Resolución de Superintendencia 123-2017/SUNAT Regulan los comprobantes de pago que permiten deducir gastos personales en el Impuesto a la Renta por arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles y por servicios generadores de Renta de Cuarta Categoría

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Alan Emilio en Iquitos. Abril 2017

Resolución de Superintendencia 123-2017/SUNAT Regulan los comprobantes de pago que permiten deducir gastos personales en el Impuesto a la Renta por arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles y por servicios generadores de Renta de Cuarta Categoría 

Lima, 12 de mayo de 2017
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1258 modifica, desde el 1 de enero de 2017, el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, para señalar que de las rentas de cuarta y quinta categoría se puede deducir anualmente -además de las 7 Unidades Impositivas Tributarias que se venían aplicando- gastos relativos al importe pagado por el arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles que no estén destinados exclusivamente a actividades que generen renta de tercera categoría, a los intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, a los honorarios profesionales de médicos y odontólogos, a la contraprestación a otros sujetos que generen renta de cuarta categoría cuando estén comprendidos en el decreto supremo respectivo y a las aportaciones al Seguro Social de Salud por trabajadores del hogar; siempre que, entre otros, estén acreditados, en el caso de los cuatro primeros gastos, con comprobantes de pago emitidos electrónicamente que permitan sustentar gasto y, en su caso, en recibos por arrendamiento que apruebe la SUNAT;

Que el segundo párrafo de la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1258 señala que el requisito establecido en el acápite i) del cuarto párrafo del artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta, relativo al uso del comprobante de pago emitido electrónicamente para sustentar los gastos a que se refiere ese artículo, será exigible a partir de la entrada en vigencia de la resolución de superintendencia que emita la SUNAT, al amparo del primer párrafo de esa disposición, para establecer los supuestos en los que los gastos pueden ser sustentados con comprobantes de pago que no sean emitidos electrónicamente;

Que, de conformidad con el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta, se dictó el Decreto Supremo Nº 399-2016-EF que permite deducir como gasto la contraprestación pagada a los sujetos que se desempeñen como abogado, analista de sistemas y computación, arquitecto, enfermero, entrenador deportivo, fotógrafo y operador de cámara, cine y televisión, ingeniero, intérprete y traductor, nutricionista, obstetriz, psicólogo, tecnólogo médico y veterinario;

Que, de otro lado, el Decreto Ley Nº 25632 faculta a la SUNAT a emitir la normativa sobre comprobantes de pago para indicar, entre otros, los comprobantes que permiten sustentar gasto con efecto tributario y los mecanismos de control para su emisión o utilización, incluyendo la determinación de los sujetos que deben utilizar la emisión electrónica;

Que, en atención a lo antes señalado, es preciso indicar, en una primera etapa, en qué supuestos se pueden emitir comprobantes de pago no electrónicos para la sustentación de los gastos relativos al arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles, a honorarios profesionales y a la contraprestación a otros sujetos que generen renta de cuarta categoría cuando estén comprendidos en el decreto supremo respectivo; designar como nuevos emisores electrónicos, en su mayoría, a sujetos que brindarán servicios cuyas contraprestaciones darán derecho a la aludida sustentación; así como, ajustar la normativa sobre comprobantes de pago y Registro Único de Contribuyentes para que sea viable la sustentación de los gastos personales, cuando corresponda;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto Ley Nº 25632 y normas modificatorias; la  segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1258; el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 943; el numeral 12 del artículo 62 y el numeral 6 del artículo 87 del Código Tributario, cuyo último Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas modificatorias y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Definiciones
Para efecto de la presente resolución, se entiende por:
a) Anexo del Decreto : Al anexo del Decreto Supremo Nº 399-2016-EF.
b) Ley del Impuesto a la Renta (Ley): A aquella cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias.
c) Reglamento de Comprobantes de Pago (RCP): Al aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias.
d) SEE : Al sistema de emisión electrónica creado por la Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT y normas modificatorias.

II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable

Artículo 2.- Comprobantes de pago que permiten sustentar gastos personales por arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles y servicios profesionales
Los contribuyentes sustentan el derecho a deducir gasto al amparo de los incisos a), c) y d) del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley, según sea el caso, de la forma siguiente:

arre

(1) Solo si las empresas del sistema financiero o la Iglesia Católica, según corresponda, están en alguno de los supuestos señalados en el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 o el artículo 4-A de la Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT y normas modificatorias. En ese caso, deben cumplir, respecto de lo emitido, con la remisión señalada en el numeral 4.2 del referido artículo 4 y en el referido artículo 4-A.

Artículo 3. Designación de emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica
3.1 Desígnase como emisores electrónicos del SEE:

a) Desde el 1 de julio de 2017, a los sujetos que brindan el servicio de arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes inmuebles situados en el país, respecto de esos servicios, y siempre que por esa operación corresponda emitir factura.

b) Desde que deban emitir, según el Reglamento de Comprobantes de Pago, una factura por los servicios indicados en el inciso a), a los sujetos que inicien la prestación de esos servicios después de las fechas señaladas en ese inciso y solo respecto de esas operaciones.

3.2 No están comprendidos en el párrafo 3.1 los sujetos que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 937 y normas modificatorias, ni los que generen renta de primera categoría del impuesto a la renta.

3.3 Los sujetos designados según el párrafo 3.1 pueden emitir la factura electrónica, la nota de crédito electrónica y la nota de débito electrónica, a su elección, a través de cualquiera de los sistemas comprendidos en el SEE, siempre que el sistema escogido lo permita.

Artículo 4. De los emisores de comprobantes de pago distintos a los recibos por honorarios
4.1 Los sujetos que tengan la calidad de emisores electrónicos del SEE el día de entrada en vigencia de este artículo y que deban emitir comprobantes de pago que den derecho a sustentar gasto por las operaciones contempladas en el inciso a) del segundo párrafo del
artículo 46 de la Ley, pueden emitir, por esas operaciones y hasta el 30 de junio de 2017, los comprobantes de pago, las notas de crédito y las notas de débito en formatos
impresos o importados por imprenta autorizada o, de ser el caso, el documento autorizado respectivo así como la nota de crédito y la nota de débito vinculadas a aquel, según el Reglamento de Comprobantes de Pago.

4.2 Los sujetos que realicen las operaciones contempladas en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley, incluidos los emisores electrónicos del SEE a que se refiere el párrafo anterior, deben declarar ante la SUNAT la información relativa a los
comprobantes de pago, notas de crédito y/o notas de débito en formatos impresos o importados por imprenta autorizada y/o documentos autorizados, notas de crédito y/o notas de débito vinculadas a aquellos que emitan por las operaciones comprendidas en el aludido inciso de acuerdo a la resolución de superintendencia que apruebe el formato respectivo.
Asimismo, para los emisores electrónicos del SEE la declaración antes indicada no comprende aquello que se declare en los resúmenes de comprobantes impresos
relativos a lo emitido de enero a mayo de 2017 y sustituye a la obligación de presentar esos resúmenes por lo emitido del 1 al 30 de junio de 2017, por las operaciones que se incluyan en aquella declaración.

4.3. No están comprendidos en este artículo los sujetos que emitan el Formulario Nº 1683 – Impuesto a la renta de primera categoría.

4.4 Para efecto del cumplimiento de la obligación señalada en el párrafo 4.2, se debe presentar del 1 al 31 de julio de 2017, una declaración por cada mes comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017, en la que se incluirá la información relativa a los comprobantes de pago y las notas señaladas en ese párrafo.
En caso el emisor electrónico envíe dentro del plazo respectivo más de una declaración respecto de un mismo mes, se considera que la última enviada sustituye a la anterior en su totalidad. Si se envía una declaración luego de aquel plazo y respecto de un mismo periodo, la última enviada reemplaza a la anterior y será considerada como una declaración jurada rectificatoria.

Artículo 5. De los emisores de recibos por honorarios
Los sujetos que hayan emitido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 recibos por honorarios y/o notas de crédito en formatos impresos o importados por imprenta autorizada, por los servicios señalados en los incisos c) y d) del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley, deben proporcionar a la SUNAT, a través del sistema regulado en la Resolución de Superintendencia Nº 182-2008/SUNAT y normas modificatorias y en los términos que ese sistema indique, la información relativa a esos comprobantes y/o notas, de conformidad con lo indicado en los artículos 13 y 14 de esa resolución, en el plazo contado del 1 al 30 de junio de 2017.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia:

a) Al día siguiente de su publicación, tratándose de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como, la cuarta disposición complementaria modificatoria.

b) El 1 de junio de 2017, tratándose de las disposiciones complementarias modificatorias, salvo el numeral 2.2 de la segunda disposición complementaria modificatoria y la cuarta disposición complementaria modificatoria.

c) El 1 de julio de 2017, tratándose del numeral 2.2 de la segunda disposición complementaria modificatoria.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificaciones en el Registro Único de Contribuyentes

Modifícase el inciso e) del segundo párrafo del artículo 1°, el inciso a) del artículo 3°, el inciso a) del artículo 4° y el numeral 17.3 del artículo 17° de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT y normas modificatorias, en los términos siguientes:

“Artículo 1°. DEFINICIONES
(…)
e) Fecha de inicio de actividades: Fecha en la cual el contribuyente y/o responsable comienza a generar ingresos gravados o exonerados, o adquiere bienes y/o servicios deducibles para efectos del Impuesto a la Renta.
En el caso de los sujetos inafectos del Impuesto a la Renta se considerará la fecha en que comienzan a generar ingresos o adquieren por primera vez bienes y/o servicios relacionados con su actividad.
Tratándose de los sujetos que generan exclusivamente renta de quinta categoría según las normas de impuesto a la renta, es la fecha en la que el contribuyente comienza a generar ingresos de esa categoría.
(…).”

“Artículo 3°. SUJETOS QUE NO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL RUC

No deben inscribirse en el RUC, siempre que no tuvieran la obligación de inscribirse en dicho registro por alguno de los motivos indicados en el artículo anterior:

a) Las personas naturales que perciban exclusivamente rentas consideradas de quinta categoría según las normas del impuesto a la renta, salvo que se trate de personas naturales extranjeras domiciliadas en el país que, de acuerdo a la normativa de la materia, deseen solicitar una devolución, deban presentar declaración jurada anual, deban pagar deuda tributaria derivada de esa presentación o necesiten número de RUC para solicitar que se les emita el comprobante de pago que les permita sustentar gastos según el cuarto párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta.

(…).”

“Artículo 4°. PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC
(…)
a) Los sujetos que adquieran la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT se inscribirán siempre que proyecten iniciar sus actividades dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su inscripción en el RUC, o en el caso de aquellos a que se refiere el inciso a) del artículo 3, dentro de los 30 días calendario anteriores a la circunstancia que origina la inscripción.
(…).”
“Artículo 17°. INFORMACIÓN A SER COMUNICADA POR LOS CONTRIBUYENTES Y/O RESPONSABLES
(…)
17.3 Datos vinculados a la actividad económica u otra que corresponda
a) Tipo de contribuyente.
b) Fecha de inicio de actividades.
c) Código de profesión u oficio.
d) Actividad económica principal.
e) Sistema de emisión de comprobantes de pago.
f) Sistema de contabilidad.
g) Condición de domiciliado en el país de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta y modificatorias.
En caso de sujetos que generen exclusivamente renta de quinta categoría del impuesto a la renta no son aplicables los datos señalados en los literales d), e) ni f).
(…).”

SEGUNDA. Modificaciones en el Reglamento de Comprobantes de Pago

2.1 Modifícase el inciso 1.2 del numeral 1 del artículo 4°, así como el inciso 1.8 del numeral 1 y el inciso 2.7 del numeral 2 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago, en los términos siguientes:

“Artículo 4°. COMPROBANTES DE PAGO A EMITIRSE EN CADA CASO
(…)
1. FACTURAS
(…)
1.2 Solo se emitirán a favor del adquirente o usuario que posea número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), exceptuándose de este requisito a las operaciones referidas en los literales d), e) y g) del numeral precedente.
También están exceptuadas de aquel requisito las operaciones indicadas en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta cuando el usuario solicite factura, caso en el cual este puede indicar aquel número o el número de documento nacional de identidad. No están comprendidas en esa excepción las operaciones en las que el usuario sea una persona natural extranjera domiciliada en el país.
(…).”
“Artículo 8°. REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
(…)
1. (…)
1.8 Número de RUC del adquirente o usuario, excepto en las operaciones previstas en los literales d), e) y g) del numeral 1.1 del artículo 4° del presente Reglamento, o número de documento nacional de identidad del usuario en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del numeral 1.2 de ese artículo.
(…)
2. RECIBOS POR HONORARIOS
(…)

2.7 Apellidos y nombres, o denominación o razón social y número de RUC del usuario, solo en los casos que requiera sustentar costo o gasto para efectos tributarios. En los demás casos se debe anular el espacio correspondiente al número de RUC consignando la leyenda “SIN RUC”.

Si el usuario indica al emisor que sustentará como gasto los honorarios pagados por servicios prestados por médicos u odontólogos, al amparo del inciso c) del
segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, debe contar con lo siguiente:

a) El número de RUC o el número de documento nacional de identidad del usuario, entendido como tal el sujeto que contrata el servicio para él o para uno de los sujetos indicados en el inciso c) del segundo párrafo de aquel artículo; y, de ser el caso,

b) El tipo y número de documento de identidad del sujeto que es atendido por cuenta del usuario del servicio (paciente) y que debe ser uno de los sujetos indicados en ese artículo.

Si el usuario indica al emisor que sustentará como gasto los honorarios por servicios distintos a los brindados por médicos u odontólogos, al amparo del inciso d) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta y siempre que se emita el decreto supremo respectivo, debe contar con el número de RUC o el número de documento nacional de identidad del usuario, entendido como tal el sujeto que contrata el servicio para él.
(…).”

2.2 Incorpórese un segundo párrafo en el literal b) del inciso 6.1 y un literal c) en el inciso 6.3 del numeral 6 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago y sustitúyase el literal b) del inciso 6.2 de ese numeral, en los términos siguientes:

“Artículo 4°. COMPROBANTES DE PAGO A EMITIRSE EN CADA CASO
(…)
6. (…)
6.1 (…)
b) (…)
Aquellos documentos no se pueden emitir por la contraprestación relativa al servicio de arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes inmuebles situados en el
país, salvo cuando se emitan en los supuestos indicados en el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 o en el artículo 4-A de la Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT y normas modificatorias.
(…)
6.2 (…)
b) Documentos emitidos por la Iglesia Católica por el arrendamiento de sus bienes inmuebles, solo si se emiten en los supuestos indicados en el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 o en el artículo 4-A de la Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT y normas modificatorias. En ese caso debe indicar el número de RUC del usuario o su número de documento nacional de identidad.
6.3 (…)
c) Documentos emitidos por la Iglesia Católica por el arrendamiento de sus bienes inmuebles.
(…).”

TERCERA. Modificaciones en la normativa sobre emisión electrónica

3.1 Modifíquese el primer párrafo del numeral 2.3 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT y normas modificatorias, en los términos siguientes:

“Artículo 2°. EMISOR ELECTRÓNICO DEL SEE Y SU INCORPORACIÓN A DICHO SISTEMA
(…)

2.3 Se asigna al sujeto que realice la conducta establecida por la SUNAT para adquirir esa calidad y desde el momento en que se efectúe esa conducta o al sujeto que se encuentre en el supuesto establecido por la SUNAT para adquirir esa calidad y desde el momento en que se de ese supuesto. A tal efecto, en la resolución de superintendencia en la que se indique la conducta o el supuesto se debe indicar si se asigna esa calidad respecto de todas o parte de las operaciones y si se puede usar, indistintamente, cualquiera de los sistemas comprendidos en el SEE, algunos de ellos o únicamente uno de ellos.
(…).”

3.2 Modifíquese el numeral 17.2 del artículo 17° de la Resolución de Superintendencia Nº 097-2012/SUNAT y normas modificatorias, en los términos siguientes:

“Artículo 17°. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
(…)
17.2 Se emitirá sólo a favor del adquirente o usuario que posea número de RUC.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a la factura electrónica emitida a un sujeto no domiciliado por las operaciones contenidas en el inciso d) del numeral 1.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago, en cuyo caso se colocará únicamente el(los) nombre(s) y apellido(s), denominación o razón social del adquirente o usuario. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a la factura electrónica que se emita, a solicitud del usuario, respecto de las operaciones indicadas en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, en cuyo caso se puede colocar el número de RUC o el número de documento nacional de identidad para sustentar el gasto respectivo.
(…).”

3.3 Sustitúyase la fila 9 de los anexos N°s. 1, 3 y 4 e incorpórese una última fila en el literal Q del anexo Nº 8 de la Resolución de Superintendencia Nº 097-2012/SUNAT y
normas modificatorias, en los términos indicados en los anexos A, B, C y D, respectivamente.

3.4 Modifíquese el numeral 2 del artículo 8° y el literal a) del numeral 1 del artículo 9° de la Resolución de Superintendencia Nº 188-2010/SUNAT y normas modificatorias, en los términos siguientes:

“Artículo 8°. DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
(…)
2. Se emitirá sólo a favor del adquirente o usuario electrónico que posea número de RUC.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las operaciones contenidas en el inciso d) del numeral 1.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago, en cuyo caso se exceptuará del requisito de consignación del número de RUC del adquirente o usuario. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a la factura electrónica que se emita respecto de la operación indicada en el inciso a) del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, en cuyo caso se puede colocar el número de RUC o el número de documento nacional de identidad para sustentar el gasto respectivo.
(…).”

“Artículo 9°. EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
(…)
1. (…)
a) Número de RUC del adquirente o usuario.
Tratándose de las operaciones contenidas en el inciso d) del numeral 1.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago realizadas con sujetos no domiciliados, se debe ingresar los apellidos y nombres o denominación o razón social del adquirente o usuario.

Si el usuario indica al emisor electrónico que sustentará gasto al amparo del inciso a) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo texto
único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, señalará su número de RUC o su documento nacional de identidad.
(…).”

3.5 Modifíquese los numerales 6 y 16 del artículo 1° y el inciso a) del numeral 1 del artículo 7° de la Resolución de Superintendencia Nº 182-2008/SUNAT y normas modificatorias, en los términos siguientes:

“Artículo 1°. Definiciones
(…)
6. Ley del Impuesto a la Renta: A aquella cuyo texto único ordenado fue aprobado
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias.
(…)
16. Usuario : Al sujeto a quien el emisor electrónico presta un servicio que genera renta de cuarta categoría o al sujeto por cuya cuenta se presta ese servicio a un tercero, según sea el caso.
(…).”

“Artículo 7°. EMISIÓN DEL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO
(…)
1. (…)
a) Apellidos y nombres o denominación o razón social y número de RUC del usuario. Este último dato, solo si se requiere sustentar gasto o costo para efectos
tributarios.

Cuando el usuario no proporcione su número de RUC y siempre que no requiera sustentar gasto o costo para efecto tributario podrá registrar otro tipo de documento de identificación del usuario (DNI, carné de extranjería, pasaporte o cédula diplomática de identidad), en cuyo caso deberá indicar el número. Si el usuario no proporciona alguno de los mencionados documentos de identificación, el emisor electrónico deberá registrar dicha situación.

Si el usuario indica al emisor electrónico que sustentará como gasto los honorarios profesionales recibidos por servicios prestados por médicos u odontólogos, al amparo del inciso c) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta, debe registrar lo siguiente:

i. El número de RUC o el número de documento nacional de identidad del usuario, entendido como tal el sujeto que contrata el servicio para él o para uno de los sujetos indicados en el inciso c) de aquel artículo; y, de ser el caso,

ii. El tipo y número de documento de identidad del sujeto que es atendido por cuenta del usuario del servicio (paciente) y que debe ser uno de los sujetos indicados en ese artículo.

Si el usuario indica al emisor electrónico que sustentará como gasto los honorarios por los servicios brindados por sujetos distintos a médicos u odontólogos, al amparo del inciso d) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta y siempre que se emita el decreto supremo respectivo, debe registrar el número de RUC o el número de documento nacional de identidad del usuario, entendido como tal el sujeto que contrata el servicio para él.
(…).”

CUARTA. Modificación en el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias al que se refiere el Decreto Legislativo Nº 940

Incorpórese el inciso e) en el artículo 13° de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, en los siguientes términos:

“Artículo 13°.- Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema

El Sistema no se aplica, tratándose de las operaciones indicadas en el artículo 12°, en cualquiera de los siguientes casos:

(…)

e) Se emita un comprobante de pago que otorgue derecho a deducir gasto en los casos señalados en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA

Superintendente Nacional

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Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable

Jurisprudencia Tributaria Colombiana 2016: ¿Cómo se sustentan las deducciones relacionadas a cuentas incobrables?

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Alan Emilio en Trujillo, La Libertad. Marzo 2017

Mediante Sentencia, de fecha 04 de febrero del 2016, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Colombiano, máxima instancia en la materia, resuelve diversas controversias entre las cuales procedemos a resaltar la deducción para efectos del Impuesto a la Renta Colombiano del ejercicio gravable 2006, siendo el sistema tributario colombiano totalmente “equiparable” al sistema tributario peruano.

Así, la máxima instancia en la materia Contencioso Administrativa de la República Colombiana resalta:  Leer más de esta entrada

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BENEFICIOS:
» Diploma a nombre de Instituto Peruano Contable Gubernamental y Corporación Perú Contable SAC
» Certificado de Ofimática integral o Excel según sea el caso.
» Material de trabajo (anillado) por cada sesión.
» Video grabado de cada sesión (32 horas)
» DVD con material digital; artículos, guías (en PPT y PDF), todas las normas legales mencionadas en PDF.
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» A los 10 primeros en asistir se les regalará el vídeo : “Cierre Contable y Financiero Bajo NIIF 2016” con la ponencia del CPC. Alex Cuzcano con una duración de 8 horas.

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LUGAR DE LAS CLASES:
*MODALIDAD PRESENCIAL.
Dirección: Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María – Lima. Ref. A una cuadra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba, frente al Parque Cáceres..

*MODALIDAD VIRTUAL:
Internet, vía transmisión en vivo donde el alumno también puede realizar sus preguntas durante la ponencia.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Fernanda Dávalos
Ejecutiva Comercial
Teléfono: 01-4189105
RPM: #943775659
RPC: 982700611
WHATSAP: 943775659
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Oficina Administrativa:
Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María – Lima. Ref. A una cdra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba – Frente al Parque Cáceres.

John Andrés Leyva
Coordinador Académico
RPM: *660696 – 944926863
RPC: 982700612

CUENTAS BANCARIAS:
– Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 00-371-131825 – Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.
Comisión bancaria : + S/ 6.50

– Cta de ahorros en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 04-784-407298 – Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : No

-Cta de ahorros del Banco ScotiaBank N° de cta 751-7368002- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : No

-Cuenta de ahorros Banco de Crédito (BCP) N° 375-32259455-0-64- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : Si + S/ 4.50

-Cuenta de ahorros Banco Interbank N° de Cta: 622-302017516-6 Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO.
Comisión bancaria : Si + S/ 3.50

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Jurisprudencia Tributaria 2016 de la Corte Suprema Chilena: Contribuyentes deben acompañar “SI” o “SI” elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa

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Alan Emilio en Tacna. 2017

Fallo : 21.372-2015.-
Siete de julio de dos mil dieciséis.
Segunda Sala

MATERIAS:

– RECLAMACIÓN TRIBUTARIA CONTRA LIQUIDACIONES POR CONCEPTO DE IVA Y REINTEGRO, RECHAZADA.-
– HECHO QUE GIRO DE RECLAMANTE DECLARADO ANTE EL SERVICIO SEA ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER, CONSTITUYE HECHO NO ASENTADO POR JUECES DE FONDO.-
– MERA CONSIGNACIÓN DEL GIRO ANTE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS NO SATISFACE EXTREMO QUE ARTÍCULO 23 N° 4 DEL DL 825 DEMANDA PARA TENER DERECHO A CRÉDITO FISCAL EN ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES, STATION WAGON Y SIMILARES, RELATIVO A QUE ACTIVIDAD HABITUAL DE CONTRIBUYENTE SEA LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE DICHOS BIENES.-
– NORMA QUE DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL EN ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES REQUIERE QUE SE EJERZA REALMENTE GIRO DECLARADO, CIRCUNSTANCIA QUE SENTENCIA IMPUGNADA NO HA TENIDO POR CIERTA Y QUE CORRESPONDÍA A CONTRIBUYENTE DEMOSTRAR.-
– RECURRENTE OMITE DENUNCIAR INFRACCIÓN A NORMAS REGULADORAS DE PRUEBA QUE PERMITAN ALTERAR CONCLUSIÓN ARRIBADA POR JUECES DE FONDO.-
– FALTA DE ACREDITACIÓN DE VERDADERO GIRO ALEGADO POR RECURRENTE IMPIDE CONSIDERAR QUE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS PASEN A FORMAR PARTE DEL ACTIVO FIJO DE CONTRIBUYENTE PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD.-
– RECLAMANTE INCUMPLE CON REQUISITO DE DEMOSTRAR QUE SU GIRO HABITUAL ES ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES, STATION WAGONS Y SIMILARES PARA PODER DEDUCIR DE RENTA BRUTA GASTOS INCURRIDOS EN RELACIÓN A DICHOS VEHÍCULOS, DESCARTÁNDOSE INFRACCIÓN AL RECHAZARSE DEDUCCIÓN COMO GASTO DE CUOTA DE DEPRECIACIÓN ANUAL POR ESOS BIENES.-

RECURSOS:

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO TRIBUTARIO (RECHAZADO).-

TEXTOS LEGALES:

CÓDIGO TRIBUTARIO, ARTÍCULO 21.-
DECRETO LEY Nº 825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS, ARTÍCULOS 8 LETRA M) Y 23 N°S 1 Y 4.-
DECRETO LEY Nº 824, FIJA TEXTO QUE INDICA DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, ARTÍCULO 31 INCISO 1° Y N° 5.-

JURISPRUDENCIA:

“Que como se ha expuesto, el arbitrio en estudio se sustenta básicamente en el hecho de que uno de los giros de la reclamante es el de arriendo de autos y camionetas sin chofer, de lo que se derivaría que los vehículos adquiridos y cuestionados por el Servicio, pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante y, por ende, de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, ésta tiene derecho al crédito fiscal recargado en las facturas de compra, no obstante la falta de habitualidad en esa actividad de arriendo que sólo aparentemente demandaría el N° 4 del mismo artículo 23.

Pues bien, una atenta lectura del fallo atacado demuestra que éste no asienta que el giro de la reclamante, o uno de ellos, sea el de alquiler de autos y camionetas sin chofer, ni siquiera que sea el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, huelga señalar, la mera consignación de un giro ante ese organismo no satisface el extremo que el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 demanda para tener derecho a crédito fiscal en la adquisición de “automóviles, station wagons y similares”, esto es, que el giro o actividad habitual del contribuyente “sea” la venta o el arrendamiento de dichos bienes. Es decir, la norma, con claridad meridiana, demanda ejercer realmente el giro declarado, circunstancia que la sentencia no ha tenido por cierta y que correspondía a la contribuyente demostrar conforme al artículo 21 del Código Tributario, sin que, en ese orden, en el recurso se arguya que a tal conclusión se arribó por los jueces de la instancia con infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterarla en esta sede de casación.

Así entonces, al no tenerse por cierto un ejercicio verdadero del giro alegado en el recurso, no ha podido considerarse que los vehículos pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante con el objeto de desarrollar esa actividad y, por consiguiente, no ha errado el fallo en estudio en la aplicación del artículo 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825 al confirmar las liquidaciones reclamadas que rechazan el crédito fiscal por la adquisición de esos móviles.

El aserto anterior, hace innecesario ahondar en las otras infracciones alegadas a las demás normas del D.L. N° 825 y su reglamento, relativas a la “habitualidad” del alquiler de los vehículos cuya destinación al giro de la reclamante se objetó, sin perjuicio de compartir esta Corte lo razonado por la sentencia en examen en su motivo 8° sobre este asunto. Por lo dicho resulta igualmente innecesario el estudio de lo concerniente al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, al basarse este precepto en el mismo supuesto que aquí no se ha dado por concurrente, a saber, que los bienes corporales muebles vendidos formen parte del activo fijo de la empresa.

Finalmente, necesario corolario de lo que se ha venido discurriendo, al no demostrarse que el “giro habitual” de la reclamante es la “adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares”, requisito que el artículo 31, inciso 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta impone para poder deducir de la renta bruta los gastos incurridos en relación a ese tipo de vehículos, no cabe sino descartar la infracción por la sentencia del artículo 31 N° 5 del mismo texto por confirmar las liquidaciones en cuanto éstas rechazan la deducción como gasto de la cuota de depreciación anual por esos bienes.” (Corte Suprema, considerando 3º).

“Que, atendido lo que se ha venido razonando y por no haberse demostrado los errores de derecho denunciados con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.” (Corte Suprema, considerando 4º).

MINISTROS:

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Juan Eduardo Fuentes B., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Jaime Rodríguez E.

TEXTOS COMPLETOS: 

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:

      Concepción, uno de septiembre de dos mil quince.

      VISTO:

      Se reproduce la sentencia en alzada, excepto los considerandos Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Noveno, que se eliminan.

      Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

      A fojas 144 y siguientes el Juez Titular del Tribunal Tributario y Aduanero ha dictado sentencia definitiva en la presente causa sobre procedimiento General de reclamación, MAQUINARIAS LILLO LTDA. CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, RUC 14-9-000092-4, en la que no se acoge la reclamación, en cuanto a la trasgresión de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, según lo considerado en los motivos séptimo y siguientes. Así también en cuanto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario, según lo expresado en la reflexión novena. Del mismo modo, el supuesto incumplimiento de las normas de la Ley N° 18.320, según lo señalado en el motivo Décimo. Igualmente no se acoge en cuanto a lo relacionado con el incumplimiento al artículo 24 del Código Tributario, conforme lo consignado en los motivos primero y segundo de la presente sentencia. Tampoco se acoge la reclamación en lo relativo a que, el rechazo del crédito fiscal IVA carecía de fundamentación legal de acuerdo a lo que se dijo en el considerando Décimo Segundo.

      En el acápite II de lo resolutivo se decide que se acoge la reclamación interpuesta en contra de las liquidaciones signadas con los números del 61 al 68 de fecha 4 de febrero de 2014, efectuada por el Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional, en el sentido de “eliminar la deducción del rechazo del Crédito Fiscal IVA de los vehículos adquiridos y de su rechazo de la cuota de depreciación”, lo que se señala en los motivos décimo tercero y siguientes.

      Se decide que en consecuencia se dejan sin efecto las liquidaciones de los N°s 61 al 68.

      Finalmente y respecto a las costas, no se da lugar a ellas por cuanto tuvo razones o motivos plausibles para litigar.

      A fojas 159, la parte del Servicio de Impuestos Internos deduce recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva del Titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, escrita a fojas 144, con el objeto que la Corte de Apelaciones de Concepción conozca del recurso, lo declare admisible, revoque la sentencia recurrida, todo ello con expresa condenación en costas, resolviendo que no se hace lugar a ella y se deseche el reclamo interpuesto en esta causa.

      Explica que el SII practicó las liquidaciones N°s. 61 a 68, todas de fecha 04.02.2014, por los siguientes conceptos:

      Diferencia de impuesto al valor agregado debido a la utilización de crédito fiscal, respaldado con facturas que dan cuenta de la adquisición de vehículos, que, por expresa disposición de la ley, no daría derecho a crédito fiscal y que no está destinada a su giro habitual y,

      Diferencia de impuesto a la renta por deducción como gasto de la cuota anual de depreciación de dichos bienes, en circunstancias que no cumplen los requisitos para ello.

      Se tratará de seis móviles adquiridos con las facturas 35616 de 22 de enero de 2011; 2290145, de fecha 14 de agosto de 2011; 6417, de 31 de octubre de 2011; 6852 de enero de 212; 5853 de 31 de noviembre de 2012; 3585 de junio de 2012. La primera corresponde a la compra de una cuadrimoto marca polaris; la segunda a un Station Wagon 2012 Modelo New H1; la tercera y cuarta factura corresponden a compras de una cuadrimoto y un cuadriciclo. Al igual que la quinta que da cuenta de la adquisición de un cuadriciclo Comander año 2012¸ y finalmente la última da cuenta de la compra de un vehículo marca Jeep Land Rover Evoque de 2012.

      Agrega, la apelante que en el juicio sostuvo que las liquidaciones cumplían todas las exigencias legales y que el artículo 41 de la Ley N° 19.880 no es aplicable al presente caso; que también expresó que no se han vulnerado los artículos 21 y 24 del Código Tributario y que, por expresa disposición de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, artículo 23 N° 4, no procedía en este caso el crédito fiscal por la adquisición de cuadrimotos y Station Wagon, pues estas especies no fueron destinadas al giro habitual del contribuyente y la ley los prohíbe expresamente. Señala que tampoco constituyen un gasto necesario para producir la renta en los términos que exige el artículo 31, inciso 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, dice que el reclamo se ha acogido por dos razones que el Sr. Juez ha tenido en cuenta, primero: El contribuyente estaba habilitado para incorporar los vehículos a su activo fijo ya que había declarado el giro “Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer” y en la venta de dichos vehículos recargó el impuesto al valor agregado, emitiendo la correspondiente factura afecta. Segunda razón abordada por el Sr. Juez fallador: Los gastos por depreciación cumplen con los requisitos para ser deducidos como gasto necesario para producir renta, por ser bienes del activo fijo o inmovilizado, según su propia naturaleza.

      Más adelante la recurrente intenta desvirtuar los fundamentos de la sentencia respecto de los dos puntos señalados expresando que el artículo 24 N° 4 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios establece expresamente que no darán derecho a crédito fiscal las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagon o similares y de los accesorios, repuestos y lubricantes de éstos que gocen de cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso 1° del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta.

      Expresa también que el sentenciador ha privilegiado el ánimo que tuvo el adquirente para comprar determinados bienes según lo expresa en la reflexión décimo sexta, no obstante que el legislador ha exigido como requisito la habitualidad, que es calificada por el propio servicio conforme a los elementos de naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas, elementos que le sirven para calificar el “ánimo” que guió al contribuyente a adquirir los bienes muebles, sea para el uso o consumo o para la reventa, lo que se consigna en el artículo 4 del DS 55. Afirma, que para los efectos de la procedencia del crédito fiscal IVA, este ánimo se orienta a un fin distinto, el que será, que los bienes que se adquieren estén destinados a formar parte de su activo fijo o realizable, exigiendo, además, el legislador que se trate del “giro habitual” del contribuyente sea venta o arrendamiento de los bienes señalados, esto es, los móviles. El apelante invoca los artículos 41 del Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en cuanto se entendería que se trata de bienes que siendo incorporados a la empresa no son parte del giro de ésta. Asimismo, expresa que la Circular del Servicio N° 130, que establece que los contribuyentes afectos a IVA no tendrán derecho a crédito fiscal por la adquisición de vehículos aún cuando formen parte de activo fijo, por estimar que la naturaleza de dichas operaciones no guardan relación directa con el giro o actividad habitual por tener fines diferentes o ajenos a la actividad o industria respectiva. Por otra parte, de acuerdo a lo prevenido en DL. 825, el pago hecho por el contribuyente por arriendo de vehículos, no origina crédito fiscal desde que el N° 4 de la aludido norma rechazaría esta posibilidad al disponer que sólo genera crédito fiscal cuando se halla comprendido dentro del giro o actividad del contribuyente. Por lo que concluye que el solo ánimo no es suficiente para que dicho crédito opere.

      También sostiene la parte del Servicio que la sentencia adolece de errada valoración de la prueba, fundándose en que el Tribunal no fijó como hecho a probar si procedía o no gravar la venta de vehículos en el periodo posterior al que fue época de fiscalización, ello por encontrarse prohibido por la ley conforme ya se expresó y, porque además, no forman parte del giro habitual, Dice que el giro de venta de automóviles tiene código 501020, la venta de motocicletas código 504010; arrendamiento sin chofer tiene código 11102.

      Agrega que el contribuyente no tiene declarada actividad de venta de estas especies por lo que no sería posible estimar que queden comprendidos en la actividad o giro que el contribuyente ha declarado.

      Tampoco tiene giro habitual de venta o arriendo de vehículos, asunto que al sentenciador le mereció importante acreditar, lo que emana de la circunstancia de haber dictado una medida para mejor resolver en esa dirección. Sin embargo, como aparece del expediente, el reclamante no cumplió pues, no acompañó su libro de compras y ventas, lo que demuestra que no acreditó haber realizado la actividad que señala, esto es, arrendamiento de vehículos sin chofer. Todo lo anterior lo lleva a concluir que no es creíble que cinco vehículos distintos hubieran estado destinado a supervisar las faenas que desarrollaba la empresa, y para que se produzca el crédito fiscal, es necesario que los vehículos hayan sido parte del activo fijo de la empresa.

      A fojas 166, deduce recurso de apelación el contribuyente quien también tiene la calidad de parte reclamante ganadora en este litigio, y lo hace para que la Corte de Apelaciones modifique la sentencia definitiva de autos en la parte que no ha dado lugar a las costas, señalando que el Servicio de Impuestos Internos ha procedido a desconocer su derecho al crédito fiscal por la depreciación habiéndose cumplido con los requisitos del artículo 31 N° 5 del D.L. 824, por lo que no procedería eximirlo de las costas, especialmente porque la entidad fiscalizadora estaba en posesión de todos los antecedentes, de tal modo que no aparece que hubo motivo plausible para litigar.

      Y CONSIDERANDO:

      PRIMERO: Que, en el exordio la reclamante endereza su acción en contra de las liquidaciones de impuesto signadas con los números del 61 al 68, de fecha dos de febrero de dos mil catorce, efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, a fin que el Tribunal Tributario y Aduanero anule dichas liquidaciones y confirme las declaraciones presentadas por la reclamante y contribuyente Maquinarias Lillo Ltda., respecto de los Impuestos de Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta. La sentencia definitiva del Tribunal Aduanero y Tributario, acogió la reclamación en contra de las liquidaciones aludidas en el sentido de eliminar la deducción del reclamo del crédito del rechazo del Crédito Fiscal IVA de los vehículos adquiridos y de su rechazo de la cuota de depreciación.

      SEGUNDO: Que, los fundamentos del Tribunal Tributario y Aduanero dicen relación con el cuestionamiento que el Servicio de Impuestos Internos hace en contra las liquidaciones que rechazan el crédito fiscal IVA, respecto de las especies adquiridas, consistentes en vehículos diversos y cuyas facturas de compra rolan a fs. 58, 59, 60, 61 y 65, faltando la correspondiente a un Jeep Land Rover, que corresponde a la factura 3585 de doce de junio de dos mil doce. En total se trata de seis móviles adquiridos con las facturas 35616 de 22 de enero de 2011; 2290145, de fecha 14 de agosto de 2011; 6417, de 31 de octubre de 2011; 6852 de enero de 212; 5853 de 31 de noviembre de 2012; y 3585 de junio de 2012.

      La primera corresponde a la compra de una cuadrimoto marca Polaris; la segunda a un Station Wagon 2012 Modelo New H1; la tercera y cuarta factura corresponden a compras de una cuadrimoto y un cuadriciclo. Al igual que la quinta que da cuenta de la adquisición de un cuadriciclo Comander año 2012¸y finalmente la última da cuenta de la compra de un vehículo marca Jeep Land Rover Evoque de 2012.

      TERCERO: Que, el Servicio de Impuestos Internos ha señalado durante el procedimiento de reclamo que mediante notificación efectuada el catorce de febrero de dos mil trece, que aportara la documentación de los periodos tributarios mensuales correspondientes de febrero de dos mil diez a enero de dos mil trece y de los años tributarios 2011 y 2012, a fin de proceder a realizar una correcta determinación y declaración del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta, sin que el contribuyente diera cumplimiento a este requerimiento, debido a lo que pierde los beneficios de la Ley N° 18.320. Sostiene la parte del Servicio de Impuestos Internos que hubo un segundo requerimiento con fecha cinco de abril de dos mil trece, con igual suerte, aportando en definitiva el contribuyente, sólo una parte de la documentación requerida. En efecto, solo habría contestado la citación N° 83, afirma la entidad fiscalizadora confirmando lo que ya había declarado e impugnando dicha citación, expresando al mismo tiempo que los vehículos en cuestión fueron adquiridos para ser usados en el giro empresarial.

      CUARTO: Que, el Servicio ha rechazado el crédito fiscal y el gasto por la cuota de depreciación sosteniendo en general, que por las características y modelos de lo vehículos, no puede deducirse que estos hayan sido utilizados en el giro de la empresa de movimiento de tierras, desde, que se trata de vehículos destinados a la recreación como lo son las cuadrimotos y los cuadriciclos, y en el caso del jeep, se trataría de un vehículo de lujo. En consecuencia, no son idóneos para sostener que ellos constituyen un gasto para la empresa y en consecuencia no producen crédito fiscal, lo que sólo ocurriría en caso que el giro del contribuyente fuere venta o arrendamiento de automóviles”, hipótesis que no concurriría en la especie.

      QUINTO: Que, el Servicio de Impuestos Internos ha enfatizado que el contribuyente no tiene declarado giro de ventas de automóviles; ventas de motocicletas ni alquiler de otros equipos de transporte que operen por vías terrestre, ni que el giro habitual de la empresa sea venta o arriendo de vehículos. Por otra parte, sostiene también que el contribuyente nunca desarrolló el giro “Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer”, por lo que no es posible, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, considerar estas adquisiciones como gastos necesarios para producir la renta y otorgar Crédito Fiscal IVA por los vehículos adquiridos y por la cuota de depreciación.

      SEXTO: Que, para dilucidar este intríngulis jurídico los sentenciadores deben tener presente que el Código Tributario dispone normas de derecho estricto en el procedimiento relativo a la liquidación de los impuestos, desde que estas materias se encuentran bajo el prisma absoluto de la legalidad. En este sentido, la norma tributaria dispone en su artículo 21, que: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto”. En el caso de autos, se ha requerido por la entidad fiscalizadora al contribuyente a fin que presente los medios probatorios, especialmente documentales a fin de justificar que la adquisición de vehículos de recreación y de lujo eran indispensables para producir gastos en relación al giro de la empresa, que debemos recordar se refería al movimiento de tierra. La disposición obligaba al contribuyente a establecer la certeza que los vehículos efectivamente eran necesarios para realizar las actividades que el contribuyente señala, desde que, tratándose de vehículos de recreación y uno de lujo, no resultaba del todo creíble la forma y modo que eran utilizados por la empresa del contribuyente. No obstante dichos requerimientos, el reclamante y contribuyente omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 21 del Código Tributario, lo que lleva a concluir desde ya, que erró el a quo al resolver como lo hizo, pues, ni en la parte administrativa y tampoco en la judicial, el reclamante acompañó elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa en los actos de fiscalización, control y vigilancia de las faenas que la empresa realizaba.

      SÉPTIMO: Que, a su vez, la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, expresa en lo relativo al Crédito Fiscal, en su artículo 23: “Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes: 1°.- Dicho crédito será equivalente al impuesto de este Título recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo período. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente dará derecho a crédito el impuesto de este Título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o promesa de venta de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°.” Es decir, para que el contribuyente acceda al Crédito Fiscal es necesario que las operaciones, en el caso de autos sobre los vehículos singularizados, formen parte del Activo Realizable o Activo Fijo, por lo que no se entiende y el contribuyente no lo acreditó, que una empresa cuyo giro es de movimiento de tierras, pudiera tener como Activo Realizable o Activo Fijo, un jeep modelo Evoque, de lujo y una variedad de vehículos menores propios de las actividades recreativas, razones que también conducen a los sentenciadores a estimar que en la apreciación de los hechos el Tribunal Tributario y Aduanero, ha incurrido en un error, al darle a dichos móviles destinos que no corresponden a la naturaleza del giro de la empresa que los adquiere, destino que tampoco fue acreditado en lo administrativo ni en el presente estadio procesal.

      OCTAVO: Que, en este mismo orden de ideas los sentenciadores deben tener presente que la ley sobre Impuesto al Valor Agregado en su artículo 4°, expresa: “No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o el arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”. Claramente, se observa la regla general sobre la materia y la excepción a ella, que se precisa en la situación que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. Ahora bien, para acreditar la habitualidad el legislador tributario lo describe en el Decreto Supremo 55, reglamentario de la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado IVA, en su artículo 4, cuando expresa que para calificar la habitualidad, el Servicio considerará la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas de los bienes corporales muebles de que se trate, y con estos antecedentes determinará si el ánimo que guió al contribuyente fue adquirirlos para su uso, consumo o para la reventa. Debiendo concluir, esta Corte, que el contribuyente no estableció ninguno de los elementos de la habitualidad. En el caso de auto se observa una franciscana orfandad de probanzas al respecto.

      NOVENO: Que, esta Corte, conforme a lo expresado disiente de la afirmación del a quo en el sentido que el ánimo del contribuyente fue arrendar los vehículos y no revenderlos, circunstancia que le permite utilizar el crédito fiscal IVA, producido por las adquisiciones de Activo Fijo, conforme lo dispone el artículo 40 del D.S. N° 55, reglamentario de la Ley de Impuesto Agregado, IVA, pues, dicha hipótesis se opone a lo señalado en el artículo 23 de la ley de Impuesto al Valor Agregado sobre Bienes y Servicios, que señala textualmente en su numeral 4): “No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamiento con o sin opción de compra y adquisición de automóviles, station wagons y similares y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes, según corresponda, salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

      Por otra parte, como también se expresó precedentemente, el contribuyente, no acreditó la circunstancia de excepción señalada en esta misma disposición, es decir, “salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes”.

      DÉCIMO: Que, así las cosas, este Tribunal de Alzada no ha adquirido el convencimiento conforme a lo obrado en el presente juicio y a lo oído en estrados, que el contribuyente Maquinaria Lillo Ltda., se encuentre en la situación a que se refiere el artículo 23 del Decreto Ley 825, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, por lo que deberá decidir en armonía a lo así concluido.

      Por estas consideraciones y visto además, lo prevenido en el Decreto Ley 825, el Decreto Supremo Reglamentario del anterior N° 55, artículos 21, 123 y 139 del Código Tributario y artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

      I.- SE REVOCA la sentencia de autos, en cuanto acogió la reclamación en contra de las liquidaciones N°s 61 a 68 de 04 de febrero de 2014 que rola a fojas 10 y en su lugar se decide que ella queda rechazada, en consecuencia, se rechaza la Reclamación contra la liquidación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos N°s 61 a 68, de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, que rola a fojas 10 de la presente causa.

      II.- No se hace lugar a condenar a la perdedora en costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

      Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Manuel Muñoz Astudillo, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada, en virtud de los siguientes motivos:

      1.- Que, es un asunto pacífico de la causa la circunstancia que las facturas liquidadas por el Servicio de Impuestos internos dan cuenta de la utilización del Impuesto al valor de Bienes y Servicios, conforme a lo preceptuado en los artículos 23 y siguientes del Decreto Ley 825.

      2.- Que, es un hecho de la causa que el contribuyente tiene declarado giro relacionado con la Compra y Venta, arriendo de Maquinarias Industriales y Movimiento de Tierra, y además, Alquiler de Autos y Camionetas sin chofer.

      3.- Que, la circunstancia anteriormente anotada permite, en su amplitud, considerar que el contribuyente reclamante ha incurrido en gastos propios para producir la renta en relación a sus actividades declaradas conforme a los numerales 4 y 5 del artículo 31, del Decreto Ley 824, ello en relación a lo prevenido por el artículo 23 de la ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, IVA.

      4.- Que, a juicio de este disidente, resulta establecida la adquisición de los vehículos señalados en las facturas materia de la liquidación y el propósito de ingresarlos al patrimonio corporativo, no para venderlos sino para los efectos de los giros declarados actividades que fueron puestas oportunamente en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos como requisitos de las actividades iniciadas.

      Regístrese y Devuélvase.

      Redacción del voto de mayoría y de la disidencia del ministro Sr. Manuel Muñoz Astudillo.

      Rol N° 52-2015.-

      PRONUNCIADA POR LA SEXTA SALA integrada por los Ministros Sr. Camilo Álvarez Órdenes, Sr. Manuel Muñoz Astudillo y fiscal judicial Sr. Hernán Rodríguez Cuevas.

     SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:

Santiago, siete de julio de dos mil dieciséis.

      Vistos:

      En estos autos Rol N° 21.372-15 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío, por resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince acogió el reclamo interpuesto por MAQUINARIAS LILLO LTDA., contra las Liquidaciones N°s. 61 a 68 de 4 de febrero de 2014, por concepto de IVA de distintos períodos de los años 2011 y 2012 y Reintegro del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año tributario 2013.

      Apelada esta sentencia, fue revocada por una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción por fallo de uno de septiembre de dos mil quince y, en su lugar, se decide que se rechaza la reclamación contra las Liquidaciones N°s. 61 a 68.

      Contra este último pronunciamiento, la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación a fs. 216.

      Y considerando:

      Primero: Que en el recurso de casación se denuncia la infracción de los artículos 2 N° 2, 8 letra m), y 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825, 4, 39 y 40 del D.S. N° 55, y 31 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

      Expresa, en primer término, que, dado que el giro de la reclamante es el arriendo de vehículos, los que aquélla adquirió están destinados a formar parte de su activo fijo y, por tanto, dan derecho a crédito fiscal.

      Además, “en el peor de los escenarios posibles”, la reclamante vendió esos vehículos, los que son bienes de su activo fijo que habían dado derecho a crédito fiscal, sin que la venta efectuada y gravada de conformidad al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, fuera cuestionada por el Servicio de Impuestos Internos, lo que es contradictorio con las observaciones a su compra.

      Refiere también que la “habitualidad” no forma parte del hecho gravado “servicio” que presta la reclamante, sino sólo del de “venta”.

      Por otra parte, señala que, si bien el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 exceptúa del derecho a crédito fiscal la adquisición de vehículos como los de estos autos, tiene como contra excepción que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. De ese modo, interpretando aquella norma en relación a los artículos 4 y 40 del D.S. N° 55, se colige que la ley no exige habitualidad para tener derecho a crédito fiscal, sino sólo se buscó reafirmar la regla general en materia de crédito fiscal.

      Finalmente, sostiene la infracción del artículo 31 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, porque al destinarse los vehículos al activo fijo de la reclamante, ésta puede rebajar como gasto necesario una cuota de depreciación anual.

      Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se invalide éste y que en el de reemplazo se confirme el fallo de primer grado.

      Segundo: Que la sentencia de segundo grado impugnada, establece en su motivo 6° que el reclamante y contribuyente omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 21 del Código Tributario, pues, ni en la etapa administrativa ni en la judicial, acompañó elementos de juicio suficientes para que los sentenciadores obtuvieran el convencimiento que efectivamente los vehículos adquiridos produjeron gastos para la empresa de movimiento de tierras y fueron herramientas en la gestión de dicha empresa en los actos de fiscalización, control y vigilancia de las faenas que la empresa realizaba.

      En el motivo 7° añade que conforme al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, para que el contribuyente acceda al crédito fiscal es necesario que las operaciones, en el caso de autos sobre los vehículos singularizados, formen parte del activo realizable o activo fijo, por lo que no se entiende y el contribuyente no lo acreditó, que una empresa cuyo giro es de movimiento de tierras, pudiera tener como activo realizable o fijo, un jeep modelo Evoque, de lujo y una variedad de vehículos menores propios de las actividades recreativas. Precisa el fallo que por esas razones el tribunal de primer grado ha incurrido en un error en la apreciación de los hechos, al darle a dichos móviles destinos que no corresponden a la naturaleza del giro de la empresa que los adquiere, destino que tampoco fue acreditado ni en lo administrativo ni ante el órgano jurisdiccional.

      En relación a la habitualidad que demanda el D.L. N° 825 para admitir el crédito fiscal de la compra de los vehículos en cuestión, expresa la sentencia en su basamento 8° que el contribuyente no estableció ninguno de los elementos de la habitualidad que el artículo 4 del D.S. N° 55 expresa para calificar la habitualidad, concluyendo que “En el caso de auto se observa una franciscana orfandad de probanzas al respecto”.

      Por otra parte, el motivo 9° del fallo refiere que se disiente de la afirmación del a quo en el sentido que el ánimo del contribuyente fue arrendar los vehículos y no revenderlos, circunstancia que le permite utilizar el crédito fiscal IVA producido por las adquisiciones de activo fijo, conforme lo dispone el artículo 40 del D.S. N° 55, pues dicha hipótesis se opone a lo señalado en el artículo 23 N° 4 D.L. N° 825. Además, el contribuyente no acreditó la circunstancia de excepción señalada en esta misma disposición, es decir, “salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes”.

      De esa manera, se concluye en el considerando 10° que no se ha adquirido el convencimiento que la contribuyente se encuentre en la situación a que se refiere el artículo 23 del D.L. N° 825.

      Tercero: Que como se ha expuesto, el arbitrio en estudio se sustenta básicamente en el hecho de que uno de los giros de la reclamante es el de arriendo de autos y camionetas sin chofer, de lo que se derivaría que los vehículos adquiridos y cuestionados por el Servicio, pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante y, por ende, de conformidad al artículo 23 N° 1 del D.L. N° 825, ésta tiene derecho al crédito fiscal recargado en las facturas de compra, no obstante la falta de habitualidad en esa actividad de arriendo que sólo aparentemente demandaría el N° 4 del mismo artículo 23.

      Pues bien, una atenta lectura del fallo atacado demuestra que éste no asienta que el giro de la reclamante, o uno de ellos, sea el de alquiler de autos y camionetas sin chofer, ni siquiera que sea el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que, huelga señalar, la mera consignación de un giro ante ese organismo no satisface el extremo que el artículo 23 N° 4 del D.L. N° 825 demanda para tener derecho a crédito fiscal en la adquisición de “automóviles, station wagons y similares”, esto es, que el giro o actividad habitual del contribuyente “sea” la venta o el arrendamiento de dichos bienes. Es decir, la norma, con claridad meridiana, demanda ejercer realmente el giro declarado, circunstancia que la sentencia no ha tenido por cierta y que correspondía a la contribuyente demostrar conforme al artículo 21 del Código Tributario, sin que, en ese orden, en el recurso se arguya que a tal conclusión se arribó por los jueces de la instancia con infracción de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterarla en esta sede de casación.

      Así entonces, al no tenerse por cierto un ejercicio verdadero del giro alegado en el recurso, no ha podido considerarse que los vehículos pasaron a formar parte del activo fijo de la reclamante con el objeto de desarrollar esa actividad y, por consiguiente, no ha errado el fallo en estudio en la aplicación del artículo 23 N°s. 1 y 4 del D.L. N° 825 al confirmar las liquidaciones reclamadas que rechazan el crédito fiscal por la adquisición de esos móviles.

      El aserto anterior, hace innecesario ahondar en las otras infracciones alegadas a las demás normas del D.L. N° 825 y su reglamento, relativas a la “habitualidad” del alquiler de los vehículos cuya destinación al giro de la reclamante se objetó, sin perjuicio de compartir esta Corte lo razonado por la sentencia en examen en su motivo 8° sobre este asunto. Por lo dicho resulta igualmente innecesario el estudio de lo concerniente al artículo 8 letra m) del D.L. N° 825, al basarse este precepto en el mismo supuesto que aquí no se ha dado por concurrente, a saber, que los bienes corporales muebles vendidos formen parte del activo fijo de la empresa.

      Finalmente, necesario corolario de lo que se ha venido discurriendo, al no demostrarse que el “giro habitual” de la reclamante es la “adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares”, requisito que el artículo 31, inciso 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta impone para poder deducir de la renta bruta los gastos incurridos en relación a ese tipo de vehículos, no cabe sino descartar la infracción por la sentencia del artículo 31 N° 5 del mismo texto por confirmar las liquidaciones en cuanto éstas rechazan la deducción como gasto de la cuota de depreciación anual por esos bienes.

      Cuarto: Que, atendido lo que se ha venido razonando y por no haberse demostrado los errores de derecho denunciados con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.

      En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 145 del Código Tributario, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 192, en representación de la contribuyente MAQUINARIAS LILLO LTDA., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el uno de septiembre de dos mil quince, escrita a fojas 156 y ss.

      Acordada contra el voto del abogado integrante señor Rodríguez, únicamente en cuanto se condena en costas a la recurrente, toda vez que, a pesar de no compartir los argumentos del recurso, en todo caso, no advierte ningún exceso en el ejercicio de su derecho de petición que le garantiza el artículo 19, N° 14°, de la Constitución Política de la República, que amerite imponerle esta carga.

      Regístrese y devuélvase con sus agregados en su caso.

      Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas y de la disidencia, su autor.

      Rol N° 21.372-2015.-

      Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Juan Eduardo Fuentes B., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Jaime Rodríguez E


Alan Emilio Matos Barzola

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II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable

Jurisprudencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional: Impuesto a la Renta, presenta distintas características, así como, un sistema de cálculo y deducciones propio para llegar a la RENTA NETA

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Alan Emilio en Arequipa. Abril 2017

Dada la coyuntura resulta trascendente informar (dado que al parecer muchos no leen, no han leido, no les da la gana de leer, o simplemente no están enterados o no les han enseñado) que el Tribunal Constitucional ya evaluó la constitucionalidad del cálculo del Impuesto a la Renta en el Perú, que se efectúa sobre la RENTA NETA, lo cual no tiene efecto confiscatorio alguno y goza de plena legitimidad.

Lo expuesto encuentra contenido en el Fundamento 20 de la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional peruano en el proceso constitucional seguido en Leer más de esta entrada

Informe 024-2017-SUNAT Impuesto retenido en el exterior con ocasión del reparto o distribución de utilidades constituye crédito contra el Impuesto a la Renta

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Alan Emilio en Tacna. 2017

INFORME N.° 024-2017-SUNAT/5D0000

MATERIA:
Se plantea el supuesto de una empresa domiciliada en el Perú que tiene una sucursal en otro país(1), a través de la cual obtiene utilidades que son enviadas al Perú, que constituyen para aquella rentas de fuente extranjera gravadas con el impuesto a la renta en este país; y que son objeto de retención del impuesto a la renta en el exterior -en el país donde se ha establecido dicha sucursal-.

Al respecto, se consulta si tal impuesto que es retenido en el exterior(2), con ocasión del reparto o distribución de utilidades a la empresa domiciliada en el Perú a la que pertenece dicha sucursal, constituye crédito contra el impuesto a la renta que determine aquella empresa.

BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004 y normas modificatorias (en adelante, “la LIR”).
– Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y nor mas modificatorias (en adelante, “el Reglamento”).

CONCLUSIÓN:
En el supuesto de una empresa domiciliada en el Perú que tiene una sucursal en otro país, a través de la cual obtiene utilidades que son enviadas al Perú, que constituyen para aquella rentas de fuente extranjera gravadas con el impuesto a la renta en este país; y que son objeto de retención del impuesto a la renta en el país donde se ha establecido dicha sucursal; el impuesto así retenido en el exterior con ocasión del reparto o distribución de las utilidades a la empresa domiciliada en el Perú a la que pertenece dicha sucursal, constituye crédito contra el impuesto a la renta que determine aquella empresa en el Perú; estando sujeto a los límites y condiciones para su procedencia señalados en el inciso e) del artículo 88° de la LIR y en el artículo 58° del Reglamento.

El informe completo puede ser descargado en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i024-2017.pdf

Breve comentario: Dicho impuesto retenido en el exterior podrá ser utilizado como crédito contra el Impuesto a la Renta Peruano en el ejercicio en que se reconoce tal renta en el Perú, por lo que si fue pagado con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta (peruano) por el ejercicio correspondiente, no podrá compensarse en ese ejercicio ni en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna; no obstante, de haberse pagado con posterioridad al mencionado plazo, constituirá gasto deducible para la determinación de la renta neta de fuente extranjera de la empresa domiciliada en el país.

Alan Emilio Matos Barzola

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II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable

Informe 036-2017-SUNAT Dividendos otorgados por los contribuyentes comprendidos en las Leyes 27037, 27360, 29482 y 27688 y el Decreto Supremo N.° 112-97-EF continúan siendo 4.1%

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Alan Emilio en Iquitos, Loreto. Abril 2017

INFORME N.° 036-2017-SUNAT/5D0000

MATERIA:
Se consulta si la tasa del impuesto a la renta aplicable a los dividendos y otras formas de distribución de utilidades otorgados por los contribuyentes comprendidos en los alcances de las Leyes N.os 27037, 27360, 29482 y 27688 y el Decreto Supremo N.° 112-97-EF, a favor de person as naturales y jurídicas no domiciliadas continúa rigiéndose por lo dispuesto en la décima disposición complementaria final (DCF) de la Ley N.° 30296 o po r el artículo 52°-A de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo N.° 1261.

BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004 y normas modificatorias (en adelante, “la LIR”).

– Ley N.° 30296, Ley que promueve la reactivación d e la economía, publicada el 31.12.2014

CONCLUSIÓN: La tasa del impuesto a la renta aplicable a los dividendos y otras formas de distribución de utilidades otorgados por los contribuyentes comprendidos en los alcances de las Leyes N.os 27037, 27360, 29482 y 27688 y el Decreto Supremo N.° 112-97-EF, a favor de personas naturales y jurí dicas no domiciliadas continúa rigiéndose por lo dispuesto en la décima DCF de la Ley N.° 30296.

El contenido completo del informe puede ser descargado en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i036-2017.pdf

Breve comentario: Cabe resaltar que el Decreto Legislativo 1261, vigente a partir del 01 de enero del 2017, modificó el inciso a) del artículo 54° y el inciso e) del artículo 56° de la LIR, estableciendo que las personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el país y las personas jurídicas no domiciliadas están afectas con la tasa del 5% del impuesto a la renta cuando reciban dividendos y otras formas de distribución de utilidades.

Alan Emilio Matos Barzola

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II Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable

Informe 039-2017-SUNAT sobre Registro de Inventario Permanente Valorizado llevado mediante PLE

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Alan Emilio en Arequipa. Abril 2017

INFORME N° 039-2017-SUNAT/5D0000

MATERIA:
Tratándose de empresas que aplican el “sistema de costo estándar” y el “método de valuación del costo promedio”, se consulta lo siguiente respecto del Registro de Inventario Permanente Valorizado (RIPV) llevado de manera electrónica mediante el Programa de Libros Electrónicos (PLE):

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

1. ¿Se debe consignar en este, información de acuerdo a las normas contables o conforme a la normativa del impuesto a la renta?
2. ¿Qué se entiende por costo unitario del bien ingresado, a que hace referencia el RIPV? Esto es, ¿debe coincidir con el costo real consignado en el comprobante de pago de adquisición o puede ser el determinado conforme al sistema de costo estándar?
3. ¿El costo unitario del bien retirado así como del saldo final debe determinarse conforme al método adoptado antes señalado o puede considerarse el costo estándar?

BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004 y normas modificatorias (en adelante, la LIR).
– Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y nor mas modificatorias (en adelante, Reglamento de la LIR).
– Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT , publicada el 31.12.2009 y normas modificatorias, que dictó disposiciones para la implementación de llevado de determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica (en adelante, la R.S. N.° 286-2009/SUNAT).

CONCLUSIONES:

Tratándose de empresas que aplican el “sistema del costo estándar” y el “método de valuación del costo promedio”, en el RIPV llevado de manera electrónica mediante el PLE:

1. Se deberá consignar la información conforme a la normativa del impuesto a la renta de acuerdo con la estructura establecida en la R.S. N.° 286- 2009/SUNAT.

2. El costo unitario del bien ingresado es aquel que corresponde al costo de adquisición, así como los demás costos incurridos con motivo de su compra, tales como fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, entre otros, según el(los) comprobante(s) de pago respectivo(s); no correspondiendo utilizar el costo estándar como costo unitario del bien ingresado.

3. El costo unitario del bien retirado así como del saldo final es aquel que resulta de los cálculos o fórmula aritmética propios del método del promedio; por lo que no cabe utilizar el costo estándar como costo unitario del bien retirado o del saldo final.

Breve comentario: SUNAT resalta que el Plan Contable General vigente en el país es el Plan Contable General Empresarial (PCGE), y con relación a los Activos del Elemento 2, vinculado a inventario y existencias, brinda las siguientes indicaciones en el rubro de reconocimiento y medición:

a) Con relación a la Cuenta 20 – Mercaderías, el ingreso se registra al costo de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que las mercaderías tengan su condición y ubicación actuales.

b) Con relación a la Cuenta 24 – Materias Primas, el ingreso se registra al costo atribuible a la adquisición, hasta que estén disponibles para ser utilizadas en el objeto del negocio relacionado.

c) Con relación a la Cuenta 25 – Materiales auxiliares, suministros y repuestos, los bienes clasificados en esta cuenta se reconocen a su costo de adquisición, que incluye todos los costos necesarios para darle su condición y ubicación actual.

d) Con relación a la Cuenta 26 – Envases y embalajes, el ingreso se registra al costo de adquisición, que incluye los costos necesarios para darles su condición y ubicación actual.

Siendo que en estos casos, el PGCE refiere (en el mismo rubro de cada ítem antes señalado) que la salida se reconoce de acuerdo con las fórmulas de coste, entre las cuales se encuentra la del promedio.

El informe de la SUNAT completo puede ser descargado en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i039-2017.pdf

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Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Informe 020-2017-SUNAT sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica

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Alan Emilio en Arequipa. Abril 2017

INFORME N.° 020-2017-SUNAT/5D0000

MATERIA:
En relación con la Ley N.° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (en adelante, I+D+i), se formula las siguientes consultas:

1. En el caso de que las empresas reciban el financiamiento parcial de los proyectos de I+D+i por parte de entidades estatales o terceros, ¿dicho aporte parcial debe ser considerado como ingreso para efectos del impuesto a la renta?

2. En el supuesto de que como parte del proyecto se realicen gastos y también se adquieran o construyan activos:

a) ¿Cuál sería el tratamiento tributario de dichos activos?
b) ¿Cuál sería el tratamiento tributario de tales activos en el supuesto de que se adquieran o construyan con el financiamiento parcial de entidades estatales o terceros?

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

BASE LEGAL:
– Ley N.° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, publicada el 13.3.2015.
– Reglamento de la Ley N.° 30309, Decreto Supremo N.° 188-2015-EF, publicado el 12.7.2015.
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, la LIR).
– Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en adelante, el Reglamento de la LIR).

CONCLUSIONES:
En relación con la Ley N.° 30309:
1. En el caso de que las empresas reciban financiamiento parcial en los proyectos I+D+i por parte de entidades estatales o terceros, dicho aporte será considerado como ingreso afecto al impuesto a la renta para aquellas, siempre que se encuentre comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1° de la LIR, lo cual deberá determinarse en cada caso en concreto.

2. Los activos que se adquieran o construyan como parte de proyectos de I+D+i, afectados directamente al desarrollo de tales proyectos, podrán ser depreciados o amortizados (según se trate de activos fijos o activos intangibles), correspondiéndoles la deducción adicional del 75% o 50% que otorga la Ley N.° 30309 (según corresponda) en tanto el contribuyente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3° de dicha ley, no siendo deducibles los gastos que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada.

3. El tratamiento tributario a que se alude en el numeral precedente resulta de aplicación incluso en el supuesto de que las empresas reciban financiamiento parcial en los proyectos de I+D+i por parte de entidades estatales o terceros, y que dicho financiamiento se destine a la adquisición o construcción de activos afectados a tales actividades.

El Informe de la SUNAT completo puede ser descargado en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i020-2017.pdf

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Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Informe 038-2017-SUNAT reconocimiento tributario de los ingresos provenientes de Contrato de Concesión Cofinanciado y la CINIIF 2

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Alan Emilio en Arequipa. Abril 2017

INFORME N° 038-2017-SUNAT/5D0000

MATERIA: Se plantea el supuesto de un contrato de concesión cofinanciado, suscrito al amparo del Texto Único Ordenado (TUO) de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 059-96-PCM, por el que el concesionario(1) construye o mejora la infraestructura (servicios de construcción(2) ) utilizada para proporcionar un servicio público, y la opera y mantiene (servicios de operación) durante un periodo de tiempo determinado, y cuyas contraprestaciones se han especificado y determinado independientemente una de la otra. Al respecto, se consulta si para el reconocimiento tributario de los ingresos provenientes de tales actividades el concesionario debe considerar el proyecto objeto de dicho contrato de manera integral o por cada tipo de servicio, de forma autónoma e independiente, según lo pactado en dicho contrato(3) .

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

BASE LEGAL:

– TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, “LIR”).

– Reglamento de la LIR, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias.

– TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo N.° 059-96-PCM, publicado el 27.12.1996 y normas modificatorias, antes de su derogación por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1224 (en adelante, “Ley de Concesiones”).

– Reglamento de la Ley de Concesiones, aprobado por Decreto Supremo N.° 060-96-PCM, publicado el 28.12.1996 y normas modificatorias, antes de su derogación por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Supremo N.° 410-2015-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1224, publicado el 27.12.2015. – Decreto Supremo N.° 108-2006-EF, que dicta normas relativas al Reglamento de la Ley de Concesiones respecto a la naturaleza de las concesiones y el cofinanciamiento del Estado, publicado el 11.7.2006.

– Interpretación a las Normas Internacionales de Información Financiera 12 – Acuerdos de Concesión de Servicios, oficializada por la Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N.° 055-2014-EF/30, publicada el 26.7.2014, (en adelante, CINIIF 12).

CONCLUSIÓN: En el supuesto de un contrato de concesión cofinanciado, suscrito al amparo de la Ley de Concesiones, por el que el concesionario, que tiene la construcción como actividad, presta servicios de construcción que involucran la ejecución de obras cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable, y, además, presta servicios de operación del servicio público que utiliza la infraestructura por él construida, durante un periodo de tiempo determinado, el reconocimiento tributario de los ingresos provenientes de tales actividades debe efectuarse en forma independiente una de la otra, considerando lo dispuesto en los artículos 57° y 63° de la LIR, según sea el caso.

Comentario breve:

Cabe resaltar que la SUNAT manifiesta que el artículo 10° de la Ley N.° 28708(11) señala que compete al Consejo Normativo de Contabilidad, entre otras, emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para entidades del sector privado. Tal es el caso de la CINIIF 12, que proporciona guías para la contabilización de los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador privado (párrafo 4); y establece principios generales de reconocimiento y medición de las obligaciones y derechos relacionados en los acuerdos de concesión de servicios (párrafo 10).

Así, el párrafo 15 de dicha CINIIF establece que si el operador proporciona servicios de construcción o de mejora, la contraprestación recibida o a recibir por dicho operador se reconocerá por su valor razonable; y que la contraprestación puede consistir en derechos sobre: (a) un activo financiero, o (b) un activo intangible. Además, dicha CINIIF identifica dos tipos de servicios en aquella clase de acuerdos: por un lado, los servicios de construcción o mejora, y, de otro, los servicios de operación (párrafo 12); siendo que, tratándose del primero, el operador debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de construcción o de mejora de acuerdo con la NIC 11 (Contratos de Construcción); en tanto que tratándose del segundo, el operador debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con tales servicios de operación de acuerdo con la NIC 18 (párrafo 20).

Debe tenerse en cuenta que las NIIF (CINIIF, SIC, NIC y NIIF) son normas habilitadas e interiorizadas en el ordenamiento jurídico peruano.

El informe de la SUNAT puede ser descargado directamente en el siguiente enlace web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i038-2017.pdf

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Iquitos

ÚLTIMOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

Ciudad de MAYNAS – LORETO
Sábado, 29 de abril de 2017
Gracias a todos ustedes amigos de Loreto, un fuerte abrazo y mi agradecimiento por su asistencia.

Lugar del evento: COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Calle Echenique N° 451, Iquitos

Informes e inscripciones en Iquitos:

Teléfono:  (065)500548
Celulares: 965904601 / 965934668 / RPM #992694741 / 937403809 / 95590669
Dirección: Calle Callao N° 346, Iquitos.
Luego de haberse publicado los diferentes cambios tributarios vinculados sobre todo al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, y Código Tributario, se han ido emitiendo diversas normas cuya necesidad de integración coherente resulta vital para una mejor gestión de las empresas y negocios, de tal manera que no se produzcan sustanciales contingencias en los negocios, además de permitir establecer previsiones tanto para las personas naturales por la generación de sus rentas del trabajo, como respecto de las personas jurídicas que empiezan una nueva gestión, pudiendo acogerse por ejemplo al nuevo Régimen MYPE Tributario cuya esencia se encuentra en determinar apropiadamente la “renta neta”. En ese mismo sentido, se van a exponer las situaciones controvertidas que se han ido detectado y que permitirán a los participantes conocer a mayor profundidad el panorama que expone el marco tributario vigente a partir del 1 de enero de 2017. Por tal sentido, el presente evento se basará en la casuística desarrollada para mayor comprensión de estos cambios.

Temario del Seminario del 29 de abril 2017:

1.   Análisis de las principales operaciones empresariales que se desarrollan en Loreto.

2.   Nuevo tratamiento tributario de las personas naturales. Renta del Trabajo.

3.   Conozca las nuevas deducciones que se pueden incorporar en la tributación de personas naturales.

4.   Nuevo Régimen MYPE Tributario. Análisis en torno al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, a la
Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía (Ley 27037).

5.   Renta neta en el Regímen MYPE Tributario.

6.   Operaciones vinculadas con el IGV, Reintegro Tributario del IGV y casos especiales.

7.   Consideraciones tributarias en casos de inundaciones, desastres, y otras contingencias tributarias.

8.   Operaciones reales en el sector maderero.

9.   Operaciones relacionadas a los sectores construcción, petróleo y combustibles.

10. Últimos pronunciamientos en materia tributaria relevantes para la zona de Amazonía.
Expositor: ALAN EMILIO MATOS BARZOLA
Experto en material procesal ante la Sunat, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Expositor experto en materia tributario-contable a nivel nacional (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal). Ha sido profesional especializado en Derecho Tributario (2012-2016) en la Procuraduría Pública de la Sunat en los casos de Megapricos Nacionales y Pricos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros. Ha sido asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, y otras entidades. Expositor en la XX Convención Nacional de Tributación – Tributa 2014, organizado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, La Libertad). Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 10 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Loreto, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cuzco, Arequipa, Ilo, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco).

Informes e inscripciones en Iquitos:

Teléfono:  (065)500548
Celulares: 965904601 / 965934668 / RPM #992694741 / 937403809 / 95590669
Dirección: Calle Callao N° 346, Iquitos.

RTF 02486-4-2017 de Observancia Obligatoria: Procede modificar mediante la DDJJ rectificatoria la opción referida al destino del saldo a favor del Impuesto a la Renta consignado en la declaración jurada anual

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Alan Emilio en Piura 2017

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria

Mediante Resolución RTF N° 02486-4-2017, de fecha 21 de marzo del 2017 pero publicada el sábado 08 de abril del 2017, el Tribunal Fiscal establece el siguiente Precedente de Observancia Obligatoria luego de haber debatido tres posiciones, habiéndose adoptada la segunda opción en virtud del Acuerdo de Reunión de Sala Plena N° 2017-03 del 24 de febrero del 2017:

Procede modificar mediante declaración jurada rectificatoria la opción referida al destino del saldo a favor del Impuesto a la Renta consignado en la declaración jurada anual. En tal sentido, si se eligió la opción de compensación contra los pagos a cuenta del referido impuesto, puede modificarse ésta para pedir la devolución del saldo no compensado. Asimismo, si se eligió la opción de devolución, puede modificarse ésta para que el saldo que no ha sido materia de devolución sea compensado contra los pagos a cuenta. Ello procederá en la medida que la declaración jurada rectificatoria surta efectos conforme con el artículo 88 del Código Tributario“.

Cabe resaltar que el Tribunal Fiscal en esta RTF N° 2486-4-2017 también resalta en su contenido que NO PROCEDERÁ LA MODIFICACIÓN DE LA OPCIÓN REFERIDA AL DESTINO DEL SALDO A FAVOR INICIALMENTE ADOPTADA CUANDO DICHO SALDO NO EXISTA O YA HAYA SIDO MATERIA DE COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN, según corresponda.

Asimismo, el Tribunal Fiscal resalta que la Administración Tributaria (SUNAT) tiene la facultad de fiscalizar a los contribuyentes a fin de determinar la existencia de deuda tributaria o saldo a favor. En tal sentido, EL HECHO DE MODIFICAR LA OPCIÓN ELEGIDA NO IMPIDE que la Administración FISCALICE al contribuyente y determine, por ejemplo, la existencia y cuantía del saldo existente, si su arrastre ha sido correcto y si correspondía alguna devolución.

La RTF de Observancia Obligatoria puede ser descargada directamente en el siguiente enlace web: RTF 02486-4-2017 Alan Emilio Matos Barzola

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Programa de Especialización en “Asistente Tributario” Inicio 22 de abril 2017 PRESENCIAL Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL 

Iquitos, Loreto 29 de abril 2017 Últimos cambios en la Legislación Tributaria