Ecuador: Corte Nacional de Justicia dicta Jurisprudencia Vinculante 2016 sobre Gastos Deducibles para el Impuesto a la Renta NO EXISTEN LAS FÁBULAS NI SE DEBE ASUMIR LOCAS ILUSIONES PARA DEDUCIR GASTOS

 

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Alan Emilio en Piura. Febrero 2017

RESOLUCIÓN No. 07-2016 Suplemento 1 del Registro Oficial 894, de 1 de diciembre del 2016 PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO GASTO DEDUCIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
Esta Sala Especializada en sus múltiples fallos que contienen el mismo criterio reiterado relacionado con la deducibilidad formal – material del gasto, ha dejado en claro que para concebir la secuencia material que justifica el gasto y por consiguiente la calidad de deducible, debe contarse con el círculo contable completo, esto es la verificación de la fuente de la obligación de donde se presume se obtuvieron los comprobantes de venta, retención, complementarios, la forma de pago y la acreditación en cuenta en favor del beneficiario, la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya llevado a cabo la transferencia del bien o la realización del servicio; comprendiéndose que si llegase a faltar algún documento de los descritos anteriormente, no se podrá suplir con ningún otro, puesto que, tanto el manejo de la contabilidad como sus documentos fuente, requieren de cierta estrictez para que la misma pueda ser el fiel reflejo de la actividad económica y mucho más si se pretende el beneficio de la deducibilidad del gasto que reduce el pago del impuesto debido. Es más, ningún documento de los determinados dentro del ciclo contable constituyen una mera formalidad que puedan obviarse sino todo lo contrario, puesto que son una parte importante para la configuración de la veracidad del hecho económico y que sólo así se puede vincular en forma razonada con la generación de los ingresos gravados. También, es de vital importancia establecer la veracidad de la existencia económica de las transacciones realizadas como justificativos del gasto, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 10 Ley de Régimen Tributario Interno, que manifiesta que se deducirán los costos y gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren exentos, siempre que los mismos cuenten con los debidos respaldado de comprobantes de venta, retención y complementarios que cumplan con los requisitos legales establecidos para el efecto; sin embargo al señalar que son gastos para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana amerita establecer el alcance de esta disposición legal aplicada en los casos concretos. De ahí surge entonces la inquietud de determinar el alcance de la citada norma jurídica para establecer ¿Cuáles son las condiciones que deben ser observadas para que un gasto sea considerado como deducible además de los requisitos formales?. Entonces, es importante contestar a esta interrogante en el sentido de que en el proceso judicial se tendrá que analizar la verdadera esencia y naturaleza económica para comprobar la real existencia de las transacciones, no sólo por medio de los comprobantes de venta, retención y complementarios que en primera instancia transparentan el intercambio económico y por tanto coadyuvan a la confirmación de la realización del hecho económico, los cuales deben de manera imprescindible determinar y contemplar los requisitos legales que la norma jurídica ha señalado para el efecto, sino también se debe verificar la secuencialidad material del mismo y su vinculación con los ingresos gravados, dando cumplimiento a cabalidad con el círculo contable completo, descrito en líneas anteriores.

RESUELVE:

Artículo 1.- Atender la solicitud de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia y por tanto aprobar el informe técnico, remitido por la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia.

Art. 2.- Ratificar el criterio jurídico reiterado de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, expuesto en la doctrina jurisprudencial que se detalla a continuación: a) Proceso Nro. 520-2012, emitido el 29 de noviembre de 2013, a las 10h55, b) Proceso Nro. 144-2012, dictado el 16 de abril de 2014, a las 09h40, c) Proceso Nro. 382-2012, emitido el 28 de julio de 2014, a las 11h15, d) Proceso Nro. 181-2013, dictado el 31 de julio de 2014, a las 11h30, e) Proceso Nro. 248-2012, dictado el 31 de julio de 2014, a las 15h40, f) Proceso Nro. 409-2013, emitido el 28 de mayo de 2015, a las 10h07, g) Proceso Nro. 378-2014, dictado el 15 de enero de 2016, a las 11h23, h) Proceso Nro. 634-2014, dictado el 14 de junio de 2016, a las 10h06.

Art. 3.- DECLARAR COMO JURISPRUDENCIA VINCULANTE, el siguiente punto de derecho:

“Para que un gasto sea considerado como deducible a efecto del cálculo del Impuesto a la Renta, se debe tener en cuenta que, además del cumplimiento de los requisitos formales, debe tener una secuencialidad formal – material, demostrándose sustentadamente a través de la emisión de los comprobantes de venta, retención y complementarios, forma de pago, acreditación en cuenta en favor del beneficiario y la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o que se haya prestado el servicio”, reiterado en las sentencias que se detallan en el numeral anterior.; y en tal virtud declarar que CONSTITUYE PRECEDENTE OBLIGATORIO a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el Registro Oficial.

 

Art. 4.- Publíquese en el Registro Oficial.

Art. 5.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia, remita copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial y Gaceta Judicial para su inmediata publicación.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez,
Dra. María Rosa Merchán Larrea, Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo (V.C.), Dra. María
del Carmen Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar, Dr. Wilson
Andino Reinoso, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel (V.C.), Dra. Gladys Terán
Sierra, Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana
María Crespo Santos, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado,
Ab. Cynthia Guerrero Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y
JUEZAS NACIONALES; Dr. Marco Maldonado Castro, Dr. Juan Montero
Chávez (V.C.), CON JUEZ NACIONAL.

Dra. Isabel Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL

Descargar la jurisprudencia vinculante ecuatoriana 2016 en el siguiente enlace web: 16-07-triple-reiteracion-gasto-deducible-calculo-impuesto-a-la-renta

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

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Argentina: Decreto 1246/2016 No se considerarán gastos necesarios las erogaciones vinculadas con la comisión de delitos NO HAY CAUSALIDAD AMPLIA NI LIBERTINA

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Alan Emilio en Lima. Febrero 2017

Decreto 1246/2016 Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

Buenos Aires, 07/12/2016

VISTO la “Convención sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” suscripta en Paris, República Francesa, el 17 de diciembre de 1997, aprobada por la Ley N° 25.319, la Recomendación Revisada sobre la Lucha contra el Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 23 de mayo de 1997 y la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que uno de los objetivos principales de dicha Convención y de su Recomendación Revisada —aludida como antecedente en el Preámbulo de aquélla— es poner fin a la pretensión de considerar los importes erogados en concepto de pagos por cohecho a funcionarios públicos extranjeros, como un gasto impositivamente deducible.

Que en el año 2009 el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó a todos los Estados firmantes de la “Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” que debe estar expresamente prohibida la deducción fiscal de los pagos o gastos que los contribuyentes hayan efectuado que encuadren dentro de conductas penalmente reprochables. Ello sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que puedan llevarse a cabo por las autoridades competentes.

Que el Artículo 258 bis del Código Penal Argentino tipifica y penaliza la figura de cohecho de funcionarios públicos extranjeros o de una organización pública internacional, sancionando con pena de reclusión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública a quienes, directa o indirectamente, ofrecieren u otorgaren a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Que en el derecho tributario de la REPÚBLICA ARGENTINA no está permitida, ni expresa ni implícitamente, la deducción en el balance impositivo de los pagos realizados en el marco del delito de cohecho a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, o de los llamados “pequeños pagos de facilitación”.

Que si bien el sistema legal tributario, como regla general no admite este tipo de deducciones, lo cierto es que la participación activa y el compromiso asumido por nuestro país en Foros Internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y particularmente en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Fiscales y otros Delitos, así como en el Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de dicho Organismo Internacional, recomiendan que se dicten normas con la finalidad de homogeneizar los distintos plexos normativos y facilitar así el trabajo integrado de las Administraciones Tributarias, en las cuales se contemple expresamente la no deducibilidad de las referidas erogaciones.

Que la adopción de la iniciativa propiciada se corresponde con la legislación ya dictada en la materia, revistiendo la misma carácter aclaratorio.

Que en orden a lo señalado en los considerandos precedentes, se estima conveniente adecuar la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprobada por el Artículo 1º del Decreto N° 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Modifícase la Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el Artículo 1° del Decreto N° 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios, en la forma que se indica a continuación:
– Incorpórase como Artículo sin número a continuación del Artículo 116, con su correspondiente título, el siguiente:

Pagos por cohecho a funcionarios públicos extranjeros
ARTÍCULO ….- A los efectos del Artículo 80 de la Ley, no se considerarán gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, las erogaciones generadas o vinculadas con la comisión del delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales, resultando improcedente su deducción.”.

ARTÍCULO 2° — Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

— MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay.

Fecha de publicación 12/12/2016

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/

Breve comentario: No existe base para sustentar la deducibilidad de estos conceptos o erogaciones, sin embargo para los “románticos de la tributación que odian a las NIIF” si se debería aceptar por “causalidad amplia” YA SE DAN CUENTA DEL QUILOMBO CHÉ, no sean giles pibes.

Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Trujillo 04 de marzo 2017 Curso de Reforma Tributaria

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Trujillo 04 de marzo del 2017

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Decreto Supremo 026-2017-EF Reglamento de Ley 30524 IGV Justo

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Alan Emilio en Piura. Febrero 2017

Decreto Supremo Nº 026-2017-EF  Aprueban Normas Reglamentarias de la Ley N° 30524 que establece la prórroga del pago del Impuesto General a las Ventas para la Micro y Pequeña Empresa 

Aprueban normas reglamentarias de la Ley N° 30524 que establece la prórroga del pago del Impuesto General a las Ventas para la Micro y Pequeña Empresa

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Ley N.° 30524 modificó el artículo 30° de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias, a fin de establecer que las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar el pago del impuesto general a las ventas (IGV) por tres meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, agregando que la postergación no genera intereses moratorios ni multas;

Que además, el artículo 3 de la referida ley prevé los casos en que las MYPE no estarán comprendidas en sus alcances;

Que el artículo 6 de la mencionada ley dispone que mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictarán las normas reglamentarias necesarias para su aplicación;

Que resulta necesario modificar el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 029-94-EF y normas modificatorias, con el objeto de aprobar las normas reglamentarias para implementar la prórroga del pago del IGV a que se refiere la Ley N.° 30524;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del plazo de pago del impuesto general a las ventas para la micro y pequeña empresa
Incorpórase como numeral 3 del artículo 8° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 29-94-EF y normas modificatorias, el siguiente texto:

“3. PRÓRROGA DEL PLAZO DE PAGO DEL IMPUESTO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

3.1 Definiciones

Para efecto del presente numeral se entiende por:

a) Fecha de acogimiento : A la fecha en que la MYPE ejerce la opción de prorrogar el plazo de pago original del Impuesto, con la presentación de la declaración jurada
mensual.

b) Fecha de vencimiento : A la fecha de vencimiento que corresponda a cada periodo tributario, de acuerdo al cronograma para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual que aprueba la SUNAT.

c) Fecha límite de regularización : Al día noventa (90) contado en sentido inverso, en días calendario, desde el día anterior a la fecha de acogimiento.

d) Ley : A la Ley N° 30524, Ley de prórroga del pago del impuesto general a las ventas para la micro y pequeña empresa.

e) MYPE : A la empresa, persona natural o jurídica, con ventas anuales hasta 1700 UIT.

Las ventas anuales se calculan sumando, respecto de los últimos doce (12) periodos anteriores a aquel por el que se ejerce la opción de prórroga, según el régimen tributario en que se hubiera encontrado la empresa en dichos periodos, lo siguiente:

i) Los ingresos netos obtenidos en el mes, en base a los cuales se calculan los pagos a cuenta del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del impuesto a la renta.

ii) Los ingresos netos mensuales provenientes de las rentas de tercera categoría, en base a los cuales se calcula la cuota mensual del Régimen Especial del impuesto a la renta.

iii) Los ingresos brutos mensuales, en base a los cuales se ubica la categoría que corresponde a los sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado.

En caso que la empresa tenga menos de doce (12) periodos de actividad económica, se consideran todos los periodos desde que inició esta. Si la empresa recién inicia sus actividades, no le es exigible que cumpla con el límite de ventas anuales.

Se considera la UIT vigente en el periodo anterior a aquel por el que se ejerce la opción de prórroga.

f) Obligaciones tributarias : A los siguientes conceptos:

i) Impuesto.
ii) Pagos a cuenta del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del impuesto a la renta.

iii) Pagos mensuales del Régimen Especial del impuesto a la renta.

g) Plazo de pago original : Al plazo para efectuar el pago del Impuesto previsto en las normas del Código Tributario.

h) UIT : A la Unidad Impositiva Tributaria.

3.2 Para la aplicación de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 30° del Decreto, se considera lo siguiente:

3.2.1 Sujetos comprendidos

a) Solo puede optar por prorrogar el plazo de pago original la MYPE que no se encuentre en ninguno de los supuestos del artículo 3 de la Ley.

b) Los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley se verifican el último día calendario del periodo por el que se ejerce la opción de prórroga.

Tratándose del supuesto descrito en el numeral iv) de dicho artículo se aplica, además, lo siguiente:

i) Se evalúan los últimos doce (12) periodos anteriores a la fecha límite de regularización.
ii) El incumplimiento se produce cuando se omite presentar la declaración y/o efectuar el pago de las obligaciones tributarias hasta la fecha de vencimiento.
Por los periodos en los que se prorrogó el plazo de
pago original, el incumplimiento en el pago del Impuesto se evalúa considerando la fecha de vencimiento indicada en el inciso c) del numeral 3.2.2 del presente artículo.
iii) La regularización solo permite subsanar el incumplimiento en el pago de las obligaciones tributarias.
El incumplimiento en la presentación de la declaración no es objeto de regularización.

Para que la regularización surta efecto debe efectuarse hasta la fecha límite de regularización. En el caso del fraccionamiento, la resolución que lo aprueba debe haber sido notificada hasta dicha fecha.

iv) Si al último día del periodo por el que se ejerce la opción de prórroga se verifica que en alguno(s) de los doce (12) periodos a evaluar la MYPE incurrió en incumplimiento conforme al numeral ii) de este inciso, esta no podrá optar por la prórroga, salvo que el incumplimiento se refiera al pago de sus obligaciones tributarias y este se hubiera regularizado -según lo previsto en el numeral iii) de este inciso- hasta la fecha límite de regularización.

3.2.2 Prórroga del plazo de pago original
a) El Impuesto cuyo plazo de pago original puede ser prorrogado es el que grava la venta de bienes, prestación de servicios y/o contratos de construcción.

b) La opción de prorrogar el plazo de pago original se ejerce respecto de cada periodo, al momento de presentar la declaración jurada mensual del Impuesto, de acuerdo a lo siguiente:

i) La MYPE indica si opta por la prórroga marcando la opción que para tal efecto figure en el formulario para la presentación de la declaración jurada mensual del Impuesto.
ii) Solo se puede optar por la prórroga hasta la fecha de vencimiento. A partir del día siguiente a dicha fecha, el Impuesto es exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del Código Tributario.

c) De optarse por la prórroga, el plazo de pago
original se posterga hasta la fecha de vencimiento que corresponda al tercer periodo siguiente a aquel por el que se ejerce la opción.

Los intereses moratorios se aplican desde el día siguiente a la fecha de vencimiento indicada en el párrafo anterior, hasta la fecha de pago.

d) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley y en este numeral para que opere la prórroga del plazo de pago original está sujeto a verificación o fiscalización posterior por parte de la SUNAT, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario.”

Artículo 2.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del primer día calendario del mes siguiente a la fecha de su publicación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Lima 13 al 17 de febrero 2017 Programa Intensivo de la Reforma Tributaria 2017, aplicaciones y casos prácticos. Presencial y Virtual ON LINE a nivel nacional

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Decreto de Urgencia 003-2017 Continuidad de Proyectos de Inversión y pago de reparación civil en casos de corrupción

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Club Grau, Piura. Febrero 2017

Decreto de Urgencia Nº 003-2017 que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO
Que, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado actúa, entre otras, en las áreas de los servicios públicos e infraestructura; siendo responsabilidad del Estado garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos, dado su carácter prioritario para la satisfacción de las necesidades de la población y del interés público;

Que, la corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el orden público y el sistema jurídico en su conjunto, erosiona los cimientos de toda sociedad democrática y vulnera la libre y leal competencia, lo cual ocasiona distorsiones en la competitividad del país, desvía fondos destinados al desarrollo, desalienta la inversión, impide la creación de puestos de trabajo, alimenta la desigualdad, deteriora la moral social, destruye la confianza en los servidores públicos y en la gestión pública, socava la integridad del tesoro público y genera, por ende, mayores costos económicos al Estado;

Que, los actos de corrupción impactan negativamente en el costo de obras de infraestructura o servicios públicos en desmedro de la ciudadanía, lo cual afecta al interés general que el Estado tiene el deber de resguardar, garantizando tanto la estabilidad socio-económica del país, como la oportuna ejecución de las obras de infraestructura y prestación de los servicios públicos en condiciones de regularidad y continuidad, generando con ello un impacto negativo en la credibilidad de los sistemas de contratación e inversión privada;

Que, es responsabilidad esencial del Estado combatir frontalmente la corrupción, erradicar la impunidad, así como implementar medidas efectivas conducentes a proteger la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la libre y leal competencia, mitigando el impacto del daño ocasionado a la economía nacional y las finanzas públicas por causa de este grave flagelo, evitando los mayores perjuicios económicos y sociales que podrían suscitarse de no adoptar una adecuada y oportuna intervención debido a la coyuntura adversa por la que se atraviesa;

Que, en tal sentido, resulta urgente que el Estado establezca medidas extraordinarias que eviten la desaceleración de las inversiones en el país, y que promuevan la participación de nuevos inversionistas en los proyectos donde los concesionarios y contratistas, sus socios o partes, hayan sido condenados o hayan admitido su responsabilidad por la comisión de delitos contra la administración pública y/o de lavado de activos, a través de reglas que generen predictibilidad a los inversionistas, promuevan la competitividad y permitan la prestación de servicios públicos en condiciones de regularidad y continuidad, además de cautelar el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú corresponde al Poder Ejecutivo dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas que eviten la  aralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes.

Artículo 2.- Alcance
2.1 El presente Decreto de Urgencia es aplicable a las personas jurídicas:

(i) Condenadas, o cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos contra la administración pública o lavado de activos o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado; o,

(ii) Que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente; o,

(iii) Vinculadas a las mencionadas en los acápites (i) y (ii) precedentes.

2.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2.1 precedente, se entiende por “vinculada” lo siguiente:

(i) Cualquier persona jurídica o Ente Jurídico que sea propietario de más del diez por ciento (10%) de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de ésta, ya sea directamente o a través de Subsidiarias; o,

(ii) Cualquier Persona que ejerce un Control sobre ésta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un Control; o,

(iii) Cualquier persona jurídica o Ente Jurídico de un mismo Grupo Económico.

2.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2.2 precedente, aplicarán las siguientes definiciones:

(i) Control: es la capacidad de dirigir o determinar las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, u otros órganos de decisión de una persona jurídica o del órgano de administración de un patrimonio autónomo.

(ii) Entes Jurídicos: son fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y otros patrimonios autónomos gestionados por terceros, que carecen de personería
jurídica. Para estos efectos, no califican como Entes Jurídicos los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de pensiones.

(iii) Grupo Económico: tiene el significado que se le asigna en el artículo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 019-2015-SMV-01, tal como pueda ser modificado o complementado.

(iv) Personas: las personas naturales y/o jurídicas.

(v) Subsidiaria: es, con respecto a una Persona: (a) toda persona jurídica de cuyas acciones representativas del capital social o participaciones sociales es propietaria en todo o en al menos el cincuenta por ciento (50%), ya sea directamente o a través de otra Subsidiaria y;

(b) toda persona jurídica sobre la cual ejerce Control, así como sus Subsidiarias.

2.4 Lo dispuesto en este Decreto de Urgencia se aplica de pleno derecho a las personas comprendidas en el numeral 2.1.

Artículo 3.- Suspensión de realizar transferencias al exterior
Se suspende el derecho de las personas comprendidas en el artículo 2 de transferir, total o parcialmente, al exterior lo siguiente:

(i) el íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones en el país, incluyendo la venta de activos, acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas; y,
(ii) el íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país y de las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad industrial.
Esta suspensión es de aplicación hasta que se efectúe el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado o venza el plazo de vigencia establecido en el artículo 7, lo que ocurra primero.
En los casos en que sea necesario realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deuda de acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú de titularidad de las personas a las que se refiere el artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas conforme a los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 4.- Procedimiento de adquisición
4.1 Cualquier persona que pretenda adquirir, bajo cualquier título, algún bien o derecho de alguna de las personas a las que se refiere el artículo 2, así como acciones u otros valores representativos de derechos de participación emitidos por personas constituidas en el Perú comprendidas en el artículo 2, aun cuando estos bienes, derechos, acciones o valores hubieren sido transferidos en fideicomiso o bajo otra modalidad semejante, debe presentar previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita manifestando su interés. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede requerir la información adicional y documentación sustentatoria que considere pertinente.

4.2 Cualquier persona que realice la adquisición de bienes, derechos, acciones o valores a los que se refiere el numeral 4.1. precedente, sin seguir previamente el procedimiento y realizar el depósito previstos en el numeral 6.2 del artículo 6 del presente Decreto de Urgencia, así como cualquier sucesivo adquirente de dichos bienes, derechos, acciones o valores, serán responsables solidarios con las personas a las que se refiere el artículo 2 por el pago de la reparación civil que corresponda efectuar a favor del Estado. Asimismo,
quedarán inhabilitados para contratar con el Estado conforme al artículo 11 de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

Artículo 5.- Retención de importes a ser pagados por el Estado
5.1 Las entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago por cualquier título a favor de las personas a las que se refiere el artículo 2, así como a las sociedades o consorcios en los que éstas participen, incluyendo los correspondientes a contratos de concesión, contratos de construcción o contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, ejercerán el derecho de retención hasta por un monto estimado equivalente al promedio del margen neto de ganancia, después de tributos, de los últimos cinco (5) años en proyectos similares. Este margen se aplicará en función a la participación que corresponda a las personas comprendidas en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia.

Las entidades del Estado, directamente o través de una empresa supervisora, deberán asegurar que los recursos que sean transferidos a los concesionarios o contratistas se destinen exclusivamente a garantizar la continuidad, oportuna ejecución y/u operatividad de las obras de infraestructura y la prestación de los servicios públicos. Facúltese excepcionalmente a las entidades del Estado para contratar directamente el servicio de supervisión para fines de lo dispuesto en este párrafo, no siendo aplicable los artículos 5, 22 y 27 de la Ley No.30225, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus modificatorias.

Las entidades del Estado dictarán los lineamientos y disposiciones correspondientes para fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral 5.1.

5.2 Los fondos objeto de retención serán abonados por la entidad pública correspondiente en una cuenta del fideicomiso a que se refiere el artículo 6.

5.3 En el caso de pagos a favor de consorcios o cualquier otro contrato asociativo del que las personas a las que se refiere el artículo 2 sean partes, aplicarán las siguientes reglas:

(i) El contratista que haya contratado con el Estado en el marco de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus modificatorias, queda facultado para acordar la sustitución de la persona consorciada incursa en alguno de los supuestos del artículo 2, sin que ello sea motivo de terminación de la relación jurídico-obligacional que mantiene el contratista con la entidad pública que corresponda en el marco del contrato de obra correspondiente.

(ii) En caso se produzca la sustitución conforme a lo dispuesto en el inciso (i) precedente, la entidad pública suscribirá el acuerdo de modificación correspondiente, a fin de que la composición del contratista sea variada.

Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de los criterios que tanto la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, y sus modificatorias tengan previstos como requisitos para la contratación con entidades públicas.

(iii) Una vez perfeccionada la modificación del consorcio o contrato asociativo, todo pago que deba efectuar el Estado no estará sujeto a la retención dispuesta en el numeral 5.1 del presente artículo 5.

La sustitución a que se refiere este numeral 5.3 podrá realizarse únicamente dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto de Urgencia. De no haberse realizado la sustitución dentro de dicho plazo, el contratista quedará sujeto a las reglas previstas en los numerales 5.1 y 5.2 precedentes.

5.4 No están comprendidos en el ámbito de este artículo los pagos incondicionales e irrevocables que deba efectuar el Estado a favor de terceros, distintos a los señalados en el artículo 2, a quienes se hubiera cedido los correspondientes derechos de cobro hasta la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 6.- Fideicomiso de retención y reparación
6.1 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizará o celebrará los actos y contratos que sean necesarios para el establecimiento de un fideicomiso, denominado “Fideicomiso de Retención y Reparación – FIRR”, administrado por el Banco de la Nación, cuya finalidad sea recaudar y servir el pago de las reparaciones civiles que correspondan al Estado. El patrimonio fideicometido estará conformado por los fondos a que se refiere el artículo 5 y por aquellos que resulten de lo dispuesto en el numeral 6.2 siguiente.

Los fondos del fideicomiso se mantendrán en las cuentas bancarias del patrimonio fideicometido y servirán para atender el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado que establezcan los órganos jurisdiccionales correspondientes, mediante resoluciones consentidas y ejecutoriadas. Tales fondos son intangibles e inembargables.

6.2 En el marco del procedimiento previsto en el artículo 4, recibida la solicitud a que se refiere el numeral 4.1, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe requerir al Procurador Público del Estado que corresponda, la cifra estimada, a ese momento, de la reparación civil a favor del Estado por concepto de daños y perjuicios ocasionados por las personas comprendidas en el artículo 2.

La cifra a que se refiere el párrafo precedente debe ser notificada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al solicitante para que, como condición previa al perfeccionamiento de la adquisición, deposite dicho monto en la cuenta del patrimonio fideicometido que le comunique el referido Ministerio.

En los casos en que sea necesario realizar transferencias por concepto de pago de deuda de
acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú, de titularidad de las personas a las que se refiere el artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas, conforme a los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6.3 Los fondos del patrimonio fideicometido se invertirán en depósitos bancarios u otros instrumentos financieros de bajo riesgo de acuerdo con lo que se establezca en el acto constitutivo.

6.4 En el caso que los fondos abonados en las cuentas del patrimonio fideicometido que correspondan a una determinada persona comprendida en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia excedan la cifra estimada de reparación civil comunicada por la Procuraduría según el numeral 6.2, los fondos excedentes serán transferidos por el fiduciario a favor de la persona correspondiente, previa instrucción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 7.- Plazo
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia de un (1) año.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Alan Emilio Matos Barzola

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Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 001-2017-SUNAT Comisión de la infracción numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario y PDT 617

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Alan Emilio en Chiclayo. Enero 2017

INFORME N.° 001-2017-SUNAT/5D0000

MATERIA:
Se plantea el supuesto de un contribuyente que utiliza los servicios de un sujeto no domiciliado, por los que este percibe rentas de fuente peruana de tercera categoría, respecto de las cuales aquel retiene el impuesto a la renta y lo paga a la SUNAT mediante una boleta de pago, dentro del plazo establecido para ello, sin presentar en esa misma oportunidad la declaración en el PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual N.° 617 por el periodo en el cual efectuó la retención, siendo dicho formulario presentado en un periodo posterior, en el que recién se produce, varios meses después de efectuada la retención, el registro contable de las retribuciones por tales servicios.

Al respecto, se consulta si en dicho supuesto se incurre en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario.

BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, Código Tributario).
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, la LIR).
– Resolución de Superintendencia N.° 100-97/SUNAT, por la que se dicta norma que integra disposiciones sobre la forma en que deudores tributarios deberán cumplir sus obligaciones con la SUNAT, publicada el 8.11.1997 y normas modificatorias.
– Resolución de Superintendencia N.° 143-2000/SUNAT, por la que se establece disposiciones para la declaración y pago de diversas obligaciones tributarias mediante Programas de Declaración Telemática (PDT), publicada el 30.12.2000.

CONCLUSIÓN:
El deudor tributario que utiliza los servicios de un sujeto no domiciliado, por los que este percibe rentas de fuente peruana de tercera categoría, respecto de las cuales aquel retiene el impuesto a la renta y lo paga a la SUNAT mediante una boleta de pago, dentro del plazo establecido para ello, sin presentar en esa misma oportunidad la declaración en el PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual N.° 617 por el periodo en el cual efectuó la retención, incurre en la comisión de la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario incluso si dicho formulario es presentado en un periodo posterior, en el que recién se produce, varios meses después de efectuada la retención, el registro contable de las retribuciones por tales servicios.

Descargar informe completo en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i001-2017.pdf

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Piura 11 de febrero del 2017 Cierre Contable Tributario 2016 y Principales Alcances de la Reforma Tributaria 2017

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 005-2017-SUNAT Sobre imputación del devengo de gastos

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Alan Emilio en Chiclayo. Enero 2017

INFORME N.° 005-2017-SUNAT/5D0000

En relación con la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría que es efectuada por los contribuyentes dentro del plazo de prescripción, se consulta lo siguiente:

1. ¿Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después del cierre del ejercicio pero antes de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto que los incluye?

2. ¿Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto pero antes de la presentación de la declaración rectificatoria que los incluye?

BASE LEGAL:
 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, Ley del Impuesto a la Renta).

 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, Código Tributario)

CONCLUSIONES:
Para efectos de la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría que es efectuada por los contribuyentes en su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, presentada dentro del plazo de prescripción y, de ser el caso, antes del vencimiento del plazo otorgado por la Administración Tributaria al contribuyente según lo dispuesto en el artículo 75° o antes de culminado el proceso de verificación o fiscalización del referido impuesto:

1. Son deducibles los gastos conocidos y devengados en el ejercicio de que se trate, aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después del cierre del ejercicio pero hasta la fecha de presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto que los incluye.

2. Tratándose de declaraciones rectificatorias, los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o entregados después de la presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho impuesto pero hasta la fecha de presentación de la declaración rectificatoria que los incluye.

Revisad el Informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2017/informe-oficios/i005-2017.pdf

Para mayor análisis recomendamos revisar el siguiente enlace web que publicamos en este espacio web:

RTF 04814-4-2015 Tribunal Fiscal ratifica la “naturaleza contable” del Principio de lo Devengado para la determinación “TRIBUTARIA” del Impuesto a la Renta

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Piura 11 de febrero del 2017 Cierre Contable Tributario 2016 y Principales Alcances de la Reforma Tributaria 2017

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 203-2016-SUNAT Renovación de la Carta Fianza para Admisión de Medios Probatorios Extemporáneos

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Alan Emilio en Chiclayo. Enero 2017

INFORME N° 203-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:

Se consulta si en la etapa de apelación, para efectos de la renovación de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria a que se refiere dicha carta fianza sea actualizada hasta por el período por el cual se realizaría su renovación.

BASE LEGAL:

– Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario), entre ellas, el Decreto Legislativo N.° 1263, publicado el 10.12.2016.

CONCLUSIÓN: Para efectos de la renovación, en la etapa de apelación, de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria sea actualizada hasta por doce (12), dieciocho (18) meses o veinte (20) días hábiles, según corresponda, posteriores a la fecha de interposición de la apelación.

Descargad el informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i203-2016.pdf

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Piura 11 de febrero del 2017 Cierre Contable Tributario 2016 y Principales Alcances de la Reforma Tributaria 2017

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 204-2016-SUNAT Venta de Camu Camu como fruta fresca se encuentra exonerada del IGV

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Alan Emilio en Tacna. Enero 2017

INFORME N.° 204-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:

Se consulta si, de acuerdo con el Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la venta en el país de camu camu fresco está exonerada del IGV, y de ser así, en qué partida arancelaria de dicho apéndice se encuentra.

BASE LEGAL:

– Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC, aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

CONCLUSIÓN: La venta en el país del camu camu como fruta fresca, clasificada en la subpartida nacional 0810.90.90.00 se encuentra exonerada del IGV.

Descargad el informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i204-2016.pdf

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Piura 11 de febrero del 2017 Cierre Contable Tributario 2016 y Principales Alcances de la Reforma Tributaria 2017

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 199-2016-SUNAT sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos ITAN

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Alan Emilio en Tacna. Enero 2017

INFORME N° 199-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:
Se plantea el caso de una persona jurídica domiciliada en el Perú, cuyo único objeto social consiste en la compra y venta de acciones de otras personas jurídicas, y que no ha realizado la primera transferencia de tales acciones, pero que ya obtiene ingresos provenientes de préstamos esporádicos otorgados a las empresas de las que es accionista(1).

Al respecto, se consulta si el otorgamiento de dichos préstamos constituye el
inicio de sus operaciones productivas para efectos del Impuesto Temporal a los
Activos Netos (ITAN).

BASE LEGAL:
– Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, Ley N.° 28424, publicada el 21.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, Ley del ITAN).
– Reglamento de la Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, aprobado por el Decreto Supremo N.° 025-2005-EF, publicado el 16.2.2005 (en adelante, Reglamento del ITAN).

CONCLUSIÓN:

En el caso de una persona jurídica domiciliada en el Perú, cuyo único objeto social consiste en la compra y venta de acciones de otras personas jurídicas, y que no ha realizado la primera transferencia de tales acciones, pero que ya obtiene ingresos provenientes de préstamos esporádicos otorgados a las empresas de las que es accionista, esto último no supone que la empresa haya dado inicio a sus operaciones productivas para efecto del ITAN.

Descargad el informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i199-2016.pdf

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Piura 11 de febrero del 2017 Cierre Contable Tributario 2016 y Principales Alcances de la Reforma Tributaria 2017

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 192-2016-SUNAT Sobre extranjeros que hayan residido en el Perú

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Alan Emilio en Tacna. Enero 2017

INFORME N° 192-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

1. ¿La persona natural extranjera que haya residido en el Perú y el peruano que habiendo perdido su condición de domiciliado ha retornado al país, pero que no han permanecido en el territorio nacional más de 183 días en un período cualquiera de 12 meses, pueden considerarse como sujetos domiciliados en el Perú por el solo hecho que, respecto de sus rentas de fuente peruana y extranjera, hayan presentado la declaración jurada anual de impuesto a la renta y hayan determinado dicho impuesto considerándose como domiciliados?

2. En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, ¿podría el sujeto no domiciliado en el país solicitar la devolución del impuesto a la renta pagado por sus rentas de fuente extranjera?

BASE LEGAL:
– Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, LIR).
– Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, Código Tributario).
– Código Civil, promulgado mediante el Decreto Legislativo N.° 295, publicado el 25.7.1984 y normas modificatorias.

CONCLUSIONES:

1. Si la persona natural extranjera que haya residido en el Perú y el peruano que habiendo perdido su condición de domiciliado y que ha retornado al país, no han permanecido en el territorio nacional más de 183 días en un período cualquiera de 12 meses, no pueden considerarse como sujetos domiciliados en el Perú, aun cuando respecto de sus rentas de fuente peruana y extranjera, hayan presentado la declaración jurada anual de impuesto a la renta y hayan determinado y pagado dicho impuesto considerándose como domiciliados.

2. Los referidos sujetos tienen derecho a solicitar la devolución de dichos pagos, que correspondan a períodos no prescritos.

Descargad el informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i192-2016.pdf

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Piura 11 de febrero del 2017 Cierre Contable Tributario 2016 y Principales Alcances de la Reforma Tributaria 2017

Tumbes 24 y 25 de febrero del 2017 Impuesto a la Renta y Reforma Tributaria

Informe 186-2016-SUNAT sobre causales de Ingreso como Recaudación y el Extorno y Liberación de Fondos de las Detracciones del IGV

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Alan Emilio en Tacna. Enero 2017

INFORME N.° 184-2016-SUNAT/5D0000

MATERIA:
En el marco del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), se formula las siguientes consultas con relación al procedimiento de extorno de los importes ingresados como recaudación:

1. ¿Respecto de qué causales de ingreso como recaudación corresponde requerir la subsanación a efectos de dar cumplimiento al requisito general previsto en el literal b) del punto 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT?

2. ¿A quién le correspondería realizar el trámite para solicitar el extorno y liberación de fondos del SPOT en el caso de un contrato de consorcio con contabilidad independiente cuya vigencia hubiera vencido?

3. ¿La Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT resulta aplicable a toda causal de ingreso como recaudación acaecida antes de su entrada en vigencia o únicamente a las que se produzcan a partir de ese momento?

BASE LEGAL:
 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario).

 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 940 referente al SPOT, aprobado por el Decreto Supremo N.° 155-2004-EF, publicado el 14.11.2004 y normas modificatorias (en adelante, TUO del Decreto Legislativo N.° 940).

 Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT, que establece los supuestos de excepción y flexibilización de los ingresos como recaudación que contempla el SPOT, así como los requisitos y procedimientos para solicitar el extorno, publicada el 28.12.2013 y norma modificatoria.

 Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11.4.2001 y normas modificatorias (en adelante, LPAG).

CONCLUSIONES:

1. A efectos de dar cumplimiento al requisito general previsto en el literal b) del punto 5.1.1 del numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT, corresponde requerir la subsanación de las causales de ingreso como recaudación comprendidas en los incisos a) y b) del numeral 9.3 del artículo 9° del TUO del Decreto Legislativo N.° 940, así como en el inciso d) de este, referidas a las infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 175, el numeral 1 del artículo 177 respecto de no exhibir los libros y/o registros contables y el numeral 1 del artículo 178 del TUO del Código Tributario.

2. Corresponderá a quienes hubieren sido participes del contrato de consorcio con contabilidad independiente cuya vigencia hubiere vencido, la presentación de la solicitud de extorno de los montos ingresados como recaudación así como de la de liberación de fondos.

3. La Resolución de Superintendencia N.° 375-2013/SUNAT es aplicable a aquellas causales de ingreso como recaudación acontecidas a partir del 1.2.2014, así como a las producidas hasta antes de dicha fecha, siendo que en el caso de estas últimas, su aplicación se encuentra condicionada a que no se haya notificado la respectiva resolución de ingreso.

Descargad el informe completo en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i184-2016.pdf

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