Tribunal Constitucional establece como Precedente Vinculante los casos en los cuales emitirá sin mayor trámite sentencia denegatoria Exp. 00987-2014-PA/TC

Alan Emilio en el Cusco agosto 2014

Alan Emilio en el Cusco agosto 2014

Mediante Sentencia emitida el 06 de agosto del 2014 para resolver el Expediente Nº 00987-2014-PA/TC, el Tribunal Constitucional establece como precedente vinculante el contenido de su pàrrafo 49 el cual indica que emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando:

a). Careza de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.

b). La cuestión contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.

c). La cuestión de Derecho contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional.

d). Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

La citada sentencia se dictará sin más trámite.

Seguidamente el Tribunal Constitucional resalta que existe una cuestión de especial transcendencia constitucional  cuando la resolución resulta indispensable para solucionar un conflicto de relevancia o cuando se presente la urgencia de una revisión sobre el contenido de un derecho fundamental.

En otras palabras, no puede recurrirse “fundamentando por fundamentar sin contenido”.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Informaciòn Financiera

Expositor experto en materia tributario-contable

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina 2014 Más allá del tratamiento tributario adoptado por los contribuyentes cabe atender a la real naturaleza de sus actos, situaciones y relaciones

Alan Emilio en el Cusco agosto 2014

Alan Emilio en el Cusco agosto 2014

Mediante sentencia emitida el 03 de junio del 2014 por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en el Exp. Miracle Mile SA (T.F. 21.150-I) contra la Dirección General Impositiva -DGI (lo que viene a ser SUNAT en Perú) se dirime una controversia en torno al Impuesto a las Ganancias argentino (Impuesto a la Renta en el Perú), correspondiente al ejercicio 1997.

Resulta relevante destacar el contenido de su considerando décimo tercero (13) en cuanto indica que “para la exégesis en materia tributaria, cabe atender a la real naturaleza de los actos, situaciones y relaciones que realicen, persigan o establecezcan los contribuyentes, de tal modo que no se desconozca la finalidad de la norma y su significación económica, más allá de la denominación o tratamiento discrecionalmente adoptado en cada caso por los particulares.”

Seguidamente en su considerando décimo cuarto, la Corte Suprema argentina indica que el “costo de adquisición de un inmueble” constituye el sacrificio económico realizado por el contribuyente para adquirir dicho bien.

Por tales considerandos, la Corte Suprema argentina pudo dirimir que en el dicho caso el sacrificio económico alegado por el contribuyente como constitutivo del costo de adquisición de los inmuebles (item “hipotecas y otros gravámenes”) no ascendía al importe de $21´611,023.44 sino al que efectivamente se incurrió para cancelar estas obligaciones y que según las escrituras de cesión ascendieron a $.2´136,101.76.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario -contable

Jurisprudencia Casatoria de la Corte Suprema de Chile: Los gastos deben tener la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios y deben relacionarse directamente con el giro del contribuyente

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Alan Emilio en Ayacucho 2014

Mediante sentencia emitida el 18 de noviembre del 2013 por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile para resolver el recurso de Casación en relación al ROL 2359-2013 aborda una controversia en torno al Impuesto al Valor Agregado chileno (lo que en el Perú viene a ser el Impuesto General a las Ventas) cuestionándose el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.

Resulta indispensable tener en cuenta que la Corte Suprema chilena da cuenta en su considerando octavo lo siguiente:

no se estableció como hecho de la causa que  los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado  de inevitables u obligatorios.”

Este criterio reiterado por la Corte Suprema Chilena refuerza nuestra posición en cuanto a que la interpretación con criterio amplio del principio de causalidad en el Perú debe atender SI o SI a la observancia en torno a que estas erogaciones corrientes, diferentes a costos (de producción, construcción, extracción, de servicios, o similares), resulten INEVITABLES o FORZOSAS para el desarrollo del giro empresarial, a efectos de limitar al grado más razonable posible distracciones en la utilización de los recursos de la entidad, tal como lo sostiene la jurisprudencia tributaria internacional más actualizada. 

Resulta relevante también destacar el considerando quinto de la sentencia chilena en cuanto indica:

Que corresponde consignar que la sentencia (refieriéndose a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011) fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.”

Bajo dicho contexto se rechazó sobre el fondo el recurso de casación interpuesto.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

“Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil trece.

Vistos:

            En estos autos rol Nº 2359-2013, la reclamante XXXXXXXXXXXXXXXXXXX interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 169 a 202 de 26 de diciembre de 2011.

A fojas 218, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

            Primero: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia en primer término la infracción del artículo 31 N° 5 y 10 del Decreto Ley N° 824, en relación con el artículo 23 N°1 del Decreto Ley N° 825 y artículo 19 del Código Civil. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta el contribuyente está autorizado para deducir del ingreso bruto todos los gastos necesarios para obtenerlo, entre los cuales se encuentran los que han sido objetados en estos autos, haciendo presente que tratándose de camionetas no está prohibida su adquisición y mantención.

Agrega que por su parte el N° 1 del artículo 23 del Decreto Ley N° 825 del año 1974 establece que procede el crédito de las facturas relacionadas con gastos de tipo general que digan relación con el giro o actividad del contribuyente, y en este caso los gastos objetados como no relacionados con el giro del contribuyente corresponden a estipendios normales y ordinarios que debe pagar mensualmente una empresa que presta servicios de seguridad.

Expone que el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en su número 5 regula los gastos por depreciación de los bienes del activo inmovilizado, los que en su caso han sido rechazados sin señalar el motivo, esto es, por ejemplo, si existió un exceso respecto de los años de vida útil asignados, por lo que el rechazo de las depreciaciones ha sido totalmente injustificado. En cuanto a los gastos de promoción en los centros invernales, que tiene por objeto hacer propaganda a los servicios prestados por la empresa, se rechazan igualmente no obstante que la ley en el N° 10 del artículo 31 los contempla especialmente, dando la posibilidad de considerarlos como activos transitorios o  gastos del  ejercicio.

En lo que respecta al artículo 19 del Código Civil, se sostienen que el error radica en la errada interpretación de los artículos 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en particular sus números 5 y 10 en relación con el artículo 23 N° 1 del Decreto Ley N° 825. Se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, pero no obstante lo explícito del texto de la Ley, se incurrió en ese error jurídico.

Como segundo error de derecho, denuncia una errada interpretación del artículo 21 del Código Tributario, en relación al artículo 19 del Código Civil, expresa que el inciso segundo del citado artículo establece que el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de los antecedentes presentados por los contribuyentes, a menos que estos documentos, libros y antecedentes no sean fidedignos, situación que no se verifica en el caso de autos, puesto que las facturas presentadas no han sido calificadas como no fidedignas, circunstancia que impide prescindir de los documentos presentados en el proceso por el contribuyente, por lo que se ha vulnerado las leyes reguladoras de la prueba pues se invierte el peso de la prueba.

Además, expresa que se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del artículo 19 del Código Civil, precepto legal según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, lo que ocurrió en este caso, no obstante lo explícito del texto de la Ley.

En un tercer aparatado se acusa la errada interpretación que se ha efectuado del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, en relación con el artículo 19 del Código Civil, señala que las facturas se han cuestionado principalmente por situaciones de hecho no contempladas en esa norma, como el calificarlas de ideológicamente falsas o que no guardan relación con el giro del contribuyente, precepto que no se refiere a circunstancias fácticas para imputar irregularidad, pues tal calificación debe ser de carácter objetivo, esto es, basarse en deméritos o anomalías del documento mismo, y no en eventuales hechos u omisiones de sus emisores y menos por ser de empresas relacionadas.

En cuanto al error respecto del artículo 19 del Código Civil, radica en la errada interpretación del artículo 23 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en particular su números 5.

Finalmente como último error de derecho se imputa que los jueces de la instancia omiten aplicar el inciso cuarto del N° 5 del artículo 23 del D.L. Nº 825, tal contravención se produce porque la norma en comento señala que : “No obstante los dispuesto en los  incisos  segundo y tercero  no se  perderá el derecho al crédito fiscal, si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales   por el vendedor”. En su caso, todas las facturas de las denominadas empresas relacionadas  pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se acredita con las mismas y los antecedentes de estas empresas, situación no valorada por la sentencia recurrida.

Segundo: Que al explicar la forma cómo los errores de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo de la sentencia, el recurso señala que de aplicarse correctamente los preceptos precitados la decisión habría sido la contraria a la que se asentó, esto es, se habría acogido el reclamo tributario contra las liquidaciones impugnadas.

Tercero: Que es necesario consignar que las liquidaciones reclamadas son las números 169 a 202, de 26 de diciembre de 2011, por concepto de  Impuesto al Valor Agregado de los períodos de agosto de 2008 a diciembre de 2010, Impuesto de Primera Categoría de los años tributarios 2009, 2010 y 2011, y Reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2010.

Por otra parte, en el reclamo del contribuyente se asevera que las operaciones contenidas en las facturas fueron efectivamente realizadas, y se relacionan con el giro, por lo que no es procedente el rechazo del crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

Cuarto: Que el Servicio de Impuestos Internos en las liquidaciones reclamadas cuestiona al contribuyente el uso de crédito fiscal y costos y/o gastos pagados contabilizados por compras ajenas al giro (compras de supermercado, servicio de televisión por cable, implementos para esquiar, compra de muebles de dormitorio y otros propio de una casa habitación y el pago de colegiatura y de útiles escolares), también aquellas operaciones que son respaldadas con facturas ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios (compra de combustible y servicios de reparación y mantención de servicio técnico) y finalmente aquellas facturas que dan cuenta del arrendamiento de automóviles y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención.

Quinto: Que corresponde consignar que la sentencia fijó como hechos, en lo que interesa a efectos de resolver el recurso, que la sociedad contribuyente no probó que tenía derecho a hacer uso del crédito fiscal, puesto que los bienes adquiridos y que se consignan en las facturas dubitadas, así como los pagos efectuados por medio de éstas, no correspondían al giro de la reclamante.

De forma que los gastos por compras realizadas en supermercado destinados a la alimentación de sus trabajadores son gastos con fines ajenos a los de su industria o actividad. Así como los gastos en la compra de implementos para esquiar, televisión por cable, colegiaturas y útiles escolares, todos los cuales no se encuentran entre aquellos contenidos en el giro de la reclamante, de forma que no caben dentro de la hipótesis  establecida en el artículo 31 inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta. Respeto a los muebles para dormitorio, su adquisición tampoco puede ser calificada como necesaria para producir la renta.

Sexto: Que el fallo recurrido, en lo pertinente, luego de referirse a los artículos 23 Nº 4, 5 y 6 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, señala que atendido que las operaciones que contienen las facturas  emitidas por doña Beatriz Hernández González y que fueron cuestionadas por no ser fidedignas o irregulares, éstas carecen de mérito probatorio suficiente para acreditar la efectividad de los costos y monto de los mismos.

En cuanto al uso de una camioneta por parte del dueño de la empresa para actividades publicitarias y de promoción, se aduce que no puede ser considerado como una gasto necesario para producir la renta, porque quedó demostrado que no desarrolla esas actividades dentro de su giro.

Séptimo: Que en cuanto al primer error de derecho que se denuncia por el recurso, éste se relaciona fundamentalmente con el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al rechazar la sentencia los gastos consignados en las facturas y que son el fundamento de las liquidaciones reclamadas por la sociedad.

El artículo 31 citado, en lo pertinente, dispone que la renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Octavo: Que en este entendimiento, para que la transgresión denunciada pueda prosperar, deben estar establecidas en el fallo aquellas circunstancias de hecho que doten a los desembolsos incurridos de la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios para generar los ingresos y que se relacionen directamente con el giro de la contribuyente, y por lo tanto, puedan considerarse dentro de las deducciones que contempla el artículo 31 de la ley para determinar la base imponible del impuesto, nada de lo cual acontece, como se indicó en el motivo tercero  precedente.

Consecuentemente, no puede imputársele al fallo recurrido haber transgredido el citado artículo 31, ni los demás preceptos que menciona el recurrente, pues no se estableció como hecho de la causa que  los gastos hechos valer se hayan relacionado directamente con el giro del negocio ni su necesidad para producir la renta, esto es, que se hayan calificado  de inevitables u obligatorios.

Noveno: Que, en relación al quebrantamiento del artículo 21 del Código Tributario, el error de derecho se fundamenta, en síntesis, en que la sentencia no consideró la documentación presentada por el contribuyente y que en su opinión, acredita gastos necesarios para producir renta, sin embargo, esta alegación del recurrente olvida que dentro de los antecedentes que el Servicio de Impuesto Internos se encuentra obligado a considerar al liquidar o reliquidar un impuesto, de acuerdo al inciso 2° de esta norma, también se encuentra la contabilidad del contribuyente y sus propias declaraciones. En este contexto, no se divisa infracción de la disposición invocada, desde que la administración ha procedido a liquidar los impuestos reclamados, precisamente en base al mérito de la propia declaración del contribuyente y de su contabilidad, la que, como se dijo, hace plena fe en su contra y no puede ser corregida en la forma planteada por el recurrente.

Décimo: Que tanto el tercer como el cuarto capítulo del recurso de nulidad dicen relación con la errada interpretación que los sentenciadores habrían dado al artículo 23 N°5 inciso cuarto de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, ya que a su entender no se acreditó la falsedad de las facturas, sino que se señala que las operaciones consignadas en ellas eran ajenas al giro y porque todas las facturas de empresas relacionadas pagaron el impuesto al valor agregado, lo que se habría acreditado en autos.

Al respecto, conviene señalar que el artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que los contribuyentes afectos al pago de este tributo tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario. En su numeral cinco, la citada norma dispone que no darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. En esta situación se encontraba la sociedad reclamante, puesto que las facturas cuyo crédito fiscal se utilizó por ella se estimaron material e ideológicamente falsas por los motivos indicados en las liquidaciones reclamadas. Frente a este escenario, para no perder el derecho a crédito fiscal, el pago de las referidas facturas debe hacerse dando cumplimiento a los requisitos mencionados en el artículo 23 Nº 5 del Decreto Ley Nº 825, esto es, haber pagado con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio y haber anotado por el librador al extender el cheque el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta, o acreditar que se enteró el impuesto en arcas fiscales, requisitos no satisfechos en este caso.

Por todo lo anterior, lo postulado por el recurso no se ajusta al mérito del proceso ni a los hechos que quedaron establecidos en él.

Undécimo: Que al no haberse producido las vulneraciones de ley denunciadas, tampoco se infringen las reglas de interpretación contenidas en el artículo 19 del Código Civil, sin perjuicio de que el recurrente no explica -como es dable exigir en un recurso de derecho estricto como la casación-, de qué manera precisa y concreta se habría producido la infracción de esta norma, limitándose a señalar que se ha desatendido el tenor literal de dicho precepto, lo que desde luego no revela yerro jurídico alguno, falencia que, sumada a los razonamientos contenidos en los motivos precedentes permite determinar el rechazo del presente medio de impugnación.

Como consecuencia de lo razonado, el recurso en estudio no puede prosperar y debe ser desestimado.

Y  de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 767, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 194 por XXXXXXXXXXXXXXXX en contra de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil trece, escrita a fojas 180 y siguientes.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados”.

CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – 18.11.2013 – ROL 2359-2013 – MINISTRO SR. MILTON JUICA A., HUGO DOLMESTCH U.- MINISTRO SR. CARLOS KÜNSEMÜLLER L.- MINISTRO SR. HAROLDO BRITO C.- MINISTRO SR. LAMBERTO CISTERNAS R.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Versión 2014 NIC Normas Internacionales de Contabilidad

Alan Emilio en Chiclayo 2014

Alan Emilio en Chiclayo 2014

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – NIC

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

Versión 2014 NIIF Normas Internacionales de Información Financiera

Alan Emilio en Chiclayo 2014

Alan Emilio en Chiclayo 2014

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF
Versión 2014

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Versión 2014 CINIIF Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera

Alan Emilio en Chiclayo 2014

Alan Emilio en Chiclayo 2014

INTERPRETACIONES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA –CINIIF

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Versión 2014 SIC Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad

Alan Emilio en Arequipa 2014

Alan Emilio en Arequipa 2014

Versión 2014
(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°055-2014-EF/30

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable

Resolución Consejo Normativo de Contabilidad 055-2014-EF30 oficiliza modificaciones a la NIC 16 y NIC 38 y oficializan versión 2014 de diversas NIC, SIC, NIIF y CINIIF

Alan Emilio en Arequipa julio 2014

Alan Emilio en Arequipa julio 2014

Oficializan modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y a la NIC 38 Activos Intangibles, y oficializan la versión 2014 de diversas Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC)

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

RESOLUCIÓN Nº 055 -2014-EF/30

Lima, 24 de julio de 2014

VISTO:

Los Despachos N°s 41138 y 96756 remitidos por la International Financial Reporting Standards  Foundation (IFRS Foundation), que respectivamente contienen las modifi caciones a la NIC 16 Propiedades,  Planta y Equipo, y a la NIC 38 Activos Intangibles y el Set Completo de las Normas Internacionales de Información Financiera versión 2014, en el cual se incluye el Marco Conceptual para la Información Financiera.

CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, el Consejo Normativo de Contabilidad tiene, entre otras, la atribución de emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado;

Que, conforme al numeral 16.3 de la precitada Ley, las entidades del sector privado efectuarán el registro contable de sus transacciones con sujeción a las normas y procedimientos dictados y aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad;

Que, por Resolución Nº 041-2008-EF/94 y normas modificatorias del Consejo Normativo de Contabilidad se aprobó el uso obligatorio del Plan Contable General Empresarial (PCGE), el cual señala en sus Disposiciones Generales que es requisito para la aplicación de dicho PCGE, observar lo que establecen las NIIF;

Que, en la Septuagésima Novena Sesión del Consejo Normativo de Contabilidad, realizada el 24 de julio del presente año, se acordó oficializar tales modificaciones y el Set completo de normas contenido en la versión 2014 de las Normas Internacionales de Información Financiera y el mencionado Marco Conceptual, para su utilización en el país;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar las modifi caciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y a la NIC 38 Activos Intangibles.

Artículo 2º.- Ofi cializar la versión 2014 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC), cuyo contenido se detalla en el Anexo que es parte integrante de la presente resolución, así como el Marco Conceptual para la Información Financiera.

Artículo 3.- Establecer que la vigencia de las Modificaciones y Estándares Internacionales contenidos en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, será la  normada en cada una de ellas.

Artículo 4°.- Las Normas Internacionales de  Información Financiera ofi cializadas con anterioridad,  mantendrán su contenido y vigencia en tanto los mismos no sean modificados o sustituidos.

Artículo 5º.- Publicar las normas señaladas en los artículos 1° y 2° en la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pe

Artículo 6º.- Encargar a la Dirección General de Contabilidad Pública y recomendar a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, los Colegios de Contadores Públicos Departamentales y a las Facultades de Ciencias Contables y Financieras de las Universidades del país y otras instituciones competentes, la difusión de lo dispuesto por la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR PAJUELO RAMÍREZ
Presidente

MIRLA E. BARRETO VERÁSTEGUI
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

GUILLERMO DE LA FLOR VIALE
Banco Central de Reserva del Perú

EVA HUAVIL VENTOCILLA
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

FREDY LLAQUE SÁNCHEZ
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

MELINA MARTEL ORTIZ
Superintendencia de Mercados de Valores

ÁNGEL R. SALAZAR FRISANCHO
Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú

Anexo 1
Modificaciones
Modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
Modificaciones a la NIC 38 Activos Intangibles

Modificaciones:

Set de Normas 2014

Marco Conceptual para la Información Financiera

NIC 1 Presentación de Estados Financieros
NIC 2 Inventarios
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa
NIC 11 Contratos de Construcción
NIC 12 Impuesto a las Ganancias
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
NIC 17 Arrendamientos
NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias
NIC 19 Benefi cios a los Empleados
NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre  Ayudas Gubernamentales
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
NIC 23 Costos por Préstamos
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Benefi cio por Retiro
NIC 27 Estados Financieros Separados
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinfl acionarias
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
NIC 33 Ganancias por Acción
NIC 34 Información Financiera Intermedia

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
NIC 38 Activos intangibles
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
NIC 40 Propiedades de Inversión
NIC 41 AgriculturaCINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración y Similares

CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares
CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento
CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental
CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos -Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias
CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor
CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios
CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes
CINIIF 14 NIC 19 El Límite de un Activo por Beneficios Defi nidos, Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de Financiación y su Interacción
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles
CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero
CINIIF 17 Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al Efectivo
CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes
CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio
CINIIF 20 Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto
CINIIF 21 Gravámenes

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones
NIIF 3 Combinaciones de Negocios
NIIF 4 Contratos de Seguro
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar
NIIF 8 Segmentos de Operación
NIIF 9 Instrumentos Financieros
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
NIIF 13 Medición del Valor Razonable

SIC-7 Introducción del Euro
SIC-10 Ayudas Gubernamentales – Sin Relación Específica con Actividades de Operación
SIC-15 Arrendamientos Operativos – Incentivos
SIC-25 Impuesto a las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la Entidad o de sus Accionistas
SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma
Legal de un Arrendamiento
SIC-29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar
SIC-31 Ingresos – Permutas de Servicios de Publicidad
SIC-32 Activos Intangibles – Costos de Sitios Web

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/conse_norm/resolucion/CNC_055_2014EF30.pdf

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF
Versión 2014

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°054-2014-EF/30)

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°055-2014-EF/30)

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – NIC

Versión 2014
(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°055-2014-EF/30)

 

INTERPRETACIONES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA –CINIIF

Versión 2014
(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°055-2014-EF/30)

INTERPRETACIONES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – SIC
Versión 2014
(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°055-2014-EF/30

 

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable

Resolución de Observancia Obligatoria RTF 07217-5-2014 sobre diligencia de notificación

Alan Emilio en Arequipa julio 2014

Alan Emilio en Arequipa julio 2014

El Tribunal Fiscal acaba de emitir la Resolución de Observancia Obligatoria RTF Nº 07217-5-2014 sobre la base de su Acuerdo de Reunión de Sala Plena 2014-10:

El informe, acta o documento adicional en el que se detalla diversa información relacionada con la diligencia de notificación, no subsana las omisiones del cargo de notificación, dado que no es posible determinar si fue emitido en el mismo momento del acto de notificación“.

Este criterio encuentra como antecedentes directos los Acuerdos de Reunión de Sala Plena Nº 2002-10 y 2012-23.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Resolución Consejo Normativo de Contabilidad 054-2014-EF30 oficiliza la NIIF 14 y modificaciones a la NIIF 11

Alan Emilio en Arequipa julio 2014

Alan Emilio en Arequipa julio 2014

Mediante Resolución 054-2014-EF30 del Consejo Normativo de Contabilidad, publicada el jueves 17 de Julio 2014, se oficializa la NIIF 14 – Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas; y las Modificaciones a la NIIF 11 – Acuerdos Conjuntos.

En el siguiente enlace se puede descargar directamente este contenido completo de la NIIF 14 y las modificaciones a la NIIF 11:

NIIF_014 Alan Emilio Matos Barzola

Ojo, el objetivo de la NIIF 14 es especificar los requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad proporciona bienes o
servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeto a regulación de tarifas. Esta Norma no aborda otros aspectos de la contabilización por parte de las entidades que se dedican a actividades con tarifas reguladas.

Tal como describen las Guías de Apliación de la NIIF 14, los siguientes son ejemplos de los tipos de costos que los reguladores de tarifas pueden permitir en decisiones de fijación de tarifas y que una entidad puede, por ello, reconocer en los saldos de las cuentas de  diferimientos de actividades reguladas:

(i) Desviaciones de precios de compra o de volumen;
(ii) Costos de iniciativas de “energía limpia” aprobadas (por encima de los importes que se capitalizan  como parte del costo de propiedades, planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16 Propiedades,  Planta y Equipo);
(iii) Costos indirectos atribuibles de forma no directa que se tratan como costos de capital a efectos de  regulación de tarifas (pero que no se permite, de acuerdo con la NIC 16, que se incluyan en el  costo de una partida de propiedades, planta y equipo);
(iv) Costos de cancelación del proyecto;
(v) Costos de daños por tormentas; e
(vi) Intereses atribuidos (incluyendo importes que se permite considerar para fondos que se utilizan  durante la construcción, que proporcionan a la entidad un rendimiento sobre el capital del  patrimonio propio, así como préstamos).

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributario contable.

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho 2014

Diplomado Tributación en Ayacucho 2014

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho 2014

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho 2014

Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho 2014

Organiza: Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho

Grupo Caycho. Distribuidor y Representante

Coordinador Regional Sede Ayacucho: Luis Danilo Palomino Rafael

Jr. Asamblea Nº 285 Edificio de Radio Melody 3ª piso Of.2 grupo.caycho@hotmail.com

Celular/ RPM: #949822381

MÒDULO I. TRIBUTACION EMPRESARIAL
Docente: Clara Villanueva Barrón
Especialista en Tributación por la Pontificia Universidad Catòlica del Perù. Docente en materia tributaria empresarial.
Introducción a la Auditoria Tributaria y Seminario sobre Código Tributario
Procedimientos contenciosos, guìas de remisiòn y comprobantes de pago
MÒDULO II. IMPUESTOS ESPECÍFICOS 
Docente: Julio Muñoz Vara
Especialista en Tributación por la Universidad de Lima.  Docente en materia tributaria empresarial.
 Impuesto General a las Ventas
 Impuesto a la Renta
MÒDULO III. AUDITORIA TRIBUTARIA 
Docente: Miguel Ríos Correa
Especialista en Tributación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en materia tributaria empresarial.
MÒDULO IV. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIC, SIC, NIIF Y CINIIF Y SU IMPACTO EN LA TRIBUTACIÓN
Docente: Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y en Tributación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
 NIIF-NIC-SIC-CINIIF Parte I
NIIF-NIC-SIC-CINIIF Parte II
Informes es inscripciones en Ayacucho: 
 Coordinador Luis Danilo Palomino RafaelJr. Asamblea Nº 285 Edificio de Radio Melody 3ª piso Of.2 grupo.caycho@hotmail.comCelular/ RPM: #949822381

Ayacucho Diplomado 2014

Ayacucho Diplomado 2014

Ley 30230 Medidas Tributarias, Simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

Alan Emilio en Huaraz julio 2014

Alan Emilio en Huaraz julio 2014

Ley 30230 Medidas Tributarias, Simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

“NO A LA RETENCION DE LA AFP PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LOS CAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, NO SEAN PORDIOSEROS DE LAS AFP CHILENAS QUE SON LAS ÙNICAS QUE SE BENEFICIAN

SEÑORES CONGRESISTAS DEROGEN ESA ESTUPIDEZ QUE DEFIENDEN LOS LACAYOS DE LAS AFP CHILENAS”

Alan Emilio Matos Barzola

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY 30230 QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS

TÍTULO I

MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

CAPÍTULO I

ACTUALIZACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Están comprendidas en el presente Capítulo todas las deudas tributarias pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cuya recaudación o administración estén a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), incluidas las deudas ante el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la O􀂿 cina de Normalización Previsional (ONP), respecto de las cuales se hubiere notificado o no órdenes de pago o resoluciones de la SUNAT, por la totalidad de la deuda.

Artículo 2. Actualización excepcional de deudas tributarias

Se establece la actualización excepcional de las deudas tributarias pendientes de pago, cualquiera fuera el estado en que se encuentren: cobranza, reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante el Poder Judicial; en aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter general o particular perdidos, incluido el supuesto de incumplimiento de pago de cuotas; eliminando la capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 3. Sujetos comprendidos

La actualización comprende a los deudores tributarios por las deudas a que se refiere el artículo 1 del presente Capítulo, excepto a las personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado, ni tampoco a las empresas ni las entidades cuyos representantes, por haber actuado en calidad de tales, tengan proceso penal en trámite o sentencia condenatoria vigente por delito en agravio del Estado.

Tampoco estarán comprendidos en la actualización excepcional prevista en el presente capítulo, los deudores tributarios respecto de las deudas que se encuentran impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial, según el caso, salvo que se desistan de los medios impugnatorios en la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial, cumpliendo los requisitos, forma, plazo y condiciones que se establezca mediante decreto supremo.

Artículo 4. Determinación de la deuda materia de la actualización

4.1 La actualización regulada en el presente capítulo extingue la capitalización de los intereses al 31 de diciembre de cada año, aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005.

4.2 Durante el período señalado en el párrafo anterior, la deuda tributaria a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley deberá actualizarse al 31 de diciembre de 2005 conforme al siguiente detalle:

a) Para deudas cuya fecha de exigibilidad conforme al artículo 3° del Código Tributario, es anterior al 1 de enero de 1998: el monto de la deuda determinada según lo dispuesto por la Ley 27681, Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT), se actualizará aplicando los intereses correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre de 2005.

b) Para deudas cuya exigibilidad conforme al artículo 3° del Código Tributario, se ha originado entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2005: al monto de la deuda se le aplicará los intereses correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre de 2005.

En el caso de aplazamientos y/o fraccionamientos se entenderá que la deuda a actualizar es el monto pendiente de pago de los mismos a la fecha de la pérdida o de incumplimiento de la cuota que facultó a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago.

Se deberá considerar los pagos parciales en la fecha en que fueron efectuados imputándose los mismos de conformidad con el Código Tributario.

4.3 En los períodos siguientes al previsto en el acápite 4.1 del presente artículo, deberá aplicarse los intereses que correspondan de acuerdo a las leyes que los regulan.

4.4 Lo dispuesto en este artículo no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno.

CAPÍTULO II

CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA EN MINERÍA

Artículo 5. Incorporación de los artículos 83°-A y 83°-B al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias

Incorpóranse como artículo 83º-A y artículo 83º-B al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, los textos siguientes:

Artículo 83º-A.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 15,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 20,000 TM/día referentes a una concesión minera, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de quince años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación, según sea el caso.”

Artículo 83º-B.- Los titulares de la actividad minera que inicien o estén realizando actividades de la industria minera que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, tendrán derecho a celebrar los contratos a que se re􀂿 ere el artículo anterior.

Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, en las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el Decreto Legislativo 674.

El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa minera a favor de la cual se efectúe la inversión, sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el Programa de Inversiones contenido en el Estudio de Factibilidad que forma parte del Contrato de Estabilidad; o, las actividades adicionales que se realicen posteriormente a la ejecución del Programa de Inversiones, siempre que tales actividades se realicen dentro de la misma concesión donde se desarrolle el Proyecto de inversión materia del contrato suscrito con el Estado; que se encuentren vinculadas al objeto del Proyecto de inversión; que el importe de la inversión adicional sea no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 250´000,000.00; y sean aprobadas previamente por el Ministerio de Energía y Minas, sin perjuicio de una posterior fiscalización del citado Sector.

Las actividades adicionales a que se refiere el párrafo anterior se deberán ejecutar dentro del plazo de la estabilidad garantizada en el Contrato de Estabilidad, sin que suponga una extensión o cómputo de un nuevo plazo de estabilidad.

El titular de la actividad minera que celebre estos contratos, podrá, a su elección, adelantar el régimen contractual estabilizado a la etapa de inversión, con un máximo de 8 ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato.”

Artículo 6. Modificación del primer párrafo del artículo 79°, el artículo 82°, el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 83°, primer párrafo del artículo 85°, el artículo 86° y el inciso c) del artículo 101° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias

Modifícanse el primer párrafo del artículo 79°, el artículo 82°, el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 83º, primer párrafo del artículo 85°, el artículo 86° y el inciso c) del artículo 101° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias, conforme a los textos siguientes:

Artículo 79º.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se re􀂿 ere el artículo anterior, los titulares de actividad minera que presenten programas de inversión por el equivalente en moneda nacional a US$ 20’000,000.00.

(…)”

Artículo 82º.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 5,000 TM/día referentes a la concesión minera, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de doce años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación, según sea el caso.

Artículo 83º.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se re􀂿 ere el artículo anterior, los titulares de la actividad minera, que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 100’000,000.00, para el inicio de cualquiera de las actividades de la industria minera.

Tratándose de inversiones en empresas mineras existentes, se requerirá un programa de inversiones no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00.

Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00, en las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el Decreto Legislativo 674.

(…)”.

Artículo 85º.- Los titulares de la actividad minera, comprendidos en los alcances de los artículos 82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley, para gozar de los beneficios garantizados, presentarán un estudio de factibilidad técnico-económico, que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser aprobado por la Dirección General de Minería en un plazo máximo de noventa días naturales; transcurridos estos y de no haber pronunciamiento por dicha Dirección, se dará automáticamente por aprobado en este último día, que será el que rija para los efectos de fijar la fecha de la estabilidad del régimen tributario y de las garantías que fueron aplicables a partir de la indicada fecha.

(…)”

Artículo 86º.- Los contratos que garanticen los beneficios establecidos en el presente Título, son de adhesión, y sus modelos serán elaborados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las cláusulas tributarias contenidas en dichos modelos serán revisadas cada vez que se modifique el sistema tributario por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Dichos contratos deberán incorporar todas las garantías establecidas en este Título.

Los modelos de contratos, serán aprobados por resolución ministerial, para el caso contemplado en los artículos 78° y 79°, y por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, para el caso de los artículos 82°, 83°, 83° -A y 83° -B de la presente Ley.

Los contratos serán suscritos en representación del Estado por el Viceministro de Minas, para el caso contemplado en los artículos 78° y 79°, y por el Ministro de Energía y Minas, para el caso previsto en los artículos 82°, 83°, 83° -A y 83° -B de la presente Ley, por una parte, previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas en lo concerniente a la materia tributaria; y, de la otra, los titulares de la actividad minera. Copia de tales contratos serán remitidas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.”

Artículo 101º.- Son atribuciones de la Dirección General de Minería, las siguientes:

(…)

c) Aprobar el estudio de factibilidad técnico-económico, que tiene carácter de Declaración Jurada a que se refieren los artículos 82°, 83° y 83° -B de la presente Ley.

(…)”

CAPÍTULO III

CÁLCULO DE INTERESES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN Y PROGRESIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR

Artículo 7. Modificación del cuarto y último párrafo del artículo 33°, los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria

Modifícanse el cuarto y último párrafo del artículo 33°, los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modi􀂿 catoria, por los siguientes textos:

Artículo 33º.- INTERESES MORATORIOS

(…)

La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los Artículos 142°, 150° y 152° hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación o apelación fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores.

(…)

La suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa.”

Artículo 159º.- MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS JUDICIALES

(…)

2. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, esta deberá consistir en una carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses prorrogables, cuyo importe sea el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La carta fianza deberá ser renovada antes de los diez (10) días hábiles precedentes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado hasta la fecha de la renovación.

En caso de que no se renueve la carta fianza en el plazo antes indicado el Juez procederá a su ejecución inmediata, bajo responsabilidad.

3. Si se ofrece contracautela real, esta deberá ser de primer rango y cubrir el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar.

(…)

5. El Juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tributaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, acompañando copia simple de la demanda y de sus recaudos, a efectos de que aquélla señale el monto de la deuda tributaria materia de impugnación actualizada a la fecha de notificación con la solicitud cautelar y se pronuncie sobre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que involucra la demora del proceso.

(…)

Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo monto total no supere las quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), al solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá ofrecer como contracautela la caución juratoria.

(…)”.

 

Artículo 8. Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria

Suspéndese la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121.

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121, suspéndese la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

CAPÍTULO IV

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Artículo 9. Incorporación de un último párrafo al numeral 12.1 del artículo 12 y modificación del último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12, del numeral 13.1 del artículo 13 y del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas

Incorpórase un último párrafo al numeral 12.1 del artículo 12 y modifícanse el último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12, el encabezado del numeral

13.1 del artículo 13, y el encabezado del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, conforme al siguiente texto:

“Artículo 12.- Consumidor final

12.1 (…)

b) (…)

Los importes establecidos en el presente inciso podrán ser modificados mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, pudiendo establecerse importes diferenciados adicionales a los previstos por tipo de bien.

Dichos importes podrán ser dejados en el rango comprendido entre el veinte por ciento (20%) de la UIT y cinco (5) UIT.

(…)

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, se podrá establecer los casos en que no se requerirá cumplir con la condición señalada en el inciso b) del presente numeral.”

“Artículo 13.- Designación y exclusión de agentes de percepción

13.1 La designación de los agentes de percepción a que se refiere el presente capítulo tomará en consideración, entre otros, la participación de dichos sujetos en el mercado y su ubicación dentro de la cadena de producción y distribución de los bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, de acuerdo con los siguientes criterios:

(…)”.

“Artículo 15.- Designación y exclusión del agente de percepción

La designación de los agentes de percepción tomará en consideración, entre otros, la participación de dichos sujetos en el mercado y su ubicación dentro de la cadena de distribución de los bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, considerando como criterio para:

(…)”.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS TASAS POR TRÁMITES, DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES Leer más de esta entrada

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 6.058 seguidores