Las Medidas Cautelares en los Procesos Judiciales seguidos contra Actos de la Administración Tributaria

Las Medidas Cautelares en los Procesos Judiciales seguidos contra Actos de la Administración Tributaria

Autor del artículo: Guillermo Enrique Balmaceda Burneo, abogado por la Universidad de Piura, Funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.

Con la dación en la última reforma tributaria, del Decreto Legislativo N° 1121, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de julio de 2012 y vigente desde el 19 de julio del mismo año, se incorporó al Texto Único Ordenado del Código Tributario[1], el artículo 159°, que regula aspectos relativos a las medidas cautelares que los administrados pueden solicitar en los procesos judiciales seguidos contra actos de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal.

La citada norma introduce nuevos requisitos en cuanto a la contracautela que debe ser ofrecida respecto a solicitudes de  medidas cautelares, que estén dirigidas a suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, o que pretendan suspender o dejar sin efecto actuaciones dictadas por el Ejecutor Coactivo dentro del procedimiento de cobranza coactiva y en general, para toda solicitud cautelar que tenga por objeto limitar cualquiera de las facultades de la Administración Tributaria previstas en el Código Tributario u otras leyes, conforme lo prevé el primer párrafo del citado artículo 159° del TUO del Código Tributario.

De esta manera la vigente legislación tributaria prohíbe, de manera expresa, que en las solicitudes cautelares antes señaladas el Juez pueda aceptar como contracautela la caución juratoria[2], estableciendo como requisitos de ésta los siguientes:

  • La contracautela presentada debe ser de naturaleza personal o real.
  • La de naturaleza personal debe consistir en carta fianza bancaria o financiera, con vigencia de 12 meses prorrogables y renovable 10 días hábiles antes de su vencimiento.
  • La de naturaleza real debe ser de primer rango.
  • En ambos casos el importe de la contracautela debe ser igual al monto por el que se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar.

Resulta relevante indicar que aún cuando el artículo 615° del Código Procesal Civil[3], no exige el otorgamiento de contracautela en el supuesto que el pedido cautelar sea efectuado por quien ha obtenido sentencia favorable, el artículo 159° del TUO del Código Tributario, sí exige el cumplimiento de dicho requisito, estableciendo que la contracautela para temas tributarios se sujeta a las mismas reglas referidas en el párrafo precedente, es decir que sí resulta exigible ésta aun en el caso de haber obtenido sentencia favorable, en virtud de aplicación de norma especial como lo es el Código Tributario.

Conforme a lo comentado, no resulta exigible lo dispuesto por el artículo 159° del TUO del Código Tributario, aun en el supuesto que se ventilen asuntos tributarios, cuando la demanda interpuesta no implique la impugnación de deuda tributaria (por ejemplo, la solicitud cautelar de suspensión de resoluciones de cierre de establecimiento) o cuando la medida cautelar no signifique el suspender o dejar sin efecto actos de la Administración (como la anotación de demanda).

En la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1121 se ha señalado, entre otros fundamentos, que la falta de exigencia de una contracautela efectiva, pone en serio riesgo la posibilidad de que el fisco, a pesar de resultar la parte vencedora en el litigio, realice la cobranza de las deudas impagas, teniendo en cuenta que la duración de los procesos judiciales suele ser extensa hasta su resolución definitiva, hecho que puede suponer que, en la práctica, la deuda no pueda ser cobrada al cambiar la situación patrimonial de los contribuyentes o porque estos aprovechan el tiempo transcurrido para eludir el pago de sus obligaciones.

Como puede apreciarse, la finalidad de la norma comentada es el de garantizar el pago de la deuda tributaria judicialmente impugnada, a efectos de asegurar la dotación de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas, para lo cual la norma en comentario faculta al juez, en caso se declare mediante resolución firme, infundada o improcedente la demanda, a disponer la ejecución de la contracautela presentada, destinándose lo ejecutado al pago de la deuda tributaria materia del proceso.

Resulta pues importante para los administrados, tener en cuenta las disposiciones anotadas a efectos de la procedencia de las solicitudes cautelares contra actos de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal; asimismo corresponde a los jueces tener en cuenta la prohibición de aceptación de caución juratoria en las contracautelas ofrecidas, respecto a medidas cautelares dictadas contra dichos actos, en observancia del ordenamiento legal vigente.


[1] Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF.

[2] Salvo que la deuda tributaria judicialmente impugnada no supere las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según lo prevé el segundo párrafo del artículo 159° del TUO del Código Tributario.

[3] Artículo  615° del Código Procesal Civil.- Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el Juez de la demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso cumplir los requisitos exigidos en los incisos 1. y 4. del Artículo 610.

Autor del artículo: Guillermo Enrique Balmaceda Burneo, abogado por la Universidad de Piura, Funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.

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