Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Alan Emilio en Huaraz julio 2014
Alan Emilio en Huaraz julio 2014

Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado

“NO A LA RETENCION DE LA AFP PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LOS CAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, NO SEAN PORDIOSEROS DE LAS AFP CHILENAS QUE SON LAS ÙNICAS QUE SE BENEFICIAN

SEÑORES CONGRESISTAS DEROGEN ESA ESTUPIDEZ QUE DEFIENDEN LOS LACAYOS DE LAS AFP CHILENAS”

Alan Emilio Matos Barzola

LEY 30225

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de  la aplicación de otros principios generales del derecho  público. Estos principios sirven de criterio interpretativo  e integrador para la aplicación de la presente Ley y su  reglamento, y como parámetros para la actuación de  quienes intervengan en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades  promueven el libre acceso y participación de  proveedores en los procesos de contratación  que realicen, debiendo evitarse exigencias  y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas  que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben  disponer de las mismas oportunidades para  formular sus ofertas, encontrándose prohibida  la existencia de privilegios o ventajas y, en  consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto  o encubierto. Este principio exige que no se  traten de manera diferente situaciones que son  similares y que situaciones diferentes no sean  tratadas de manera idéntica siempre que ese trato  cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia  efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan  información clara y coherente con el fi n de que  el proceso de contratación sea comprendido  por los proveedores garantizando la libertad de  concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de  igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este  principio respeta las excepciones establecidas en  el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser  objeto de publicidad y difusión con la finalidad  de promover la libre concurrencia y competencia  efectiva, facilitando la supervisión y el control de  las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación  incluyen disposiciones que permiten establecer  condiciones de competencia efectiva y obtener  la propuesta más ventajosa para satisfacer el  interés público que subyace a la contratación. Se  encuentra prohibida la adopción de prácticas que  restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación  y las decisiones que se adopten en el mismo  deben orientarse al cumplimiento de los fines,  metas y objetivos de la Entidad, priorizando  estos sobre la realización de formalidades  no esenciales, garantizando la efectiva y  oportuna satisfacción del interés público, bajo  condiciones de calidad y con el mejor uso de  los recursos públicos.

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir  con efectividad la finalidad pública para los que  son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,  integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los  avances científicos y tecnológicos.

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y  desarrollo de los procesos de contratación pública  se consideran criterios y prácticas que permitan  contribuir tanto a la protección medioambiental  como social y al desarrollo humano.

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las  partes deben guardar una razonable relación de  equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de  las facultades que corresponden al Estado en la  gestión del interés general.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los  alcances de la presente Ley, bajo el término  genérico de Entidad:

a) Los Ministerios y sus organismos públicos,  programas y proyectos adscritos.

b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos.

c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.

d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.

e) Las universidades públicas.

f) Sociedades de Benefi cencia Pública y Juntas de Participación Social.

g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.

h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado.

3.2 Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral anterior.

3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos.

Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de  aplicación

La presente Ley no es de aplicación para:

a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley 28563 o norma que la sustituya.

b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional.

c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.

d) La contratación de notarios públicos para que  ejerzan las funciones previstas en la presente  norma y su reglamento.

e) Los servicios brindados por conciliadores,  árbitros, centros de conciliación, instituciones  arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta  de Resolución de Disputas y demás derivados  de la función conciliatoria, arbitral y de los otros  medios de solución de controversias previstos  en la Ley y el reglamento para la etapa de ejecución contractual.

f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con  las exigencias y procedimientos específicos  de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas

g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado.

h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que se realizan de conformidad con la normativa de la materia.

Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión

Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas  Tributarias, vigentes al momento de la  transacción. Lo señalado en el presente literal  no es aplicable a las contrataciones de bienes  y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico  del Acuerdo Marco

b) La contratación de servicios públicos, siempre  que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les  corresponde, y no se persigan fines de lucro.

Los convenios a que se refiere el presente  literal, en ningún caso se utilizan para encargar  la realización de las actuaciones preparatorias  y/o del procedimiento de selección.

d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con  las exigencias y procedimientos específicos  de una organización internacional, Estados  o entidades cooperantes, que se deriven de  donaciones efectuadas por estos, siempre que  dichas donaciones representen por lo menos  el 25% del monto total de las contrataciones  involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales  financieros.

e) Las contrataciones que realice el Estado  peruano con otro Estado.

f) Las contrataciones realizadas con proveedores  no domiciliados en el país cuando se sustente la  imposibilidad de realizar la contratación a través  de los métodos de contratación de la presente  Ley.

El reglamento establece los aspectos y requisitos  aplicables a dichas contrataciones. Mediante directiva  del Organismo Supervisor de las Contrataciones del  Estado (OSCE) se establecen los criterios bajo los que se  supervisan las mismas.

CAPÍTULO II

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Artículo 6. Organización de los procesos de  contratación

Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación.

Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

Artículo 7. Compras corporativas

Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en el reglamento.

Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones

Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:

a) El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.

b) El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza

los requerimientos formulados por otras

dependencias, que colabora y participa en la

planifi cación de las contrataciones, y realiza

la verifi cación técnica de las contrataciones

efectuadas a su requerimiento, previas a su

c) El Órgano encargado de las contrataciones

que es aquel órgano o unidad orgánica que

realiza las actividades relativas a la gestión del

abastecimiento al interior de una Entidad, incluida

la gestión administrativa de los contratos.

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités

de selección, que son órganos colegiados encargados de

seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios

u obras requeridos por el área usuaria a través de

determinada contratación. Su composición y funciones se

determinan en el reglamento.

El Titular de la Entidad puede delegar, mediante

resolución, la autoridad que la presente norma le

otorga. No pueden ser objeto de delegación, la

declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de

prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las

contrataciones directas salvo aquellas que disponga

el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la

contratación, y los otros supuestos que se establezcan

en el reglamento.

El reglamento establece las acciones que las Entidades

deben adoptar en su Reglamento de Organización y

Funciones u otros instrumentos de organización y/o

gestión.

Artículo 9. Responsabilidad

Todas aquellas personas que intervengan en los

procesos de contratación por o a nombre de la Entidad,

con independencia del régimen jurídico que los vincule con

esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones

que realicen, de efectuar contrataciones de manera

efi ciente, maximizando los recursos públicos invertidos y

bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su

reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes

de discrecionalidad que se otorgan.

De corresponder la determinación de responsabilidad

por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al

régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que

Artículo 10. Supervisión de la Entidad

La Entidad en todos sus niveles debe supervisar,

directamente o a través de terceros, todo el proceso de

contratación. El hecho de que la Entidad no supervise

los procesos, no exime al contratista de cumplir con

sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda

CAPÍTULO III

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES

Artículo 11. Impedimentos

Cualquiera sea el régimen legal de contratación

aplicable, están impedidos de ser participantes, postores

y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se

refi ere el literal a) del artículo 5:

a) En todo proceso de contratación pública, hasta

doce (12) meses después de haber dejado el

cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la

República, los Congresistas de la República, los

Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales

de la Corte Suprema de Justicia de la República,

los titulares y los miembros del órgano

colegiado de los Organismos Constitucionales

Autónomos.

b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses

después de haber dejado el cargo, los

Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros

de los Gobiernos Regionales.

c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12)

meses después de haber dejado el cargo, los

Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los

Alcaldes y Regidores.

d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares

de instituciones o de organismos públicos del

Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y

trabajadores de las empresas del Estado, los

funcionarios públicos, empleados de confi anza

y servidores públicos, según la ley especial de

la materia.

e) En el correspondiente proceso de contratación,

las personas naturales o jurídicas que tengan

intervención directa en la determinación de las

características técnicas y valor referencial o valor

estimado según corresponda, elaboración de

Bases, selección y evaluación de ofertas de un

proceso de selección y en la autorización de pagos

de los contratos derivados de dicho proceso, salvo

en el caso de los contratos de supervisión.

f) En el ámbito y tiempo establecidos para las

personas señaladas en los literales precedentes,

el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el

cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afi nidad.

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las

personas señaladas en los literales precedentes,

las personas jurídicas en las que aquellas

tengan o hayan tenido una participación superior

al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio

social, dentro de los doce (12) meses anteriores

a la convocatoria.

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las

personas señaladas en los literales precedentes,

las personas jurídicas sin fi nes de lucro en las

que aquellas participen o hayan participado

como asociados o miembros de sus consejos

directivos, dentro de los doce (12) meses

anteriores a la convocatoria.

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las

personas señaladas en los literales precedentes,

las personas jurídicas cuyos integrantes de

los órganos de administración, apoderados

o representantes legales sean las personas

señaladas en los literales precedentes. Idéntica

prohibición se extiende a las personas naturales

que tengan como apoderados o representantes

a las personas señaladas en los literales

j) Las personas naturales o jurídicas que se

encuentren sancionadas administrativamente

con inhabilitación temporal o permanente en

el ejercicio de sus derechos para participar en

procesos de selección y para contratar con

Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la

presente norma y su reglamento.

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas,

participacionistas, titulares, integrantes de

los órganos de administración, apoderados o

representantes legales formen o hayan formado

parte, en los últimos doce (12) meses de

impuesta la sanción, de personas jurídicas que

se encuentren sancionadas administrativamente

con inhabilitación temporal o permanente

para participar en procesos de selección y

para contratar con el Estado; o que habiendo

actuado como personas naturales hayan sido

sancionadas por la misma infracción; conforme

a los criterios señalados en la presente Ley y su

reglamento. Para el caso de socios, accionistas,

participacionistas o titulares, este impedimento

se aplicará siempre y cuando la participación

sea superior al cinco por ciento (5%) del capital

o patrimonio social y por el tiempo que la sanción

se encuentre vigente.

l) Otros establecidos por Ley o por el reglamento

de la presente norma.

Las ofertas que contravengan lo dispuesto en el

presente artículo se tienen por no presentadas y conllevan

las consecuencias y responsabilidad establecidas en la

Artículo 12. Califi cación exigible a los

proveedores

La Entidad califi ca a los proveedores utilizando los

criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en

el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del

procedimiento de selección deben prever los requisitos

que deben cumplir los proveedores a fi n de acreditar su

califi cación.

Artículo 13. Participación en consorcio

En los procedimientos de selección pueden participar

varios proveedores agrupados en consorcio con la

fi nalidad de ejecutar el contrato, con excepción de los

procedimientos que tengan por objeto implementar o

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

En ningún caso, la participación en consorcio implica la

obligación de crear una persona jurídica diferente.

Los integrantes del consorcio son responsables

solidariamente ante la Entidad por las infracciones y

consecuencias derivadas de su participación individual

o conjunta durante el procedimiento de selección y la

ejecución del contrato derivado de este.

A los integrantes del consorcio les son aplicables las

disposiciones establecidas en los artículos precedentes

del presente Capítulo.

Artículo 14. Protección y promoción de la competencia

14.1 Cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de

Contrataciones del Estado verifi que la existencia

de indicios de conductas anticompetitivas en un

procedimiento de selección, en los términos del

Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión

de Conductas Anticompetitivas, o norma que

la sustituya, debe remitir toda la información

pertinente a la Comisión de Defensa de la

Libre Competencia del INDECOPI para que

este, de ser el caso, inicie el procedimiento

administrativo sancionador correspondiente

contra los presuntos responsables.

14.2 Cuando el OSCE advierta que un requisito

establecido en los documentos del

procedimiento de selección podría afectar la

competencia, contraviniendo los principios de

libertad de concurrencia y competencia, ordena

a la Entidad que lo sustente y/o elimine, según

corresponda. Si, adicionalmente, el OSCE

advierte la existencia de indicios de colusión, en

los términos del artículo 384 del Código Penal,

debe remitir toda la información pertinente al

Ministerio Público.

TÍTULO II

PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO I

PLANIFICACIÓN

Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones

15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones:

A partir del primer semestre, y teniendo en

cuenta la etapa de formulación y programación

presupuestaria correspondiente al siguiente

año fiscal, cada Entidad debe programar en el

Cuadro de Necesidades los requerimientos de

bienes, servicios y obras necesarios para el

cumplimiento de sus objetivos y actividades para

dicho año, los que deben encontrarse vinculados

al Plan Operativo Institucional, con la fi nalidad de

elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos

requerimientos deben estar acompañados de

sus respectivas especifi caciones técnicas y/o

términos de referencia.

15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones:

El Plan Anual de Contrataciones que se

apruebe debe prever las contrataciones de

bienes, servicios y obras cubiertas con el

Presupuesto Institucional de Apertura y el

valor estimado de dichas contrataciones, con

independencia que se sujeten al ámbito de

aplicación de la presente Ley o no, y de la

fuente de financiamiento.

El Plan Anual de Contrataciones se publica en

el Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado (SEACE).

CAPÍTULO II

ACTUACIONES PREPARATORIAS

Artículo 16. Requerimiento

El área usuaria debe requerir los bienes, servicios

u obras a contratar, siendo responsable de formular

las especifi caciones técnicas, términos de referencia o

expediente técnico, respectivamente, además de justifi car

la fi nalidad pública de la contratación. Los bienes,

servicios u obras que se requieran deben estar orientados

al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Las especifi caciones técnicas, términos de referencia

o expediente técnico deben formularse de forma objetiva

y precisa, proporcionando acceso en condiciones

de igualdad al proceso de contratación y no tienen

por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen

la competencia en el mismo. Salvo las excepciones

previstas en el reglamento, en el requerimiento no se

hace referencia a una fabricación o una procedencia

determinada, o a un procedimiento concreto que

caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un

proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos,

o a un origen o a una producción determinados con la

fi nalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores

o ciertos productos.

Artículo 17. Homologación de requerimientos

Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen

políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están

facultadas a uniformizar los requerimientos de los bienes

y servicios que deban contratar las Entidades que se rijan

bajo la presente Ley, en el ámbito de sus competencias a

través de un proceso de homologación.

Artículo 18. Valor estimado y valor referencial

La Entidad debe establecer el valor estimado de las

contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial

en el caso de consultorías y ejecución de obras, con

el fi n de establecer la aplicación de la presente Ley

y el tipo de procedimiento de selección, en los casos

que corresponda, así como gestionar la asignación

de recursos presupuestales necesarios, siendo de su

exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como

su actualización.

No corresponde establecer valor estimado en los

procedimientos que tengan por objeto implementar o

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario

Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, conforme se señala en los literales siguientes:

a) En todo procedimiento de selección, la

certifi cación de crédito presupuestario debe

mantenerse desde la convocatoria hasta la

suscripción del contrato, bajo responsabilidad

del Titular de la Entidad.

b) Tratándose de ejecuciones contractuales que

superen el año fi scal se requiere, además de

la certifi cación de crédito presupuestario, el

documento suscrito por el jefe de la Ofi cina

General de Administración y la Ofi cina de

Presupuesto, o el que haga sus veces en

la Entidad, que garantice la programación

de los recursos sufi cientes para atender el

pago de las obligaciones en los años fi scales

c) En los procedimientos de selección, cuya

convocatoria se realice dentro del último

trimestre de un año fi scal, y el otorgamiento

de la Buena Pro y suscripción del contrato se

realice en el siguiente año fi scal, la Ofi cina de

Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus

veces, otorgará una constancia respecto a la

previsión de recursos correspondientes al valor

estimado o referencial de dicha convocatoria.

La citada constancia debe señalar el monto

de los recursos programados para tal efecto

en el proyecto de ley de presupuesto del

sector público correspondiente al año fi scal

siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al

Congreso de la República; asimismo, debe

señalar las metas previstas y la fuente de

fi nanciamiento con cargo a la cual se atenderá

su fi nanciamiento.

d) En los procedimientos de selección referidos

en el literal c), previo a otorgar la Buena Pro,

se debe contar con la certifi cación de crédito

presupuestario emitida por la Ofi cina de

Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la

existencia de crédito presupuestario sufi ciente,

orientado a la ejecución del gasto en el año

fi scal en que se ejecutará el contrato, bajo

responsabilidad del Titular de la Entidad. Para

tal efecto, el comité de selección o la ofi cina a

cargo del procedimiento de selección, según

corresponda, antes de otorgar la Buena Pro,

debe solicitar a la Ofi cina de Presupuesto de la

Entidad o a la que haga sus veces, la referida

certifi cación.

Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de

bienes, servicios u obras con la fi nalidad de evitar el tipo

de procedimiento de selección que corresponda según la

necesidad anual, de dividir la contratación a través de la

realización de dos o más procedimientos de selección, de

evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento

para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a

ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o

compromisos internacionales que incluyan disposiciones

sobre contratación pública.

El reglamento establece los casos o supuestos

debidamente justifi cados que no constituyen

CAPÍTULO III

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Artículo 21. Procedimientos de selección

Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

Las disposiciones aplicables a los procedimientos de

selección son previstas en el reglamento.

Artículo 22. Licitación pública y concurso público

La licitación pública se utiliza para la contratación de

bienes y obras; el concurso público para la contratación

de servicios. En ambos casos, se aplican a las

contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial,

según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes

que establece la ley de presupuesto del sector público.

El reglamento establece las modalidades de licitación

pública y concurso público.

Los actos públicos deben contar con la presencia de

notario público o juez de paz. Su actuación es desarrollada

en el reglamento.

Artículo 23. Adjudicación simplificada

La adjudicación simplifi cada se utiliza para la

contratación de bienes y servicios, con excepción de los

servicios a ser prestados por consultores individuales, así

como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o

valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro

de los márgenes que establece la ley de presupuesto del

sector público.

Artículo 24. Selección de consultores individuales

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

Artículo 25. Comparación de precios

La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especifi caciones o

indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles

de obtener o que tengan un estándar establecido en el

mercado, conforme a lo que señale el reglamento. El valor

estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la

décima parte del límite mínimo establecido por la ley de

presupuesto del sector público para la licitación pública y

el concurso público.

Artículo 26. Subasta inversa electrónica

La subasta inversa electrónica se utiliza para la

contratación de bienes y servicios comunes que cuenten

con fi cha técnica y se encuentren incluidos en el Listado

de Bienes y Servicios Comunes.

Artículo 27. Contrataciones Directas

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar

directamente con un determinado proveedor en los

siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre

que en razón de costos de oportunidad resulte

más efi ciente y técnicamente viable para

satisfacer la necesidad, y no se contravenga

lo señalado en el artículo 60 de la Constitución

Política del Perú.

b) Ante una situación de emergencia derivada

de acontecimientos catastrófi cos, situaciones

que afecten la defensa o seguridad nacional,

situaciones que supongan el grave peligro de

que ocurra alguno de los supuestos anteriores,

o de una emergencia sanitaria declarada por el

ente rector del sistema nacional de salud.

c) Ante una situación de desabastecimiento

debidamente comprobada, que afecte o impida

a la Entidad cumplir con sus actividades u

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional

del Perú y los organismos conformantes del

Sistema Nacional de Inteligencia requieran

efectuar contrataciones con carácter secreto,

secreto militar o por razones de orden interno,

que deban mantenerse en reserva conforme a

ley, previa opinión favorable de la Contraloría

General de la República.

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan

obtenerse de un determinado proveedor o

un determinado proveedor posea derechos

exclusivos respecto de ellos.

f) Para los servicios personalísimos prestados por

personas naturales, que cuenten con la debida

sustentación.

g) Para los servicios de publicidad que prestan al

Estado los medios de comunicación televisiva,

radial, escrita o cualquier otro medio de

comunicación.

h) Para los servicios de consultoría, distintos a las

consultorías de obra, que son la continuación

y/o actualización de un trabajo previo ejecutado

por un consultor individual a conformidad

de la Entidad, siempre que este haya sido

seleccionado conforme al procedimiento de

selección individual de consultores.

i) Para los bienes y servicios con fi nes de

investigación, experimentación o desarrollo

de carácter científi co o tecnológico, cuyo

resultado pertenezca exclusivamente a la

Entidad para su utilización en el ejercicio de

sus funciones.

j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la

adquisición de bienes inmuebles existentes.

k) Para los servicios especializados de asesoría

legal para la defensa de funcionarios,

servidores o miembros de las fuerzas

armadas y policiales, a los que se refi eren el

Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto

Supremo 022-2008-DE/SG y otras normas

sobre defensa de funcionarios, o normas que

los sustituyan.

l) Cuando exista la necesidad urgente de la

Entidad de continuar con la ejecución de las

prestaciones no ejecutadas derivadas de un

contrato resuelto o de un contrato declarado

nulo por las causales previstas en los literales

a) y b) del artículo 44, siempre que se haya

invitado a los demás postores que participaron

en el procedimiento de selección y no se hubiese

obtenido aceptación a dicha invitación.

m) Para contratar servicios educativos de

capacitación que cuenten con un procedimiento

de admisión o selección para determinar el

ingreso o aceptación de las personas interesadas,

por parte de las entidades educativas que los

Se pueden efectuar compras corporativas mediante

contrataciones directas.

Las contrataciones directas se aprueban mediante

Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio,

del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según

corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos

supuestos de contratación directa que el reglamento

califi ca como delegable.

El reglamento establece las condiciones para la

confi guración de cada uno de estos supuestos, los

requisitos y formalidades para su aprobación y el

procedimiento de contratación directa.

Artículo 28. Rechazo de ofertas

28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la

Entidad puede rechazar toda oferta si determina

que, luego de haber solicitado por escrito o por

medios electrónicos al proveedor la descripción

a detalle de todos los elementos constitutivos de

su oferta, se susciten dudas razonables sobre

el cumplimiento del contrato. El rechazo de la

oferta debe encontrarse fundamentado.

Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda

oferta que supera la disponibilidad presupuestal

del procedimiento de selección, siempre que

haya realizado las gestiones para el incremento

de la disponibilidad presupuestal y esta no se

haya podido obtener.

28.2 En el caso de ejecución y consultoría de obras,

la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren

por debajo del noventa por ciento (90%) del

valor referencial o que excedan este en más de

diez por ciento (10%).

Artículo 29. Declaratoria de desierto

Los procedimientos de selección quedan desiertos

cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración

de desierto en la contratación directa, la comparación de

precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo

señalado en el reglamento.

El reglamento establece el procedimiento de selección

a utilizar luego de una declaratoria de desierto.

Cuando se declare desierto un procedimiento de

selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro

patrimonial, la Entidad puede utilizar el procedimiento

que determine el reglamento para los procedimientos

declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del artículo

5 de la presente Ley.

Tratándose de una segunda convocatoria declarada

desierta cuyo objeto sea la contratación de productos

farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de

Salud y el Seguro Social de Salud a través de sus sedes

centrales competentes, pueden utilizar lo previsto en el

literal f) del artículo 5 de la presente Ley.

Artículo 30. Cancelación

La Entidad puede cancelar el procedimiento de

selección, en cualquier momento previo a la adjudicación

de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso

fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o

cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado

sea insufi ciente o tenga que destinarse a otros propósitos

de emergencia declarados expresamente, u otras

razones justifi cadas, bajo su exclusiva responsabilidad,

de conformidad con lo establecido en el reglamento.

La Entidad no incurre en responsabilidad respecto de

los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo

hecho de actuar de conformidad con el presente artículo.

Artículo 31. Métodos especiales de contratación

Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de

selección, los bienes y servicios que se incorporen en los

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto

de la formalización de Acuerdos Marco. El reglamento

establece los procedimientos para implementar o

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

El reglamento puede establecer otros métodos

especiales de contratación.

CAPÍTULO IV

EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Artículo 32. El contrato

El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a

la proforma incluida en los documentos del procedimiento

de selección con las modifi caciones aprobadas por la

Entidad durante el mismo.

Los contratos regulados por la presente norma incluyen

necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas

referidas a: a) Garantías, b) Solución de controversias y

c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a

lo previsto en el reglamento.

El reglamento establece el procedimiento, plazos y

requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así

como los casos en que el contrato puede perfeccionarse

mediante una orden de compra o servicio, no debiendo

necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas

antes indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal.

Artículo 33. Garantías

Las garantías que deben otorgar los postores

adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son

las de fi el cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones

son regulados en el reglamento.

Las garantías que acepten las Entidades deben ser

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización

automática en el país, al solo requerimiento de la

respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas

que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse

bajo la supervisión directa de la Superintendencia de

Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos

de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir

garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos

extranjeros de primera categoría que periódicamente

publica el Banco Central de Reserva del Perú.

En virtud de la realización automática, a primera

solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer

excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo

limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo

de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad

solidaria para el emisor de la garantía y para el postor

o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en

favor de la Entidad.

Las entidades fi nancieras que emitan garantías a las

que se refi ere la presente Ley, facilitan el acceso de estas

a las Entidades públicas benefi ciarias, debiendo para el

efecto implementar los mecanismos correspondientes

que permitan la aplicación de la presente disposición.

Artículo 34. Modifi caciones al contrato

34.1 El contrato puede modifi carse en los supuestos

contemplados en la Ley y el reglamento, por

orden de la Entidad o a solicitud del contratista,

para alcanzar la fi nalidad del contrato de manera

oportuna y efi ciente. En este último caso la

modifi cación debe ser aprobada por la Entidad.

Dichas modifi caciones no deben afectar el

equilibrio económico fi nanciero del contrato;

en caso contrario, la parte benefi ciada debe

compensar económicamente a la parte

perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en

atención al principio de equidad.

34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por

el área usuaria de la contratación, la Entidad

puede ordenar y pagar directamente la ejecución

de prestaciones adicionales en caso de bienes,

servicios y consultorías hasta por el veinticinco

por ciento (25%) del monto del contrato original,

siempre que sean indispensables para alcanzar

la fi nalidad del contrato. Asimismo, puede

reducir bienes, servicios u obras hasta por el

mismo porcentaje.

34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales

pueden ser hasta por el quince por ciento (15%)

del monto total del contrato original, restándole

los presupuestos deductivos vinculados. Para

tal efecto, los pagos correspondientes son

aprobados por el Titular de la Entidad.

En el supuesto de que resulte indispensable la

realización de prestaciones adicionales de obra por

defi ciencias del expediente técnico o situaciones

imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del

contrato, mayores a las establecidas en el párrafo

precedente y hasta un máximo de cincuenta por

ciento (50%) del monto originalmente contratado,

sin perjuicio de la responsabilidad que pueda

corresponder al proyectista, el Titular de la

Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se

requiere contar con la autorización del Titular de

la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago

contar con la autorización previa de la Contraloría

General de la República y con la comprobación

de que se cuentan con los recursos necesarios.

En el caso de adicionales con carácter de

emergencia dicha autorización se emite previa

al pago. La Contraloría General de la República

cuenta con un plazo máximo de quince (15) días

hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su

pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse

en conocimiento de la Comisión de Presupuesto

y Cuenta General de la República del Congreso

de la República y del Ministerio de Economía y

Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de

la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede

resolver el contrato, mediante comunicación

escrita al contratista.

34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando

en los casos distintos a los de adicionales de

obras, se produzcan variaciones en el plazo de

la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de

la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre

que impliquen prestaciones adicionales en la

supervisión que resulten indispensables para

el adecuado control de la obra, el Titular de la

Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas

condiciones del contrato original y hasta por un

monto máximo del quince por ciento (15%) del

monto contratado de la supervisión, considerando

para el cálculo todas las prestaciones adicionales

previamente aprobadas. Cuando se supere el

citado porcentaje, se requiere la autorización,

previa al pago, de la Contraloría General de la

República.

Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar

prestaciones adicionales de supervisión que

deriven de prestaciones adicionales de obra,

siempre que resulten indispensables para el

adecuado control de la obra, bajo las mismas

condiciones del contrato original y/o precios

pactados, según corresponda. En este último

supuesto, el monto hasta por el cual se pueden

aprobar prestaciones adicionales de supervisión

debe ser proporcional al incremento del monto

de la obra, como máximo, no siendo aplicable

para este caso el límite establecido en el numeral

34.2 del presente artículo.

34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del

plazo pactado por atrasos y paralizaciones

ajenas a su voluntad debidamente comprobados

y que modifi quen el plazo contractual de acuerdo

a lo que establezca el reglamento. De aprobarse

la ampliación de plazo debe reconocerse los

gastos y/o costos incurridos por el contratista,

siempre que se encuentren debidamente

Artículo 35. Subcontratación

El contratista puede subcontratar, previa autorización

de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones

del contrato, salvo prohibición expresa contenida en los

documentos del procedimiento de selección.

Ningún contratista puede subcontratar la totalidad de

las prestaciones contenidas en el contrato. No se puede

subcontratar las prestaciones esenciales del contrato

vinculadas a los aspectos que determinaron la selección

del contratista.

Para ser subcontratista se requiere contar con

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores

(RNP), no estar impedido ni inhabilitado para contratar

con el Estado.

El contratista mantiene la responsabilidad por la

ejecución total de su contrato frente a la Entidad.

Artículo 36. Resolución de los contratos

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato,

por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite

de manera defi nitiva la continuación del contrato, o

por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo

establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al

perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre

prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto

de la contratación.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables

a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y

perjuicios ocasionados.

Artículo 37. Cesión de derechos y de posición

contractual

Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario,

el contratista puede ceder su derecho al pago a favor de

terceros. No procede la cesión de posición contractual

del contratista, salvo en los casos previstos en el

Artículo 38. Adelantos

La Entidad puede entregar adelantos al contratista,

siempre que haya sido previsto en los documentos del

procedimiento de selección, con la fi nalidad de otorgarle

fi nanciamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.

El reglamento establece los tipos, condiciones y

monto de cada adelanto, así como la forma en que este

se amortiza luego de otorgado.

Artículo 39. Pago

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva

prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.

Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su

integridad por adelantado cuando, este sea condición para

la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen

pagos fi nales, por lo que el benefi ciario de los pagos sigue

siendo responsable de los montos percibidos hasta que

se haya efectuado el pago fi nal.

En caso de retraso en el pago por parte de la

Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, debiendo repetir contra los responsables

de la demora injustifi cada. Igual derecho corresponde a la

Entidad en caso sea la acreedora.

Artículo 40. Responsabilidad del contratista

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de

las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido

en el contrato. En los contratos de ejecución de obra,

además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2)

y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida

y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados

por un plazo no menor de un (1) año contado a partir

de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato

puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o

perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no

se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo

de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años,

contado a partir de la conformidad de la recepción total o

parcial de la obra, según corresponda.

Los documentos del procedimiento de selección

establecen el plazo máximo de responsabilidad del

TÍTULO III

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 41. Recursos impugnativos

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los

participantes o postores en un procedimiento de selección,

y las que surjan en los procedimientos para implementar

o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco,

solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso

de apelación.

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta

antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo

que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las

contrataciones directas y las actuaciones que establece

el reglamento.

El recurso de apelación solo puede interponerse luego

de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el

procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y

resolución.

El recurso de apelación es conocido y resuelto por el

Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor

referencial sea superior a sesenta y cinco (65) UIT y de

procedimientos para implementar o mantener Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco; en los demás casos corresponde dicha competencia al Titular de la Entidad.

Los actos que declaren la nulidad de ofi cio y otros

actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la

continuidad del procedimiento de selección, distintos de

aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo

pueden impugnarse ante el Tribunal.

La garantía por interposición del recurso de apelación

debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la Entidad,

cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta

el 3% del valor estimado o valor referencial, según sea el

caso, del procedimiento de selección o del ítem que se

decida impugnar.

La resolución que resuelva el recurso de apelación

agota la vía administrativa. La interposición de la acción

contencioso-administrativa procede contra lo resuelto

en última instancia administrativa, sin suspender su

ejecución.

Artículo 42. Suspensión del procedimiento

La presentación de los recursos interpuestos de

conformidad con lo establecido en el artículo precedente

deja en suspenso el procedimiento de selección hasta

que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido

en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores

practicados hasta antes de la expedición de la respectiva

resolución.

 

Artículo 43. Denegatoria fi cta

En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones

del Estado, según corresponda, no resuelva y notifi que

sus resoluciones dentro del plazo que fi ja el reglamento,

los interesados deben considerar denegados sus recursos

de apelación, pudiendo interponer la acción contenciosoadministrativa

contra la denegatoria fi cta dentro del plazo

legal correspondiente.

En estos casos, la Entidad o el Tribunal de

Contrataciones del Estado devuelve la garantía presentada

por los interesados al momento de interponer su recurso

de apelación.

Artículo 44. Declaratoria de nulidad

El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los

casos que conozca, declara nulos los actos expedidos,

cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,

contravengan las normas legales, contengan un imposible

jurídico o prescindan de las normas esenciales del

procedimiento o de la forma prescrita por la normativa

aplicable, debiendo expresar en la resolución que

expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de

selección o el procedimiento para implementar o mantener

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

El Titular de la Entidad declara de ofi cio la nulidad de

los actos del procedimiento de selección, por las mismas

causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes

del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que

pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el

recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular

de la Central de Compras Públicas – Perú Compras, en

los procedimientos de implementación o mantenimiento

de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Después de celebrados los contratos, la Entidad puede

declarar la nulidad de ofi cio en los siguientes casos:

a) Por haberse perfeccionado en contravención con

el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos

que se declaren nulos en base a esta causal no

tienen derecho a retribución alguna con cargo

al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad

de los funcionarios y servidores de la Entidad,

conjuntamente con los contratistas que

celebraron irregularmente el contrato.

b) Cuando se verifi que la trasgresión del

principio de presunción de veracidad durante

el procedimiento de selección o para el

perfeccionamiento del contrato.

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante

encontrarse en trámite un recurso de apelación.

d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones

y/o requisitos establecidos en la normativa a fi n

de la confi guración de alguno de los supuestos

que habilitan a la contratación directa.

e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos

previstos en la presente Ley, pese a que la

contratación se encontraba bajo su ámbito

 

de aplicación. En este supuesto, asumen

responsabilidad los funcionarios y servidores de

la Entidad, conjuntamente con los contratistas

que celebraron irregularmente el contrato.

f) En caso de contratarse bienes, servicios u

obras, sin el previo procedimiento de selección

que correspondiera.

La nulidad del procedimiento y del contrato, genera

responsabilidades de los funcionarios y servidores de la

Entidad contratante conjuntamente con los contratistas

que celebraron dichos contratos irregulares.

Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal

Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en

primer lugar las causales previstas en la presente Ley y

su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables

reconocidas en el derecho nacional.

Artículo 45. Medios de solución de controversias

de la ejecución contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes

sobre la ejecución, interpretación, resolución,

inexistencia, inefi cacia o invalidez del contrato

se resuelven mediante conciliación o arbitraje,

según el acuerdo de las partes. Las controversias

sobre la nulidad del contrato solo pueden ser

sometidas a arbitraje.

Las partes pueden recurrir a la Junta de

Resolución de Disputas en las contrataciones de

obras, de acuerdo al valor referencial y demás

condiciones previstas en el reglamento, siendo

sus decisiones vinculantes. El reglamento

puede establecer otros medios de solución de

La decisión de la Entidad o de la Contraloría

General de la República de aprobar o no la

ejecución de prestaciones adicionales, no

puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje

ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las

pretensiones referidas a enriquecimiento sin

causa o indebido, pago de indemnizaciones

o cualquier otra que se derive u origine en la

falta de aprobación de prestaciones adicionales

o de la aprobación parcial de estas, por parte

de la Entidad o de la Contraloría General de

la República, según corresponda, no pueden

ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a

otros medios de solución de controversias

establecidos en la presente Ley o el reglamento,

correspondiendo en su caso, ser conocidas por

el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es

45.2 Para los casos específi cos en los que la

materia en controversia se refi era a nulidad

de contrato, resolución de contrato, ampliación

de plazo contractual, recepción y conformidad

de la prestación, valorizaciones o metrados,

liquidación del contrato, se debe iniciar el

respectivo medio de solución de controversias

dentro del plazo de treinta (30) días hábiles

conforme a lo señalado en el reglamento.

En supuestos diferentes a los mencionados en

el párrafo anterior, los medios de solución de

controversias previstos en este artículo deben

ser iniciados por la parte interesada en cualquier

momento anterior a la fecha del pago fi nal.

Luego del pago fi nal, las controversias solo

pueden estar referidas a vicios ocultos en

bienes, servicios u obras y a las obligaciones

previstas en el contrato que deban cumplirse

con posterioridad al pago fi nal. En estos casos,

el medio de solución de controversias se debe

iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles

conforme a lo señalado en el reglamento.

En los casos en que, de acuerdo al numeral

anterior, resulte de aplicación la Junta de

Resolución de Disputas, pueden ser sometidas

a esta todas las controversias que surjan durante

la ejecución de la obra hasta la recepción total

de la misma. Las decisiones emitidas por la

Junta de Resolución de Disputas solo pueden

ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de

treinta (30) días hábiles de recibida la obra.

Las controversias que surjan con posterioridad

a dicha recepción pueden ser sometidas

directamente a arbitraje dentro del plazo de

treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado

en el reglamento.

Todos los plazos antes señalados son de

45.3 Las controversias se resuelven mediante la

aplicación de la Constitución Política del Perú,

de la presente Ley y su reglamento, así como

de las normas de derecho público y las de

derecho privado; manteniendo obligatoriamente

este orden de preferencia en la aplicación del

derecho. Esta disposición es de orden público.

45.4 Los medios de solución de controversias

previstos en este artículo se rigen especialmente

por lo establecido en la presente Ley y su

reglamento, sujetándose supletoriamente a lo

dispuesto en las leyes de la materia.

45.5 La conciliación se realiza en un centro de

conciliación acreditado por el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje

institucional se realiza en una institución arbitral

acreditada por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a

lo dispuesto en la directiva que se apruebe para

tal efecto.

El reglamento establece los criterios, parámetros

y procedimientos para la toma de decisión de

45.6 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro

único o tribunal arbitral integrado por tres

El árbitro único y el presidente del tribunal

arbitral deben ser necesariamente abogados,

que cuenten con especialización acreditada en

derecho administrativo, arbitraje y contrataciones

con el Estado. Los demás integrantes del tribunal

arbitral pueden ser expertos o profesionales en

otras materias, debiendo necesariamente tener

conocimiento en contrataciones con el Estado.

Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se

requiere estar inscrito en el Registro Nacional

de Árbitros administrado por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE), conforme a los requisitos y condiciones

establecidos en la directiva que apruebe

dicha Entidad para tal efecto. El registro es de

aprobación automática, sujeto a fi scalización

45.7 Para desempeñarse como secretario arbitral se

requiere estar inscrito en el Registro Nacional

de Secretarios Arbitrales administrado por el

Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE), conforme a los requisitos

y condiciones establecidos en la directiva que

apruebe dicha Entidad para tal efecto.

45.8 El árbitro único o tribunal arbitral constituido

para resolver una controversia derivada de un

contrato regido por esta Ley resulta, en principio

y salvo el supuesto de excepción previsto en

el presente numeral, competente para conocer

las demás controversias, susceptibles de ser

sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecución

del mismo contrato.

En ese sentido, cuando exista un arbitraje en

curso y surja una nueva controversia derivada

del mismo contrato, cualquiera de las partes

debe solicitar a los árbitros la acumulación de

las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del

plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2

del presente artículo.

El árbitro único o el tribunal arbitral acumula

las nuevas pretensiones que se sometan a

su conocimiento, siempre que estas sean

solicitadas antes de la conclusión de la etapa

probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único

o el tribunal arbitral, mediante resolución

fundamentada, puede denegar la acumulación

solicitada tomando en cuenta la naturaleza de

las nuevas pretensiones, el estado del proceso

arbitral y demás circunstancias que estime

En los casos en que se haya denegado

la acumulación de pretensiones, la parte

interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notifi cada

la denegatoria de la acumulación, siendo éste

también un plazo de caducidad.

45.9 El laudo arbitral es inapelable, defi nitivo y

obligatorio para las partes desde el momento

de su notifi cación, debiéndose notifi car a

las partes en forma personal y a través del

Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado (SEACE) para efecto de su efi cacia.

La notifi cación se tiene por efectuada desde

ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo

cabe interponer recurso de anulación de acuerdo

a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071,

Decreto Legislativo que norma el arbitraje o

norma que lo sustituya.

Adicionalmente, el laudo puede ser anulado a

solicitud de parte si la composición del árbitro

único o del tribunal arbitral o si las actuaciones

arbitrales no se han ajustado a lo establecido

en la presente Ley y en su reglamento;

siempre que tal circunstancia haya sido objeto

de reclamo expreso en su momento ante el

árbitro único o tribunal arbitral por la parte

afectada y fue desestimado. En caso de que

dicha circunstancia haya constituido causal de

recusación, la anulación solo resulta procedente

si la parte afectada formuló, oportunamente, la

recusación respectiva y esta fue desestimada.

45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE) aprueba el Código de Ética

para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,

el cual resulta de aplicación a los arbitrajes que

administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera

supletoria, a los arbitrajes administrados por

una institución arbitral que no tenga aprobado

un Código de Ética o, que teniéndolo no

establezca la infracción cometida por el árbitro

o no establezca la sanción aplicable.

Los árbitros deben ser y permanecer durante

el desarrollo del arbitraje independientes e

imparciales. Asimismo, deben cumplir con la

obligación de informar oportunamente si existe

alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo

con independencia, imparcialidad y autonomía;

actuar con transparencia y observar la debida

conducta procedimental. El deber de informar se

mantiene a lo largo de todo el arbitraje.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas

en el párrafo precedente constituyen infracción

a los principios de independencia, imparcialidad,

transparencia y debida conducta procedimental

previstos en el Código de Ética para el Arbitraje

en Contrataciones del Estado, siendo pasible

de las siguientes sanciones éticas según su

gravedad:

a) Amonestación.

b) Suspensión temporal de hasta cinco (5)

años.

c) Inhabilitación permanente.

Las infracciones señaladas son desarrolladas en

el reglamento y recogidas en el Código de Ética

para el Arbitraje en Contrataciones del Estado.

La autoridad competente para aplicar el Código

de Ética para el Arbitraje en Contrataciones

del Estado es el Consejo de Ética, el cual

se encarga de determinar la comisión de

infracciones y de imponer las sanciones

respectivas. El Consejo de Ética se encuentra

integrado por tres (3) miembros de reconocida

solvencia ética y profesional, los cuales son

elegidos por la Presidencia del Consejo

de Ministros, el Ministerio de Economía

y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, respectivamente. El

cargo de miembro del Consejo es honorario.

La organización, estructura, atribuciones,

mecanismos de designación, funcionamiento y

los demás aspectos concernientes al Consejo

de Ética son establecidos en el reglamento.

45.11 El Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE) organiza y administra un

régimen institucional de arbitraje especializado

y subsidiario para la resolución de controversias

en las contrataciones con el Estado, de acuerdo

a lo previsto en el reglamento.

Este régimen se rige por su propio reglamento

arbitral que es aprobado mediante directiva por

el Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE) y supletoriamente por el

Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o

norma que lo sustituya.

45.12 Los medios de solución de controversias a que

se refi ere la presente Ley o su reglamento, se

desarrollan en cumplimiento del Principio de

Las instituciones encargadas de la administración

de los medios de solución de controversias

deben cumplir con remitir la información que

establezca el reglamento y aquella que solicite el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE), en relación a las controversias

derivadas de la aplicación de la presente Ley,

bajo responsabilidad de su titular o representante

Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente

del tribunal arbitral o el árbitro único son

responsables de la custodia de las actuaciones

arbitrales por un plazo no menor de diez (10)

años desde la terminación de las mismas. En

el caso de los arbitrajes institucionales, la

respectiva institución arbitral es responsable

de la custodia del expediente por el plazo antes

señalado. Antes del vencimiento de dicho plazo,

la custodia puede ser encargada al Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE), bajo los requisitos y condiciones

previstos en el reglamento.

45.13 Las resoluciones sobre devolución de honorarios

de árbitros emitidas por el Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado (OSCE)

constituyen título ejecutivo.

TÍTULO IV

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Artículo 46. Registro Nacional de Proveedores

46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP)

es el sistema de información ofi cial único de

la Administración Pública que tiene por objeto

registrar y mantener actualizada durante su

permanencia en el registro, la información general

y relevante de los proveedores interesados en

participar en las contrataciones que realiza el

Estado. En ningún caso el Registro Nacional de

Proveedores (RNP) constituye una barrera de

acceso para contratar con el Estado.

Para ser participante, postor, contratista y/o

subcontratista del Estado se requiere estar

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores

(RNP). El Reglamento establece la organización,

funciones y los requisitos para el acceso,

permanencia y retiro del registro. En el caso de

los supuestos excluidos del ámbito de aplicación

de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento

establecerá las condiciones para su inscripción

ante dicho Registro así como sus excepciones.

La presentación de documentación falsa o

información inexacta ante el Registro Nacional

de Proveedores (RNP) habilita la declaración de

nulidad del acto correspondiente.

46.2 A los Proveedores del Estado inscritos como

Ejecutores de Obra ante el Registro Nacional

de Proveedores (RNP), se les asigna una

capacidad máxima de contratación que se

calcula en función de su capital social suscrito

y pagado en el Perú y de la experiencia con

la que cuenten como ejecutores de obra,

quedando expresamente establecido que el

capital social suscrito y pagado de las personas

jurídicas inscritas como ejecutores de obra ante

el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no

puede ser inferior al 5% de su capacidad máxima

de contratación. Tratándose de sucursales de

personas jurídicas extranjeras en el Perú, dicho

cálculo se realiza en función de la asignación

del capital que se le depositó en una entidad

del sistema fi nanciero nacional. En el caso de

las personas jurídicas no domiciliadas, se debe acreditar haber depositado en una cuenta abierta

en una entidad del sistema fi nanciero nacional a

nombre de su representante legal en el país, el

monto en virtud del cual se calcula su capacidad

máxima de contratación.

Tanto en el caso de las sucursales de

personas jurídicas extranjeras en el Perú

como de personas jurídicas no domiciliadas,

a efectos de que los aportes dinerarios antes

señalados tengan validez frente al Registro

Nacional de Proveedores (RNP), éstos deben

haber sido aprobados por la Junta General de

Accionistas u órgano análogo de la Sociedad,

previamente a su depósito efectivo, de

acuerdo a los estatutos de cada empresa o a

las leyes del país en virtud de las cuales se

hubiera constituido la matriz.

Las empresas extranjeras reciben el mismo

trato que las empresas peruanas reciben en su

país de origen en materia de contrataciones del

Las disposiciones establecidas en los párrafos

anteriores no se aplican a los proveedores

que provengan de países con los cuales la

República del Perú tenga vigente un tratado

o compromiso internacional que incluya

disposiciones en materia de contrataciones

públicas; ni a las micro y pequeñas empresas

(MYPES) debidamente inscritas en el Registro

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

(REMYPE).

Las personas jurídicas extranjeras pueden

acreditar el requisito señalado en los párrafos

precedentes con la documentación que

demuestre los gastos realizados en sus

operaciones e inversiones en territorio nacional.

El procedimiento, tipo de documentación y

demás exigencias, son establecidos en la

directiva correspondiente.

46.3 Las Entidades están prohibidas de llevar

registros de proveedores. Solo están

facultadas para llevar y mantener un listado

interno de proveedores, consistente en una

base de datos que contenga la relación de

aquellos. Bajo ninguna circunstancia, la

incorporación en este listado es requisito

para la participación en los procedimientos

de selección que la Entidad realice. La

incorporación de proveedores en este listado

es discrecional y gratuita.

46.4 Bajo responsabilidad y de manera gratuita,

en el marco de la legislación vigente

sobre la materia, el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil (RENIEC), la

Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administración Tributaria (SUNAT), la

Superintendencia Nacional de los Registros

Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional

de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual

(INDECOPI), la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradoras Privadas de

Fondos de Pensiones (SBS), el Poder

Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y

otras Entidades de las que pueda requerirse

información, deben proporcionar el acceso a

la información pertinente, preferentemente

mediante mecanismos de interoperabilidad,

salvaguardando las reservas previstas por Ley

con la finalidad de que el Registro Nacional de

Proveedores (RNP) cuente con información

oportuna, confiable y actualizada. La Oficina

de Gobierno Electrónico de la Presidencia

del Consejo de Ministros, cautela y apoya el

debido cumplimiento de esta disposición.

Mediante decreto supremo refrendado por

el Ministro de Economía y Finanzas puede

disponerse el acceso a la información que

posean otras Entidades y que sea relevante para

el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

46.5 En ningún caso, los documentos de los

procedimientos de selección exigen a los

proveedores la documentación que estos

hubieran presentado para su inscripción ante el

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

TÍTULO V

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Artículo 47. Defi nición

El Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado (SEACE) es el sistema electrónico que permite

el intercambio de información y difusión sobre las

contrataciones del Estado, así como la realización de

transacciones electrónicas.

Artículo 48. Obligatoriedad

Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en

las contrataciones que realicen, independientemente que

se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, su

cuantía o fuente de fi nanciamiento, conforme a la directiva

que dicte el Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE) para tal efecto.

Los procedimientos de subasta inversa y

comparación de precios se realizan obligatoriamente

en forma electrónica a través del Sistema Electrónico

de Contrataciones del Estado (SEACE). El Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

establece las excepciones a dicha obligación, así como

la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente

las contrataciones electrónicas a los otros métodos de

contratación.

Los criterios de incorporación gradual de las Entidades

al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

(SEACE), considerando la infraestructura y condiciones

tecnológicas que estas posean o los medios disponibles

para estos efectos, se establecen en la citada directiva.

Artículo 49. Validez y efi cacia de los actos

Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico

de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos

los efectuados por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus

funciones, que cumplan con las disposiciones vigentes

poseen la misma validez y efi cacia que los actos realizados

por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los

efectos legales. Dichos actos se entienden notifi cados

el mismo día de su publicación, salvo lo dispuesto en el

numeral 45.9 del artículo 45 de la presente Ley.

Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),

adicionalmente a los métodos de notifi cación tradicionales,

las Entidades pueden utilizar medios electrónicos de

comunicación para el cumplimiento de los distintos actos

que se disponen en la presente Ley y su reglamento,

considerando los requisitos y parámetros establecidos en

las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar

las tecnologías necesarias que garanticen la identifi cación

de los proveedores y la confi dencialidad de las ofertas.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 50. Infracciones y sanciones

administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado

sanciona a los proveedores, participantes,

postores y/o contratistas y en los casos a

que se refi ere el literal a) del artículo 5 de la

presente Ley, cuando incurran en las siguientes

infracciones:

a) Desistirse o retirar injustifi cadamente su

b) Incumplir injustifi cadamente con su

obligación de perfeccionar el contrato o de

formalizar Acuerdos Marco.

c) Contratar con el Estado estando en

cualquiera de los supuestos de impedimento

previstos en el artículo 11 de esta Ley.

d) Subcontratar prestaciones sin autorización

de la Entidad o en porcentaje mayor al

permitido por esta Ley y su reglamento o

cuando el subcontratista no cuente con

inscripción vigente en el Registro Nacional

de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para contratar con el Estado.

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el

contrato, siempre que dicha resolución

haya quedado consentida o fi rme en vía

conciliatoria o arbitral.

f) No proceder al saneamiento de los vicios

ocultos en la prestación a su cargo, según

lo requerido por la Entidad, cuya existencia

haya sido reconocida por el contratista o

declarada en vía arbitral.

g) Negarse injustifi cadamente a cumplir las

obligaciones derivadas del contrato cuando

estas deban verifi carse con posterioridad

al pago o cuando el pago ya se hubiera

h) Presentar información inexacta a las

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del

Estado o al Registro Nacional de Proveedores

(RNP), siempre que esté relacionada con

el cumplimiento de un requisito o con la

obtención de un benefi cio o ventaja para sí o

para terceros.

i) Presentar documentos falsos o adulterados a

las Entidades, al Tribunal de Contrataciones

del Estado o al Registro Nacional de

Proveedores (RNP).

j) Se registren como participantes, presenten

propuestas o suscriban contrato o Acuerdos

Marco sin contar con inscripción vigente en

el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

o suscriban contrato por montos mayores

a su capacidad libre de contratación, o en

especialidades distintas a las autorizadas

por el RNP.

k) Perfeccionar el contrato, luego de notifi cada

en el Sistema Electrónico de Contrataciones

del Estado (SEACE) la suspensión,

recomendación de nulidad o la nulidad del

proceso de contratación dispuesta por el

Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus

Para los casos a que se refi ere el literal a) del

artículo 5 de la presente Ley, solo son aplicables

las infracciones previstas en los literales c) y j)

del presente numeral.

50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles o penales por la misma

infracción, son:

a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada

para el infractor de pagar un monto

económico no menor del cinco por ciento

(5%) ni mayor al quince por ciento (15%)

de la propuesta económica o del contrato,

según corresponda, en favor del Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE), por la comisión de las infracciones

establecidas en los literales a), b), d) y j). La

resolución que imponga la multa establece

como medida cautelar la suspensión

del derecho de participar en cualquier

procedimiento de selección, procedimientos

para implementar o mantener Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar

con el Estado, en tanto no sea pagada por el

infractor, por un plazo no mayor a dieciocho

(18) meses. El periodo de suspensión

dispuesto por la medida cautelar a que se

hace referencia, no se considera para el

cómputo de la inhabilitación defi nitiva.

Esta sanción es también aplicable a las

Entidades cuando actúen como proveedores

conforme a Ley, por la comisión de cualquiera

de las infracciones previstas en el presente

artículo.

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la

privación, por un periodo determinado

del ejercicio del derecho a participar en

procedimientos de selección, procedimientos

para implementar o mantener Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco y de

contratar con el Estado. Esta inhabilitación

es no menor de tres (3) meses ni mayor de

treinta y seis (36) meses ante la comisión de

las infracciones establecidas en los literales

c), e), f), g), h) y k); en el caso de la infracción

prevista en el literal i), esta inhabilitación es

no menor de treinta y seis (36) meses ni

mayor de sesenta (60) meses.

c) Inhabilitación defi nitiva: Consiste en

la privación permanente del ejercicio

del derecho a participar en cualquier

procedimiento de selección y procedimientos

para implementar o mantener Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco y de

contratar con el Estado. Esta sanción se

aplica al proveedor que en los últimos

cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto

más de dos (2) sanciones de inhabilitación

temporal que, en conjunto, sumen más de

treinta y seis (36) meses, o que reincida en

la infracción prevista en el literal i), en cuyo

caso la inhabilitación defi nitiva se aplica

La inhabilitación o multa que se imponga no

exime de la obligación de cumplir con los

contratos ya suscritos a la fecha en que la

sanción queda fi rme.

50.3 Las infracciones son leves, graves y muy

graves. El reglamento establece las reglas del

procedimiento sancionador, los mecanismos

de cobro de la multa impuesta, las formas de

aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad

de la imposición de la sanción y demás reglas

50.4 Las infracciones establecidas en la presente

Ley para efectos de las sanciones prescriben

a los tres (3) años conforme a lo señalado en

el reglamento. Tratándose de documentación

falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de

50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad,

sea necesario contar, previamente, con decisión

judicial o arbitral, el plazo de prescripción se

suspende por el periodo que dure dicho proceso

jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción

se suspende cuando el Poder Judicial ordene la

suspensión del procedimiento sancionador.

El reglamento desarrolla otras causales de

suspensión del plazo de prescripción.

50.6 Las sanciones se publican en el Registro

Nacional de Proveedores (RNP). La publicación

de los sancionados incluye información de los

socios o titulares, y de los integrantes de los

órganos de administración, de conformidad con

el procedimiento previsto en el reglamento.

TÍTULO VII

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 51. Defi nición

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con

personería jurídica de derecho público, que constituye

pliego presupuestal y goza de autonomía técnica,

funcional, administrativa, económica y fi nanciera.

Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio

de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública

del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de

las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del

Artículo 52. Funciones

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE) tiene las siguientes funciones:

a) Velar y promover que las Entidades realicen

contrataciones efi cientes, bajo los parámetros de

la Ley, su reglamento y normas complementarias,

la maximización del valor de los fondos públicos

y la gestión por resultados.

b) Efectuar acciones de supervisión de ofi cio, de

forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los métodos de contratación contemplados en

la Ley, salvo las excepciones previstas en el

reglamento. Esta facultad también alcanza a los

supuestos excluidos del ámbito de aplicación

sujetos a supervisión en lo que corresponde a la

confi guración del supuesto de exclusión.

c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de

parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único

de Procedimientos Administrativos y directivas

vigentes. Esta facultad también alcanza a los

supuestos excluidos del ámbito de aplicación

sujetos a supervisión en lo que corresponde a la

confi guración del supuesto de exclusión.

d) Implementar actividades y mecanismos de

desarrollo de capacidades y competencias en

la gestión de las contrataciones del Estado, así

como de difusión en materia de contrataciones

del Estado.

e) Proponer las modifi caciones normativas que

considere necesarias en el marco de sus

f) Emitir directivas, documentos estandarizados

y documentos de orientación en materia de su

g) Resolver los asuntos de su competencia en

última instancia administrativa.

h) Administrar y operar el Registro Nacional de

Proveedores (RNP).

i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema

Electrónico de las Contrataciones del Estado

(SEACE).

j) Administrar y operar el Registro Nacional de

Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios

k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten

servicios de organización y administración

de arbitrajes en materia de contrataciones

del Estado y supervisarlas, de acuerdo a lo

establecido en el reglamento.

l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a

lo previsto en el reglamento y de conformidad

con la directiva que se apruebe para tal efecto.

m) Designar árbitros y resolver las recusaciones

sobre los mismos en arbitrajes que no se

encuentren sometidos a una institución arbitral.

n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios

de árbitros, conforme a lo señalado en el

o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance

de la normativa de contrataciones del Estado,

formuladas por las Entidades, así como por el

sector privado y la sociedad civil. Las consultas

que le efectúen las Entidades son gratuitas.

p) Poner en conocimiento de la Contraloría General

de la República, de manera fundamentada, las

trasgresiones observadas en el ejercicio de sus

funciones cuando existan indicios razonables de

perjuicio económico al Estado o de comisión de

delito o de comisión de infracciones graves o

muy graves por responsabilidad administrativa

funcional de acuerdo al marco legal vigente.

q) Suspender procedimientos de selección, en los

que durante el procesamiento de la acción de

supervisión, de ofi cio o a pedido de parte, se

identifi que la necesidad de ejercer acciones

coercitivas para impedir que la Entidad continúe

con el procedimiento.

r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos

de alcance regional o local de acuerdo a lo que

establezca su Reglamento de Organización y

s) Realizar estudios conducentes a evaluar

el funcionamiento de los regímenes de

contratación del Estado, analizar y proponer

nuevos mecanismos idóneos de contratación

según mercados, así como proponer estrategias

destinadas al uso efi ciente de los recursos

públicos.

t) Las demás que le asigne la normativa.

Artículo 53. Organización y recursos

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

establece la estructura orgánica del Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones

generales y las específi cas de sus órganos.

Los recursos del OSCE son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de

Presupuesto del Sector Público.

b) Los generados por el cobro de tasas.

c) Los generados por la venta de publicaciones y

prestación de servicios.

d) Los generados por la ejecución de las garantías

por la interposición del recurso de apelación.

e) Los provenientes de la cooperación técnica

nacional o internacional; las donaciones,

transferencias y otros que se efectúen a su

favor de acuerdo con la normativa sobre las

f) Los provenientes de la imposición de sanciones

económicas y penalidades.

g) Los demás que le asigne la normativa.

La administración y cobranza de los recursos y tributos

a que se refi eren los literales b), c), d) y f) del presente

artículo es competencia del Organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado (OSCE), para lo cual tiene

facultad coactiva.

Artículo 54. Consejo Directivo y Presidencia

Ejecutiva

El Consejo Directivo es el máximo órgano del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros

designados por un periodo de tres (3) años renovables

por un periodo adicional, mediante resolución suprema

refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo

Directivo. Los miembros del Consejo Directivo perciben

dietas a excepción de su Presidente. Sus funciones se

encuentran asignadas en el Reglamento de Organización

y Funciones del OSCE.

El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la máxima

autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal

de la Entidad, es designado mediante resolución suprema

refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; su

cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran

asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE).

Artículo 55. Requisitos e impedimentos

Para ser designado miembro del Consejo Directivo

o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad

profesional. Este requisito se acredita

demostrando no menos de tres (3) años de

experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o,

no menos de cinco (5) años de experiencia en

temas afi nes a las materias reguladas en esta

b) Contar con título profesional universitario.

c) No estar inhabilitado para ejercer la función

pública por sentencia judicial o resolución del

Congreso de la República; ni estar inmerso en

causal de impedimento para el ejercicio de la

función pública conforme a la normativa sobre la

d) No haber sido declarado insolvente o haber

ejercido cargos directos en personas jurídicas

declaradas en quiebra, durante por lo menos un

(1) año, previo a la declaración.

e) No haber sido inhabilitado para contratar con el

f) No tener participación en personas jurídicas que

contraten con el Estado.

Artículo 56. Causales de vacancia

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Remoción por pérdida de confi anza.

b) Renuncia al cargo.

c) Fallecimiento.

d) Incapacidad permanente.

e) Incapacidad moral sobreviniente.

f) Incompatibilidad sobreviniente.

g) Falta grave.

h) Condena por delito doloso.

i) Inhabilitación administrativa o judicial.

j) Vencimiento del periodo de designación.

La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y

el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) se formaliza mediante

resolución suprema.

Artículo 57. Notifi caciones

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE) notifi ca los actos que emite en el ejercicio

de sus funciones a través del Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios

electrónicos, los que poseen la misma validez y efi cacia

que los realizados por los medios manuales, en tanto se

ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la

legislación vigente.

En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías

necesarias que garanticen la identifi cación de los

proveedores y la confi dencialidad de las ofertas.

Artículo 58. Consejo Multisectorial de Monitoreo

de las Contrataciones Públicas

Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las

Contrataciones Públicas, adscrito al OSCE, con la misión

de analizar y poner en conocimiento de las autoridades

competentes, los presuntos casos de fraude, colusión

y corrupción en las contrataciones del Estado por parte

de funcionarios y servidores públicos y/o particulares.

Su conformación y funciones se establecen en el

TÍTULO VIII

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 59. Tribunal de Contrataciones del Estado

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano

resolutivo que forma parte de la estructura administrativa

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia

en el ejercicio de sus funciones.

Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que

surjan entre las Entidades, los participantes y los

postores durante el procedimiento de selección y

los procedimientos para implementar o mantener

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación

temporal y defi nitiva a los proveedores,

participantes, postores y/o contratistas, según

corresponda para cada caso.

c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen

como proveedor.

d) Las demás funciones que le otorga la

Su conformación y el número de salas son establecidos

mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de

Economía y Finanzas.

Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales

constituyen precedentes de observancia obligatoria, el

Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo

expreso y con carácter general las normas establecidas

en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado

Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso público y designados por un periodo de tres (3) años. Para ello se requiere:

a) Contar con título profesional universitario.

b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas con la presente norma.

c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta Ley.

d) Contar con reconocida solvencia moral.

e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

f) No haber sido declarado insolvente o haber

ejercido cargos directos en personas jurídicas

declaradas en quiebra, durante por lo menos un

(1) año, previo a la declaración.

g) No haber sido inhabilitado para contratar con el

h) No tener participación en personas jurídicas que

contraten con el Estado.

Culminado el periodo de designación, continúan en el

ejercicio de sus funciones en tanto se designa al nuevo o

los nuevos vocales.

El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado

es elegido de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la

presente Ley, conforme al marco previsto en esta.

Artículo 61. Causales de vacancia

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.

b) Fallecimiento.

c) Incapacidad permanente.

d) Incompatibilidad sobreviniente.

e) Condena por delito doloso.

f) Inhabilitación administrativa o judicial.

g) Vencimiento del periodo de designación, salvo

la continuación en el ejercicio de las funciones a

que se refi ere el artículo precedente.

La vacancia de los Vocales del Tribunal de

Contrataciones del Estado se formaliza mediante

resolución suprema refrendada por el Ministro de

Economía y Finanzas.

Artículo 62. Notifi cación y publicidad de las

resoluciones

El Tribunal de Contrataciones del Estado notifi ca los

actos que emita en el ejercicio de sus funciones a través

de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE), según corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

FINALES

PRIMERA. La presente Ley y su reglamento prevalecen

sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de

derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de

aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de

bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de

aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación

no resulte incompatible con las normas específi cas que

las regulan y sirvan para cubrir un vacío o defi ciencia de

dichas normas.

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo

conforme a la presente Ley, a su Reglamento así como

a las directivas que el OSCE elabore para tal efecto;

conjuntamente con los documentos estándar, manuales,

y demás documentos de orientación que se ponen a

disposición de los usuarios de la contratación pública.

SEGUNDA. Mediante decreto supremo refrendado

por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará

el reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento

ochenta (180) días calendario siguientes a su publicación,

el cual contendrá un glosario de términos.

TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado

por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Texto

Único de Procedimientos Administrativos del Organismo

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

CUARTA. En aquellas contrataciones que

se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros

compromisos internacionales, que impliquen la aplicación

de los principios de Trato Nacional y No Discriminación,

las Entidades deben conceder incondicionalmente a

los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un

trato similar o no menos favorable que el otorgado por la

normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores

nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos

y procedimientos establecidos en la presente Ley, su

reglamento y en la normativa de la materia.

QUINTA. La Contraloría General de la República

y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen acceso

a la base de datos de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

(SEACE).

SEXTA. La facultad establecida para actuar

discrecionalmente se ejerce para optar por la decisión

administrativa debidamente sustentada que se considere

más conveniente, dentro del marco que establece la

Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos

por la cuarta disposición fi nal complementaria de la Ley

29622, Ley que modifi ca la Ley 27785, Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

de la República y amplía las facultades en el proceso para

sancionar en materia de responsabilidad administrativa

SÉPTIMA. Los insumos directamente utilizados en

los procesos productivos por las empresas del Estado

que se dediquen a la producción de bienes o prestación

de servicios, pueden ser contratados a proveedores

nacionales o internacionales mediante el método de

contratación que especifi que el reglamento, a precios

de mercado, siempre que se verifi que una situación de

escasez acreditada por el Titular de la Entidad. No se

requiere la verifi cación de una situación de escasez en el

caso de empresas que por la naturaleza de su actividad

requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo

la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o

La lista de los insumos directamente vinculados en

los procesos productivos, que corresponden a cada

empresa, es establecida mediante resolución ministerial

del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución

del Titular de la Entidad e informarse mensualmente al Fondo

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial

del Estado (FONAFE), y a la Contraloría General de la

República, bajo responsabilidad del Directorio.

En el procedimiento necesariamente se designa

a un comité de selección conforme a las reglas de

contrataciones del Estado. La adjudicación de la Buena

Pro se realiza mediante acto público.

Los órganos de control institucional participan como

veedores en el método de contratación respectivo,

conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control.

Todos los actos realizados dentro de los procedimientos

a que se refi ere la presente disposición se comunican

obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones

del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale

la presente norma, el reglamento y las directivas que

emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE).

Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la

presente disposición no requieren de la constitución de la

garantía de fi el cumplimiento, siempre que la prestación

se cumpla por adelantado.

OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a

los treinta (30) días calendario contados a partir de la

publicación de su reglamento, excepto la segunda y

tercera disposiciones complementarias fi nales, que entran

en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de

la presente Ley en el Diario Ofi cial El Peruano.

NOVENA. Dispónese que el Ministerio de Economía y

Finanzas remita anualmente al Congreso de la República

un informe sobre el impacto de la presente Ley en las

contrataciones públicas. Dicho informe será elaborado

sobre la base de la información remitida por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la

Central de Compras Públicas – Perú Compras.

DÉCIMA. Mediante acuerdo de su Directorio, la

Agencia de la Promoción de la Inversión Privada

(PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación

total o parcial de la presente Ley a las contrataciones

vinculadas a los procesos a que se refi eren el Decreto

Legislativo 674, el Decreto Supremo 059-96-PCM, el

Decreto Legislativo 1012, y sus normas modifi catorias.

UNDÉCIMA. El OSCE establece las disposiciones

necesarias para la implementación de los métodos de

contratación por parte de las Entidades.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

TRANSITORIAS

PRIMERA. En tanto culmine el proceso de

implementación al régimen del Servicio Civil, el personal

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE) continúa sujeto al régimen laboral de la

actividad privada.

SEGUNDA. Los procedimientos de selección iniciados

antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen

por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo

1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras

Públicas – Perú Compras, en los términos siguientes:

Artículo 2.- Funciones

La Central de Compras Públicas – Perú Compras,

tiene las siguientes funciones:

(…)

g) Promover la Subasta Inversa, determinando las

características técnicas de los bienes o servicios

que son provistos a través de esta modalidad

y establecer metas institucionales anuales

respecto al número de fi chas técnicas de los

bienes o servicios a ser contratados.

(…)”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

DEROGATORIA

ÚNICA. A partir de la vigencia de la presente norma, deróganse los siguientes dispositivos y disposiciones:

a) Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modifi catorias.

b) La primera y tercera disposiciones complementarias fi nales del Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la

República para su promulgación.

En Lima a los ocho días del mes de julio de dos mil

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA

Presidente del Congreso de la República

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND

Primera Vicepresidenta del

Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días

del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ

Presidente del Consejo de Ministros

“NO A LA RETENCION DE LA AFP PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y LOS CAS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, NO SEAN PORDIOSEROS DE LAS AFP CHILENAS QUE SON LAS ÙNICAS QUE SE BENEFICIAN

SEÑORES CONGRESISTAS DEROGEN ESA ESTUPIDEZ QUE DEFIENDEN LOS LACAYOS DE LAS AFP CHILENAS”

Alan Emilio Matos Barzola

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