Sentencia Tribunal Constitucional (diciembre 2021) declara INFUNDADA demanda contra el aporte por regulación (APR) correspondiente a OEFA

Sentencia Tribunal Constitucional (diciembre 2021) declara INFUNDADA demanda contra el aporte por regulación (APR) correspondiente a OEFA

Mediante Sentencia del Pleno. Sentencia 958/2021 emitida en el Expediente N.° 04623-2016-PA/TC LIMA, COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA, se declaró INFUNDADA la demanda, en una reñida votación de los integrantes del Tribunal Constitucional.

Con fecha 17 de marzo de 2014, la Compañía Minera Quiruvilca SA interpone demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Ambiente (Minam) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como respecto de sus correspondientes procuradores públicos. Solicita la inaplicación del Decreto Supremo 130-2013- PCM, mediante el cual se aprueba el porcentaje de aporte por regulación (APR) correspondiente a OEFA para los años 2014, 2015 y 2016; y que, subsecuentemente: a) se ordene la devolución de todos los aportes por regulación que, a la fecha de ejecución de la sentencia, hubiere pagado, más los intereses legales; b) se declare que OEFA está impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a hacer efectivo el cobro de los citados aportes; y c) se declare la inaplicación de cualquier norma o acto administrativo emitido en aplicación, ejecución y/o fiscalización del referido decreto supremo.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha precisado que esta clase de aportes son compatibles con la norma fundamental. En efecto, en la STC 5410-2015-PA, este supremo intérprete de la Constitución mencionó que su expedición no resultaba contrario al principio de reserva de ley y al de no confiscatoriedad. 

En relación con el principio de reserva de ley, se indicó que una interpretación conjunta de la Ley 27332, Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013; la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 30011, que modifica la Ley 29325, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Ley 30115, de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 2014, así como de la Octava Disposición Complementaria de la Ley 30282, permitían concluir que los decretos supremos que regulan el Aporte por Regulación tienen sustento legal, por lo que no se vulneraba el principio aludido. 

Por otro lado, respecto del principio de no confiscatoriedad, el Tribunal también ha precisado en la STC 05410-2015-PA, que el aumento de la actividad minera ha ocasionado que se necesite un aporte por regulación, pues ello generaría crear métodos de fiscalización lo suficientemente sólidos como para garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Del mismo modo, se precisó que “la magnitud de los impactos generados por el desarrollo de las actividades económicas está directamente relacionada con el volumen (cantidad) de la producción y/o extracción de algún tipo de bien”.

Asimismo, dicho criterio ha sido compartido por el Poder Judicial, quien a través de la Corte Suprema, en pronunciamientos referidos a procesos de acción popular ha confirmado la constitucionalidad del Aporte por Regulación (Acciones Populares 16216-2014- LIMA y 5260-2016-LIMA). Del mismo modo, se confirmó la validez constitucional del Decreto Supremo 130-2013-PCM.

Alan Emilio Matos Barzola

Experto en materia tributario contable

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