Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Alan Emilio en Piura

Alan Emilio en Piura

Confirmado, este sábado 11 de octubre, además del 25 de octubre, estaré exponiendo en Piura en el Diplomado organizado por Centro Empresarial Americano

Informes en Piura: Calle Huancavelica, Cuadra 1, “Nueva Galería del Puente Viejo”, Interior 11 – Piura.
Teléfonos: 995137096, 073 333 189, 959 422 062 Rpm: # 959 422 062
Email: martin.yg.cea@gmail.com 

https://www.facebook.com/events/288220634696419/

Proyecto de Ley aumentaría de 7 UIT 1 10 UIT la deducción de rentas de cuarta y quinta categoría

Alan Emilio en Ica 2014

Alan Emilio en Ica 2014

Mediante Proyecto de Ley 03865/2014-CR se propone modificar el artículo 46 del Decreto Supremo 179-2004-E, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y el inciso b) del artículo 40 del Decreto Supremo 122-94-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta:

Artículo 46º de la Ley del Impuesto a la Renta {Proyecto}.- De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Corte Suprema Argentina sentencia que el importe del grossing up integra la base imponible del IVA

Alan Emilio en Ica 2014

Alan Emilio en Ica 2014

Mediante Sentencia de fecha 20 de agosto del 2014 emitida para resolver la controversia P.486. XLVIII Puentes del Litoral SA (TF 26.823 – I) c/DGI la Corte Suprema de Justicia Argentina indica:

1. Este Tribunal ha sostenido que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, y que es adecuado dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje común, o bien en el sentido más obvio del entendimiento común.

2. Sobre la base de estas pautas hermenéuticas, cabe concluir que el “precio neto de la operación” (monto total desembolsado por el contribuyente, que incluye el “grossing up”) abarca también el monto del impuesto a las ganancias tomado a su cargo por el prestatario local , aunque no se lo haya hecho constar en las facturas emitidas para documentar el pago entre los contratantes.

3. Las normas han de ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014.
Vistos los autos: “Puentes del Litoral S.A. (TF 26.823-I) c/ DGI”.
Considerando:
1º) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, dejó sin efecto la determinación de oficio practicada a la actora en el impuesto al valor agregado
(IVA) por los pagos realizados a beneficiarios del exterior durante el año 2000, en el marco de la resolución general (AFIP)
549/99, con más sus intereses y multa.
2º) Que para pronunciarse en el sentido indicado, el tribunal de alzada, tras indicar que el objeto del litigio consistía en
dilucidar si el impuesto a las ganancias correspondiente a los beneficiarios del exterior -que había tomado a su cargo la
contribuyente en diversos contratos de transferencia de tecnología celebrados con aquéllos- integraba la base imponible del IVA, sostuvo que el artículo 10 y el artículo sin número agregado a continuación del artículo 26 de la ley del IVA, así como el artículo 65 de su decreto reglamentario, establecen que el cálculo de la base imponible se hará sobre el precio neto facturado, sin hacer referencia alguna al monto del impuesto a las ganancias vinculado con pagos efectuados a beneficiarios del exterior. Añadió que este acrecentamiento tampoco se incluye entre las prestaciones a las que hace referencia el quinto párrafo del artículo 10 de esa
ley.
3º) Que asimismo afirmó que los artículos 91 y 92 de la ley del impuesto a las ganancias gravan las remesas al exterior en
forma cedular, atribuyéndoles un resultado ficto en su artículo 93, por lo que el impuesto a la renta y el IVA presentan, en este
caso, el mismo hecho imponible.
Sentado lo que antecede, consideró que la postura del ente recaudador resultaba contraria a lo dispuesto por el artículo 44 del decreto reglamentario de la ley del IVA, que excluye del precio neto gravado a “…los tributos que, teniendo como hecho
imponible la misma operación gravada, se consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan con los ingresos que en tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos”.
En ese sentido, destacó que nada impedía que el impuesto a las ganancias del sujeto del exterior, tomado a su cargo por el
prestatario argentino, se consignara por separado en la factura o documento equivalente. De tal manera, juzgó que se
encontraban reunidos todos los requisitos para considerarlo como un concepto agregado que no integra el precio neto gravado según lo dispuesto por el artículo 44 del decreto reglamentario de la ley del IVA.
4º) Que contra lo así decidido, el Fisco Nacional (AFIP-DGI) interpuso recurso extraordinario (fs. 209/226), que fue concedido por el a qua mediante la resolución de fs. 239/239 vta. en tanto en él se cuestiona el alcance y la interpretación de normas de carácter federal y denegado por la causal de arbitrariedad.
5º) Que el recurrente asevera que la sentencia apelada no ha efectuado una adecuada interpretación y aplicación de las
normas en juego.
Manifiesta que la figura del acrecentamiento, o “grossing up”, establecida en el artículo 145, segundo y tercer párrafos, del
decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, requiere de la existencia de un pacto o convenio en virtud del cual el deudor de la renta gravada asume la carga tributaria que le corresponde al beneficiario del exterior, de modo tal que este
último perciba su acreencia sin las detracciones que rigen fuera de su jurisdicción.
Sostiene que en autos se ha comprobado la existencia del pacto por medio del cual la actora tomó a su cargo el pago del
impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos del exterior, de manera que debe considerarse que ella abonó un mayor precio por los servicios contratados y, por consiguiente, el’ beneficiario recibió un mayor ingreso, que constituye un concepto que integra la base imponible del IVA en los términos del artículo 10 de la ley del gravamen y del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 26 por la ley 25.063.
Por otra parte, niega que la postura que sostiene se encuentre en colisión con el artículo 44 del decreto reglamentario, puesto
que este precepto dispone que no integran el precio neto gravado” los tributos” que tienen como hecho imponible la misma operación, mientras que el impuesto a las ganancias aquí tomado a su cargo por el sujeto local no posee esa naturaleza, sino que se trata de un “mayor precio” por la prestación recibida.
6º) Que el recurso extraordinario planteado es formalmente admisible pues se ha cuestionado la inteligencia otorgada por el
superior tribunal de la causa a normas federales (leyes 20.628 y 20.631, decretos 1344/98 y 679/99) y la sentencia definitiva ha
sido contraria al derecho que el recurrente funda en ellas (artículo 14, inc. 3, ley 48) .
7º) Que surge de las presentes actuaciones que la actora y sus contratantes del exterior convinieron una serie de contratos de
transferencia de tecnología, en los que se pactó que aquélla les abonaría, de manera directa, una determinada suma y que,
además, se haría cargo del impuesto a las ganancias correspondiente a éstos en virtud de lo establecido por los artículos 91, 92, 93 y cctes. de la ley del gravamen.
8º) Que en tales condiciones, independientemente de la forma en que se instrumentó el acuerdo, la contraprestación a que se
obligó la actora en tales contratos consistió en desembolsar, por un lado, la suma requerida por sus proveedores extranjeros y,
por el otro, aquella otra exigida por el Fisco Nacional a título del gravamen que les corresponde a éstos -como sujetos del
exterior- por obtener rentas de fuente argentina, y cuyo ingreso debe ser efectuado por la actora, practicando la retención a
título definitivo tal como lo disponen las normas de la ley del impuesto. De tal manera, cabe afirmar -como adecuadamente lo
señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que el “precio” de los aludidos contratos es la suma íntegramente
desembolsada por la actora para satisfacer su obligación para con sus contrapartes, en los términos de los artículos 725, 749 y
cctes. del Código Civil.

9°) Que, sentado lo que antecede, corresponde dilucidar si el importe del impuesto a las ganancias ingresado por la actora, y
que no consta en las facturas o documentos equivalentes emitidos por los sujetos del exterior, integra o no la base imponible del IVA por los períodos enero a diciembre de 2000.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 1º, inc. d. de la ley del IVA (ley 20.631, t.o. por decreto 280/97) establece que este
tributo se aplicará sobre: “Las prestaciones comprendidas en el inciso e) del artículo 3º realizadas en el exterior cuya utilización
o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos”. Por su parte, el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 26 de esa ley determina, respecto de la base imponible del hecho gravado, que: “En el caso de las prestaciones a que se refiere el inciso d), del artículo 1°, la -alícuota se aplicará sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente extendido por el prestador del exterior, siendo de aplicación en estas circunstancias las disposiciones previstas en el primer párrafo del artículo 10″. A su vez, el aludido párrafo, tras establecer el principio de que “el precio neto de la venta, de la locación, o de la prestación de servicios, será el que resulte de la factura o documento equivalente” dispone, en lo que resulta relevante para el caso en examen, lo siguiente: “Cuando no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que éste es el valor computable, salvo prueba en contrario”.
10) Que este Tribunal ha sostenido que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su
directa aplicación (Fallos: 320:2145, cons. 6° y su cita), y que es adecuado dar a las palabras de la ley el significado que tienen
en el lenguaje común (Fallos: 302:429), o bien en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 320:2649).
Sobre la base de estas pautas hermenéuticas, cabe concluir que el “precio neto de la operación”, al que hace referencia el
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 26 de la ley del IVA, abarca también el monto del impuesto a las
ganancias tomado a su cargo por el prestatario local, aunque no se lo haya hecho constar en las facturas emitidas para
documentar el pago entre los contratantes.
11) Que ello es así, por una parte, en razón de que las normas tributarias aplicables al caso en examen no disponen que deba
efectuarse una disociación entre “precio de la operación” (monto total desembolsado por la actora, que incluye el “grossing up”)
y “precio facturado” (monto neto finalmente percibido por el sujeto del exterior).
Y, por la otra, pues la previsión del legislador efectuada en el primer párrafo del artículo 10 de la ley del IVA -precedentemente transcripta- en cuanto a que “Cuando no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que éste es el valor computable, salvo prueba en contrario”, permite afirmar -como acertadamente se señala en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal- que ante una incongruencia entre el valor de la operación y el que consta en la factura
o documento equivalente -incluyendo el supuesto de la ausencia de este documento- se podrá acreditar el precio de la operación
(base imponible del gravamen), sobre la base de los contratos celebrados, como lo ha hecho el Fisco Nacional.
12) Que al respecto -y como bien se señala en el aludido dictamen- no podría sostenerse con éxito que el legislador sólo
contempló la posibilidad de que el Fisco determinase el precio de la operación o bien cuando la factura no existiese, o bien
cuando el valor en ella reflejado fuera divergente del valor corriente en plaza, y que dejó fuera de la normativa casos como el aquí planteado, en el que la factura expresa sólo una parte del precio y no la totalidad de éste, y cuyo monto total resulta
indubitable de la documentación correspondiente a las operaciones involucradas.
13) Que ello es así pues inveterada doctrina del Tribunal tiene dicho que las normas han de ser interpretadas considerando
armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas -como lo sería la indicada en el párrafo anterior- no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255: 360; 258: 75; 281:146, entre muchos otros). En ese orden de ideas, cabe recordar que también ha señalado la Corte que no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente se derivan de una sentencia, toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 234:482; 302:1284)
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, y se revoca la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y devuélvase a fin de que el tribunal a qua, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en la presente.
RICARDO LUIS LORENZETTI
CARLOS S. FAYT
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
ENRIQUE S. PETRACCHI
JUAN CARLOS MAQUEDA
E. RAUL ZAFFARONI (Con voto disidente)

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Corte Suprema Chilena sentencia que la Administración Tributaria está facultada para indagar antecedentes contables, independientemente de los plazos de prescripción

Alan Emilio en Pucallpa 2014

Alan Emilio en Pucallpa 2014

Mediante Sentencia de fecha 16 de junio del 2014 la Segunda Sala de la Corte Suprema de la Repùblica de Chile al resolver una controversia sobre “arrastre de pèrdidas” indicó que el Servicio de Impuestos Internos (lo que viene a ser SUNAT en Perú) tiene la facultad legal para indagar antecedentes contables del contribuyente, independientemente de los plazos de prescripción.

A su turno el contribuyente alegó que la fiscalización no resultaba procedente, siendo que el contribuyente no tenía la obligación de consevar sus libros contables. Sin embargo la Corte Suprema chilena indicó que tratándose de la determinación de un impuesto actual en que el contribuyente hace valer pérdidas de arrastre provenientes de ejercicios anteriores , el Servicio de Impuestos Internos (SII Chile), al exigir que se acrediten fehacientemente tales pérdidas no está ejerciendo sus facultades fiscalizadoras para revisar impuestos prescritos, sino sólo controlando que los gastos que se hacen valer respecto de la determinación de un impuesto actual se encuentren justificados.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Santiago, a dieciséis de junio de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Que en lo principal de fs. 640, la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de fs. 639, que confirma la decisión de primer grado, que rechaza la reclamación impetrada contra las Liquidaciones N° 50 y 51, de 20 de abril de 2011, por diferencias en el Impuesto de Primera Categoría de los años tributarios 2009 y 2010, respectivamente, y contra las Resoluciones Exentas N° 3472 y 3484, de 20 de abril de 2011, la primera que disminuye la pérdida tributaria del ejercicio declarada para el año tributario 2008, y rechaza la partida pérdida de ejercicios anteriores, mientras la segunda, rechaza la partida pérdida de ejercicios anteriores para el año tributario 2010, y niega la devolución de crédito por concepto de Impuesto de Primera Categoría.

Que en concepto del recurrente, dicho fallo incurrió en infracción a lo previsto en los artículos 17, 21, 59 y 200 del Código Tributario, 1700, 1706 y 2521 del Código Civil, y 31, inciso 3°, N° 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, atendido que, en síntesis, no es procedente la fiscalización por pérdidas de arrastre que exceden los plazos de prescripción del artículo 200 del Código Tributario, sin que tenga obligación el contribuyente de conservar sus libros contables fuera del término en que el Servicio podía revisar sus declaraciones. De ese modo, el Servicio debió considerar los otros antecedentes que sí tuvo a su disposición.

Que en lo concerniente al conflicto jurídico en que radica la protesta del impugnante, éste ha sido planteado, debatido y decidido en reiteradas ocasiones por esta Corte, asentándose una doctrina clara al respecto, por la cual, tratándose de la determinación de un impuesto actual en que el contribuyente hace valer pérdidas de arrastre provenientes de ejercicios anteriores al amparo del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, tal como el caso de estos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos, al exigir que se acrediten fehacientemente tales pérdidas no está ejerciendo sus facultades fiscalizadoras para revisar impuestos prescritos, sino sólo controlando que los gastos que se hacen valer respecto de la determinación de un impuesto actual se encuentren justificados.

Que en razón de lo anterior, al no haberse aducido en el arbitrio razones diversas y mejores a las antes conocidas, estudiadas y desestimadas por esta Corte para decidir la disputa jurídica en cuestión, el recurso no podrá prosperar al ser ya manifiesta su falta de fundamento.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, por manifiesta falta de fundamento, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 640.

A fojas 659: estése al mérito de lo resuelto precedentemente.

Regístrese y devuélvase con su agregado”.

EXCMA. CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – 16.06.2014 – ROL 10.817-2014 – MINISTRO SR. MILTON JUICA A. – MINISTRO SR. CARLOS KÜNSEMÜLLER L. – MINISTRO SR. HAROLDO BRITO C. – ABOGADOS INTEGRANTES SRES. LUIS BATES H. Y JORGE LAGOS G.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

RTF 07578-8-2014 sobre la percepción de la retribución en el caso de los servicios gravados con el Impuesto General a las Ventas

Alan Emilio en Piura

Alan Emilio en Piura

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 07578-8-2014, de fecha 20 de junio del 2014, se resuelve entre otros puntos CONFIRMAR el reparo a las operaciones no gravadas con el Impuesto General a las Ventas.

En este extremo, la Administración Tributaria solicitó al contribuyente que sustentara los motivos por los cuales no gravó con el Impuesto General a las Ventas el importe de S/.4´006,809.00 registrado en la cuenta contable de ingresos 70702, y que correspondían a los servicios profesionales prestados a Deloitte & Touche SRL, que se encontraban debidamente cancelados al 31 de diciembre del 2002.

El Tribunal considerando el contenido del Acuerdo de Sala Plena N° 2005-06, recogido en la Resolución de Observancia Obligatoria N° 02285-5-2005 , determinó que un ingreso se entendía percibido cuando entraba en la esfera de la disponibilidad del beneficiario debiendo entenderse por éste al momento en que el monto de la retribución hubiera sido puesto a disposición del prestador del servicio de tal forma que éste pudiera tener acceso a su goce, y en el presente caso el contribuyente tuvo a su disposición los ingresos generados por la prestación de los servicios profesionales a Deloitte & Touche SRL al 31 de diciembre del 2002, pues fue a ese fecha que dispuso fueran compensados con las deudas que mantenía con esta última.

El Superior Jerárquico concluye que el nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto General a las Ventas respecto de las operaciones acotadas se produjo con la percepción de la retribución debiendo entenderse por esta el momento en que el contribuyente efectuó la compensación de los ingresos generados en dichas operaciones con las deudas que mantenía pendientes con Deloitte & Touche SRL, esto es, el 31 de diciembre del 2002, pues fue en ese momento que tuvo libre disponibilidad respecto de esos fondos.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. 2014
 Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Ancash – Filial Zona Sierra Huaraz 2014
Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho 2014
Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Centro Empresarial Americano en Piura 2014
Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios

RTF 07578-8-2014 Tribunal Fiscal precisa cómo debe sustentarse la contratación de servicios de asesoría tributaria

Alan Emilio en Tumbes

Alan Emilio en Tumbes

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 07578-8-2014, de fecha 20 de junio del 2014, se resuelve entre otros puntos CONFIRMAR el reparo a la deducción de la renta imponible de los servicios que se cargaron a la cuenta contable 63201 – Correos y Telecomunicaciones (S/.720,000.00), y que el contribuyente en la etapa de fiscalización indicó que estas erogaciones correspondían a servicios profesionales prestados por Deloitte & Touche SRL y que por error registró estas partidas en la referida cuenta contable 63201.

El Tribunal Fiscal resalta que el contribuyente no sustentó las operaciones observadas, ni aportó elementos de prueba que de manera razonable y suficiente permitieran acreditar o respaldar la fehaciencia de los servicios aludidos, no obstante haber sido expresamente requerido para tal efecto, puesto que no bastaba la sola exhibición de los comprobantes de pago cuya sustentación se solicitaba y su anotación en el registro contable.

Resalta el Tribunal Fiscal que aún cuando el contribuyente hubiera presentado el contrato de prestación de servicios durante la fiscalización, se requería documentación adicional que demostrara el detalle de cuáles fueron los servicios, cómo y cuándo se prestaron, el profesional o los profesionales que los prestaron, memoranda, cartas, informes de trabajo, entre otros, que no se presentaron durante el procedimiento de fiscalización.

Conviene indicar que el Tribunal destaca que la exigencia al contribuyente de proporcionar documentación que acreditara la fehaciencia de la prestación de servicios, no implicaba que se le estuviera solicitando documentación que pudiera estar protegida, por ejemplo, por confidencialidad profesional, siendo posible que presentara pruebas de la prestación del servicio sin necesariamente divulgar lo que ella denomina “opiniones tributarias de sus clientes”.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. 2014
 Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Ancash – Filial Zona Sierra Huaraz 2014
Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho 2014
Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Centro Empresarial Americano en Piura 2014
Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes debe oficializarse urgentemente en Perú

Alan Emilio en Madre de Dios 2014

Alan Emilio en Madre de Dios 2014

Urge la necesidad que el Consejo Normativo de Contabilidad oficialice en nuestro país la adopción de la  NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes cuya repercusión correspondería a los Estados Financieros recién del 2017.

Por ejemplo el párrafo 70 de la NIIF 15 establece que la contraprestación pagadera al cliente incluye importes de efectivo que una entidad paga, o espera pagar, al cliente (u otras partes que compran los bienes o servicios de la entidad procedentes del cliente). La contraprestación pagadera al cliente también incluye el crédito u otros elementos (por ejemplo, un cupón o
vale) que puede aplicarse contra los importes adeudados a la entidad (o a terceros que compran los bienes o  servicios de la entidad procedentes del cliente). Una entidad contabilizará la contraprestación pagadera al
cliente como una reducción del precio de la transacción y, por ello, de los ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago al cliente sea a cambio de un bien o servicio distinto que el cliente transfiere a la entidad.

A la luz de esta disposición de limitarán muchas estrategias de elusiòn tributaria dada la obligatoriedad en el reconocimiento financiero como origen para la posterior declaraciòn jurada.

Efectivamente en el pàrrafo 24 se establece que un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o servicios que una entidad se  compromete transferir a un cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. Esto es porque un contrato con un cliente puede incluir también compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en declaraciones específicas de una entidad, si, en el momento de realizar el contrato, dichos compromisos crean una expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o servicio.

Respecto del “precio”, el pàrrafo 47 detalla que una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos.

De la revisión efectuada se advierte que la carga de la prueba se encuentra “marcada” para el contribuyente que no podrà indicar alegremente que contrataron sin modo o forma, dada la aplicaciòn de la presente NIIF 15. Recomiendo por lo tanto impulsar su pronta aplicaciòn en nuestro paìs.

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/niif/NIIF15_2014_actv_ordinarias.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

RTF Observancia Obligatoria Nº 11160-8-2014 sobre la admisión de los medios probatorios

Alan Emilio en Puerto Maldonado Madre de Dios septiembre 2014

Alan Emilio en Puerto Maldonado Madre de Dios septiembre 2014

El Tribunal Fiscal mediante Resolución de Observancia Obligatoria 11160-8-2014 de fecha 12 de septiembre del 2014 establece:

En los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto administrativo impugnado, a fin  que la Administración Tributaria admita los medios probatorios presentados en la instancia de reclamación que, a pesar de haber sido requeridos, no fueron presentados en el procedimiento de verificación o fiscalización, corresponde exigir al deudor tributario el cumplimiento de lo previsto por el artículo 141° del Código Tributario.

Asimismo, en los casos en los que no se haya determinado importe a pagar en el acto administrativo impugnado, a fin que el Tribunal Fiscal admita los medios probatorios presentados en instancia de apelación, que habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria, no fueron presentados en la etapa de reclamación, corresponde exigir al deudor el cumplimiento de lo previsto por el artículo 148° del Código Tributario.

A efecto de admitir medios probatorios en etapa de reclamación o de apelación que habiendo sido requeridos por la Administración en la etapa respectiva, no fueron presentados durante la fiscalización o verificación o en instancia de reclamación, según corresponda, únicamente puede exigirse al deudor tributario que acredite que la omisión no se generó por su causa.”

 Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/acuer_sala/2014/resolucion/2014_8_11160.pdf

Sentencia en Casación 2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia del Perú CAS 2579-2010 Lima “los desembolsos que se fundan en el cumplimiento de deberes empresariales, societarios, o de grupo internacional, no necesariamente son gastos deducibles tributariamente”

Alan Emilio en Puerto Maldonado , Madre de Dios septiembre 2014

Alan Emilio en Puerto Maldonado , Madre de Dios septiembre 2014

Mediante Sentencia en Casación publicada el 30 de septiembre del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú resuelve en última y máxima instancia judicial la causa seguida en el expediente CAS 2579-2010 Lima declarando INFUNDADO el recurso interpuesto por el contribuyente contra la sentencia de fecha 13 de agosto del 2009 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que en su oportunidad había CONFIRMADO la sentencia apelada de fecha 21 de abril del 2008 emitida por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que resolvió declarar INFUNDADA la demanda contra la Resolución del Tribunal Fiscal RTF Nº 01755-1-2006, que en última instancia administrativa había CONFIRMADO la Resolución de Intendencia emitida por la SUNAT, que a su vez había declarado INFUNDADA la reclamación contra la Resolución de Determinación correspondiente a la fiscalización del ejercicio 2001.

La controversia giraba en torno a la deducibilidad tributaria de los gastos contabilizados por servicios prestados por terceros no domiciliados debido a que la Administración cuestionaba que se cumpliese el principio de causalidad contenido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Las alegaciones del contribuyente obviamente fueron que el principio de causalidad debe interpretarse con sentido amplio, que el desembolso no se encuentra prohibido y sobre todo que dicho contribuyente tiene la obligaciòn empresarial de cumplir necesariamente lo que le indique la casa matriz ubicada en Alemania, sin mayor observación alguna, dado que las decisiones empresariales las deciden en Europa.

A su turno, el Tribunal Fiscal al emitir la Resolución RTF N° 01755-1-2006 estableció como parámetro que los desembolsos que se fundan en el cumplimiento de deberes empresariales, societarios, o de grupo internacional, no necesariamente son gastos deducibles tributariamente:

Resolución RTF N° 01755-1-2006
Vocales Firmantes: Cogorno Prestinoni, Casalino Mannarelli, Barrantes Takata
“Que en el presente caso se establece que el servicio objeto de reparo, consistente principalmente en la consolidación de la información económica financiera de la recurrente conjuntamente con la que proporcionan diversas empresas latinoamericanas que conforman el grupo económico ThyssenKrupp, para efecto de reportar a la casa matriz en Alemania, no constituye un gasto deducible tributariamente, al no ser la causa de la obtención de renta gravada o del mantenimiento de la fuente productora, sino de un desembolso que se funda en el cumplimiento de un deber de tipo societario (informar a la matriz) y no en operaciones que ocasionan la generación de renta gravadas o que permitan mantener su fuente como lo prescribe el precitado artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

La Sentencia de fecha 13 de agosto del 2009 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema (examinada en el Recurso de Casación) expuso que el reparo a los servicios prestados por empresas no domiciliadas asciende a S/.819,418.00 y la controversia radicaba en establecer si dichos desembolsos cumplen o no con el principio de causalidad regulado en el artìculo 37 del Texto Ùnico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. En el presente caso los desembolsos correspondìan a los pagos realizados a la empresa Thyssen Eletec Internacional Sociedad Anònima de Madrid (España) por el servicio de recepción de toda la información legal, económica, financiera y contable efectuada en un consolidado con el resto de las informaciones de las otras empresas Thyssen en América Latina, traducción y remisión a la casa matriz en Alemania POR LO QUE A CRITERIO DE LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA “NO SE ENCUENTRAN EN EL SUPUESTO SEÑALADO EN LA NORMA GLOSADA PORQUE NO ES LA CAUSA DE LA OBTENCIÓN DE LA RENTA GRAVADA O DEL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE PRODUCTORA SINO QUE POR EL CONTRARIO CONSTITUYE UN DESEMBOLSO POR EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER SOCIETARIO COMO ES EL DE INFORMAR A SU CASA MATRIZ CON SEDE EN ALEMANIA” siendo que a partir de tal información la casa matriz se mantiene informada respecto al manejo de la empresa en Amèrica Latina, no constituyendo en esencia un servicio dirigido individualmente y directamente por la empresa demandante,quièn no obtiene beneficio jurìdico alguno con dicha información, coligièndose con que no se encuentra en el supuesto de causalidad para deducir sus gastos.

En el Fundamento Sèptimo de la Sentencia CAS 2479-2010-LIk la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se establece que Thyssenkrupp Elevadores Sociedad Anónima Cerrada debìa pagar a Thyssen Eletec Internacional Sociedad Anónima una retribución pecuniaria por el servicio de recepción de toda la información legal, económica, financiera y contable, consolidación con el resto de informaciones de otras empresas de Thyssen Eletec en América Latina, su procesamiento, traducción al alemán y envío de toda esa información consolidada a la Oficina Matriz en Alemania. Siendo ello así, se concluye vàlidamente que los pagos efectuados para remitir dicha información, no son gastos necesarios para producir o mantener la fuente, sino más bien, el cumplimiento de obligaciones de caráter societario que tiene Thyssenkrupp Elevadores Sociedad Anónima Cerrada de reportar sus actividades a la Oficina Matriz de Alemania para la toma de decisiones sobre las operaciones en el Perú, no cumpliendo en consecuencia los principios de razonabilidad, ni proporcionalidad ni causalidad con la renta bruta  producida.

Este criterio jurisprudencial 2014 de la Corte Suprema de Justicia peruana atiende que no es suficiente el argumento del contribuyente respecto a que si el grupo empresarial acuerda efectuar una operación (por ejemplo la contratación de un Instrumento Financiero Derivado) los efectos de esta operación (pérdida generada como consecuencia de este tipo de contratación) sean necesariamente deducibles para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta en nuestro país. Del mismo modo corresponde alegar que para efectos tributarios no es dirimente que se argumente que las pérdidas o gastos generados son consecuencia de factores ajenos a la voluntad de la entidad, sino que le corresponde a dicha entidad sustentar las causas por las cuales se generó esta pérdida en el exterior, y sobre todo la cuantía en forma objetiva, y no con simples “dichos”, “argumentaciones o citas de autores de libros”, ni tampoco con documentación preparada internamente que no sea posible su contraste con la realidad.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Docente del Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación organizado por el Instituto INEDI de Ica y el Colegio de Abogados de Ica. 2014
 Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Ancash – Filial Zona Sierra Huaraz 2014
-Docente del Diplomado de Especialización en Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho 2014
Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA 2014 en Puerto Maldonado, Madre de Dios, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios.

RTF 18392-10-2013 Para efectos del devengado el elemento relevante consiste en el hecho que da nacimiento al derecho al ingreso, y no a aquél que hace exigible el mismo

Alan Emilio en Puerto Maldonado , Madre de Dios 2014

Alan Emilio en Puerto Maldonado , Madre de Dios 2014

Mediante Resolución RTF Nº 18392-10-2013 el Tribunal Fiscal confirma la Resolución de Intendencia apelada, principalmente en cuanto al devengo de los ingresos gravados en la “Prospección Giácomo”.

El Tribunal al examinar las condiciones contractuales pactadas entre Carlos José Paulo Casaretto Forni y el señor Bryan Noel, identifica que ambas partes tenían como propósito cooperar en conjunto para evaluar y explotar el potencial desarrollo comercial y la explotación de ciertos intereses mineros, localizados en el departamento de Tacna, siendo que  José Paulo Casaretto Forni se obligó a permitir el desarrollo y explotación, a que no llevará a cabo ninguna actividad ni celebrar determinados actos jurídicos respecto de la “Prospección Giácomo”, además del uso de bienes y de personal, por lo que una parte sustantiva del contrato se obligó a cumplir prestaciones de “no hacer”, donde como señala la doctrina el comportamiento empeñado por el deudor es puramente negativo, consistiendo en ciertas omisiones por las cuales se le retribuirá. Bajo dicho contexto, el Tribunal da cuenta que el elemento relevante consiste en el hecho que da nacimiento al derecho al ingreso, y no a aquél que hace exigible el mismo como sostiene el contribuyente, resultando suficiente que José Paulo Casaretto Forni cumpliera con las prestaciones a su cargo para adquirir el derecho a la contraprestación pactada a su favor.

Conviene resaltar que el Tribunal Fiscal en ninguna parte dice que existen dos tipos de devengados, (como por ahì vienen pregonando y engañando unos infames) toda vez que el principio de lo devengado es ùnico y se basa en la definiciòn contable/financiera, tal como cita la propia RTF Nº 18392-10-2013 tomando en consideraciòn las RTF Nº 08534-5-2001 y Nº 00467-5-2003.

Como la controversia en el presente caso corresponde al ejercicio 2003 el Tribunal cita el antiguo (y actualmente derogado por ser desfasado en el contexto internacional de NIIF) Plan Contable General Revisado, que fue aprobado por Resolución CONASEV Nº 006-84-EFC/94.10 del 15 de febrero de 1984, para efectos de puntualizar que el devengado “es un principio de contabilidad fundamental y básico para el adecuado cumplimiento de los fines de la contabilidad“.

La propia Resolución RTF Nº 18392-10-2013 cita ademàs la RTF Nº 02812-2-2006 a efectos de puntualizar que el hecho sustancial generador del gasto (costo o gasto corriente) o ingreso se origina en el momento en que se genera la obligaciòn de pagarlo o el derecho a adquirirlo, aùn cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo, lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y a su monto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Doctrina Estadounidense y Jurisprudencia de la Corte Suprema peruana coinciden en que uno no puede beneficiarse de su propio delito: A propósito de la “supuesta deducibilidad de entregas a comunidades afectadas por un hecho antijurìdico ocasionado por empresas”.

Alan Emilio en Huaraz 2014

Alan Emilio en Huaraz 2014

Resulta totalmente equivocado sostener que el Estado peruano ha delegado a un ente particular (empresa o consorcio) la obligación de atender a las poblaciones frente a un daño o desastre causado por la misma empresa que efectùa entregas (como es el caso del derrame de petróleo) y que unilaterlamente les atribuye el ròtulo de “responsabilidad social” (un suspiro ahhhhhh, que buenos son esos señores que contaminaron nuestra reserva y nuestro rìo y a cambio nos regalan S/.100 y una caja de chelas).

Unilateralmente una entidad no puede atribuirse funciones y obligaciones que le corresponden al Estado (complejo de un falaz superhéroe frente a una seudoinactividad estatal), puesto que ello advierte que se trataría de la intención de efectuar una donación (liberalidad) la cual no puede efectuarse sin contar con los controles y acreditación suficiente que permitan evidenciar que realmente estas hayan ocurrido, sobre todo si no existe ningún medio probatorio que corrobore que estos recursos fueron a parar a manos de los “supuestos beneficiarios”, o no contienen la firma de las personas que recibieron estas entregas, mucho menos que detalle las condiciones que reunía cada persona para ser beneficiaria de estos importes, lo cual evidencia una insuficiente carga probatoria de parte de quién manifiesta que entregó estos bienes a personas naturales, que inclusive mucho menos indica sus nombres o mayores datos de identificación.

La deducibilidad contable de una partida debe cumplir con evaluar su adecuada presentación en torno a su naturaleza, por ejemplo una salida de recursos no debe ser considerada directamente como gasto corriente puesto que podría ser un activo, siendo su impacto fiscal en ambos escenarios totalmente diferente. Posteriormente debe identificarse que estos desembolsos deben estar orientados o dirigidos a la “obtención” de ingresos, y medirse su criterio comercial, no siendo coherentes las explicaciones en torno a que la empresa entrega agua embotellada y víveres como consecuencia haber contaminado los ríos con la presencia de elementos químicos altamente nocivos para la salud tales como Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Plomo y Mercurio, precisamente ocasionada por dicha empresa, por lo que resulta altamente cuestionable que el contribuyente pregone cualidades de responsabilidad social, y considere que esto habilita la causalidad del gasto.

Resulta necesario considerar los fundamentos de la Corte Suprema peruana y la jurisprudencia internacional, tal como es el caso de la Sentencia emitida por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República P.A. N° 1237-2013, de fecha 12 de julio del 2013, en el proceso de amparo interpuesto por los familiares de las víctimas del incendio en la discoteca Utopía. Específicamente resulta relevante considerar que el contenido de su página 10 en cuanto fundamenta la debida motivación o justificación de una sentencia, citando para ello la doctrina del profesor Ronald Dworkin en torno al caso estadounidense Riggs versus Palmer, donde la Corte Suprema del Estado de Nueva York expidió la sentencia por la cual decidió no conceder la herencia a una persona que asesinó a su abuelo para que éste no cambiara su testamento, basándose esta decisión en el principio legal según el cual “uno no puede beneficiarse de su propio delito”, principio que según Ronald Dworkin forma parte del ordenamiento jurídico aunque nunca haya sido promulgado[1].

Si una empresa causa un daño enorme contra el ambiente (conductas tipificadas por el propio Estado peruano como delitos) por derrames de petróleo en la zona de Amazonía y la propia empresa le atribuye a estas conductas antijurídicas la justificación para la deducibilidad de las erogaciones y desembolsos que ellos efectúan (liberalidades) y que luego denominan desembolsos de responsabilidad social ¿acaso no es beneficiarse tributariamente de su propio delito? ¿acaso esto no es rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Repùblica y por la doctrina estadounidense?. Ello implicarìa que la empresa se beneficiaría entonces de su propia conducta antijurídica como es el derrame de cantidades enormes de petróleo que consecuentemente perjudican no solamente a la población de la zona afectada en la Amazonía, sino a las futuras generaciones, a la biodiversidad y al ambiente.

Estas empresas que cometen conductas antijurìdicas inclusive manifiestan que la gente està contenta de que haya ocurrido la contaminación, ya que consecuentemente se les ha entregado medicinas, vacunas, víveres y agua, y sobre todo “chelas”. ¿esto entonces justifica o califica que estas entregas sean deducibles tributariamente?

Muchas veces estas empresas argumentan que entregaron S/.10`000,000 a una comunidad donde viven cien personas, segùn consta en el “acta firmada por los representantes de la comunidad”. Cuando se ha ido a corroborar in situ si realmente a cada persona ha percibido dicho importe proporcional (aritmèticamente S/.100,000 a cada uno en el utòpico caso) se advierte que no cuadran ni las firmas (a veces ni existen), los nombres de las personas son inventados, y sobre todo se advierte que las personas coexisten en situaciones muy difìciles con total ausencia de recursos econòmicos (“no se caballero solo nos dieron S/.100 a cada uno, que firmemos un papel en blanco y pongamos nuestra huella y nos regalaron “chelas” y baile nomàs).

Estos supuestamente S/.10`000,000 que la empresa deduce como “responsabilidad social” ¿son deducibles? ¿o son donaciones y por consiguiente debieron cumplir los paràmetros establecidos por la legislaciòn del Impuesto a la Renta para ser reconocidos como tales incluyendo el lìmite del 10% que nos indica el inciso x) del artìculo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta peruana?

La responsabilidad social no es màs que un ròtulo  “rimbombante” que debe ser considerado como una donaciòn, y debe ser suficientemente acreditada, en caso contrario califica como una liberalidad no deducible tributariamente.

De otra parte, si una empresa comete una conducta antijurìdica los desembolsos que deba pagar como consecuencia de sus actos ¿por què tendrìan que ser deducibles favoreciendose la empresa con la disminuciòn de la base imponible del Impuesto a la Renta?. No, no puede ser deducible. Si una empresa perjudica a alguièn (a otro particular o al propio Estado peruano) y consecuentemente tiene que efectuar pagos, el ùnico que se perjudica es el Estado que recauda menos, la empresa unicamente debe contar con liquidez, puesto que al final lo recupera al pagar menos Impuesto a la Renta ¿o no?. Como dijo Cipriani ¡ B A S T A ! ¡ BASTA YA de “caidos del palto” que creen cualquier fàbula como la de la responsabilidad social ! 

[1] RIGGS V. PALMER (115 NY 506) PHILO RIGGS, como curadora Ad Litem ET. AL., demandantes, contra  Elmer E. Palmet ET AL., demandados. Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Demanda presentada el 21 de junio de 1889. Demanda resuelta el 8 de octubre de 1889. Sumario: «A nadie se le debe permitir beneficiarse de su propio fraude, o tomar ventaja de su propio error, fundar cualquier demanda sobre su propia iniquidad, o adquirir propiedad sobre la base de su propio crimen»

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor Experto en materia tributario contable

STSJ CAT 1503/2014 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara que la deducibilidad de los gastos ya no debe atender al criterio siempre conflictivo y retrògrado de gasto necesario

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Alan Emilio en Ayacucho 2014

La Secciòn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, España, en una magistral sentencia recaida en el STSJ CAT 1503/2014 declara que la deducibilidad de los gastos ya no debe atender al criterio siempre conflictivo y retrògrado de gasto necesario.

En su fundamento jurìdico cuarto expresa el Tribunal que son principios generales en esta materia (TRIBUTARIA, IMPOSITIVA, FISCAL), seguidos invariablemente por la Sala en numerosas sentencias:

1.º) Que ha de estarse al concepto de «gasto contable» como el que se realiza para obtener los
ingresos, en suma el beneficio, superándose los criterios de obligatoriedad jurídica, indefectibilidad, etc. y los negativos de gastos convenientes, oportunos, acertados, etc, como contrarios al de gastos necesarios. No cabe ya estar al concepto siempre conflictivo y retrógrado de gasto necesario.
2.º) Que al margen de gastos groseramente desproporcionados, las sutiles distinciones como la de
gasto suntuario, inadecuado, oportuno, excesivo, etc., es decir, innecesario, implican una intromisión de la Hacienda Pública en la calificación y juicio crítico de la gestión empresarial, y, además, llevadas a su máxima expresión, implicó la deriva al concepto de liberalidades, de modo que todo lo que no era estrictamente necesario, era una liberalidad, silogismo que es sustancialmente erróneo.

3.º) Que en el procedimiento tributario la carga objetiva de la prueba recae sobre la Administración en
base, sobre todo, a la vigencia del carácter inquisitivo de este tipo de procedimientos.

4.º) Que ha de ser la Administración tributaria, la que por medio de los procedimientos específicos que
para ello le legitiman, y particularmente el procedimiento de las actuaciones de comprobación e investigación inspectoras, forme prueba de los hechos normalmente constitutivos del nacimiento de la obligación tributaria, verificado lo cual, la carga probatoria a tenor del artículo 114 de la Ley General Tributaria , se desplaza hacia quien aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se deriven. La doctrina jurisprudencial viene admitiendo la validez del uso de las presunciones en el ámbito tributario, siempre que cualquier actuación no pueda acreditarse por pruebas de carácter objetivo; señalando la sentencia del Tribunal Supremo de 20 septiembre 2005 ” que la mencionada clase de pruebas indiciarias o de presunciones no sólo son idóneas sino que son, incluso, necesarias y, a veces, imprescindibles cuando se trata de acreditar la simulación, especialmente en lo que se refiere al
elemento subjetivo que la integra “.

Para la deducibilidad de los gastos, resulta pues exigible su correlación con los ingresos, de manera que aquellos coadyuven a la obtención de ingresos de la actividad empresarial desarrollada por la sociedad. Ha de partirse del principio que, salvo patente desproporción, no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los ingresos de la actividad más allá de lo que resulta de su declaración- liquidación y contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad. La incertidumbre probatoria respecto de este extremo ha de perjudicar pues a la Administración, en virtud de las normas legales sobre la carga de la prueba, que no tienen otro alcance que el de señalar las consecuencias de la falta de prueba. No obstante, cumplida por la Administración tal carga de la prueba, debe ser el interesado quien peche con la carga de desvirtuar la prueba de adverso,
mediante la oportuna contraprueba o prueba de lo contrario, debiéndose añadir que en cada caso la carga de la prueba podrá ser modulada por la regla de la facilidad probatoria.

En suma la interpretaciòn debe ser sistemàtica en torno a la base financiera (antiguamente conocida como contable) sobre cuya base debe efectuarse el anàlisis tributario, a travès de la “armonización”, tesis que es impulsada en este portal, y compatible con la jurisprudencia chilena, colombiana, estadounidense, alemana y britànica.

Discrepo de muchas personas que idolatran el concepto de gasto necesario, dado que como lo señala el Tribunal de Cataluña, esa concepciòn es “retrògrada”, es decir “de la època de las cavernas”. Ustedes deciden, ingresan al 2014 o se quedan citando conceptos de la època de las cavernas que muchos enemigos de este portal idolatran.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

El texto completo de la sentencia puede ser descargado en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7002183&links=gastos&optimize=20140326&publicinterface=true

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