Sentencia en Casación 730-2009-Lima Corte Suprema de Justicia del Perú confirma la aplicación del principio de lo devengado y de la NIC 18 en materia tributaria

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Alan Emilio en el Cusco

CUSCO 27 de febrero 2016 Impuesto a la Renta 2015-2016 Cierre Contable y Tributario

En diciembre 2015 publicamos la jurisprudencia casatoria contenida en la Sentencia 1173-2008-Lima emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que valida la aplicación del principio de lo devengado y de la NIC 18 en materia tributaria: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2015/12/10/sentencia-en-casacion-1173-2008-lima-corte-suprema-de-justicia-del-peru-valida-la-aplicacion-del-principio-de-lo-devengado-y-de-la-nic-18-en-materia-tributaria/

En esta oportunidad transmitimos la Sentencia en Casación Nº 730-2009-LIMA, también emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que también confirma la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad sobre la base del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, y que guarda concordancia con el articulo 33 del Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta y el articulo 223 de la  Ley General de Sociedades.

Así en el Fundamento Octavo de la Sentencia Casatoria se indica que el artículo 57º inciso a) de la Ley de Impuesto a la renta, señala que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengue, asimismo la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 18 precisa que los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos productivos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada o incremento del valor de los activos, esto decir, es el flujo bruto de beneficios económicos durante el periodo proveniente del curso de las actividades ordinarias de las empresas, que originan un incremento de patrimonio, lo que guarda concordancia con lo previsto en los artículos 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y 233 de la Ley General de Sociedades, que precisan que los intereses en suspenso al no ser reputados como utilidad de las entidades financieras, no pueden ser comprendidos para efectos de determinación del Impuesto a la Renta.

El texto de la Sentencia Casatoria es el siguiente:

Lima, dieciocho de agosto

del dos mil nueve.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

VISTA; con el acompañado; la causa Nº 730-2009 en Audiencia Pública el día de la fecha, de conformidad con el Dictamen emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:

  1. – MATERIA DE LOS RECURSOS:Se trata de los recursos de casación interpuestos por el Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas a fojas quinientos cuarenta y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT a fojas quinientos cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista de fojas quinientos veinticinco, su fecha veinticuatro de septiembre del dos mil ocho, que revoca la sentencia apelada de fojas trescientos treinta y seis, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil seis, que declara infundada la demanda interpuesta por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón Sociedad Anónima Abierta, y reformándola la declara fundada; en consecuencia nula la Resolución Administrativa N° 0710-4-2003 que confirmó la Resolución de Intendencia Nacional N°075-4-04671.
  1. – FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARARON PROCEDENTES LOS RECURSOS DE CASACION:Esta Sala Suprema mediante resoluciones de fecha cuatro de mayo del dos mil nueve ha declarado procedentes los recursos interpuestos por las partes demandadas:
    1. El Ministerio de Economía y Finanzas por las causales de: a) interpretación errónea del inciso a) del artículo 57º de la Ley de Impuesto a la Renta, señalando que la Sala Civil Permanente al resolver la materia controvertida ha interpretado de manera incorrecta la norma denunciada dado que haciendo una interpretación en conjunto con las normas internacionales de contabilidad (NIC 18) y la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 572-97, ha determinado que para efectos del caso de los intereses en suspenso de las entidades financieras se deberá considerar devengados cuando sean realizados, es decir, cuando la operación queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales, desnaturalizando a todas luces el criterio de lo devengado; señala que la correcta interpretación de dicha norma debe estar circunscrita a precisar que los ingresos, costos y gastos se devengan, es decir, se les reconoce a medida que se ganan (los ingresos) o se incurren (los costos y gastos) y no cuando se cobran o se pagan; b) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señala el recurrente que se han vulnerado los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución concordante con los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, pues la recurrida adolece de falta de motivación respecto a la aplicación de la NIC 18 así como de la aplicación de la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 572-97 en lugar del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta y, por ende, al determinar la confiscatoriedad del tributo. Añade que se ha transgredido el principio dispositivo contenido en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el objeto de la apelación y competencia del superior en dicho recurso, recogidos en los artículos 364 y 370 del código mencionado.
    2. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT por las causales de: a) inaplicación de las normas de derecho material contenidas en los artículos 1, 37 inciso h) y 57 inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta, así como del inciso e) del artículo 21 de su Reglamento, señalando de manera clara y especifica los procedimientos que señalan estas normas y las concordantes a efectos de definir la determinación total del impuesto a la renta de tercera categoría y la deducción de los intereses en suspenso de los créditos vencidos y en cobranza judicial. b) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señala para ello el recurrente que la sentencia de vista incurre en infracción del principio de motivación de las resoluciones judiciales, no habiéndose dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, pues en la recurrida no se ha expuesto en forma completa la relación de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, aludiendo en su considerando sexto al reconocimiento de ingresos por créditos riesgosos considerando únicamente lo expuesto por la demandante, mas no el hecho de que la provisión materia de controversia no resulta específica, como exige el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, fundamento principal de la resolución del Tribunal Fiscal.
  2. CONSIDERANDO

    Primero

    – Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales.

    Segundo

    – Que, corresponde señalar, que el principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.

    Tercero

    – Que, en ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre

    lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia de los recursos de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se aprecia de autos que la Sala Suprema ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para amparar la demanda, argumentos que si bien son contrarios a lo alegado por los recurrentes, deben analizarse a través de una causal in iudicando, consideraciones por las cuales la causal de contravención al debido proceso debe desestimarse.

    Cuarto

    – Que, en cuanto a la causal in iudicando cabe indicar, que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si en la oportunidad que se preparan y presentan los Estados Financieros corresponde considerar como ingresos a los intereses devengados con el fin de gravarlos con el impuesto a la renta de tercera categoría, sin que se haya materializado el hecho generador de dicha obligación que la ley prevé.

    Quinto

    – Que, al respecto es preciso señalar que la demandante, Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón Sociedad Anónima, es una entidad cuyo funcionamiento y organización se rige por la Ley General del Sistema Financiero, en tanto capta recursos públicos y su especialidad consiste en otorgar financiamiento preferente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito rural, habiendo calificado la SUNAT su actividad principal como ?otros tipos de intermediación financiera?.

    Sexto

    – Conforme lo señala el inciso 1 del Apéndice II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo ? Decreto Legislativo N° 821, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, es considerado servicios de crédito: Sólo los ingresos percibidos por los Bancos e Instituciones financieras y crediticias, domiciliadas o no en el país, por concepto de ganancias de capital, derivadas de las operaciones de compraventa de letras de cambio, pagarés, facturas comerciales y demás papeles comerciales, así como por concepto de comisiones e intereses derivados de las operaciones propias de estas empresas, los cuales se encuentran exonerados del Impuesto General a las Ventas.

    Séptimo

    – Según lo prescribe el artículo 37º inciso h) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las provisiones específicas que no formen parte del patrimonio efectivo, que ordene la Superintendencia de Banca y Seguros, con excepción de las que correspondan a los créditos y otros activos clasificados como normal; que dicho inciso fue sustituido por el artículo 25º del Decreto Legislativo N° 945 publicado el veintitrés de diciembre del dos mil tres, en el cual precisa que serán deducibles las provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; que al haberse aprobado un nuevo Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, el citado artículo 37º inciso h) fue sustituido nuevamente por el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 970, publicado el veinticuatro de diciembre del dos mil seis, que señala ?Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las provisiones que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan conjuntamente los siguientes requisitos: (?)2) Se trate de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; (?)?. Por tanto, el argumento vertido por la SUNAT en el sentido que dicho dispositivo legal en concordancia con el artículo 21º inciso e) del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta disponen que sobre los intereses devengados corresponde aplicar la deducción del impuesto a la renta, resulta errado, como se ha señalado.

    Octavo

    – El artículo 57º inciso a) de la Ley de Impuesto a la renta, señala que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengue, asimismo la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 18 precisa que los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos productivos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada o incremento del valor de los activos, esto decir, es el flujo bruto de beneficios económicos durante el periodo proveniente del curso de las actividades ordinarias de las empresas, que originan un incremento de patrimonio, lo que guarda concordancia con lo previsto en los artículos 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y 233 de la Ley General de Sociedades, que precisan que los intereses en suspenso al no ser reputados como utilidad de las entidades financieras, no pueden ser comprendidos para efectos de determinación del impuesto a la renta.

    Noveno

    – En consecuencia es evidente que no son deducibles para determinar el impuesto a la renta por tercera categoría los intereses devengados sin que se hayan materializado, en tanto que estos serán deducibles una vez que hayan sido percibidos efectivamente.

    Décimo

    – Siendo así, es claro que no se ha incurrido en las causales invocadas por lo que los recursos de casación devienen en infundados.

  3. DECISIÓN

    Estando a las consideraciones que preceden, declararon INFUNDADOS los recursos de casación interpuesto a fojas quinientos cuarenta por el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y a fojas quinientos cincuenta y cinco interpuesto por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas quinientos veinticinco, su fecha veinticuatro de setiembre del dos mil ocho; CONDENARON a las partes recurrentes al pago de la Multa de Una Unidad de Referencia Procesal; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpon Sociedad Anónima sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente.- Vinatea Medina.-

    S.S.

    MENDOZA RAMIREZ

    ACEVEDO MENA

    FERREIRA VILDOZOLA

    VINATEA MEDINA

    CHUMPITAZ RIVERA

    Jcy/Lca

    Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

    Corte Suprema de Justicia de la Republica

    CASACION N°730-2009

    LIMA

 

Ojo los Jueces de la Corte Suprema peruana son todos abogados y consideran válida la interpretación jurídica de las Normas Internacionales de Contabilidad.

Las NIC -NIIF son el presente y futuro, pero muchos “dinosaurios del derecho” le tienen miedo (porque no saben y porque no quieren ponerse a estudiar).

¡ Y dónde están ! ¡ Y dónde están !  ¡Esos que dicen que tenían la verdad absoluta!.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

CUSCO 27 de febrero 2016 Impuesto a la Renta 2015-2016 Cierre Contable y Tributario

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