Jurisprudencia Constitucional 2016 sobre el Derecho a la Debida Motivación de las Resoluciones Administrativas (SUNAT, INDECOPI, entre otros)

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Alan Emilio en Arequipa, agosto 2016

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

El Tribunal Constitucional peruano mediante Sentencia STC, de fecha 01 de marzo del 2016 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de agosto del 2016, emitida para resolver el Expediente N° 04846-2012-PA/TC Lima (Proceso de Amparo), establece las consideraciones que corresponde evaluarse para identificar la existencia de alguna presunta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas:

  1. En lo que refiere a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal, ha establecido que si bien esta exigencia no cuenta con un sustento constitucional directo, ello no obsta su reconocimiento como un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático de derecho, que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En ese sentido, la sentencia recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC, precisó que:

    En el Estado constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

    Y es que, dada la estrecha vinculación existente entre la actividad administrativa y los derechos de las personas, la exigencia de una debida motivación en las actuaciones administrativas se configura como una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa, esto es, una condición esencial para la vigencia efectiva del principio de legalidad que, a su vez, constituye un presupuesto ineludible en todo Estado de derecho [STC 00091-2005-PA/TC, fundamento jurídico 9, párrafos 3 y 5 al 8].

  2. En tal perspectiva, es criterio jurisprudencial reiterado del Tribunal Constitucional el que la motivación en sede administrativa [STC 0090-2004-AA/TC, fundamentos 31 y 34]:

    […] debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad […].

    En consecuencia:

    […] motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.

  3. En esa misma línea, la Corte IDH tiene establecido que [Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005, párr. 153]:

    […] la debida motivación implica que la Administración Pública mencione en la resolución administrativa los hechos que configuran la infracción, las normas aplicables y las consecuencias previstas en estas.

  4. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, reconoce al debido procedimiento como uno de los principios rectores del procedimiento administrativo. En atención a este, admite que: “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho […]”.

    La motivación es, pues, uno de los requisitos esenciales del acto administrativo (artículo 3, inciso 4 de la precitada ley). Su omisión es sancionada no sólo con la invalidez del acto (artículo 10, inciso 2), sino que, puede generar además supuestos de responsabilidad funcional (artículo 239, inciso 4).

  5. Asimismo, el artículo 6 de la precitada Ley intenta concretizar algunos aspectos de la motivación en los actos administrativos, al establecer que:

                                      6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado;

                                    6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

                                    6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto […].

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Programa de Especialización en Derecho Tributario y Contable – Inicio 05 de octubre 2016

Jornada de Actualización Contable – Tributaria en Loreto (Iquitos) 13 de agosto del 2016

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 LIMA SURCO 20 de agosto

Confirmado también en Piura, Arequipa, Chiclayo

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