Sentencia Casatoria 14785-2014-LIMA Corte Suprema de Justicia declara FUNDADOS los recursos de Casación interpuestos por la Procuraduría del MEF y de la SUNAT, declarando INFUNDADA demanda en torno a IGV

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Alan Emilio en Lima, Perú

Mediante Sentencia Casatoria N° 14785-2014-LIMA, de fecha 14 de junio del 2016, pero recientemente notificada el día lunes a esta Procuraduría, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República decidió declarar FUNDADOS los recursos de Casación interpuestos por el MEF y la SUNAT en la presente controversia con el contribuyente S…. P…. SA DECLARANDO FINALMENTE INFUNDADA LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS, lo cual advierte un éxito rotundo de la gestión del Estado peruano.

S…. P…. SA aludía que el Decreto Ley N° 22774 le permitía a PETROPERÚ, en su calidad de entidad representante del Estado peruano, transferir recursos financieros del Estado a los contratistas petroleros a través de la asunción de la carga económica de los tributos que gravaban las importaciones de bienes de capital destinados a sus operaciones, otorgando una especie de subsidio a los contratistas y neutralizando el perjuicio que pudiera generar el asumir dicho tributo a PETROPERÚ, ya que podría dar lugar a gasto no deducible por considerarse como una liberalidad, por lo que de forma expresa a través del citado Decreto Ley N° 22774 se le reconocería naturaleza de gasto deducible a dicha asunción de impuestos de terceros.

En esencia el contrato establecía que para la ejecución de los contratos de servicios petroleros, las maquinarias, equipos y otras unidades utilizadas para el desarrollo de tales servicios al ser de carácter especializado requieren ser importadas y/o internadas al país, por lo que a efecto de no incrementar la carga económica de los contratistas para la ejecución de tales servicios, se contempló mediante el citado Decreto Ley que el pago de impuestos en dichas operaciones sea asumido por la entidad representante del Estado peruano con lo cual el contratista (S…… P….. SA) no se vería afectado económicamente por el pago de tributos (Impuesto General a las Ventas) de dicha operación de importación para la realización de tales servicios.

La CORTE SUPREMA resolvió que la única persona obligada a pagar el Impuesto General a las Ventas y demás tributos aplicables a las importaciones de bienes de capital e insumos, debido a su calidad de responsable, es PETROPERÚ, quién además está legalmente autorizado para deducir dicho gasto en la determinación de su renta neta. Por tal sentido, SAVIA PERÚ se encuentra legalmente impedida para obtener crédito fiscal por el IGV pagado.

El antecedente directo en el Tribunal Fiscal fue la RTF 17619-1-2012 disponible directamente en el siguiente enlace: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2012/1/2012_1_17619.pdf

En la prena se ha reportado en los siguientes enlaces:

?         El Comercio, Pág. 17 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5191400&bool=1&word=sunat

?         Gestión, Pág. 5 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5191337&bool=1&word=sunat

?         Expreso, Pág. 15 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5192417&bool=1&word=sunat

?         Caretas, Pág. 22 clic aquí http://servicios.noticiasperu.pe/gui/view/VistaPautaPrensa.php?idPauta=5193874&bool=1&word=sunat

Un fallo histórico que releva que la sustancia prima antes que la apariencia.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Expongo el 21 de enero del 2017

Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

Resulta IMPROCEDENTE cuestionar en la vía constitucional la “supuesta deficiencia en la notificación de órdenes de pago”, siendo lo apropiado interponer el reclamo en la vía ordinaria

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Alan Emilio en Lima, Perú

El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia de fecha 08 de noviembre del 2016 emitida en el Expediente N° 05075-2014-PA/TC,  resuelve la demanda interpuesta por la (entidad) EEGW EIRL a través de su titular don AWNC.

La entidad (EIRL) solicitó que se declaren nulos y sin efecto legal los siguientes actos administrativos:

− Las órdenes de pago 023-001-3772260, 023-001-4556497 y 023-001-4556498, 023- 001-4556499, 023-001-4556500, 023-001-4556501 y 023-001-4556502 emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat);

− La Resolución de Ejecución Coactiva 023-006-1991407, de fecha 12 de agosto de 2013, que requiere el pago de la deuda derivada de dichas órdenes de pago;

− La Resolución del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013, de fecha 10 de octubre de 2013, que declara infundada su queja; y,

− La Resolución del Tribunal Fiscal 02008-Q-2013, de fecha 8 de noviembre de 2013 (fojas 40) que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013.

Manifiestó la entidad demandante que las órdenes de pago en cuestión le fueron notificadas en contravención del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario por lo que no pudo impugnarlas. Señala que, como consecuencia de ello, se inició un procedimiento coactivo sin dársele oportunidad de cuestionar su deuda en sede administrativa por lo que se vulnera su derecho al debido proceso.

El Tribunal Constitucional indica que con relación a las resoluciones del Tribunal Fiscal 01494-Q-2013 y 02008-Q-2013, se advierte que el proceso especial previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso mediante Decreto Supremo 013-2008-JUS, cuenta con una estructura idónea para dar tutela a la pretensión del recurrente; esto es, evaluar si las resoluciones administrativas impugnadas han sido emitidas en un procedimiento regular.

El Tribunal Constitucional también da cuenta que desde una perspectiva subjetiva, no se advierte riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite por la vía ordinaria máxime cuando, en el proceso contencioso-administrativo, son especialmente procedentes las medidas cautelares de innovar y no innovar (cfr. artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley 27584). Por tanto, tampoco corresponde pronunciarse sobre ese extremo de la controversia.

Finalmente el Tribunal Constitucional falla declarando IMPROCEDENTE el recurso pero habilita el plazo para que, si lo estima pertinente, el demandante pueda reclamar en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados en la vía ordinaria conforme a los fundamentos 18 a 20 de la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Reforma Tributaria en Tacna. Expongo el 21 de enero del 2017

Cierre Contable Tributario 2016 en Chiclayo 28 de enero 2017

Además en Lima (diversas sedes, entes y fechas), Piura, Tumbes, Trujillo y Tacna

¿Alan Emilio, en Argentina “el principio de causalidad para la deducción de gastos y erogaciones también implica UNA RELACIÓN DIRECTA como lo dice la Corte Suprema en el Perú?

Al igual que en nuestro país, ocurrieron muchos casos contenciosos en diferentes sedes (administrativa llámese Tribunal Fiscal, y judicial) que han permitido establecer que el principio de causalidad debe interpretarse como una relación de carácter DIRECTA con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.

Resulta entonces oportuno extender para mayor análisis el contenido de la Circular 2/2015 de la Administración Federal Argentina AFIP, de fecha 19 de enero del 2015, que consagra este análisis y que se sustenta en la Sentencia emitida por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, de fecha 11 de julio del 2013, en la controversia suscitada entre el contribuyente argentino Tetra Pak SRL versus la Dirección General de Impuestos de Argentina (lo que vendría a ser la SUNAT en el Perú):

Que asimismo, “…puede afirmarse que todas las deducciones están, en principio —salvo expresas excepciones consagradas en la ley—, regidas por el principio de causalidad, es decir que sólo se podrán computar de la renta bruta aquellos gastos que guarden una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad” (Cfr.Tetra Pak SRL c/DGI Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal del 11/07/2013).

El contenido de la Circular de la AFIP se orienta hacia la lucha contra las planificaciones fiscales nocivas que los grandes grupos concentrados de la economía desarrollan, y sus directivos y representantes ejecutan a los fines de reducir la carga tributaria “ARTIFICIALMENTE”.

Ahora se dan cuenta quienes son los “iiluminados defensores de la causalidad automática, desmedida, elusiva, ilusionista y libertina”. A esos yo los denomino “románticos de la tributación”.

Este contenido revela que tanto en Perú, México, Chile, Colombia, España, Ecuador, y Argentina el “romanticismo ilusionista” está equivocado. Que no te sigan contando fábulas.

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

RTF 00087-10-2016 Sobre reparos a la Renta Neta Imponible de Adquisiciones de Bienes POR LOS QUE NO SE ACREDITÓ su utilización en la generación de renta neta (NO SE PUEDE ADMITIR UNA DEDUCCIÓN EN FORMA “AUTOMÁTICA”)

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Alan Emilio en Ayacucho 2016

Resulta importante tener en cuenta el análisis llevado a cabo por el Tribunal Fiscal en la Resolución RTF N° 00087-10-2016, de fecha 06 de enero del 2016, que analizó si los reparos al Impuesto a la Renta del ejercicio 2011, vinculados a la emisión de una Resolución de Multa, se encuentran arreglados a Ley.

Adviértase que el Tribunal Fiscal NO PERDIÓ EL TIEMPO EN ANALIZAR FANTASÍAS, ni mucho menos en llevar a cabo una diferenciación o conceptualización de la causalidad PUESTO QUE NO TIENE SENTIDO, DADO QUE NO EXISTE NI UNA CAUSALIDAD AMPLIA NI TAMPOCO UNA CAUSALIDAD RESTRINGIDA, sino que lo que debe primar es el análisis objetivo de los medios aportados por el contribuyente a efectos de sustentar sus unilaterales deducciones, erogaciones, pagos o salida de recursos.

SUNAT había reparado, entre otros, los gastos de bienes por los que el contribuyente no acreditó que se utilizaran en la generación de renta.

El Tribunal Fiscal advierte que el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, antes de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo 1120, señalaba que la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtiene en el ejercicio gravable y, que cuanto tales ingresos provengan de la enejanación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, entendiéndose por costo computable de los bienes enajenados, el costo de adquisición, producción o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley.

Que conforme con lo señalado por el Tribunal Fiscal en las anteriores Resoluciones RTF N° 01218-5-2002, 03025-5-2004 y 00886-5-2005, PARA SUSTENTAR LA DEDUCCIÓN DE GASTOS O COSTOS Y/O CRÉDITO FISCAL en forma fehaciente y razonable , NO BASTA CON ACREDITAR QUE SE CUENTA CON LOS COMPROBANTES QUE RESPALDEN LAS OPERACIONES Y QUE EN APARIENCIA CUMPLAN CON LOS REQUISITos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago así como su registro contable, SINO QUE EN EFECTO ÉSTAS SE HAYAN REALIZADO.

Resalta el Tribunal Fiscal que en las RTF 03708-1-2004 y 00120-5-2002 ya se había establecido que los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan su derecho correspondan a operaciones efectuadas en la realidad, AL NO RESULTAR SUFICIENTE LA PRESENTACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO O EL REGISTRO CONTABLE DE ÉSTOS.

De la revisión efectuada por la SUNAT a la documentación presentada por el contribuyente, se advirtió que se contabilizó como “costo de ventas” el importe de S/.631,089.00, importe compuesto del inventario inicial del ejercicio 2011, más las compras efectuadas en dicho ejercicio, siendo que verificó de las facturas 58 a 60, 62 a 64 y 66 a 70 que compró papel bond por el importe de S/.25,210.00, por lo que la SUNAT le solicitó que sustentase por escrito y en forma fehaciente, la adquisición de dichos bienes,  DEBIENDO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE  “C A U S A L I D A D” y estar vinculados con la generación de la renta.

El contribuyente señaló que respecto de la adquisición de papel bond al referido proveedor, la forma de vinculación se efectuó por ofrecimiento de sus productos, sin haber solicitado referencia ni antecedentes comerciales, que las transacciones se efectuaban entre el gerente y el propietaruo de la empresa, agregando que no cuenta con la información solicitada mediante el requerimiento (proformas, cotizaciones, presupuestos, órdenes de compra, entre otras), por lo que acepta tales reparos.

Mediante Resultado del Requerimiento la SUNAT dejó constancia del escrito presentado por el contribuyente, concluyendo que al no haber sustentado las adquisiciones en la forma requerida, procedió a efectuar el reparo a la renta neta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2011, por el importe de S/.25,210.00.

Concluye el Tribunal Fiscal que conforme se tiene de la norma y la jurisprudencia antes citada, EL CONTRIBUYENTE DEBIÓ ACREDITAR CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, que las operaciones de adquisición por las que se emitieron las facturas se encontraban vinculadas con la generación de la renta, por lo que al verificarse en el expediente (autos) que dicho contribuyente no adjuntó documentación alguna destinada a ello, dicho reparo se encuentra arreglado a ley.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación ADEFORC  culmina el 17 de diciembre en Independencia, Lima

Corte Nacional de Justicia de Ecuador en Sentencia Casatoria 2015 expone que el ordenamiento jurídico tributario determina una serie de “CONDICIONAMIENTOS” de la deducibilidad del gasto en honra a la naturaleza de cada transacción

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

¿Y ahora ? ¿También van a decir que la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, otro máximo ente jurisdiccional al igual que la Corte Suprema del Perú y Chile, La Suprema Corte Mexicana, el Consejo de Estado en Colombia (en materia administrativa tributaria), o el Tribunal Supremo del Reino de España, ….. y muchos más, no saben de tributación? ¿Aberraciones?

¿O será que algunos abogados peruanos se quedaron estancados y soñando con 1978 y SON PURO FLORO y discurso romántico para el populacho y pulpines?

Mediante Sentencia, de fecha 30 de julio del 2015, la máxima instancia judicial de la República del Ecuador, resolvió el recurso de Casación N° 109-2014 en torno a una controversia tributaria vinculada al Impuesto a la Renta ecuatoriano correspondiente al ejercicio gravable 2005. Así, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia analizó el recurso interpuesto por un contribuyente contra el Servicio de Rentas Internas (SRI), ente que cumple las mismas funciones que la SUNAT en el Perú.

Resulta vital SI o SI tener en cuenta este contenido que desvirtúa las alegaciones de “causalidad automática, ilusionista, sin mayor anállisis o cuestionamiento bajo un falso romanticismo pro elusor y evasor”:

el ordenamiento jurídico tributario determina una serie de condicionamientos de la deducibilidad del gasto en honra a la naturaleza de cada transacción; así el caso de los activos fijos, de las inversiones, del pago de las remuneraciones de los trabajadores etc; en consecuencia dependiendo de la esencia de cada gasto debe recurrirse no sólo a esta norma sino a las demás normas previstas en el ordenamiento.

La Corte Nacional Ecuatoriana resaltó como hechos considerados como ciertos y probados en la sentencia del Tribunal de instancia (Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Portoviejo):

Conforme el fallo recurrido en este se determinó:

“NOVENO: Esta Sala única, en armonía con el criterio sentado por la sala especializada del máximo órgano de justicia en reiterados y uniformes fallos de casación, sostiene que los costos y gastos imputables al ingreso deben sustentarse en comprobantes válidos, esto es, que sean autorizados por el Servicio de Rentas Internas y que reúnan los requisitos establecidos en las normas reglamentarias que rigen su emisión, sin importar la naturaleza de la actividad económica del contribuyente; pues lo contrario afectaría la certeza de los actos transaccionales relativos a los costos y gastos deducibles del ingreso gravable y al objetivo del régimen de comprobantes como un elemento complementario para la gestión del control de los impuestos nacionales internos.”

“DÉCIMO CUARTO: Resulta evidente que la incongruencia en cuanto a la identificación del vendedor o proveedor del bien o servicio, constituye una circunstancia que no abona a la certeza que debe existir en cuanto a la transacción contenida en el comprobante, y por lo tanto es una circunstancia que afecta notablemente a su validez. Ante la imposibilidad de considerar como verídica una transacción incierta, la Administración Tributaria procede correctamente al desestimar su carácter deducible y excluirla de la depuración del ingreso percibido.-

“DÉCIMO SEXTO: En base a lo expuesto, es claro que la Administración Tributaria demandada actuó conforme a Derecho al considerar como no deducibles todos los gastos que el accionante no pudo sustentar en los comprobantes idóneos para este fin según las disposiciones reglamentarias aplicables, habida cuenta que la “sencillez del nivel de los estibadores” de cacao no puede constituir una situación excepcional que escape de la necesidad de la validez del comprobante de venta, como instrumento básico para la certeza de la existencia de transacciones mercantiles y posterior control tributario. La correcta emisión del comprobante es una circunstancia totalmente inexcusable, pues sólo cuando el comprobante es válido, existe esa regularidad que requiere la Administración Tributaria para el debido seguimiento de las actividades económicas de los contribuyentes.-”. (el subrayado es de la Sala).-

No existe “causalidad automática, ilusionista, que no admita prueba en contrario, que no debe sustentarse y aceptarse sin mayor análisis o contraste con elementos tales como lo inevitable, forzoso. ineludible, imprescindible y muchos más criterios que constan en la jurisprudencia internacional tributaria”.

Reiterio, “no es soberbia demostrarles a tus profes de pre y post grado que la tierra no es cuadrada“.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación ADEFORC  culmina el 17 de diciembre en Independencia, Lima

Jurisprudencia Española 2016 sobre deducción de gastos: Tribunal Supremo relaciona directamente “la necesidad del gasto” con la acreditación de los destinatarios de los desembolsos o entregas.

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

¿Y ahora, acaso alguién va a pregonar que el Tribunal Supremo Español no sabe de Tributación?.

Antes de cualquier comentario, reiteramos que tanto Perú, Chile, México, Colombia, España…… (y muchos más) coinciden en que el correcto análisis tributario no va en torno a definiciones conceptuales ilusionistas dado que no existe la concepción de “causalidad amplia o restringida” sino que el elemento objetivo relaciona la propuesta unilateral de necesidad con su debida acreditación, a efectos de otorgar a las erogaciones, desembolsos, pagos, provisiones o gastos la validez tributaria que requiere en su integración a la base imponible del tributo sobre el cual el Estado fija los lineamientos funcionales escenciales (tales como el devengamiento o su aplicación directa vía Flat Tax), dado que si bien un ente empresarial (para efectos del Impuesto a la Renta en el Perú o para efectos del Impuesto sobre Sociedades aplicable en España, cuyo sistema es equivalente) manifiesta “unilateralmente” (declaración jurada) y propone la integración del gasto, éste SI o SI debe cumplir con los filtros y deberes que impone el Estado, desvirtuándose la prosa romántica o “elucubraciones artificales ajenas a su normal desenvolvimiento”.

La Sala de lo Contencioso (Sección Segunda) del Tribunal Supremo (España) ha emitido Sentencia, de fecha 04 de abril del 2016, en el procedimiento contencioso en mérito al Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 1092/2014 interpuesto por un contribuyente (ente empresarial sociedad anónima) contra la Sentencia dictada el 08 de noviembre del 2013 por la Sala de lo Contencioso Admnistrativa (Sección 2°) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el Recurso 353/2012, en torno al Impuesto sobre Sociedades (equivalente al Impuesto a la Renta Empresarial peruano). En este portal ya conocíamos el contenido de esta Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y Leòn desde el 2013 (¿Qué, tu docente de pre o post grado no lo conocía, ummmm eso ya es otra cosa?) a través de nuestros urracas y urracos europeos.

Recomiendo su lectura completa pero si no tienes mucho tiempo de leerlo te invitamos a revisar por lo menos estos párrafos:

En cuanto a la deducción de los gastos por atenciones a los clientes, la sentencia recurrida, interpretando y aplicando el artículo 14.e) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de diciembre), y los preceptos relativos a la distribución de la carga de la prueba en el ámbito tributario, constata que la Administración rechazó la deducibilidad de dichos gastos por no constar acreditado quiénes eran los destinatarios de los productos documentados en las facturas de cuya deducción se trata, no quedando, por ello, probada la relación del gasto con la actividad empresarial, carga de la prueba que, según la sentencia, la sociedad recurrente no ha satisfecho.

Por su parte, la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2010 (casación 3545/2004 ; ES:TS:2010:423), que se aporta como término de comparación se limita a afirmar (FJ 4º) que la sentencia allí impugnada, recurrida por la Administración del Estado, aplicó correctamente la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 14 de la Ley 43/1995 , que exige, a fin de que pueda ser deducido un gasto, su necesidad para la obtención de las rentas gravables. Por su parte, la dictada, también por esta Sala, el 3 de julio de 2012 (casación 340/2009; ES:TS:2012:5525), se refiere a unos gastos de entradas a fiestas taurinas, para invitar a periodistas y medios de comunicación, en que incurrió un profesional de la tauromaquia, concluyéndose que había quedado acreditada aquella necesidad (FJ 4º).

Sin embargo, como se ha apuntado, la sentencia impugnada resuelve que no se ha probado por la empresa recurrente que los gastos que pretende deducir fueran necesarios, y lo hace así porque no consta quiénes fueran los destinatarios de los reglados y presentes. Tampoco hay, por tanto, contradicción doctrinal, sino aplicación del mismo criterio a realidades diferentes: en unos casos se ha probado la relación entre los gastos y la obtención de ingresos gravables (las sentencias de contraste) y en el otro no (la sentencia impugnada).

En atención a las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo procede declarar que no ha lugar a este recurso de casación:

FALLAMOS

1º) Declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina 1092/2014, interpuesto por ESTRUCTURAS MARCOS, S.A., contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª), con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso 353/2012 .

2º) Imponer las costas a la recurrente, con el límite señalado en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Manuel Martin Timon Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

Oleee, Oleee, Oleeee !!!!!

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Corte Suprema Mexicana 2015: Resulta inadecuado que para considerar un gasto como estrictamente indispensable, bastaba con que estuviera vinculado al objeto social de la empresa (No hay causalidad automática)

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Alan Emilio en Piura. Noviembre 2016

Si esos gastos no resultaban estrictamente indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse no se obstaculizaría el normal desarrollo o funcionamiento de la empresa quejosa, por tanto no eran susceptibles de ser deducibles para efectos del Impuesto a la Renta

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones♪ ♫ ♩ ♬ ♭. No solo es Perú, o Chile, sino Colombia y México. Pero algunos siguen pensando que la tierra es cuadrada.

Un favor lean por lo menos los siguientes extractos antes de opinar, nosotros ya lo conocemos de memoria desde apenas salió en México en el 2015. Y aún hay más (me reservo la jurisprudencia estadounidense, inglesa, alemana y francesa).

Reitero “no es soberbia demostrarles a tus profesores de pre y post grado que la tierra no es cuadrada“.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2973/2015

QUEJOSA Y RECURRENTE: **********.

PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: aDRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

                México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil quince

En el caso del impuesto sobre la renta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el mismo se genera operación tras operación, en la medida en la que se genera el ingreso. Ratificando lo anterior, debe considerarse, adicionalmente, que la determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, mismo que sólo puede evidenciarse en términos reales si se considera, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso.

En este contexto, si bien el objeto del impuesto lo constituyen los ingresos percibidos, dicho gravamen se determina considerando como base la renta gravable que se aprecia en la utilidad fiscal, lo cual implica que el ingreso bruto debe ser atemperado con conceptos relacionados con el costo de la producción del ingreso, es decir, con las deducciones, de tal manera que la base del impuesto sea la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que modifiquen el patrimonio del contribuyente, mediante un impacto positivo en éste.

Por otro lado, la legislación aplicable considera como deducciones vinculadas a la utilidad aquéllas que se autorizan como costo de producir el ingreso, es decir, las deducciones cuya aplicación es demandada por la lógica del impuesto.

La propia lógica del gravamen determina que, tradicionalmente, las erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, no deben ser consideradas como deducibles. Una primera y básica distinción para determinar los conceptos que no deben ser considerados deducibles, es aquella que permite excluir de dicho carácter a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, con excepción de aquellos casos, donde el legislador así lo permite por consideración a la propia situación de los causantes -como acontece con las deducciones personales de las personas físicas-, o por las circunstancias relacionadas con ciertos fines específicos que podría perseguir la erogación -como acontece con la deducción de donativos autorizada por la legislación aplicable-.

Generalmente, un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso, o bien, si es común en la industria o si parece lógicamente diseñando para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos. Así, es posible apreciar diversas clases de erogaciones que tradicionalmente serán consideradas deducibles en los términos de la normatividad aplicable, como son las efectuadas para la producción o recolección del ingreso, o bien, las erogaciones efectuadas para la administración, conservación o mantenimiento de las propiedades adquiridas para la producción de ingreso.

En el contexto descrito, resulta por demás trascendente tomar en cuenta una distinción básica para la resolución de la problemática planteada, vinculada con el tipo de erogaciones que puede efectuar una empresa: por una parte, las necesarias o indispensables para la generación del ingreso, realizadas precisamente con dicha finalidad como propósito -mismas que, en principio, deben ser reconocidas por el legislador como deducibles-; y, por la otra, las que se efectúan sin dicha vinculación causal con los fines de la empresa -las cuales, en todo caso, pueden eventualmente dar lugar a una deducción, en caso de que la misma sea otorgada por el propio creador de la norma-.

Ciertamente, para la obtención del ingreso, el contribuyente requiere de la realización de determinados gastos que le son absolutamente necesarios para la consecución de su objeto social y del ingreso, como lo es la adquisición de materia prima, el pago de salarios a sus trabajadores, los gastos de administración del negocio, etcétera. Este tipo de gastos que deben realizarse sin que exista posibilidad de su omisión son los que se consideran necesarios. Respecto de tales gastos, el legislador debe valorar la erogación de los mismos y -en principio- reconocer su deducibilidad como concepto, ya que son gastos inevitables e indispensables sin los cuales la obtención de ingresos se pondría en riesgo.

Por otra parte -en clara referencia al mencionado segundo grupo de erogaciones-, existen otro tipo de gastos que el contribuyente puede realizar o no, es decir, son contingentes, ya que no son necesarios para la obtención de ingresos sino que su realización es alternativa y no está estrechamente vinculada a la obtención de recursos económicos. Este tipo de gastos, al no ser indispensables, el legislador puede o no considerar factible la deducción de los mismos, o de una parte de ellos, ya que su erogación no condiciona la obtención del ingreso en forma alguna.

Como ha sido apuntado en los párrafos precedentes, la indispensabilidad en las deducciones constituyen el principio rector de éstas -y, de hecho, es el criterio que permite distinguir entre las erogaciones que el legislador debe reconocer en la determinación de la capacidad contributiva que justifica la concurrencia del causante para el sostenimiento de los gastos públicos-, ante la evidente necesidad de realizar determinadas erogaciones como medio, tanto para la consecución de los fines de la empresa, como para la generación de los ingresos -que, a su vez, justifican la contribución al levantamiento de los gastos públicos-.

La concepción genérica de este requisito es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de “estrictamente indispensables”; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar el concepto de estrictamente indispensable, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.

De esta manera, por “gastos” se entiende las erogaciones o salidas de dinero o bienes del patrimonio de una empresa, sin recuperación. Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española, señala como significado de los conceptos “estrictamente”, “estricto”, “indispensable” y “necesario”, lo siguiente:

“Estrictamente: precisamente, en todo rigor de derecho”.

“Estricto: estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación”.

“Necesario: que precisa, forzosa e inevitablemente ha de ser o de suceder, dícese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo y que es menester indispensablemente o hacer falta para un fin”.

“Indispensable: adj. Que no se puede dispensar. Que es necesario o muy aconsejable que suceda”.

En relación con los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta para determinar cuándo puede considerarse un gasto como estrictamente indispensable para una empresa, a saber:

1) Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad de la empresa;

2) Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;

3) Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;

4) Que deben representar un beneficio o ventaja para la empresa en cuanto a sus metas operativas;

5) Que deben estar en proporción con las operaciones del contribuyente.

En tales condiciones, el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.

 En relación con este tipo de erogaciones, dada su estrecha vinculación con la realización del hecho imponible del gravamen en comento, el legislador no puede más que reconocerlos -al menos conceptualmente- si bien desde luego se encuentra en posibilidad de establecer modalidades o requisitos para autorizar la realización de la deducción.

Así, si bien se reconoce ampliamente que las deducciones en el impuesto sobre la renta deben interpretarse de manera restrictiva -en el sentido de que únicamente pueden realizarse las deducciones autorizadas por el legislador, y de conformidad con los requisitos o modalidades que éste determine-, lo anterior de ninguna manera implica que no pueda realizarse un juicio sobre la decisión del legislador, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe reconocerse, ya no por un principio de política fiscal, sino en atención a la garantía constitucional de proporcionalidad.

En este caso, como se anticipaba, el reconocimiento conceptual de la deducción desde luego puede ir acompañado del establecimiento de modalidades, requisitos, o bien, inclusive, de restricciones, supuestos éstos que pueden obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales. Sin embargo, las referidas medidas legislativas deben ser justificadas razonablemente, en atención a que su configuración normativa tiene una trascendencia en la determinación del gravamen que corresponde a la capacidad de los causantes para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

Por el contrario, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se aprecie la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos.

En resumen, de lo expuesto en último término puede desprenderse una distinción entre dos tipos de erogaciones, relevantes para el impuesto sobre la renta, mismas que se identifican a continuación:

 Las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda equiparase con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria, en su implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, se identifique con la renta neta de los causantes.

Ello no implica que no se puedan establecer requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, siempre y cuando éstas obedezcan a fines sociales, económicos o extrafiscales, debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados.

Por otra parte, se aprecia la existencia de erogaciones que no son necesarias e indispensables para generar el ingreso del causante -como pueden ser los donativos deducibles, las deducciones personales de las personas físicas, o bien, ciertos gastos de consumo, como acontece con los efectuados en restaurantes-. La deducibilidad de dichas erogaciones es otorgada -no reconocida- por el legislador y obedece a razones sociales económicas o extrafiscales.

De lo anterior destaca que el carácter de indispensabilidad de un gasto a que se refiere el artículo 31, fracción I (primer párrafo), de la Ley del Impuesto sobre la Renta [1] (vigente desde el primero de enero de dos mil tres, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece) se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

Por tanto, los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios (ordinarios, obligatorios, determinantes) para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social.

Así el reconocimiento conceptual de la deducción desde luego puede ir acompañado del establecimiento de modalidades, requisitos, o bien, inclusive, de restricciones, supuestos éstos que pueden obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales.

Por el contrario, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se aprecie la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso; no obstante ello, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte -lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal-, pero sin tener obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una erogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos.

Por ello, es inadecuado lo señalado por la quejosa disconforme, en el sentido de que para considerar un gasto como estrictamente indispensable, bastaba con que estuviera vinculado al objeto social de la empresa.

No escapa a la consideración de esta Segunda Sala, que el Tribunal Colegiado de Circuito al analizar el aspecto de legalidad, al referirse a si los gastos (por concepto de viáticos y gastos de viaje, artículos promocionales para representantes, apoyos a médicos y gastos de fin de año) efectuados por la quejosa podían considerarse como estrictamente indispensables, dijo que si bien podían influir en la venta de los medicamentos que comercializa; también debía considerarse que no se demostraba que garantizaran la enajenación del producto farmacéutico.

Ello porque sostuvo que aquellas erogaciones podían realizarse de otro modo, como es la elaboración de folletos publicitarios, carteles, muestras médicas, que pueden ser colocados en los consultorios médicos y/o entregados a los médicos, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta. De manera que esos gastos no resultaban estrictamente indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse no se obstaculizaría el normal desarrollo o funcionamiento de la empresa quejosa, por tanto no eran susceptibles de ser deducibles en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esto es, como lo refirió el Tribunal Colegiado de Circuito, al analizar meramente aspectos de legalidad, para establecer si los gastos efectuados por la quejosa encuadraban en la hipótesis normativa correspondiente para considerarlos como deducciones, consideró que no estaba demostrado que tales gastos fueran necesarios para alcanzar los fines de su actividad, o que sin ellos se afectara el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de realizarse, pues se insiste, sostuvo que pudo obtener los mismos efectos a través de otros medios de promoción y publicidad de sus productos.

De ahí, que contrario a lo señalado por la quejosa, el Tribunal Colegiado de Circuito no desconoció lo relativo a las particularidades que la normatividad en materia de salud prevé para la publicidad de los productos farmacéuticos que comercializa; sin embargo, al involucrar en sí, cuestiones fácticas o particularizaciones de hecho en cuanto a si los gastos efectuados por la quejosa podían considerarse estrictamente indispensables, dichos aspectos no pueden ser materia de examen en este amparo directo en revisión, al referirse cuestiones de mera legalidad que no tienen que ver con la interpretación o alcance de la norma ni se pueden vincular con su constitucionalidad, pues únicamente consisten en establecer si los gastos específicos en que incurrió la quejosa, atendiendo a sus características encuadran en la hipótesis normativa de ser estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad.

[1] Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: (…).”

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: ¿Osea la Corte Suprema del Perú, de Chile, de México, de Colombia (Consejo de Estado) …. todos están equivocados?

¿Los máximos entes jurisdicionales de todos estos países no saben de Tributación?  

Ya imagino si la tesis de causalidad “instantánea y sin mayor discusión o revisión (automática)” hubiese ganado en Perú, ya imagino las frases “grandes maestros de la tributación”, “excelsos tributaristas de prestigio”, “honoris causa y laureles deportivos YA, YA”, “mi héroe”. Pero como perdió esa tesis ….. 

Corte Suprema Mexicana 2014 se pronuncia en torno a la relación DIRECTA para la deducción de los gastos para efectos del Impuesto a la Renta

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto 2016

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones♪ ♫ ♩ ♬ ♭. No solo es Perú, o Chile, sino Colombia y México. Pero algunos siguen pensando que la tierra es cuadrada.

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo directo en revisión 6161/2014.

PONENTE: Ministro ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

“el hecho de celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona moral y asumir la obligación de pagar los viáticos y gastos de viaje para los trabajadores de la empresa contratada, si bien para el derecho común encuentra asidero en el principio de libertad contractual, en el ámbito fiscal, específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta implica que no se cumplieron las condiciones y requisitos a que se encuentra sujeta la deducción de tales erogaciones, sin que tal situación justifique realizar el control de constitucionalidad sobre la norma que se reclama, ya que la violación aducida no es consecuencia de su aplicación ni de su interpretación, sino de la situación concreta y particular en que se ubicó la quejosa, aspecto que representa un impedimento técnico para contrastarla con el texto constitucional.”

Cabe resaltar que la Corte Suprema Mexicana resalta que la sala responsable estableció que las erogaciones cuya deducción admitió el legislador federal, únicamente corresponderá a aquellas que se realicen en relación con personas que directamente tengan una relación laboral con el contribuyente o le presten servicios personales independientes.

El motivo por el cual fue rechazada la deducción a la actora en el juicio de nulidad, fue porque no acreditó que las personas en favor de quienes se realizaron tales gastos por concepto de viáticos tuvieran con ella una relación de trabajo personal subordinado o que le estuvieran prestando servicios profesionales, y que si bien existe un contrato entre la actora y **********, no hay ninguno que la vincule con las personas que generaron los gastos referidos, así que debía rechazarse dicha deducción.

Por lo que estimó que las personas en cuyo beneficio realizó la actora, los gastos declarados como viáticos y gastos de viaje, no reúnen las características necesarias para considerar que le estaban prestando un servicio profesional, que es en el supuesto en el que según ella se ubican, pues el artículo 32, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se refiere únicamente a personas físicas cuando hace mención de que los beneficiarios de viáticos y gastos de viaje deben tener con la contribuyente una “… relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales”, además de que por su propia naturaleza sólo las personas en lo individual y no las personas morales son susceptibles de incurrir en gastos de hospedaje, alimentación y transporte, ambas figuras están reguladas por el Título IV de dicho ordenamiento, relativo precisamente a las personas físicas.

Se determina que, la actora no puede, con base en el contrato mencionado, justificar la deducibilidad de erogaciones que hizo al margen o en contra de lo expresamente pactado en él, pues ahí se estipuló que sería **********, quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle servicios a la actora (para que al final le fueran cargados al costo total del servicio), y no ésta de manera directa, como de hecho dice que lo hizo, lo cual haría presumir que más bien fueron causados por personas que ni siquiera con tal empresa tenía alguna relación jurídica, pues en el contexto contractual citado, la conducta adoptada por la actora resulta inexplicable.

Así, el tribunal colegiado señala que en virtud de que la regla general prevista en el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es que no son deducibles los gastos de viaje y viáticos, los términos específicos y excepcionales conforme a los cuales pueden llegar a deducirse deben ser interpretados en forma literal y estricta, de manera que únicamente lo serán aquéllos que se hubieran pagado a personas que tengan con el contribuyente una relación de trabajo personal subordinado (hipótesis que la propia actora descartó), o bien que le presten un servicio profesional independiente (como aquélla pretende), lo cual de ninguna manera se colma en este caso, pues el tipo de servicio que recibía o recibe la actora no es directo ni independiente, sino que se lleva a cabo por medio de personas empleadas de **********, que no tienen con la actora ninguna relación jurídica (laboral o de cualquier otra clase), sino meramente material, además de que en el contrato respectivo, expresamente se estableció que sería esa empresa quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle los servicios que requiere la actora para incluirlos en el costo total del servicio.

Por tanto, se sostiene que si los gastos facturados están a nombre de personas distinta a ella, sin que se advierta dato alguno que indique que tales personas le presten un trabajo personal subordinado, pues ella misma dijo que no contaba con empleados, o que le prestaran un servicio profesional independiente, ya que como dijo la demandada no hay ningún contrato o cualquier otro documento que las vincule con la actora de esa forma, y por el contrario existe un contrato de prestación de servicios celebrado con una persona moral, según el cual sería ella como prestadora de servicios de recursos humanos, y no la actora, quien cubriría los gastos en los que incurriera su personal al prestarle servicios a esta última, los cuales serían posteriormente cargados, sumados o trasladados al costo total del servicio pactado por ambas, y que no puede ser, entre personas morales, un servicio profesional, de ahí la imposibilidad de que la actora dedujera tales gastos.

Finalmente el tribunal colegiado, concluye que, aun cuando pueda considerarse, que la propia autoridad fiscal reconoció que los gastos citados estaban destinados al personal de********** para la prestación de servicios en beneficio de la actora, se debía reiterar que eso no es suficiente para considerar que los gastos son deducibles, pues ese esquema de operaciones no se traduce en considerar a los empleados de dicha empresa como personas que prestan a la actora un servicio profesional independiente, pues tal vínculo en todo caso, sólo podría existir con la prestadora del servicio, pero nunca con la actora, quien sólo es la beneficiaria o destinataria material de ciertos recursos humanos, pero con los cuales no tiene ningún vínculo de carácter jurídico, tal como incluso se llegó a consignar en la tercera de las cláusulas pactadas en el contrato; de ahí lo fundado de los argumentos hechos valer al respecto.

Que aún y cuando pudiera considerarse que la propia autoridad reconociera que los gastos citados estaban destinados al personal de **********, para la prestación de servicios en beneficio de la actora, ello no es suficiente para considerar que los gastos son deducibles, pues ese esquema de operación no se traduce en considerar a los empleados de dicha empresa como personas que prestan a la actora un servicio profesional independiente, porque tal vínculo sólo podría existir con la prestadora del servicio, pero nunca con la actora, la cual sólo es beneficiaria o destinataria material de ciertos recursos humanos.

Que por tanto, la actora no acreditó la deducibilidad de los gastos efectuados en cantidad de **********, por concepto de viáticos y gastos de viaje.

Descargad la sentencia en el siguiente enlace web:

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

PD: ¿Osea la Corte Suprema del Perú, de Chile, de México, de Colombia (Consejo de Estado) …. todos están equivocados? ¿Los máximos entes jurisdicionales de todos estos países no saben de Tributación?  Ya imagino si la tesis de causalidad “instantánea y sin mayor discusión o revisión (automática) hubiese ganado, ya imagino las frases “grandes maestros de la tributación”, “excelsos tributaristas de prestigio”, “honoris causa y laureles deportivos YA, YA”, “mi héroe”. Pero como perdió esa tesis ….. 

Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA Deviene NULA cualquier sentencia judicial que no motive su contenido en el análisis de lo INDISPENSABLE y NECESARIO de un gasto para efectos del Impuesto a la Renta, considerando que la causalidad es DIRECTA

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Alan Emilio en Lima 2016

Mediante Sentencia Casatoria N° 6292-2014-LIMA, de fecha 26 de abril del 2016 pero publicada en el Diario Oficial El Peruano -Sección Sentencias en Casación el 30 de noviembre del 2016, la ILUSTRE Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, consolida la tesis expuesta por este portal y que venimos pregonando desde el año 2006 (si hace diez años) respecto al correcto análisis de la concepción de causalidad en la deducción de desembolsos, erogaciones y pagos para efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta.

Recordad las Sentencias Casatorias emitidas por la Corte Suprema en los casos ThyssenKrupp (Sentencia Casatoria 2579-2010-LIMA), BCP (Sentencia Casatoria 9209-2013-LIMA) y la reciente Sentencia Casatoria 8407-2013-LIMA, para poder advertir mejor el sentido de la presente Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA.

¿SUNAT que había reparado al contribuyente, Alan Emilio?

La deducción como gasto (corriente) para efectos del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2000 por concepto de traslado de las tarifas GSM pagadas por “CA”, “CI” y “HC”, en su calidad de empresas estadounidenses exportadoras, a favor de la Commodity Credit Corporation (CCC) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USA /EEUU/ “gringolandia” / el país de Donald Trump) por su participación en el Programa de garantía de Crédito a la Exportación de Productos Agrícolas de los Estados Unidos de América, al considerar la SUNAT que el pago de estas tarifas NO CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD RESPECTO DE LA GENERACIÓN DE LA RENTA DEL CONTRIBUYENTE.

¿Pero por qué Alan Emilio, si los gringos te dicen que pagues, hay que pagar pues?

Ojo, si los “gringos” te dicen que les regales plata, esto no convierte a la salida de dinero de la entidad en gasto causal . Por ello resultaba transcendente el análisis de “lo indispensable”, y la relación “DIRECTA”, para evitar los ilusionismos y elusiones disfrazadas. Un detalle que se advirtió es que el beneficiario NO ERA EL IMPORTADOR QUE ES EN EL CASO LA EMPRESA DOMICILIADA EN EL PERÚ, SINO QUE LOS BENEFICIARIOS ERAN LOS EXPORTADORES ESTADOUNIDENSES “QUE NO TRIBUTAN EN EL PERÚ” SINO EN LOS ESTADOS UNIDOS, ES DECIR, SE PRETENDÍA PASAR COMO GASTO DEDUCIBLE UN GASTO (y obvio pagar menos Impuesto a la Renta aquí) UN PAGO QUE SOLO BENEFICIA Y FAVORECE A EMPRESAS ESTADOUNIDENSES.

¿Volviendo al caso, cuál fue el sustento en la fiscalización?

La “cuota” o “tarifa” GSM-102 se encontraba sustentada en las facturas estadounidenses emitidas al contribuyente por parte de las empresas estadounidenses “CA”, “CI” y “HC” por un total de S/.914,699.18 siendo este pago cancelado a favor del gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de PROMOVER LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AMERICANOS Y EN BENEFICIO DE TALES EMPRESAS ESTADOUNIDENSES.

El Tribunal Fiscal emitió, a su turno, la magistral Resolución RTF N° 013829-3-2009 (ver páginas 4 a 7) en la cual analiza en todo su contexto la naturaleza de estos pagos y expone que si bien el beneficio para el importador (que tributa en el Perú) deriva de la operación de la exportación propiamente dicha, en tanto ésta resultara viable o favorecida por la aplicación de aquél sistema, el pago de la cuota de garantía tiene vinculación directa con las rentas que obtiene el exportador localizado en los Estados Unidos (vendedor, y que obvio tributa en Estados Unidos, no en el Perú), al poder ofertar y colocar sus productos agrícolas (estadounidenses) en el exterior (en el Perú) en mejores condiciones y eliminando o disminuyendo el riesgo de sus transacciones.

Dicha circunstancia, además es corroborada por el mismo hecho que bajo los términos del aludido programa es el exportador  (estadounidense que exporta hacia el Perú) quién se encuentra en la obligación del pago de la cuota de garantía, y quién posee el derecho a exigir el cumplimiento de la garantía, para lo cual se encuentra en la obligación de sustentar la realización de la transacción (ante el IRS de los USA).

Tal como expone con suficiente claridad Y DEBIDAMENTE MOTIVADO, el Tribunal Fiscal indicó que el contribuyente (domiciliado en el Perú) efectuó importanciones de productos agrícolas procedentes de los Estados Unidos de América, sieno que las Tarifas GSM-102, calculadas sobre la base de un porcentaje del valor total de las garantías otorgadas, a cargo de las empresas exportadoras estadounidenses, le fueron trasladadas en su condición de empresa importadora (YA VEN QUE NO HAY CAUSALIDAD, SINO UN ACUERDO EMPRESARIAL, LO CUAL BAJO LA CASACIÓN 2579-2010-LIMA NO CONVIERTE ESTE PAGO EN CAUSAL), y que fueron deducidas como gasto para efecto de la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000.

.Puntualiza con BRILLANTEZ el Tribunal Fiscal, aún cuando el contribuyente pudiera tener algún interés y obtuviera algún beneficio producto del pago de las citadas tarifas, éste se encuentra mediatizado por el beneficio directo e inmedidato que obtienen las empresas exportadoras (estadounidenses), YA QUE DICHOS PROGRAMAS ESTÁN DESTINADOS A FOMENTAR LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y GENERAR RENTAS A EMPRESAS DE DICHO PAIS; además el contribuyente no ha acreditado que exista algún mandato imperativo derivado de un contrato que la obligue a asumir dicho gasto de cargo de un tercero O QUE ELLO RESULTARA “ I N D I S P E N S A B L E ” para la producción y mantenimiento de su fuente productora. 

Concluye el Tribunal Fiscal que NO SE ENCUENTRA ACREDITADO QUE EL REFERIDO GASTO CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, POR LO QUE EL REPARO SE ENCUENTRA ARREGLADO A LEY.

 ¿El contribuyente demandó ante el Poder Judicial?

Obvio, y en primera instacia se declaró fundada la demanda en este extremo, lo cual fue confirmado en segunda instancia por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en materia Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima.

¿Pero si ya hubo doble instancia, ahí debió quedar todo Alan Emilio?

Ayayayyyy, ya pues, tanto la SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas y el contribuyente (respecto de otros extremos obvio) interpusieron recursos de casación) que fueron declarados procedentes por la Corte Suprema, quién analizó el contenido de la Sentencia emitida por la Corte Superior, y emitió finalmente la Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA que finalmente se publicó ayer 30 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano (Sección Sentencias en Casación).

¿Alan Emilio, pero es medio rara su redacción resume qué dice porfis?

Ayayayyyyy, ya ok, la ILUSTRE Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (la máxima instancia judicial en el Perú) advierte que el debido proceso es un derecho fundamental que tiene entre sus elementos escenciales LA MOTIVACIÓN de las resoluciones judiciales.

Advierte la Corte Suprema que el derecho a la MOTIVACIÓN se encuentra amparado en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y ha obtenido interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución Política).

La Corte Suprema indica que para determinar si la Sentencia emitida por la Corte Superior ha transgredido el derecho al debido proceso, el análisis a efectuarse debe partir necesariamente de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma.

Aprecia la Corte Suprema que la Sentencia de la Corte Superior NO CONTIENE ANÁLISIS NI FUNDAMENTOS SOBRE EL CARÁCTER DE INNECESARIO Y NO INDISPENSABLE DEL PAGO PARA LA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LA FUENTE PRODUCTORA, MAXIME SI SU PREMISA NORMATIVA EN RELACIÓN A LOS ELEMENTOS DE NECESARIO E “ I N D I S P E N S A B L E “, ESTABAN REFERIDOS A LA EXIGENCIA DE EXISTENCIA DE NECESIDAD “ D I R E C T A ” QUE “IMPLICA QUE SIN LA REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSO NO HABRÍA RENTA O LA FUENTE NO PODRÍA SUBSISTIR”, ASPÉCTO DE CAUSALIDAD SOBRE EL CUAL NO HAY ANÁLISIS, ESTO ES, SI AL NO REALIZARSE DICHO PAGO NO HABRÍA RENTA O LA FUENTE NO PODRÍA SUBSISTIR, EN RELACIÓN A LA DEMANDANTE.

Resalta la Corte Suprema que únicamente la Sentencia de la Corte Superior repite citas extensas obtenidas de Internet que ocupan más de cuatro páginas, SIN SEÑALAR CONCLUSIONES O ESTIMACIONES, y en otros extremos resultan genéricas y en abstracto sin referirse la vinculación al caso concreto (y que el Tribunal Fiscal si motivó y analizó concluyendo que NO RESULTAN DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA), además de los otros extremos que no estamos comentando en esta ocasión.

Siendo la motivación, como parte del debido proceso, un aspecto inexorable y exigible, la Corte Suprema advierte que en la Sentencia emitida por la Corte Superior no existe por lo menos una secuencia lógica y motivación suficiente, afectando a este deber fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales y en consecuencia de ello resulta FUNDADO el recurso de casación.

DECISIÓN: Por estas consideraciones la Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de Casación y NULA la Sentencia emitida por la Corte Superior , disponiendo que la Séptima Sala expida un nuevo fallo debidamente motivado conforme a lo señalado en la presente sentencia casatoria.

 Conclusiones:

  1. Para efectos de la deducción de los gastos (corrientes) en la determinación del Impuesto a la Renta, la “causalidad” no es sinónimo de “automática”, “libertina”, “ilusionista o desmedida”.
  2. La Corte Suprema expone que la debida motivación debe atender a los criterios (internacionales que ya aplican las máximas instancias judiciales en Chile, Colombia y México) DE LO ” I N D I S P E N S A B L E “, “lo inevitable”, “lo imprescindible”, “lo forzoso”, y no limitarse a criterios simplistas que datan de 1978 y que no resultan aplicables para estas épocas, donde todos conocen “la viveza y las criolladas para PERJUDICAR AL FISCO”.
  3. Las Sentencias Casatorias N° 2579-2010-LIMA, N° 9209-2013-LIMA, N° 8407-2013-LIMA, y la presente N°  6292-2014-LIMA, ya revelan cuál es el correcto análisis del principio de causalidad para efectos del Impuesto a la Renta.

El texto de la sentencia lo pueden descargar libremente, cortesía de nuestros urracas, urracos, amix y “pinky friend” de la Corte Suprema:

Sentencia Casatoria 6292-2014-LIMA Alan Emilio Matos Barzola

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

RTF 08928-1-2015 Marco Conceptual y la NIC 16 definen el concepto de activo

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

Mediante Resolución RTF N° 08928-8-2015, de fecha 09 de septiembre del 2015, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia en torno a la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2004. En el caso concreto el contribuyente tenía como finalidad implementar el Código Internacional para la Protección de los Buques  e Instalaciones Portuarias -PBIP llevando a cabo la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

  • Trabajos de señalización horizontal.
  • Electricistas para trabajos de reparación de postes y luminarias.
  • Reparaciones de instalaciones varias.
  • Mantenimiento preventivo de ayudas a la navegación.
  • Pintado de puertas de ingreso al Terminal Portuario Callao, molinetes y divisiones metálicas.
  • Mantenimiento preventivo y pintado de bitas.
  • Servicios varios en diversas áreas del Terminal Portuario Callao, pintado de edificio en estación de pasajero, cabinas metálicas y defensas, desmontajes de defensas de manera existente, mantenimiento y pintado.
  • Pintado de señales de tránsito en el área administrativa y áreas acceso.
  • Apoyo en mano de obra para soldadura, en los talleres de carpintería metálica
  • Pintado del área operativa
  • 39 carteles con letras reflectivas
  • Remodelación del ingreso del arco principal para la instalación del sistena detector de metales.
  • Contratación del serv icio de fijación de mallas exikstentes en cerco divisorio de áreas admnistrativas y operativas. Desmontaje de malla en mal estado. Instalación de alambre de púas.
  • Arborización que consta de árboles porcelanas 08, sardineles 1/2 luna 04, árboles ficus 02, pnatas decorativas 400, árboles ficus 70.
  • Suministro, instalación y entrega en funcionamiento de 8 artefactos de iluminación en 4 postest de la Calle 1 del Terminal Portuario Callao.
  • Mantenimiento electromecánico 50 postes alumbrado del Terminal Portuario Callao.
  • Reparación de puertas de fierro galvanizado y muros adyacentes en transporte.

El Tribunal Fiscal resaltó que el Código Internacional para la Protección de los Buques  e Instalaciones Portuarias -PBIP es un conjunto de normas mandatorias de la Organización Marítima Internacional OMI de la cual el Perú forma parte y tiene por objeto fortalecer la protección en las naves, ya sea durante la navegación o acoderamiento en un puerto, e instalaciones portuarias (interfaz entre el puerto y la nave) y así contrarrestar posibles acciones delictivas como atentados terroristas, contrabando, sabotaje, tráfico ilícito de drogas, robo y otros, y de no contar con la declaración de cumplimiento, las instalaciones portuarias serían consideradas puertos inseguros, así como las embarcaciones que atraquen en sus instalaciones portuarias.

Que de acuerdo al literal a) del párrafo 49 del Marco Conceptual de las Normas Internacional de Contabilidad, se define un activo como un recurso que controla la empresa como resultado de sucesos pasados, cuyos beneficios futuros se esperan fluyan a la empresa, indicándose, asimismo, en el párrafo 53 que el beneficio económico ligado a un activo es su potencial para contribuir, dicrat o indirectamente, en el flujo de efectivo y equivalentes de efectivo para la empresa, pudiendo ser dicho potencial, entre otros, productivo, constituyendo parte de las actividades operativas de la empresa o su capacidad de reducir los desembolsos de efectivo, precisándose, finalmente, en el párrafo 55 que los beneficios económicos futuros ligados a un activo pueden fluir a la empresa de diversas maneras, entre otros, utilizando por ejemplo un activo individualmente o en combinación con otros activos, en la producción de bienes y servicios que serán vendidos por la empresa.

Que conforme a lo dispuesto por el párrafo 7 de la NIC 16, Inmuebles, maquinaria y equipo (modificada en 1993), son tangibles que: (a) posee una empresa para ser utilizados en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser alquilados a terceros o para propósitos admnistrativos, y (b) se espera usarlos durante más de un periodo.

Que de otro lado, el párrafo 14 de la citada NIC 16, señala, entre otros, que los inmuebles, maquinaria y equipo, pueden ser adquiridos por razones de seguridad o ambientales y que si bien la adquisición de tales activos no aumenten directamente los futuros beneficios económicos de cualquier partida existente de inmuebles, maquinaria y equipo, pueden ser necesarios para que la empresa obtenga futuros beneficios económicos de su otros activos, cuando este es el caso, dichas adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo reunen las condiciones para ser reconocidas como activos ya que posibilitan la obtención de beneficios económicos futuros de los activos relacionados, en exceso de lo que podrían obtenerse si ellos no hubieran sido adquiridos.

Que conforme con lo dispuesto en el párrafo 24 de la NIC 16, los desembolsos posteriores relacionados con una partida de inmuebles, maquinaria y equipo que ha sido previamente reconocida deben ser agregados al valor en libros del activo cuando sea probable que la empresa recibirá futuros beneficios económicos superiores del rendimiento estpandar originalmente evaluado para el actvo existente, y todos los demás desembolsos posteriores deben reconocerse como gastos en el periodo en el cual se incurren.

Que por su parte, el párrafo 25 de la misma norma señala que los desembolsos posteriores sobre inmuebles, maquinaria y equipo solo se reconocen como un activo cuando mejoran la condición del activo más allá del rendimiento estándar originalmente evaluado, mientras que según el párrafo 26 los desembolsos por reparaciones o mantenimiento de los inmuebles, maquinaria y equipo son efectuados para restaurar o mantener los futuros beneficios económicos que una empresa puede esperar del rendimiento estándar originalmente evaluado para un activo y continúa precisando que, como tales, estos desembolsos son generalmente reconocidos como gastos, cuando se incurre en ellos.

Que mediante las RTF 00147-2-2001, 09259-5-2001, 01217-5-2002, 03595-4-2003 y 00343-3-2005, el Tribunal Fiscal ha establecido que el elemento que permite distinguir si un desembolso relacionado a un bien del activo fijo preexistente constituye un gasto de mantenimiento o reparación o una mejora de carácter permanente que debe incrementar el costo computable, es el beneficio obtenido en relación al rendimiento estándar originalmente proyectado; así, si el desembolso origina un rendimiento mayor, deberá reconocers como activo, mientras que si el desembolso simplemente repone o mantine su rendimiento original, entonces deberá reconocerse como gasto del ejercicio.

Que de la evaluación en conjunto de la documentación se advierte que si bien los trabajos realizados en el Terminal Portuario Callao, para implementar el Código Internacional para la Protección de los Buques  e Instalaciones Portuarias -PBIP, tuvieron por finalidad fortalecer la protección en las naves e instalaciones portuarias, no se ha acreditado de forma fehaciente que dichas obras cumplen con los requisitos establecidos por el párrafo 24 de la NIC 16 para ser considerados como mejoras activables, maxime si no se ha señalado cuál es el estándar originalmente proyectado del activo y cómo se ha determinado que los referidos gastos han incrmentado la vida útil del msmo.

El Tribunal Fiscal resalta que aún cuando la Administración Tributaria sostiene que existe una relación directa entre el incremento de seguridad y beneficios económicos futuros, toda vez que los costos económicos potenciales de no mejorar la seguridad serían altos debido a la interrupción en el comercio mundial y al costo de las medidas de seguridad de emergencia, así como los beneficios comerciales que no se encuentran relacionados con la seguridad como la reducción de los retrasos, acelaración de los tiempos de procesamiento, mejor control de bienes y activos, disminución en el pago de la nómina, menores pérdidas por robo, disminución del costo de los seguros, siendo que luego del cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Código Internacional para la Protección de los Buques  e Instalaciones Portuarias -PBIP, el Terminal Portuario del Callao sería calificado como “puerto seguro”, incrmentándose el trasporte marítimo hacia dicho puerto, lo señalado por la Administración no se encuentra acreditado en el expediente de autos, y tampoco se demuestra la obtención de beneficios económicos futuros del activo, en exceso de los que podrían obtenerse si no hubieran sido adquiridos los bienes y servicios materia de reparo.

El Tribunal Fiscal concluye lo siguiente: “El reparo analizado no se encuentra debidamente sustentado en los términos formulados por la Administración, siendo que de acuerdo con las normas contables y criterios expuestos, es posible concluir que los desembolsos efectuados corresponden a reparaciones y mantenimientos de los bienes que conforman el Terminal Porturaio del Callao y que forman parte de las recomendaciones técnicas de la empresa ABS Consulting Inc., para la implementación del Código Internacional para la Protección de los Buques  e Instalaciones Portuarias -PBIP, por lo que resultaba correcto que se contabilizaran como gasto en el ejercicio en que se incurrieron, en tal sentido, se levanta el reparo.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Piura, expongo 26 de noviembre en el Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Ayacucho, expongo el 03 de diciembre en el Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho

RTF 06794-4-2015 Declaración Jurada no sustenta la depreciación

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Alan Emilio en la Corte Suprema de Justicia. Noviembre 2016

Mediante Resolución RTF N° 06794-4-2015, de fecha 10 de julio del 2015, el Tribunal Fiscal resuelve una controversia en torno a la determinación del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2002 y 2003.

El contribuyente únicamente indicó que sus activos se encuentran registrados en sus libros contables, y corresponden a dos balanzas metálicas de plataforma, adquiridos hace 9 y 10 años, siendo que los documentos que sustentan su adquisición se han extraviado, por lo que presenta declaración jurada como dueño y propietario absoluto de los activos materia de observación.

A partir de lo señalado por el contribuyente, la SUNAT mantuvo el reparo por depreciación no sustentada, debido a que no se acreditó la propiedad de los activos que originaron dicha depreciación.

El Tribunal Fiscal conceptualiza que la “depreciación” es la deducción admitida por concepto de desgaste o agotamiento de los bienes del activo fijo afectados a la producción de rentas gravadas, y se debe calcular sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado, conforme con las disposiciones legales en vigencia, debiéndose agregar a dicho valor, de ser el caso, las mejoras incorporadas con carácter permanente.

Estando a lo expuesto, y toda vez que el contribuyente no sustentó la adquisición de activos fijos cuya depreciación fue cargada a gastos en los ejercicios 2002 y 2003, no obstante haber sido requerido para ello, el reparo formulado se encuentra arreglado a ley, correspondiendo confirmar la resolución apelada en este extremo.

El Tribunal Fiscal indica que no resulta atendible lo alegado por el contribuyente, toda vez que resulta indispensable contar con los comprobantes de pago o documentos que acrediten la adquisición de los bienes del activo fijo, ya que a partir de ello se puede conocer que el contribuyente es el propietario de los bienes y que los ha utilizado en la generación de la renta gravada, así como conocer el valor de su adquisición, monto a partir del cual se puede calcular la depreciación, no siendo suficiente una declaración jurada como propietario, pues esta no acredita el valor de adquisición del activo, independientemente de su calidad de nuevo o usado, por lo que los argumentos del contribuyente en ese sentido carecem de sustento.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Piura, expongo 26 de noviembre en el Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Ayacucho, expongo el 03 de diciembre en el Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho

Sentencia 2016 Tribunal Constitucional sobre el análisis del Juez Constitucional en los Procesos de Amparo

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Alan Emilio en el Cusco. Noviembre 2016

Mediante Sentencia, de fecha 14 de agosto del 2014 pero publicada el día de hoy lunes 21 de noviembre del 2016 en la Sección Procesos Constitucionales del Diario Oficial El Peruano, emitida para resolver el  Exp. N° 04941-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional resuelve la controversia en la que se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación.

Resulta trascendente el contenido el Fundamento  de esta Sentencia en cuyo contenido el Tribunal Constitucional enfatiza que en los procesos de amparo al juez constitucional no le incume el mérito de la causa, sino el análilsis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcfialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos; lo cual no se ha advertido en el caso de autos y, por ello, la demanda debe ser desestimada.

Cabe descatar que el Tribunal Constitucional también declaró que no se vulneró en el presente caso el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política vigente, dado que se encuentran debidamente razonadas toda vez que explican las consideraciones que dieron lugar a declarar infundada la demanda.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable en Lima – Expongo el 23 de noviembre 2016

Piura, expongo 26 de noviembre en el Diplomado de Especialización en Tributación en Piura

Ayacucho, expongo el 03 de diciembre en el Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho