Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Iquitos

ÚLTIMOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

Ciudad de MAYNAS – LORETO
Sábado, 29 de abril de 2017

Lugar del evento: COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Calle Echenique N° 451, Iquitos

Informes e inscripciones en Iquitos:

Teléfono:  (065)500548
Celulares: 965904601 / 965934668 / RPM #992694741 / 937403809 / 95590669
Dirección: Calle Callao N° 346, Iquitos.
Luego de haberse publicado los diferentes cambios tributarios vinculados sobre todo al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, y Código Tributario, se han ido emitiendo diversas normas cuya necesidad de integración coherente resulta vital para una mejor gestión de las empresas y negocios, de tal manera que no se produzcan sustanciales contingencias en los negocios, además de permitir establecer previsiones tanto para las personas naturales por la generación de sus rentas del trabajo, como respecto de las personas jurídicas que empiezan una nueva gestión, pudiendo acogerse por ejemplo al nuevo Régimen MYPE Tributario cuya esencia se encuentra en determinar apropiadamente la “renta neta”. En ese mismo sentido, se van a exponer las situaciones controvertidas que se han ido detectado y que permitirán a los participantes conocer a mayor profundidad el panorama que expone el marco tributario vigente a partir del 1 de enero de 2017. Por tal sentido, el presente evento se basará en la casuística desarrollada para mayor comprensión de estos cambios.

Temario del Seminario del 29 de abril 2017:

1.   Análisis de las principales operaciones empresariales que se desarrollan en Loreto.

2.   Nuevo tratamiento tributario de las personas naturales. Renta del Trabajo.

3.   Conozca las nuevas deducciones que se pueden incorporar en la tributación de personas naturales.

4.   Nuevo Régimen MYPE Tributario. Análisis en torno al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, a la
Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía (Ley 27037).

5.   Renta neta en el Regímen MYPE Tributario.

6.   Operaciones vinculadas con el IGV, Reintegro Tributario del IGV y casos especiales.

7.   Consideraciones tributarias en casos de inundaciones, desastres, y otras contingencias tributarias.

8.   Operaciones reales en el sector maderero.

9.   Operaciones relacionadas a los sectores construcción, petróleo y combustibles.

10. Últimos pronunciamientos en materia tributaria relevantes para la zona de Amazonía.
Expositor: ALAN EMILIO MATOS BARZOLA
Experto en material procesal ante la Sunat, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Expositor experto en materia tributario-contable a nivel nacional (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal). Ha sido profesional especializado en Derecho Tributario (2012-2016) en la Procuraduría Pública de la Sunat en los casos de Megapricos Nacionales y Pricos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros. Ha sido asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, y otras entidades. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación – Tributa 2014, organizado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, La Libertad). Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 10 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Loreto, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cuzco, Arequipa, Ilo, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco).

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RTF 02486-4-2017 de Observancia Obligatoria: Procede modificar mediante la DDJJ rectificatoria la opción referida al destino del saldo a favor del Impuesto a la Renta consignado en la declaración jurada anual

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Alan Emilio en Piura 2017

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Mediante Resolución RTF N° 02486-4-2017, de fecha 21 de marzo del 2017 pero publicada el sábado 08 de abril del 2017, el Tribunal Fiscal establece el siguiente Precedente de Observancia Obligatoria luego de haber debatido tres posiciones, habiéndose adoptada la segunda opción en virtud del Acuerdo de Reunión de Sala Plena N° 2017-03 del 24 de febrero del 2017:

Procede modificar mediante declaración jurada rectificatoria la opción referida al destino del saldo a favor del Impuesto a la Renta consignado en la declaración jurada anual. En tal sentido, si se eligió la opción de compensación contra los pagos a cuenta del referido impuesto, puede modificarse ésta para pedir la devolución del saldo no compensado. Asimismo, si se eligió la opción de devolución, puede modificarse ésta para que el saldo que no ha sido materia de devolución sea compensado contra los pagos a cuenta. Ello procederá en la medida que la declaración jurada rectificatoria surta efectos conforme con el artículo 88 del Código Tributario“.

Cabe resaltar que el Tribunal Fiscal en esta RTF N° 2486-4-2017 también resalta en su contenido que NO PROCEDERÁ LA MODIFICACIÓN DE LA OPCIÓN REFERIDA AL DESTINO DEL SALDO A FAVOR INICIALMENTE ADOPTADA CUANDO DICHO SALDO NO EXISTA O YA HAYA SIDO MATERIA DE COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN, según corresponda.

Asimismo, el Tribunal Fiscal resalta que la Administración Tributaria (SUNAT) tiene la facultad de fiscalizar a los contribuyentes a fin de determinar la existencia de deuda tributaria o saldo a favor. En tal sentido, EL HECHO DE MODIFICAR LA OPCIÓN ELEGIDA NO IMPIDE que la Administración FISCALICE al contribuyente y determine, por ejemplo, la existencia y cuantía del saldo existente, si su arrastre ha sido correcto y si correspondía alguna devolución.

La RTF de Observancia Obligatoria puede ser descargada directamente en el siguiente enlace web: RTF 02486-4-2017 Alan Emilio Matos Barzola

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Programa de Especialización en “Asistente Tributario” Inicio 22 de abril 2017 PRESENCIAL Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL 

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

RTF 01326-5-2016 Rechaza que los gastos sean deducibles automáticamente, conceptualmente o sin sustento alguno

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Alan Emilio en Piura. Febrero 2017

Mediante Resolución RTF N° 01326-5-2016, de fecha 10 de febrero del 2016, el Tribunal Fiscal resolvió el recurso de apelación interpuesto por un contribuyente en torno a la determinación del Impuesto a la Renta 2011, e Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre del 2011.

En la etapa de fiscalización, la SUNAT le había requerido al contribuyente el sustento del importe de S/.396,003.00 cargado a gastos y anotado contablemente en la subcuenta 639 Servicios Prestados por Terceros, en el mes de julio de 2011.

En respuesta al requerimiento de la SUNAT, la empresa indicó que la documentació sustentatoria solicitada fue robada junto con otra documentación importante, y adjuntaba copia de la denuncia policial respectiva.

El Tribunal Fiscal indica que si bien el contribuyente alegó la no presentación de la documentación sustentatoria respectiva del importe cargado a gastos para efecto de la determinación del Impuesto a la Renta debido a su extravío, para lo cual adjuntó copia de la denuncia policial de 17 de septiembre de 2012, emitida por la Comisaría La Noria de Trujillo, el contribuyente no acreditó haber cumplido con declarar dicho hecho ante la SUNAT dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de producido, NI DETALLÓ CUÁLES FUERON LOS DOCUMENTOS QUE SE EXTRAVIARON, asimismo, a la fecha en que la Administración le solicitó al contribuyente que sustentara el referido gasto, había transcurrido en exceso los sesenta (60) días calendario a que se refiere el artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT para que aquél rehiciera su documentación contable, adicionalmente, tampoco cumplió com presentar la segunda copia (destinada a la SUNAT) de los mencionados documentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12  del Reglamento de Comprobantes de Pago, tal como consta en los Resultados de los Requerimientos.

En tal sentido, TODA VEZ QUE EL CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ CON SUSTENTAR EL GASTO POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS, no obstante haber sido expresamente requerida por la Administración, el reparo se encuentra arreglado a ley, en consecuencia procede mantenerlo y confirmar la apelada en este extremo.

Corolario: Imaginad que en el presente caso la contabilización de los S/.396,003 sea por concepto de “responsabilidad social” ¿acaso por ponerle ese rótulo o membrete va a ser aceptable automáticamente, sin mayor control? No sean pulpines ni románticos, SI NO SE ENCUENTRA SUSTENTADO ESE IMPORTE (llámese “responsabilidad social empresarial” o cualquier otra descripción romántica) NO VA A SER DEDUCIBLE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. Qué no les cuenten fábulas.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Programa de Especialización en “Asistente Tributario” Inicio 08 de abril 2017 PRESENCIAL Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL 

Chincha 01 de abril 2017 Actualización Tributaria Reformas 2017

Pronto también en Lima, Chincha, Iquitos, Cusco, Tacna, y todo el Perú

RTF 01889-8-2015 Sobre el sustento tributario de las pérdidas extraordinarias sufrida por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente

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Alan Emilio en Trujillo. Marzo 2017

Mediante Resolución RTF N° 01889-8-2015, de fecha 20 de febrero del 2015, se resolvió una controversia relacionada con la determinación del Impuesto a la Renta 2007 (totalmente aplicable para los periodos 2016 y 2017 OJO).

El Tribunal Fiscal advierte que en el ordenamiento jurídico tributario peruano existen dos posibilidades para que se acepte la deducción de la pérdida extraordinaria sufrida por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros:

i). Se haya probado judicialmente el hecho delictuoso, o

ii). Se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.

El Tribunal cita el contenido de las RTF N° 1272-4-2002 y N° 7228-3-2009 en las cuales ya se ha establecido respecto del supuesto que “se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente”, que las pérdidas en casos de robo son deducibles recién en el ejercicio en que se acredite que es inútil el inicio de la acción judicial.

En las RTF N° 05509-2-2002 y N° 06762-3-2013, entre otras, el Tribunal Fiscal reitera que se ha señalado que, ante los casos de robos, la Resolución del Ministerio Público que dispone el archivo provisional de la investigación preliminar por falta de identificación del presunto autor del delito, acredita que es inútil ejercer la citada acción de forma indefinida, mientras no se produzca dicha identificación.

Adicionalmente el Tribunal Fiscal cita las RT N° 05509-2-2002, N° 00016-5-2004 y 13133-3-2009, entre otras, donde ha señalado que la copia de la denuncia policial NO ES PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL HECHO Y DE ESTA MANERA SUSTENTAR LA REFERIDA DEDUCCIÓN.

En dicho contexto, el Tribunal Fiscal indica que de acuerdo con lo establecido por el citado artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, para deducir las pérdidas extraordinarias, no deben resultar cubiertas por indemnizaciones o seguros, debienod además probar judicialmente el hecho delictuoso o acreditar que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.

En el caso materia de la RTF N° 01889-8-2015, se advierte que la SUNAT reparó el importe de S/.25,772 debido a que no se sustentó este diferencial (de la cuenta contable 68001 ) con la documentación que haya probado el hecho delictuoso o que acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente, LO CUAL EL CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ.

El contribuyente es la parte que estaba en mejor posición para PROBAR judicialmente el hecho delictuoso o que RESULTABA INÚTIL EJERCITAR LA ACCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE, más aún si el contribuyente era el denunciante y parte agraviada de los presuntos delitos de “robo”, siendo la Administración Tributaria parte ajena a las acciones seguida por el contribuyente.

El Tribunal Fiscal desvirtúa que sea suficiente las denuncias policiales presentadas en etapa de fiscalización dado que las investigaciones aún se encontraban en proceso, lo cual mas bien revela que el contribuyente no ha acreditado haber cumplido con los requisitos establecidos por el inciso d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Programa de Especialización en “Asistente Tributario” Inicio 08 de abril 2017 PRESENCIAL Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL

Seminario en Lima 23 de marzo 2017 DDJJ 2016 PDT 704 

Chincha 01 de abril 2017 Actualización Tributaria Reformas 2017

Pronto también en Lima, Chincha, Huaraz, Pucallpa, Cusco, Tacna, y todo el Perú

 

Jurisprudencia Tributaria Portuguesa 2014: Un costo es indispensable cuando se relaciona con los negocios de la empresa, y los costos ajenos son aquellos que la empresa no puede revelar una relación de causalidad con las rentas o ganancias

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Alan Emilio en Tacna. Marzo 2017

ACÓRDÃO
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RELATÓRIO
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O DIGNO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA deduziu recurso dirigido a este Tribunal visando sentença proferida pelo Mmº. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada a fls.352 a 382 do presente processo, através da qual julgou parcialmente procedente a impugnação intentada pela sociedade recorrida, “H………….. – Produções, S.A.”, tendo por objecto liquidações de I.R.C. e juros compensatórios, relativas ao ano de 2000 e no montante total de € 26.575,39.
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O recorrente termina as alegações (cfr.fls.397 a 405 dos autos) do recurso formulando as seguintes Conclusões:

Programa de Especialización en “Asistente Tributario” Inicio 08 de abril 2017 PRESENCIAL Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL
1-O presente recurso limita-se à parte relativa às despesas contabilizadas pela impugnante como viagens e estadias e às despesas relativas ao fornecimento de refeições pela “S……… – …………………, S.A.” à impugnante, parte essa declarada procedente pela sentença judicial em causa e com a qual a Administração Fiscal não se conforma;
2-Tais despesas não foram aceites pela Administração Fiscal, como custos do exercício de 2000 e contabilizadas pela impugnante como viagens e estadias, uma vez que foram consideradas alheias à sua actividade, no montante de € 57.627,85, bem como as despesas relativas ao fornecimento de refeições, encargos que configuram despesas de representação, sujeitas a tributação autónoma, contabilizadas pela impugnante como estadias e refeições, sendo o valor do imposto em falta de € 1.931,15;
3-Para efeitos fiscais, a aceitação dos custos de período é condicionada pelo princípio da indispensabilidade dos custos, ou seja, essas despesas têm de estar relacionadas directamente com o processo produtivo;
4-Nestes termos, não se encontrando “ab initio” os requisitos documentais cabalmente observados, i.e., perante insuficiências patentes na documentação de suporte dos lançamentos contabilisticamente e fiscalmente consequentes, como no caso dos autos, cessa a presunção de veracidade das declarações do contribuinte, recaindo sobre este, ora impugnante, o ónus da demonstração dos custos subjacentes”;
5-Ou seja, a dedutibilidade do custo depende da respectiva comprovação, pelo que, se o documento externo se revelar insuficiente, como é no caso presente, deve ser feita a prova da ocorrência do custo por qualquer meio de prova, nomeadamente a prova testemunhal;
6-Os testemunhos produzidos em sede de inquirição não constituíram prova de qualquer nexo de ligação de tais custos com os espectáculos e shows televisivos produzidos pela impugnante, enquanto fonte de proveitos daquela, mas tão-somente “pareceres” baseados na experiência profissional;
7-Assim, tendo em conta a prova documental e testemunhal produzida nos autos, os encargos, em apreço, constituem um custo não dedutível para efeitos de IRC, uma vez que não ficou provada a sua não indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora da impugnante, motivo pelo qual tais custos, enquanto despesas de representação, deverão ser sujeitos a tributação autónoma;
8-Pelo que a douta sentença proferida pelo Mm°. Juiz “a quo” fez, a nosso ver, uma incorrecta interpretação de facto e de direito das normas legais e da “ratio legis” que a fundamentam, mormente os art.°s 23° e 81.°, n.° 7, ambos do CIRC, incorrendo assim em erro de julgamento, devendo, por esse motivo, ser revogada, na parte em que procedeu, com as legais consequências;
9-Termos em que, com o sempre mui douto suprimento de V. Exas., deverá o presente recurso ser julgado procedente anulando-se a douta decisão na parte em apreço, com as legais consequências, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA.

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Não foram produzidas contra-alegações.
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O Digno Magistrado do M. P. junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de se conceder provimento ao presente recurso (cfr.fls.416 a 420 dos autos).
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Corridos os vistos legais (cfr.fls.423 do processo), vêm os autos à conferência para decisão.
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FUNDAMENTAÇÃO
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DE FACTO
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Não tendo havido impugnação da matéria de facto nas conclusões do recurso deduzido, igualmente não se vislumbrando a necessidade de alteração da factualidade constante do probatório, o Tribunal remete para a decisão recorrida, a qual julgou provada a matéria de facto inserta a fls.362 a 373 do presente processo e se dá aqui por integralmente reproduzida (cfr.artº.663, nº.6, do C.P.Civil, “ex vi” do artº.2, al.e), do C.P.P.T.).

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ENQUADRAMENTO JURÍDICO
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Em sede de aplicação do direito, a sentença recorrida decidiu, em síntese, julgar parcialmente procedente a impugnação pela sociedade recorrida intentada, anulando parcialmente a liquidação de I.R.C. do ano 2000 e correspondentes juros compensatórios:
1-Na parte (€ 44.719,52) em que sujeita a tributação autónoma os custos relativos a gastos com serviços de refeições prestados à impugnante pela “S………. – ………………., S.A.”;
2-No trecho (€ 57.627,85) correspondente a correcções relativas a despesas com viagens e estadias do sócio Herman José, custos estes considerados alheios à actividade empresarial e cujo beneficiário foi o identificado sócio.
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Desde logo, se dirá que as conclusões das alegações do recurso definem, como é sabido, o respectivo objecto e consequente área de intervenção do Tribunal “ad quem”, ressalvando-se as questões que, sendo de conhecimento oficioso, encontrem nos autos os elementos necessários à sua integração (cfr.artº.639, do C.P.Civil, na redacção da Lei 41/2013, de 26/6; artº.282, do C.P.P.Tributário).
O recorrente discorda do decidido sustentando, em síntese e como supra se menciona, que as despesas em causa não foram aceites pela Administração Fiscal, como custos do exercício de 2000 e contabilizadas pela impugnante como viagens e estadias, uma vez que foram consideradas alheias à sua actividade, no montante de € 57.627,85, bem como as despesas relativas ao fornecimento de refeições, encargos que configuram despesas de representação, sujeitas a tributação autónoma, contabilizadas pela impugnante como estadias e refeições, sendo o valor do imposto em falta de € 1.931,15. Que a aceitação dos custos em causa é condicionada pelo princípio da indispensabilidade dos custos, ou seja, essas despesas têm de estar relacionadas directamente com o processo produtivo. Que tendo em conta a prova documental e testemunhal produzida nos autos, os encargos em apreço constituem um custo não dedutível para efeitos de I.R.C., uma vez que não ficou provada a sua não indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora da impugnante. Que a decisão recorrida efectuou uma incorrecta interpretação das normas legais e da “ratio legis” que a fundamentam, mormente os artºs.23 e 81, nº.7, ambos do C.I.R.C. (cfr.conclusões 1 a 8 do recurso), com base em tal alegação pretendendo consubstanciar erro de julgamento de direito da decisão recorrida.
Examinemos se a decisão objecto do presente recurso padece de tal pecha.
A base de incidência do I.R.C. encontra-se consagrada no artº.3, do C.I.R.C., sendo, nos termos do seu nº.2, definido o lucro tributável como o resultante da “diferença entre os valores do património líquido no fim e no início do período de tributação, com as correcções estabelecidas neste Código”.
Por outro lado, é no artº.17 e seg. do mesmo diploma que se consagram as regras gerais de determinação do lucro tributável, especificando-se no artº.23 quais os custos que, como tal, devem ser considerados pela lei.
Para o conceito fiscal de custo vale a definição constante do aludido artº.23, do C.I.R.C., a qual, depois de nos transmitir, de uma forma ampla, a noção de custos ou perdas como englobando todas as despesas efectuadas pela empresa que, comprovadamente, sejam indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtiva, procede a uma enumeração meramente exemplificativa de várias despesas deste tipo. Estamos perante um conceito de custo que se pode considerar comum ao balanço fiscal e ao balanço comercial. A definição fiscal de custo, como conceito mais amplo do que sejam os custos de produção e de aquisição, parte de uma perspectiva ampla de actividade e de necessidade da empresa, assim estabelecendo uma conexão objectiva entre a actividade desta e as despesas que, inevitavelmente, daqui decorrerão. E fá-lo com uma finalidade claramente fiscal, a qual consiste em distinguir entre custos que podem ser aceites para fins fiscais e que, por isso, vão influenciar o cálculo do lucro tributável e os que não podem ser aceites para tal efeito (cfr. ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 7/2/2012, proc.4690/11; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 16/4/2013, proc.5721/12; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 29/5/2014, proc.7524/14; J. L. Saldanha Sanches, A Quantificação da Obrigação Tributária, Lex Lisboa 2000, 2ª. Edição, pág.237 e seg.; António Moura Portugal, A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, 2004, pág.101 e seg.).
Os custos ou perdas da empresa constituem, portanto, os elementos negativos da conta de resultados, os quais são dedutíveis do ponto de vista fiscal quando, estando devidamente comprovados, forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtiva da empresa em causa. A ausência de qualquer destes requisitos implica a não consideração dos referidos elementos como custos, assim devendo os respectivos montantes ser adicionados ao resultado contabilístico (cfr. ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 7/2/2012, proc.4690/11; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 16/4/2013, proc. 5721/12; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 29/5/2014, proc.7524/14; F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, anotado e comentado, Rei dos Livros, 5ª.edição, 1996, pag.206 e seg.).
O requisito da indispensabilidade de um custo tem sido jurisprudencialmente interpretado como um conceito indeterminado de necessário preenchimento casuístico, em resultado de uma análise de perspectiva económica-empresarial, na percepção de uma relação de causalidade económica entre a assunção de um encargo e a sua realização no interesse da empresa, atento o objecto societário do ente comercial em causa, sendo vedadas à A. Fiscal actuações que coloquem em crise o princípio da liberdade de gestão e de autonomia da vontade do sujeito passivo. Não obstante, se a A. Fiscal duvidar fundadamente da inserção no interesse societário de determinada despesa, impende sobre o contribuinte o ónus de prova de que tal operação se insere no respectivo escopo societário (cfr.ac.S.T.A.-2ª.Secção, 29/3/2006, rec.1236/05; ac.T.C.A.Sul-2ª. Secção, 17/7/2007, proc.1107/06; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 16/4/2013, proc. 5721/12).
Refira-se, igualmente, que as empresas são obrigadas a dispor de contabilidade organizada nos termos da lei comercial e fiscal, a qual permita o controlo do lucro tributável (cfr.artº.98, do C.I.R.C., na versão em vigor em 2000; artºs.29 e 31, do C.Comercial).
Revertendo ao caso dos autos, defende, em primeiro lugar, a Fazenda Pública que devem ser sujeitos a tributação autónoma os custos (€ 44.719,52) contabilizados pela sociedade impugnante/ recorrida relativos a gastos com serviços de refeições prestados à mesma pela “S………… – ……………………, S.A.”.
Por seu lado, a decisão recorrida concluiu que a impugnante demonstrou que são frequentemente terceiros que auxiliam nas tarefas de produção de programas televisivos, designadamente através do fornecimento de refeições ao pessoal afecto à produção, sendo o contributo destes necessário ao desenvolvimento da sua actividade (cfr.nº.2 do probatório), sendo que tal facto se encontra vertido nas próprias conclusões do relatório, na parte em que se considera que “estes serviços estão relacionados com almoços, jantares, pequenos-almoços e outros produtos alimentares, fornecidos pela empresa S…………….. à empresa em análise e consumidos pelos actores, figurinos, entre outros trabalhadores que prestam os seus serviços na produção dos programas televisivos ou radiofónicos” (cfr.nº.4 do probatório).
Como tal, trata-se de despesas que se destinam, não a representar a sociedade impugnante onde esta não se encontra presente, mas a assegurar o normal desenvolvimento da sua actividade dentro do circuito económico onde esta naturalmente se manifesta.
Termina a decisão recorrida por julgar procedente a presente impugnação, na parte em que assaca ao acto de liquidação adicional impugnado o vício de erro na qualificação dos custos relativos a gastos com serviços de refeições prestados à impugnante pela “S…………… – ………………….., S.A.”, como despesas de representação, não estando sujeitas a tributação autónoma, nos termos do citado artº.81, nº.7, do C.I.R.C.
Vejamos quem tem razão.
Deve, antes de mais, recordar-se que, do exame do probatório se retira que a actividade principal da sociedade impugnante/recorrida se consubstancia na “produção de programas radiofónicos e televisivos, sendo a sua principal função estabelecer as condições para realização dos programas, nomeadamente a contratação de actores e figurinos, construção de cenários, produção de vestuário para as diversas peças televisivas e outros serviços especializados, tendo sempre como figura principal o actor Herman José Krippahl” (cfr.nº.1 do probatório).
Na análise do presente fundamento do recurso, haverá que saber se os custos postos em causa pela A. Fiscal se devem, ou não, enquadrar como despesas de representação.
O P.O.C., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, incluía no Capítulo 11 “Código de Contas” a conta “62221 – Fornecimentos e serviços externos – Despesas de representação”, sem, contudo, especificar o seu conteúdo no Capítulo 12 “Notas Explicativas”, pelo que o POC é insuficiente para se aferir dos factos patrimoniais susceptíveis de originar a movimentação dessa conta.
De acordo com o anterior artº.37, al.a), do Código da Contribuição Industrial (C.C.I.), as despesas de representação não se consideravam como custos ou perdas do exercício, sendo escrituradas a qualquer título e ainda que devidamente documentadas, na parte em que a Direcção Geral das Contribuições e Impostos as reputasse de exageradas.
Face ao regime previsto no citado artº.37, al.a), do C. C. Industrial, a doutrina definia as despesas de representação como aquelas que visavam custear as deslocações dos gerentes das empresas ou os seus representantes, sempre que tais deslocações fossem ao serviço das mesmas e devendo ser devidamente documentadas para serem consideradas custos pela Administração Fiscal (cfr.Prof. Raúl Dória e António Álvaro Dória, Dicionário Prático de Comércio e Contabilidade, Livraria Cruz-Braga, 3ª. edição, 1975, I volume, pág.489).
O Código do I.R.C., aprovado pelo Dec.lei 442-B/88, de 30/11, na redacção originária do artº.41, nº.1, al.g), passou a determinar que as despesas de representação não são custos fiscais, sendo escrituradas a qualquer título, na parte em que a Direcção Geral dos Impostos as repute exageradas.
Em qualquer dos normativos mencionados o “quantum” das despesas de representação não se encontrava vertido na lei e dependia da subjectividade de interpretação da D.G.I. Deste modo, o quantitativo das despesas de representação que não era aceite fiscalmente sujeitava-se ao poder discricionário da Administração Fiscal, podendo o sujeito passivo recorrer hierarquicamente para o Ministro das Finanças, no caso de não concordar com a decisão da D.G.I.
Com a Lei 39-B/94, de 27/12 (Lei do OE/95), regime em vigor a partir de 1/1/1995, o artº.41, nº.1, al.g), do C.I.R.C., passou a não considerar como custo fiscal as despesas de representação, escrituradas a qualquer título, na proporção de 20%. Com esta alteração legislativa, a quantificação em 20% da não consideração como custo fiscal das despesas de representação, o legislador visou resolver os ditos problemas subjectivos inerentes ao critério de razoabilidade a analisar pela Administração Fiscal.
Como já referimos, o P.O.C. não conceptualizava as despesas de representação, pelo que, para a sua relevação contabilística, tem sido considerado o conceito previsto no C.I.R.C. Assim, o artº.41, nº.3, do referido diploma, prescrevia que se consideravam despesas de representação, nomeadamente, os encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou a fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades.

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Posteriormente, o artº.41, nº.5, da Lei 3-B/2000, de 4/4 (OE/2000), veio revogar, além do mais, o artº.41, nºs.3 e 4, do C.I.R.C., integrando essas despesas no artº.4, do dec-lei 192/90, de 9/6, mais estabelecendo, no seu nº.3, que as despesas de representação são tributadas autonomamente em I.R.S. ou I.R.C., consoante os casos, a uma taxa de 6,4%. Com a Lei 30-G/2000, de 29 de Dezembro (a designada “Lei da Reforma Fiscal”), que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001, no seu artº.6, aditou o artº.69-A, ao C.I.R.C., sendo que no nº.3 deste novo preceito, passam a ser tributados autonomamente, a taxa correspondente a 20% da taxa normal mais elevada, as despesas de representação. Por último, através do dec.lei 198/2001, de 3/7, que procedeu à renumeração dos artigos do C.I.R.C., a tributação autónoma das despesas de representação passou a ser incluída no artº.81, nº.3, do mesmo diploma, mantendo-se a taxa de tributação autónoma em 20%. Desta forma, é assegurada uma maior receita fiscal em I.R.C., pois que a tributação autónoma de tais despesas se caracteriza pelo facto de a empresa pagar imposto, independentemente da obtenção de lucro ou prejuízo fiscal.
É que, recorde-se, a sujeição a tributação autónoma de tais gastos implica que cada acto de despesa se considere um facto tributário autónomo, a que o contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter rendimento tributável em I.R.C. no fim do período contabilístico respectivo (cfr.ac.S.T.A.-2ª.Secção, 14/2/2013, rec.1375/12).
Por último, refira-se que apenas são dedutíveis como despesas de representação os custos devidamente documentados e escriturados, assim devendo satisfazer o requisito de indispensabilidade previsto no citado artº.23, do C.I.R.C. para que sejam como tal considerados (cfr.F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, anotado e comentado, Rei dos Livros, 5ª.edição, 1996, pag.346).
Ainda no que diz respeito ao conceito de despesas de representação, atento o disposto no actual artº.81, nº.7, do C.I.R.C. (cfr.anteriormente o artº.4, nº.6, do dec.lei 192/90, de 9/6), devem considerar-se actualmente como abarcando tal conceito, nomeadamente, os encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos, no país ou no estrangeiro, a clientes ou a fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades.
Voltando ao caso “sub judice”, do exame da factualidade provada (cfr.nºs.2 e 4 do probatório já supra mencionados), deve concluir-se, com o Tribunal “a quo”, que nos encontramos perante despesas que se destinam, não a representar a sociedade impugnante onde esta não se encontra presente (portanto, fora da sua actividade principal), mas a assegurar o normal desenvolvimento do seu objecto social, dentro do circuito económico onde este naturalmente se manifesta. Por outras palavras, não nos encontramos perante despesas de representação, mas antes perante custos inerentes ao normal desenvolvimento da actividade principal da sociedade impugnante/recorrida, de acordo com a definição do mesmo constante do nº.1 do probatório e já acima transcrito.
Face ao exposto, julga-se improcedente este fundamento do recurso, confirmando-se a decisão recorrida neste segmento.
Passemos ao exame da correcção, efectuada pela Fazenda Pública, relativa a despesas (€ 57.627,85) com viagens e estadias do sócio ……………, custos estes considerados pela A. Fiscal alheios à actividade empresarial da sociedade “H……………. – Produções, S.A.” e cujo beneficiário foi o identificado sócio, assim não se enquadrando no artº.23, do C.I.R.C.
Defende a A. Fiscal que a aceitação dos custos em causa é condicionada pelo princípio da indispensabilidade dos custos, ou seja, essas despesas têm de estar relacionadas directamente com o processo produtivo. Que tendo em conta a prova documental e testemunhal produzida nos autos, os encargos em apreço constituem um custo não dedutível para efeitos de I.R.C., uma vez que não ficou provada a sua não indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora da impugnante.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu que resultou demonstrado (e a Administração Tributária não contesta) que a actividade da sociedade impugnante se centra na criação e prestação artística do seu sócio ………………. (cfr.nº.1 do probatório), sendo muito difícil traçar a fronteira entre a pessoa do mesmo sócio e a actividade da empresa, sendo ambos, digamos, “concorrentes” um do outro.
Sendo isto assim, isto é, sendo o actor …………… a pessoa que “dá a cara” pela sociedade impugnante, a Administração Tributária não pode, sem entrar em juízos de valor sobre “boa gestão” e em critérios de razoabilidade, desconsiderar como custos dedutíveis os gastos com a colaboração (e a promoção) do actor ………….. A correcção em causa, com base na qual a Administração Tributária desconsiderou como custos dedutíveis, gastos que são indispensáveis para a obtenção dos proveitos e para a manutenção da força produtiva, padece de ilegalidade por violação do artº.23, do C.I.R.C.
Deve recordar-se que a questão do ónus da prova da indispensabilidade do custo passa ao lado da presunção de veracidade da escrita correctamente organizada (cfr. artº.75, nº.1, da L.G.T.) pois não se questiona a veracidade (existência e montante) da despesa contabilizada mas a sua relevância, face à lei, para efeitos fiscais, no caso, da sua qualificação como custo dedutível, em sede do citado artº.23, do C.I.R.C. (cfr. ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 2/2/2010, proc.3669/09; António Moura Portugal, A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, 2004, pág.268 e seg.).
Com base nestas premissas, tem este Tribunal que concordar com a decisão recorrida, porquanto, mais uma vez levando em consideração o objecto social da sociedade recorrida (cfr.nº.1 do probatório), não pode a Fazenda Pública desconsiderar como custos, em sede do artº.23, do C.I.R.C., viagens e estadias do sócio ………….., sem que tal correcção se deva considerar como entrando pelo campo, verdadeiramente subjectivo, da boa (ou má) gestão empresarial e da consequente e efectiva relevância dos ditos custos no conjunto dos proveitos obtidos pelo sujeito passivo, sendo que, no caso concreto, as despesas em causa se relacionam com a actividade principal da sociedade impugnante e estão documentalmente comprovadas.
Por outras palavras, é entendimento da jurisprudência e doutrina que a A. Fiscal não pode avaliar a indispensabilidade dos custos à luz de critérios incidentes sobre a oportunidade e mérito da despesa. Um custo é indispensável quando se relacione com a actividade da empresa, sendo que os custos estranhos à actividade da empresa serão apenas aqueles em que não seja possível descortinar qualquer nexo causal com os proveitos ou ganhos (ou com o rendimento, na expressão actual do código – cfr.artº.23, nº.1, do C.I.R.C.), explicado em termos de normalidade, necessidade, congruência e racionalidade económica (cfr.ac.S.T.A.-2ª.Secção, 21/04/2010, rec.774/09; ac.S.T.A.-2ª.Secção, 13/02/2008, rec.798/07; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 17/11/2009, proc.3253/09).
Em conclusão, deve confirmar-se a decisão recorrida, também neste segmento.
Atento o relatado, sem necessidade de mais amplas considerações, julga-se improcedente o presente recurso e, em consequência, mantém-se a decisão recorrida, ao que se provirá na parte dispositiva deste acórdão.

X
DISPOSITIVO
X
Face ao exposto, ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, OS JUÍZES DA SECÇÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO deste Tribunal Central Administrativo Sul em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA, a qual, em consequência, se mantém na ordem jurídica.
X
Condena-se o recorrente em custas.
X
Registe.
Notifique.
X
Lisboa, 16 de Outubro de 2014

(Joaquim Condesso – Relator)

(Catarina Almeida e Sousa – 1º. Adjunto)

(Bárbara Tavares Teles – 2º. Adjunto)

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

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Programa de Especialización en “Asistente Tributario” Inicio 22 de abril 2017 PRESENCIAL Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL

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Jurisprudencia Tributaria Española: No resulta deducible la indemnización pagada en contraprestación a una renuncia a unos derechos de compra de terrenos

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Alan Emilio en Trujillo, marzo 2017

Mediante Sentencia emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional del Reino de España, de fecha 03 de junio del 2015, se analizó el carácter deducible de una indemnización pagada en contraprestación a una renuncia a unos derechos de compra de terrenos.

Para entender el caso debe resaltarse lo siguiente:

  1. PROINSA (PROMOTORA INMOBILIARIA DEL ESTE, S.A.). Esta sociedad tiene como único Activo el 75% en proindiviso de la denominada “Finca La Fortuna”, en el U.Z.P. 2.04 “Desarrollo del Este-Los Berrocales”, en Madrid.
  2. NOZAR, S.A., entidad que se compromete a comprar, el 20% de las fincas resultantes que a PROINSA le correspondan a través del Proyecto de Compensación.
  3. CONSTRUCCIONES REYAL, SA. es propietaria del 85% de las acciones de PROINSA. Esta sociedad tiene como único Activo el 75% en proindiviso de la denominada “Finca La Fortuna”, en el U.Z.P. 2.04 “Desarrollo del Este-Los Berrocales”, en Madrid.

La Inspección de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes considera que este gasto no es deducible en el Impuesto a las Sociedades , que en el Perú vendría ser equiparable al Impuesto a la Renta Empresarial, (innecesaridad del gasto) ya que el pago efectuado a favor de NOZAR, S.A. (EL COMPRADOR) no era obligatorio para CONSTRUCCIONES REYAL SA (CONSTRUCTOR) porque no había concurrido incumplimiento alguno del contrato que pudiera dar lugar a la obligación de indemnizar; en consecuencia, califica dicho pago como una liberalidad y, por tanto, conforme lo dispuesto en el art.14.1.e) del TRLIS no deducible fiscalmente.

Por su parte, la actora (DEMANDANTE) REYAL (CONSTRUCTOR)sostiene que no existe liberalidad y que el importe percibido se debe a la renuncia a los derechos que se derivan del contrato suscrito el 12 de diciembre de 2003. Argumentó el demandante que estamos ante un contrato que justifica el pago del gasto cuestionado a cambio de excluir al perceptor de un negocio de promoción inmobiliaria que queda para el pagador.

La Sentencia resalta que en la resolución impugnada se expone y no se discute, que en el contrato no consta fecha de entrega de los terrenos, ni se pacta cláusula penal alguna, ni consta la entrega de arras o señal que hubieran podido, en su caso, fundamentar una posible obligación de indemnizar. Aunque en la parte expositiva del contrato firmado el 26-06-06 se hace mención al tiempo transcurrido como causa por la que NOZAR ya no está interesada en el contrato lo cierto es que en el contrato firmado el 12-12- 2003, no se establece ningún plazo para el ejercicio de los compromisos asumidos. Estos últimos apuntes, sobre la opción y el plazo, son esenciales a juicio de la Sección, debiendo convenirse con la Administración en su trascendencia de estar ante una opción sin plazo y, en consecuencia, sin eficacia alguna, lo que basta por si solo y sin mayores consideraciones, para nuevamente desbancar la pretensión de la actora.

La Sentencia destaca:

“Debemos reseñar la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 14 de Febrero de 2013, recurso de casación 1581/2010 , sobre opción de compra, en la que se concluye que es esencial en la opción de compra la fijación de plazo para su ejercicio, ya que no puede el concedente quedar indefinidamente ligado por un pacto que no lo fija. En el caso, la opción de compra no fijaba plazo ya que cuando se refería al mismo lo hacía a partir del cumplimiento de la condición suspensiva consistente en la recalificación urbanística de la finca (cuya gestión correspondía a la optante), pero sin fijar un plazo para el cumplimiento de dicha condición. Al faltar el elemento esencial del plazo, esta opción de compra no existe, por lo cual la venta de la finca muchos años más tarde no produce la aplicación de la cláusula penal.”

En su Fundamento Jurídico Segundo destacamos:

“El negocio jurídico que llega a esta Sala es un precontrato de opción de compra con cláusula penal, que han contemplado también las sentencias de 26 marzo 2009 y 30 noviembre 2012 . Tal como dice la sentencia de 21 noviembre 2000 , “implica la concesión por una parte a la otra de la facultad exclusiva de decidir la celebración o no del contrato principal de compraventa”; en el mismo sentido, sentencias de 5 junio 2003 y 3 abril 2006 . Otras muchas sentencias se han dictado sobre la opción de compra: 23 abril 2010 , 7 mayo 2010 , 1 de diciembre de 2011 . La cláusula penal es el objeto de este proceso, que reclama el optante, porque el concedente de la opción, demandado en la instancia, vendió la finca a un tercero (ocho años después de la firma del documento privado). Lo cual ha sido desestimado por las sentencias de instancia, lo que considera acertado esta Sala. En primer lugar, porque es esencial en la opción de compra la fijación de plazo, ya que no puede el concedente quedar indefinidamente ligado por un pacto que no lo fija y así lo exige el artículo 14.3º del Reglamento hipotecario . La opción de compra del 20 marzo 1997 no fijaba plazo, pues cuando se refiere al mismo lo hace a partir de la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Monovar de la modificación del Planeamiento que permita la obtención de las respectivas licencias de obras y la iniciación de la construcción, que, por cierto le correspondía a la inmobiliaria optante realizar las gestiones necesarias para solicitar y obtener la modificación de la clasificación urbanística de la finca.

Al faltar el elemento esencial del plazo, esta opción de compra no existe, no puede obligar indefinidamente al concedente de la opción, por lo cual la venta de la finca muchos años más tarde, no produce la aplicación de la cláusula penal. De ello se deduce que en el contrato (precontrato) la aprobación de la modificación urbanística se ponía como condición suspensiva, que no ha llegado a cumplirse, sin que haya sido previsto un plazo para ello, como se ha dicho en las líneas anteriores“.

Roj: SAN 1940/2015 – ECLI: ES:AN:2015:1940 Id Cendoj: 28079230022015100194 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Fecha: 03/06/2015 Nº de Recurso: 97/2012 Nº de Resolución: Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: ANGEL NOVOA FERNANDEZ Tipo de Resolución: Sentencia

Por tanto, el motivo debe decaer.

Y Olé !!!!!

Alan Emilio Matos Barzola
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Decreto Supremo 033-2017-EF Modifica Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta

 

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Alan Emilio en Lima. Febrero 2017

Decreto Supremo N° 033-2017-EF que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1258;

Que, el citado Decreto Legislativo modificó los artículos 46° y 75° de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de permitir la deducción de gastos de las rentas del trabajo hasta el importe de 3 UIT y señalar que para determinar las retenciones por rentas de quinta categoría no se considerarán los citados gastos;

Que, en consecuencia, resulta necesario reglamentar lo relativo a la referida deducción, así como adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, a las modificaciones introducidas por el referido decreto legislativo;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:
Artículo 1.- Definiciones
1. Ley : Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.

2. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias.

Artículo 2.- Modificación del artículo 26°; del segundo párrafo del inciso a) del artículo 28°-B; del encabezado, los incisos a), b), c) así como el encabezado y el numeral 6 del inciso d) del artículo 40°; del artículo 41°; del artículo 43°; del segundo párrafo del inciso b) del artículo 44° y del inciso d) del artículo 52° del Reglamento.

Modifícanse el artículo 26°; el segundo párrafo del inciso a) del artículo 28°-B; el encabezado, los incisos a), b), c) así como el encabezado y el numeral 6 del inciso d) del artículo 40°; el artículo 41°; el artículo 43°; el segundo párrafo del inciso b) del artículo 44° y el inciso d) del artículo 52° del Reglamento; conforme a los textos siguientes:

Artículo 26°.- DEDUCCIONES A LAS RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍAS
La deducción anual del monto fijo de siete (7) UIT a que se refiere el primer párrafo del artículo 46° de la Ley, así como la deducción adicional del monto que corresponda a los gastos a que se refiere el penúltimo párrafo del citado artículo se efectuará hasta el límite de las rentas netas de cuarta y quinta categorías percibidas.”

Artículo 28°-B.- DEDUCCIONES DE LA RENTA NETA DEL TRABAJO
(…)
a) (…)
A efecto de establecer el límite antes señalado, el monto fijo de siete (7) UIT a que se refiere el primer párrafo del artículo 46° de la Ley, así como el monto que corresponda a los gastos a que se refiere el penúltimo párrafo del citado artículo se deducirán, en primer lugar, de las rentas de la quinta categoría y, de haber un saldo, éste se deducirá de las rentas de la cuarta categoría luego de la deducción del 20% a que se refiere el artículo 45° de dicha Ley. En ningún caso se podrá deducir los intereses moratorios ni las sanciones que dicho Impuesto genere.
(…).”

Artículo 40°.- RETENCIONES POR RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA
Para determinar cada mes las retenciones por rentas de la quinta categoría a que se refiere el artículo 75° de la Ley, se procederá de la siguiente manera:
a) La remuneración ordinaria mensual puesta a disposición del trabajador en el mes se multiplicará por el número de meses que falte para terminar el ejercicio, incluyendo el mes al que corresponda la retención. Al resultado se le sumará las gratificaciones ordinarias que correspondan al ejercicio y las remuneraciones ordinarias y demás conceptos que hubieran sido puestos a disposición del trabajador en los meses anteriores del mismo ejercicio, tales como participaciones, reintegros y cualquier otra suma extraordinaria.
b) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le restará el monto fijo equivalente a las siete (7) UIT a que se refiere el primer párrafo del artículo 46° de la Ley. Si el trabajador solo percibe rentas de la quinta categoría, el gasto por concepto de donaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 49° de la Ley solo podrá ser deducido en el mes de diciembre con motivo del ajuste final del impuesto. Las donaciones efectuadas se acreditarán con los documentos señalados en los acápites i), ii) o iii) del numeral 1.2 del inciso s) del artículo 21°, según corresponda.
c) Al resultado obtenido conforme al inciso anterior se le aplicará las tasas previstas en el artículo 53° de la Ley, determinándose así el impuesto anual.
De dicho impuesto anual se deducirán los créditos a que tuviera derecho el trabajador en el mes al que corresponda la retención y los saldos a su favor, a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 88° de la Ley.
d) El impuesto anual determinado en cada mes conforme a lo señalado en el inciso anterior se fraccionará de la siguiente manera:
(…)
6. En el mes de diciembre, se efectuará el ajuste final del Impuesto, para cuyo efecto se deducirán las retenciones efectuadas en los meses de enero a noviembre.
(…).”
Artículo 41°.- RETENCIÓN EN CASOS ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA
a) Cuando las remuneraciones mensuales pagadas al trabajador sean de montos variables, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo anterior. Sin embargo, para efecto de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 40°, el empleador podrá optar por considerar como remuneración mensual el promedio de las remuneraciones pagadas en ese mes y en los dos (2) meses inmediatos anteriores. Para el cálculo del
promedio así como la remuneración anual proyectada, no se considerarán las gratificaciones ordinarias a que tiene derecho el trabajador. Al resultado obtenido, se le agregará las gratificaciones tanto ordinarias como extraordinarias y en su caso las participaciones de los trabajadores, que hubieran sido puestas a disposición de los mismos en el mes de la retención.
La opción deberá formularse al practicar la retención correspondiente al primer mes del ejercicio gravable y deberá mantenerse durante el transcurso de dicho ejercicio.
En el caso de trabajadores con remuneraciones de montos variables a que se refiere este inciso, que se incorporen con posterioridad al 1 de enero, el empleador practicará la retención sólo después de transcurrido un periodo de tres meses completos, a partir de la fecha de incorporación del trabajador.
b) Los trabajadores que se incorporen con posterioridad al 1 de enero, para aplicar lo dispuesto en el artículo 40°, el empleador tomará como base la remuneración que corresponda al mes de su incorporación.
c) En los casos de trabajadores que hubieran percibido remuneraciones de más de un empleador en un mismo ejercicio, para efecto de la retención, el nuevo empleador considerará las remuneraciones y retenciones acreditadas de acuerdo a lo que señale la SUNAT mediante resolución de superintendencia.
En el caso a que se refiere el párrafo precedente y siempre que se presenten las circunstancias previstas por el inciso a) de este artículo, el nuevo empleador podrá
optar al practicar la primera retención, por el procedimiento que autoriza dicho inciso, computando a ese efecto las retribuciones pagadas en el mismo ejercicio gravable, por los empleadores anteriores.
d) Cuando en el curso de un ejercicio gravable se dé por terminado el contrato de trabajo o el vínculo laboral, el empleador determinará con carácter de ajuste final la
retención correspondiente al mes en que tenga lugar ese hecho, sumando a ese efecto todas las remuneraciones y gratificaciones obtenidas por el trabajador en el ejercicio gravable, incluidas las remuneraciones gravadas percibidas con motivo de la terminación del contrato, así como en su caso, las participaciones del trabajador y todo otro ingreso puesto a disposición del mismo.
A dicha suma se le restará la deducción contemplada en el primer párrafo del artículo 46° de la Ley, correspondiente al ejercicio.
Al resultado así determinado, se le aplicará las tasas previstas en el artículo 53° de la Ley.
Calculado el impuesto, se le deducirá los créditos que les corresponda y las retenciones efectuadas, de conformidad con el artículo 40°, determinándose así el monto de la retención correspondiente al ajuste final.”

Artículo 43°.- UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA Y CRÉDITOS APLICABLES PARA EL CÁLCULO DE LAS RETENCIONES
Para efecto de las retenciones contempladas en el artículo 75° de la Ley deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Se tomará como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en el mes al que corresponda la retención.
b) Los créditos contemplados en el inciso c) del artículo 88° de la Ley solo serán computables a partir del mes en que el trabajador acredite ante su empleador el derecho a los mismos.”

Artículo 44°.- DECLARACIÓN JURADA QUE DEBEN PRESENTAR LOS TRABAJADORES A SU EMPLEADOR
(…)
b) (…)
Copia de dichas declaraciones juradas debidamente recibidas deberá ser entregada por el trabajador a sus otros empleadores, a efecto de que no se practique las retenciones a que estuviesen obligados.
(…).”

Artículo 52°.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA
(…)
d) Para efecto de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 88° de la Ley, por tasa media se entenderá el porcentaje que resulte de relacionar el Impuesto determinado con
la renta neta del trabajo más la renta neta de fuente extranjera, o con la renta neta de la tercera categoría más la renta neta de fuente extranjera, según corresponda de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29°-A, sin tener en cuenta las deducciones que autoriza el artículo 46° de la misma. De existir pérdidas de ejercicios anteriores éstas no se restarán de la renta neta.”

Artículo 3.- Incorporación del artículo 26°-A° al Reglamento.
Incorpórese el artículo 26°-A al Reglamento, de acuerdo al texto siguiente:

Artículo 26°-A.- DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS DE LAS RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍAS
Para efecto de determinar la deducción adicional del monto que corresponda a los gastos a que se refiere el artículo 46° de la Ley, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Los gastos por intereses a que se refiere el inciso b) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley deben corresponder a créditos hipotecarios otorgados  a personas naturales, sociedades conyugales o uniones de hecho para la adquisición o construcción de una primera vivienda siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características.
Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de una primera vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado.
Asimismo, se consideran en esta categoría a los créditos hipotecarios para primera vivienda otorgados mediante títulos de crédito hipotecario negociables de acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores.
A tal efecto, entiéndase por primera vivienda a la primera vivienda del contribuyente o de su cónyuge o concubina(o) registrada en los Registros Públicos al momento del otorgamiento del crédito. La búsqueda registral se debe efectuar en la zona registral donde reside el contribuyente, en la zona registral donde reside su cónyuge o concubina(o), y en la zona registral donde se solicita el crédito hipotecario para vivienda para lo cual la entidad del sistema financiero deberá tomar en consideración lo señalado en el literal mm) del artículo 2° del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado por la Resolución
SBS N° 14354-2009 y sus normas modificatorias, o norma que la sustituya.
Los gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda no incluyen los intereses moratorios.
b) Para efecto de lo señalado en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley, se considera persona con discapacidad aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.
Los gastos por honorarios profesionales de médicos y odontólogos efectuados para la atención de la salud de hijos mayores de 18 años con discapacidad serán deducibles a partir de la inscripción de aquellos en el registro de personas con discapacidad a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.
c) Los gastos por aportaciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD a que se refiere el inciso e) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley, serán deducibles por el
contribuyente que se encuentre inscrito como empleador en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar, Trabajadores del Hogar y sus Derechohabientes a que se refiere la Resolución de Superintendencia N° 191-2005/SUNAT y normas modificatorias.
Los gastos a que se refiere el párrafo anterior se sustentan con el Formulario N° 1676 – Trabajadores del Hogar o el Formulario Virtual N° 1676 – Trabajadores del Hogar.
d) Los gastos efectuados por una sociedad conyugal o unión de hecho se consideran atribuidos al cónyuge o concubina(o) al que se le emitió el comprobante de pago.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento e intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda a que se refieren los incisos a) y b) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley, efectuados por una sociedad conyugal o unión de hecho podrán ser atribuidos por igual a cada cónyuge o concubina (o) siempre que ello se comunique a la SUNAT en la forma, plazo y condiciones que esta establezca mediante resolución de superintendencia.
La condición de concubina(o) se acredita con la inscripción del reconocimiento de la unión de hecho en el registro personal de la oficina registral que corresponda al domicilio de los concubinos.
e) Los gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda efectuados en copropiedad se consideran atribuidos al copropietario al que se le emitió el comprobante de pago, salvo que se comunique a la SUNAT la cuota ideal de cada uno de los copropietarios en la forma, plazo y condiciones que esta establezca mediante resolución de superintendencia.
f) Los supuestos establecidos en el inciso c) del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 6° de la Ley N° 28194 quedan exceptuados de la obligación de utilizar medios de pago a que se refiere el acápite ii) del cuarto párrafo del artículo 46° de la Ley.”

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Segunda.- Contratos de asociaciones público privadas
Lo establecido en el inciso g) del artículo 10 de la Ley, no es aplicable a las transferencias de los derechos de cobro, presentes o futuros, que deriven de los contratos de asociaciones público privadas suscritos por el Estado antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Acreditación de retenciones
En tanto no entre en vigencia la resolución de superintendencia a que se refiere el primer párrafo del inciso c) del artículo 41° del Reglamento, las remuneraciones y retenciones deberán ser acreditadas por el trabajador mediante una declaración jurada.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Deróguese el numeral 1 del artículo 45° del Reglamento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros Encargado del Despacho del Ministerio de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Lima 09 de marzo 2017 Análisis del Llenado del PDT 704 Renta Anual 2016. Contingencias y Soluciones

Informe 008-2017-SUNAT Sobre beneficio tributario gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica Ley 30309

20170211_0925321

Alan Emilio en el Club Grau, Piura. Febrero 2017

INFORME N.° 008-2017-SUNAT/5D0000

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

MATERIA:
En relación con el beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (en adelante, “I+D+i”) otorgado por la Ley N.° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, se formula las siguientes consultas:

1. Para determinar en el ejercicio de que se trate el monto de la deducción adicional del 50% o 75% a que hace referencia la Ley N.° 30309, tratándose de proyectos de I+D+i que implican la construcción de un activo fijo, ¿los gastos que integran su costo de construcción se entenderán producidos en el ejercicio en el que se incurren, desembolsen o se aplicarán las reglas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento?

2. En caso la respuesta a la pregunta precedente sea que en el supuesto anterior debe aplicarse las reglas de depreciación establecidas en la Ley del  Impuesto a la Renta y su reglamento:

a) ¿Se aplicarían aunque esta tenga lugar en un período posterior al de la calificación del proyecto de I+D+i?

b) ¿Cabría deducir vía depreciación las partidas asociadas al beneficio, inferiores al límite legal de 1,335 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), aun después del año 2019?

3. ¿Puede un contribuyente deducir el saldo del beneficio de la deducción adicional (porción que excedió el límite anual de 1,335 UIT correspondiente al período en el cual se obtuvo la calificación del proyecto de I+D+i) de la renta de los periodos siguientes hasta agotarlo, o el beneficio corresponde a un límite anual y único correspondiente al ejercicio en que obtuvo la calificación de dicho proyecto?

BASE LEGAL:
– Ley N.° 30309, Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, publicada el 13.3.2015.
– Reglamento de la Ley N.° 30309, aprobado por Decreto Supremo N.° 188-2015-EF, publicado el 12.7.2015.
– Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la LIR).

CONCLUSIONES:
En relación con el beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de I+D+i otorgado por la Ley N° 30309:

1. Para determinar en el ejercicio de que se trate el monto de la deducción adicional del 50% o 75% a que hace referencia dicha ley, tratándose de proyectos de I+D+i que implican la construcción de un activo fijo, los gastos que integran su costo de construcción se deducirán aplicándose las reglas de depreciación establecidas en la LIR y su reglamento.

2. En el supuesto a que se refiere el numeral anterior:
a) Los gastos por depreciación de ejercicios posteriores al de la obtención de la calificación del proyecto I+D+i, deben imputarse a los ejercicios a los que corresponde dicha depreciación.

b) No es posible deducir vía depreciación las partidas asociadas al beneficio, inferiores al límite legal de 1,335 UIT después del año 2019.

3. No es posible que un contribuyente deduzca el saldo del beneficio de la deducción adicional (porción que excedió el límite anual de 1,335 UIT correspondiente al período en el cual se obtuvo la calificación del proyecto de I+D+i) de la renta de los periodos siguientes hasta agotarlo

El informe completo puede ser descargado en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i008-2017.pdf

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Lima 09 de marzo 2017 Análisis del Llenado del PDT 704 Renta Anual 2016. Contingencias y Soluciones

Lima 09 de marzo 2017 Análisis del Llenado del PDT 704 Renta Anual 2016. Contingencias y Soluciones

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CURSO: ANÁLISIS DEL LLENADO DEL PDT 704, Contingencias y Soluciones.
Gracias a todos ustedes amigos un abrazo a todos
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EXPOSITOR: ALAN EMILIO MATOS BARZOLA
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Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Actualización Tributaria. Centro de Convenciones Los Corregidores

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Centro de Convenciones Los Corregidores, Jr. Independencia 543, al costado de la Catedral de Trujillo

Gracias a todos los amigos que asistieron al evento en Trujillo, un fuerte abrazo