Decreto Legislativo 1256 Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas

Recogiendo las propuestas que desde el 2012 PERUCONTABLE presentó al anterior gobierno, y que con gran acierto el gobierno de PPK los acoge en el presente Decreto Legislativo 1256, resulta vital que todo empresario revise su contenido para una mejor planificación y gestión en cumplimiento al ordenamiento tributario.

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

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Alan Emilio en Huamanga, Ayacucho 2016

DECRETO LEGISLATIVO N° 1256

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30506 el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, el literal h) del artículo 2 de la Ley N° 30506 faculta al Poder Ejecutivo para legislar en materia de la aprobación de medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno;

Que, dentro de este marco, resulta necesario emitir una ley que establezca el régimen jurídico para la prevención y la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o
carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N° 30335 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Finalidades de la ley

La presente ley tiene como finalidad supervisar el
cumplimiento del marco legal que protege los derechos
a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en
beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante
la prevención o la eliminación de barreras burocráticas
ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan
u obstaculicen el acceso o la permanencia de los
agentes económicos en el mercado y/o que constituyan
incumplimientos de las normas y/o principios que
garantizan la simplificación administrativa con el
objeto de procurar una eficiente prestación de
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la
administración pública.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente ley es de aplicación para las entidades
de la administración pública (en adelante, “entidad” o
“entidades”), entendiéndose como tales a las señaladas
en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 o
la norma que la sustituya, así como para todo funcionario,
servidor público o cualquier persona que ejerza funciones
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen
laboral o contractual.
Artículo 3.- Definiciones
Para efectos de la presente ley, debe tenerse en
cuenta las siguientes definiciones:
1. La Comisión: La Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas del Indecopi. Asimismo, este
término se refiere a las Comisiones adscritas a las
oficinas regionales del Indecopi que, por acuerdo del
Consejo Directivo del Indecopi, cuenten con funciones
desconcentradas en materia de eliminación de barreras
burocráticas.
2. La Sala: La Sala competente del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual del Indecopi para conocer en
segunda instancia los procedimientos en materia de
eliminación de barreras burocráticas, salvo el supuesto de
instancia única establecido en el artículo 32 de la presente
ley.
3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación,
prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad,
dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso
y/o permanencia de los agentes económicos en el
mercado y/o que puedan afectar a administrados en la
tramitación de procedimientos administrativos sujetos a
las normas y/o principios que garantizan la simplificación
administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito,
limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente
su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.
Sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven
de la aplicación de la normativa correspondiente, no se
consideran barreras burocráticas dentro del ámbito de la
presente ley:
a. Las exigencias, requisitos, limitaciones,
prohibiciones y/o cobros establecidos a través de leyes
u otras normas con rango de ley y alcance nacional,
emitidas al amparo de la función legislativa.
b. Las exigencias, requisitos, limitaciones,
prohibiciones y/o cobros contenidos en contratos suscritos
por una entidad, procesos de subasta o bases de algún
tipo de concurso para contratar con el Estado.
c. Las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de
la administración pública.
d. Las tarifas o contraprestaciones por servicios
prestados por el Estado o por empresas privadas o
públicas, ajenos al ejercicio de la función administrativa.
e. El cobro de aranceles e impuestos y, en general,
cualquier tributo no vinculado, así como los criterios para
su determinación.
f. Las medidas fito y zoosanitarias, conforme a la sexta
disposición final y complementaria de la Ley General de
Sanidad Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N°
1059.
g. Las controversias contencioso-tributarias, en
especial, aquellas vinculadas a la correcta o incorrecta
determinación de un tributo en un caso concreto.
h. El cobro de arbitrios a personas naturales sin
actividad económica.
i. La declaración de nulidad de un acto administrativo
por motivos de debido procedimiento.
j. La imposición de sanciones. Sin perjuicio de ello,
el acto administrativo sancionador podrá ser empleado
para acreditar la existencia de una barrera burocrática
cuando la sanción haya tenido como fundamento el
incumplimiento de la referida barrera.
4. Formas de materialización: las barreras burocráticas
se materializan a través de actos administrativos,
disposiciones administrativas y/o actuaciones materiales.
5. Acto administrativo: declaración de una entidad
cuyo concepto ha sido recogido en el artículo I del Título
Preliminar de la Ley N° 27444 o la norma que la reemplace,
destinado a producir efectos jurídicos individuales o
individualizables de modo directo en un administrado o
grupo de administrados y/o agentes económicos.
6. Disposición administrativa: todo dispositivo
normativo emitido por una entidad destinado a producir
efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo
indeterminado de administrados y/o agentes económicos.
7. Actuación material: todo comportamiento,
manifestación y/o actividad material de una entidad o un
funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier
régimen laboral o contractual, que sin ser viabilizada a
través de un acto y/o disposición administrativa, produce
efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el
acceso o la permanencia de los agentes económicos en
el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las
normas y/o principios que garantizan la simplificación
administrativa.
8. Agentes económicos: personas naturales
y/o jurídicas, sociedades irregulares o patrimonios
autónomos, con o sin fines de lucro, que pretendan iniciar,
desarrollar y/o continuar con una actividad económica.
9. Administrados: personas naturales y/o jurídicas
que pretendan tramitar o se encuentren tramitando un
procedimiento administrativo sujeto a las normas y/o
principios de simplificación administrativa.
10. Inaplicación con efectos generales: efecto de una
resolución que beneficia a todos los agentes económicos
y administrados afectados, real o potencialmente, por
una barrera burocrática contenida en una disposición
administrativa, en los supuestos regulados en la presente
Ley.
11. Inaplicación al caso concreto: efecto de una
resolución que beneficia únicamente al denunciante que
obtiene un pronunciamiento favorable en los supuestos
regulados en la presente Ley.
Artículo 4.- Principios de las autoridades a cargo
de supervisar la presente ley
Además de los principios señalados en el artículo IV
del Título Preliminar de la Ley N° 27444, las autoridades
a cargo de hacer cumplir la presente ley se rigen por los
siguientes principios:
1. Principio de acción preventiva. – los órganos
encargados del inicio de las acciones de oficio dentro
del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o
coordinación con el objeto de promover la eliminación
voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente
ilegales y/o carentes de razonabilidad por parte de las
entidades sujetas a investigación.
2. Principio de encausamiento. – los órganos de
primera instancia identifican, de oficio, otros medios de
materialización de una barrera burocrática distintos a
los indicados en la denuncia, cuando sea evidente su
existencia. Del mismo modo, los referidos órganos podrán
identificar, de oficio, la barrera burocrática cuestionada del
texto íntegro de la denuncia y no únicamente del petitorio.
Artículo 5.- Autoridades competentes
Las autoridades competentes para supervisar el
cumplimiento de la presente ley son las siguientes:
1. La Comisión.
2. La Secretaría Técnica de la Comisión.
3. La Sala.
4. La Secretaría Técnica de la Sala.
CAPÍTULO II
COMPETENCIAS
Artículo 6. – Atribuciones de las autoridades en
materia de eliminación de barreras burocráticas
6.1. De la Comisión y la Sala
La Comisión y la Sala en segunda instancia, son
competentes para conocer los actos administrativos,
disposiciones administrativas y actuaciones materiales,
incluso del ámbito municipal o regional, que impongan
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de

razonabilidad. Asimismo, son competentes para velar
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668,
757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias
pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna
otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus
resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado
consentidas o sean confirmadas por la Sala, según
corresponda de conformidad con lo establecido en el
artículo 32 de la presente Ley.
La Sala es la única autoridad administrativa que puede
conocer y resolver las apelaciones interpuestas contra las
resoluciones emitidas por la Comisión, conforme a los
supuestos señalados en el artículo 32 de la presente ley,
salvo en el procedimiento sancionador por incumplimiento
de mandato regulado en el artículo 34, en cuyo caso la
Comisión se constituye como instancia única en sede
administrativa.
Mediante resolución la Comisión o la Sala, de ser el
caso, ordena la inaplicación de las barreras burocráticas
a las que hace referencia la presente ley.
6.2. De la Secretaría Técnica de la Comisión
La Secretaría Técnica de la Comisión se constituye en
el órgano instructor en los procedimientos de eliminación
de barreras burocráticas. Es competente para realizar
todo tipo de acciones preventivas, investigaciones,
inspecciones con o sin notificación previa y/o acciones
de supervisión de oficio sobre la materia, así como para
realizar las labores de inicio, tramitación e instrucción
de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Comisión. A estas funciones se aplican supletoriamente
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 807, la Ley N°
27444 y el Decreto Legislativo N° 1033.
6.3. De la Secretaría Técnica de la Sala
La Secretaría Técnica de la Sala es competente
para tramitar y realizar las labores de instrucción de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Sala, a
estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el
Decreto Legislativo N° 1033.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS
CAPÍTULO I
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS Y EFECTOS DE LAS
RESOLUCIONES
Artículo 7.- Tipos de inicio de procedimientos en
materia de eliminación de barreras burocráticas
7.1. El procedimiento ante la Comisión puede iniciarse
a pedido de parte o de oficio.
7.2. El procedimiento se inicia a pedido de parte
mediante la presentación de una solicitud dirigida al
Secretario Técnico de la Comisión, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la presente ley.
7.3. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de
la Secretaría Técnica de la Comisión. La decisión de iniciar
este tipo de procedimientos también se puede originar por
la presentación de denuncias informativas formuladas
por gremios empresariales, colegios profesionales, la
Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, personas
naturales y/o jurídicas, cuya identidad se mantendrá en
reserva a solicitud del interesado.
Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales
de barreras burocráticas ilegales contenidas en
disposiciones administrativas
8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido
de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la
ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en
disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con
efectos generales.
8.2. En estos procedimientos, la Comisión o la Sala,
de ser el caso, puede emitir medidas correctivas, ordenar
la devolución de las costas y costos e imponer sanciones,
cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente ley.
8.3. La inaplicación con efectos generales opera
a partir del día siguiente de publicado el extracto de
la resolución emitida por la Comisión o la Sala, de ser
el caso, en el diario oficial “El Peruano”. La orden de
publicación será emitida por el Indecopi hasta el décimo
día hábil después de notificada la resolución respectiva.
Si con posterioridad, algún funcionario, servidor público
o cualquier persona que ejerza función administrativa por
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual,
en la entidad que fuera denunciada, aplica las barreras
burocráticas declaradas ilegales en la resolución objeto
de publicación, puede ser sancionado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 34 de la presente ley.
8.4. En aquellos procedimientos iniciados de parte con
posterioridad a la publicación a la que hace referencia el
presente artículo, en los que se denuncie la aplicación de
una barrera burocrática declarada ilegal, materializada en
la misma disposición administrativa inaplicada con efectos
generales, la Comisión encausa el escrito presentado
como una denuncia informativa de incumplimiento de
mandato.
8.5. En aquellos procedimientos en trámite, iniciados
de parte hasta el día de la publicación a la que hace
referencia el presente artículo y que versen sobre la
misma barrera burocrática declarada ilegal inaplicada
con efectos generales, la Comisión o la Sala, de ser el
caso, resuelve el procedimiento en el mismo sentido y
procederá conforme al numeral 8.2. cuando corresponda.
Artículo 9.- De la declaración de barreras
burocráticas carentes de razonabilidad en
procedimientos de oficio
En los procedimientos iniciados de oficio en los que
se declare la carencia de razonabilidad de barreras
burocráticas contenidas en disposiciones administrativas,
la Comisión o la Sala, de ser el caso, ordena la publicación
de un extracto de la resolución en el diario oficial “El
Peruano”.
Artículo 10.- De la inaplicación al caso concreto
10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a
pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso,
declare la ilegalidad o carencia de razonabilidad de
barreras burocráticas materializadas en disposiciones
administrativas o la ilegalidad y/o carencia de
razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en
actos administrativos y/o actuaciones materiales, dispone
su inaplicación al caso concreto en favor del denunciante.
10.2. En estos procedimientos, también se procede
según lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley, cuando
corresponda.
Artículo 11.- Mecanismos para lograr la derogación
de las disposiciones administrativas que contienen
barreras burocráticas
En los procedimientos iniciados de oficio, el Indecopi
puede interponer la demanda de acción popular contra
decretos supremos u otras normas de inferior jerarquía
que contengan barreras burocráticas identificadas como
ilegales y/o carentes de razonabilidad, a fin de lograr su
derogación o nulidad. Asimismo, acudir a la Defensoría
del Pueblo para que se interponga la demanda de
inconstitucionalidad contra normas municipales y
regionales de carácter general con rango de ley que
contengan barreras burocráticas identificadas como
ilegales y/o carentes de razonabilidad.
Artículo 12.- Sobre la publicación de las
resoluciones
El Indecopi, a través de resolución de su Consejo
Directivo, aprueba las disposiciones necesarias para la
publicación del extracto de las resoluciones indicadas en
el artículo 8 y 9, en el diario oficial “El Peruano” y el texto
completo de las mismas en el portal al que se refiere el
artículo 51 de la presente ley. La publicación de estas
resoluciones en el diario oficial “El Peruano” se efectúa
de manera gratuita.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE BARRERAS
BUROCRÁTICAS
Artículo 13.- Metodología de análisis
La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la
legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas
contenidas en disposiciones administrativas en los
procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con
la metodología desarrollada en el presente capítulo.
La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad
de las barreras burocráticas materializadas en actos
administrativos y actuaciones materiales se efectúa de
acuerdo a la metodología del presente capítulo en cuanto
corresponda.
Artículo 14.- Análisis de legalidad
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática
implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe
los siguientes aspectos:
a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que
autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera
burocrática bajo análisis.
b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o
formalidades que exige el marco legal vigente para la
emisión y/o publicación de la disposición administrativa
que materializa la barrera burocrática.
c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la
barrera burocrática se contravienen normas y/o principios
de simplificación administrativa o cualquier dispositivo
legal.
14.2. Si la Comisión o la Sala, de ser el caso,
determina la ilegalidad de la barrera burocrática por la
razón señalada en el literal a. puede declarar fundada
la denuncia o el procedimiento iniciado de oficio según
sea el caso, sin que sea necesario evaluar los aspectos
indicados en los literales b. y c.; y así sucesivamente.
14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de
las razones mencionadas en el párrafo precedente, no
es necesario que la Comisión o la Sala continúe con
el análisis de razonabilidad. En el mismo sentido, si la
Comisión o la Sala desestima que la barrera burocrática
sea ilegal, procede con el análisis de razonabilidad cuando
se cumpla la condición establecida en el artículo 15.
Artículo 15.- Condiciones para realizar el análisis
de razonabilidad
La Comisión o la Sala, de ser el caso, realiza el
análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en
los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre
que el denunciante presente indicios suficientes respecto
a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia
y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve
la admisión a trámite de esta. En los procedimientos
iniciados de oficio, la Comisión o la Sala realiza dicho
análisis en caso de que, a través de la resolución de inicio,
se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes
sobre la presunta carencia de razonabilidad de la medida.
Artículo 16.- Indicios sobre la carencia de
razonabilidad
16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo
precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera
burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos:
a. Medida arbitraria: es una medida que carece
de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una
justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar
el objetivo de la medida; y/o
b. Medida desproporcionada: es una medida que
resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de
la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan
lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.
16.2 Sin que se considere como una lista taxativa, no
se consideran indicios suficientes para realizar el análisis
de razonabilidad los siguientes argumentos:
a. Que no se encuentren referidos a la barrera
burocrática cuestionada.
b. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia
de una política pública.
c. Alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben
justificar las razones por las cuales se considera que la
medida es arbitraria y/o desproporcionada.
d. Alegar como único argumento que la medida genera
costos.
Artículo 17.- Posibilidad de cuestionar los indicios
sobre carencia de razonabilidad
Durante el procedimiento, la entidad puede presentar
información y/o documentación que desacredite los
indicios de carencia de razonabilidad de la medida.
Artículo 18.- Análisis de razonabilidad
18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso,
considera que han sido presentados indicios suficientes
sobre la presunta carencia de razonabilidad de la barrera
burocrática cuestionada, analiza la razonabilidad de la
medida, verificando el cumplimiento de los siguientes
elementos:
a. Que la medida no es arbitraria, lo que implica que
la entidad acredite:
1. La existencia del interés público que sustentó la
medida cuestionada. El interés público alegado debe
encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de
la entidad.
2. La existencia del problema que se pretendía
solucionar con la medida cuestionada.
3. Que la medida cuestionada resulta idónea o
adecuada para lograr la solución del problema y/o para
alcanzar el objetivo de la medida.
b. Que la medida es proporcional a sus fines, lo que
implica que la entidad acredite:
1. Una evaluación de los beneficios y/o el impacto
positivo que generaría la medida y de los costos y/o
el impacto negativo de la misma para los agentes
económicos obligados a cumplirla, así como para otros
agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.
2. Que la referida evaluación permite concluir que la
medida genera mayores beneficios que costos.
3. Que otras medidas alternativas no resultarían
menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro
de estas medidas alternativas debe considerarse la
posibilidad de no emitir una nueva regulación.
18.2. En caso de que la entidad no acredite alguno de
los elementos indicados en los literales precedentes, la
Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la carencia de
razonabilidad de la barrera burocrática.
CAPÍTULO III
REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 19.- Duración del procedimiento
El procedimiento seguido ante la Comisión tiene una
duración máxima de ciento veinte (120) días hábiles. El
mismo plazo se aplica para el procedimiento seguido ante
la Sala.
Artículo 20.- Requisitos para interponer una
denuncia
Para interponer una denuncia, además del pago de la
respectiva tasa, el denunciante debe identificar de manera
concisa y/o presentar a través de su denuncia o anexos,
los siguientes aspectos:
1. La(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.
2. El medio de materialización: disposición
administrativa, acto administrativo y/o actuación material.
En caso de denunciar una disposición administrativa, el
denunciante además debe identificar el párrafo, el artículo
o parte pertinente en que se encuentra materializada la
barrera burocrática.

3. La entidad (o entidades) que impone(n) y/o aplica(n)
la(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.
4. Los hechos, cuando la barrera burocrática se
materializa en actos administrativos y/o actuaciones
materiales.
5. Los fundamentos jurídicos que sustentan que la
barrera burocrática denunciada es ilegal, de ser el caso.
6. Los indicios que sustentan la presunta carencia de
razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, de
ser el caso.
7. Los medios probatorios que se requieran para
acreditar lo afirmado en los literales anteriores, cuando
corresponda.
Artículo 21.- Representación en el procedimiento
21.1. En los procedimientos regulados por la presente
ley no se requiere de la participación de abogados. Sin
embargo, en caso de que el denunciante lo considere
necesario, la participación de los abogados u otro tipo de
representante legal se rige por las disposiciones previstas
en la Ley Nº 27444.
21.2. La Comisión o su Secretaría Técnica puede
considerar como válido que el abogado presente
escritos sin contar con la firma del denunciante durante
el procedimiento, siempre que, para la acreditación
correspondiente, el escrito incluya como mínimo la firma
del denunciante y del abogado que lo representa.
21.3. Cuando las denuncias sean presentadas por
una asociación, esta última debe precisar si lo hace en
nombre propio o como representante de otros agentes
económicos y/o administrados. De ser este último caso,
la asociación actúa como representante legal, por lo
que debe acreditar que cuenta con el otorgamiento de
poderes de representación procesal suficientes para
representar a cada uno de los asociados. La inaplicación
al caso concreto a la que hace referencia el artículo 10 de
la presente Ley, solo beneficia a aquellos asociados cuya
representación fue acreditada por la asociación mediante
los citados poderes antes de la admisión a trámite de la
denuncia.
Artículo 22.- Acreditación de actuaciones
materiales
Cuando la barrera burocrática se materializa en una
actuación material, el denunciante debe presentar un
medio probatorio que genere convicción acerca de su
existencia y/o su realización.
Artículo 23.- Medidas cautelares
23.1. En cualquier etapa del procedimiento, la
Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el
caso, puede dictar, de oficio o a pedido de quien haya
presentado una denuncia de parte, una medida cautelar
con el objeto de que la entidad denunciada se abstenga
de aplicar o imponer la barrera burocrática presuntamente
ilegal y/o carente de razonabilidad a ser evaluada, de
manera previa a la emisión de la resolución final. La
medida cautelar dictada por la Secretaría Técnica se
otorga con cargo a dar cuenta a la Comisión.
23.2. En caso de que la medida cautelar haya sido
dictada por la Comisión o su Secretaría Técnica, el
efecto de la misma permanece hasta que la Sala emita
pronunciamiento final o la revoque al declarar fundada
una apelación en su contra.
Artículo 24.- Requisitos para dictar medidas
cautelares
Para dictar una medida cautelar, la Comisión, su
Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, debe verificar
la existencia concurrente de:
1. La barrera burocrática que se pretende inaplicar.
2. La verosimilitud del carácter ilegal o de la carencia
de razonabilidad de la barrera burocrática.
3. La posibilidad de que por el transcurso del tiempo
entre la interposición de la denuncia y la resolución
que ponga fin al procedimiento, en primera o segunda
instancia, se cause un daño que se torne en irreparable
para el denunciante.
Artículo 25.- De las costas y costos
25.1. En los procedimientos iniciados a solicitud de
parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar
a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos
en los que haya incurrido el denunciante, siempre que este
lo hubiese solicitado al inicio o durante el procedimiento.
25.2. Las reglas aplicables a los procedimientos para
la liquidación de costas y costos son las dispuestas en
la Directiva N° 001-2015/TRI-INDECOPI del 6 de abril de
2015 o la que la sustituya.
Artículo 26.- Resolución de admisión a trámite o de
inadmisibilidad
26.1. La Secretaría Técnica de la Comisión se
pronuncia sobre la admisión a trámite de la denuncia luego
de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 20 de la presente Ley.
26.2. Cuando la unidad de trámite documentario del
Indecopi o la Secretaría Técnica de la Comisión advierta
el incumplimiento de alguno de los requisitos antes
mencionados, se puede hacer un único requerimiento
para subsanar dentro del plazo de dos (2) días hábiles. En
caso de que el requerimiento efectuado no sea respondido
dentro del plazo o, habiendo sido respondido, no se
cumpla con subsanar las observaciones, la Secretaría
Técnica de la Comisión puede declarar la inadmisibilidad
de la denuncia y disponer la devolución de los actuados y
de la tasa, a solicitud del denunciante.
Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de
parte
27.1. La Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala,
de ser el caso, declara la improcedencia de la denuncia
de parte de acuerdo con los supuestos establecidos en el
Código Procesal Civil.
27.2. En primera instancia, si la Comisión o
su Secretaría Técnica, estima que la denuncia es
improcedente, la declara de manera liminar, finalizando
así el procedimiento. Si el defecto se refiere a alguna
de las pretensiones, la declaración de improcedencia se
limita a aquellas que adolecen del defecto advertido por
la Comisión o su Secretaría Técnica, pudiendo admitir los
demás extremos.
27.3. Si la Comisión lo considera necesario, también
puede declarar la improcedencia de la denuncia, luego de
admitida a trámite y presentados los descargos.
27.4 La Secretaría Técnica o la Comisión pueden
efectuar requerimientos de información respecto de
aspectos de procedencia de la denuncia.
Artículo 28.- De la notificación en los
procedimientos en materia de barreras burocráticas
En los procedimientos que se tramiten ante la Comisión
y la Sala, la notificación de los actos administrativos se
realiza conforme a las disposiciones sobre notificación de
la Ley N° 27444 o la norma que la sustituya.
Artículo 29.- Plazo para la presentación de
descargos
29.1. La entidad denunciada podrá formular sus
descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la notificación de la resolución que admite a
trámite la denuncia o inicia el procedimiento de oficio.
Este plazo puede ser prorrogado a criterio de la Secretaría
Técnica de la Comisión por una sola vez y por el término
máximo de diez (10) días hábiles adicionales, contados
desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado.
29.2. En sus descargos, la entidad debe:
a. Presentar los argumentos de legalidad y/o
razonabilidad, dependiendo de lo cuestionado en la
denuncia o en el procedimiento de oficio, respecto
de la barrera burocrática cuestionada, conforme a la
metodología de análisis señalada en la presente ley.
b. Pronunciarse sobre cada uno de los argumentos
presentados por la parte denunciante; o,

c. Comunicar sobre la derogación y/o modificación
de la barrera burocrática cuestionada denunciada y/o
la inaplicación de la misma al denunciante en caso la
barrera burocrática se encuentre materializada en un acto
administrativo o actuación material. Esta obligación se
mantiene a lo largo de la tramitación del procedimiento.
La entidad debe presentar los documentos que acrediten
sus afirmaciones.
29.3. Cuando se presente el supuesto del literal c., la
Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la sustracción
de la materia controvertida, disponiendo el archivo del
expediente, incluso si se trata de un procedimiento
sancionador.
Artículo 30.- Informe oral
En cualquier etapa del procedimiento, ya sea a pedido
de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, de ser el caso,
puede citar a las partes a audiencia de informe oral con el
objeto de contar con mayores elementos para resolver la
cuestión controvertida.
Artículo 31.- Supuestos excepcionales para la
suspensión de procedimientos
Solo procede la suspensión de procedimientos
seguidos ante la Comisión o la Sala, de ser el caso,
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando con anterioridad al inicio del
procedimiento, se haya iniciado un proceso judicial
que verse sobre la misma materia. Esto último implica
que en el proceso judicial la parte denunciante esté
cuestionando de manera conjunta la misma disposición
y/o acto administrativo y/o actuación material de la
entidad denunciada, a través de los mismos argumentos
de legalidad y/o razonabilidad.
2. Cuando surja una cuestión contenciosa, en sede
judicial o administrativa, que, a criterio de la Comisión o la
Sala, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no
pueda ser resuelto el asunto que se tramita.
Artículo 32.- Recurso de apelación
32.1. El único recurso impugnativo que puede
interponerse durante la tramitación del procedimiento
es el de apelación, contra la resolución que resuelve la
suspensión de un procedimiento, contra la resolución
que resuelve la liquidación de costas y costos de un
procedimiento, contra la resolución que declara la
improcedencia de una denuncia, contra la resolución que
ordena una medida cautelar, contra la resolución que
pone fin a la instancia y contra la resolución que impone
multas, salvo el supuesto de incumplimiento de mandato,
establecido en el artículo 34 de la presente Ley el cual es
resuelto por la Comisión en instancia única. El plazo para
interponer dicho recurso es de quince (15) días hábiles,
contados desde el día siguiente de la notificación de la
resolución.
32.2. La apelación de resoluciones que ponen fin a la
instancia se concede con efecto suspensivo, salvo que la
Comisión determine mediante resolución motivada, que
procede sin efectos suspensivos.
32.3. La apelación de multas se concede con efecto
suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado.
Es improcedente el recurso de apelación sustentado
únicamente en el incremento en la cuantía de la multa
impuesta. La apelación de medidas cautelares se
concede sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno
separado.
TÍTULO III
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y CORRECTIVO
CAPÍTULO I
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 33.- Ámbito de aplicación subjetivo
Las sanciones que imponga la Comisión o la Sala, de
ser el caso, pueden recaer en funcionarios, servidores
públicos o cualquier persona que ejerza función
administrativa por delegación, bajo cualquier régimen
laboral o contractual, así como en las entidades, cuando
se incurra en alguna de las infracciones previstas en el
presente capítulo.
Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios
o servidores públicos por incumplimiento de mandato
La Comisión puede imponer multas de hasta veinte
(20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario,
servidor público o cualquier persona que ejerza función
administrativa por delegación, bajo cualquier régimen
laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes
supuestos:
1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de
la barrera burocrática declarada ilegal al que se hace
referencia en el artículo 8 de la presente ley.
2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente
de razonabilidad, según sea el caso, al que se hace
referencia en el artículo 10 de la presente ley.
3. Cuando, luego de publicado lo resuelto en los
procedimientos de oficio a los que hace referencia el
artículo 9, aplique u ordene aplicar la barrera burocrática
previamente declarada carente de razonabilidad, o
cuando pudiendo disponer su inaplicación, omita hacerlo.
Artículo 35.- Conductas infractoras de entidades
por aplicación de barreras burocráticas ilegales
35.1. La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede
imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas
Tributarias, a la entidad cuando verifique que alguno de
sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona
que ejerza en su nombre, función administrativa por
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual,
aplica u ordena la aplicación de barreras burocráticas
que involucre alguno de los supuestos que se detallan a
continuación.
a. Exigir requisitos adicionales a la lista de requisitos
máximos establecidos en las siguientes leyes y/o
dispositivos normativos:
1. Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento.
2. Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones y su reglamento.
3. Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su
reglamento.
4. Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras
de servicios públicos autorizadas por las municipalidades
en las áreas de dominio público, y su reglamento.
5. Aquellos dispositivos legales que sustituyan o
complementen los dispositivos anteriores.
b. Exigir requisitos que no constan en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos -TUPA de la entidad.
c. Exigir requisitos que, estando en el TUPA de la
entidad, no cuentan con sustento normativo vigente.
d. Exigir documentación o información prohibida
de solicitar para la tramitación de procedimientos
administrativos de acuerdo a lo previsto en la Ley N°
27444, el Decreto Legislativo N° 1246 y otras normas que
contengan disposiciones sobre esta materia.
e. Negarse a recibir la documentación o información
a la cual están obligadas las entidades en reemplazo
de documentación oficial para la tramitación de
procedimientos administrativos, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 41 de la Ley N° 27444.
f. Exigir el pago de derechos de trámite incurriendo en
cualquiera de los siguientes supuestos:
1. En procedimientos iniciados de oficio.
2. En procedimientos en los que se ejerce el derecho
de petición graciable.
3. Para la tramitación de una denuncia por infracciones
funcionales de sus funcionarios.
4. Para la tramitación de una denuncia por infracciones
que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría
Interna.

5. Sin que la entidad esté facultada por ley, o por
norma de similar fuerza y rango, para crear el referido
derecho de trámite.
6. Que no hayan sido aprobadas por la norma que
exige el marco legal vigente.
7. No ratificados por la municipalidad provincial
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
8. Que no consten en el TUPA de la entidad.
9. Que se cobren por etapas en la tramitación de un
procedimiento administrativo.
10. Que no correspondan al importe del costo que su
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado
durante toda su tramitación o que no correspondan al
costo real de producción de documentos que expida la
entidad.
11. Que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente, salvo que se encuentren acogidos al régimen de
excepción a que se refiere el numeral 45.1 del artículo
45 de la Ley N° 27444 y/o el artículo 70 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado
por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
12. Que sean cobrados de manera diferenciada para
dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud
distinguiéndola de las demás de su mismo tipo.
13. Que sean cobrados de manera discriminatoria, en
función del tipo de administrado que siga el procedimiento
administrativo.
g. Establecer plazos mayores a los máximos
establecidos en las siguientes leyes y/o dispositivos
normativos:
1. Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento;
2. Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones y su reglamento; o,
3. Los dispositivos legales que regulan el despliegue
para la ejecución, mantenimiento y/o implementación
de infraestructura en servicios públicos, así como
aquellos que regulan el otorgamiento de licencias,
autorizaciones y/o permisos para la realización de
actividades industriales, comerciales o de servicios,
públicos o privados.
h. Establecer regímenes de silencio administrativo
sin observar lo dispuesto en la ley sobre la materia
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo o la que
la sustituya, así como en las leyes especiales que lo
reconocen.
i. Desconocimiento del efecto del silencio administrativo
positivo, cuando ha operado conforme a Ley N° 29060,
Ley del Silencio Administrativo, o leyes especiales.
j. Desconocimiento de la aprobación automática,
cuando ha operado respecto de solicitudes de licencias,
autorizaciones y/o permisos para el despliegue,
ejecución, mantenimiento y/o implementación de
infraestructura en servicios públicos, así como para
la realización de actividades industriales, comerciales
o de servicios, públicos o privados, de acuerdo con la
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, o leyes
especiales.
k. Impedir y/o negar la presentación de solicitudes
o escritos, contraviniendo las normas que garantizan el
derecho de petición en sede administrativa.
l. Suspender la tramitación de los procedimientos
administrativos, sin contar con una ley o mandato judicial
que autorice expresamente a ello.
m. Imponer un plazo a la vigencia de las autorizaciones
otorgadas para la realización de actividades económicas,
sin que exista una ley especial que disponga expresamente
tal plazo.
n. Imponer nuevas observaciones que no fueron
formuladas en una primera oportunidad, vulnerando lo
establecido en el artículo 126.2 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
35.2. La sanción a la que hace referencia el presente
artículo puede imponerse en el mismo procedimiento
iniciado de parte en el que se declare una barrera
burocrática ilegal o en uno posterior.
Artículo 36.- Conductas infractoras de entidades
por incumplimientos vinculados con aspectos del
procedimiento
La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer
una multa de hasta 20 UIT a las entidades cuando
incumplan alguno de los siguientes mandatos:
1. Mandato de pago de costas y costos del
procedimiento.
2. Mandato de medidas correctivas.
3. Mandato de medida cautelar.
4. Incumplir la orden de devolución del cobro declarado
ilegal, más los intereses que correspondan, cuando se
trate de un procedimiento iniciado de parte.
Artículo 37.- Información al órgano de control
interno
La Comisión, a través de su Secretaría Técnica,
puede informar al órgano de control interno de la entidad
respectiva, para que este disponga las acciones que
considere pertinentes y determine las responsabilidades
administrativas que correspondan, en caso se verifique lo
siguiente:
1. La falta de publicación de la disposición
administrativa que aprueba el Texto Único de
Procedimiento Administrativo de una entidad a través del
medio de difusión que corresponde de acuerdo al marco
legal vigente.
2. La falta de publicación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la entidad en el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresas o en el portal
institucional.
Artículo 38.- Graduación de sanciones
38.1. Las sanciones que imponga la Comisión o la
Sala, de ser el caso, se sujetan a la siguiente escala:
a. Falta leve, desde amonestación hasta una multa de
2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
b. Falta grave, desde una multa mayor a 2 UIT hasta
10 UIT.
c. Falta muy grave, desde una multa mayor a 10 UIT
hasta 20 UIT.
38.2. Para imponer la sanción, la Comisión o la Sala,
de ser el caso, puede utilizar como criterios de graduación
la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia
y/o continuidad de la comisión de la infracción, la
intencionalidad de la conducta y otros criterios según el
caso particular.
38.3. La tabla de graduación de sanciones es aprobada
mediante resolución de Consejo Directivo del Indecopi,
sin que su aprobación sea un requisito indispensable para
el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 39.- Responsabilidad administrativa
La potestad sancionadora establecida en la
presente ley se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, civil y/o de la formulación de la
denuncia penal correspondiente y de la declaración de
ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de la barrera
burocrática.
Las entidades, bajo responsabilidad, remiten a
su respectivo órgano de control interno la siguiente
información, a fin de que se tomen las acciones que
estime pertinentes:
1. Resultados del procedimiento administrativo
sancionador que haya agotado la vía administrativa,
seguido contra alguno de sus funcionarios, servidores
públicos o cualquier persona que ejerza en su nombre
función administrativa por delegación, bajo cualquier
régimen laboral o contractual.
2. Resultados del procedimiento administrativo
sancionador seguido contra la entidad que haya
agotado la vía administrativa, así como el nombre de los
funcionarios involucrados en la emisión y/o imposición
de la barrera burocrática ilegal cuya aplicación motivó la
respectiva sanción.

3. Medidas adoptadas respecto a lo resuelto por
la Comisión o, la Sala, de ser el caso, a través de sus
resoluciones.
Artículo 40.- Procedimiento sancionador
En los supuestos de infracción señalados en el artículo
35 de la presente ley, la resolución que dispone la sanción
también debe contener la declaración de ilegalidad de la
barrera burocrática.
Artículo 41.- Beneficio por cumplimiento inmediato
El monto de la multa impuesta es rebajado en un 30%
cuando el infractor efectúe el pago del monto de la misma
dentro del plazo de apelación, lo cual implica su renuncia
a impugnar. En este supuesto, el infractor puede solicitar
al Indecopi el fraccionamiento del pago de la multa, lo que
queda a criterio de éste.
Artículo 42.- Responsabilidad del procurador
público o abogado defensor de la entidad denunciada
42.1. Es obligación del procurador público o abogado
defensor de una entidad contra la que se inició un
procedimiento, de parte o de oficio, en el que se haya
declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de
una barrera burocrática por medio de una resolución
que ha quedado firme o consentida, remitir copia de la
resolución de la Comisión o la Sala, de ser el caso, al titular
de la entidad y la Secretaría General o la que haga sus
veces, con la finalidad de que pueda ser difundida para
conocimiento de sus funcionarios y/o servidores públicos.
42.2. El plazo para remitir la referida resolución es
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente
de la fecha en que quedó consentida o fue notificada la
resolución que confirma la resolución de la Comisión.
42.3. El órgano de control interno de la entidad
respectiva, dispone las acciones que considere
pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la
obligación señalada en el presente artículo.
CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artículo 43.- Medidas correctivas
La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar
y/o conceder las siguientes medidas correctivas:
1. Que las entidades devuelvan los derechos de trámite
cobrados cuando estos derechos hayan sido declarados
como barreras burocráticas ilegales y/o carentes de
razonabilidad en el caso concreto de un denunciante.
2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca
de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o
carentes de razonabilidad mediante las resoluciones de la
Comisión que hayan agotado la vía administrativa y/o las
resoluciones de la Sala, como medida complementaria.
Artículo 44.- Forma de implementación y plazo
para el cumplimiento de las medidas correctivas:
44.1. Para cumplir la medida correctiva señalada en el
inciso 1. del artículo precedente, el plazo máximo con el que
cuenta la entidad es de quince (15) días hábiles contado
desde el día siguiente de la fecha del consentimiento de la
resolución de la Comisión o de la fecha de notificación de la
resolución de la Sala, según sea el caso.
44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en
el inciso 2. del artículo precedente, el plazo máximo con
el que cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles. Las
entidades pueden emplear medios de comunicación tanto
físicos como virtuales que estén disponibles para todo
administrado y/o agente económico que acuda al área de
trámite documentario, así como el portal de la entidad.
TÍTULO IV
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PERSUASIÓN
CAPÍTULO I
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
Artículo 45.- Autoridad a cargo
La Comisión y su Secretaría Técnica tienen facultades
para desarrollar investigaciones relacionadas con los
temas de su competencia e iniciar procedimientos de
oficio, las mismas que son ejercidas por los funcionarios
que designen para tal fin. Las atribuciones en materia de
investigaciones se rigen por lo señalado en la presente
ley y por lo dispuesto en los artículos 1 al 8 del Decreto
Legislativo N° 807 y supletoriamente por lo dispuesto en la
Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan.
Artículo 46.- Finalidad de las actividades de
prevención
De conformidad con lo establecido por el principio de
acción preventiva, los órganos encargados del inicio de las
acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones
de prevención y/o coordinación con el objeto de promover
la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad por
parte de las entidades sujetas a investigación.
Artículo 47.- Actividades de supervisión,
investigación e inspección en materia de eliminación
de barreras burocráticas
Las actividades de supervisión, investigación
e inspección dirigidas y/o vinculadas con el inicio
de procedimientos administrativos de competencia
de la Comisión se rigen por el principio de acción
preventiva reconocido en la presente ley, así como
por las disposiciones sobre la materia establecidas
en el Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444,
o las normas que las sustituyan. La Comisión y/o su
Secretaría Técnica puede solicitar toda la información
o documentación que consideren necesarias para el
cumplimiento de las actividades descritas, a través de
cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o
electrónico.
CAPÍTULO II
ACTIVIDADES DE PERSUASIÓN
Artículo 48.- Elaboración y difusión del Ranking de
entidades en materia de barreras burocráticas
48.1. El Indecopi, previa propuesta de la Secretaría
Técnica de la Comisión, puede elaborar y difundir
documentos en los que incluya una relación de
entidades según su nivel de cumplimiento respecto de
las normas sobre eliminación de barreras burocráticas
y simplificación administrativa, con la finalidad de dar
a conocer esta información a los agentes económicos
y administrados. De manera enunciativa y no limitativa,
estos documentos pueden tratar de alguno de los
siguientes supuestos:
a. Un ranking en el que se incluya la lista de las
entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad
identificadas a través de procedimientos iniciados de
parte y de oficio por la Comisión durante el año, que
hayan agotado la vía administrativa.
b. Un ranking en el que se incluya la lista de las
entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras
burocráticas que han sido eliminadas voluntariamente,
antes del inicio de un procedimiento administrativo o
antes de la emisión de una resolución final, que hayan
agotado la vía administrativa.
c. Un ranking de entidades que han implementado
medidas de prevención de eliminación de barreras
burocráticas.
48.2. El Indecopi, a través de su Consejo Directivo,
aprueba las disposiciones necesarias para la
implementación de los diferentes tipos de “rankings” a los
que hace referencia el presente artículo.
Artículo 49.- Abogacía para la eliminación de
barreras en leyes
Si durante la tramitación de los procedimientos, la
Comisión o la Sala identifica la existencia de algún requisito,
exigencia, limitación, prohibición y/o cobro dentro de una ley
o en una norma emitida en ejercicio de la función legislativa,
que pueda restringir o limitar el desarrollo de una actividad
económica o las libertades de empresa y/o la iniciativa

privada y/o que constituyan incumplimientos de las normas
y/o principios que garantizan la simplificación administrativa,
puede disponer que su respectiva secretaría técnica emita
una opinión a través de un informe técnico, recomendando la
implementación de medidas que promuevan la eliminación
de tales obstáculos en resguardo de las libertades de
empresa y/o la iniciativa privada y/o la simplificación
administrativa. De ser el caso, el informe técnico debe ser
puesto en conocimiento del Congreso de la República o el
Poder Ejecutivo, según corresponda.
Artículo 50.- Reporte de acciones tomadas para la
eliminación de barreras burocráticas
50.1. Las entidades que hayan sido parte denunciada en
los procedimientos seguidos ante la Comisión, en los que se
haya declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de
una barrera burocrática, cuyas resoluciones hayan quedado
consentidas o hayan sido confirmadas por la Sala, deben
comunicar al Indecopi sobre las medidas adoptadas respecto
de lo resuelto por la Comisión. El órgano de control interno
de la entidad respectiva, dispone las acciones que considere
pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la
obligación señalada en el presente artículo.
50.2. El Consejo Directivo del Indecopi aprueba las
disposiciones para la implementación de la obligación
antes mencionada en el caso de las entidades.
Artículo 51.- Portal sobre eliminación de barreras
burocráticas
Créase el portal informativo que promueve
la eliminación de barrera burocráticas, el cual es
administrado por el Indecopi, teniendo como principal
objetivo incluir el registro de resoluciones de la Comisión y
de la Sala que declaran barreras burocráticas declaradas
ilegales y/o carentes de razonabilidad, para conocimiento
de los ciudadanos, agentes económicos y entidades.
Artículo 52.- Difusión de resoluciones de inicio
La Secretaría Técnica o la Comisión se encuentran
facultadas para disponer la difusión de la resolución de
inicio de cualquier procedimiento iniciado a pedido de
parte o de oficio, siempre que lo consideren pertinente en
atención a la importancia del caso.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y
TRANSITORIAS
Primera.- Aplicación de la presente ley
La presente ley se aplica de manera inmediata a
las denuncias de parte que, habiéndose iniciado ante la
Comisión, aún no hayan sido admitidas a trámite.
Los procedimientos a cargo de la Comisión y la Sala
que, a la fecha se encuentren en trámite, continúan
siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia
de esta ley.
Segunda.- Demandas contencioso-administrativas
Las entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo los
Ministerios, no pueden interponer demanda contenciosoadministrativa
contra las resoluciones que emita la Sala
en materia de eliminación de barreras burocráticas u
otra actuación impugnable en vía judicial, salvo que se
cumplan las siguientes condiciones de manera conjunta:
1. Que la acción judicial sea autorizada formal y
expresamente por la máxima autoridad de la entidad,
siendo esta facultad indelegable.
2. Que la referida autorización sea aprobada en el
Consejo de Ministros.
Los procuradores públicos que no interpongan estas
acciones no incurren en responsabilidad.
Las demandas contencioso-administrativas contra las
resoluciones emitidas por la Sala en materia de eliminación
de barreras burocráticas son conocidas, en primera
instancia, por la Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior respectiva. En este
caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en
apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si
fuera el caso. Es competente para conocer la solicitud de
medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior.
Tercera.- Aplicación supletoria
Las autoridades encargadas de la supervisión de la
presente ley se rigen supletoriamente por lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo N°
1033, la Ley N° 27444 y el Código Procesal Civil, o por las
normas que las sustituyan, en aquello que sea aplicable.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS
Primera.- Derogación de normas que se opongan
a la presente ley
Deróguese el artículo 26BIS del Decreto Ley N°
25868, los artículos 3, 4, 5 y la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1212,
el artículo 2° de la Ley N° 28996, la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30056 y toda norma
que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Segunda.- Derogación de artículos del reglamento
de la Ley N° 29022
Deróguese el literal b) del artículo 34, el artículo 37 y el
artículo 40 del reglamento de la Ley N° 29022, aprobado
por el Decreto Supremo N° 003-2015-MTC.
Tercera.- Modificación del artículo 61 del Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
Modifíquese el artículo 61 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto
Supremo N° 156-2004-EF, del siguiente modo:
“Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer
ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada,
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería,
productos y animales en el territorio nacional o que limiten
el libre acceso al mercado.
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no
es permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el cargo al
usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura;
ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los
mercados y la libre comercialización en el territorio nacional.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo genera responsabilidad administrativa y penal en
el Gerente de Rentas o quien haga sus veces.
Las personas que se consideren afectadas por tributos
municipales que contravengan lo dispuesto en el presente
artículo podrán recurrir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio
Público. Cuando los referidos tributos limiten el acceso y/o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, por
constituir barreras burocráticas, podrán ser conocidas por
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).”
Cuarta.- Modificación del literal a) del artículo 38.8
de la Ley N° 27444
Modifíquese el literal a) del artículo 38.8 de la Ley N°
27444, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“38.8 (…)
a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos y
pago de tasas que no están en el TUPA o que, estando
en el TUPA, no cuentan con sustento normativo vigente”.
POR TANTO:
Mando se publíque y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los síete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional 

Semana del Cierre Tributario y Contable Anual 2016 desde Lima (y virtual a nivel nacional) desde el 12 al 16 de diciembre 2016

Diplomado de Especialización en Tributación ADEFORC  culmina el 17 de diciembre en Independencia, Lima

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Acerca de Alan Emilio Matos Barzola
Experto en Tributación Empresarial y en Normas Internacionales de Información Financiera, en casos relacionados a Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Impuesto a la Renta, Amazonía, Región Selva, Derecho Constitucional, Derecho de Aduanas y Procesal en General, entre otros temas, con cientos de casos exitosos ganados. Expositor experto en materia tributario-contable a nivel nacional en diversas fechas, con PERUCONTABLE, INEDI, GACETA JURÍDICA-CONTADORES&EMPRESAS, REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL, INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE, entre otras entidades y colegios profesionales.

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