Ley 30230 Medidas Tributarias, Simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

Alan Emilio en Huaraz julio 2014
Alan Emilio en Huaraz julio 2014

Ley 30230 Medidas Tributarias, Simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

“NO A LA RETENCION DE LA AFP PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LOS CAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, NO SEAN PORDIOSEROS DE LAS AFP CHILENAS QUE SON LAS ÙNICAS QUE SE BENEFICIAN

SEÑORES CONGRESISTAS DEROGEN ESA ESTUPIDEZ QUE DEFIENDEN LOS LACAYOS DE LAS AFP CHILENAS”

Alan Emilio Matos Barzola

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY 30230 QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS

TÍTULO I

MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

CAPÍTULO I

ACTUALIZACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Están comprendidas en el presente Capítulo todas las deudas tributarias pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cuya recaudación o administración estén a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), incluidas las deudas ante el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la O􀂿 cina de Normalización Previsional (ONP), respecto de las cuales se hubiere notificado o no órdenes de pago o resoluciones de la SUNAT, por la totalidad de la deuda.

Artículo 2. Actualización excepcional de deudas tributarias

Se establece la actualización excepcional de las deudas tributarias pendientes de pago, cualquiera fuera el estado en que se encuentren: cobranza, reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante el Poder Judicial; en aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter general o particular perdidos, incluido el supuesto de incumplimiento de pago de cuotas; eliminando la capitalización aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 3. Sujetos comprendidos

La actualización comprende a los deudores tributarios por las deudas a que se refiere el artículo 1 del presente Capítulo, excepto a las personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado, ni tampoco a las empresas ni las entidades cuyos representantes, por haber actuado en calidad de tales, tengan proceso penal en trámite o sentencia condenatoria vigente por delito en agravio del Estado.

Tampoco estarán comprendidos en la actualización excepcional prevista en el presente capítulo, los deudores tributarios respecto de las deudas que se encuentran impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial, según el caso, salvo que se desistan de los medios impugnatorios en la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial, cumpliendo los requisitos, forma, plazo y condiciones que se establezca mediante decreto supremo.

Artículo 4. Determinación de la deuda materia de la actualización

4.1 La actualización regulada en el presente capítulo extingue la capitalización de los intereses al 31 de diciembre de cada año, aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005.

4.2 Durante el período señalado en el párrafo anterior, la deuda tributaria a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley deberá actualizarse al 31 de diciembre de 2005 conforme al siguiente detalle:

a) Para deudas cuya fecha de exigibilidad conforme al artículo 3° del Código Tributario, es anterior al 1 de enero de 1998: el monto de la deuda determinada según lo dispuesto por la Ley 27681, Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT), se actualizará aplicando los intereses correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre de 2005.

b) Para deudas cuya exigibilidad conforme al artículo 3° del Código Tributario, se ha originado entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2005: al monto de la deuda se le aplicará los intereses correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre de 2005.

En el caso de aplazamientos y/o fraccionamientos se entenderá que la deuda a actualizar es el monto pendiente de pago de los mismos a la fecha de la pérdida o de incumplimiento de la cuota que facultó a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago.

Se deberá considerar los pagos parciales en la fecha en que fueron efectuados imputándose los mismos de conformidad con el Código Tributario.

4.3 En los períodos siguientes al previsto en el acápite 4.1 del presente artículo, deberá aplicarse los intereses que correspondan de acuerdo a las leyes que los regulan.

4.4 Lo dispuesto en este artículo no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno.

CAPÍTULO II

CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA EN MINERÍA

Artículo 5. Incorporación de los artículos 83°-A y 83°-B al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias

Incorpóranse como artículo 83º-A y artículo 83º-B al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, los textos siguientes:

Artículo 83º-A.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 15,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 20,000 TM/día referentes a una concesión minera, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de quince años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación, según sea el caso.”

Artículo 83º-B.- Los titulares de la actividad minera que inicien o estén realizando actividades de la industria minera que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, tendrán derecho a celebrar los contratos a que se re􀂿 ere el artículo anterior.

Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, en las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el Decreto Legislativo 674.

El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa minera a favor de la cual se efectúe la inversión, sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el Programa de Inversiones contenido en el Estudio de Factibilidad que forma parte del Contrato de Estabilidad; o, las actividades adicionales que se realicen posteriormente a la ejecución del Programa de Inversiones, siempre que tales actividades se realicen dentro de la misma concesión donde se desarrolle el Proyecto de inversión materia del contrato suscrito con el Estado; que se encuentren vinculadas al objeto del Proyecto de inversión; que el importe de la inversión adicional sea no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 250´000,000.00; y sean aprobadas previamente por el Ministerio de Energía y Minas, sin perjuicio de una posterior fiscalización del citado Sector.

Las actividades adicionales a que se refiere el párrafo anterior se deberán ejecutar dentro del plazo de la estabilidad garantizada en el Contrato de Estabilidad, sin que suponga una extensión o cómputo de un nuevo plazo de estabilidad.

El titular de la actividad minera que celebre estos contratos, podrá, a su elección, adelantar el régimen contractual estabilizado a la etapa de inversión, con un máximo de 8 ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato.”

Artículo 6. Modificación del primer párrafo del artículo 79°, el artículo 82°, el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 83°, primer párrafo del artículo 85°, el artículo 86° y el inciso c) del artículo 101° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias

Modifícanse el primer párrafo del artículo 79°, el artículo 82°, el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 83º, primer párrafo del artículo 85°, el artículo 86° y el inciso c) del artículo 101° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias, conforme a los textos siguientes:

Artículo 79º.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se re􀂿 ere el artículo anterior, los titulares de actividad minera que presenten programas de inversión por el equivalente en moneda nacional a US$ 20’000,000.00.

(…)”

Artículo 82º.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 5,000 TM/día referentes a la concesión minera, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de doce años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación, según sea el caso.

Artículo 83º.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se re􀂿 ere el artículo anterior, los titulares de la actividad minera, que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 100’000,000.00, para el inicio de cualquiera de las actividades de la industria minera.

Tratándose de inversiones en empresas mineras existentes, se requerirá un programa de inversiones no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00.

Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00, en las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el Decreto Legislativo 674.

(…)”.

Artículo 85º.- Los titulares de la actividad minera, comprendidos en los alcances de los artículos 82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley, para gozar de los beneficios garantizados, presentarán un estudio de factibilidad técnico-económico, que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser aprobado por la Dirección General de Minería en un plazo máximo de noventa días naturales; transcurridos estos y de no haber pronunciamiento por dicha Dirección, se dará automáticamente por aprobado en este último día, que será el que rija para los efectos de fijar la fecha de la estabilidad del régimen tributario y de las garantías que fueron aplicables a partir de la indicada fecha.

(…)”

Artículo 86º.- Los contratos que garanticen los beneficios establecidos en el presente Título, son de adhesión, y sus modelos serán elaborados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las cláusulas tributarias contenidas en dichos modelos serán revisadas cada vez que se modifique el sistema tributario por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Dichos contratos deberán incorporar todas las garantías establecidas en este Título.

Los modelos de contratos, serán aprobados por resolución ministerial, para el caso contemplado en los artículos 78° y 79°, y por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, para el caso de los artículos 82°, 83°, 83° -A y 83° -B de la presente Ley.

Los contratos serán suscritos en representación del Estado por el Viceministro de Minas, para el caso contemplado en los artículos 78° y 79°, y por el Ministro de Energía y Minas, para el caso previsto en los artículos 82°, 83°, 83° -A y 83° -B de la presente Ley, por una parte, previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas en lo concerniente a la materia tributaria; y, de la otra, los titulares de la actividad minera. Copia de tales contratos serán remitidas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.”

Artículo 101º.- Son atribuciones de la Dirección General de Minería, las siguientes:

(…)

c) Aprobar el estudio de factibilidad técnico-económico, que tiene carácter de Declaración Jurada a que se refieren los artículos 82°, 83° y 83° -B de la presente Ley.

(…)”

CAPÍTULO III

CÁLCULO DE INTERESES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN Y PROGRESIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR

Artículo 7. Modificación del cuarto y último párrafo del artículo 33°, los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria

Modifícanse el cuarto y último párrafo del artículo 33°, los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modi􀂿 catoria, por los siguientes textos:

Artículo 33º.- INTERESES MORATORIOS

(…)

La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los Artículos 142°, 150° y 152° hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación o apelación fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores.

(…)

La suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa.”

Artículo 159º.- MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS JUDICIALES

(…)

2. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, esta deberá consistir en una carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses prorrogables, cuyo importe sea el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La carta fianza deberá ser renovada antes de los diez (10) días hábiles precedentes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado hasta la fecha de la renovación.

En caso de que no se renueve la carta fianza en el plazo antes indicado el Juez procederá a su ejecución inmediata, bajo responsabilidad.

3. Si se ofrece contracautela real, esta deberá ser de primer rango y cubrir el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar.

(…)

5. El Juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tributaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, acompañando copia simple de la demanda y de sus recaudos, a efectos de que aquélla señale el monto de la deuda tributaria materia de impugnación actualizada a la fecha de notificación con la solicitud cautelar y se pronuncie sobre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que involucra la demora del proceso.

(…)

Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo monto total no supere las quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), al solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá ofrecer como contracautela la caución juratoria.

(…)”.

 

Artículo 8. Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria

Suspéndese la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121.

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121, suspéndese la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

CAPÍTULO IV

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Artículo 9. Incorporación de un último párrafo al numeral 12.1 del artículo 12 y modificación del último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12, del numeral 13.1 del artículo 13 y del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas

Incorpórase un último párrafo al numeral 12.1 del artículo 12 y modifícanse el último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12, el encabezado del numeral

13.1 del artículo 13, y el encabezado del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, conforme al siguiente texto:

“Artículo 12.- Consumidor final

12.1 (…)

b) (…)

Los importes establecidos en el presente inciso podrán ser modificados mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, pudiendo establecerse importes diferenciados adicionales a los previstos por tipo de bien.

Dichos importes podrán ser dejados en el rango comprendido entre el veinte por ciento (20%) de la UIT y cinco (5) UIT.

(…)

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, se podrá establecer los casos en que no se requerirá cumplir con la condición señalada en el inciso b) del presente numeral.”

“Artículo 13.- Designación y exclusión de agentes de percepción

13.1 La designación de los agentes de percepción a que se refiere el presente capítulo tomará en consideración, entre otros, la participación de dichos sujetos en el mercado y su ubicación dentro de la cadena de producción y distribución de los bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, de acuerdo con los siguientes criterios:

(…)”.

“Artículo 15.- Designación y exclusión del agente de percepción

La designación de los agentes de percepción tomará en consideración, entre otros, la participación de dichos sujetos en el mercado y su ubicación dentro de la cadena de distribución de los bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, considerando como criterio para:

(…)”.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS TASAS POR TRÁMITES, DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

Artículo 10. Modificación de los artículos 67°, 68° y 70° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo 156-2004-EF

 

Modifícanse los artículos 67°, 68° y 70° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo 156-2004-EF, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

 

Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

 

No surte efecto la norma que establezca un cobro que contravenga dicha disposición. El pago efectuado por dicho concepto será considerado como indebido, pudiendo solicitarse su devolución según lo dispuesto en el Artículo 38° del Código Tributario.

 

Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley expresa del Congreso deberá autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.

 

La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones.”

 

Artículo 68º.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:

 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.

 

b) Tasas por servicios administrativos o derechos: Son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos, siempre y cuando involucre el desarrollo de un procedimiento o servicio de la Municipalidad para el contribuyente. Asimismo, comprende aquellas tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por el aprovechamiento de bienes públicos de propiedad de la Municipalidad.

 

c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios.

 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la Municipalidad del Distrito correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del Gobierno Central.

 

e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio público de transporte en la circunscripción territorial de la Municipalidad Provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano.

 

f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el tercer párrafo del Artículo 67.”

 

Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo por la prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.

 

El monto de las tasas por servicios administrativos o derechos no podrá ser superior a una (1) UIT. En caso de que el costo por la prestación del servicio supere dicho monto, para que la Municipalidad pueda cobrar una tasa superior a una (1) UIT deberá acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, solo serán exigibles al contribuyente cuando se encuentren en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad correspondiente. Toda tasa que se cobre sin cumplir con el requisito señalado será considerada pago indebido.

 

El incumplimiento de lo señalado en el presente artículo constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

 

La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.”

 

CAPÍTULO VI

MODIFICACIÓN A LA LEY GENERAL DE ADUANAS

Artículo 11. Sustitución del literal a) del artículo 25° y modificación del artículo 151° de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053

 

Sustitúyese el literal a) del artículo 25° y modifícase el artículo 151° de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, quedando redactados de la siguiente manera:

 

“Artículo 25º.- Obligaciones específicas de los agentes de aduana

Son obligaciones de los agentes de aduana, como auxiliar de la función pública:

a) Conservar durante cinco (5) años, computados a partir del 1º de enero del año siguiente de la fecha de numeración de la declaración, toda la documentación original de los despachos en que haya intervenido.

 

La Administración Aduanera podrá disponer que el archivo de la documentación se realice en medios distintos al documental y que determinados documentos se conserven en copia.

 

Asimismo, la Administración Aduanera podrá requerir al agente de aduana la entrega de todo o parte de la documentación que conserva, antes del plazo señalado, en cuyo caso asume la obligación de conservarla.

 

Transcurrido el plazo antes mencionado, la documentación podrá ser destruida, salvo en los supuestos que se establezcan en el reglamento, en cuyo caso deberá ser entregada a la Administración Aduanera.

 

Si se produce la cancelación o revocación de su autorización, el agente de aduana deberá entregar a la Administración Aduanera toda la documentación que se encuentre dentro del plazo de conservación antes establecido; quedando supeditada la devolución de la garantía a la conformidad de la entrega.

 

La Administración Aduanera podrá dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente literal.

(…)”.

 

Artículo 151º.- Aplicación de intereses moratorios

Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, y se liquidarán por día calendario hasta la fecha de pago inclusive.

 

Los intereses moratorios también serán de aplicación al monto indebidamente restituido que debe ser devuelto por el solicitante del régimen de drawback, y se calcularán desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido.

 

La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los artículos 142 y 150 del Código Tributario hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación fuera por causa imputable a estas.

 

Durante el período de suspensión la deuda será actualizada en función del Índice de Precios al Consumidor.

 

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de los intereses moratorios.

 

La suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa.

 

SUNAT fijará la tasa de interés moratorio (TIM) respecto a los tributos que administra, de acuerdo al procedimiento señalado en el Código Tributario.”

 

TÍTULO II

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

CAPÍTULO I

MEDIDAS PARA REGULAR LA PERCEPCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO

 

Artículo 12. Percepción de ingresos por concepto de multas administrativas

Dispónese, a partir de la vigencia de la presente Ley, que los recursos que perciban las entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuya función principal sea la de fiscalización, por concepto de multas administrativas impuestas en el marco del desarrollo de sus funciones, constituyen recursos del Tesoro Público.

 

No se encuentran bajo los alcances de la presente disposición, las entidades que por mandato de Ley especial vigente a la fecha de la publicación de la presente ley, destinen el ingreso que perciben por concepto de multas administrativas a un fin específico.

Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, se establecen los criterios para la determinación de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuya función principal sea la de fiscalización, que se encuentran bajo los alcances del presente capítulo.

 

Artículo 13. Acciones de cobranza y depósito de las multas administrativas

Las acciones referidas a la ejecución de la cobranza de las multas administrativas y el depósito de los recursos generados por las mismas es responsabilidad de las correspondientes entidades del Poder Ejecutivo.

El depósito de los recursos a los que se refiere el párrafo anterior se efectúa conforme a las disposiciones y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

 

Artículo 14. Modificación de los presupuestos institucionales

14.1 Autorízase a las entidades del Poder Ejecutivo bajo los alcances del presente capítulo, durante el Año Fiscal 2014, a aprobar mediante resolución de su titular la modificación de su presupuesto institucional aprobado a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Dicha resolución del titular deberá ser aprobada en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigencia del decreto supremo al que se refiere el artículo 12, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

 

14.2 En caso de que por efectos de lo establecido en el presente capítulo, disminuya la proyección de los ingresos de las entidades bajo los alcances del mismo, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, durante el Año Fiscal 2014, autorizar los recursos necesarios que permitan compensar dicha disminución, en un monto no mayor a la disminución de la referida proyección de ingresos. Para tal efecto, en los casos que corresponda, las entidades bajo el alcance del presente capítulo, se encuentran exoneradas de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

 

Artículo 15. Control

La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.

 

CAPÍTULO II

MODIFICACIONES A LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

 

Artículo 16. Modificación del artículo 38 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

 

Incorpóranse los numerales 38.7, 38.8 y 38.9 al artículo 38 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

 

(…)

38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y demás normas de alcance general, se establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos, las entidades de la Administración Pública están obligadas a realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la norma que establece o modifica los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos. En los casos en que las modificaciones involucren cien (100) o más procedimientos, el plazo máximo será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento establecido o modificado en la normatividad vigente, no puede dejar de prestar el servicio respectivo, bajo responsabilidad.

 

38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que:

 

a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han sido establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados.

 

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de esta Ley, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda.

 

c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender la solicitud de ratificación de las tasas a las que se re􀂿 ere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles.

 

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales precedentes, también constituyen una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

 

38.9 La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 38.7 del presente artículo.”

 

Artículo 17. Modificación del artículo 126 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

 

Modifícase el numeral 126.2 e incorpóranse los numerales 126.3 y 126.4 al artículo 126 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo al siguiente texto:

 

Artículo 126.- Subsanación documental

(…)

126.2 Las entidades de la Administración Pública se

encuentran obligadas a realizar una revisión

integral del cumplimiento de todos los requisitos

de las solicitudes que presentan los administrados

y, en una sola oportunidad, formular todas las

observaciones que correspondan.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo

precedente, la entidad mantiene la facultad

de requerir única y exclusivamente la

subsanación de aquellos requisitos que no

hayan sido subsanados por el administrado

o cuya subsanación no resulte satisfactoria,

de conformidad con lo dispuesto por la norma

correspondiente. En ningún caso la entidad

podrá realizar nuevas observaciones invocando

la facultad señalada en el presente párrafo.

126.3 El incumplimiento de esta obligación constituye

una falta administrativa sancionable de

conformidad con lo dispuesto por el artículo

239 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

126.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento

de esta obligación también constituye una

barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las

sanciones establecidas en el artículo 26 BIS

del Decreto Ley 25868, Ley de Organización

y Funciones del Instituto Nacional de Defensa

de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual – INDECOPI. Ello, sin

perjuicio de la obligación del administrado de

subsanar las observaciones formuladas.”

 

Artículo 18. Modificación de los numerales 2 y 3

e incorporación del numeral 7 al literal d) del artículo

26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización

y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de

la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual – INDECOPI

 

Modifícanse los numerales 2 y 3 del literal d) e

incorpórase el numeral 7 al mismo literal del artículo 26 BIS

del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de

la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de

acuerdo al siguiente texto:

Artículo 26 BIS.- (…)

d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte

o de o􀂿 cio la barrera burocrática es declarada

ilegal como consecuencia de cualquiera de los

siguientes supuestos:

(…)

2. Exigir derechos de tramitación incumpliendo lo

dispuesto por el artículo 45 de la Ley 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General, o el

artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley

de Tributación Municipal, aprobado por Decreto

Supremo 156-2004-EF.

3. Incumplir la obligación establecida en el artículo

38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.”

(…)

7. Incumplir la obligación establecida en el artículo

126.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.”

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras

En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental.

 

Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si

la autoridad administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva.

 

Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos:

 

a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada.

 

b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas.

 

c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

 

Artículo 20. Modificación del segundo párrafo e incorporación del tercer párrafo al artículo 7 de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

 

Modifícase el segundo párrafo e incorpórase el tercer párrafo al artículo 7 de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

Artículo 7.- (…)

Por Resolución Ministerial se reconocen las Áreas de Conservación Privada a que se re􀂿 ere el Artículo 12 de esta Ley.

 

Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se establecen las Zonas Reservadas a que se re􀂿 ere el Artículo 13 de esta Ley.”

 

Artículo 21. Solicitud de opiniones para la

Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental

21.1 En caso de que la entidad encargada de la

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental

correspondiente a un determinado proyecto de

inversión requiera opiniones vinculantes y no

vinculantes de otras entidades del sector público,

estas deberán emitirse, bajo responsabilidad, en

un plazo máximo de 45 días hábiles.

El hecho de que no se emita la opinión

vinculante en el plazo antes referido, constituye

un incumplimiento de las obligaciones del

funcionario responsable de emitirla, quien

incurrirá en falta grave aplicable al régimen laboral

al que pertenece. En dicho supuesto, se inicia

el procedimiento sancionador correspondiente

contra el funcionario responsable y el Titular de

la entidad debe emitir la opinión vinculante, bajo

En el supuesto que se solicite una opinión

no vinculante y esta no fuera emitida dentro

del plazo antes referido, el funcionario de la

entidad que debe aprobar el Estudio de Impacto

Ambiental deberá continuar el procedimiento

sin dicha opinión. En caso de no continuar con

el procedimiento, dicho funcionario incurrirá

en falta grave aplicable al régimen laboral al

que pertenece. En dicho supuesto, se inicia el

procedimiento sancionador correspondiente

contra el funcionario responsable, y el Titular de

la entidad debe continuar con el procedimiento

de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental,

bajo responsabilidad.

Una vez emitidas las opiniones vinculantes

y no vinculantes, la entidad encargada de la

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental

deberá elaborar un informe consolidado de

dichas opiniones, que será remitido al solicitante,

para las subsanaciones o aclaraciones que

correspondan. En dicho informe, la entidad

encargada de la aprobación del Estudio de

Impacto Ambiental solo considerará las opiniones

emitidas por las entidades en el marco de sus

competencias establecidas en la Ley.

21.2 Las entidades están prohibidas de solicitar

nuevamente los documentos que el solicitante

haya presentado en el transcurso del proceso,

bajo responsabilidad de su Titular.

21.3 En caso de servidores bajo el régimen de

Contrato Administrativo de Servicios y solo para

efectos del presente artículo, será de aplicación

el régimen sancionador aplicable según el

Decreto Legislativo 276.

 

Artículo 22. Ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial es un proceso político y

técnico administrativo destinado a orientar la ocupación

ordenada y uso sostenible del territorio, sobre la base

de la identi􀂿 cación de potencialidades y limitaciones,

considerando criterios económicos, socioculturales,

ambientales e institucionales.

La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es

aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros y con el voto

aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la Zoni􀂿 cación

Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial

asignan usos ni exclusiones de uso.

 

Artículo 23. Lineamientos de los Estándares

de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos

Permisibles (LMP)

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los

Límites Máximos Permisibles (LMP) a los que se re􀂿 eren

los literales d) y e) del artículo 7 del Decreto Legislativo

1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del

Ministerio del Ambiente, deben basarse en criterios

de protección de la salud, el ambiente, así como en un

análisis de impacto regulatorio y económico sobre las

industrias y poblaciones involucradas.

La aprobación y actualización periódica de los

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites

Máximos Permisibles (LMP) a que se re􀂿 ere el literal d) del

artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se

efectuará mediante decreto supremo refrendado por los

sectores vinculados y se realizará sobre la base de los

criterios y análisis mencionados en el párrafo precedente.

 

Artículo 24. Eliminación de duplicidades

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro

del Ambiente y por el Ministro de Agricultura y Riego se

establecerán las disposiciones orientadas a integrar

los procedimientos de evaluación y otorgamiento de

autorización de desbosque, autorización de vertimientos y

reúso de aguas residuales tratadas con instrumentos del

sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

 

CAPÍTULO IV

SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Artículo 25. Disposiciones para fortalecer el seguimiento y la promoción de la inversión

 

25.1 Facúltase al Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas a realizar, en el marco de sus competencias, requerimientos de información a las entidades públicas, para el cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a la priorización que establezca su Director Ejecutivo.

 

25.2 Establécese la obligación de las entidades públicas de atender los requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde la recepción de dicho requerimiento.

 

25.3 El incumplimiento de esta obligación constituirá una falta administrativa sancionable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

25.4 Cada entidad designará, mediante resolución del Titular, a un funcionario con rango de

Director General, equivalente o superior, responsable de la coordinación y atención de los requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. La designación deberá realizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente Ley, y deberá ser notificada al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del mismo plazo. En cualquier caso, la responsabilidad es compartida con el Titular de la entidad pública.

 

25.5 Los Órganos de Control Institucional, en el marco de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, veri􀂿 can el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

 

Artículo 26. Suspensión de procedimientos para ejecución de obras de infraestructura

 

Tratándose de procedimientos de ejecución coactiva contemplados en la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura, no resulta aplicable la suspensión del trámite del procedimiento de ejecución coactiva a que se refiere el artículo 23° de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

 

Artículo 27. Modificación de la primera disposición complementaria final de la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura

 

Modifícase la primera disposición complementaria

􀂿 nal de la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición,

expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras

de infraestructura y declara de necesidad pública la

adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados

para la ejecución de diversas obras de infraestructura, la

cual quedará redactada de la siguiente manera:

 

PRIMERA.- Lo establecido en la presente Ley es de

aplicación inmediata a las expropiaciones en trámite

sobre bienes inmuebles que resulten necesarios para

la ejecución de obras de infraestructura, y que se

adecuarán en la etapa en que se encuentren.

Sin perjuicio de ello, tratándose de los procedimientos

de adquisición de inmuebles por trato directo iniciados

al amparo de la Ley 27628, antes de la vigencia de

la presente Ley y que se encuentran comprendidos

en la quinta disposición complementaria 􀂿 nal de la

misma, se autoriza al Ministerio de Transportes y

Comunicaciones a culminar dichos procedimientos de

trato directo bajo los alcances de la Ley 27628.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones puede utilizar el procedimiento de

adquisición por trato directo de inmuebles previsto

por la Ley 27628, aun cuando dichos inmuebles

sean necesarios para la ejecución de las obras de

infraestructura vial de interés nacional y de gran

envergadura señaladas en la quinta disposición

complementaria 􀂿 nal, en los casos que se acredite

que dicho procedimiento de trato directo resulta más

favorable para los 􀂿 nes buscados por la mencionada

disposición.”

Artículo 28. Procedimiento especial para la

ejecución de obras

28.1 Facúltase, excepcionalmente, a las entidades

comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3

del Decreto Legislativo 1017, Decreto Legislativo

que aprueba la Ley de Contrataciones del

Estado, a contratar la ejecución de obras

siguiendo el procedimiento especial de

contratación previsto en el Anexo N° 4 de la

Ley 30191, Ley que establece medidas para la

prevención, mitigación y adecuada preparación

para la respuesta ante situaciones de desastre.

Al procedimiento especial de contratación, le son

de aplicación la exigencia del Registro Nacional

de Proveedores – RNP, el registro de información

en el Sistema Electrónico de Contrataciones

del Estado – SEACE y los procedimientos

administrativos sancionadores que se tramitan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado

recogidos en la Ley de Contrataciones del

Estado y su reglamento, aprobado por Decreto

Supremo 184-2008-EF y modi􀂿 catorias.

28.2 El procedimiento especial de contratación se

utiliza siempre que se cumplan con las siguientes

condiciones:

a) Los proyectos hayan sido declarados

viables, en el marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública, de corresponder.

b) Corresponda a una licitación pública

conforme a la Ley 30114, Ley de Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2014,

y su valor referencial no sea mayor a S/. 15

000 000,00 (QUINCE MILLONES Y 00/100

NUEVOS SOLES).

28.3 El procedimiento especial de contratación se

aplica a los procesos de selección convocados

hasta el 31 de diciembre de 2014.

 

Artículo 29. Modificaciones presupuestarias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Educación a favor del FONIPREL

 

Autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y al Ministerio de Educación, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional

programático, durante el año 􀂿 scal 2014, hasta por

la suma de S/. 400 000 000,00 (CUATROCIENTOS

MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) y hasta

por la suma de S/. 250 000 000,00 (DOSCIENTOS

CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES),

respectivamente, las cuales serán destinadas al

􀂿 nanciamiento y co􀂿 nanciamiento por parte del Fondo

de Promoción a la Inversión Pública Regional y

Local – FONIPREL para la ejecución de proyectos de

inversión pública de Gobiernos Regionales o Gobiernos

Locales, en servicios enmarcados en las competencias

funcionales de dichos Ministerios y que sean de

competencia del Gobierno Regional y/o Gobierno

Local, mediante el mecanismo previsto en la Ley

29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y

local con participación del sector privado, y sus normas

modi􀂿 catorias y reglamentarias.

Para tal efecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento, y el Ministerio de Educación quedan

exceptuados de lo establecido en el artículo 80 del Texto

Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto

Supremo 304-2012-EF.

Los recursos a que se re􀂿 ere el presente artículo son

transferidos 􀂿 nancieramente al FONIPREL, mediante

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía

y Finanzas y por los Ministros de Vivienda, Construcción

y Saneamiento y de Educación, según corresponda, a

propuesta de estos últimos, resultando aplicable además,

según corresponda, lo dispuesto en la única disposición

complementaria de la Ley 29125, Ley que establece

la implementación y el funcionamiento del Fondo de

Promoción a la Inversión Pública Regional y Local –

FONIPREL, y demás disposiciones legales vigentes que

regulan el referido Fondo.

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante

resolución ministerial, podrá establecer las disposiciones

que pudieran resultar necesarias para la mejor aplicación

del presente artículo.

 

CAPÍTULO V

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)

 

Artículo 30. Creación del Fondo MIPYME

Créase el Fondo MIPYME por un monto de hasta S/. 600 000 000,00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), de los cuales S/. 500 000

000,00 (QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS

SOLES) tendrán por objeto 􀂿 nanciar fondos de garantía

o a􀂿 anzamiento para empresas del sistema 􀂿 nanciero

o mercado de valores y S/. 100 000 000,00 (CIEN

MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) serán destinados

a incrementar la productividad de las MIPYME a través

de instrumentos para difusión tecnológica, innovación

empresarial y mejora de la gestión y encadenamientos

productivos y acceso a mercados.

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas

a través de la Dirección General de Endeudamiento y

Tesoro Público para constituir el depósito en la cuenta

correspondiente hasta por el monto señalado en el

párrafo anterior, con cargo al monto del gasto devengado

no pagado al 28 de febrero de 2014 y que corresponde a

ejercicios 􀂿 scales de años anteriores.

El Fondo MIPYME será administrado en 􀂿 deicomiso

por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. –

COFIDE, en los términos y condiciones que dispone el

reglamento, aprobado por decreto supremo refrendado

por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de

la Producción.

Artículo 31. Fideicomiso con COFIDE

Para la administración del Fondo MIPYME, se autoriza

a la Dirección General de Tesoro Público y Endeudamiento

del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un

contrato de 􀂿 deicomiso con la Corporación Financiera de

Desarrollo S.A. (COFIDE), el mismo que deberá aprobarse

mediante resolución ministerial de Economía y Finanzas.

Artículo 32. Plazo de vigencia

El plazo de vigencia del Fondo MIPYME será de diez

(10) años a partir de la entrada en vigencia de la presente

Ley. Al término del plazo de vigencia del Fondo MIPYME,

dicho Fondo revertirá al Tesoro Público.

Artículo 33. Fortalecimiento de los CITE

Autorízase, a partir de la vigencia de la presente

Ley, al Instituto Tecnológico de la Producción, a otorgar

subvenciones para los Centros de Innovación Tecnológica

– CITE públicos y privados acreditados con cargo a su

presupuesto institucional. La transferencia de recursos

se realiza a través de convenios de desempeño suscritos

con el Instituto Tecnológico de la Producción, de acuerdo

a lo que establezca el Ministerio de la Producción.

Artículo 34. Optimización de los recursos para el

desarrollo productivo

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a

disponer la optimización gradual de los fondos, programas

y proyectos destinados al desarrollo productivo y

empresarial y al 􀂿 nanciamiento destinado a garantizar a

la micro, pequeña y mediana empresa, cuyos recursos

provengan parcial o totalmente del Tesoro Público.

Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio

del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía

y Finanzas establecerá la estrategia, lineamientos o

condiciones para la mencionada optimización, en un plazo

de 90 días de publicada esta Ley. En el caso de los fondos

destinados a garantías, por decreto supremo refrendado

por el Ministro de Economía y Finanzas se podrá disponer

su reasignación al Tesoro Público.

Artículo 35. Créditos a las micro y pequeñas

empresas

Inclúyese al “Programa Especial de Apoyo Financiero

a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE)” del Banco

de la Nación dentro de los alcances de lo dispuesto en

los artículos 30° y 31° del Texto Único Ordenado de la

Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento

Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-

PRODUCE, a 􀂿 n de canalizar recursos a través de

entidades que otorgan créditos a las micro y pequeñas

empresas, para ser destinados a la adquisición de bienes

de activo 􀂿 jo.

Para el efecto, increméntase el monto del Programa

PROMYPE a S/. 1200 000 000,00 (MIL DOSCIENTOS

MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual podrá

ser ampliado conforme a lo que establezca el Estatuto del

Banco de la Nación.

 

TÍTULO III

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES PARA PROPICIAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO Y FACILITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

 

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

 

SUBCAPÍTULO I

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Artículo 36. Objeto

Créanse procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

 

Artículo 37. Ámbito de aplicación

a) El presente subcapítulo regula acciones

extraordinarias de saneamiento físico legal

para predios comprendidos dentro del área de

in􀃀 uencia directa o indirecta de los proyectos

de inversión referidos en el artículo siguiente,

independientemente del uso actual o futuro que

se les dé a los predios.

b) Asimismo, son materia de las acciones de

saneamiento, los predios ocupados por obras

públicas viales en fase de operación, cuyas

áreas se encuentran pendientes de saneamiento

físico legal, antes o después de la vigencia de la

presente Ley.

Artículo 38. Proyectos comprendidos

Se encuentran dentro de los alcances del presente

subcapítulo los proyectos de inversión pública o privada:

a) Declarados por Ley de necesidad pública,

interés nacional, seguridad nacional y/o de gran

envergadura cuya declaración sea anterior o

posterior a la vigencia de la presente Ley.

b) Que cuentan con concesiones otorgadas por

el Gobierno Nacional o con la participación de

PROINVERSION, autorizaciones ministeriales

anteriores o posteriores a la vigencia de la

presente Ley.

Artículo 39. Solicitantes

Las solicitudes de acceso a los procedimientos

especiales de saneamiento físico legal de predios pueden

ser realizadas por entidades públicas a cargo del proyecto

de inversión o titulares de proyectos a los que se re􀂿 ere el

presente subcapítulo.

Artículo 40. Competencia del Organismo de

Formalización de la Propiedad Informal

Facúltase al Organismo de Formalización de la

Propiedad Informal (COFOPRI), para que a solicitud

de parte, ejecute procedimientos especiales para el

saneamiento físico legal de predios correspondientes

a particulares, incluyendo la recti􀂿 cación de áreas,

involucrados en el desarrollo de proyectos comprendidos

en el presente subcapítulo.

Artículo 41. Competencia de la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales

41.1 Se faculta a la Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales (SBN) para ejecutar los procedimientos

especiales para el saneamiento físico legal a los

predios de propiedad estatal comprendidos en el

presente subcapítulo, sobre los cuales celebrará los

actos de adquisición, administración o disposición

que correspondan en el marco de las normas del

Sistema Nacional de Bienes Estatales.

41.2 Con el objeto de cumplir las acciones referidas

en el numeral anterior, otórgase la titularidad

de dominio respecto de dichos predios o

edi􀂿 caciones de las entidades del Sistema

Nacional de Bienes Estatales a favor del Estado

representado por la SBN, con excepción de las

entidades del sistema al que hacen referencia

los literales e), f) y g) del artículo 8 de la Ley

29151. Los gobiernos regionales y locales

podrán delegar a la SBN titularidad para realizar

acciones de saneamiento sobre sus predios sin

que ello implique transferencia de dominio.

41.3 Para asumir dicha titularidad de dominio o

efectuar la transferencia interestatal, la SBN

no requiere de ningún tipo de autorización del

titular de la entidad comprendida en el Sistema

Nacional de Bienes Estatales, ni resulta de

aplicación procedimientos o normas especiales

que regulen los actos de disposición de predios

por entidades públicas o sectores.

41.4 La inscripción de la titularidad de dominio en el

Registro Público de Propiedad de Predios se hará

por el mérito de la resolución expedida para dicho

efecto por el área competente de la SBN.

41.5 Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes

de concluido el proceso de saneamiento, la SBN

emitirá la resolución que permita transferir la

titularidad de dominio del predio a la entidad

que corresponda, conforme al reglamento de la

presente Ley. La inscripción de dicha titularidad

en el Registro Público de Propiedad de Predios se

hará por el mérito de la referida resolución.

Artículo 42. Anotación preventiva

Iniciado el procedimiento especial de saneamiento

físico legal a que se re􀂿 ere el presente subcapítulo,

a solicitud de COFOPRI, SBN o del titular del proyecto

de inversión, el registrador procederá a extender una

anotación preventiva en las partidas involucradas en el

proyecto publicitando el inicio de dicho procedimiento.

Extendida la anotación preventiva a que se re􀂿 ere el

párrafo anterior, no podrá inscribirse ni anotarse ningún

acto solicitado por otras entidades públicas. La anotación

preventiva tendrá una vigencia de un (1) año, pudiendo

prorrogarse por un año adicional.

Cuando en el área involucrada en el proyecto se

encuentran predios no inscritos el registrador procederá

a abrir una partida registral provisional en la que se

extenderá la anotación preventiva antes indicada.

Artículo 43. Costo de servicios

Las actuaciones a cargo de COFOPRI o SBN en los

procedimientos especiales de saneamiento físico legal

de predios a que se re􀂿 ere el presente subcapítulo son

asumidas por el solicitante.

 

SUBCAPÍTULO II

REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA Y PREVALENCIA DE INFORMACIÓN

 

Artículo 44. Información emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

44.1 Para efectos de las acciones de saneamiento

físico legal, la Superintendencia Nacional de los

Registros Públicos (SUNARP) proporcionará

información en un plazo no mayor de diez

(10) días hábiles sobre los antecedentes

registrales y búsquedas catastrales de los

predios materia de saneamiento. Los informes

técnicos sustentatorios de los certi􀂿 cados de

búsqueda catastral emitidos en dicho marco

serán vinculantes para el área de catastro en

la posterior emisión de informes catastrales

en el procedimiento de cali􀂿 cación del título

correspondiente, salvo modi􀂿 caciones a la base

grá􀂿 ca como consecuencia de la presentación

de títulos posteriores.

44.2 La información catastral que emita SUNARP

debe incorporar los datos de los planos de títulos

archivados que sustentaron su incorporación

a la base grá􀂿 ca registral, especi􀂿 cando si

dichos planos cuentan con georeferenciación

y con coordenadas UTM, o si han sido materia

de saneamiento registral; asimismo, informará

cuando la data registral haya sido reconstruida

pero no existe plano en el título archivado.

44.3 El Informe técnico que emita SUNARP

también estará acompañado del grá􀂿 co digital

completo del área consultada señalando toda la

información grá􀂿 ca disponible.

Artículo 45. Valor referencial de la información

proporcionada por SUNARP

La información proporcionada por SUNARP tendrá

valor referencial cuando SUNARP señale que la

información del catastro registral corresponda a planos sin

georeferenciación o coordenadas arbitrarias, o adolece

de las especi􀂿 caciones técnicas del área y/o perímetro y/

o linderos u otro dato técnico, o cuyos polígonos han sido

reconstruidos sin mediar planos en los títulos archivados

para determinar la ubicación física de􀂿 nitiva del predio.

Artículo 46. Prevalencia de información

Para las inscripciones en el Registro Público de

Predios, la información de los planos levantados

en campo prevalece sobre la información grá􀂿 ca

obrante en los Registros, de acuerdo a los supuestos

regulados en el artículo siguiente. En dichos casos, no

será necesario ejecutar recti􀂿 caciones de área en los

predios involucrados, ni resulta de aplicación previa las

disposiciones del Título VI del Decreto Supremo 005-

2006-JUS, ni otra regla diferente a las reguladas en el

presente subcapítulo.

Artículo 47. Supuestos de prevalencia

La prevalencia se aplica en los siguientes supuestos:

a) Cuando en el título archivado obra

planos imperfectos que no cuenten con

georeferenciación y/o área y/o medidas

perimétricas y/o no contengan datos técnicos

y/o estos tengan coordenadas arbitrarias.

b) Cuando no existan planos como parte del título

archivado, siempre que se encuentren dentro de

los rangos de tolerancia respectivos.

c) Cuando existan superposiciones grá􀂿 cas

generadas por desplazamiento de coordenadas

o coordenadas en predios inscritos.

d) Cuando el predio tenga discrepancias de

cualquier dato técnico, dentro de los rangos

de tolerancia establecidos en las normas del

Sistema Nacional Integrado de Catastro, creado

por Ley 28294.

e) Cuando la medida del área o medida perimétrica

del predio inscrito esté expresada de forma

distinta al sistema métrico decimal, siempre que

la medida en esta última sea equivalente o esté

dentro de los rangos de tolerancia respectivos.

Artículo 48. Inaplicación de otras reglas, requisitos

o procedimientos

No serán aplicables a los supuestos comprendidos

en los procedimientos especiales referidos en el presente

subcapítulo, otras reglas, requisitos o procedimientos

establecidos en otros textos normativos. La SUNARP

no requerirá mayores requisitos a los establecidos en la

presente Ley y su reglamento.

 

SUBCAPÍTULO III

MODIFICACIÓN FÍSICA DE PREDIOS PARA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Artículo 49. Independización o desmembración de

los predios afectados

Para la inscripción de la modi􀂿 cación física de predios

inscritos tales como independizaciones, subdivisiones,

acumulaciones, parcelaciones y otros, solo será exigible

la presentación del o􀂿 cio solicitando la inscripción,

acompañando los siguientes documentos:

a) Los planos perimétrico y de ubicación que

representa el área afectada a independizar,

desmembrar o acumular con su respectivo

cuadro de datos técnicos, gra􀂿 cando las

áreas remanentes o áreas no afectadas

correspondientes debidamente suscrito por el

veri􀂿 cador castastral inscrito en el Índice de

Veri􀂿 cadores Catastrales a cargo de la SUNARP.

En todos los casos el registrador público debe

considerar dichos planos para determinar los

datos del área remanente del predio.

b) Memoria descriptiva del área afectada, a

independizar: titular, áreas, medidas y linderos.

c) El archivo digital del plano o planos

En los casos que se advierta que no sea factible

determinar el área remanente, los planos a presentar solo

se referirán al área afectada materia de independización

o desmembración.

Artículo 50. Requisitos técnicos para la

inscripción

Para la inscripción de la modi􀂿 cación física de predios

y/o saneamiento que implique la prevalencia en predios

inscritos se adjuntará lo siguiente:

a) Formato de Prevalencia de la Información

Catastral, suscrito por el veri􀂿 cador catastral

inscrito en el Índice de Veri􀂿 cadores Catastrales

a cargo de la SUNARP, señalando que el

plano presentado no se superpone o afecta

derechos de terceros, adjuntando el plano

b) Archivo digital de la información técnica

Artículo 51. Documentos no exigibles

Para la inscripción de actos en el Registro Público de

Predios que involucre subdivisiones, independizaciones,

parcelaciones o acumulaciones de predios inscritos no se

presentarán certi􀂿 cados de información catastral, planos

visados, ni resoluciones expedidas por otras entidades

u otras exigencias que impidan, limiten o afecten la

inscripción o la celeridad de la misma.

 

CAPÍTULO II

INSCRIPCIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA Y/O

LA CARGA REGISTRAL DE ÁREAS COMPRENDIDAS

POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

Artículo 52. Inscripción de anotación preventiva

Corresponde la inscripción de la anotación preventiva

y la carga registral de las áreas de terrenos que

comprenden el derecho de vía de las carreteras de la Red

Vial Nacional, Regional o Local.

Artículo 53. Efectos de la inscripción del derecho

de vía

53.1 Por la anotación preventiva del derecho de vía

en el registro de predios se presume que toda

persona tiene conocimiento de aquel y que

advierte de la existencia de una afectación

sobre el predio por la ejecución de una obra vial,

la cual va a ser materia de adquisición, a través

del trato directo o la expropiación por parte de la

entidad ejecutante.

53.2 Las áreas que forman parte del derecho de

vía, quedan excluidas de las acciones de

saneamiento físico legal por parte de cualquier

entidad pública y de privados, así como los

procesos iniciados al amparo del artículo

21 de la Ley 27157, Ley de Regularización

de Edi􀂿 caciones, del Procedimiento para la

Declaratoria de Fábrica y del Régimen de

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva

y de Propiedad Común.

Artículo 54. Entidad competente

Para las vías que comprenden la red vial nacional,

departamental o local, el funcionario competente

establecido en las disposiciones legales vigentes, está

facultado para solicitar mediante o􀂿 cio dirigido a registros

públicos la inscripción de la anotación preventiva del área

que comprende el área del derecho de vía y la inscripción

de la carga registral sobre los predios afectados por el

proyecto vial.

Asimismo, esta inscripción podrá solicitarse a solo

mérito de los dispositivos legales que precisan el derecho

de vía.

Artículo 55. Vigencia y levantamiento de la

anotación preventiva y carga registral

La anotación preventiva y carga registral del derecho

de vía tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de

la fecha de la inscripción de la anotación o cuando el

funcionario competente que solicitó su inscripción requiera

su levantamiento y cancelación.

 

CAPÍTULO III

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO

Artículo 56. Plazo para procedimientos

administrativos y acceso a información cartográ􀂿 ca

56.1 Los procedimientos administrativos que

requiera la SBN sobre los predios estatales ante

los Gobiernos Locales, serán atendidos en un

plazo máximo de siete (7) días hábiles, bajo

56.2 El plazo indicado en el numeral precedente es

aplicable también a las solicitudes que la SBN

realice a entidades públicas que en ejercicio de

sus funciones generan o almacenan información

cartográ􀂿 ca básica y catastral de propiedad y

otros derechos, bajo responsabilidad del titular

del pliego. Dicha información debe ser entregada

en formato digital.

 

Artículo 57. Modi􀂿 cación de la Ley 29151, Ley

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Modifícanse el artículo 18, el artículo 25 y la segunda

disposición complementaria de la Ley 29151, Ley General

del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los cuales

quedan redactados conforme a los textos siguientes:

Artículo 18.- Aprovechamiento de los bienes

estatales y de la asunción de titularidad

Las entidades a las cuales se hace referencia en

el artículo 8 de la presente Ley, deben otorgar un

e􀂿 ciente uso y aprovechamiento económico y/o

social de sus bienes y de los que se encuentran bajo

su administración, conforme a los procedimientos

establecidos en el reglamento de la presente Ley y

atendiendo a los 􀂿 nes y objetivos institucionales.

El Estado, representado por la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales (SBN), revertirá o asumirá

la titularidad, según corresponda, sobre los predios

de las entidades del Sistema a que hacen referencia

los literales b), c) y d) del artículo 8, cuando como

consecuencia de la función de supervisión realizada

sobre los bienes de propiedad estatal se comprueba

que tienen un destino distinto a la 􀂿 nalidad asignada

por Ley, acto administrativo u otro título o, que sin

tener 􀂿 nalidad expresa, se encuentran en situación de

abandono por parte de las entidades conformantes del

Sistema Nacional de Bienes Estatales.

La SBN revertirá la propiedad de los predios del Estado

que aquella haya transferido a título gratuito en favor de

las entidades del Sistema a que hacen referencia los

literales e), f) y g) en el caso que ejercida su función de

supervisión se compruebe que no han sido destinados

a la 􀂿 nalidad para la que fueron transferidos dentro del

plazo consignado en la resolución de la transferencia

o han sido abandonados, sin obligación de reembolso

De no haberse establecido plazo para el cumplimiento

de la 􀂿 nalidad, este será de dos (2) años.

Excepcionalmente, si al término del plazo para cumplir

con la 􀂿 nalidad la entidad afectada acredita un avance

de por lo menos un 60% en la ejecución de obras o en

la satisfacción de la prestación de un servicio, según

sea el caso, el plazo antes referido se prorrogará por

un año adicional.

Asimismo, la SBN asume la titularidad de dominio

respecto de los bienes que las entidades del Sistema,

hayan puesto a su disposición, por no resultarle de

utilidad para la 􀂿 nalidad asignada en el marco de la

aplicación de una política de uso racional de los bienes

y gestión inmobiliaria e􀂿 ciente.”

Artículo 25.- Servicios no exclusivos

Autorízase a la Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales – SBN a realizar, entre otras actividades,

las siguientes: difusión normativa, publicaciones,

capacitaciones e investigaciones, así como a efectuar

los cobros correspondientes, que permitan sufragar

los respectivos gastos, cuyos montos de retribución

son aprobados y reajustados periódicamente por su

Asimismo, la SBN podrá percibir ingresos por los

siguientes servicios no exclusivos que brinde a solicitud

de parte: diagnóstico, saneamiento físico-legal de

la propiedad e inspección técnica de predios bajo el

ámbito de su competencia o comprendidos dentro del

área de in􀃀 uencia directa o indirecta de proyectos de

inversión pública, ingresos que se incorporan a su

presupuesto como recursos propios.

Los montos de retribución por las actividades y

servicios antes descritos son aprobados y reajustados

periódicamente por su titular”.

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

(…)

SEGUNDA.- De las acciones de reversión,

desafectación o extinción de cesión en uso a favor

del Estado

La SBN está facultada para expedir resoluciones

declarando la reversión, desafectación, extinción de

la afectación o de la cesión en uso, extinción de la

designación o de la reserva sobre las transferencias de

dominio, afectaciones, cesiones en uso, u otras formas de

designación, asignación, afectación o reserva de predios

estatales aprobadas inclusive antes de la entrada en

vigencia de la presente Ley, que no hayan cumplido con

la 􀂿 nalidad asignada, independientemente del dispositivo,

acto o nivel jerárquico con el cual hayan sido otorgados.

Los contratos de arrendamiento, cesión en uso

y derecho de super􀂿 cie, regidos por la Ley 24561,

modi􀂿 cada por el Decreto Ley 25799, no tendrán un plazo

de vigencia superior a quince (15) años. Todo contrato

que contravenga esta norma es nulo de pleno derecho”.

 

Artículo 58. Incorporación del literal l) al numeral

14.1 del artículo 14, del artículo 19-A y del artículo 26

a la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de

Bienes Estatales

Incorpóranse el literal l) al numeral 14.1 del artículo

14, el artículo 19-A y el artículo 26 a la Ley 29151, en los

términos siguientes:

 

Artículo 14.- Funciones y atribuciones de la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

(…)

“l) Sancionar y aplicar medidas correctivas a los

particulares que promuevan o invadan predios de

propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y

administración de la SBN.”

 

Artículo 19-A.- Infracciones y sanciones

A partir de la vigencia de la presente Ley, se

consideran como conductas infractoras cometidas por

particulares, sobre los predios de propiedad estatal

bajo titularidad de dominio y administración de las

entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley, las

siguientes:

1. Promover invasiones.

2. Invadir predios.

3. Construir, sin autorización ni título alguno,

edi􀂿 caciones de material noble o temporal sobre

los predios.

La SBN, en el ejercicio de su función sancionadora,

ante los supuestos descritos en el párrafo anterior, podrá

imponer las sanciones de amonestación y multa; así como

aplicar las medidas correctivas de incautación y decomiso

de bienes, solicitar la demolición y destrucción de bienes

que sirvieron como medio para la infracción, sin derecho

a reembolso ni indemnización.

Por decreto supremo se regulan las conductas

infractoras y sus respectivas sanciones, el procedimiento

administrativo sancionador y de ejecución coactiva para

infracciones de particulares, así como otros aspectos

La responsabilidad administrativa es independiente

de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, de

acuerdo a su fundamento y bien jurídico protegido.”

Artículo 26.- Distribución de ingresos obtenidos

en la gestión de predios de propiedad estatal

Los ingresos obtenidos por los actos de administración

o disposición efectuados sobre los predios de

propiedad estatal se distribuyen, previa deducción de

los gastos operativos y administrativos incurridos y se

rigen por las reglas siguientes:

a) Del producto de la venta de los predios del

Estado, administrados por la SBN: 30%

corresponde a la SBN y 70% corresponde al

Tesoro Público.

b) Del producto de la venta de los predios del

Estado, administrados por los Gobiernos

Regionales con competencias transferidas: 15%

corresponde a la SBN; 15% corresponde al

Gobierno Regional y 70% corresponde al Tesoro

Público.

c) Del producto de la venta efectuada por las

entidades a favor de terceros, cuando el predio

les fue transferido por el Estado a título gratuito;

30% corresponde a la SBN y 70% corresponde

a la entidad.

d) Los ingresos obtenidos como producto de otros

actos de disposición o administración efectuados

por la SBN o por las demás entidades del Sistema

Nacional de Bienes Estatales, se distribuyen de

acuerdo a los porcentajes establecidos en el

reglamento de la presente Ley.

e) Los ingresos obtenidos por los servicios no

exclusivos efectuados por la SBN, así como,

por las entidades del Sistema que cuenten con

autorización legal expresa constituyen ingresos

propios de cada entidad”.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN

PRIVADA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Artículo 59. Modi􀂿 cación del artículo 25 de la Ley

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas

y Edi􀂿 caciones

Modifícase el artículo 25 de la Ley 29090, Ley de

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edi􀂿 caciones,

por el texto siguiente:

Artículo 25.- Requisitos

Los requisitos para solicitar una licencia de edi􀂿 cación

y autorizar su ejecución, que conforman el expediente,

son los siguientes:

Para la Modalidad A:

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el

solicitante y, de ser el caso, por los profesionales

b. En el caso de que quien solicite la licencia no

sea el propietario del predio, debe acreditar la

representación del titular.

c. En los casos de persona jurídica, se acompaña

la vigencia del poder correspondiente.

d. Documentación técnica compuesta por plano de

ubicación, planos de arquitectura, estructuras,

instalaciones sanitarias e instalaciones

eléctricas y la declaración jurada de habilitación

profesional; o puede optar por la adquisición

de un proyecto del banco de proyectos de la

municipalidad respectiva. Esta documentación

debe ser presentada en original y una (1) copia.

Para el caso de edi􀂿 caciones, ampliaciones,

modi􀂿 caciones así como obras menores no

mayores a 30 m2, solo deben presentar: plano

de ubicación y arquitectura y la declaración

jurada de habilitación profesional; o puede

optar por la adquisición de un proyecto del

banco de proyectos de la municipalidad. Esta

documentación debe ser presentada en original

y una (1) copia.

En la demolición total de edi􀂿 caciones,

siempre que no constituyan parte integrante

del patrimonio cultural de la Nación, y la que

requiera el uso de explosivos, se debe presentar

carta de responsabilidad de obra 􀂿 rmada por un

ingeniero civil, acompañando declaración jurada

de habilitación profesional.

e. Comprobante de pago de la licencia de

edi􀂿 cación.

En los casos de las obras de las edi􀂿 caciones de

carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter

policial de la Policía Nacional del Perú, así como los

establecimientos de reclusión penal, los que deberán

ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento

Territorial y Desarrollo Urbano, solo presentarán lo

señalado en los literales a, b y f que anteceden, así como

el plano de ubicación y memoria descriptiva.

Para la Modalidad B:

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el

solicitante y los profesionales responsables.

b. En el caso de que quien solicite la licencia no

sea el propietario del predio, debe acreditar la

representación del titular.

c. En los casos de persona jurídica, se acompaña

la vigencia del poder correspondiente.

d. Declaración Jurada de habilitación profesional.

e. Certi􀂿 cado de factibilidad de servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o 􀂿 nes diferentes

al de vivienda.

f. Documentación técnica compuesta por planos

de arquitectura, estructuras, instalaciones

eléctricas, instalaciones sanitarias y otras, de

ser el caso. Se debe presentar como parte de

los planos de proyecto de estructuras, según

sea el caso, el plano de sostenimiento de

excavaciones, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento

Nacional de Edi􀂿 caciones acompañado

de la memoria descriptiva que precise las

características de la misma, además de las

edi􀂿 caciones colindantes indicando el número

de pisos y sótanos, complementando con fotos;

asimismo, el estudio de mecánica de suelos,

de acuerdo a las características de las obras y

según los casos que establece el reglamento.

Esta documentación debe ser presentada en

original y una (1) copia impresa.

En los casos de remodelación, ampliación o

demoliciones parciales, se exigirá la declaratoria

de edi􀂿 cación.

g. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), o el

seguro de accidentes contra terceros según

las características de la obra a ejecutarse de

acuerdo a lo que establece el reglamento,

con una cobertura por daños materiales y

personales a terceros, como complemento al

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

según la Ley 26790, Ley de Modernización de la

Seguridad Social en Salud. La póliza debe estar

vigente durante todo el período de ejecución de la

obra, debiendo ser presentada obligatoriamente

por el administrado como requisito previo a la

ejecución de las obras autorizadas en la licencia,

Normas Legales del 12.07.2014 21

y previa comunicación de la fecha de inicio de

h. Comprobante de pago de licencia de

edi􀂿 cación.

Para las Modalidades C y D:

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el

solicitante y los profesionales responsables.

b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe

acreditar cargas y gravámenes sin limitaciones,

caso contrario se acredita la autorización del

c. En el caso de que quien solicite la licencia no

sea el propietario del predio, debe acreditar la

representación del titular.

d. En los casos de persona jurídica, se acompaña

la vigencia del poder correspondiente.

e. Certi􀂿 cado de factibilidad de servicios para obra

nueva de vivienda multifamiliar o 􀂿 nes diferentes

al de vivienda.

f. Documentación técnica compuesta por planos

de arquitectura, estructuras, instalaciones

eléctricas, instalaciones sanitarias y otras, de

ser el caso. Se debe presentar como parte de

los planos de proyecto de estructuras, según

sea el caso, el plano de sostenimiento de

excavaciones, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento

Nacional de Edi􀂿 caciones, acompañado de la

memoria descriptiva en la cual se precise las

características de la misma, además de las

edi􀂿 caciones colindantes indicando el número

de pisos y sótanos, complementando con fotos;

asimismo, el estudio de mecánica de suelos.

Asimismo, se debe presentar como parte del

proyecto de arquitectura el plano de seguridad

y evacuación cuando se requiera la intervención

de los delegados ad hoc del INDECI. Esta

documentación debe ser presentada en original

y una (1) copia impresa.

g. Declaración Jurada de habilitación profesional.

h. Estudio de Impacto Ambiental, excepto para las

edi􀂿 caciones de vivienda, comercio y o􀂿 cinas

en áreas urbanas de conformidad con el

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y

Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Las autoridades locales incorporan en los

Planes Urbanos y demás instrumentos de

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,

los criterios de ocupación racional y sostenible

del territorio.

i. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos

que el Reglamento Nacional de Edi􀂿 caciones

lo establezca y con los requisitos y alcances

establecidos por el Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

El Reglamento Nacional de Edi􀂿 caciones

desarrolla los criterios, condiciones,

características, alcances y requisitos que deben

reunir los documentos y planos que permitan la

evaluación del impacto vial de las edi􀂿 caciones

proyectadas, que serán materia de evaluación

y veri􀂿 cación de acuerdo a la modalidad de

aprobación que corresponda. La incorporación

al proyecto de los criterios, condiciones,

características, alcances y requisitos exigidos

en el Reglamento Nacional de Edi􀂿 caciones

reemplazará al Estudio de Impacto Vial que se

menciona en el primer párrafo.

Ninguna autoridad puede establecer requisitos

adicionales o exigencias adicionales a las

establecidas por el Reglamento Nacional de

Edi􀂿 caciones. La inobservancia de lo establecido

en la presente disposición constituye barrera

burocrática ilegal de acuerdo a lo dispuesto en

la Ley 30056.

j. Informe técnico favorable de los Revisores

Urbanos para la Modalidad C o dictamen de la

Comisión Técnica para las Modalidades C y D,

según corresponda.

k. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según

las características de la obra a ejecutarse,

con una cobertura por daños materiales y

personales a terceros, como complemento al

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

según la Ley 26790, Ley de Modernización de la

Seguridad Social en Salud. La póliza debe estar

vigente durante todo el período de ejecución de la

obra, debiendo ser presentada obligatoriamente

por el administrado como requisito previo a la

ejecución de las obras autorizadas en la licencia,

y previa comunicación de la fecha de inicio de

l. Comprobante de pago de licencia de

edi􀂿 cación.

Los documentos a que se re􀂿 ere este artículo deben

ser presentados en original y una (1) copia, excepto en los

casos en los que se ha precisado un número de copias

diferente.”

Artículo 60. Modi􀂿 cación de los numerales 22.1 y

22.2 del artículo 22 de la Ley 28296, Ley General del

Patrimonio Cultural de la Nación

Modifícanse los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22

de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de

la Nación, por el texto siguiente:

Artículo 22.- Protección de bienes inmuebles

(…)

22.1 Toda obra pública o privada de edi􀂿 cación

nueva, remodelación, restauración, ampliación,

refacción, acondicionamiento, demolición,

puesta en valor o cualquier otra que involucre un

bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural

de la Nación, requiere para su ejecución de la

autorización del Ministerio de Cultura.

22.2 Para dichos efectos, el Ministerio de Cultura

designará los delegados ad hoc que estime

necesarios de conformidad con lo establecido

en la Ley 29090, Ley de Regulación de

Habilitaciones Urbanas y de Edi􀂿 caciones.”

Artículo 61. Aplicación de la licencia de edi􀂿 cación

– Modalidad A en las obras que se realicen con el Bono

de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos

Sísmicos o en los programas de mejoramiento de

vivienda a cargo del Fondo MIVIVIENDA S.A.

Establécese que los proyectos de ampliación,

remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen

con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a

los Riesgos Sísmicos o en el marco de los programas de

mejoramiento de vivienda, a cargo del Fondo MIVIVIENDA

S.A., pueden acogerse a la licencia de habilitación o de

edi􀂿 cación – Modalidad A, de aprobación automática con

􀂿 rma de profesionales contemplada en la Ley 29090, Ley

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edi􀂿 caciones,

estando exoneradas de cumplir con la presentación del

requisito de la licencia de construcción o declaratoria de

fábrica y/o edi􀂿 cación previstas en dicha Ley y su reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA,

debiendo los propietarios de dichas viviendas presentar una

declaración jurada y compromiso, bajo los alcances que

mediante resolución ministerial, establezca el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

CAPÍTULO V

MODIFICACIONES A LA LEY MARCO DE

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 62. Modi􀂿 cación de los artículos 2, 7

y 9 y de la quinta disposición 􀂿 nal, transitoria y

complementaria de la Ley 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento

Modifícanse los artículos 2, 7, 9 y la quinta disposición

􀂿 nal, transitoria y complementaria de la Ley 28976,

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, quedando

redactados de la siguiente manera:

 

Artículo 2.- Definiciones

Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones:

(…)

 

Módulo o stand.- Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales y centros comerciales en el que se realizan actividades económicas y cuya área no supera los cien metros cuadrados (100 m2).”

 

Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia de funcionamiento

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:

a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con

carácter de declaración jurada, que incluya:

1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de

Extranjería del solicitante, tratándose de

personas jurídicas o naturales, según

2. D.N.I. o Carné de Extranjería del

representante legal en caso de personas

jurídicas, u otros entes colectivos, o

tratándose de personas naturales que actúen

mediante representación.

b) Copia de la vigencia de poder de representante

legal, en el caso de personas jurídicas u otros

entes colectivos. Tratándose de representación

de personas naturales, se requerirá carta poder

con 􀂿 rma legalizada.

c) Declaración Jurada de Observancia de

Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica

de Seguridad en Edi􀂿 caciones de Detalle o

Multidisciplinaria, según corresponda.

En los casos en que no existan observaciones

en el informe de inspección y la Municipalidad

no emita el certi􀂿 cado correspondiente en el

plazo de tres (3) días hábiles de 􀂿 nalizada la

diligencia de inspección, el administrado se

encuentra facultado a solicitar la emisión de

la licencia de funcionamiento reemplazando el

certi􀂿 cado con la presentación del informe. Es

obligación del funcionario competente de la

Municipalidad continuar el trámite de la licencia

de funcionamiento, bajo responsabilidad.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo

precedente, las Municipalidades podrán disponer

en los TUPA el reemplazo del certi􀂿 cado de

Inspección por el informe de inspección sin

observaciones para efectos del trámite de

Licencia de Funcionamiento.

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles

los siguientes requisitos:

d.1) Copia simple del título profesional en el

caso de servicios relacionados con la

d.2) Informar sobre el número de

estacionamientos de acuerdo a la normativa

vigente, en la Declaración Jurada.

d.3) Copia simple de la autorización sectorial

respectiva en el caso de aquellas

actividades que conforme a Ley la requieran

de manera previa al otorgamiento de la

licencia de funcionamiento.

d.4) Copia simple de la autorización expedida

por el Ministerio de Cultura, conforme a

la Ley 28296, Ley General del Patrimonio

Cultural de la Nación. Excepto en los

casos en que el Ministerio de Cultura

haya participado en las etapas de

remodelación y monitoreo de ejecución

de obras previas inmediatas a la solicitud

de la licencia del local por el cual se

solicita la licencia.

Veri􀂿 cados los requisitos señalados, se procederá al

pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de

esta Ley.”

Artículo 9.- Licencias de funcionamiento para

mercados de abastos y galerías comerciales

Los mercados de abastos, galerías comerciales

y centros comerciales deben contar con una sola

licencia de funcionamiento en forma corporativa, la

cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo,

razón o denominación social que los representa o la

junta de propietarios, de ser el caso. Para tal efecto,

deberán obtener un Certi􀂿 cado de Inspección Técnica

de Seguridad en Edi􀂿 caciones de Detalle.

A los módulos, stands o puestos les será exigible

únicamente una Inspección Técnica de Seguridad en

Edi􀂿 caciones, ex post al otorgamiento de la licencia de

funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se

requiera otro tipo de Inspección Técnica de Seguridad en

Edi􀂿 caciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

La municipalidad podrá disponer la clausura temporal

o de􀂿 nitiva de los puestos o stands en caso de que

incurran en infracciones administrativas.”

 

QUINTA.- Órgano sancionador

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo

de Desastres -CENEPRED, es el órgano competente

para sancionar con la revocatoria y/o suspensión a

los Inspectores Técnicos de Seguridad de incurrir en

las infracciones que para tal efecto se establecerán

mediante decreto supremo.”

 

Artículo 63. Incorporación de la décima disposición final, transitoria y complementaria a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

 

Incorpórase la décima disposición final, transitoria y complementaria a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, conforme al texto siguiente:

 

DÉCIMA.- Precísase que toda referencia efectuada a

las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa

Civil y al Certi􀂿 cado de Seguridad en Defensa Civil,

deberá entenderse realizada a las Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edi􀂿 caciones y al Certi􀂿 cado

de Seguridad en Edi􀂿 caciones.”

CAPÍTULO VI

MODIFICACIONES A LA LEY QUE CREA EL

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES

Artículo 64. Incorporación de los numerales 14.7,

14.8 y 14.9 al artículo 14 de la Ley 29664, Ley que

crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres (SINAGERD)

Incorpóranse los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al artículo

14º de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con el

texto siguiente:

Artículo 14º.- Gobiernos regionales y gobiernos

locales

(…)

14.7 Los gobiernos locales son competentes para

ejecutar las Inspecciones Técnicas de Seguridad

en Edi􀂿 caciones de acuerdo a lo siguiente:

1. Municipalidades Provinciales:

a) En el ámbito del Cercado: Inspecciones

básicas e inspecciones para espectáculos

de hasta 3000 espectadores.

b) En el ámbito de la provincia incluyendo

los distritos que la integran: Inspecciones

de Detalle, Multidisciplinarias e

inspecciones para espectáculos mayores

a 3000 espectadores.

2. Municipalidades Distritales:

a) En el ámbito del distrito: Inspecciones

básicas e inspecciones para espectáculos

de hasta 3000 espectadores.

(…)

3. Las Municipalidades Provinciales

podrán delegar las competencias de las

Inspecciones de detalle e inspecciones para

espectáculos mayores a 3000 espectadores

en las Municipalidades Distritales, a solicitud

de las mismas y siempre que estas últimas

acrediten capacidad para realizarlas.

14.8 Tratándose de la Municipalidad Metropolitana

de Lima, esta es competente para:

a) En el ámbito del Cercado: Inspecciones

Básicas, Inspecciones de Detalle e

inspecciones para espectáculos de hasta

3000 espectadores.

b) En el ámbito de la Provincia: Inspecciones

Multidisciplinarias e inspecciones para

espectáculos mayores a 3000 espectadores.

14.9 Las Municipalidades distritales de la provincia

de Lima son competentes:

a) En el ámbito del Distrito: Inspecciones básicas,

inspecciones de detalle e inspecciones para

espectáculos de hasta 3000 espectadores.

(…).”

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES PARA LA RECUPERACIÓN

EXTRAJUDICIAL DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Artículo 65. Recuperación extrajudicial de predios

de propiedad estatal

Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos

Regionales o Gobiernos Locales, a través de sus

Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces, deben

repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales

que se realicen en los predios bajo su competencia,

administración o de su propiedad, inscritos o no en el

Registro de Predios o en el Sistema de Información

Nacional de Bienes Estatales – SINABIP; y recuperar

extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento

de dichas invasiones u ocupaciones, para lo cual

requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo

Si los organismos estatales omiten ejercer la

recuperación extrajudicial, la Superintendencia Nacional

de Bienes Estatales – SBN, en su condición de ente

Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE,

requerirá al Titular del organismo para que inicie, bajo

responsabilidad, la recuperación dentro del término de

cinco (5) días hábiles de noti􀂿 cado el requerimiento.

Vencido este plazo y veri􀂿 cada la inacción, la Procuraduría

Pública de la SBN iniciará o continuará las acciones de

recuperación extrajudicial.

No procede la aplicación de los mecanismos de

defensa posesoria establecidos en los artículos 920

y 921 del Código Civil en favor de los invasores u

ocupantes ilegales de predios bajo competencia,

administración o propiedad del Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; toda

controversia sobre los supuestos derechos de

quienes se consideren afectados por la recuperación

extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y con

posterioridad a la misma.

La recuperación extrajudicial no exonera de

responsabilidad civil y/o penal a quienes ocuparon de

manera ilegal los predios de propiedad estatal.

 

Artículo 66. Requerimiento del auxilio de la Policía

Nacional del Perú

El requerimiento del auxilio de la Policía Nacional

del Perú a que se re􀂿 ere el artículo anterior, deberá

formularse mediante una solicitud suscrita por el

Procurador Público o quien haga sus veces del organismo

requirente, acreditando la propiedad, competencia o

administración del organismo estatal sobre el predio

objeto de recuperación; adjuntando el plano perimétrico

– ubicación, la partida registral del predio o el Certi􀂿 cado

Negativo de Búsqueda Catastral cuando el predio estatal

no se encuentre inscrito y señalando expresamente que

los ocupantes carecen de título.

En caso de que el predio a recuperar se encuentre

inscrito en más de una partida registral del Registro de

Predios, para que la solicitud sea atendida por la Policía

Nacional del Perú, cuando menos deberá constar inscrito

el derecho de propiedad del organismo requirente en una

de dichas partidas. Si la duplicidad registral involucra a

más de un organismo estatal, el requerimiento de auxilio

lo formulará quien primero haya inscrito su derecho de

propiedad sobre el predio.

La Policía Nacional del Perú veri􀂿 cará la solicitud y

documentación presentada y deberá prestar el auxilio

requerido, bajo responsabilidad, dentro del plazo máximo

de cinco (5) días calendario.

Si en los predios objeto de recuperación extrajudicial

se hubieren realizado instalaciones temporales informales,

el organismo público solicitante, con el auxilio de la

Policía Nacional del Perú, se encuentra facultado para

 

Artículo 67. Modificación del artículo 920 del Código Civil

 

Modifícase el artículo 920 del Código Civil, conforme al siguiente texto:

 

Defensa posesoria extrajudicial

Artículo 920.-

 

El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, si fuere desposeído.

 

La acción se realiza dentro de los quince (15) días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión.

 

En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias.

 

El propietario de un inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre en dicho proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos diez (10) años.

 

La Policía Nacional del Perú así como las Municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad.

 

En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción, regulada en el artículo 950 de este Código.”

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Disposiciones para la actualización excepcional de las deudas tributarias

La actualización excepcional de las deudas tributarias prevista en el Capítulo I del Título I de la presente Ley será de aplicación inmediata a las deudas a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con excepción de aquellas que se encuentren impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial, en cuyo caso los deudores tributarios deberán presentar la solicitud de acogimiento hasta el 31 de diciembre de 2014, cumpliendo los requisitos, forma y condiciones que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT.

 

A la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se deberá haber pagado la totalidad de la deuda tributaria cuyo acogimiento se solicita, excluidos los intereses capitalizados que se eliminarían de conformidad con el artículo 2 de la presente Ley, así como desistirse de los medios impugnatorios en la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial, según sea el caso.

 

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que el desistimiento presentado ante la autoridad administrativa o judicial para efecto de acogerse a la actualización excepcional de las deudas tributarias, es de la pretensión, el cual deberá ser aceptado por dicha autoridad.

 

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en el Capítulo I del Título I de la presente Ley, en el plazo de noventa (90) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

 

SEGUNDA. Vigencia de las modificaciones al artículo 159° del Código Tributario

 

Las modificaciones referidas al artículo 159° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF, realizadas por la presente Ley entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2015.

 

TERCERA. Criterios y lineamientos del régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas

 

Mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas se establecerán los criterios y lineamientos a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas.

 

CUARTA. Vigencia de las modificaciones al Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas

Las modificaciones a la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, realizadas por el Capítulo IV de la presente Ley entrarán en vigencia el primer día calendario del mes siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano.

 

QUINTA. Destrucción de documentación de despachos aduaneros

Para la destrucción de la documentación de los despachos aduaneros a que se re􀂿 ere el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, no serán de aplicación el Decreto Ley 19414, la Ley 25323, el Decreto Legislativo 681, el Decreto Legislativo 827, la Ley 28186 y todas las demás normas que se le opongan.

 

SEXTA. Reglamentación de las modificaciones a la Ley General de Aduanas

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará la norma que reglamente lo señalado en el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, en un plazo que no exceda los treinta (30) días hábiles de publicada la presente Ley en el diario oficial El Peruano.

 

SÉTIMA. Vigencia de la modificación a la Ley General de Aduanas

La modificación dispuesta en el Capítulo VI del Título I de la presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de publicada la norma que reglamente lo señalado en el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053.

 

OCTAVA. Adecuación de normas de las entidades del Poder Ejecutivo

Las entidades del Poder Ejecutivo que se encuentran bajo los alcances del Capítulo I del Título II de la presente Ley, en caso de ser necesario, deben adecuar sus normas correspondientes, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto supremo al que se re􀂿 ere el artículo 12 de la presente Ley.

 

NOVENA. Reglamentación del Capítulo I del Título II

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban, de ser necesario, las normas reglamentarias para la mejor aplicación del Capítulo I del Título II de la presente Ley.

 

DÉCIMA. Exoneración de derechos registrales

El reglamento de lo dispuesto en el Capítulo I del Título III de la presente Ley dispondrá las causales y condiciones de exoneración de derechos registrales de la SUNARP respecto de búsquedas, expedición de certificados, inscripciones en registro sobre los predios o edificaciones correspondientes a proyectos de inversión pública.

 

DÉCIMA PRIMERA. Facultad de verificadores catastrales

Facúltase a los verificadores catastrales inscritos en el Índice de Verificadores Catastrales de la SUNARP a que se refiere el reglamento de la Ley 28294 a ejecutar las acciones previstas en el subcapítulo II del Capítulo I del Título III de la presente Ley.

 

DÉCIMA SEGUNDA. Calificación registral

En el marco de la calificación registral el Registrador y el Tribunal Registral propiciarán y facilitarán las inscripciones de los títulos ingresados al Registro al amparo de lo regulado por el Capítulo I del Título III de la presente ley, no siendo responsables por las inscripciones efectuadas en estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento General de los Registros Públicos.

 

DÉCIMA TERCERA. Ejercicio de facultades de COFOPRI

Para el ejercicio de las facultades establecidas en el Subcapítulo I del Capítulo I del Título III de la presente Ley, COFOPRI podrá ejercer supletoriamente todas las facultades reguladas en las normas que establecen sus competencias y atribuciones.

 

 

DÉCIMA CUARTA. Vigencia de modificaciones a la Ley 28976

Las modificaciones a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establecidas en los artículos 54 y 55 de la presente Ley, entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto de 2014.

 

DÉCIMA QUINTA. Adecuación de los TUPA de Municipalidades

Las Municipalidades adaptarán sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos conforme a las disposiciones del Capítulo V del Título III de la presente Ley en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Ley.

 

DÉCIMA SEXTA. Revisión periódica de plazos

El Ministerio de Economía y Finanzas evaluará cada dos (2) años, los plazos para resolver los recursos de reclamación ante las Administraciones Tributarias y los de apelación ante el Tribunal Fiscal, a fin de reducir tales plazos de corresponder.

 

En caso de que se determine que los referidos plazos deban reducirse, estos se establecerán mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

 

DÉCIMA SÉTIMA. Procesos civiles o constitucionales en trámite sobre predios estatales

 

Facúltase al Titular y a los Procuradores delorganismo público para conciliar o transigir en procesosciviles o constitucionales en trámite, conforme a losrequisitos y procedimientos dispuestos por el DecretoLegislativo 1068, Ley del Sistema de Defensa Jurídicadel Estado, en los casos que el particular, demandadoo demandante, reconozca que el Estado es propietariodel predio e inicie el procedimiento para su adquisiciónde conformidad con las disposiciones previstas en Ley29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes

Estatales, y su reglamento.

 

En los procesos de desalojo en trámite iniciados por el Estado, procede el lanzamiento anticipado siempre que el organismo público demandante acredite que el predio se encuentra bajo su competencia, administración o propiedad.

 

DÉCIMA OCTAVA. Declaratoria de interés nacional

Declárase de interés nacional el desarrollo de vías navegables en el país, como infraestructura de transporte de uso público de alcance nacional, constituida por los espacios naturales o artificiales aptos para la navegación que se realice en el medio fluvial o lacustre, incluyendo a los canales habilitados para tal fin, con la finalidad de mejorar las condiciones de transporte acuático. En virtud de ello, facúltase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fijar y cobrar el peaje correspondiente, con la finalidad de atender las intervenciones realizadas en las vías navegables que se desarrollen al amparo de la presente disposición, siempre que la vía navegable sea administrada directamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si la vía navegable es administrada por una empresa pública u otorgada a un inversionista privado, en el marco del Decreto Legislativo 1012 y sus modificatorias, la tarifa o el peaje respectivo será establecido de conformidad con la Ley 26917, en concordancia a los mecanismos regulatorios o contractuales aplicables.

 

DÉCIMA NOVENA. Disposiciones complementarias del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo, de ser necesario, aprueba las disposiciones complementarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente Ley.

 

VIGÉSIMA. Financiamiento

La implementación de las acciones previstas en la presente Ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, con excepción de lo establecido en el artículo 14 de la presente Ley.

 

VIGÉSIMA PRIMERA. Fortalecimiento del desarrollo productivo de la MIPYME

En un plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueban las normas reglamentarias que resulten necesarias para la mejor aplicación de la presente Ley.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación del artículo 13 de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial

 

Modifícase el artículo 13 de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, quedando redactado de la siguiente manera:

 

Artículo 13. Fondos para emprendimientos

 

13.1 El Estado promueve mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos, los cuales deben tener un enfoque que los oriente hacia el desarrollo nacional, la internacionalización y la permanente innovación.

 

13.2 Para ello, el Ministerio de la Producción puede crear programas que fomenten el cumplimiento de dicho objetivo, quedando el mencionado Ministerio autorizado para efectos de entregar el cofinanciamiento al que se refiere el presente artículo u otorgar subvenciones a personas naturales y jurídicas privadas dentro de dicho marco.

 

13.3 Los programas creados se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Producción, en el marco de las leyes anuales de presupuesto y conforme a la normatividad vigente, pudiendo asimismo ser financiados con recursos provenientes de la cooperación técnica, conforme a la normatividad vigente. Los gastos referidos al cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos a los que se refiere el presente artículo y que se efectúen en el marco de los programas que se creen con dicho fin, se aprueban mediante resolución ministerial del Ministerio de la Producción, que se publica en el diario oficial El Peruano.”

 

VIGÉSIMA TERCERA. Fraccionamiento de multas para personas naturales, micro y pequeñas empresas

 

Las multas administrativas de entidades cuya función principal sea la de fiscalización, que se impongan a personas naturales, micro y pequeñas empresas, podrán ser fraccionadas para permitir su pago, conforme a las disposiciones que establezcan las referidas entidades.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Ámbito de la Estabilidad en el Marco del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería

 

El régimen de estabilidad tributaria garantizado conforme a lo dispuesto en los artículos 83-A y 83-B del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, modificado por la presente Ley, será solo de aplicación a los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera que se suscriban a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

 

Se podrán acoger al régimen de estabilidad tributaria garantizado a que se re􀂿 ere el párrafo precedente, los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley y que aún no estén vigentes, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para dicho régimen. Para este efecto autorízase al Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado Peruano, a suscribir las adendas que correspondan con los sujetos de la actividad minera, de ser el caso.

 

SEGUNDA. Obligación de presentar información

Los titulares de la actividad minera que suscriban los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera, deberán proporcionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT la información referida a la inversión total por cada proyecto minero así como de las ampliaciones vinculadas a este que se les requiera, en los medios, forma y plazo que aquella disponga mediante Resolución de Superintendencia.

 

TERCERA. Autorización al Ministerio de Energía y Minas

Dispónese que el Ministerio de Energía y Minas, en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, actualice los modelos de contratos a que se re􀂿 ere el Capítulo IV del Título Noveno del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, modificado por la presente Ley. Dicho modelo de contrato se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

 

CUARTA. Recursos de apelación interpuestos antes de la vigencia de la presente Ley

Para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de apelación en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios introducida al artículo 33° del Código Tributario y al artículo 151 del Decreto Legislativo 1053, será aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones interpuestas.

Para efectos de acelerar la resolución de procedimientos a cargo del Tribunal Fiscal, este está facultado excepcionalmente para organizar los expedientes asignando y programando su resolución en función al monto y la antigüedad de la deuda materia de controversia.

 

QUINTA. Declaraciones aduaneras numeradas con anterioridad

Lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I de la presente Ley también rige para la documentación de los despachos correspondientes a las declaraciones aduaneras numeradas con anterioridad a la vigencia de las disposiciones de dicho capítulo.

 

SEXTA. Reglamentación de procedimientos especiales de saneamiento físico legal

En un plazo que no excederá los noventa (90) días calendario contados a partir de la vigencia de la presente Ley, se aprobará el reglamento de las disposiciones de los Capítulos I, II y III del Título III de la presente Ley refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El reglamento incluirá los procedimientos especiales de saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI.

 

El reglamento será elaborado con la participación de COFOPRI, SBN, SUNARP y PROVIAS Nacional.

 

SÉTIMA. Modificación de documentos de gestión de la SBN

En un plazo que no excederá los noventa (90) días calendario contados a partir de la vigencia de las disposiciones de los Capítulos I, II y III del Título III de la presente Ley, la SBN efectúa la modificación de sus documentos de gestión.

 

OCTAVA. Procedimientos en trámite

Las modificaciones al artículo 7 de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establecidas en el Capítulo V del Título III de la presente Ley, serán aplicables también para los procedimientos de Licencia de Funcionamiento en trámite.

 

NOVENA. Competencia para procedimientos en trámite

Los órganos competentes de los Gobiernos Regionales o Municipalidades Provinciales que se encuentran tramitando a la fecha expedientes de inspecciones técnicas de seguridad y cuya competencia ha sido transferida en mérito a las disposiciones del Capítulo V del Título III de la presente Ley, deberán concluir con los procedimientos administrativos que hayan iniciado.

 

DÉCIMA. Racionalización de sistemas de pago del IGV

En un plazo no mayor de 180 días hábiles el Sector Economía y Finanzas establecerá las normas necesarias para racionalizar los Sistemas de Pago del IGV, que comprenden las percepciones, retenciones y detracciones, a fin de racionalizar su aplicación.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA. Deróganse el artículo 2 del Decreto de Urgencia 071-2001 y la primera disposición complementaria de la Ley 27333, Ley Complementaria a la Ley 26662, Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones.

 

SEGUNDA. Derógase el artículo 3 de la Ley 27973, Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, modificado por la Ley 28321, respecto de la Tasa de Despacho Aduanero; a partir del 1 de enero de 2015.

 

TERCERA. Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente Ley o limiten su aplicación.

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

 

En Lima, a los once días del mes de julio de dos mil catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA

Presidente del Congreso de la República

LUIS IBERICO NÚÑEZ

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ

Presidente del Consejo de Ministros

“NO A LA RETENCION DE LA AFP PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LOS CAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, NO SEAN PORDIOSEROS DE LAS AFP CHILENAS QUE SON LAS ÙNICAS QUE SE BENEFICIAN

SEÑORES CONGRESISTAS DEROGEN ESA ESTUPIDEZ QUE DEFIENDEN LOS LACAYOS DE LAS AFP CHILENAS”

Alan Emilio Matos Barzola

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