RTF 05849-1-2015 Contribuyentes tienen que acreditar que los gastos para la contratación del servicio de seguridad (guardaespaldas) de sus funcionarios resultaran necesarios y razonables

CS
Corte Suprema de Justicia de la República – Junio 2016

Mediante Resolución RTF N° 05849-1-2015, de fecha 16 de junio del 2015, el Tribunal Fiscal resolvió una controversia vinculada con la determinación del Impuesto General a las Ventas correspondiente a los periodos mensuales agosto a diciembre del 2005 y enero a julio del 2006.

La controversia era el reparo efectuado al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas por “servicios de seguridad personal prestados a accionistas, directores y representantes legales”, debido a que no cumplían con el principio de causalidad, por lo que constituían un acto de liberalidad.

SUNAT solicitó que la entidad (contribuyente-recurrente) sustente por escrito y documentariamente la causalidad del gasto relacionado a la cantidad de guardaespaldas asignados al Gerente General y Presidente del Directorio, a los Director y Apoderado, y a otro Director, siendo que estas erogaciones respaldadas por diversas facturas emitidas por la entidad Protección de Hoteles SRL.

El Tribunal Fiscal evaluó el contenido de su jurisprudencia comprendida en las RTF 02607-5-2003, RTF 08318-3-2004, RTF N° 710-2-99 y RTF 8634-2-2001 en las cuales se advierte que si bien la legislación peruana comprende una noción de causalidad con criterio amplio, deberán aplicarse criterios adicionales (a la razonabilidad, proporcionalidad) como que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o que se mantenga cierta nproporción con el volumen de las operaciones, ENTRE OTROS. (ta ta ta tannnn, claramente los criterios no son limitativos y comprenden muchos que algunos docentes que son abogados patrocinantes de casos intentan ocultar para su beneficio propio, generando oscurantismo en muchos pulpines).

El Tribunal Fiscal también expone el contenido de su jurisprudencia contenida en las RTF N°  05154-8-2013, RTF 668-3-99, 612-4-2000 y 644-4-2001, respecto a que resulta razonable que se contrate el servicio de seguridad para los funcionarios de las empresas que se expongan a riesgos originados por el ejercicio de sus funciones, pues como resulta lógico, no solo se encuentran expuesto a riesgos originados por el ejercicio en los lugares en los que desempeña sus funciones, sino también en su domicilio.

Precisa el Tribunal que si bien en algunos casos resueltos por este Tribunal, el servicio de seguridad a los funcionarios fue brindado en circunstancias de terrorismo o debido a que éstos laboraran en lugares alejados a la ciudad (mina), ELLO NO IMPLICA QUE SEAN LOS ÚNICOS SUPUESTOS EN LOS CUALES LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN LOS FUNCIONARIOS DE UNA EMPRESA PROVOQUEN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN EXPUESTOS A RIESGOS POR LOS CUALES SE LES TENGA QUE BRINDAR SEGURIDAD.

Que por ello, para la procedencia de la deducción por gastos de seguridad (guardaespaldas) resulta necesario acreditar con la documentación pertinente, la necesidad y razonabilidad, entre otros, de su realización para el desarrollo de la actividad productora de la renta gravada.

En el presente caso, para acreditar la causalidad de los gastos analizados, en primer lugar, debe verificarse en autos que los funcionarios mencionados se encontraban expuestos a riesgos, durante los periodos fiscalizados, como consecuencia del ejercicio de sus funciones en la empresa.

La empresa (contribuyente) expuso que dichos funcionarios así como sus familiares se encontraban expuestos a amenazas de daños contra su vida e integridad física, lo que justificaría la contratación de “guardaespaldas” para la seguridad de tales personas, debido a que dichos funcionarios tienen poder de decisión en la empresa, y sin ellos se afectaría la producción o generación de rentas.

Sin embargo, los documentos aportados no permiten advertir la relación que habría entre tales amenazas de muerte o contra la integridad física tanto de los funcionarios y sus familiares y el desempeño de las funciones que realizan en la empresa, siendo que las alusiones y/o motivaciones de dichas amenazas se refieren a conductas personales de índole distinta a la laboral o empresarial propias del cargos que ocupan tales funcionarios, máxime si en el primer documento se menciona genéricamente un nombre (sin apellidos ni cargos) y en el segundo documento se menciona genéricamente un nombre (sin apellidos ni cargos) y en el segundo documento se menciona a personas distintas a los funcionarios beneficiarios del servicio de protección.

Que si bien tales amenazas generarían la necesidad de seguridad (guardaespaldas), no está acreditado que tuvieran vinculación con las actividades o gestión empresarial desarrolladas como funcionarios de la empresa, siendo evidente que si bien se puede verificar la necesidad de protección, los elementos presentados solamente acreditan que ésta surge dentro de la órbita de la esfera personal y privada de dichos beneficiarios. Por ello, los gastos analizados no podrían ser deducidos, pues no está acreditado que dichos servicios, que cubrían una necesidad de protección, tenían que ver con la actividad de la empresa. 

Por lo tanto, no se ha acreditado la necesidad del gasto materia de análisis con dicha jurstificación, conforme al criterio expuesto en considerandos anteriores.

El Tribunal Fiscal desvirtúa el parte policial presentado puesto que de lo consignado en este documento solamente se relatan meros comentarios  que no generan convicción de la necesidad del gasto.

Inclusive en el expediente el Tribunal verifica que la empresa no ha expuesto de manera específica de qué manera tales gastos incurridos por cada funcionario fueron necesarios para el desempeño de las actividades en el ejercicio de sus funciones como ejecutivos, PUES NO DESARROLLÓ UN LISTADO DE ACCIONES O ACTIVIDADES, EN LAS QUE SE APRECIARA EL RIESGO A QUE EXPUSIERON EN EL DESEMPEÑO DE TALES ACTIVIDADES, COMO PODRÍAN SER, LUGARES DE ACTVIDADES, REUNIONES O SESIONES REALIZADAS, TRASLADOS, DESPLAZAMIENTOS Y FRECUENCIA DE LOS MISMOS, CONFLICTOS LATENTES, PROBLEMÁTICA QUE GENERE RIESGOS, ENTRE OTROS; limitándose a contestar el requerimiento  de SUNAT con un escrito exponiendo razones genéricas.

El Tribunal Fiscal también advierte una falta de razonabilidad del gasto respecto a la diferenciación entre la cantidad de guardaespaldas asignados, siendo la empresa (contribuyente) el obligado a acreditar esta condición, al encontrarse en mejores condiciones de probarlo, tal como se advierte en el contenido de la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia recaída en el Expediente N° 1776-2004-AA/TC.

La empresa (contribuyente) no ha exhibido la documentación pertinente que acredite la razonabilidad del gasto, esto es, que acredite la razonabilidad de la cantidad de guardaespaldas por cada funcionario, como por ejemplo, un informe que demuestre las estrategias de seguridad operativa por cada uno de estos, relacionado a los diversos lugares de actividades que le generen riesgos, cantidad de conflictos latentes, cantidad de atentados, de ser el caso, ENTRE OTROS.

Que en tal sentido, de autos (en el expediente) no resulta acreditado que los gastos en que incurrió la empresa (recurrente) para la contratación del servicio de seguridad (guardaespaldas) de sus funcionarios resultaran necesarios y razonables, por lo tanto, no cumplen con el principio de causalidad, por lo que no se ha acreditado que la empresa se haya encontrado habilitada para utilizar el crédito fiscal contenido en las facturas antes glosadas, y dado ello, su deducción no debe ser aceptada, en consecuencia, corresponde mantener el reparo y confirmar la apelada en este extremo.

Finalmente, el Tribunal Fiscal indica que en cuando a los argumentos de la empresa referidos a que se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia de sus funcionarios con afirmaciones que no han sido corroboradas a nivel judicial, debe precisarse que ello resulta IRRELEVANTE para la resolución del presente caso ya que únicamente importa si los motivos de las amenazas provienen de las funciones que realizan los funcionarios.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

Coordinando con Iquitos, Ayacucho, Huancayo, Cusco, Ica, Lima y a nivel nacional

 

 

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