Sentencia 2016 Corte Suprema: “La reserva de Ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley”

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Alan Emilio en La Merced, Chanchamayo

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido la Sentencia A.P. N° 3875-2013-Lima, de fecha 13 de agosto del 2015 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril del 2016, pero que muchos no leyeron por estar pendientes de las elecciones naciones.

En vía de apelación y en el proceso de Acción Popular, la empresa demandante solicitó que se declare inconstitucional e ilegal el artículo 3 del Decreto Supremo N° 065-2002-AG, así como los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 007-2002-AG, por supuestamente infringir el principio de jerarquía de normas establecido en el artículo 51 de la Constitución Política, además de los principios de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, establecidos por la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario y la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27360. Sin embargo la sentencia apelada declaró la sustracci{on de la materia respecto del artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2002-AG, extremo que no ha sido materia de apelación, habiendo quedado consentido, y por lo tanto el análisis abordado por la Corte Suprema solo se limitó a lo referido al artículo 1 del Decreto Supremo N° 007-2002-AG.

En la sentencia apelada el A-quo había declarado INFUNDADA la demanda dado que:

a). El artículo 1 del Decreto Supremo N° 007-2002-AG había sido emitido de conformidad con lo normado en la primera disposición transitoria y final (norma reglamentaria) de la Ley N° 27360, teniendo en consideración, que el Decreto Supremo es el medio adecuado para dictar las medidas reglamentarias y complementarias para la aplicación de la citada Ley.

b). La norma materia de análisis ha sido emitida respetando el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y el artículo IV del Título Preliminar del Código Tributario, puesto que dicho dispositivo guarda coherencia y viabiliza con lo normado en los numerales 2.2 y 2.3 del artículo 2 de la Ley N° 27360, ya que dicha Ley prevé suficientemente  el ámbito de aplicación material de los beneficios, los sujetos que podían gozar y el espacio geográfico del país dentro del cual rigen tales beneficios,  siendo que por medio del artículo 1 del Decreto Supremo en mención, lo que se hace (tomando en cuenta el referido numeral 2.2), es precisar aquellas actividades agroindustriales comprendidas en la Ley N° 27360, lo cual está dentro de los parámetros indicados por el Tribunal Constitucional (Sentencia STC 0042-2004-AI).

c). Lo establecido en el denominado anexo del Decreto Supremo, no debe interpretarse en forma restrictiva, pues el propio texto del artículo objeto de análisis, se aprecia que no contiene exclusión empresa con relación a otras actividades agroindustriales que cumpla con los requisitios mencionados en el numeral 2.2 de la glosada Ley.

En el Considerando Décimo Tercero, la Corte Suprema indica que el Decreto Supremo N° 007-2002-AG no desnaturaliza lo dispuesto en la Ley N° 27360, pues únicamente especifica lo ya establecido en la misma, señalando la clase de empresas beneficiarias, las cuales comprenden a las personas naturales o jurídicas que desarrollen custivos y/o crianzas y las que desarrollen actividad industrial, tal como lo estableció la Ley.

En el Considerando Décimo Sexto, la Corte Suprema indica que es posible y legal establecer precisiones mediante normas de rango infralegal (Decreto Supremo N° 007-2002-AG) sobre los elementos esenciales previamente establecidos por las Leyes Ordinarias o normas con rango de Ley de naturaleza tributaria; en consecuencia la denuncia señalada no guarda relación ni congruencia con lo resuelto por la instancia de mérito, al ser solo una apreciación de la parte demandada que no coincide con el criterio de lo resuelto, por lo tanto no cuenta con sustento ni base real, debiendo desestimarse.

En el Considerando Décimo Séptimo, la Corte Suprema indica que que si bien la Ley  N° 27360 resulta ser una norma heteroaplicativa, la que por su naturaleza, luego de su entrada en vigencia requería indefectiblemente de un acto de ejecución posterior para poder ser efectivas; no obstante, la emisión de la norma reglamentaria no se encuentra vinculada a la vigencia de la norma sino que la eficacia de este tipo de normas está condicionada a la realización de actos posteriores y concretos de aplicación; en consecuencia el agravio denunciado deviene en desetimable.

En el Considerando Décimo Octavo, la Corte Suprema indica que coincide con el criterio establecido por el Tribunal Constitucional (Sentencia STC 0042-2004-AI/TC) en cujanto considera que el principio de rfeserva de ley en materia tributaria es, prima facie, una reserva relativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del artículo 74 de la Constitución Política del Estado, que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa); en ese sentido, para los supuestos contemplados en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, la sujeción del ejercicio de la potestad tributaria al principio de reserva de ley -en cuanto al tipo de norma- debe entenderse como relativa, pues también la creación, modificación, derogación y exoneración tributarias pueden realizarse previa delegación de facultades mediante decreto legislativo (reserva de acto legsilativo); y en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmentre, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia norma con rango de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el gradoi de croncreción de sus elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse  la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia. En consecuencia, toda delegación, para ser constitucionalmente legítima, deberá encontrarse parametrada en la norma legal que tiene la atribución originaria, pues cuando la propia  ley o norma con rango de ley no establece todos los elementos esenciales y los límites de la potsetad tributaria derivada, se está frente a una delegación incompleta o en blanco de las atribuciones que el constituyente ha querido resguardar mediante el principio de reserva de ley.

Finalmente, en el Considerando Décimo Noveno, la Corte Suprema indica que al encontrarse establecido expresamente en la Ley N° 27360 (artículo 2 numeral 2.3 y Primera Disposición Transitoria y Final), la delegación para su reglamentación y complementariedad mediante Decreto Supremo  N° 007-2002-AG, y haberse determinado en ésta sus elementos esenciales, la máxima instancia nacional pudo concluir que el artículo 1 del Decreto Supremo resulta de una delegación constitucionalmente legítima, la cual tampoco desnaturaliza la finalidad de la Ley, sino que, como se ha señalado precedentemente, la cumplementa y precisa.

Por tal sentido, la Corte Suprema de Justicia CONFIRMÓ la sentencia apelada en el extremo que declara INFUNDADA la demanda de ACCIÓN POPULAR.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor Experto en materia Tributario Contable a nivel nacional

Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Seminario en Lima 21 de abril: “Planeamiento Tributario 2016-2017″

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

CONANIIF 2016 Madre de Dios IV Convención Nacional organizada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores del Perú

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Acerca de Alan Emilio Matos Barzola
Experto en Tributación Empresarial y en Normas Internacionales de Información Financiera, en casos relacionados a Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Impuesto a la Renta, Amazonía, Región Selva, Derecho Constitucional, Derecho de Aduanas y Procesal en General, entre otros temas, con cientos de casos exitosos ganados. Expositor experto en materia tributario-contable a nivel nacional en diversas fechas, con PERUCONTABLE, INEDI, GACETA JURÍDICA-CONTADORES&EMPRESAS, REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL, INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE, entre otras entidades y colegios profesionales.

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