Decano del Colegio de Ingenieros del Perú informa que la demanda de ejecución referida a la deuda agraria no fue una iniciativa de dicho gremio sino de una persona que usó el nombre dolosamente

Por ser de interés nacional se reproduce la información referida a las declaraciones del Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, y cuya fuente es el Diario Oficial El Peruano:

La demanda de ejecución de la sentencia de bonos agrarios fue presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) sin un acuerdo interno del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), advirtió su decano, Carlos Herrera, quien dijo que se trata de una irregularidad. 

“Una petición de esa naturaleza solo pudo haberse tomado mediante acuerdo asentado en las actas del consejo nacional y del congreso de consejos departamentales, máxima autoridad del colectivo. En los libros no encontramos ningún acuerdo al respecto”, declaró a la Agencia Andina.
 
Dijo, en ese sentido, que la demanda no fue una iniciativa del CIP, sino de una persona que usó el nombre del gremio. “Si me guío por lo que dicen los libros, no hay ningún acuerdo al respecto. No hubo una voluntad del colegio, sino de una persona”, aseveró.
Declinó revelar quién presentó la demanda en nombre del CIP; no obstante, en el fallo del TC se menciona que fue hecha por ese gremio representado por su entonces decano Rafael Riofrío del Solar.
 
Autorizaciones
 
Herrera indicó que el CIP no tenía por qué haber pedido la ejecución del fallo de los bonos, porque no era parte afectada ni un tema de su interés o competencia, pues ni siquiera tenía bonos por cobrar.
 
“Esto nos suena a una acción irregular, que deja la impresión de que el tema hubiera sido gestado externamente por intereses ajenos al colegio y en el que la institución fue utilizada para el trámite”, añadió.
 
Recordó que como decano se tienen facultades para hacer cosas directamente por decisión propia, sin embargo, en casos de este tipo se requería de autorizaciones hasta hoy inexistentes.
 
“Lo que hay en los documentos son informes respecto a un empadronamiento de los deudores de la reforma agraria, pero ahí nada tiene que ver el CIP, eso corresponde a estudios de abogados, etcétera, no al CIP”, insistió.
 
Manifestó que desde el inicio de su gestión de este gremio, en enero de 2013, nunca fueron notificados por el TC sobre el proceso.
 
 Turbidez
 
“Estas irregularidades denotan cierta turbidez, porque habría protección de intereses particulares al margen de lo legítimos que puedan ser; pero se le ha ocultado información a la institución, se actuó a la espalda de la institución”, enfatizó.
 
Tras manifestar que desconoce cuáles serían los alcances legales de este proceder, sostuvo que existe “malestar ya que el colegio aparece demandando al Estado el cumplimiento de una medida que, por justa que pueda ser, debió ser coordinada previamente y no era competencia del CIP, sino de la parte interesada; es decir, los tenedores de los bonos”.
 
Dammert alista denuncia
 
El congresista de Acción Popular Manuel Dammert informó que se alista una denuncia contra los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) por el “fallo prevaricador” que ordena al Estado ejecutar el pago de los bonos agrarios después de 44 años.
 
Sostuvo que esa resolución constituye “un latrocinio” para el Perú, pues reconoce “ilegalmente” una deuda de 4,500 millones de dólares a favor de los afectados por la reforma agraria del régimen velasquista, entre ellos dos importantes grupos económicos del país.
 
Cuestionó que en esa decisión del organismo constitucional haya participado Óscar Urviola, titular del TC, quien años atrás trabajó para el Banco de Crédito del Perú (BCP), entidad interesada en que se honre la deuda de la reforma agraria.
 
“Ayer hemos presentado una moción de orden del día, que esperamos que el Congreso también la vea para que se denuncie al TC, que ha dado esa norma, más aún, porque la ha dirimido el presidente del TC, que viene del Banco de Crédito”, expresó.
 
 BOMBA DE TIEMPO
 
El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Josué Gutiérrez, afirmó que la decisión tomada por el TC, respecto a la deuda agraria, implica dejar “una bomba de tiempo” que afectará incluso a los gobiernos posteriores.
 
Indicó que si bien la resolución del TC trató de ser prudente, “se excedió” en cuanto al concepto de cuantificación sobre la valorización de lo adeudado y “ha ido mucho más allá” de lo expresado en la sentencia de 2001.
 
Señaló que el colegiado constitucional estableció un marco de cuantificación basado en una moneda extranjera, “algo nunca se ha visto”.

Tal como hemos indicado en anteriores oportunidades, en este portal no somos sobones de nadie, por lo que hacemos un llamado urgente a todos nuestros urracos, urracas, amigos y conocidos a que indagen este tema lo antes posible y de comprobarse lo que manifiesta el Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, inmediatamente las autoridades deberán literalmente “meter de frente a Lurigancho a los que resulten responsables”, luego de anular la cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional, ojo sin perjuicio que se plantee nuevamente el procedimiento regular que de manera correcta viabilice la ejecución de la sentencia emitida en el 2001 considerando en esta eventualidad algo más coherente con la realidad, y no con el propósito de hacerle un favor a algunos amigotes.

Write the future & present  

Escreve o futuro eo presente

Schreibt die Zukunft und Gegenwart

Écrire le futur et le présent

A continuación se transmite la Nota Aclaratoria elaborada por el Tribunal Constitucional sobre el particular:

TC ACLARA PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ EN CASO BONOS AGRARIOS

Ante las recientes declaraciones del Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, sobre la participación del referido Colegio en la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 26597 (caso Bonos Agrarios) y la solicitud de ejecución de su correspondiente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) cumple con informar lo siguiente:

  1. Con fecha 20 de diciembre de 1996, el Colegio de Ingenieros del Perú interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 26597, conforme al artículo 203º  (numeral 7º) de la Constitución, la cual fue firmada por su Decano, el ingeniero Raúl Riofrío del Solar, quien adjuntó la certificación del acta de la sesión del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú donde se autorizaba a su Decano a interponer la mencionada demanda (ver aquí).
  2. El 3 de enero de 1997, el TC admitió a trámite la referida demanda de inconstitucionalidad, mediante resolución firmada por los señores magistrados Nugent, Acosta Sánchez, Aguirre Roca, Díaz Valverde, Rey Terry, Revoredo Marsano y García Marcelo (veraquí).
  3. El 15 de marzo de 2001, el TC expidió sentencia en el mencionado proceso de constitucionalidad firmada por los señores magistrados Aguirre Roca, Rey Terry, Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y García Marcelo.
  4. Con fecha 5 de octubre de 2011, el Colegio de Ingenieros del Perú, representado por su Decano Nacional, el ingeniero Juan Fernán Muñoz Rodríguez, presentó al TC una solicitud de ejecución de la sentencia referida en el numeral anterior (ver aquí).
  5. El 22 de noviembre de 2012, el ingeniero Juan Fernán Muñoz Rodríguez, Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, presentó al TC una ampliación de su pedido de ejecución de sentencia (ver aquí).
  6. Debe precisarse que el pedido del Colegio de Ingenieros del Perú, de 5 de octubre de 2011 (al que alude el numeral 4º precedente), es sobre la ejecución de una sentencia dictada en un proceso de inconstitucionalidad, trámite en el cual no existe exigencia legal de que el pedido se presente con el acuerdo de la junta directiva del respectivo colegio profesional, como sí ocurre para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad.
  7. Finalmente, debe informarse que, conforme al registro de visitas que consta en el portal Web de transparencia del  TC,  el día 25 de marzo de 2013, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, en su calidad de Decano del Colegio de Ingenieros del Perú,  visitó al señor Presidente del TC, Óscar Urviola Hani, desde las 10:32 hasta las 10:44 horas, reunión en la cual el señor Decano explicó las razones que justificaban el referido pedido de ejecución de sentencia (ver aquí).

En conclusión, la participación del Colegio de Ingenieros del Perú se ha enmarcado dentro de los cauces señalados por la Constitución y la Ley Orgánica del TC respecto de la actuación de un colegio profesional en los procesos de inconstitucionalidad.

Lima, 19 de julio de 2013

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2013/comunicado_bonos.html

Aclarado el tema

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Acerca de Alan Emilio Matos Barzola
Experto en Tributación Empresarial y en Normas Internacionales de Información Financiera, en casos relacionados a Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Impuesto a la Renta, Amazonía, Región Selva, Derecho Constitucional, Derecho de Aduanas y Procesal en General, entre otros temas, con cientos de casos exitosos ganados. Expositor experto en materia tributario-contable a nivel nacional en diversas fechas, con PERUCONTABLE, INEDI, GACETA JURÍDICA-CONTADORES&EMPRESAS, REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL, INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE, entre otras entidades y colegios profesionales.

One Response to Decano del Colegio de Ingenieros del Perú informa que la demanda de ejecución referida a la deuda agraria no fue una iniciativa de dicho gremio sino de una persona que usó el nombre dolosamente

  1. JUAN MANUEL says:

    Apreciado Alan, permíteme comentar con sana intención:

    ¿Porqué recién aparece este señor para denunciar que el CIP no entabló la demanda?
    ¿Dónde estuvo todo el tiempo que ha pertenecido al CIP? ¿A qué intereses responde?

    Me parece de que se ha comenzado con la estrategia de tratar de desligitimar lo actuado. No llama la atención. Es más bien lo que suele ocurrir al puro estilo del maquiavelismo. Es lo típico de personas reactivas.
    Definitivamente tiene que reconocerse la deuda, porque así corresponde hacerlo y pagarla. Eso es lo que cualquier ente en su sano juicio haría. Dilatar, leguleyar, soslayar, responde a acciones que rayan con la insanía. Es necesario que se den luces claras sobre el procedimiento a realizar para que de una vez se honre el legítimo derecho de los afectados. Es asunto de puro derecho. Hay medios y formas a emplear que dejarían a salvo cualquier afectación presupuestal.

    Supongamos que se anule la disposición del Tribunal Constitucional en el sentido de no pagar en el periodo indicado y en los términos de cálculo. Entonces ¿como queda el Estado de Derecho? ¿Estaríamos nuevamente frente al execrable hecho de que el Estado Peruano seguiría siendo considerado un Estado Perromuertero?
    ¿Porqué se ha permitido que desde el 2001 las administraciones de turno desde entonces, no enfrentaran este caso? ¿Cuándo y cómo se honraría la deuda interna que se tienen con múltiples grupos laborales? ¿De qué sirve tener más 62,000 millones de dólares de reservas internacionales netas, si sigue habiendo semejantes inequidades?
    La economía debe servir al hombre y no al revés.

    JUAN MANUEL
    jmbf777@hotmail.com
    IP 190.233.65.242

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