Decreto Legislativo 1310 Aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa

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Alan Emilio en Arequipa 2016

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1310 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.;

Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la mencionada Ley, autoriza a legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de, entre otros, modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales
y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; así como dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano;

Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece entre los principios que sustentan el procedimiento administrativo, el debido procedimiento, razonabilidad, celeridad, eficacia y de simplicidad, los cuales deben aplicarse dentro de la actuación de toda entidad de la Administración Pública;

Que, en función de ello, se propone medidas adicionales que permitirán dotar al régimen jurídico que rige a la Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos
administrativos, garantizando así los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional;

De conformidad con lo establecido en el literal h) numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto dictar medidas adicionales de simplificación administrativa.

Artículo 2.- Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos
2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos,

a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del
Procedimiento Administrativo General o a las normas
con rango de ley que les sirven de sustento. El requisito
también es exigible a las disposiciones que reglamenten
trámites creados en leyes o normas de rango de ley. Una
vez realizada esta evaluación deberán remitir su análisis a
la Comisión Multisectorial a que se refiere el numeral 2.3.
2.2. Mediante el Análisis de Calidad Regulatoria se
evalúan principios como el costo – beneficio, necesidad,
efectividad, proporcionalidad, de las disposiciones
normativas señaladas en el 2.1, conforme se establecerá
en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
2.3. El Análisis de Calidad Regulatoria será validado
por una Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria
cuya conformación y funciones se aprueba en el marco
de lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, la cual será presidida por la Presidencia
del Consejo de Ministros.
2.4. El Análisis de Calidad Regulatoria debe ser
preparado y remitido a la Comisión Multisectorial de
Calidad Regulatoria para validación, conforme al siguiente
detalle:
a) En el caso de disposiciones normativas vigentes
a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto
Legislativo, de acuerdo al cronograma que se establecerá
mediante Decreto Supremo, observando lo estipulado en
el numeral 2.6.
b) Antes de la aprobación de las disposiciones
normativas, si se trata de disposiciones nuevas emitidas
con posterioridad a la entrada en vigencia del presente
Decreto Legislativo.
c) Antes del vencimiento de un plazo máximo de tres
años, desde su entrada en vigencia o desde su última
evaluación, de acuerdo al cronograma que para dichos
efecto se establezca, observando lo estipulado en el
numeral 2.7.
d) En el caso de modificaciones de las disposiciones
normativas vigentes, antes de que se introduzca a la
disposición normativa respectiva.
2.5. Las disposiciones normativas que establezcan
procedimientos administrativos que no estén incluidos o
comprendidos en el análisis que remitan las entidades del
Poder Ejecutivo:
a. Quedan automáticamente derogadas, en el caso
del literal a) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en
el numeral 2.6 del presente artículo.
b. No entran en vigencia en el caso de disposiciones
normativas nuevas.
c. Quedan automáticamente derogadas, en el caso del
literal c) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 2.7 del presente artículo.
d. No entran en vigencia en el caso de modificaciones
de disposiciones normativas.
2.6. Luego de validar el Análisis de Calidad Regulatoria
remitido por las entidades del Poder Ejecutivo, la Comisión
Multisectorial emite informes y propone las disposiciones
normativas y procedimientos que, por estar debidamente
justificados, deben ser ratificados o emitidos. Mediante
decretos supremos, con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, se aprueba el listado de las disposiciones
normativas y procedimientos que se mantendrán vigentes
por un plazo que no podrá ser mayor a tres (03) años.
Quedan automáticamente derogadas las disposiciones
normativas no ratificadas expresamente luego de seguir
este procedimiento. Para el caso de las disposiciones
normativas vigentes a la fecha de entrada en vigencia
del presente Decreto Legislativo, el plazo máximo de
ratificación vence el 31 de diciembre del 2018, el mismo
que puede ser ampliado mediante Decreto Supremo con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros hasta por
seis (06) meses adicionales, a propuesta de la Comisión
Multisectorial.

2.7. Las disposiciones normativas y procedimientos
ratificados están sujetos a validación en plazos que no
podrán ser superiores a tres (03) años. Para la validación
la entidad correspondiente debe sustentar los beneficios
y el efectivo cumplimiento de los objetivos perseguidos
por la norma, siendo aplicable el procedimiento a que se
refiere el numeral 2.6. del presente artículo. No es aplicable
el análisis para la ratificación de aquellas disposiciones
normativas y procedimientos que reconocen derechos a
los administrados no sujetos a plazo.
2.8. Sin perjuicio de la inexigibilidad de las disposiciones
normativas que no se ajusten a lo establecido en el
presente Decreto Legislativo y de la responsabilidad
administrativa que corresponda, los usuarios o
administrados podrán denunciar el incumplimiento de lo
establecido en el presente artículo ante la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI la
que podrá tomar las medidas que correspondan según
sus facultades.
2.9. Mediante Decreto Supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos se emiten los lineamientos y disposiciones que
resulten necesarios para la aplicación de lo dispuesto en
el presente artículo.
2.10. La Comisión Multisectorial podrá proponer la
aprobación de directrices y lineamientos para, dentro del
marco de la presente norma y su reglamento, precisar
los alcances del Análisis de Calidad Regulatoria, la forma
de su presentación y tramitación, el uso de formularios
y formatos que faciliten su análisis y criterios para su
evaluación, a fin de hacer predecible y eficiente su análisis
por la referida Comisión.
2.11. Lo dispuesto en el presente artículo no es
de aplicación para las disposiciones normativas de
naturaleza tributaria, salvo los derechos de tramitación a
que se refiere el artículo 44 de La Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Artículo 3.- Simplificación para la emisión,
remisión y conservación de documentos en materia
laboral.
En la emisión, remisión y conservación de documentos
en materia laboral, se autoriza el uso de tecnologías
de la digitalización, información y comunicación para la
sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas, de
acuerdo a las siguientes disposiciones:
3.1 En todo tipo de documentos laborales, el
empleador puede sustituir su firma ológrafa y el sellado
manual por su firma digital, conforme a lo regulado por
el artículo 141-A del Código Civil; o, su firma electrónica,
emitida conforme a lo regulado por la Ley N° 27269, Ley
de Firmas y Certificados Digitales; así como hacer uso
de microformas, conforme a lo regulado por el Decreto
Legislativo N° 681.
3.2 Cuando el pago de las obligaciones laborales
económicas se deposite en cuenta por medio de empresas
del sistema financiero, el empleador puede sustituir la
impresión y entrega física de las boletas o constancias
de pago por la puesta a disposición al trabajador de
dichos documentos mediante el uso de tecnologías de
la información y comunicación, siempre que el medio
utilizado garantice la constancia de su emisión por parte
del empleador y un adecuado y razonable acceso por
parte del trabajador. En este supuesto no se requiere
firma de recepción del trabajador.
3.3 Cuando en el marco de un procedimiento
administrativo o inspectivo o a fin de acceder a servicios
de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la autoridad
competente requiera la presentación de documentos
que forman parte de los archivos del empleador, de una
organización sindical, del trabajador, ex trabajador o de
terceros; estos pueden, a elección del administrado, ser
presentados en versión digitalizada del original.
3.4 Para todo efecto legal, los empleadores están
obligados a conservar los documentos y constancias de
pago de las obligaciones laborales económicas solamente
hasta cinco años después de efectuado el pago.
Las instancias administrativas, inspectivas, judiciales
y arbitrales deben observar esta disposición en sus
actuaciones. Para el caso de la Oficina de Normalización
Previsional, el empleador podrá destruir la información
de planillas de pagos de periodos anteriores a julio de
1999 previa digitalización con valor legal o entregarla
físicamente a la mencionada entidad.
3.5 Para el acceso a los servicios de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, dispuestos mediante el Decreto
Legislativo N° 910, sólo se requiere la acreditación del
vínculo laboral vigente o finalizado, según sea el caso.
Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo se regula las disposiciones
establecidas en este artículo.
Artículo 4.- Curatela especial para personas adultas
mayores para efectos pensionarios y devolución del
FONAVI
4.1 Procede la curatela especial en la vía notarial
para las personas adultas mayores definidas por el
artículo 2 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta
Mayor que tengan la calidad de pensionistas o que sean
beneficiarios de Ley N° 29625, Ley de Devolución de
Dinero del FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron
al Mismo, con el único objeto de que puedan percibir su
pensión, beneficios derivados de ésta o devolución de
aportes económicos y siempre que cumplan la condición
establecida en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3
del artículo 44 del Código Civil.
4.2 El curador de la curatela especial tiene como
obligación efectuar el cobro de la pensión, beneficios
derivados de ésta o devolución de aportes económicos,
debiendo rendir cuenta de los gastos efectuados
conforme a las disposiciones establecidas mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.
4.3 La curatela especial para personas adultas
mayores pensionistas a que se refiere el numeral 4.1 del
presente artículo corresponde en el siguiente orden:
1. Al cónyuge no separado judicial o notarialmente,
siempre que cumpla lo establecido en el artículo 289 del
Código Civil.
2. Al conviviente, conforme a lo dispuesto en el artículo
326 del Código Civil, siempre que cumpla lo establecido
en el artículo 289 del Código Civil.
3. A los descendientes, prefiriéndose el más próximo
al más remoto y en igualdad de grado, al más idóneo.
4. A los hermanos.
5. A los Directores de los Centros de Atención
Residencial para Personas Adultas Mayores – CARPAM
del sector público, con autorización expresa del Titular del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
4.4 Para la curatela especial se debe presentar una
solicitud debidamente firmada que contenga los nombres
y apellidos, número de documento de identidad y
dirección domiciliaria del solicitante y de la persona adulta
mayor, pensionista o beneficiario de la Ley N° 29625,
acompañado de lo siguiente:
a) Título o medio probatorio que acredite la condición
de cónyuge, conviviente, descendientes, hermanos o
de Director de un Centro de Atención Residencial para
Personas Adultas Mayores del sector público, según
corresponda. Para el caso de Director de un Centro de
Atención Residencial para Personas Adultas Mayores,
adicionalmente deberá presentar la autorización expresa
del Titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
b) Certificación médica señalando expresamente
que la persona adulta mayor cumple con la condición
establecida en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3 del
artículo 44 del Código Civil, la que se entiende expedida
bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser
ratificada ante el Notario Público.
4.5 Una vez presentada la solicitud de curatela
especial, el Notario Público manda a publicar un extracto
de la solicitud de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia

Notarial en Asuntos No Contenciosos. Transcurridos
quince (15) días hábiles desde la publicación del último
aviso, sin que se hubiera formulado oposición, el Notario
Público extiende la escritura pública con la curatela
especial, nombrando al curador especial y señalando
sus facultades y obligaciones, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.1 del presente artículo.
4.6 Cumplido el trámite indicado en el numeral
anterior, el Notario Público remite partes al registro
personal de los Registros Públicos. En caso de oposición,
se procede conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 26662. Si cualquiera de los solicitantes o el médico
proporcionan información falsa para sustentar el pedido
ante el Notario Público, será pasible de responsabilidad
penal conforme a la ley de la materia.
4.7 Rigen para la curatela especial regulada en el
presente artículo las reglas relativas a la curatela del
Código Civil, en lo que no se oponga al presente artículo.
Artículo 5.- Autorización excepcional para viajes
de menores
Dispóngase que para el viaje de niños o adolescentes
fuera del país, en caso de fallecimiento de uno de los
padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de
ellos, la autorización notarial otorgada por el padre
sobreviviente o por el que efectuó el reconocimiento
tendrá vigencia indeterminada, salvo que este sea
revocado. En el permiso notarial debe constar haber
tenido a la vista la partida de defunción o la de nacimiento
correspondiente y debe indicar la vigencia indeterminada
del documento.
Artículo 6- Reconocimiento de titularidad
de registros, certificados, permisos, licencias,
autorizaciones y procedimientos administrativos en
casos de reorganización de sociedades y cambios de
denominación social
6.1 En los casos de fusión de sociedades, todos
los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones de titularidad de las sociedades que se
extinguen se entienden transferidos de pleno derecho a
la sociedad absorbente o incorporante. Ninguna entidad
pública puede desconocer los derechos adquiridos
por las sociedades absorbentes o incorporantes como
consecuencia de la fusión. Esta disposición no aplica para
los casos vinculados a recursos hidrobiológicos.
6.2 La transferencia de la titularidad aplica a
partir de la entrada en vigencia de la fusión y debe
ser comunicada por las sociedades absorbentes o
incorporantes a las entidades de la administración
pública correspondientes en la cual se manifieste
que se mantienen las condiciones que permitieron el
otorgamiento de los títulos, consignando los datos de
los documentos por los que se formalizó la fusión, los
datos de su inscripción en los Registros Públicos y
los cambios en el RUC en caso fuere necesario. Las
entidades realizan por este solo mérito los cambios que
correspondan en sus propios registros.
6.3 Las sociedades absorbentes o incorporantes
se subrogarán de manera automática en la posición de
las sociedades que se extinguen en todo procedimiento
administrativo que se encuentre en trámite referido a
las sociedades que se disuelven por la fusión, desde la
fecha de la comunicación de la fusión a la entidad pública
correspondiente.
6.4 Las reglas establecidas en este artículo son
de aplicación también a los procesos de escisión y de
reorganización simple de sociedades, respecto de los
registros, certificados, permisos, licencias y autorizaciones
y procedimientos administrativos relacionados a los
bienes, derechos, obligaciones u operaciones que
se transfieran como consecuencia de la escisión o la
reorganización simple y que se identifiquen en la escritura
pública correspondiente.
6.5 En los casos de cambio de denominación
social, los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones se mantienen vigentes y las entidades
correspondientes de la administración pública realizan
los cambios en sus propios registros por el solo mérito
de la presentación de copia simple de la escritura
pública de modificación de estatutos y Declaración
Jurada.
6.6 Bajo ningún concepto se debe exigir trámite
o documento adicional a la comunicación de la
reorganización societaria o el cambio de nombre, bajo
responsabilidad del titular de la entidad pública.
6.7 El ejercicio de los derechos señalados en el
presente artículo no limita la facultad de las entidades
de la administración pública de ejercer sus competencias
en materia de fiscalización posterior a fin de evaluar si
las circunstancias que permitieron el otorgamiento de los
títulos habilitantes se mantienen, así como verificar la
veracidad de la información contenida en la Declaración
Jurada. Las entidades públicas pueden revocar los
títulos habilitantes siempre y cuando las condiciones
para su otorgamiento, conforme a lo dispuesto en las
normas aplicables, hayan variado como consecuencia
de la fusión, escisión, reorganización simple o cambio de
denominación social.
Artículo 7.- Autorización para el uso total o parcial
de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en
vehículos.
La autorización para el uso total o parcial de lunas
o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos tendrá
vigencia indeterminada y será otorgada únicamente al
vehículo. Se eliminan las autorizaciones otorgadas a los
conductores y/o propietarios de vehículos.
Las autorizaciones para el uso total o parcial de
lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos
vigentes a la fecha de publicación de la presente norma
tendrán vigencia indeterminada y se entiende otorgada
al vehículo.
En caso que el vehículo cambie de propietario, se
debe solicitar una nueva autorización.
Artículo 8.- Sistemas de Trámite Documentario de
las Entidades de la Administración Pública
Las entidades de la Administración Pública deben
interconectar sus sistemas de trámite documentario o
equivalentes para el envío automático de documentos
electrónicos entre dichas entidades a través de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE
administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros
a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática – ONGEI.
Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus
sistemas de trámite documentario o equivalentes para el
envío automático de documentos electrónicos con otras
entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y
unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros se establecen
los plazos aplicables a las demás entidades de la
Administración Pública, y cualquier otra disposición que
resulte necesaria para la digitalización e integración de
sus sistemas de trámite documentario o equivalentes.
Artículo 9.- Diario Oficial El Peruano Electrónico
El “Diario Oficial El Peruano Electrónico” tiene el
mismo valor legal que la versión física. Las publicaciones
efectuadas en el “Diario Oficial El Peruano Electrónico”
tienen pleno efecto y validez.
Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, y refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, se establece las publicaciones que deben
efectuarse en “Diario Oficial El Peruano Electrónico”.
Todas las exigencias de publicación en el Diario Oficial El
Peruano se entienden cumplidas con la publicación en el
“Diario Oficial El Peruano Electrónico”.
Artículo 10.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Legislativo
se financia con cargo al presupuesto institucional de
las entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia
al día siguiente de su publicación, salvo lo dispuesto
en el artículo 9 que regula el Diario Oficial El Peruano
Electrónico, el cual entra en vigencia el primer día hábil
del mes siguiente a la fecha de publicación del decreto
supremo a que se refiere el citado artículo.
Segunda.- Infracciones y Sanciones
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un
plazo de 30 días adecúa el TUO del Reglamento Nacional
de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, de acuerdo a
las modificaciones introducidas a la Ley N° 28084, Ley
que regula el parqueo especial para vehículo ocupados
por personas con discapacidad por el presente Decreto
Legislativo.
Tercera.- Falta de carácter disciplinario por el
incumplimiento de las disposiciones y plazos
Constituye falta de carácter disciplinario del directivo o
servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con
la entidad de la Administración Pública, el incumplimiento
de las disposiciones y plazos establecidos en el presente
Decreto Legislativo. La falta será sancionada según su
gravedad, previo proceso administrativo.
El procedimiento administrativo disciplinario, la
graduación y determinación de la sanción, se rigen por
las normas del régimen disciplinario y sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
El titular de la entidad es el responsable del
cumplimiento de la presente disposición.
Cuarta.- Disposiciones para la implementación
del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo
que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa
Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N°
1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa, no son aplicables a
las personas jurídicas señaladas en el numeral 8 del
Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
La prohibición establecida en el literal c) del numeral
5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1246 no es
aplicable en los procedimientos en ejercicio de la patria
potestad.
Lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N°
1246 no exime de la obligación a cargo de los ciudadanos
de renovar su Documento Nacional de Identidad.
Queda sin efecto la declaración jurada a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 9 del Decreto
Legislativo N° 1246.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Plazo de adecuación
Durante el plazo de tres (3) años, las personas con
discapacidad que conduzcan o sean ocupantes de
unidades vehiculares pueden usar el parqueo especial
en los estacionamientos públicos y privados exhibiendo,
indistintamente, el Certificado de Discapacidad, el Carné
de Inscripción en el Registro Nacional de las Personas
con Discapacidad o el distintivo vehicular portable de
CONADIS a que se refiere el artículo 4 de la Ley N°
28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículo
ocupados por personas con discapacidad, en un lugar
visible del vehículo y durante el tiempo que permanezca
estacionado.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
Primera.- Incorporación del numeral 11 al artículo
1 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en
Asuntos No Contenciosos
Incorpórase el numeral 11 al artículo 1 de la Ley
N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, en los siguientes términos:
“Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos.- Los
interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder
Judicial o ante el notario para tramitar según corresponda
los siguientes asuntos:
(…)
11. Curatela para personas adultas mayores que
tengan la calidad de pensionistas o beneficiarios de la Ley
N° 29625, Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los
Trabajadores que Contribuyeron al Mismo.”
Segunda.- Modificación de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados
por personas con discapacidad
Modifícase el artículo 4 de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículo ocupados por
personas con discapacidad, el cual queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 4.- Documento habilitante para el uso de
las zonas de parqueo destinadas para personas con
discapacidad
Las personas con discapacidad que conduzcan o que
sean ocupantes de unidades vehiculares tienen derecho
al uso del parqueo especial en los estacionamientos
públicos y privados, exhibiendo el distintivo vehicular
emitido por el CONADIS, en un lugar visible del vehículo y
durante el tiempo que permanezca estacionado.
El CONADIS regula las características del distintivo
vehicular portable, personal e intransferible. Dicho
distintivo será emitido mediante trámite automático y
gratuito, cuyo único requisito es contar con el Carné de
Inscripción en el Registro Nacional de las Personas con
Discapacidad.”
Tercera.- Modificación del artículo 123-A del
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del
Notariado
Modifícase el artículo 123-A del Decreto Legislativo N°
1049, Decreto Legislativo del Notariado, incorporado por
el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1232, cuyo texto
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 123-A.- Nulidad de escrituras públicas y
certificaciones de firmas
Son nulas de pleno derecho las escrituras públicas
de actos de disposición o de constitución de gravamen,
realizados por personas naturales sobre predios ubicados
fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la nulidad
alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el
notario, en virtud de una norma especial en los formularios
o documentos privados; sin perjuicio de que de oficio se
instaure al notario el proceso disciplinario establecido en
el Título IV de la presente ley.
La presente disposición no se aplica al cónsul cuando
realiza funciones notariales.
Asimismo, la restricción no alcanza a los servicios
notariales que utilizan el sistema de identificación de
comparación biométrica de las huellas dactilares que
brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
RENIEC. En caso de extranjeros identificados con carné
de extranjería, las transacciones o actuaciones pueden
realizarse ante notario de cualquier circunscripción
que cuente con acceso a la base de datos de la
Superintendencia Nacional de Migraciones.
Los Colegios de Notarios llevarán un registro de los
notarios que cuenten con herramientas tecnológicas
acreditadas para la plena identificación de las personas
naturales que intervienen en los actos que se refiere el
presente artículo y lo publique en su portal institucional”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Derógase el artículo 5 de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados por
personas con discapacidad.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 14 de enero 2017: Análisis comparativo de los escenarios tributarios 2016-2017 a propósito de la Reforma Tributaria

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