe contar con un informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que analice la implementación y funcionamiento del modelo  de prevención, que tiene valor probatorio de pericia institucional.
Si el informe técnico de la SMV establece que la implementación y funcionamiento del modelo de prevención antes de la comisión del delito, es adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante decisión debidamente motivada.”

Artículo 2.- Modificación de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

Modificase la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:

PRIMERA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero del 2018.

SEGUNDA. Reglamento
El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días (90) hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo, aprueba el reglamento a que hace referencia el numeral 17.2 del artículo 17, a propuesta del Ministerio de la Producción; y, con el refrendo de los Ministros de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos.

TERCERA. Vía procesal y puesta en vigencia de artículos del Código Procesal Penal
La investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Decreto Legislativo N° 957, gozando la persona jurídica de todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente reconoce a favor del imputado.
Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los artículos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del Decreto Legislativo N° 957 y demás normas de este Decreto Legislativo que resulten aplicables en aquellos distritos judiciales donde no se encuentre vigente.

CUARTA. Defensa Pública
La persona jurídica puede ser asistida por la defensa pública, en caso lo requiera, bajo los alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del Decreto Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo que resulte pertinente.

QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas
El Poder Judicial implementa un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas impuestas a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre, clase de medida y duración de la misma, así como el detalle del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción correspondiente, de ser el caso.
En caso de que las personas jurídicas cumplan con la medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carácter definitivo.
El Poder Judicial puede suscribir convenios con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otras instituciones, para compartir la información que conste en el registro.
El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias
pertinentes que regulen los procedimientos, acceso, restricciones, funcionamiento del registro y demás aspectos necesarios para su efectiva implementación.

OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV
Dispóngase que la SMV está facultada para emitir el informe técnico con calidad de pericia institucional, y que constituye un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria por los delitos contenidos en el artículo 1 de la presente norma.
El informe que analiza la implementación y funcionamiento de los modelos de prevención debe ser emitido dentro de los 30 días hábiles desde la recepción del pedido fiscal que lo requiera.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Deróganse el artículo 19, la Sexta Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activo y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

 

Decreto Legislativo 1341 Cambios en la Ley de Contrataciones del Estado

Alan Emilio en Chiclayo

Alan Emilio en Chiclayo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1341

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. por el plazo de noventa (90) días calendario;

Que, el literal g) del numeral 1 del artículo 2 del citado dispositivo legal establece la facultad de legislar para, entre otros, establecer medidas para determinar los marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública, así como modificar el marco normativo del sistema de contrataciones del Estado y reorganizar el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE);

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos con repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, resulta necesario modificar el marco normativo aplicable a las contrataciones que realiza el Estado, con el fin de mejorar los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, así como la ejecución de obras y la contratación de consultorías;

De conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Artículo 1.- Modificación de los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, los literales k) y m) del artículo 27, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, literal j) del artículo 52, literal a) del artículo 59, artículo 60 y Primera y Décima Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Modifícase los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, los literales k) y m) del artículo 27, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, literal j) del artículo 52, literal a) del artículo 59, artículo 60 y Primera y Décima Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes términos:

Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación.

Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano.

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.

d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros.

e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado, siempre que ese otro Estado realice las prestaciones de bienes, servicios u obras, a través de sus propios organismos, dependencias o empresas de propiedad estatal.

f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero; o iii) el ente rector del sistema nacional de salud advierta que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema. Las contrataciones deben efectuarse conforme a los compromisos internacionales vigentes.

g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados siempre que las Entidades sustenten que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de sus necesidades y se realice en concordancia con los compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto, la Entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar pertenece a un Estado clasificado con grado de inversión, que es supervisada por la autoridad competente de su país y que cuenta con la clasificación de riesgo mínima.

5.2 El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece los criterios para la supervisión.

Artículo 6. Organización de los procesos de contratación

6.1 Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinataria de los fondos públicos asignados a la contratación.

6.2 Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse determinados procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa, cuando el objeto de la contratación sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece el reglamento.

Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:

a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización  y supervisión de los procesos de contratación de bienes,
servicios y obras.

b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones, responsabilidades, entre otros.

8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra.
No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento.

Artículo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 10. Supervisión de la Entidad
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no …

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Alan Emilio Matos Barzola

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Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

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Decreto Legislativo 1332 Facilita la Constitución de Empresas CDE

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Alan Emilio en Arequipa 2016

Decreto Legislativo 1332 DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL – CDE

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en determinadas materias, entre ellas la de reactivación económica y formalización por el término de noventa (90) días calendario;

Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la citada Ley, establece la facultad de legislar, entre otros, para emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas; y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el mismo ejerce competencias respecto de la promoción de la formalidad empresarial, así como de las acciones que facilitan el inicio de un negocio;

Que, es necesario optimizar los procesos de asesoría y asistencia técnica en el inicio de un negocio a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), por lo que es necesario contar con herramientas tecnológicas, interconexiones interinstitucionales y medios electrónicos correspondientes;

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE OPTIMIZA LOS PROCESOS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL INICIO DE UN NEGOCIO

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene como objeto optimizar los procesos de asesoría y asistencia técnica en la constitución de una empresa a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE calificados y autorizados por el Ministerio de la Producción, a fin de promover la formalización empresarial.

Artículo 2.- Centros de Desarrollo Empresarial
Facúltase al Ministerio de la Producción a calificar y autorizar Centros de Desarrollo Empresarial – CDE a toda institución pública o privada, así como a los notarios.
Dichos Centros operan como plataformas físicas y/o digitales que facilitan la constitución de personas jurídicas, conforme a la regulación prevista en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, y demás disposiciones aplicables, para la formalización y desarrollo empresarial.

Artículo 3.- Facilitación del servicio de asesoría y asistencia técnica en la constitución de una empresa a través de los CDE
La constitución de personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial a través de un Centros de Desarrollo Empresarial – CDE se realiza utilizando herramientas tecnológicas o medios electrónicos, que interconecten a Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y a las notarías.

Artículo 4.- Calificación y Autorización de los CDE
El Ministerio de la Producción, califica y autoriza a toda institución pública o privada, así como a los notarios, para obtener la condición de los CDE.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Avance de la Tecnología
Los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE cuentan con:

a) Lector para la identificación biométrica, a través del sistema AFIS de RENIEC.
b) Tarjeta con lectora de certificados digitales.
c) Token criptográfico para generación de certificados digitales.
d) Conexión a internet.
e) Canal digital para la conexión con los notarios, incluyendo videoconferencia.

f) Canal digital para la conexión con la entidad de certificación (EC).

La aplicación de los incisos e) y f) del presente artículo, se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

Mediante Decreto Supremo, se podrá habilitar mejoras y adaptaciones de los servicios prestados a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, de acuerdo al avance de la tecnología.

SEGUNDA.- Tasas registrales ante SUNARP
Las personas jurídicas cuyo capital social sea de hasta una (1) UIT constituidas través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE, en aplicación de la presente norma, realizan la reserva de nombre y la inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP, y podrán ser exoneradas de las tasas registrales mediante Decreto Supremo.

TERCERA.- Implementación
Las condiciones para la implementación y operatividad de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE se establecerán mediante Resolución Ministerial.

CUARTA.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, según corresponda, y en el marco de las Leyes Anuales del Presupuesto.

QUINTA.- Modifica el artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado

Modifícase el artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, en los siguientes términos:

Artículo 37.- Registros Protocolares

Forman el protocolo notarial los siguientes registros:

a) De escrituras públicas.
b) De escrituras públicas unilaterales para la constitución de empresas, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial autorizados por el Ministerio de la Producción.
c) De testamentos.
d) De protesto.
e) De actas de transferencia de bienes muebles registrables.
f) De actas y escrituras de procedimientos no contenciosos.
g) De instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía mobiliaria y otras afectaciones sobre bienes muebles; y,
h) Otros que señale la ley”.

SEXTA.- Modifica los artículos 9 y 10 de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades
Modifícase los artículos 9 y 10 de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, en los siguientes términos:

Artículo 9.- Denominación o Razón Social
La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.
Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.
El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición.
La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar”.

Artículo 10.- Reserva de preferencia registral
Cualquier persona natural o jurídica que participe en la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de treinta días, vencido el cual ésta
caduca de pleno derecho.

No se puede adoptar una razón social o una denominación, completa o abreviada, igual a aquella que esté gozando del derecho de reserva de preferencia registral”.

SÉTIMA.- Incorpórase el tercer párrafo al artículo 11, el quinto y sexto párrafos al artículo 14 y el cuarto párrafo al artículo 188 de la ley N° 26887 – Ley General de Sociedades

Incorpórase el tercer párrafo al artículo 11, el quinto y sexto párrafos al artículo 14 y el cuarto párrafo al artículo 188 de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, en
los siguientes términos:

Artículo 11.- Objeto social
La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto.
La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas.
La sociedad podrá realizar los negocios, operaciones y actividades lícitas indicadas en su objeto social.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en
el pacto social o en el estatuto.”

Artículo 14.- Nombramiento, poderes e inscripciones
El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento de poderes por ésta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes.
Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante, según el caso.
Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar.
El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley de Arbitraje, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario
Por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de representación ante personas naturales y/o jurídicas privadas y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión y/o trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Igualmente, goza de facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad.
Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la Partida Electrónica de la sociedad, no serán oponibles a terceros.

Artículo 188.- Atribuciones del Gerente
Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, al ser nombrado o por acto posterior.

Salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones:

1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social;

2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje

3. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada;

4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida en contrario;

5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad; y,

6. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 14, el gerente general para la gestión de la sociedad goza de las facultades siguientes:

1. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada;
2. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida en contrario;
3. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registro de la sociedad; y,
4. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.

Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la Partida Electrónica de la sociedad, no serán oponibles a terceros”.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Bruno Giuffra Monteverde
Ministro de la Producción

Alan Emilio Matos Barzola

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Feriados 2017 y 2018 PERÚ Declaran días no laborables compensables para los trabajadores del Sector Público, durante los años 2017 y 2018

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

DECRETO SUPREMO Nº 001-2017-PCM Declaran días no laborables compensables para los trabajadores del Sector Público, durante los años 2017 y 2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, en materia de turismo, tiene como objetivo promover el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, propiciando las condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada, y la generación de empleo;

Que, conforme al artículo 4 de la Ley N° 29408 – Ley General de Turismo, corresponde al MINCETUR fomentar el turismo social e implementar estrategias para la promoción del turismo interno y receptivo;

Que, a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace algunos años, el establecimiento de días no laborables sujetos a
compensación o recuperación de horas no trabajadas, los cuales sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno, medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo, según los resultados de las evaluaciones del flujo turístico interno movilizado durante los fines de semana largos, efectuadas cada año por el Sector Turismo;

Que, la práctica del turismo interno constituye un instrumento dinamizador de las economías locales y contribuye al conocimiento no sólo de los atractivos turísticos sino de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país;

Que, por dichas razones, es conveniente establecer los días no laborables sujetos a horas de trabajo compensables correspondientes a los años 2017 y 2018;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y por el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Días no laborables en el sector público.
1.1 Declárase días no laborables, para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, durante los años 2017 y 2018, los siguientes:

Viernes 30 de junio de 2017

Jueves 27 de julio de 2017

Martes 2 de enero del 2018

1.2 Para fines tributarios dichos días serán considerados hábiles.

Artículo 2.- Compensación de horas.
Las horas dejadas de trabajar en los días no laborables establecidos en el artículo precedente, serán compensadas en la semana posterior a la del día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Artículo 3.- Servicios indispensables y atención al público.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables señalados.

Artículo 4.- Días no laborables en el sector privado.
Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas “de laborar; a falta de acuerdo decidirá el empleador.

Artículo 5.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo y de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Alan Emilio Matos Barzola

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Decreto Supremo 099-2016-PCM Aprueban Aporte por Regulación del OSINERGMIN – Sector Minero 2017-2019

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Nevados del Perú 2016

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 10 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos – Ley N° 27332 establece que dichas entidades recaudarán de las entidades bajo su ámbito un aporte por regulación que no podrá exceder del 1% del valor de la  facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, que será fijado en cada caso, mediante decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, asimismo, el artículo 4 de la Ley Nº 29901, Ley que precisa las competencias del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), establece que el aporte por regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, alcanza a los titulares de las actividades mineras bajo el ámbito de supervisión y fiscalización del OSINERGMIN;

Que, la referida norma también establece que el aporte a que se refiere el párrafo anterior no podrá exceder del 1% del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, con el cual el OSINERGMIN financiará las funciones de supervisión y fiscalización de las actividades mineras bajo su ámbito; y será fijado por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 128-2013-PCM se aprobó el aporte por regulación al que están obligadas las entidades bajo supervisión del OSINERGMIN en el sector minero, para los años 2014, 2015 y 2016;

Que, encontrándose próximo a vencer el periodo trianual previsto en el Decreto Supremo N° 128-2013-PCM, corresponde aprobar el Aporte por Regulación aplicable a las entidades bajo supervisión del OSINERGMIN en el sector minero, para los años 2017, 2018 y 2019;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el artículo 10 de la Ley N° 27332 y el artículo 4 de la Ley Nº 29901;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:
Artículo 1.- Importe del Aporte por Regulación del Sector Minero
El Aporte por Regulación del Sector Minero alcanza a todos los titulares de las actividades mineras bajo el alcance de la supervisión y fiscalización del OSINERGMIN, y su importe es calculado sobre el valor de la facturación mensual, que corresponda a las actividades directamente relacionadas al ámbito de su competencia supervisora y fiscalizadora, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando los siguientes porcentajes para los años 2017, 2018 y 2019:

4

Artículo 2.- Procedimiento de Pago

2.1. OSINERGMIN, en virtud de su facultad normativa, dictará las disposiciones pertinentes y reglamentarias para la mejor aplicación y cobranza de los Aportes de su competencia.

2.2. La falta de pago oportuno del Aporte por Regulación dará lugar a la aplicación de las sanciones e intereses previstos en el Código Tributario.

Artículo 3.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del primer día del mes de enero de 2017.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

Alfredo Thorne Vetter

Ministro de Economía y Finanzas

Gonzalo Tamayo Flores

Ministro de Energía y Minas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

 

Decreto Supremo 098-2016-PCM Aporte por Regulación OSINERGMIN Sector Energético 2017-2019

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

Decreto Supremo 098-2016-PCM Aprueba Aporte por Regulación del
OSINERGMIN – Sector Energético

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 10 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos – Ley N° 27332 establece que dichas entidades recaudarán de las entidades bajo su ámbito un aporte por regulación que no podrá exceder del 1% del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, que será fijado en cada caso, mediante decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 127-2013-PCM se aprobó el aporte por regulación al que están obligadas las entidades bajo supervisión del OSINERGMIN en el sector energético, para los años 2014, 2015 y 2016;

Que, encontrándose próximo a vencer el periodo trianual previsto en el Decreto Supremo N° 127-2013-PCM, corresponde aprobar el Aporte por Regulación del OSINERGMIN aplicable al sector energético, para los años 2017, 2018 y 2019;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el artículo 10 de la Ley N° 27332;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aporte por Regulación de empresas y entidades del subsector electricidad
1.1. La contribución denominada Aporte por Regulación de los concesionarios de generación, de transmisión y de distribución de energía eléctrica, así como de las entidades que desarrollan exclusivamente las actividades de generación mediante autorización, es calculada sobre el valor de su facturación mensual, que correspondan a las operaciones con terceros relacionadas directamente con la actividad normada, regulada, supervisada o fiscalizada, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando los siguientes porcentajes para los años 2017, 2018 y 2019:

1

1.2. En el caso de los concesionarios de distribución de energía eléctrica, las empresas receptoras por la aplicación de la Ley N° 27510 que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) son las encargadas de efectuar el aporte correspondiente al monto transferido. Asimismo, las empresas receptoras de los montos que transfieren las empresas aportantes por la aplicación de los artículos 29 y 30 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, serán las encargadas de efectuar el aporte correspondiente del monto transferido.

1.3. Los montos recaudados en aplicación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), y de la Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, y del Mecanismo de Ingresos Garantizados (CASE), no forman parte de la base imponible para el cálculo del Aporte por Regulación.

1.4. Las compensaciones por racionamiento o por interrupciones del servicio que los concesionarios deben descontar en sus respectivas facturaciones, según lo establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM y normas modificatorias, y las derivadas de la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM y sus modificatorias, no podrán ser deducidas de la base del cálculo del Aporte por Regulación a que se refiere el numeral anterior.

Artículo 2.- Aporte por Regulación de las empresas del subsector hidrocarburos

2.1. La contribución denominada Aporte por Regulación de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos que realizan actividades de importación y/o producción de combustibles, incluyendo gases licuados de petróleo y gas natural, es calculada sobre el valor de su facturación mensual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando los siguientes porcentajes para los años 2017, 2018 y 2019:

22.2. En el caso de importadores que no realizan actividad de producción de combustibles, la contribución se establece sobre la sumatoria del valor CIF, el ISC, el Impuesto al Rodaje y los derechos arancelarios respectivos, consignados en la o las Declaraciones respectivas ante Aduanas por el volumen importado y numeradas en el mes correspondiente.

2.3. En el caso de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos que realizan actividades de importación y/o producción de combustibles, incluyendo gases licuados de petróleo y gas natural, los montos recaudados en aplicación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (SISE y FISE), no forman parte de la base imponible para el cálculo del Aporte por Regulación.

2.4. La contribución denominada Aporte por Regulación de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos, concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas natural por red de ductos, es calculada sobre el valor de su facturación mensual de bienes y servicios vinculados a la concesión respectiva, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando los siguientes porcentajes para los años 2017, 2018 y 2019:

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2.5. En el caso de los concesionarios de transporte por ductos de los productos líquidos derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural, así como de transporte de gas natural por ductos, los montos recaudados en aplicación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (SISE y FISE) y de la Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, y del Mecanismo de Ingresos Garantizados (TRS) no forman parte de la base imponible para el cálculo del Aporte por Regulación.

Artículo 3.- Ventas gravadas
Sólo están gravadas con el aporte a que se refieren los numerales 2.1 al 2.3 del artículo 2, las ventas de combustibles, incluyendo gases licuados de petróleo, que tengan como destino su consumo o su uso como insumo en el país.

Artículo 4.- Procedimiento de Pago
4.1. OSINERGMIN, en virtud de su facultad normativa, dicta las disposiciones pertinentes y reglamentarias para la mejor aplicación y cobranza de los Aportes por Regulación que le corresponden.
4.2. La falta de pago oportuno del Aporte por Regulación da lugar a la aplicación de las sanciones e intereses previstos en el Código Tributario.

Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del primer día del mes de enero de 2017.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

Alfredo Thorne Vetter
Ministro de Economía y Finanzas

Gonzalo Tamayo Flores
Ministro de Energía y Minas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Supremo N° 097-2016-PCM Aporte OEFA Sector Minero 2017-2019

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Alan Emilio en Ica 2016

Decreto Supremo N° 097-2016-PCM Establecen disposiciones sobre el aporte por regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, a cargo de las empresas del sector minería para el periodo 2017-2019

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece que los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito de competencia, un aporte por regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), establece que el aporte por regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Público, alcanza a los titulares de las actividades mineras bajo el ámbito de supervisión y fiscalización del OSINERGMIN; asimismo, dispone que el referido aporte no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, con el cual el OSINERGMIN financiará las funciones de supervisión y fiscalización de las actividades mineras bajo su ámbito;

Que, el primer párrafo de la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, determina que las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se financian con cargo al aporte por regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las funciones de fiscalización ambiental ejercidas por el OEFA en las actividades de energía y minería se financian con cargo al Aporte por Regulación establecido en la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951; dichos recursos constituyen ingresos propios del OEFA, los cuales son incorporados a su presupuesto institucional, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, precisa que el OEFA es acreedor tributario del Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, por parte de los sectores energía y minería que se encuentran bajo su ámbito de competencia; el porcentaje del aporte que le corresponde al OEFA, sumado al porcentaje del OSINERGMIN, y; en su caso, a la contribución que percibe el Ministerio de Energía y Minas, no podría exceder el 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual de las empresas y entidades obligadas a su pago, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal; asimismo, establece que mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas, se determina el porcentaje del Aporte por Regulación que corresponde al OEFA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 130-2013-PCM se determinó el Aporte por Regulación que corresponde al OEFA, a cargo de las empresas del sector minería, para los años 2014, 2015 y 2016;

Que, en este contexto, resulta necesario continuar con el establecimiento de aportes diferenciados por actividad para el periodo 2017-2019, preservando que el aporte para el financiamiento del macroproceso de fiscalización ambiental relacionado con las actividades de la gran y mediana minería, bajo el ámbito de competencia del OEFA, guarde relación con un presupuesto razonable y equilibrado de dicho organismo, que le permita ejecutar ágil y eficientemente las mencionadas funciones;

Que, es importante destacar que la fiscalización ambiental genera beneficios para las empresas que realizan sus actividades invirtiendo en el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo, toda vez que se expresa mediante acciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción que contribuyen a optimizar el funcionamiento del mercado, evitando que las empresas que no cumplen con sus obligaciones ambientales compitan de manera desleal con las que sí cumplen;

Que, los porcentajes del Aporte por Regulación que recibirá el OEFA permitirán que esta entidad pública continúe afianzándose como garante del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el país, mediante el financiamiento de las acciones necesarias en lo relativo a la fiscalización ambiental de las actividades del sector minería bajo su ámbito de competencia;

Que, los porcentajes del Aporte por Regulación que corresponden al OEFA para el periodo 2017-2019 han sido determinados técnicamente, en estricto cumplimiento del marco legal vigente, calculando las necesidades de gasto de la entidad, bajo un esquema de supervisión efectiva basado en un enfoque de riesgos y optimización del procedimiento de fiscalización ambiental;

Que, adicionalmente, para la determinación de los citados porcentajes se ha considerado la proyección del ingreso económico de las empresas dedicadas a las actividades de gran y mediana minería, a partir de la información proporcionada por el OSINERGMIN, en el informe “Proyección de los Ingresos de Actividades reguladas por OSINERGMIN para los años fiscales 2017- 2021”;

Que, teniendo en consideración lo señalado en el Informe N° 020-2016-OEFA/SG de 26 de diciembre de 2016 y el Informe N° 624-2016-OEFA/OAJ de 26 de diciembre de 2016, corresponde fijar los porcentajes del Aporte por Regulación de cargo del sector minería que debe percibir el OEFA para los años 2017, 2018 y 2019;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el artículo 10 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el artículo 4 de la Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30011, Ley que modifica la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; y, la Octava Disposición Complementaria Final de Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015;

DECRETA:

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Artículo 2.- Procedimiento de Pago
2.1 El OEFA, en ejercicio de su potestad normativa, dictará las disposiciones reglamentarias pertinentes para la mejor aplicación y cobranza de los aportes de su competencia.

2.2 La falta de pago oportuno del porcentaje del Aporte por Regulación que corresponde al OEFA dará lugar a la aplicación de las sanciones e intereses previstos en el Código Tributario.

Artículo 3.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el Portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe), el Portal del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe), el Portal del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe) y el Portal del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (www.oefa.gob.pe).

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas, la Ministra del Ambiente y el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKY GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Supremo 096-2016-PCM Aporte OEFA Sector Energía 2017-2019 aplicando sobre su facturación mensual el 0.11%

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Alan Emilio en el Cusco 2016

Decreto Supremo N° 096-2016-PCM Establecen disposiciones sobre el aporte por regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, a cargo de las empresas y entidades del sector energía para el periodo 2017-2019

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece que los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito de competencia, un aporte por regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal;

Que, mediante Decreto Supremo N° 136-2002-PCM se fijaron los porcentajes del Aporte por Regulación de empresas y entidades de los subsectores electricidad e hidrocarburos en el marco de la Ley Nº 27332, que le correspondían al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), en virtud al ejercicio de sus funciones normativas, de regulación, de supervisión y de fiscalización;

Que, el primer párrafo de la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, dispone que las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se financian con cargo al aporte por regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, asimismo, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las funciones de fiscalización ambiental ejercidas por el OEFA en las actividades de energía y minería se financian con cargo al Aporte por Regulación establecido en la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 29951; dichos recursos constituyen ingresos propios del OEFA, los cuales son incorporados a su presupuesto institucional, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Decreto Supremo N° 129-2013-PCM se determinó el Aporte por Regulación que corresponde al OEFA, a cargo de las empresas y entidades del sector energía, para los años 2014, 2015 y 2016;

Que, la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, precisa que el OEFA es acreedor tributario del Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, por parte de los sectores energía y minería que se encuentran bajo su ámbito de competencia; el porcentaje del aporte que le corresponde al OEFA, sumado al porcentaje del OSINERGMIN, y; en su caso, a la contribución que percibe el Ministerio de Energía y Minas, no podría exceder el 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual de las empresas y entidades obligadas a su pago, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal; asimismo, establece que mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas, se determina el porcentaje del Aporte por Regulación que corresponde al OEFA;

Que, en este contexto, resulta necesario continuar con el establecimiento de aportes diferenciados por actividad para el periodo 2017-2019, preservando que el aporte establecido para el financiamiento del macroproceso de fiscalización ambiental relacionado con las actividades de energía, bajo el ámbito de competencia del OEFA, guarde relación con un presupuesto razonable y equilibrado de dicho organismo, que le permita ejecutar ágil y eficientemente las mencionadas funciones;

Que, es importante destacar que la fiscalización ambiental genera beneficios para las empresas que realizan sus actividades invirtiendo en el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo, toda vez que se expresa mediante acciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción que contribuyen a optimizar el funcionamiento del mercado, evitando que las empresas que no cumplen con sus obligaciones ambientales compitan de manera desleal con las que sí cumplen;

Que, los porcentajes del Aporte por Regulación que recibirá el OEFA permitirán que esta entidad pública continúe afianzándose como garante del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el país, mediante el financiamiento de las acciones necesarias en lo relativo a la fiscalización ambiental de las empresas y entidades del sector energía;

Que, la determinación de los porcentajes del Aporte por Regulación que corresponden al OEFA se ha efectuado en estricto cumplimiento del marco legal vigente, de manera técnica, calculando las necesidades de gasto de la entidad, bajo un esquema de supervisión efectivo basado en un enfoque de riesgos y optimización del procedimiento de fiscalización ambiental;Que, adicionalmente, para la determinación de los citados porcentajes se ha considerado la proyección de  ingreso económico de las empresas y entidades del sector energía, a partir de la información proporcionada por el OSINERGMIN, en el informe “Proyección de los Ingresos de Actividades reguladas por OSINERGMIN para los años fiscales 2017 – 2021”;

Que, teniendo en consideración lo señalado en el Informe N° 020-2016-OEFA/SG de 26 de diciembre de 2016 y el Informe N° 624-2016-OEFA/OAJ de 26 de  diciembre de 2016, corresponde fijar los porcentajes de  Aporte por Regulación de cargo del sector energía que debe percibir el OEFA para los años 2017, 2018 y 2019;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el artículo 10 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30011, Ley que modifica la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, la Octava Disposición Complementaria Final de Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015;

DECRETA:

Artículo 1.- Aporte por Regulación de las empresas y entidades del subsector electricidad
1.1 La contribución denominada Aporte por Regulación de los concesionarios de generación, de transmisión y de distribución de energía eléctrica, así como de las
entidades que desarrollan exclusivamente las actividades de generación mediante autorización, es calculada sobre el valor de su facturación mensual, que corresponden a las
operaciones con terceros relacionadas directamente con la actividad normada, regulada, supervisada o fiscalizada, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando el porcentaje de 0.11%, para los años 2017, 2018 y 2019.

1.2 En el caso de los concesionarios de distribución de energía eléctrica, las empresas receptoras por la aplicación de la Ley N° 27510 que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) son las encargadas de efectuar el aporte correspondiente al monto transferido. Asimismo, las empresas receptoras de los montos que transfieren las empresas aportantes por la aplicación de los artículos 29 y 30 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, serán las encargadas de efectuar el aporte correspondiente del monto transferido.

1.3 Los montos recaudados en aplicación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), y de la Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, y del Mecanismo de Ingresos Garantizados (CASE), no forman parte de la base imponible para el cálculo del Aporte por Regulación.

1.4 Las compensaciones por racionamiento o por interrupciones del servicio que los concesionarios deben descontar en sus respectivas facturaciones, según lo establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM y normas modificatorias, y las derivadas de la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM y sus modificatorias, no podrán ser deducidas de la base del cálculo del Aporte por Regulación a que refieren el numeral anterior.

Artículo 2.- Aporte por Regulación de las empresas del subsector hidrocarburos
2.1 La contribución denominada Aporte por Regulación de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos que realizan actividades de importación y/o producción de combustibles, incluyendo gases licuados de petróleo y gas natural, es calculada sobre el valor de su facturación mensual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando el porcentaje de 0.09%, para los años 2017, 2018 y 2019.

2.2 En el caso de importadores que no realizan actividad de producción de combustibles, la contribución se establece sobre la sumatoria de valor CIF, el ISC, el Impuesto de Rodaje y los derechos arancelarios respectivos, consignados en la o las Declaraciones respectivas ante Aduanas por el volumen importado y numeradas en el mes correspondiente.

2.3 En el caso de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos que realizan actividades de importación y/o producción de combustibles, incluyendo gases licuados de petróleo y gas natural los montos recaudados en aplicación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (SISE y FISE), no forman parte de la base imponible para el cálculo del Aporte por Regulación.

2.4 La contribución denominada Aporte por Regulación de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos, concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas natural por red de ductos, es calculada sobre el valor de su facturación mensual de bienes y servicios vinculados a la concesión respectiva, deduciendo el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, aplicando el porcentaje de 0.11%, para los años 2017, 2018 y 2019.

2.5 En el caso de los concesionarios de transporte por ductos de los productos líquidos derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural, así como de transporte de gas natural por ductos, los montos recaudados en aplicación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (SISE y FISE) y de la Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, y del Mecanismo de Ingresos Garantizados (TRS) no forman parte de la base imponible para el cálculo del Aporte por Regulación.

Artículo 3.- Ventas gravadas
Sólo están gravadas con el aporte a que se refieren los numerales 2.1 al 2.3 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, las ventas de combustibles, incluyendo gases licuados de petróleo, que tengan como destino su consumo o su uso como insumo en el país.

Artículo 4.- Procedimiento de Pago

4.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en ejercicio de su potestad normativa, dictará las disposiciones reglamentarias pertinentes para la mejor aplicación y cobranza de los aportes de su
competencia.

4.2 La falta de pago oportuno del porcentaje del Aporte por Regulación que corresponde al OEFA dará lugar a la aplicación de las sanciones e intereses previstos en el Código Tributario.

Artículo 5.- Supletoriedad
Será de aplicación supletoria para el cálculo del Aporte por Regulación que corresponde al OEFA de cargo de las empresas y entidades del sector energía, las reglas para la determinación y aplicación del Aporte por Regulación del OSINERGMIN para el sector energético, establecidas en el Decreto Supremo N° 136-2002-PCM.

Artículo 6.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el Portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe), el Portal del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe), el Portal del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe) y el Portal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (www.oefa.gob.pe).

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra del Ambiente, el Ministro de Energía y Minas, y el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Elsa Galarza Contreras
Ministra del Ambiente
Alfredo Thorne Vetter
Ministro de Economía y Finanzas
Gonzalo Tamayo Flores
Ministro de Energía y Minas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Supremo 401-2016-EF Sobre la deducción de la base imponible del Impuesto Predial para adultos mayores no pensionistas

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Alan Emilio en Ayacucho 2016

Decreto Supremo 401-2016-EF que establece disposiciones para la aplicación de la
deducción de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas

Decreto Supremo N° 401-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, incorporó un cuarto párrafo en el artículo 19 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Dicho párrafo amplía los alcances de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial, a la persona adulta mayor no pensionista propietaria de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT.

Que, en tal sentido resulta necesario la emisión de un Decreto Supremo que establezca las disposiciones para la aplicación de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer las disposiciones para la aplicación de la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso personas adultas mayores no pensionistas.

Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

a) Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o más años de edad, de conformidad con la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.

b) Persona no pensionista: Aquella que no ha sido declarada pensionista en alguno de los Sistemas de Pensiones bajo la normativa peruana.

c) Declaración Jurada: Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionista afirmando encontrarse en los alcances de la Ley N° 30490 para la deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial. El Anexo del presente decreto supremo contiene un modelo de declaración jurada que podrán emplear las Administraciones Tributarias
Municipales.

d) UIT: A la Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable.

Artículo 3.- Disposiciones para la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas

Para efectos de aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el caso de las personas adultas mayores no pensionistas, debe cumplirse lo siguiente:

a) La edad de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería o Pasaporte, según corresponda.

Los sesenta (60) años deben encontrarse cumplidos al 1 de enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción.

b) El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la vivienda, la persona adulta mayor no pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.

c) El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la municipalidad respectiva, no afecta la deducción.

d) Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionista, o de la sociedad conyugal, no deben exceder de 1 UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensionistas suscribirán una declaración jurada, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 2 del presente Decreto Supremo.

e) Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentación que acredite o respalde las afirmaciones contenidas en la declaración jurada, según corresponda.

Artículo 4.- Facultad de Fiscalización
La presentación de la declaración jurada mencionada en el numeral anterior, no restringe la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, prevista en el artículo 62 del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado con el Decreto Supremo N° 133-2013-EF.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
Alfredo Thorne Vetter
Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Ley 30542 Ley que Promueve el Mercado de Capitales

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Alan Emilio en Iquitos 2016

LEY Nº 30532 LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES

Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto otorgar un tratamiento preferencial a los rendimientos de determinados instrumentos financieros a fin de coadyuvar en el desarrollo del mercado de capitales.

Artículo 2. Definición
1) Ley del Impuesto a la Renta: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias.

2) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo 122-94-EF y normas modificatorias.

3) FIBRA: Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces regulado en la Tercera Disposición Final del Reglamento de los Procesos de Titulización de activos aprobado mediante la Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10 y normas modificatorias.

CAPÍTULO I
Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA

Artículo 3. Transferencia fiduciaria de bienes inmuebles para la constitución del FIBRA

Si en el acto constitutivo del FIBRA se establece que el bien inmueble transferido no retornará al fideicomitente en el momento de la extinción del patrimonio fideicometido, la transferencia fiduciaria será tratada como una enajenación de acuerdo a las siguientes reglas:

a) Se considera que la enajenación se realiza en la fecha en que:

i. El FIBRA transfiera en propiedad a un tercero o a un fideicomisario, el bien inmueble a cualquier título; o,

ii. El fideicomisario transfiera a cualquier título, cualquiera de los certificados de participación emitidos por el FIBRA por la transferencia fiduciaria del inmueble.

Tratándose de certificados de participación recibidos, en una o varias oportunidades, por transferencias fiduciarias de inmuebles y otros bienes, se entenderá que la transferencia de dichos certificados corresponde, en primer término, a los recibidos que equivalgan a las transferencias fiduciarias de bienes distintos de inmuebles y luego a los recibidos por las transferencias fiduciarias de bienes inmuebles.

En este caso, la transferencia corresponderá a los certificados que representen la transferencia fiduciaria del inmueble de menor valor.

Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también cuando se transfieran certificados recibidos exclusivamente por transferencias fiduciarias de inmuebles.

b) Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, para efectos del cálculo del impuesto a la renta se considera como valor de enajenación el valor de mercado a la fecha de la transferencia fiduciaria del inmueble al FIBRA y como costo computable el que corresponde a esa fecha.

A tal efecto, se considera que el valor de mercado es equivalente al valor de suscripción que conste en el certificado de participación, recibido por la transferencia fiduciaria del bien inmueble.

c) El fideicomitente no estará obligado a presentar ante el notario público el comprobante o el formulario de pago que acredite el pago del impuesto a la renta generado por la transferencia fiduciaria del bien inmueble, como requisito previo a la elevación de la escritura pública de la minuta respectiva a que se refiere el segundo párrafo del artículo 84-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

d) La Sociedad Titulizadora del FIBRA comunicará a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en la forma, plazo y condiciones que se señalen mediante resolución de superintendencia lo siguiente:

i. Las transferencias fiduciarias de los bienes inmuebles.
ii. La enajenación o transferencia que efectúe el FIBRA de los bienes inmuebles que fueron transferidos fiduciariamente, así como la transferencia de certificados de participación que efectúen los fideicomisarios fuera de un mecanismo centralizado de negociación.

Artículo 4. Atribución de la renta
Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas a una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a una empresa unipersonal constituida en el exterior, están sujetas a una tasa de retención definitiva del impuesto a la renta de cinco por ciento (5%). La Sociedad Titulizadora debe retener el referido impuesto.

Lo señalado en el párrafo anterior solo será aplicable si se cumple con los siguientes requisitos:

1. Porcentaje de participación
Durante el ejercicio el fideicomisario y sus partes vinculadas tengan la propiedad de menos del veinte por ciento (20%) del total de los certificados de participación emitidos por la Sociedad Titulizadora y que se encuentren respaldados por el patrimonio fideicometido.

La vinculación a que se refiere el párrafo anterior se determinará de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta. También habrá vinculación entre cónyuges o concubinos y/o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

2. Actividades tercerizadas
La actividad de construcción y administración de las actividades inmobiliarias debe realizarse a través de un tercero.

3. Vinculación
No debe existir vinculación entre los fideicomisarios y/o fideicomitentes y/o Sociedad Titulizadora y/o terceros contratados para el desarrollo de la finalidad del FIBRA y/o miembros de la comisión administradora.

La vinculación a que se refiere el párrafo anterior se determinará de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

También habrá vinculación entre cónyuges o concubinos y/o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Este supuesto no aplica para determinar la vinculación entre los fideicomisarios y/o los fideicomitentes que adquieran la condición de fideicomisarios.

4. Los fideicomisarios no posean más del veinte por ciento (20%) del capital del fideicomitente y/o de los terceros a que se refiere el numeral 2 del segundo párrafo de este artículo.

CAPÍTULO II
Facturas negociables
Artículo 5. Transferencia de facturas negociables
En las transferencias de facturas negociables en las que el factor o adquirente asume el riesgo crediticio del deudor, el ingreso por el servicio estará gravado con la tasa de cinco por ciento (5%) siempre que el factor o adquirente sea persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliado en el país, o una empresa unipersonal constituida en el exterior.

La tasa de cinco por ciento (5%) también será aplicable cuando la operación sea realizada a través de un fondo de inversión, fideicomiso bancario y de titulización, siempre que a quien se le atribuye el ingreso por servicios sea persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliado en el país, o una empresa unipersonal constituida en el exterior.

Artículo 6. Retención del impuesto a la renta
El adquirente del bien o usuario del servicio o quien realice el pago de estos, según corresponda, efectuará la retención del impuesto a la renta con carácter definitivo en el momento del pago de la factura negociable con la tasa de cinco por ciento (5%). Para tal efecto, el factor o adquirente informará al adquirente del bien o usuario del servicio el valor de adquisición de la factura negociable.

Cuando se atribuyan ingresos por las operaciones señaladas en el artículo 5 de esta Ley, la obligación de retener corresponderá exclusivamente a la sociedad administradora del fondo de inversión, Sociedad Titulizadora del patrimonio fideicometido o al fiduciario bancario, según corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA. Incorporación del inciso g) al artículo 10 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias

“Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también se consideran rentas de fuente peruana:
(…)

g) Las obtenidas por las transferencias de créditos realizadas a través de operaciones de factoring u otras operaciones reguladas por el Código Civil en las que el factor o adquirente del crédito asume el riesgo crediticio del deudor, cuando el cliente o transferente del crédito sea un sujeto domiciliado en el país, de no ser así, cuando el deudor cedido sea domiciliado en el país.

Se incluye dentro del concepto de deudor cedido o cliente o transferente del crédito a la Sociedad Administradora de un Fondo de Inversión o Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a la Sociedad Titulizadora de un Patrimonio Fideicometido y al fiduciario del Fideicomiso Bancario.

En el caso de que el deudor cedido sea una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, se presume que tiene la condición de domiciliado si está inscrito en el Registro Único del Contribuyente o comunica dicha situación al factor o adquirente del crédito, salvo prueba en
contrario”.

SEGUNDA. Incorporación del artículo 5 al Decreto Legislativo 1188 – Decreto Legislativo que otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios.

“Artículo 5.- Atribución de la renta
Las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas a una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o a una empresa unipersonal constituida en el exterior estarán sujetas a una tasa de retención definitiva del impuesto a la renta de cinco por ciento (5%). La Sociedad Administradora del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmobiliarios retendrá el referido impuesto.

Lo señalado en el párrafo anterior solo será aplicable si se cumple con los siguientes requisitos:

1. Porcentaje de participación
Durante el ejercicio de los partícipes y sus partes vinculadas tengan la propiedad de menos del veinte por ciento (20%) del total de los certificados de participación emitidos por el Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmobiliarios.
La vinculación a que se refiere el párrafo anterior se determinará de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta. También habrá vinculación entre cónyuges o concubinos y/o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Actividades tercerizadas
La actividad de construcción y administración de las actividades inmobiliarias debe realizarse a través de un tercero.
3. Vinculación
No debe existir vinculación entre los partícipes y/o la sociedad administradora del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles y/o los terceros contratados para el desarrollo de la finalidad del citado Fondo.
La vinculación a que se refiere el párrafo anterior se determinará de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta.
También habrá vinculación entre cónyuges o concubinos y/o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Este supuesto no aplica para determinar la vinculación entre los partícipes.
4. Los partícipes no posean más del veinte por ciento (20%) del capital de los terceros a que se refiere el numeral 2 del segundo párrafo de este artículo”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Vigencia
La presente Ley estará vigente a partir del 1 de enero de 2017. Lo dispuesto en los capítulos I y II tendrán una vigencia de diez (10) años.

SEGUNDA. Normas del impuesto a la renta
Las normas establecidas en la segunda disposicióncomplementaria final del Decreto Supremo 219-2007-EF así como las demás normas que regulan el impuesto a la renta se aplican en tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

TERCERA. Libros y registros contables
La persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país que únicamente obtenga las rentas a que se refieren los artículos 4, 5 y/o la segunda disposición complementaria modificatoria de la presente Ley, no se encuentran obligados a llevar libros y registros contables.

CUARTA. Establecimiento permanente

No se constituye un establecimiento permanente cuando una empresa unipersonal constituida en el exterior obtiene únicamente las rentas de tercera categoría a que se refieren los artículos 4, 5 y/o la segunda disposición complementaria modificatoria de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

LUZ SALGADO RUBIANES

Presidenta del Congreso de la República

LUCIANA LEÓN ROMERO

Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO THORNE VETTER

Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

Decreto Legislativo 1310 Aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa

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Alan Emilio en Arequipa 2016

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1310 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.;

Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la mencionada Ley, autoriza a legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de, entre otros, modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales
y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; así como dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano;

Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece entre los principios que sustentan el procedimiento administrativo, el debido procedimiento, razonabilidad, celeridad, eficacia y de simplicidad, los cuales deben aplicarse dentro de la actuación de toda entidad de la Administración Pública;

Que, en función de ello, se propone medidas adicionales que permitirán dotar al régimen jurídico que rige a la Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos
administrativos, garantizando así los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional;

De conformidad con lo establecido en el literal h) numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto dictar medidas adicionales de simplificación administrativa.

Artículo 2.- Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos
2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos,

a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del
Procedimiento Administrativo General o a las normas
con rango de ley que les sirven de sustento. El requisito
también es exigible a las disposiciones que reglamenten
trámites creados en leyes o normas de rango de ley. Una
vez realizada esta evaluación deberán remitir su análisis a
la Comisión Multisectorial a que se refiere el numeral 2.3.
2.2. Mediante el Análisis de Calidad Regulatoria se
evalúan principios como el costo – beneficio, necesidad,
efectividad, proporcionalidad, de las disposiciones
normativas señaladas en el 2.1, conforme se establecerá
en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
2.3. El Análisis de Calidad Regulatoria será validado
por una Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria
cuya conformación y funciones se aprueba en el marco
de lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, la cual será presidida por la Presidencia
del Consejo de Ministros.
2.4. El Análisis de Calidad Regulatoria debe ser
preparado y remitido a la Comisión Multisectorial de
Calidad Regulatoria para validación, conforme al siguiente
detalle:
a) En el caso de disposiciones normativas vigentes
a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto
Legislativo, de acuerdo al cronograma que se establecerá
mediante Decreto Supremo, observando lo estipulado en
el numeral 2.6.
b) Antes de la aprobación de las disposiciones
normativas, si se trata de disposiciones nuevas emitidas
con posterioridad a la entrada en vigencia del presente
Decreto Legislativo.
c) Antes del vencimiento de un plazo máximo de tres
años, desde su entrada en vigencia o desde su última
evaluación, de acuerdo al cronograma que para dichos
efecto se establezca, observando lo estipulado en el
numeral 2.7.
d) En el caso de modificaciones de las disposiciones
normativas vigentes, antes de que se introduzca a la
disposición normativa respectiva.
2.5. Las disposiciones normativas que establezcan
procedimientos administrativos que no estén incluidos o
comprendidos en el análisis que remitan las entidades del
Poder Ejecutivo:
a. Quedan automáticamente derogadas, en el caso
del literal a) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en
el numeral 2.6 del presente artículo.
b. No entran en vigencia en el caso de disposiciones
normativas nuevas.
c. Quedan automáticamente derogadas, en el caso del
literal c) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 2.7 del presente artículo.
d. No entran en vigencia en el caso de modificaciones
de disposiciones normativas.
2.6. Luego de validar el Análisis de Calidad Regulatoria
remitido por las entidades del Poder Ejecutivo, la Comisión
Multisectorial emite informes y propone las disposiciones
normativas y procedimientos que, por estar debidamente
justificados, deben ser ratificados o emitidos. Mediante
decretos supremos, con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, se aprueba el listado de las disposiciones
normativas y procedimientos que se mantendrán vigentes
por un plazo que no podrá ser mayor a tres (03) años.
Quedan automáticamente derogadas las disposiciones
normativas no ratificadas expresamente luego de seguir
este procedimiento. Para el caso de las disposiciones
normativas vigentes a la fecha de entrada en vigencia
del presente Decreto Legislativo, el plazo máximo de
ratificación vence el 31 de diciembre del 2018, el mismo
que puede ser ampliado mediante Decreto Supremo con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros hasta por
seis (06) meses adicionales, a propuesta de la Comisión
Multisectorial.

2.7. Las disposiciones normativas y procedimientos
ratificados están sujetos a validación en plazos que no
podrán ser superiores a tres (03) años. Para la validación
la entidad correspondiente debe sustentar los beneficios
y el efectivo cumplimiento de los objetivos perseguidos
por la norma, siendo aplicable el procedimiento a que se
refiere el numeral 2.6. del presente artículo. No es aplicable
el análisis para la ratificación de aquellas disposiciones
normativas y procedimientos que reconocen derechos a
los administrados no sujetos a plazo.
2.8. Sin perjuicio de la inexigibilidad de las disposiciones
normativas que no se ajusten a lo establecido en el
presente Decreto Legislativo y de la responsabilidad
administrativa que corresponda, los usuarios o
administrados podrán denunciar el incumplimiento de lo
establecido en el presente artículo ante la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI la
que podrá tomar las medidas que correspondan según
sus facultades.
2.9. Mediante Decreto Supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos se emiten los lineamientos y disposiciones que
resulten necesarios para la aplicación de lo dispuesto en
el presente artículo.
2.10. La Comisión Multisectorial podrá proponer la
aprobación de directrices y lineamientos para, dentro del
marco de la presente norma y su reglamento, precisar
los alcances del Análisis de Calidad Regulatoria, la forma
de su presentación y tramitación, el uso de formularios
y formatos que faciliten su análisis y criterios para su
evaluación, a fin de hacer predecible y eficiente su análisis
por la referida Comisión.
2.11. Lo dispuesto en el presente artículo no es
de aplicación para las disposiciones normativas de
naturaleza tributaria, salvo los derechos de tramitación a
que se refiere el artículo 44 de La Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Artículo 3.- Simplificación para la emisión,
remisión y conservación de documentos en materia
laboral.
En la emisión, remisión y conservación de documentos
en materia laboral, se autoriza el uso de tecnologías
de la digitalización, información y comunicación para la
sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas, de
acuerdo a las siguientes disposiciones:
3.1 En todo tipo de documentos laborales, el
empleador puede sustituir su firma ológrafa y el sellado
manual por su firma digital, conforme a lo regulado por
el artículo 141-A del Código Civil; o, su firma electrónica,
emitida conforme a lo regulado por la Ley N° 27269, Ley
de Firmas y Certificados Digitales; así como hacer uso
de microformas, conforme a lo regulado por el Decreto
Legislativo N° 681.
3.2 Cuando el pago de las obligaciones laborales
económicas se deposite en cuenta por medio de empresas
del sistema financiero, el empleador puede sustituir la
impresión y entrega física de las boletas o constancias
de pago por la puesta a disposición al trabajador de
dichos documentos mediante el uso de tecnologías de
la información y comunicación, siempre que el medio
utilizado garantice la constancia de su emisión por parte
del empleador y un adecuado y razonable acceso por
parte del trabajador. En este supuesto no se requiere
firma de recepción del trabajador.
3.3 Cuando en el marco de un procedimiento
administrativo o inspectivo o a fin de acceder a servicios
de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la autoridad
competente requiera la presentación de documentos
que forman parte de los archivos del empleador, de una
organización sindical, del trabajador, ex trabajador o de
terceros; estos pueden, a elección del administrado, ser
presentados en versión digitalizada del original.
3.4 Para todo efecto legal, los empleadores están
obligados a conservar los documentos y constancias de
pago de las obligaciones laborales económicas solamente
hasta cinco años después de efectuado el pago.
Las instancias administrativas, inspectivas, judiciales
y arbitrales deben observar esta disposición en sus
actuaciones. Para el caso de la Oficina de Normalización
Previsional, el empleador podrá destruir la información
de planillas de pagos de periodos anteriores a julio de
1999 previa digitalización con valor legal o entregarla
físicamente a la mencionada entidad.
3.5 Para el acceso a los servicios de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, dispuestos mediante el Decreto
Legislativo N° 910, sólo se requiere la acreditación del
vínculo laboral vigente o finalizado, según sea el caso.
Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo se regula las disposiciones
establecidas en este artículo.
Artículo 4.- Curatela especial para personas adultas
mayores para efectos pensionarios y devolución del
FONAVI
4.1 Procede la curatela especial en la vía notarial
para las personas adultas mayores definidas por el
artículo 2 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta
Mayor que tengan la calidad de pensionistas o que sean
beneficiarios de Ley N° 29625, Ley de Devolución de
Dinero del FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron
al Mismo, con el único objeto de que puedan percibir su
pensión, beneficios derivados de ésta o devolución de
aportes económicos y siempre que cumplan la condición
establecida en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3
del artículo 44 del Código Civil.
4.2 El curador de la curatela especial tiene como
obligación efectuar el cobro de la pensión, beneficios
derivados de ésta o devolución de aportes económicos,
debiendo rendir cuenta de los gastos efectuados
conforme a las disposiciones establecidas mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.
4.3 La curatela especial para personas adultas
mayores pensionistas a que se refiere el numeral 4.1 del
presente artículo corresponde en el siguiente orden:
1. Al cónyuge no separado judicial o notarialmente,
siempre que cumpla lo establecido en el artículo 289 del
Código Civil.
2. Al conviviente, conforme a lo dispuesto en el artículo
326 del Código Civil, siempre que cumpla lo establecido
en el artículo 289 del Código Civil.
3. A los descendientes, prefiriéndose el más próximo
al más remoto y en igualdad de grado, al más idóneo.
4. A los hermanos.
5. A los Directores de los Centros de Atención
Residencial para Personas Adultas Mayores – CARPAM
del sector público, con autorización expresa del Titular del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
4.4 Para la curatela especial se debe presentar una
solicitud debidamente firmada que contenga los nombres
y apellidos, número de documento de identidad y
dirección domiciliaria del solicitante y de la persona adulta
mayor, pensionista o beneficiario de la Ley N° 29625,
acompañado de lo siguiente:
a) Título o medio probatorio que acredite la condición
de cónyuge, conviviente, descendientes, hermanos o
de Director de un Centro de Atención Residencial para
Personas Adultas Mayores del sector público, según
corresponda. Para el caso de Director de un Centro de
Atención Residencial para Personas Adultas Mayores,
adicionalmente deberá presentar la autorización expresa
del Titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
b) Certificación médica señalando expresamente
que la persona adulta mayor cumple con la condición
establecida en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3 del
artículo 44 del Código Civil, la que se entiende expedida
bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser
ratificada ante el Notario Público.
4.5 Una vez presentada la solicitud de curatela
especial, el Notario Público manda a publicar un extracto
de la solicitud de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia

Notarial en Asuntos No Contenciosos. Transcurridos
quince (15) días hábiles desde la publicación del último
aviso, sin que se hubiera formulado oposición, el Notario
Público extiende la escritura pública con la curatela
especial, nombrando al curador especial y señalando
sus facultades y obligaciones, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.1 del presente artículo.
4.6 Cumplido el trámite indicado en el numeral
anterior, el Notario Público remite partes al registro
personal de los Registros Públicos. En caso de oposición,
se procede conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 26662. Si cualquiera de los solicitantes o el médico
proporcionan información falsa para sustentar el pedido
ante el Notario Público, será pasible de responsabilidad
penal conforme a la ley de la materia.
4.7 Rigen para la curatela especial regulada en el
presente artículo las reglas relativas a la curatela del
Código Civil, en lo que no se oponga al presente artículo.
Artículo 5.- Autorización excepcional para viajes
de menores
Dispóngase que para el viaje de niños o adolescentes
fuera del país, en caso de fallecimiento de uno de los
padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de
ellos, la autorización notarial otorgada por el padre
sobreviviente o por el que efectuó el reconocimiento
tendrá vigencia indeterminada, salvo que este sea
revocado. En el permiso notarial debe constar haber
tenido a la vista la partida de defunción o la de nacimiento
correspondiente y debe indicar la vigencia indeterminada
del documento.
Artículo 6- Reconocimiento de titularidad
de registros, certificados, permisos, licencias,
autorizaciones y procedimientos administrativos en
casos de reorganización de sociedades y cambios de
denominación social
6.1 En los casos de fusión de sociedades, todos
los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones de titularidad de las sociedades que se
extinguen se entienden transferidos de pleno derecho a
la sociedad absorbente o incorporante. Ninguna entidad
pública puede desconocer los derechos adquiridos
por las sociedades absorbentes o incorporantes como
consecuencia de la fusión. Esta disposición no aplica para
los casos vinculados a recursos hidrobiológicos.
6.2 La transferencia de la titularidad aplica a
partir de la entrada en vigencia de la fusión y debe
ser comunicada por las sociedades absorbentes o
incorporantes a las entidades de la administración
pública correspondientes en la cual se manifieste
que se mantienen las condiciones que permitieron el
otorgamiento de los títulos, consignando los datos de
los documentos por los que se formalizó la fusión, los
datos de su inscripción en los Registros Públicos y
los cambios en el RUC en caso fuere necesario. Las
entidades realizan por este solo mérito los cambios que
correspondan en sus propios registros.
6.3 Las sociedades absorbentes o incorporantes
se subrogarán de manera automática en la posición de
las sociedades que se extinguen en todo procedimiento
administrativo que se encuentre en trámite referido a
las sociedades que se disuelven por la fusión, desde la
fecha de la comunicación de la fusión a la entidad pública
correspondiente.
6.4 Las reglas establecidas en este artículo son
de aplicación también a los procesos de escisión y de
reorganización simple de sociedades, respecto de los
registros, certificados, permisos, licencias y autorizaciones
y procedimientos administrativos relacionados a los
bienes, derechos, obligaciones u operaciones que
se transfieran como consecuencia de la escisión o la
reorganización simple y que se identifiquen en la escritura
pública correspondiente.
6.5 En los casos de cambio de denominación
social, los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones se mantienen vigentes y las entidades
correspondientes de la administración pública realizan
los cambios en sus propios registros por el solo mérito
de la presentación de copia simple de la escritura
pública de modificación de estatutos y Declaración
Jurada.
6.6 Bajo ningún concepto se debe exigir trámite
o documento adicional a la comunicación de la
reorganización societaria o el cambio de nombre, bajo
responsabilidad del titular de la entidad pública.
6.7 El ejercicio de los derechos señalados en el
presente artículo no limita la facultad de las entidades
de la administración pública de ejercer sus competencias
en materia de fiscalización posterior a fin de evaluar si
las circunstancias que permitieron el otorgamiento de los
títulos habilitantes se mantienen, así como verificar la
veracidad de la información contenida en la Declaración
Jurada. Las entidades públicas pueden revocar los
títulos habilitantes siempre y cuando las condiciones
para su otorgamiento, conforme a lo dispuesto en las
normas aplicables, hayan variado como consecuencia
de la fusión, escisión, reorganización simple o cambio de
denominación social.
Artículo 7.- Autorización para el uso total o parcial
de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en
vehículos.
La autorización para el uso total o parcial de lunas
o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos tendrá
vigencia indeterminada y será otorgada únicamente al
vehículo. Se eliminan las autorizaciones otorgadas a los
conductores y/o propietarios de vehículos.
Las autorizaciones para el uso total o parcial de
lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos
vigentes a la fecha de publicación de la presente norma
tendrán vigencia indeterminada y se entiende otorgada
al vehículo.
En caso que el vehículo cambie de propietario, se
debe solicitar una nueva autorización.
Artículo 8.- Sistemas de Trámite Documentario de
las Entidades de la Administración Pública
Las entidades de la Administración Pública deben
interconectar sus sistemas de trámite documentario o
equivalentes para el envío automático de documentos
electrónicos entre dichas entidades a través de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE
administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros
a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática – ONGEI.
Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus
sistemas de trámite documentario o equivalentes para el
envío automático de documentos electrónicos con otras
entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y
unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros se establecen
los plazos aplicables a las demás entidades de la
Administración Pública, y cualquier otra disposición que
resulte necesaria para la digitalización e integración de
sus sistemas de trámite documentario o equivalentes.
Artículo 9.- Diario Oficial El Peruano Electrónico
El “Diario Oficial El Peruano Electrónico” tiene el
mismo valor legal que la versión física. Las publicaciones
efectuadas en el “Diario Oficial El Peruano Electrónico”
tienen pleno efecto y validez.
Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, y refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, se establece las publicaciones que deben
efectuarse en “Diario Oficial El Peruano Electrónico”.
Todas las exigencias de publicación en el Diario Oficial El
Peruano se entienden cumplidas con la publicación en el
“Diario Oficial El Peruano Electrónico”.
Artículo 10.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Legislativo
se financia con cargo al presupuesto institucional de
las entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia
al día siguiente de su publicación, salvo lo dispuesto
en el artículo 9 que regula el Diario Oficial El Peruano
Electrónico, el cual entra en vigencia el primer día hábil
del mes siguiente a la fecha de publicación del decreto
supremo a que se refiere el citado artículo.
Segunda.- Infracciones y Sanciones
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un
plazo de 30 días adecúa el TUO del Reglamento Nacional
de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, de acuerdo a
las modificaciones introducidas a la Ley N° 28084, Ley
que regula el parqueo especial para vehículo ocupados
por personas con discapacidad por el presente Decreto
Legislativo.
Tercera.- Falta de carácter disciplinario por el
incumplimiento de las disposiciones y plazos
Constituye falta de carácter disciplinario del directivo o
servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con
la entidad de la Administración Pública, el incumplimiento
de las disposiciones y plazos establecidos en el presente
Decreto Legislativo. La falta será sancionada según su
gravedad, previo proceso administrativo.
El procedimiento administrativo disciplinario, la
graduación y determinación de la sanción, se rigen por
las normas del régimen disciplinario y sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
El titular de la entidad es el responsable del
cumplimiento de la presente disposición.
Cuarta.- Disposiciones para la implementación
del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo
que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa
Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N°
1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa, no son aplicables a
las personas jurídicas señaladas en el numeral 8 del
Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
La prohibición establecida en el literal c) del numeral
5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1246 no es
aplicable en los procedimientos en ejercicio de la patria
potestad.
Lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N°
1246 no exime de la obligación a cargo de los ciudadanos
de renovar su Documento Nacional de Identidad.
Queda sin efecto la declaración jurada a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 9 del Decreto
Legislativo N° 1246.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Plazo de adecuación
Durante el plazo de tres (3) años, las personas con
discapacidad que conduzcan o sean ocupantes de
unidades vehiculares pueden usar el parqueo especial
en los estacionamientos públicos y privados exhibiendo,
indistintamente, el Certificado de Discapacidad, el Carné
de Inscripción en el Registro Nacional de las Personas
con Discapacidad o el distintivo vehicular portable de
CONADIS a que se refiere el artículo 4 de la Ley N°
28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículo
ocupados por personas con discapacidad, en un lugar
visible del vehículo y durante el tiempo que permanezca
estacionado.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera.- Incorporación del numeral 11 al artículo
1 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en
Asuntos No Contenciosos
Incorpórase el numeral 11 al artículo 1 de la Ley
N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, en los siguientes términos:
“Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos.- Los
interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder
Judicial o ante el notario para tramitar según corresponda
los siguientes asuntos:
(…)
11. Curatela para personas adultas mayores que
tengan la calidad de pensionistas o beneficiarios de la Ley
N° 29625, Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los
Trabajadores que Contribuyeron al Mismo.”
Segunda.- Modificación de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados
por personas con discapacidad
Modifícase el artículo 4 de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículo ocupados por
personas con discapacidad, el cual queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 4.- Documento habilitante para el uso de
las zonas de parqueo destinadas para personas con
discapacidad
Las personas con discapacidad que conduzcan o que
sean ocupantes de unidades vehiculares tienen derecho
al uso del parqueo especial en los estacionamientos
públicos y privados, exhibiendo el distintivo vehicular
emitido por el CONADIS, en un lugar visible del vehículo y
durante el tiempo que permanezca estacionado.
El CONADIS regula las características del distintivo
vehicular portable, personal e intransferible. Dicho
distintivo será emitido mediante trámite automático y
gratuito, cuyo único requisito es contar con el Carné de
Inscripción en el Registro Nacional de las Personas con
Discapacidad.”
Tercera.- Modificación del artículo 123-A del
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del
Notariado
Modifícase el artículo 123-A del Decreto Legislativo N°
1049, Decreto Legislativo del Notariado, incorporado por
el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1232, cuyo texto
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 123-A.- Nulidad de escrituras públicas y
certificaciones de firmas
Son nulas de pleno derecho las escrituras públicas
de actos de disposición o de constitución de gravamen,
realizados por personas naturales sobre predios ubicados
fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la nulidad
alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el
notario, en virtud de una norma especial en los formularios
o documentos privados; sin perjuicio de que de oficio se
instaure al notario el proceso disciplinario establecido en
el Título IV de la presente ley.
La presente disposición no se aplica al cónsul cuando
realiza funciones notariales.
Asimismo, la restricción no alcanza a los servicios
notariales que utilizan el sistema de identificación de
comparación biométrica de las huellas dactilares que
brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
RENIEC. En caso de extranjeros identificados con carné
de extranjería, las transacciones o actuaciones pueden
realizarse ante notario de cualquier circunscripción
que cuente con acceso a la base de datos de la
Superintendencia Nacional de Migraciones.
Los Colegios de Notarios llevarán un registro de los
notarios que cuenten con herramientas tecnológicas
acreditadas para la plena identificación de las personas
naturales que intervienen en los actos que se refiere el
presente artículo y lo publique en su portal institucional”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Derógase el artículo 5 de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados por
personas con discapacidad.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria