Sentencia Suprema 2019: Si el Contrato Administrativo de Servicios CAS suscrito se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales ya adquiridos no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud se ve vulnerado

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Alan Emilio en Huancayo

Sentencia Suprema 2019: Si el Contrato Administrativo de Servicios CAS suscrito entre las partes se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales ya adquiridos no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se ve vulnerado

Mediante Sentencia Casatoria 10099-2017-JUNIN, de fecha 26 de noviembre del 2019, la Primera Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema se valida la posición del demandante que gana la controversia al empleador.

Conferencia LIBRE 17 de marzo: Aplicación Práctica del Devengado en Materia Tributaria

ALAN EMILIO MATOS BARZOLA

TRIBUTARISTA EXPOSITOR EXPERTO EN MATERIA TRIBUTARIO CONTABLE A NIVEL NACIONAL

EXPERTO EN MATERIAL PROCESAL ANTE SUNAT, TRIBUNAL FISCAL, PODER JUDICIAL Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

alanemiliomatosbarzola@gmail.com

CASACIÓN N° 10099-2017 JUNIN
MATERIA: Reincorporación – Ley N° 24041. Proceso Especial En el caso de autos, cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 24041, si antes de firmar el Contrato Administrativo de Servicios – CAS, los contratos de locación de servicios no personales efectuados por más de 1 año y en laborales permanentes se habían desnaturalizado, en aplicación del principio de primacía de la realidad, además, por el principio de continuidad para la realización de las mismas funciones no resultaba viable realizar otras contrataciones que vulneren los derechos constitucionales del trabajador, en desmejora de su contratación laboral.

Décimo Quinto. Límites explícitos a la contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, signifi caría precisamente no reconocer un derecho fundamental, ante un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos. En este contexto, si el Contrato Administrativo de Servicios – CAS suscrito entre las partes se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales ya adquiridos no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se ve vulnerado.

Décimo Sexto. Además, no puede perderse de vista que el régimen de contratación administrativa de servicios es por su naturaleza y esencia de tipo especial y transitorio lo que permite definir que los contratos de trabajo celebrados bajo su amparo tienen vocación de permanencia limitada en el tiempo lo que los tipifica como contratos de trabajo a plazo fijo que por tal carácter sólo podrían tener por objeto aquellas labores que adolezcan de las exigencias de permanencia, habitualidad y de características ordinarias que en síntesis resulten extraordinarias, transitorias y esporádicas, que no son precisamente las características que tipifi can las labores encomendadas al accionante.

Decimo Séptimo. Entonces, admitir que la contratación administrativa de servicios de naturaleza especial y restrictiva de derechos y benefi cios sociales podría sustituir válidamente la contratación de trabajo dentro del ámbito de protección del artículo 1° de la Ley N° 24041 de la actividad pública importaría desconocer claramente el contenido y alcance del Principio de Irrenunciabilidad de Derechos y el Principio de Progresividad al convalidar la posibilidad de involución de los derechos laborales de la actora restringiendo y limitando su contenido y alcance antes de por el contrario favorecer su mayor expansión, por lo cual la virtualidad jurídica de la fórmula de contratación administrativa de servicios aplicada por la emplazada a partir de octubre de dos mil ocho, resulta en el caso de autos absolutamente inadmisible e intolerable por lo que debe ser sancionada conforme al artículo V y artículo 219° del Código Civil.

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